CE - Sentencia 11001031500020250661100 de 2025

Radicado: 11001-03-15-000-2025-06611-00

Demandante: Gloria Teresa Restrepo Rodríguez

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ

Bogotá D.C., cuatro (4) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Acción de tutela Radicación: 11001-03-15-000-2025-06611-00

Demandante: Gloria Teresa Restrepo Rodríguez

Demandado: Tribunal Administrativo del Quindío

Tema: Tutela contra providencia judicial , medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho – sanción moratoria por pago tardío de cesantías. Defecto procedimental

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela interpuesta, mediante apoderado judicial, por Gloria Teresa Restrepo Rodríguez contra la sentencia del 24 de abril de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo del Quindío , por la supuesta vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia, la prevalencia del derecho sustancial, la tutela judicial efectiva y la seguridad jurídica , con fundamento en las siguientes:

Pretensiones

«1. Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL QUINDÍO en la sentencia proferida el día 24 de abril de 2025, en el expediente con radicado No. 63001 -3333-001Pretensiones

«1. Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL QUINDÍO en la sentencia proferida el día 24 de abril de 2025, en el expediente con radicado No. 63001 -3333-0012022-00501-01, transgredió los derechos fundamentales al DEBIDO PROCESO, ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, PREVALENCIA DEL DERECHO SUSTANCIAL, TUTELA JUDICIAL EFECTIVA y SEGURIDAD JURÍDICA de la señora GLORIA TERESA RESTREPO RODRÍGUEZ , por considerar que las razones de la decisión no se ajustan a los postulados de la ley y a la jurisprudencia constitucional y del órgano de cierre de la jurisdicción contencioso administrativa.

2. Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL QUINDÍO DEJAR SIN EFECTOS la providencia judicial referida en el numeral anterior y, en su lugar, PROFERIR nueva decisión haciendo un estudio de fondo sobre la controversia referente al reconocimiento y pago de la sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías de la parte actora de conformidad con la normatividad, esto es, las leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006, absteniéndose de introducir cuestionamientos sobre aspectos que no hicieron parte del debate planteado por la entidad recurrente.»

I. ANTECEDENTES

1. Hechos

De la lectura del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:

Las circunstancias que dieron lugar a la actuación administrativa

Gloria Teresa Restrepo Rodríguez presta sus servicios como docente en la planta de

1. Hechos

De la lectura del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:

Las circunstancias que dieron lugar a la actuación administrativa

Gloria Teresa Restrepo Rodríguez presta sus servicios como docente en la planta de personal del departamento del Quindío.Radicado: 11001-03-15-000-2025-06611-00

Demandante: Gloria Teresa Restrepo Rodríguez

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El 6 de noviembre de 2021, la señora Restrepo Rodríguez solicitó el reconocimiento y pago de sus cesantías parciales. Dicha prestac ión fue reconocida mediante la Resolución 06753 del 19 de noviembre de 2021 , y los recursos correspondientes fueron puestos a disposición de la entidad bancaria el 11 de febrero de 2022.

Debido al retraso en el pago, el 24 de febrero de 2022 la actora presentó, a través de la plataforma del Sistema de Atención al Ciudadano (SAC), una solicitud dirigida al Ministerio de Educación Nacional – Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG) y a la Secretaría de Educación del departamento del Quindío, en la que pidió el reconocimiento y pago de la sanción por mora. Lo anterior, teniendo en cuenta que había renunciado al término de ejecutoria, por lo que el plazo de 45 días para efectuar el pago debía contarse a partir del 22 de noviembre de 2021. En consecuencia, se causó una sanción moratoria entre el 25 de enero y el 11 de febrero de 2022, equivalente a 17 días.

efectuar el pago debía contarse a partir del 22 de noviembre de 2021. En consecuencia, se causó una sanción moratoria entre el 25 de enero y el 11 de febrero de 2022, equivalente a 17 días.

El ente previsional y la Secretaría de Educación Departamental guardaron silencio, razón por la que la actora consideró que se configuraron actos fictos negativos.

Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho

Gloria Teresa Restrepo Rodríguez promovió demanda en ejer cicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG) y el departamento del Quindío – Secretaría de Educación, con el objeto de obtener la nulidad de los actos fictos configurados el 24 de mayo de 2022 frente a las peticiones radicadas en ambas entidades el 24 de febrero de 2022.

En consecuencia, solicitó, «(…) condenar al Departamento del Quindío al reconocimiento y pago de la sanción por mora establecida en la Ley 1071 de 2006 equivalente a un día de salario por cada día de retardo, contados desde los 15 días siguientes al momento en que se radicó la solicitud de cesantías de conformidad con lo dispuesto en el art. 57 de la Ley 1955 de 2019, así como condenar al FOMAG a reconocer y pagar dicha sanción a partir de los 45 días hábiles siguientes contados desde el momento en que qued ó ejecutoriado el acto administrativo de reconocimiento prestacional.»

El Juzgado Séptimo Administrativo de Armenia, en sentencia del 27 de noviembre

días hábiles siguientes contados desde el momento en que qued ó ejecutoriado el acto administrativo de reconocimiento prestacional.»

El Juzgado Séptimo Administrativo de Armenia, en sentencia del 27 de noviembre de 2023, negó las pretensiones de la demanda, al considerar que no se configuró la sanción moratoria alegada, toda vez que la solicitud de reconocimiento de las cesantías se presentó el 18 de noviembre de 2021 y, en la misma fecha, a través de la Resolución 06753 se resolvió de manera favorable, la cual se notificó personalmente el mismo día , por lo que la Secretaría de Educación expidió el acto administrativo dentro del término oportuno. Además, señaló que el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio – FOMAG «(…) desembolsó los recursos dentro de los 45 días establecidos para ello, pues tenía hasta el 28 de febrero de 2022, sin embargo, pagó el 11 de febrero anterior».

Inconforme con la decisión, la señora Restrepo Rodríguez interpuso recurso de apelación, con el argumento que : (i) renunció a los 10 días de ejecutoria del acto administrativo, por lo que el término para el pago debía contarse desde el 22 de noviembre de 2021, entonces, el pago realizado el 11 de febrero de 2022 generó una mora de 17 días, conforme a la Sentencia de Unificación del 18 de junio de 2018 ; (ii) es irrazonable que la entidad territorial expidiera la resolución el mismo día de la radicación, omitiendo el procedimiento de validación documental , q ue la fecha

mora de 17 días, conforme a la Sentencia de Unificación del 18 de junio de 2018 ; (ii) es irrazonable que la entidad territorial expidiera la resolución el mismo día de la radicación, omitiendo el procedimiento de validación documental , q ue la fecha correcta de radicación fue el 6 de noviembre de 2021; (iii) teniendo en cuenta que noRadicado: 11001-03-15-000-2025-06611-00

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existía un criterio uniforme sobre el trámite de cesantías en la plataforma «Humano en Línea», debía aplicarse la Ley 91 de 1989, el artículo 57 de la Ley 1955 de 2019 y el Decreto 942 de 2022.; y (iv) solicitó aplicar el principio de favorabilidad consagrado en la Sentencia SU-098 de la Corte Constitucional, al estar demostrada la mora en el pago.

El Tribunal Administrativo del Quindío, mediante sentencia del 24 de abril de 2025, confirmó el fallo de primera instancia, con el argumento de que la fecha de radicación de la solicitud del reconocimiento de las cesantías fue el 16 de noviembre de 2021 y no el 6 de los mismos mes y año, porque el registro de la plataforma “humano en línea” revela que para esa fecha se presentó solicitud de certificados laborales y salariales, más no de cesantías , por lo que los 15 días hábiles para la expedición del acto fenecieron el 7 de diciembre de 2021 y la Resolución 06753 se profirió el 19 de

más no de cesantías , por lo que los 15 días hábiles para la expedición del acto fenecieron el 7 de diciembre de 2021 y la Resolución 06753 se profirió el 19 de noviembre de 2021, es decir, dentro del término consagrado en la ley.

Que, se causaron 16 días por concepto de sanción moratoria a cargo de la entidad pagadora de las cesantías (contados desde el 26 de enero hasta el 10 de febrero de 2022), toda vez que incumplió con el plazo de 45 días para desembolsar los recursos, a partir de la fecha en que recibió el expediente para iniciar las gestiones de su competencia, una vez el acto administrativo quedó ejecutoriado ante la renuncia a términos por parte de la docente. Que, teniendo en cuenta, que la mora aconteció después del 1° de enero de 2020, la responsabilidad es de la Fiduprevisora S.A.,

Sin embargo, a dujo que la Fiduprevisora fue vinculada al proceso únicamente por decisión oficiosa del juez de primera instancia y no por la parte demandante, por lo tanto, no podía atribuírsele responsabilidad dentro del litigio, dado su carácter de litisconsorte facultativo. En consecuencia, aunque reconoció que sí se causó la sanción moratoria, las pretensiones fueron negadas por no haberse demandado directamente a la entidad responsable.

2. Argumentos de la acción de tutela

La actora sostuvo que la autoridad judicial demandada incurrió en defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, pues se negaron las pretensiones de la demanda, al considerar que La Fiduprevisora S.A., entidad responsable del pago de

La actora sostuvo que la autoridad judicial demandada incurrió en defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, pues se negaron las pretensiones de la demanda, al considerar que La Fiduprevisora S.A., entidad responsable del pago de la sanción moratoria, no fue demandada inicialmente por la actora, pese a que fue vinculada en el trámite de primera instancia y se le garantizaron los derechos de defensa y contradicción en las diferentes etapas procesales.

Que el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho inicialmente se promovió contra l a Nación – Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, y el municipio de Armenia , pero el Juzgado Treinta y ocho Administrativo de Armenia estimó necesario vincular a la Fiduprevisora S.A., entidad que, a pesar de que se le garantizó su derecho de defensa, no lo ejerció de manera oportuna.

Que, la vinculación oficiosa respondió al principio de prevalencia del derecho sustancial sobre el formal, en ejercicio de las facultades del juez como director del proceso, conforme al artículo 207 del CPACA, con el propósito de garantizar una decisión de fondo que resolviera efectivamente la situación jurídica planteada.

Aseveró que, la postura de la autoridad judicial accionada vulneró sus derechos al debido proceso y a la tutela judicial efectiva, ya que la vinculación oficiosa generó la expectativa legítima de que su caso sería resuelto de fondo. Sin embargo, pese aRadicado: 11001-03-15-000-2025-06611-00

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expectativa legítima de que su caso sería resuelto de fondo. Sin embargo, pese aRadicado: 11001-03-15-000-2025-06611-00

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contar con los elementos probatorios y la participación de la entidad responsable, la decisión adoptada desconoce el principio de prevalencia del derecho sustancial sobre el formal, consagrado en el artículo 228 de la Constitución Política de 1991 y desarrollado por la Corte Constitucional en sentencias como la SU -041 de 2022 y la SU-081 de 2024.

3. Trámite previo

El 23 de octubre de 2025, el despacho de la ponente admitió la acción de tutela y ordenó notificar a los magistrados integrantes del Tribunal Administrativo del Quindío, en calidad de demandados, y al Juez Séptimo Administrativo de Armenia, a la Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y al Departamento del Quindío, en calidad de terceros con interés.

En auto del 12 de noviembre de 2025, el despacho sustanciador dispuso la vinculación de la Fiduciaria La Previsora, como tercero interesado en el presente trámite de tutela, decisión que se notificó el 20 de los mismos mes y año, al correo electrónico notjudicial@fiduprevisora.com.co.

4. La respuesta del demandado

El Tribunal Administrativo del Quindío pidió que se declara ra improcedente la acción de tutela de referencia, porque no se cumple con los requisitos generales de

notjudicial@fiduprevisora.com.co.

4. La respuesta del demandado

El Tribunal Administrativo del Quindío pidió que se declara ra improcedente la acción de tutela de referencia, porque no se cumple con los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela.

Lo anterior, al considerar que no se cumplió el presupuesto de relevancia constitucional, conforme con el criterio desarrollado por la Corte Constitucional en la sentencia SU-215 de 2022, toda vez que: «i. El caso no tiene la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental, ii. El caso involucra un debate jurídico eminentemente legal, iii. El caso plantea una discusión preponderantemente económica, iv. La acción de tutela no cumple con la carga argumentativa y explicativa rígida pues no se demuestra una grave violación de los derechos fundamentales».

Que la discusión planteada por la actora se enmarca en la aplicación de normas legales, particularmente el artículo 57 de la Ley 1955 de 2019, que introdujo la individualización de la responsabilidad en el pago de la sanción por mora. Que, la providencia cuestionada, se centró en determinar si se configuró la sanción moratoria reclamada y, en identificar a la entidad obligada a asumirla. Que, la determinación se resolvió mediante la identificación del sujeto responsable dentro del trámite de reconocimiento y pago, lo cual constituye un debate de naturaleza legal y no constitucional.

Indicó que de superarse los requisitos generales de procedencia, no se evidencia que la decisión cuestionada haya incurrido en alguna irregularidad, pues, aunque se había

reconocimiento y pago, lo cual constituye un debate de naturaleza legal y no constitucional.

Indicó que de superarse los requisitos generales de procedencia, no se evidencia que la decisión cuestionada haya incurrido en alguna irregularidad, pues, aunque se había causado mora en el pago de las cesantías de la actora, lo cierto era que esta, no demandó a la entidad responsable de dicha mora, esto es, a la Fiduprevisora S.A., a la cual ni siquiera le elevó solicitud pidiendo su reconocimiento para que, de manera posterior, procediera a demandarlo ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.

Que la decisión cuestionada no vulneró algún derecho fundamental, por el contrario , se encuentra acorde con los postulados normativos y el desarrollo jurisprudencial que frente al tema se ha dado.Radicado: 11001-03-15-000-2025-06611-00

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5. Intervenciones de los terceros vinculados

La fiduciaria La Previsora S.A. pese a estar notificada en debida forma, guardó silencio.

El Juzgado Séptimo Administrativo de Armenia remitió el link de acceso al expediente de nulidad y restablecimiento del derecho 63-001-3333-003-2022-0050100/01, sin pronunciarse sobre los hechos que dieron origen a la acción de tutela.

El departamento del Quindío – Secretaría de Educación solicitó que se declarara improcedente la acción de tutela por no cumplir con el requisito general de relevancia

00/01, sin pronunciarse sobre los hechos que dieron origen a la acción de tutela.

El departamento del Quindío – Secretaría de Educación solicitó que se declarara improcedente la acción de tutela por no cumplir con el requisito general de relevancia constitucional, pues se trata de una discusión de carácter económico accesorio y no se trata de mínimos laborales, pues lo reclamado son sanciones e indemnizaciones moratorias.

Que tal y como lo ha dispuesto la jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado, en otros asuntos co n supuestos fácticos semejantes, se trata de un asunto meramente legal, con una connotación patrimonial privada. Que no hay una relación directa con la presunta vulneración de un derecho fundamenta l y, que las pretensiones están orientadas a reabrir el debate jurídico concluido por el juez ordinario, sin que se advierta una actuación arbitraria de la autoridad judicial accionada.

Que las pretensiones están orientadas a reabrir un debate ya resuelto por el Tribunal Administrativo del Quindío, desconociendo que, según la sentencia SU -573 de 2019, la sanción moratoria por no consignar cesantías no constituye un derecho fundamental ni vulnera garantías constitucionales. Ad emás, no se evidencia trato desigual entre regímenes de cesantías ni violación al debido proceso, por lo que usar el recurso de amparo como una tercera instancia afecta la seguridad jurídica y la cosa juzgada.

El Ministerio de Educación Nacional pidió que se le desvinculara del presente trámite de tutela, porque carece de legitimación en la causa por pasiva. Indicó que en el presente caso se está cuestionando una providencia judicial en la cual no tuvo injerencia.

El Ministerio de Educación Nacional pidió que se le desvinculara del presente trámite de tutela, porque carece de legitimación en la causa por pasiva. Indicó que en el presente caso se está cuestionando una providencia judicial en la cual no tuvo injerencia.

Precisó que, que esa cartera ministerial no administra ni representa al FOMAG, ni tiene injerencia directa sobre el reconocimiento y pago de prestaciones sociales a cargo de este patrimonio autónomo. Por tanto, cualquier irregularidad o retraso en los pagos relacionados no le puede ser atribuida.

En todo caso, aseguró que la acción de tutela no cumple el requisito general de relevancia constitucional, pues no se acreditó la vulneración de algún derecho fundamental de la actora y lo que evidencia es que, las pretensiones están orientadas a constituir una instancia adicional del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, en el cual se negó el reconocimiento y pago de la sanción moratoria de las cesantías.

Además, precisó que en el presente caso la controversia es estrictamente económica, un litigio que involucra intereses privados, lo cual excede la competencia del juez de tutela, por carecer de absoluta relevancia constitucional.Radicado: 11001-03-15-000-2025-06611-00

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II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política, reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, que en el artículo 1 establece: « Toda

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política, reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, que en el artículo 1 establece: « Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales , cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto».

Esta acción procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

Acción de tutela contra providencias judiciales

En cuanto a la acción de tutela como mecanismo para controvertir providencias judiciales, se precisa que, de manera excepcional, se reconoce la procedencia cuando se advierte la afectación manifiesta de los derechos constitucionales fundamentales.

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia de 31 de julio de 2012 , Exp. 2009 -01328-01, aceptó la acción la tutela contra providencia judicial y acogió el criterio de la procedencia excepcional 1 , para lo cual aplicó la metodología desarrollada por la Corte Constitucional en la sentencia C -590 de 2005 para estudiar si, en un caso concreto, procede o no el amparo solicitado, mediante el empleo de las causales generales 2 y específicas 3 de procedencia de la acción de tutela.

Problema jurídico

de 2005 para estudiar si, en un caso concreto, procede o no el amparo solicitado, mediante el empleo de las causales generales 2 y específicas 3 de procedencia de la acción de tutela.

Problema jurídico

Consiste en determinar si el Tribunal Administrativo del Quindío vulneró los derechos fundamentales deprecados por la actora, con la sentencia del 24 de abril de 2025, en la cual se confirmó la decisión de primera instancia de negar las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho referente al reconocimiento de la sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías parciales , dentro del medio de control radicado con número 63-001-3333-003-2022-00501-00/01.

La Sala anticipa que accederá a las pretensiones de la acción de tutela, porque la autoridad judicial accionada incurrió en defecto procedimental absoluto al negar el reconocimiento de la sanción moratoria de cesantías con el argumento de que La Fiduprevisora S.A. era la entidad responsable del pago de la referida sanción, sin

1 La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo y las distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso la acción de tutela, de manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales. De ahí que en esa oportunidad - sentencia de 31 de julio de 2012 - se admita, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento

de 2012 - se admita, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente. (Se destaca) 2 Causales genéricas de procedibilidad o requisitos generales de procedencia de la tutela contra providencia judicial son: (i) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) Que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; (iii) Que se cumpla con el requisito de la inmediatez; (iv) Cuando se trate de una irregularidad procesal ésta debe tener un efecto determinante en la sentencia que se impugna y afectar los derechos fundamentales de la parte actora; (v) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos que se transgredieron y que tal vulneración hubiere sido alegada en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y, (vi) Que no se trate de sentencias de tutela. 3 La configuración de una causal especial de procedibilidad, supone que la providencia controvertida haya incurrido en alguno de los siguientes defectos: (i) orgánico; (ii) procedimental absoluto; (iii) fáctico, (iv) material o sustantivo; (v) error inducido; (vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente constitucional que establece el alcance de un derecho fundamental y, (viii) violación directa de la Constitución.Radicado: 11001-03-15-000-2025-06611-00

Demandante: Gloria Teresa Restrepo Rodríguez

y, (viii) violación directa de la Constitución.Radicado: 11001-03-15-000-2025-06611-00

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embargo, no se vinculó en debida forma dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.

De manera previa se hará referencia a la falta de legitimación por pasiva invocada por la Nación – Ministerio de Educación.

Falta de legitimación en la causa por pasiva

En relación con la solicitud de declarar la falta de legitimación en la causa por pasiva planteada por la Nación – Ministerio de Educación, se aclara que dicha entidad estaba vinculada al presente trámite constitucional en calidad de tercero s con interés, dado que fue demandada en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho en el cual se emitió la sentencia cuestionada, lo que justifica su vinculación. Por lo tanto, se negarán la solicitud.

Del cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela en el presente caso

(i) Requisito general de relevancia constitucional: La Sala anota que la acción de tutela cumple con el referido requisito general porque la parte actora invoca la protección de los derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia, la prevalencia del derecho sustancial, la tutela judicial efectiva y la seguridad jurídica, se sustentan con suficiencia las razones por las que la decisión judicial cuestionada afecta dichos derechos, no se trata de un asunto de mera legalidad o

justicia, la prevalencia del derecho sustancial, la tutela judicial efectiva y la seguridad jurídica, se sustentan con suficiencia las razones por las que la decisión judicial cuestionada afecta dichos derechos, no se trata de un asunto de mera legalidad o económico y los cuestionamientos tienen que ver con la ratio decidendi. Tampoco se emplea el mecanismo como una instancia adicional, pues aunque en primera y segunda instancia se negaron las pretensiones de la demanda, los argumentos de cada decisión fueron diametralmente diferentes.

Además, en caso de que se configure alguno de los requisitos especiales de tutela contra providencia judicial, se estaría afectando el derecho al debido proceso de la parte actora, en la medida que no se reconocería el pago de la sanción por mora por pago extemporáneo de las cesantías a la que tendría derecho.

Se cumple con el (ii) Requisito general de subsidiariedad , porque los argumentos invocados no se enmarcan en las causales del recurso extraordinario de revisión o de algún otro medio de defensa idóneo para la defensa de los derechos que invoca vulnerados. En igual sentido, el (iii) Requisito general de inmediatez se satisface, pues, el ejercicio de la presente acción de tutela resulta oportuno, toda vez que la sentencia de segunda instancia fue proferida el 24 de abril de 2025, notificada mediante correo electrónico enviado el 25 de abril de 2025, y el ejercicio de acción de tutela tuvo lugar el 21 de octubre de 2025.

En lo demás, la Sala encuentra que se están satisfechos los requisitos generales de procedencia, si se tiene en cuenta que la accionante alega una (iv) irregularidad que

tutela tuvo lugar el 21 de octubre de 2025.

En lo demás, la Sala encuentra que se están satisfechos los requisitos generales de procedencia, si se tiene en cuenta que la accionante alega una (iv) irregularidad que genera un efecto determinante y afecta los derechos fundamentales de la parte actora; (v) la parte actora identificó de manera razonable los hechos que generaron la vulneración y, (vi) no se está cuestionando sentencias de tutela.

Por lo anterior, la Sala pasa a analizar si se configu ra el defecto procedimental invocado.Radicado: 11001-03-15-000-2025-06611-00

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Del defecto procedimental4 en el caso concreto

En síntesis, la parte actora consideró que la autoridad judicial demandada incurrió en defecto procedimental absoluto , pues se negó el reconocimiento de la sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías parciales, al considerar que la entidad llamada a responder era La Fiduprevisora S.A., fue vinculada al proceso en calidad de litisconsorte facultativo y no fue convocada como demandada por la actora desde el escrito inicial del medio de control, por lo que estima que es una carga procesal que no puede suplir la administración de justicia.

Acorde con las pruebas aportadas, se evidencia que Gloria Teresa Restrepo Rodríguez promovió la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales

Acorde con las pruebas aportadas, se evidencia que Gloria Teresa Restrepo Rodríguez promovió la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, y al municipio de Armenia, Secretaría de Educación,