CE - Sentencia 11001031500020250662400 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá D.C., cuatro (4) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Acción de tutela Radicación: 11001-03-15-000-2025-06624-00

Accionante: Ana Aidé Vera Torres Accionados: Tribunal Administrativo de Norte de Santander y otro

Tema: Tutela contra providencia judicial

Decisión: Negar el amparo porque no se demostraron los defectos alegados

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

I. ASUNTO

1. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado decide la acción de tutela 1 presentada por la señora Ana Aidé Vera Torres , quien actúa a nombre propio , en contra del Tribunal Administrativo de Norte de Santander y el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Cúcuta, por la presunta vulneración de los derechos fundamentales al: «debido proceso, a la igualdad, al acceso a la administración de justicia, a tener un fallo justo, a la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición y al derecho de las víctimas de graves violaciones de DDHH y derecho de reparación integral de las víctimas », con ocasión de la providencia expedida el 2 de mayo de 2025, que con firmó la providencia del a quo

garantías de no repetición y al derecho de las víctimas de graves violaciones de DDHH y derecho de reparación integral de las víctimas », con ocasión de la providencia expedida el 2 de mayo de 2025, que con firmó la providencia del a quo de fecha 23 de junio de 2023 que declaró la caducidad de la acción dentro del medio de control de reparación directa seguido bajo el radicado 54-001-33-33-005-201800024-00 /01.

II. ANTECEDENTES

2.1. Hechos

2. Del escrito de tutela se colige que el señor Nelson Contreras Jaimes 2

(q.e.p.d.), laboraba como agricultor en la zona rural del municipio de Arboledas, Norte de Santander y, según se afirma, sufrió una ejecución extrajudicial o “falso positivo” por parte de miembros del Ejército Nacional,3 quienes lo reportaron como guerrillero dado de baja en combate el 14 de diciembre de 2006.

3. La parte actora indicó que solo hasta el 9 de octubre de 2017 fue proferida una resolución de a cusación4 en el proceso penal adelantado contra los militares acusados de ser los presuntos responsables de los hechos.

1 Presentada el 21 de octubre de 2025. 2 Compañero permanente de la señora Ana Aidé Vera Torres. 3 La cual se le atribuyó al primer pelotón de la Compañía BETA del Batallón de Infantería No. 13 “General Custodio García Rovira” 4 Proferida por la Fiscalía 102 Delegada para Derechos Humanos, anteriormente denominada como Fiscalía 133 de la Dirección de Fiscalía Nacional Especializada en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario.Acción De Tutela

García Rovira” 4 Proferida por la Fiscalía 102 Delegada para Derechos Humanos, anteriormente denominada como Fiscalía 133 de la Dirección de Fiscalía Nacional Especializada en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario.Acción De Tutela Radicado: 11001-03-15-000-2025-06624-00

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4. Sostuvo además que sol amente hasta la fecha de la notificación de la resolución citada, el 7 de noviembre de 2017 , tuv o conocimiento de la responsabilidad estatal y de la naturaleza de ejecución extrajudicial del hecho acaecido, por lo que el 17 de noviembre de la anualidad referida radicó5 una solicitud de conciliación extrajudicial y una vez surtida, present ó demanda de reparación directa el 19 de enero de 2018 ante el Juzgado Quinto Administrativo de Cúcuta.

5. El Juzgado Quinto Administrativo de Cúcuta, mediante sentencia del 23 de junio de 2023, declaró la caducidad de la acción6, señalando que el término para su interposición debía contarse desde que se abrió la indagación preliminar en el año de 2007 y no desde la resolución de acusación en el de 2017.

6. La parte ac cionante interpuso recurso de apelación 7, y el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, mediante sentencia del 2 de mayo de 2025 ,8 confirmó9 la decisión recurrida. No obstante, precisó que el término debía contarse

Administrativo de Norte de Santander, mediante sentencia del 2 de mayo de 2025 ,8 confirmó9 la decisión recurrida. No obstante, precisó que el término debía contarse desde la presentación de la demanda de parte civil dentro del proceso penal, esto es, del 11 de septiembre de 2015 al 11 de septiembre de 2017. En consecuencia, indicó que la solicitud de conciliación, radicada el 17 de noviembre de 2017, así como la demanda presentada en enero de 2018, fueron interpuestas cuando ya se había superado de manera amplia el término legal de dos años.

2.2. Fundamento jurídico

7. La parte actora señaló que en la providencia objeto de la acción de tutela se configuró un defecto fáctico porque el Juzgado y el Tribunal omitieron valorar

5 Junto con otros familiares. 6 La autoridad judicial sustentó su decisión, basada entre otros hechos, en que l as actuaciones adelantadas por la Fiscalía, incluidas la apertura de indagaciones desde 2007, el traslado a la justicia ordinaria, y la resolución de acusación de 2017 por homicidio en persona protegid a, permitían inferir la intervención estatal sin necesidad de la existencia de una sentencia condenatoria penal. En ese entendido, indicó que la jurisprudencia unificada del Consejo de Estado señaló que el término de caducidad corría desde el conocimiento de dichas actuaciones y no desde la individualización o condena del agente. El Juzgado resaltó que los demandantes no estaban obligados a esperar la culminación del proceso penal para demandar al Estado , razón por la que, si la parte actora consideraba que ese trámite influía en el

o condena del agente. El Juzgado resaltó que los demandantes no estaban obligados a esperar la culminación del proceso penal para demandar al Estado , razón por la que, si la parte actora consideraba que ese trámite influía en el proceso contencioso, debió presentar la demanda de reparación directa en tiempo y solicitar la suspensión por prejudicialidad conforme al artículo 161 del CGP, pero no lo hizo . Aunado a lo anterior, sostuvo que los accionantes tampoco acreditaron un impedimento un económico que justificara la demora, pues pudieron acudir al amparo de pobreza. Así las cosas, el a quo señaló que, al haberse presentado la conciliación en el 2017 y la demanda en el 2018, más de diez años después del hecho - aunque los familiares sabían desde 2007 de la posible intervención del Estadoconforme a lo dispuesto en la sentencia de unificación de 2020, era evidente que había operado la caducidad. 7 Índice 26 del aplicativo SAMAI, 18RecursoApelacionSentenciaDemandante20230710RD201800024. - La parte actora alegó que el juzgado negó las pretensiones por caducidad, al estimar que desde 2007 los demandantes conocían las investigaciones contra miembros del Ejército por la muerte del señor Nelson Contreras Jaimes desconociendo con ello el precedente sobre ejecuciones extrajudiciales, que exige un análisis diferenciado y reforzado del cómputo de caducidad en graves violaciones a derechos humanos y al DIH. Argumentó que en su sentir el juzgado ignoró la Sentencia de Unificación del 29 de enero de 2020, aplicando restrictivamente la subregla que fija el inicio del término

caducidad en graves violaciones a derechos humanos y al DIH. Argumentó que en su sentir el juzgado ignoró la Sentencia de Unificación del 29 de enero de 2020, aplicando restrictivamente la subregla que fija el inicio del término de dos años solo cuando el afectado puede advertir la participación del Estado. Adujo que lo que el precedente indicaba era que la caducidad no se cuenta desde los hechos, sino desde la posibilidad real de identificar la intervención del Estado. En ese entendido, a firmó que los accionantes solo tuvieron certeza de la participación irregular del Ejército cuando la Fiscalía profirió resolución de acusación el 9 de octubre de 2017, calificando los hechos como grave violación de derechos humanos. Por ello, solicitó al ad quem aplicar un estándar probatorio amplio y flexible, conforme al precedente nacional e internacional, concluyendo que el término solo inició en 2017 y que la caducidad declarada por el a quo fue improcedente-. 8 Notificada el 15 de mayo de 2025. 9 El Tribunal confirmó la decisión del a quo, precisando que la demanda se presentó fuera del plazo de dos años previsto en el artículo 164 del CPACA, por lo que la parte actora no ejerció oportunamente su derecho y no acreditó circunstancias excepcionales que justificaran la inaplicación del término legal . Para sustentar su decisión, invocó la sentencia de unificación del Consejo de Estado del 29 de enero de 2020 y la SU-312 de 2020 de la Corte Constitucional, que establecen que el término para contabilizar la caducidad inicia cuando el afectado conoce o d ebió conocer la participación del Estado en el daño. Indicó que, en este caso, las pruebas mostraron que, desde las actuaciones

que establecen que el término para contabilizar la caducidad inicia cuando el afectado conoce o d ebió conocer la participación del Estado en el daño. Indicó que, en este caso, las pruebas mostraron que, desde las actuaciones disciplinarias de 2007, las declaraciones ante la Fiscalía en 2011 y 2013, y la constitución de parte civil en 2015, los demandantes ya tenían conocimiento suficiente de la posible responsabilidad de los militares como agentes del Estado en los hechos. El Tribunal concluyó que, aun bajo un criterio garantista, el plazo para interponer la acción de reparación directa venció el 11 de septiembre de 2017, razón por la cual, al haberse radicado la conciliación en noviembre de 2017 y la demanda en enero de 2018, la acción se presentó extemporáneamente, por lo que, así las cosas, en definitiva, se configuró la caducidad del medio de control.Acción De Tutela Radicado: 11001-03-15-000-2025-06624-00

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3 integralmente las pruebas que mostraban la imposibilidad 10 de las víctimas de conocer el daño imputable al Estado antes del 07 de noviembre de 2017, fecha en que la Fiscalía notificó la resolución de acusación por la ejecución extrajudicial de la que fue víctima el señor Contreras Jaimes.

8. Indicó que en septiembre de 2015 fue admitida la demanda de parte civil, pero el proceso penal seguía en etapa de acopio probatorio, sin resultados que

que fue víctima el señor Contreras Jaimes.

8. Indicó que en septiembre de 2015 fue admitida la demanda de parte civil, pero el proceso penal seguía en etapa de acopio probatorio, sin resultados que permitieran imputar responsabilidad del Estado en cabeza del Ejército Nacional. Por ello, afirmó que el Tribunal erró al considerar esta fecha como inicio del conteo de caducidad.

9. En atención a lo anterior, consideró que, desde su perspectiva, el hecho determinante ocurrió el 09 de octubre de 2017 , cuando la Fiscalía 102 profirió resolución de acusación , detalló que no hubo combate , expuso q ue los militares fingieron la escena, actuaron coordinadamente y ejecutaron un homicidio en persona protegida. Este fue, según la actora, el primer elemento claro que permitió inferir la responsabilidad del Estado.

10. No obstante lo expuesto, sostuvo que únicamente a partir de la notificación de la resolución referida, ocurrida el 7 de noviembre de 2017 , se configuró la certeza jurídica necesaria para imputar le responsabilidad al Estado. Ello, en la medida en que, hasta ese momento, no se encontraban reunidos, en su sentir, los presupuestos necesarios para la procedencia de la acción de reparación directa.

11. Señaló que, en atención a lo anterior, interpuso la demanda el 19 de enero de 2018, luego de haber adelantado la conciliación extrajudicial el 17 de noviembre de

2017. En consecuencia, afirmó que el término de caducidad debía contarse a partir de esta última fecha, razón por la cual , consideró que la acción fue presentada de manera oportuna.

2017. En consecuencia, afirmó que el término de caducidad debía contarse a partir de esta última fecha, razón por la cual , consideró que la acción fue presentada de manera oportuna.

12. Adicionalmente, y de manera general, la accionante reprochó que las dos autoridades judiciales incurrieron en el defecto alegado, al omitir su deber de diligencia reforzada en estos casos, de valorar la complejidad del asunto, las barreras de acceso a la información, la demora institucional, y la obligación estatal incumplida de facilitar el acceso real a la administración de justicia , factores que adujo, impidieron a la parte actora contar antes con certeza sobre la ejecución extrajudicial.

13. Por otra parte, alegó la existencia de un defecto sustantivo fundamentado en que el Tribunal aplicó de forma rígida y desproporcionada el artículo 164 del CPACA, ignorando el carácter de grave violación a los Derechos Humanos y la imprescriptibilidad asociada a crímenes de lesa humanidad , según los estándares internacionales.

14. Reprochó que, en su sentir, se desconoció el bloque de constitucionalidad y

10 Al respecto adujo que, pese a que la muerte del señor Contreras Jaimes ocurrió el 14 de diciembre de 2006 , los accionantes no tenían conocimiento sobre la naturaleza del hecho acaecido, pues las primeras actuaciones penales realizadas en el año 2007 no aportaron claridad sobre la participación de los militares en su muerte y el hecho de que había sido presentado como muerto en combate. Manifestaron que, en los años 2011 y 2013, la madre de la víctima

realizadas en el año 2007 no aportaron claridad sobre la participación de los militares en su muerte y el hecho de que había sido presentado como muerto en combate. Manifestaron que, en los años 2011 y 2013, la madre de la víctima rindió declaraciones ante fiscalías especializadas, expresando desconocer las circunstancias reales de los hechos, testimonios que, en su sentir, evidenciaban su ausencia de información y la falta de elementos para inferir la responsabilidad estatal en esos momentos. Aunado a lo anterior, señaló que la investigación solo avanzó con la Fiscalía de Derechos Humanos en 2010, pero durante años se recopiló material probatorio sin llegar a conclusiones definitivas. En ese entendido, alegó que hasta ese momento no existía certeza de ejecución extrajudicial, ni pronunciamientos que, en su sentir, permitieran deducir falla del servicio o actuación ilegítima de la Fuerza Pública.Acción De Tutela Radicado: 11001-03-15-000-2025-06624-00

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4 los artículos 1.1, 8.1, 25 y 29 de la Comisión Americana de Derechos Humanos, que imponen al Estado colombiano garantizar recursos judiciales efectivos en situaciones de violencia por parte de agentes del Estado , por lo que reprochó que la presunta aplicación mecánica de la caducidad en su caso c ontrariaba estos postulados, pero más allá de citar la normativa y expresar su desazón con la decisión, no profundizó al respecto.

aplicación mecánica de la caducidad en su caso c ontrariaba estos postulados, pero más allá de citar la normativa y expresar su desazón con la decisión, no profundizó al respecto.

15. Según la parte actora, las autoridades judiciales también incurrieron en un desconocimiento del precedente , al aplicar la caducidad desatendiendo lo establecido en la jurisprudencia que ordena interpretar las normas procesales desde un enfoque pro-víctima, especialmente en ejecuciones extrajudiciales. Alegó que los precedentes contenidos en las sentencias T-202/202511 y la SU -167 de 2023 12 fueron ignorados, pero más allá de exponer un fragmento de esta s decisiones no precisó cómo eran aplicables de manera específica a su caso concreto.

16. Aunado a lo anterior y de manera general, sostuvo que las autoridades judiciales omitieron aplicar el principio in dubio pro damato y el criterio de conocimiento cierto del daño estatal, fijado por el Consejo de Estado, que flexibiliza el inicio del término en graves violaciones a Derechos Humanos.

17. Afirmó además que la sentencia de unificación de 29 de enero de 202013 fue interpretada de manera restringida, sin considerar su carácter no absoluto en casos de ejecuciones extrajudiciales , por lo que consideró que no era de recibo que la aplicación restrictiva de esta jurisprudencia le impidiera el acceso a la administración de justicia. No obstante , aunque la parte actora invocó y citó extensamente la jurisprudencia sobre la caducidad en casos de graves violaciones a los derechos humanos, no explicó cómo esas reglas se ajustaban puntualmente a su propio caso.

de justicia. No obstante , aunque la parte actora invocó y citó extensamente la jurisprudencia sobre la caducidad en casos de graves violaciones a los derechos humanos, no explicó cómo esas reglas se ajustaban puntualmente a su propio caso.

18. En ese entendido, consideró que los jueces omitieron valorar integralmente el acervo probatorio, aplicaron de forma mecánica la caducidad y desconocieron la naturaleza de crimen de lesa humanidad, lo que supuestamente configuró los defectos: fáctico, sustantivo y por desconocimiento del precedente en la providencia censurada, con los que presuntamente se trasgredieron sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia y a la

11 Corte Constitucional, Sala Segunda de Revisión, Sentencia T-202 de 2025, MP Juan Carlos Cortés González. - La Sala Segunda de Revisión reiteró las reglas jurisprudenciales sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial y sobre la caducidad del medio de control de reparación directa respecto de conductas que implican graves violaciones a los derechos humanos. Bajo esta línea jurisprudencial, se explicaron: (i) los presupuestos generales y específicos para la procedencia excepcional de la acción de tutela contra decisiones judiciales y el criterio de argumentación cualificada cuando se trata de confrontar una providencia de una alta Corte. Además, se reiteraron (ii) las reglas unificadas del Consejo de Estado en cuanto a caducidad de la acción de reparación directa desde la sentencia del 29 de enero de 2020. (iii) La Sala hizo énfasis en las reglas de la Corte Constitucional que,

reiteraron (ii) las reglas unificadas del Consejo de Estado en cuanto a caducidad de la acción de reparación directa desde la sentencia del 29 de enero de 2020. (iii) La Sala hizo énfasis en las reglas de la Corte Constitucional que, aunque valoraron la aplicación del precedente del Consejo de Estado en aquel asunto, han dispuesto estándares constitucionales que consideran la relevancia y gravedad de estas conductas sobre víctimas de graves violaciones a los derechos humanos. Esta corporación ha dispuesto las siguientes subreglas para aplicarse en relación con el precedente del Consejo de Estado: (a) ante el cambio jurisprudencial del Consejo de Estado debe asegurarse el respeto efectivo del derecho fundamental al debido proceso; (b) para la contabilidad del término de caducidad debe aplicarse un enfoque flexible y pro víctima respecto del material probatorio que reconozca que estos casos tratan asuntos de especial relevancia sobre los derechos humanos, lo que incluye la diferencia entre el conocimiento del hecho dañoso y la inferencia de responsabilidad del Estado; y (c) la excepción por inconstitucionalidad de la caducidad del medio de control de reparación directa contempla tanto supuestos materiales objetivos como especiales que imposibilitan acceder a esa jurisdicción. 12 Corte Constitucional, Sentencia SU -167 de 2023, MP Diana Fajardo Rivera. - La sentencia precisó que, en graves violaciones de derechos humanos, crímenes de guerra o ejecuciones extrajudiciales, el conteo de la caducidad no puede sujetarse al término ordinario de dos años desde la ocurrencia del hecho, sino que se supedita al conocimiento cierto de la responsabilidad del Estado. En ese entendido, indicó que su término debe calcularse desde el momento

puede sujetarse al término ordinario de dos años desde la ocurrencia del hecho, sino que se supedita al conocimiento cierto de la responsabilidad del Estado. En ese entendido, indicó que su término debe calcularse desde el momento en que las víctimas pudieron acceder a información confia ble sobre la participación de miembros del Estado en los hechos y no antes de ello. - 13 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena, Sentencia de Unificación del 29 de enero de 2020, rad. 85001-3333-002-2014-00144-01(61033), MP Martha Nubia Velásquez Rico.Acción De Tutela Radicado: 11001-03-15-000-2025-06624-00

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5 igualdad.

2.3. Pretensiones

19. Con fundamento en lo anterior, solicitó lo siguiente:

«(…) 3.1 TUTELAR el derecho fundamental al DEBIDO PROCESO, A LA IGUALDAD, AL ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, A TENER UN FALLO JUSTO, A LA VERDAD, JUSTICIA, REPARACIÓN Y GARANTÍAS DE NO REPETICIÓN y al DERECHO DE LAS VÍCTIMAS DE GRAVES

VIOLACIONES DE DDHH y DERECHO DE REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS

VÍCTIMAS.

3.2. CONCEDER el amparo solicitado y en consecuencia dejar sin efectos la sentencia del TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NORTE DE SANTANDER, dentro de la demanda de reparación directa contra la NACIÓN-MINISTERIO DE

3.2. CONCEDER el amparo solicitado y en consecuencia dejar sin efectos la sentencia del TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NORTE DE SANTANDER, dentro de la demanda de reparación directa contra la NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA-EJÉRCITO NACIONAL radicado núm. 54 -001-33-33-005-201800024-01, que se expida una nueva providencia en la cual se declare no prosperada la excepción de caducidad y se profiera una nueva decisión.

3.3 ORDENAR al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NORTE DE SANTANDER para que en el término de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de la providencia que resulte de esta acción de tutela, adelante las diligencias necesarias para que dicte un a nueva sentencia en los términos establecidos en el fallo que se profiera dentro de la presente tutela. 3.4 Las demás decisiones que el Honorable Consejo de Estado estime conducentes.» (Sic en toda la cita)

2.4. Intervenciones

20. La acción de tutela de la referencia fue admitida mediante auto del 27 de octubre de 202514 a través del cual se ordenó notificar al Tribunal Administrativo del Norte de Santander como accionado y a la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, el Juzgado Cuarto Administrativo de Cúcuta 15, a los señores Gustavo Alberto García Gelvis, Leidy Johana Garavito Toloza, Teresa de Jesús Gelvis Urbina, Gustavo García Olarte, Jesús Iván Leal Gelvis, Faride Milena Leal Gelvis, Yirlene Teresa Leal Gelvis, Ingrid Paola García Gelvis, Gabriel Antonio García Gelvis, Yinyer

Gustavo García Olarte, Jesús Iván Leal Gelvis, Faride Milena Leal Gelvis, Yirlene Teresa Leal Gelvis, Ingrid Paola García Gelvis, Gabriel Antonio García Gelvis, Yinyer Daniela García Gelvis, Jesús Alberto García Gelvis, Flor de María Urbina de Gelves y a todos los demás vinculados al proceso de reparación directa aludido como terceros interesados en el resultado del proceso.

21. Asimismo, se ordenó notificar a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado para lo de su competencia.

2.4.1 La Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional 16 señaló que las decisiones judiciales fueron adoptadas conforme al ordenamiento jurídico , toda vez que, pese a que los hechos fueron catalogados como de lesa humanidad, operó la caducidad de la acción.

22. Adujo que los familiares de la víctima conocían del evento acaecido desde el

14 Índice 5 del aplicativo SAMAI 15 Mediante memorial del 30 de octubre de 2025 la actora aclaró que por un error involuntario referenció y anexó una providencia del Juzgado Cuarto Administrativo de Cúcuta, cuando la s de su proceso fue ron dictadas por el Juzgado Quinto Administrativo de Cúcuta y el Tribunal Administrativo de Santander, seguidas bajo el radicado 54-001-33-33005-2018-00024-00 /01. Por tal razón, mediante auto de la misma fecha, el despacho sustanciador notificó la acción a la autoridad judicial referida y vinculó a todos los demás terceros interesados en el proceso de reparación directa. Índices 10 y 13 del aplicativo SAMAI. 16 Índice 18 del aplicativo SAMAIAcción De Tutela

la autoridad judicial referida y vinculó a todos los demás terceros interesados en el proceso de reparación directa. Índices 10 y 13 del aplicativo SAMAI. 16 Índice 18 del aplicativo SAMAIAcción De Tutela Radicado: 11001-03-15-000-2025-06624-00

Accionante: Ana Aidé Vera Torres

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6 año 2006 y no acreditaron impedimento alguno para demandar oportunamente , lo que justificó declarar la excepción de caducidad. En ese entendido, argumentó que, al ser instaurada la demanda once años después de los hechos, se superó ampliamente el término establecido por el artículo 164 del CPACA.

23. Sostuvo además que tanto el a quo como el ad quem realizaron una valoración integral del acervo probatorio, conforme a lo previsto en el artículo 176 del Código General del Proceso y, asimismo, atendieron lo dispuesto por la Corte Constitucional en las sentencias SU -312 de 2020 17 y SU-167 de 2023 18, al igual que lo señalado por esta corporación en su sentencia de unificación del 29 de enero de 2020, por lo que no incurrieron en los defectos alegados.

24. Finalmente, reprochó que, desde su perspectiva, la parte actora estaba reiterando discusiones probatorias ya resueltas dentro del proceso de reparación directa, lo cual desdibujaba el objeto propio del amparo constitucional, a lo que adicionó que la preten sión planteada se dirigía principalmente a una afectación de

reiterando discusiones probatorias ya resueltas dentro del proceso de reparación directa, lo cual desdibujaba el objeto propio del amparo constitucional, a lo que adicionó que la preten sión planteada se dirigía principalmente a una afectación de carácter económico, sin atender a la génesis del proceso ni a la configuración de un yerro de naturaleza constitucional.

2.4.2. El Juzgado Quinto Administrativo Oral de Cúcuta19 señaló que actuó dentro de su competencia, respet ó el trámite procesal y motiv ó debidamente su decisión, sin que exista de su parte ninguna actuación u omisión que vulnere los derechos fundamentales de la parte actora . Adicionalmente, remitió el vínculo de acceso al expediente.

2.4.3. El Tribunal Administrativo de Norte de Santander guardó silencio.

2.4.4. No se rindieron más informes.

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

25. La Sala de Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado es competente para resolver el asunto de la referencia, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 2591 de 1991 y demás normas concordantes.

3.2. Cuestión previa

26. A pesar de que la acción está dirigida en contra del Juzgado Quinto

17 Corte Constitucional, Sentencia SU-312 de 2020, MP Luis Guillermo Guerrero Pérez - En ella, la Corte indicó que el cómputo de la caducidad en reparación directa debe iniciar cuando las víctimas cuentan con elementos de juicio suficientes para inferir la responsabilidad del Estado, advirtiendo que no basta solamente con la ocurrencia del hecho

cómputo de la caducidad en reparación directa debe iniciar cuando las víctimas cuentan con elementos de juicio suficientes para inferir la responsabilidad del Estado, advirtiendo que no basta solamente con la ocurrencia del hecho dañoso, sino que se debe contar con la certeza sobre la participación de agentes estatales en la comisión de la conducta-. 18 Corte Constitucional, Sentencia SU -167 de 2023, MP Diana Fajardo Rivera. - La sentencia precisó que, en graves violaciones de derechos humanos, crímenes de guerra o ejecuciones extrajudiciales, el conteo de la caducidad no puede sujetarse al término ordinario de dos años desde la ocurrencia del hecho, sino que se supedita al conocimiento cierto de la responsabilidad del Estado. En ese entendido, indicó que su término debe calcularse desde el momento en que las víctimas pudieron acceder a información confiable sobre la participación de miembros del Estado en los hechos y no antes de ello.-. 19 Índice 25 del aplicativo SAMAI. – El juzgado informó que el medio de control de reparación directa con radicado 54001-33-33-005-2018-00024-00 fue recibido por reparto el 22 de enero de 2018 y admitido el 2 de febrero de 2018 . Asimismo, que mediante sentencia del 23 de junio de 2023 la autoridad judicial declaró la caducidad de la acción, decisión que fue apelada y confirmada por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, en sentencia del 2 de mayo de 2025.Acción De Tutela Radicado: 11001-03-15-000-2025-06624-00

Accionante: Ana Aidé Vera Torres

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mayo de 2025.Acción De Tutela Radicado: 11001-03-15-000-2025-06624-00

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7 Administrativo del Circuito de Cúcuta y el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, en consideración a que las pretensiones se dirigen expresamente contra la providencia del 2 de mayo de 2025 proferida por este último, será la única objeto de análisis en esta acción constitucional.

3.3. Problema jurídico

27. De conformidad con lo expuesto, el problema jurídico se circunscribe a determinar, previa verificación del cumplimiento de los requisitos generales de la acción de tutela contra providencias judiciales, si el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, con oc