CE - Sentencia 11001031500020250658900 de 2025

Radicado: 11001-03-15-000-2025-06589-00

Demandante: Efraín Villarreal Galvis

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ

Bogotá D.C., diez (10) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Acción de tutela Radicado: 11001-03-15-000-2025-06589-00

Demandante: Efraín Villarreal Galvis

Demandado:

Tema: Tribunal Administrativo del Cesar

Tutela contra providencia judicial. Reparación directa. Incidente de liquidación de perjuicios. Defectos procedimental y fáctico.

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela presentada por Efraín Villarreal Galvis contra el Tribunal Administrativo del Cesar, por estimar vulnerados el derecho fundamental al debido proceso y el derecho a la reparación integral. En consecuencia, formuló las siguientes:

Pretensiones

«Se declare en sentencia, que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CESAR en la providencia fecha doce (12) de junio de dos mil veinticinco (2025) violó el derecho a una REPARACIÓN INTEGRAL del señor EFRAÍN VILLARREAL GALVIS, al revocar la condena impuesta por el Juzgado Segundo Administrativo de Valledupar en la providencia

REPARACIÓN INTEGRAL del señor EFRAÍN VILLARREAL GALVIS, al revocar la condena impuesta por el Juzgado Segundo Administrativo de Valledupar en la providencia de fecha (19) de diciembre de dos mil veintidós (2022) que decidió el trámite incidental con el que se condenó a la NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA – EJÉRCITO NACIÓN a pagar en su favor la suma de $ 864626.475, por tanto, el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CESAR violó el Artículo 9, inciso segundo del artículo 93, y articulo 90 de la Constitución de la Constitución Política, entre otras normas de rango constitucional y es especial los tratados internacionales suscritos y ratificados por Colombia en cuanto a los derechos de las víctimas del conflicto armado.

2.2. Que como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CESAR, proferir sentencia de remplazo, en donde se valore y pondere el DERECHO FUNDAMENTAL A UNA REPARACIÓN INTEGRAL como parte del derecho interno a partir de los tratados internacionales suscritos y ratificados por Colombia, condenando en favor del señor EFRAÍN VILLARREAL GALVIS, el daño material irrogado a este por la incursión guerrillera en el predio Buenos Aires, conforme la cuantía probada en el incidente regulación de condena en abstracto presentado por el apoderado judicial de los señores EFRAIN VILLARREAL GALVIS en contra de LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – EJÉRCITO NACIONAL, que cursó en el JUZGADO SEGUNDO

ADMINISTRATIVO ORAL DE VALLEDUPAR de RADICADO: 20001 -33-33-002-201400125-00.

DE DEFENSA – EJÉRCITO NACIONAL, que cursó en el JUZGADO SEGUNDO

ADMINISTRATIVO ORAL DE VALLEDUPAR de RADICADO: 20001 -33-33-002-201400125-00.

2.3. Se declare y condene por cualquier otro derecho fundamental que se haya vulnerado conforme lo probado en ese proceso.»

I. Antecedentes

1. Hechos

De la lectura del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:Radicado: 11001-03-15-000-2025-06589-00

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Del hecho que dio lugar al medio de control

El señor Efraín Villar real Galvis , para la época de los hechos, tenía la calidad de arrendatario de un lote de terreno de aproximadamente 100 hectáreas dentro del predio denominado «Finca Buenos Aires», ubicado en el corregimiento de Casacará, municipio de Agustín Codazzi (Cesar), propiedad del señor Luis Ernesto Araujo. En dicho terreno el accionante adelantaba un cultivo de algodón.

El 30 de noviembre de 2011, integrantes del Frente 41 de las FARC incursionaron en el predio y exigieron el pago de una extorsión por el valor de $ 50.000.000 al señor Villarreal y $ 200.000.000 al propietario del predio (Luis Ernesto Araujo) , bajo amenazas contra su vida y bienes.

Ante esta situación, los afectados acudieron a las instalaciones de la Décima Brigada

Villarreal y $ 200.000.000 al propietario del predio (Luis Ernesto Araujo) , bajo amenazas contra su vida y bienes.

Ante esta situación, los afectados acudieron a las instalaciones de la Décima Brigada del Ejército Nacional en Valledupar para poner en conocimiento los hechos y solicitar protección. Como medida de protección, el Ejército Nacional envió únicamente a un soldado vestido de civil para infiltrarse como trabajador en el cultivo, quien estuvo en el predio el 5 de diciembre de 2011.

El 10 de diciembre de 2011, pese a la advertencia previa a la Fuerza Pública, el grupo armado ilegal regresó a la finca. En esa oportunidad, instalaron explosivos y prendieron fuego a varios inmuebles. Como resultado, incineraron la casa principal, las bodegas de almacenamiento de insumos, maquinaria (incluyendo tractores) y se afectó parte de la cosecha de algodón del señor Villarreal Galvis debido a la destrucción y al posterior abandono forzado por falta de garantías de seguridad.

De la demanda de reparación directa

Con fundamento en la falla del servicio por omisión en el deber de protección, el señor Efraín Villarreal Galvis y otras personas de su núcleo familiar , presentaron demanda de reparación directa contra la Nación – Ministerio de Defensa , Ejército Nacional . Dicha demanda fue radicada con el núm. 2014-00125 y posteriormente acumulada con la demanda del propietario del predio, identificada con núm. 2014-00120.

En relación con el presente asunto, se encuentra que, c omo pretensiones de la demanda, específicamente, como perjuicios materiales, solicitó lo siguiente:

con la demanda del propietario del predio, identificada con núm. 2014-00120.

En relación con el presente asunto, se encuentra que, c omo pretensiones de la demanda, específicamente, como perjuicios materiales, solicitó lo siguiente:

«(…) c ondenar a LA NACIÓN MINISTERIO DE DEFENSA - EJÉRCITO NACIONAL a pagar por concepto de PERJUICIOS MATERIALES a EFRAIN VILLA RREAL C ÁDENA discriminados de la siguiente manera:

La suma de treinta millones de pesos $30.000.000, debidamente indexado, valor éste, que dejo de percibir el demandante correspondientes a la disminución de la plantación de algodón y el estricto control que hacía al cultivo.

La suma de veinte millones de pesos $20.000.000, por concepto de los gastos en que tuvo que incurrir el demandante, en aras de recuperar los implementos dañados, maquinaria e insumos quemados.»

Mediante sentencia proferida el 22 de febrero de 2017, el Juzgado Segundo Administrativo de Valledupar declaró administrativa y patrimonialmente responsable a la Nación – Ministerio de Defensa, Ejército Nacional por los perjuicios causados con ocasión de la incursión guerrillera y la falta de protección en el predio «Finca Buenos Aires».Radicado: 11001-03-15-000-2025-06589-00

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Respecto a las pretensiones del señor Villarreal Galvis, aunque encontró probado el

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Respecto a las pretensiones del señor Villarreal Galvis, aunque encontró probado el daño (afectación al cultivo de algodón, insumos y maquinaria), consideró que no existían elementos de juicio suficientes para determinar su cuantía exacta en ese momento.

En consecuencia, condenó a la entidad demandada en abstracto al pago de los perjuicios materiales ocasionados al señor Villarreal Galvis, orden ó que estos se liquidaran mediante incidente . Además, advirtió que, en todo caso, la condena no podía superar las pretensiones de la demanda debidamente indexadas, así:

«Por otro lado, en la demanda también se solicitaron perjuicios materiales, los cuales se tasaron de la siguiente forma:

“La suma de treinta millones de pesos $30.000.000, debidamente indexado, valor éste, que dejo de percibir el demandante correspondientes a la disminución de la plantación de algodón y el estricto control que hacía al cultivo.

La suma de veinte millones de pesos $20.000.000, por concepto de los gastos en que tuvo que incurrir el demandante, en aras de recuperar los implementos dañados, maquinaria e insumos quemados”.

Sobre este aspecto, si bien en el proceso se demostró la afectación del cultivo de algodón y otros enceres e insumos del demandante Efraín Villarreal Galvis, en el predio arrendado en la finca “Buenos Aires”, no existen en el plenario elementos de juicio necesarios para

y otros enceres e insumos del demandante Efraín Villarreal Galvis, en el predio arrendado en la finca “Buenos Aires”, no existen en el plenario elementos de juicio necesarios para determinar los perjuicios materiales causados, razón por la cual debemos acudir a la condena en abstracto, para que a través de un trámite incidental, se proceda a establecer el monto de la condena.

En el incidente se deberán allegar las pruebas idóneas que acrediten los perjuicios causados, advirtiéndose que de acuerdo al principio de congruencia de la sentencia, la condena a imponer no deberán superar las pretensiones de la demanda debidamente indexadas.»

Por otro lado, negó la condena de los perjuicios morales y a la vida de relación por falta de prueba sobre la intensidad de la aflicción.

Inconformes con la decisión de primera instancia, tanto la parte demandante como la entidad demandada interpusieron recursos de apelación, así:

(i) El señor Villa rreal Galvis solicitó que se revocara la decisión de negar los perjuicios inmateriales (morales y daño a la vida de relación). Argumentó que la zozobra y el temor generados por el actuar terrorista y la desprotección del Estado causaron una carga emocional considerable que debía ser indemnizada.

(ii) La entidad demandada argumentó que no le asistía responsabilidad, porque su obligación es de medios y no de resultados, y que no podían custodiar cada metro del territorio. Adicionalmente, se opuso a la condena en abstracto a favor del señor Villarreal, con fundamento en que no se había demostrado la existencia del daño antijurídico.

cada metro del territorio. Adicionalmente, se opuso a la condena en abstracto a favor del señor Villarreal, con fundamento en que no se había demostrado la existencia del daño antijurídico.

El 9 de septiembre de 2021, el Tribunal Administrativo del Cesar dictó sentencia de segunda instancia en la que confirmó la decisión inicial . En cuanto al señor Villarreal Galvis encontró que el Ejército Nacional falló en el servicio al no brindar protección efectiva pese a conocer las amenazas previas.

Frente al argumento del Ejército de que el daño no estaba probado, señaló que sí existía prueba de la existencia del daño (la pérdida de la cosecha de algodón y los insumos), soportada en testimonios y documentos. Por ello, afirmó que «las anterioresRadicado: 11001-03-15-000-2025-06589-00

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probanzas permiten inferir claramente que el perjuicio reclamado existió, mas no se probó la cuantía a la que ascendieron los mismos».

Por tanto, consideró ajustada a derecho la condena en abstracto para que, mediante el trámite incidental posterior, se definiera el monto exacto de la indemnización. Además, c onfirmó la negativa de reconocer perjuicios morales, porque no fueron suficientemente acreditados.

Incidente de regulación de condena en abstracto

En cumplimiento de la sentencia proferida el 22 de febrero de 2017 y confirmada por

suficientemente acreditados.

Incidente de regulación de condena en abstracto

En cumplimiento de la sentencia proferida el 22 de febrero de 2017 y confirmada por el Tribunal Administrativo del Cesar el 9 de septiembre de 2021, la parte actora inició el incidente de regulación de perjuicios el 14 de enero de 2022.

Para ello, se aportó el dictamen pericial suscrito por el i ngeniero Rodolfo Antonio Gutiérrez González (tras desestimarse un primer dictamen rendido por el perito Rodrigo Álvarez Martínez por falencias técnicas).

El perito Gutiérrez González rindió dictamen y lo sustentó en audiencia de 25 de octubre de 2022. En dicha experticia: (i) calculó que se dejaron de recolectar 170.235 toneladas de algodón semilla debido al ataque ; (ii) r ealizó una proyección de los valores dejados de percibir y la correspondiente indexación financiera, por lo que tasó el perjuicio en $ 835.518.449,02; (iii) tasó el valor de los insumos quemados en bodega y la maquinaria (tractor) destruida en la suma de $ 24.103.339.

Mediante auto de 19 de diciembre de 2022, el Juzgado Segundo Administrativo de Valledupar resolvió el incidente en el sentido de acoger los cálculos del perito y actualizó la suma con el IPC a la fecha de la decisión, así:

«PRIMERO: Regúlense los perjuicios padecidos por el señor EFRAIN VILLARREAL GALVIS... Por lo tanto, LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA EJÉRCITO NACIONAL,

«PRIMERO: Regúlense los perjuicios padecidos por el señor EFRAIN VILLARREAL GALVIS... Por lo tanto, LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA EJÉRCITO NACIONAL, deberá pagar al demandante, por concepto de perjuicios materiales la suma de $ 864.626.475 (ochocientos sesenta y cuatro millones seiscientos veintiséis mil cuatrocientos setenta y cinco mil pesos m/cte).»

La Nación – Ministerio de Defensa, Ejército Nacional interpuso recurso de apelación contra esa decisión , con fundamento en que el incidente de regulación es un mecanismo accesorio que no puede modificar las pretensiones de la demanda. Sostuvieron que, dado que en la demanda de reparación directa se estimaron los perjuicios en $ 30.000.000 por lucro cesante y $ 20.000.000 por daño emergente. De modo que la liquidación no podía superar esos montos, pues de modificarlos se estaría incurriendo en una violación al principio de congruencia.

El 12 de junio de 2025, el Tribunal Administrativo del Cesar profirió auto en el cual modificó la decisión inicial en el sentido de recudir monto de la indemnización $71.936.960, con fundamento en los siguientes argumentos:

(i) Analizó las facturas aportadas por el incidentante y determinó que, al ser expedidas en los meses de septiembre a diciembre de 2010 y principios de 2011, carecían de conexidad con el atentado terrorista ocurrido el 10 de diciembre de 2011. Bajo este argumento, consideró que dichos documentos eran anteriores al hecho dañoso y no probaban la afectación reclamada.Radicado: 11001-03-15-000-2025-06589-00

diciembre de 2011. Bajo este argumento, consideró que dichos documentos eran anteriores al hecho dañoso y no probaban la afectación reclamada.Radicado: 11001-03-15-000-2025-06589-00

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(ii) Como consecuencia de lo anterior, le restó valor probatorio al dictamen pericial del ingeniero Rodolfo Gutiérrez, porque el experto fundamentó su tasación en dichos soportes documentales.

(iii) Consideró que la liquidación debía restringirse estrictamente a los montos estimados en las pretensiones de la demanda inicial ($30.000.000 por lucro cesante y $20.000.000 por daño emergente). En consecuencia, procedió a realizar una operación aritmética de indexación sobre dichos valores históricos.

2. Argumentos de la acción de tutela

La parte accionante alegó que el Tribunal demandado incurrió en defecto procedimental por exceso ritual manifiesto y en defecto fáctico , al revocar la decisión del juzgado que tasaba la indemnización conforme con la realidad probatoria del daño, cual desconoció la prevalencia del derecho sustancial sobre las formas.

Asimismo, alegó la configuración de defecto fáctico toda vez que el Tribunal demandado le restó mérito al dictamen pericial rendido por el ingeniero agrónomo Rodolfo Antonio Gutiérrez González y los soportes documentales, los cuales constituían la prueba técnica idónea para acreditar el valor real y actualizado de la pérdida sufrida.

Rodolfo Antonio Gutiérrez González y los soportes documentales, los cuales constituían la prueba técnica idónea para acreditar el valor real y actualizado de la pérdida sufrida.

Afirmó que el Tribunal desestimó dich a experticia y los soportes documentales, sin tener en cuenta la dinámica propia de los ciclos productivos agrícolas ni la justificación técnica brindada por el auxiliar de la justicia.

A juicio del accionante, la autoridad judicial accionada incurrió en un defecto procedimental por exceso ritual manifiesto al revocar la liquidación de perjuicios efectuada por el juez de primera instancia (que ascendía a la suma de $864.626.475) para reducirla drásticamente a $71.936.960, bas ado en una interpretación exegética y restrictiva del principio de congruencia.

Sostuvo que tal proceder desconoció la naturaleza misma de la condena en abstracto, cuya finalidad en la etapa incidental es precisamente determinar la realidad económica del daño que no pudo cuantificarse en la fase declarativa . De ahí que, limitar la indemnización a las estimaciones realizadas en la demanda del año 2014, desnaturalizó el objeto del incidente y sacrific ó la verdad material en aras de una formalidad procesal.

Finalmente, resaltó que debe aplicarse la prevalencia del derecho a la reparación integral, máxime si se tenía en cue nta su calidad de víctima del conflicto armado interno por haber sufrido un ataque terrorista perpetrado por las FARC.

Al respecto, dijo que, conforme con el bloque de constitucionalidad y a los tratados internacionales ratificados por Colombia (como la Convención Americana sobre Derechos Humanos ), el Estado tiene la obligación de garantizar una reparación

Al respecto, dijo que, conforme con el bloque de constitucionalidad y a los tratados internacionales ratificados por Colombia (como la Convención Americana sobre Derechos Humanos ), el Estado tiene la obligación de garantizar una reparación adecuada, efectiva y proporcional al daño sufrido.

En este sentido, plantea que la decisión de priorizar el principio de congruencia sobre el derecho sustancial de las víctimas constituy ó violación directa de la Constitución, pues impone una carga desproporcionada al afectado y le niega la indemnización probada en el proceso.Radicado: 11001-03-15-000-2025-06589-00

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3. Trámite previo

Mediante auto de 22 de octubre de 2025, el despacho admitió la acción de tutela. En consecuencia, ordenó notificar al accionante y a la autoridad judicial accionada. Además, al Juzgado Segundo Administrativo de Valledupar y a la Nación – Ministerio de Defensa, Ejército Nacional, en calidad de terceros con interés.

4. Oposiciones

El Tribunal Administrativo de l Cesar , mediante la Secretaría General, envió los enlaces de SAMAI para la consulta del asunto.

El Juzgado Segundo Administrativo de Valledupar realizó un recuento de las actuaciones surtidas dentro del medio de control de reparación directa y el posterior incidente de liquidación.

Sostuvo que el juez ordinario está facultado para adoptar la postura que considere

actuaciones surtidas dentro del medio de control de reparación directa y el posterior incidente de liquidación.

Sostuvo que el juez ordinario está facultado para adoptar la postura que considere más ajustada a los supuestos fácticos y jurídicos, y que, en el caso concreto, la decisión de 19 de diciembre de 2022 se fundamentó en el análisis riguroso de las pruebas legalmente allegadas y practicadas dentro del incidente.

La Nación – Ministerio de Defensa, Ejército Nacional se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la tutela y pidió que se declare la improcedencia del amparo.

Alegó que la tutela no cumple con los requisitos generales ni específicos de procedibilidad contra providencias judiciales, y, en todo caso, la tutela no puede convertirse en una instancia adicional para reabrir debates ya clausurados en la ante el juez natural.

Consideró que la decisión del Tribunal Administrativo del Cesar estuvo ajustada a derecho, pues el incidente de regulación de perjuicios es un trámite accesorio que no permite modificar las pretensiones solicitadas en la demanda. Resaltó que condenar por encima de lo pedido en el líbelo inicial vulneraría el principio de congruencia, por lo que el Tribunal actuó conforme con la norma al limitar la condena a los montos estimados en la demanda.

Resaltó que fue correcta la valoración probatoria del Tribunal, porque el dictamen pericial acogido por el juzgado carecía de mérito, pues se fundamentó en facturas de los años 2010 y principios de 2011, las cuales no tenían conexidad temporal con el hecho dañoso ocurrido en diciembre de 2011.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

los años 2010 y principios de 2011, las cuales no tenían conexidad temporal con el hecho dañoso ocurrido en diciembre de 2011.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política, reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, que en el artículo 1 establece: « Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales , cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto».

Esta acción procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.Radicado: 11001-03-15-000-2025-06589-00

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Acción de tutela contra providencias judiciales

En cuanto a la acción de tutela como mecanismo para controvertir providencias judiciales, se precisa que, de manera excepcional, se reconoce la procedencia cuando se advierte la afectación manifiesta de los derechos constitucionales fundamentales.

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia de 31 de julio de 2012 , Exp. 2009 -01328-01, aceptó la acción la tutela contra

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia de 31 de julio de 2012 , Exp. 2009 -01328-01, aceptó la acción la tutela contra providencia judicial y acogió el criterio de la procedencia excepcional 1, para lo cual aplicó la metodología desarrollada por la Corte Constitucional en la sentencia C -590 de 2005 para estudiar si, en un caso concreto, procede o no el amparo solicitado, mediante el empleo de las causales generales 2 y específicas 3 de procedencia de la acción de tutela.

Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si el Tribunal Administrativo del Cesar vulneró los derechos fundamentales al debido proceso y a la reparación integral del señor Efraín Villarreal Galvis, con ocasión de la expedición del auto del 12 de junio de 2025, mediante el cual resolvió el recurso de apelación dentro del incidente de liquidación de perjuicios.

La Sala anticipa que negará las pretensiones de la acción de tutela porque la autoridad judicial accionada no incurrió en defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, dado que la aplicación del principio de congruencia para limitar el monto de la condena constituyó una interpretación razonable de las normas procesal es y de la sentencia que ordenó la liquidación.

En ese sentido, al validarse que la condena debía restringirse a lo pedido en la demanda, la Sala estima que carece de objeto pronunciarse de fondo frente al alegado defecto fáctico (valoración del dictamen pericial), pues dicho cargo ataca la forma en que se probó un monto superior que, en todo caso, no podía ser reconocido

demanda, la Sala estima que carece de objeto pronunciarse de fondo frente al alegado defecto fáctico (valoración del dictamen pericial), pues dicho cargo ataca la forma en que se probó un monto superior que, en todo caso, no podía ser reconocido jurídicamente debido al límite impuesto por la congruencia procesal.

Para sustentar esta decisión, la Sala abordará: (i) el cumplimiento de los requisitos de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales; (ii) de l defecto procedimental en el caso concreto.

(i) Del cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela en el presente caso

1 La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo y las distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso la acción de tutela, de manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales. De ahí que en esa oportunidad - sentencia de 31 de julio de 2012 - se admita, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente. (Se destaca) 2 Causales genéricas de procedibilidad o requisitos generales de procedencia de la tutela contra providencia judicial son: (i) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) Que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio

la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) Que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; (iii) Que se cumpla con el requisito de la inmediatez; (iv) Cuando se trate de una irregularidad procesal ésta debe tener un efecto determinante en la sentencia que se impugna y afectar los derechos fundamentales de la parte actora; (v) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos que se transgredieron y que tal vulneración hubiere sido alegada en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y, (vi) Que no se trate de sentencias de tutela. 3 La configuración de una causal especial de procedibilidad, supone que la providencia controvertida haya incurrido en alguno de los siguientes defectos: (i) orgánico; (ii) procedimental absoluto; (iii) fáctico, (iv) material o sustantivo; (v) error inducido; (vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente constitucional que establece el alcance de un derecho fundamental y, (viii) violación directa de la Constitución.Radicado: 11001-03-15-000-2025-06589-00

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La Sala anota que la acción de tutela cumple con el (i) requisito de relevancia constitucional porque la parte actora invoca la protección del derecho fundamental al

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La Sala anota que la acción de tutela cumple con el (i) requisito de relevancia constitucional porque la parte actora invoca la protección del derecho fundamental al debido proceso y a la reparación integral, se sustentan con suficiencia las razones por las que la decisión judicial cuestionada afecta dicho derecho, no se trata de un asunto de mera legalidad o económico y los cuestionamientos tienen que ver con la ratio decidendi de la decisión.

Tampoco se advierte que la acción de tutela se utilice como una instancia adicional, toda vez que controvierte la decisión de segunda instancia dictada dentro del incidente de liquidación de perjuicios que, revocó la decisión inicial y, en su lugar, redujo el monto de la indemnización.

Además, de configurarse alguno de los requisitos especiales de procedencia de la tutela contra providencias judiciales, se vería comprometido el derecho fundamental al debido proceso de la parte actora, en tanto la autoridad judicial demandada habría aplicado de forma exegética el principio de congruencia.

Se cumple con el (ii) Requisito general de subsidiariedad, porque los argumentos invocados no se enmarcan en las causales del recurso extraordinario de revisión o de algún otro medio de defensa idóneo para la defensa de los derechos que invoca vulnerados. En igual sentido, el (iii) Requisito general de inmediatez se satisface, pues, el ejercicio de la presente acción de tutela resulta oportuno, toda vez que la providencia fue dictada el 12 de junio de 2025, notificada por estado electrónico el 13 de junio de ese mismo año, y el ejercicio de acción de tutela tuvo lugar el 20 de octubre de 2025.

providencia fue dictada el 12 de junio de 2025, notificada por estado electrónico el 13 de junio de ese mismo año, y el ejercicio de acción de tutela tuvo lugar el 20 de octubre de 2025.

En lo demás, la Sala encuentra que están satisfechos los requisitos generales de procedencia, si se tiene en cuenta que la accionante alega una (iv) irregularidad que genera un efecto determinante y afecta los derechos fundamentales de la parte actora; (v) la parte actora identificó de manera razonable los hechos que generaron la vulneración y, (vi) se cumplen los requisitos de procedencia de acción de tutela.

Por lo que la Sala pasa a analizar si se configuran los defectos alegados.

De los defectos procedimental4 y fáctico5

La parte accionante alegó que el Tribunal incurrió en defecto procedimental por exceso ritual manifiesto y en defecto fáctico, al considerar que la decisión de limitar el