CE - Sentencia 11001031500020250658100 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO

Bogotá D.C., cuatro (4) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

Radicado: 11001-03-15-000-2025-06581-00

Accionante: KAREN NARYINI CARO URREGO

Accionados: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA Y OTROS Acción: TUTELA Tema: Acción de tutela contra providencia judicial . Falta de subsidiariedad porque el proceso se encuentra en curso. Mora judicial. Petición.

Decisión: Declara improcedente en cuanto a la providencia atacada y el derecho de petición. Deniega en cuanto a la mora judicial.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela interpuesta por la señora Karen Naryini Caro Urrego contra el Consejo Superior de la Judicatura, los Juzgados Administrativos de Manizales y el Juzgado 47 Civil del Circuito de Bogotá.

I. SÍNTESIS DEL CASO

1.1. La parte accionante solicitó el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia y de petición, que estima vulnerados por el Consejo Superior de la Judicatura, los Juzgados Administrativos de Manizales y el

proceso, de acceso a la administración de justicia y de petición, que estima vulnerados por el Consejo Superior de la Judicatura, los Juzgados Administrativos de Manizales y el Juzgado 47 Civil del Circuito de Bogotá con la providencia de 8 de septiembre de 2025 , dictada por este último dentro del proceso con radicado 11001-310-30-47-2025-0035100, y por la mora judicial presuntamente acaecida en dicho proceso.

1.2. Como hechos que antecedieron a la acción de tutela, la demandante relató que, el 5 de agosto de 2025, radicó una demanda de responsabilidad civil extracontractual por violación a los derechos de autor y conexos contra la Registraduría General del Estado Civil.

1.3. Adujo que el asunto fue repartido al Juzgado 47 Civil del Circuito de Bogotá, autoridad que, m ediante auto del 8 de septiembre de 2025, rechazó la demanda por falta de jurisdicción y ordenó remitirla a los “Juzgados Administrativos de Manizales (reparto)” para que allí se continuara con el trámite. Lo anterior, al considerar que la competencia para conocer el asunto correspondía a la jurisdicción de lo contencioso-administrativo, en virtud del artículo 104 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), por involucrar a una entidad pública.

1.4. La demandante alegó que, desde la remisión del proceso, han transcurrido más de 30 días hábiles sin que los Juzgados Administrativos de Manizales se hayan pronunciado sobre la admisión, inadmisión o rechazo de la demanda. En tal sentido, argumentó que, al 17 de

días hábiles sin que los Juzgados Administrativos de Manizales se hayan pronunciado sobre la admisión, inadmisión o rechazo de la demanda. En tal sentido, argumentó que, al 17 de octubre de 2025, llevaba 72 días sin que se haya determinado qué despacho judicial tiene el conocimiento efectivo del proceso, ni se le haya dado curso a este, configurando una denegación del acceso efectivo a la justicia y un estado de indefensión.Radicación: 11001-03-15-000-2025-06581-00

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1.5. La demandante alegó que, de conformidad con lo establecido en el artículo 242 de la Ley 23 de 1982, en el artículo 29 de la Ley 1915 de 2018, en el artículo 19, numeral 1º del Código General del Proceso (CGP), así como con lo manifestado por la Corte Constitucional en el Auto 430 de 2022, la competencia para conocer litigios relativos a propiedad intelectual y derechos de autor correspondía a la jurisdicción ordinaria civil.

En tal sentido, arguyó que el criterio material, esto es, la naturaleza del litigio —en este caso, los derechos de autor—, prevalece sobre el criterio orgánico, relativo a la parte demandada, que en este caso es una autoridad.

Por lo tanto, considera que el rechazo de la demanda y la remisión realizada por el Juzgado 47 Civil del Circuito de Bogotá es una indebida declinación de competencia e involucra el

que en este caso es una autoridad.

Por lo tanto, considera que el rechazo de la demanda y la remisión realizada por el Juzgado 47 Civil del Circuito de Bogotá es una indebida declinación de competencia e involucra el desconocimiento del principio del juez natural y del precedente constitucional.

1.6. Por otro lado, argumentó que los Juzgados Administrativos de Manizales han incurrido en mora judicial injustificada porque han permanecido inactivos, sin pronunciarse sobre la admisibilidad de la demanda, por un plazo superior a 30 días. En consecuencia, señaló que las autoridades judiciales accionadas han vulnerado los principios de celeridad y eficacia, así como los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia.

1.7. De igual manera, arguyó que se le ha vulnerado el derecho fundamental de petición, porque no ha recibido respuesta ni pronunciamiento alguno sobre un memorial que aduce haber presentado el 19 de junio de 2025. Asimismo, adujo que tal derecho “se ve lesionado en su núcleo esencial, pues la accionante, al radicar su demanda y elevar solicitudes de impulso procesal, no ha recibido respuesta oportuna ni pronunciamiento alguno que le permita continuar con el trámite judicial”.

1.8. Argumentó que la tutela cumple con el requisito de subsidiariedad, pues si bien existe el trámite de conflicto de competencia “ante el Consejo Superior de la Judicatura”, lo cierto es que este no ofrece una solución pronta y eficaz . Por tanto , la tutela resulta ser el mecanismo más idóneo para garantizar el acceso a la justicia y evitar que se prolongue la

es que este no ofrece una solución pronta y eficaz . Por tanto , la tutela resulta ser el mecanismo más idóneo para garantizar el acceso a la justicia y evitar que se prolongue la vulneración. Asimismo, sostuvo que la tutela cumple con el presupuesto de relevancia constitucional, pues l a controversia no recae sobre una simple irregularidad, sino que compromete la vigencia de los derechos de autor, el principio de juez natural y la efectividad del derecho de acción.

1.9. Con fundamento en lo expuesto, formuló las siguientes pretensiones:

Con fundamento en los hechos narrados y las consideraciones antes expuestas, respetuosamente solicito señor juez tutelar a mi favor, los derechos constitucionales . DERECHO CONSTITUCIONAL FUNDAMENTAL, DEBIDO PROCESO ARTÍCULO 29, DERECHO DE PETICIÓN ARTÍCULO 23, LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA ES UNA FUNCIÓN PÚBLICA ARTÍCULO 228, DERECHO AL ACCESO DE JUSTICIA ARTÍCULO 229 alegados y en consecuencia ordenar a JUZGADO CUARENTA Y SIETE

CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ, JUZGADOS ADMINISTRATIVOS DE MANIZALES

(REPARTO) CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA.:

PRIMERO: ORDENAR al JUZGADO CUARENTA Y SIETE CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ asumir el conocimiento y trámite del proceso, en atención a su competencia material y al principio del juez natural, conforme al Auto 430/22 de la Corte Constitucional.

SEGUNDO: Radicación: 11001-03-15-000-2025-06581-00

Accionante: Karen Naryini Caro Urrego

principio del juez natural, conforme al Auto 430/22 de la Corte Constitucional.

SEGUNDO: Radicación: 11001-03-15-000-2025-06581-00

Accionante: Karen Naryini Caro Urrego Accionados: Consejo Superior de la Judicatura y otros

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SUBSIDIARIAMENTE, en caso de que se mantenga la negativa de competencia, ORDENAR al JUZGADOS ADMINISTRATIVOS DE MANIZALES receptor de la actuación que, dentro del término perentorio de 48 horas, emita auto de admisión, inadmisión o rechazo, conforme a los artículos 90 y 91 del CGP, garantizando el acceso a la justicia.

TERCERO: REMITIR copia del expediente al CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – SALA DISCIPLINARIA O SALA JURISDICCIONAL, para que dirima el conflicto negativo de competencia entre las jurisdicciones ordinaria y contenciosa, de conformidad con los artículos 139 y 148 del CGP.

CUARTO: PREVENIR a los despachos involucrados sobre la MORA JUDICIAL en la tramitación de la demanda y la afectación directa al derecho fundamental de acción.

II. TRÁMITE DE LA ACCIÓN

2.1. Mediante auto del 30 de octubre de 2025, el despacho sustanciador admitió la tutela y ordenó vincular en calidad de tercero con interés a la Registraduría Nacional del Estado Civil.

2.1. Mediante auto del 30 de octubre de 2025, el despacho sustanciador admitió la tutela y ordenó vincular en calidad de tercero con interés a la Registraduría Nacional del Estado Civil.

2.2. El Juzgado 47 Civil del Circuito de Bogotá explicó que el rechazo de la demanda se fundamentó en la falta de jurisdicción, teniendo en cuenta que se trataba de una controversia atribuible a la jurisdicción de lo contencioso -administrativo, conforme al artículo 104 del CPACA. Adujo que, por tanto, ordenó la rem isión del expediente a los “Juzgados Administrativos de Bogotá” , a través de la Oficina Judicial de Reparto, envío que se produjo el 19 de septiembre de 2025, fecha desde la cual el proceso salió de su órbita funcional.

Adicionalmente, manifestó que la tutela es improcedente por falta de subsidiariedad, porque el proceso se encuentra en trámite y aún existe la posibilidad de promover un eventual conflicto de competencia, si el despacho receptor no asume el conocimiento del asunto.

Finalmente, solicitó que se vincule a la Oficina de Reparto Judicial de Bogotá, encargada de la distribución del expediente, y al juzgado administrativo al que resulte asignado el proceso por reparto.

2.3. La Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico alegó que el Consejo Superior de la Judicatura no tiene entre sus funciones la de proferir decisiones de carácter jurisdiccional. Particularmente, precisó que la competencia para dirimir conflictos de jurisdicciones, según el numeral 11º del artículo 241 de la Constitución, adicionado por el

de la Judicatura no tiene entre sus funciones la de proferir decisiones de carácter jurisdiccional. Particularmente, precisó que la competencia para dirimir conflictos de jurisdicciones, según el numeral 11º del artículo 241 de la Constitución, adicionado por el Acto Legislativo 02 de 2015, recae en la Corte Constitucional.

Por lo tanto, solicitó que se declare la falta de legitimación en la causa por pasiva y se le desvincule del trámite tutelar.

No obstante, alegó que la tutela es improcedente porque existe otro mecanismo a través del cual se puede pedir la protección de los derechos invocados, esto es, la vigilancia judicial administrativa, prevista en el numeral 6º del artículo 101 de la Ley 270 de 1996.Radicación: 11001-03-15-000-2025-06581-00

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2.4. La Registraduría Nacional del Estado Civil suministró los datos de identificación de la accionante, indicando que esto es lo único que se encuentra en sus competencias. De acuerdo con lo anterior, solicitó que se le desvincule de la acción de tutela porque carece de legitimación en la causa por pasiva , si se tiene en cuenta que no está facultada para dar solución a lo pretendido por la accionante.

2.5. Los Juzgados Primero, Segundo, Tercero, Cuarto, Séptimo , Octavo y Noveno Administrativos de Manizales presentaron contestación y argumentaron que a ninguno

dar solución a lo pretendido por la accionante.

2.5. Los Juzgados Primero, Segundo, Tercero, Cuarto, Séptimo , Octavo y Noveno Administrativos de Manizales presentaron contestación y argumentaron que a ninguno le ha sido remitida la demanda instaurada por la accionante. En tal sentido, informaron que han realizado búsquedas exhaustivas en sus bases de datos, así como en el sistema SAMAI y en la página de la Rama Judicial, sin encontrar registro del proceso.

Agregaron que, en la providencia del 8 de septiembre de 2025, el Juzgado 47 Civil del Circuito de Bogotá incurrió en una inconsistencia, pues en el ordinal segundo ordenó remitir la actuación a los Juzgados Administrativos de Manizales, y en el ordinal ter cero dispuso remitirla a los Juzgados Administrativos de Bogotá. Por tanto, manifestaron que desconocen a dónde fue enviado el expediente.

En consecuencia, alegaron que carecen de legitimación en la causa por pasiva y solicitaron ser desvinculados del asunto.

III. CONSIDERACIONES DE LA SALA

3.1. COMPETENCIA

De conformidad con lo previsto por el numeral 8º del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 del 26 de mayo de 2015, modificado por el artículo 1º del Decreto 333 de 2021, y en virtud del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que asigna a esta Sección el conocimiento de estas acciones constitucionales, esta Sala es competente para conocer del presente asunto.

3.3. ANÁLISIS DE LA SALA

Estado, que asigna a esta Sección el conocimiento de estas acciones constitucionales, esta Sala es competente para conocer del presente asunto.

3.3. ANÁLISIS DE LA SALA

3.3.1. De la legitimación en la causa por pasiva

La sala estima que no es procedente acceder a la solicitud de desvinculación del trámite tutelar formulada por la Registraduría Nacional del Estado Civil, pues esta es la demandada en el proceso que originó la presente acción de tutela, razón por la cual las decisiones que resulten del presente trámite constitucional pueden incidir en sus intereses.

Tampoco hay lugar a acceder a la desvinculación solicitada por los Juzgados Primero, Segundo, Tercero, Cuarto, Séptimo, Octavo y Noveno de Manizales, pues en el auto del 8 de septiembre de 2025, el Juzgado 47 Civil del Circuito de Bogotá ordenó que el proceso fuera remitido a ese circui to judicial, por lo que, en principio, alguno de ellos estaría llamado a responder por los hechos planteados en la tutela.

Finalmente, la Sala estima procedente acceder a la solicitud de desvinculación del Consejo Superior de la Judicatura, formulada por Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico, pues si bien una de las pretensiones de la tutela se solicita que el expediente sea remitido a esa autoridad para que dirima un conflicto de competencias, lo cierto es que tal conflicto no ha sido formulado aún por la autoridad de la jurisdicción de loRadicación: 11001-03-15-000-2025-06581-00

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contencioso-administrativo a la que sea asignado el asunto y, en todo caso, de acuerdo con lo establecido en el numeral 11º del artículo 241 de la Constitución Política, modificado por el Acto Legislativo 02 de 2015, ese trámite se encuentra en cabeza de la Corte Constitucional.

3.3.2. Análisis del cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales

El análisis de las acciones de tutela contra providencias judiciales exige una cuidadosa constatación de los presupuestos de procedibilidad, con el fin de evitar que este instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios constitucionales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad jurídica e independencia judicial.

3.3.2.1. El requisito de la subsidiariedad de la acción de tutela contra providencias judiciales

Conforme el artículo 86 de la Constitución Política y el artículo 6º del Decreto 2591 de 19911, la acción de tutela es un recurso subsidiario y residual para la protección de los derechos fundamentales, lo que implica que sólo será procedente cuando se agoten todos los mecanismos de defensa judicial principales de los que se disponga ante la conducta activa u omisiva de las autoridades, o no exista en el ordenamiento jurídico un medio idóneo y eficaz para el amparo judicial de esa categoría de derechos.

todos los mecanismos de defensa judicial principales de los que se disponga ante la conducta activa u omisiva de las autoridades, o no exista en el ordenamiento jurídico un medio idóneo y eficaz para el amparo judicial de esa categoría de derechos.

Respecto al requisito de subsidiariedad cuando se atacan decisiones judiciales, la Corte Constitucional2 ha señalado que se pueden presentar dos escenarios: i) cuando el proceso ha concluido, y ii) cuando el proceso se encuentra en curso. En el segundo de los escenarios, ha precisado que la intervención del juez constitucional está vedada en principio, toda vez que la acción de tutela no constituye un mecanismo alternativo o paralelo para resolver problemas jurídicos que deben ser resueltos al interior del trámite ordinario. Posición que se ha reiterado por el Tribunal Constitucional y que se ha acogido por e sta Sección, al señalar que la acción de tutela contra providencia judicial es improcedente por no cumplir con el requisito de subsidiariedad cuando: “(i) el asunto está en trámite; (ii) no se han agotado los medios de defensa judicial ordinarios y extraordinarios; y (iii) se usa para revivir etapas procesales en donde se dejaron de emplear los recursos previstos en el ordenamiento jurídico3”.

1 Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política 2 Posición que se desarrolló en sentencia T-113 de 2013 y que se reiteró en sentencia T-103 de 2014 3 En la Sentencia T -396 de 2014 al respecto se afirma lo siguiente: “Es reiterativa la posición de la Corte en cuanto a la improcedencia de la tutela cuando en desarrollo de un proceso judicial las partes pudieron

3 En la Sentencia T -396 de 2014 al respecto se afirma lo siguiente: “Es reiterativa la posición de la Corte en cuanto a la improcedencia de la tutela cuando en desarrollo de un proceso judicial las partes pudieron valerse de los recursos judiciales ordinari os pero estos no fueron empleados oportunamente, ya que no puede constituirse en la vía para discutir situaciones jurídicas consolidadas que adquirieron firmeza por la caducidad de los recursos y acciones que no fueron utilizados oportunamente por los inte resados. Entonces, por vía de tutela, no es viable revivir términos de caducidad agotados, en la medida que se convertiría en un mecanismo que atentaría contra el principio de seguridad jurídica y se desnaturalizaría el propósito mismo de la acción constit ucional de protección de los derechos fundamentales. Es necesario que quien alega la vulneración de sus derechos fundamentales haya agotado los medios de defensa disponibles en la legislación para el efecto. Esta exigencia responde al principio de subsidia riedad de la tutela, que pretende asegurar que la acción constitucional no sea considerada en sí misma una instancia más en el trámite jurisdiccional, ni un mecanismo de defensa que reemplace aquellos otros diseñados por el legislador. Menos aún, que resul te ser un camino excepcional para solucionar errores u omisiones de las partes o para corregir oportunidades vencidas en los procesos jurisdiccionales ordinarios.”. En igual sentido, Sentencia T-103 de 2014, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.Radicación: 11001-03-15-000-2025-06581-00

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No obstante, lo anterior, se han establecido dos excepciones al principio de subsidiariedad de la acción de tutela, a saber: i) cuando el mecanismo ordinario de defensa no es idóneo ni eficaz para la protección inmediata de los derechos fundamentales, y ii) cuando se pretende evitar un perjuicio irremediable. En este último evento, se debe demostrar que el perjuicio es inminente y grave, que requiere de la adopción de medidas de carácter urgente para superar el daño y, por lo tanto, que la protección constitucional es impostergable4.

3.3.3. De la mora judicial

La Corte Constitucional, en sentencia SU-179 de 20215, manifestó que:

(…) la mora judicial ha sido definida por la jurisprudencia constitucional como un “fenómeno multicausal, muchas veces estructural, que impide el disfrute efectivo del derecho de acceso a la administración de justicia, y que se presenta como resultado de acumulaciones procesales estructurales que superan la capacidad humana de los funcionarios a cuyo cargo se encuentra la solución de los procesos”6. De ahí que, la mora judicial se presenta cuando, por fuera de los términos legales previstos en los códigos procesales, los jueces omiten proferir las decisiones a su cargo.

En esa misma oportunidad, la Corte Constitucional precisó que7:

judicial se presenta cuando, por fuera de los términos legales previstos en los códigos procesales, los jueces omiten proferir las decisiones a su cargo.

En esa misma oportunidad, la Corte Constitucional precisó que7:

74. Frente a la tardanza o mora por parte de los jueces en el cumplimiento de los términos judiciales, esta Corte ha determinado que es posible promover acción de tutela para reclamar la protección de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, debido a que estos pueden resultar afectados por dicha omisión judicial. En estos eventos, corresponde al juez constitucional determinar si se trata de un caso de mora judicial justificada o injustificada, teniendo en con sideración que son hipótesis que surgen por distintas causas y tienen diferentes implicaciones. En ese sentido, este tribunal ha reiterado que “no toda mora judicial implica la vulneración de los derechos fundamentales de una persona, pues el juez de tutela debe verificar si se incurre en un desconocimiento de plazo razonable y la inexistencia de un motivo válido que lo justifique”. Para tal efecto, deberán examinarse, en cada caso concreto, las condiciones específicas del asunto sometido a decisión judicia l, evaluarse si existe o no una justificación debidamente probada que explique la mora […]”.

[…]

77. En concordancia con lo anterior, esta Corte ha señalado que es dado afirmar que existe mora judicial injustificada o indebida, cuando quiera que se acredite que el juez no ha sido diligente y que su comportamiento es el resultado de una omisión en el cumplimiento de sus funciones. En ese sentido, de manera reiterada, ha sostenido que la dilación injustificada que viola los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso

ha sido diligente y que su comportamiento es el resultado de una omisión en el cumplimiento de sus funciones. En ese sentido, de manera reiterada, ha sostenido que la dilación injustificada que viola los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, se configura cuando está demostrado que “(i) se presenta un incumplimiento de los plazos señalados en la ley para adelantar alguna actuación judicial; (ii) no existe un motivo razonable que justifique dicha demora, como lo es la congestión judicial o el volumen de trabajo; y (iii) la tardanza es imputable a la omisión en el cumplimiento de las funciones por parte de la autoridad judicial.

De igual manera , es menester señalar que el artículo 29 de la Constitución Política consagró el derecho fundamental al debido proceso, normativa que debe aplicarse a toda

4 Sentencia T-150 de 2016 5 M.P. Alejandro Linares Cantillo. 6 Corte Constitucional. Sentencia T-052 de 2018. 7 Corte Constitucional Sentencia SU-179 de 2021. M.P. Alejandro Linares Cantillo.Radicación: 11001-03-15-000-2025-06581-00

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7 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

clase de actuaciones judiciales y administrativas. Así mismo, dispuso en el artículo 228 que “los términos procesales se observarán con diligencia y su incumplimiento será sancionado”, prescribiendo en el artículo 229 el derecho de acceso a la administración de justicia.

que “los términos procesales se observarán con diligencia y su incumplimiento será sancionado”, prescribiendo en el artículo 229 el derecho de acceso a la administración de justicia.

Así entonces, la jurisprudencia constitucional coincide en que la tardanza en la resolución de un asunto sometido al conocimiento de la jurisdicción, en circunstancias específicas, puede derivar en vulneración al derecho fundamental al debido proceso y acc eso a la administración de justicia. Por tal razón, en aras de determinar si se está ante un escenario de mora judicial injustificada o si la ponderación de las circunstancias específicas explica el retardo, corresponderá analizar lo siguiente: “(i) el vol umen de trabajo y el nivel de congestión de la dependencia, (ii) el cumplimiento de las funciones propias de su cargo por parte del funcionario, (iii) complejidad del caso sometido a su conocimiento y (iv) el cumplimiento de las partes de sus deberes en el impulso procesal”8.

En ese sentido, esa corporación ha entendido como justificada la mora judicial cuando “[s]e está ante asuntos de alta complejidad en los que se demuestra de manera integral una diligencia razonable del juez que los atiende, o se constata la existencia de problemas estructurales, de exceso de carga laboral u otras circunstancias que pueden ser catalogadas como imprevisibles e ineludibles”9.

3.3.4. Caso concreto

3.3.4.1. En el sub lite, la Sala advierte que el Juzgado 47 Civil del Circuito de Bogotá , mediante auto del 8 de septiembre de 2025, rechazó la demanda y ordenó su remisión a la

3.3.4.1. En el sub lite, la Sala advierte que el Juzgado 47 Civil del Circuito de Bogotá , mediante auto del 8 de septiembre de 2025, rechazó la demanda y ordenó su remisión a la jurisdicción de lo contencioso-administrativo, actuación que, según lo registrado en la página de consulta de procesos de la Rama Judicial, se efectuó el 19 de septiembre de 202510.

Por lo tanto, se advierte que el proceso sigue en curso ante las autoridades de la jurisdicción de lo contencioso -administrativo, donde deberá emitirse una decisión en cuanto a la admisibilidad de la demanda y, particularmente, sobre la competencia para tramitar el asunto, por lo que es posible que se plantee un conflicto de competencias ante la Corte Constitucional, en los términos del numeral 11º el artículo 241 de la Constitución Política.

Así las cosas, la sala advierte que el proceso ordinario en el que se profirió la decisión censurada se encuentra aún en trámite, situación en la que se configura uno de los supuestos que, según el criterio de la Corte Constitucional, impide al juez constitucional inmiscuirse en el asunto.

La referida postura también ha sido reiterada por esta corporación y en particular por esta Sección, al señalar que:

(…) por regla general, cuando el proceso se encuentra en curso la acción de tutela no es procedente para cuestionar cualquier decisión adversa las partes, aún luego de agotados los recursos que contra ellas proceden dentro del proceso, si el desarrollo del med io de

8 Corte Constitucional, sentencia T-366 de 2005. 9 Op. Cit. T-803 de 2012. 10 Información visible en el enlace:

los recursos que contra ellas proceden dentro del proceso, si el desarrollo del med io de

8 Corte Constitucional, sentencia T-366 de 2005. 9 Op. Cit. T-803 de 2012. 10 Información visible en el enlace: https://procesos.ramajudicial.gov.co/procesoscs/ConsultaJusticias21.aspx?EntryId=heXhKj4CRj7zAox%2 bG4ELapI2tUg%3dRadicación: 11001-03-15-000-2025-06581-00

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control no ha finalizado y, por tanto, no se puede tener certeza de la trascendencia de esa presunta irregularidad procesal en la decisión que pone fin al proceso11.

La anterior regla tiene su razón de ser en que: (i) es el juez ordinario quien debería corregir, si las hay, las irregularidades que se llegaren a presentar en el curso del proceso, de manera oficiosa o a solicitud de parte, a efecto de dictar una sentencia que materialice el derecho a la tutela judicial efectiva y sea el resultado de una actuación conforme a las garantías procesales; y (ii) la acción de tutela tiene carácter residual y subsidiario con la finalidad, justamente, de evitar que se vacíen las c ompetencias de los operadores judiciales ordinarios, al constituirse en una instancia adicional de las decisiones que éstos emitan o en un mecanismo paralelo a los medios de control establecidos en la ley, lo que

judiciales ordinarios, al constituirse en una instancia adicional de las decisiones que éstos emitan o en un mecanismo paralelo a los medios de control establecidos en la ley, lo que ocurriría de permitirse en esta instancia l a revisión de cada una de las actuaciones que se profieran al interior de dichos asuntos.

En este sentido, la Sala Plena del Consejo de Estado, en sentencia de unificación 12, indicó:

El derecho procesal en general y el ordenamiento nacional, en particular, prevén diversos mecanismos procedimentales, entre los que se encuentran los recursos, las nulidades procesales y el poder-deber del juez de corregir las irregularidades o equivocaciones que ocurran durante el proceso en virtud del principio que reza que ‘lo interlocutorio no ata al juez’.

Cada uno de estos medios opera en determinadas circunstancias, esto es, antes, durante y después del proceso legalmente concluido.

Durante el proceso las irregularidades se su