CE - Sentencia 11001031500020250663800 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá, D. C., veinticinco (25) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Acción de tutela Radicado: 11001-03-15-000-2025-06638-00 (10528)

Accionante: CAT1

Accionados: Ministerio del Interior, Unidad Nacional de Protección (UNP), Presidencia de la República, Oficina del Alto Comisionado para la Paz, Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz, Fiscalía General de la Nación, Procuraduría General de la Nación, Procuraduría Delegada para el Seguimiento al Acuerdo de Paz, Agencia par a la Reincorporación y la Normalización y Partido

Comunes

Tema: tutela por vulneración de los derechos al debido proceso, a la vida, a la integridad personal, a la dignidad humana, a la libre locomoción y a la seguridad personal y familiar. Subtema 1: cosa juzgada. Subtema 2: actuación temeraria

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver la solicitud interpuesta por el señor CAT en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución Política.

1. SÍNTESIS DEL CASO

El demandante presentó acción de tutela con la pretensión de amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la vida, a la integridad personal, a la dignidad

artículo 86 de la Constitución Política.

1. SÍNTESIS DEL CASO

El demandante presentó acción de tutela con la pretensión de amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la vida, a la integridad personal, a la dignidad humana, a la libre locomoción y a la seguridad personal y familiar , que consideró vulnerados por cuanto la Unidad Nacional de Protección (UNP) no ha realizado una evaluación urgente del nivel de riesgo en el que se encuentra, que conlleve adoptar

1 En atención a que el escrito de tutela refiere a la seguridad personal del demandante, quien afirma ser víctima de amenazas por grupos armados al margen de la ley, y de acuerdo con la reserva advertida por la UNP en su informe, con el fin de proteger el derecho a la intimidad del actor, en armonía con los artículos 21 de la Ley 1712 de 2014, 24 (numeral 3) de la Ley 1755 de 2015 y 2.4.1.2.2. (numeral 13) del Decreto 1066 de 2015, se suprimen los datos que conlleven su identificación.Radicado: 11001-03-15-000-2025-06638-00 (10528)

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medidas efectivas de protección de emergencia o implementar un esquema de seguridad. Adicionalmente, pide sea resuelto el recurso de reposición interpuesto ante la UNP contra la resolución del 6 de junio de 2025 que valoró su nivel de riesgo como ordinario.

2. ANTECEDENTES

2.1. Hechos relevantes

1. Del escrito de tutela 2 y demás elementos aportados por las partes en el trámite

ordinario.

2. ANTECEDENTES

2.1. Hechos relevantes

1. Del escrito de tutela 2 y demás elementos aportados por las partes en el trámite constitucional, la Sala encuentra acreditados los siguientes hechos:

2. El actor es integrante de una asociación 3, como exmilitante de las FARC–EP y firmante del acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. En condición de presidente de tal asociación ha recibido amenazas directas e indirectas contra su vida e integridad personal y familiar por ser firmante del acuerdo de paz, las cuales puso en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación4, la Policía Nacional, la Defensoría del Pueblo y la Unidad Nacional de Protección (UNP).

De esta última entidad solicitó la adopción de medidas de seguridad urgentes, conforme al Decreto 299 de 2017, sin que se haya accedido a esa petición.

3. El accionante afirmó que su domicilio se encuentra en zona rural del municipio de Sabana de Torres (Santander), aproximadamente a 1 hora de distancia de la cabecera municipal, y aunque las autoridades municipales afirman que en esa entidad territorial no hay presencia de grupos armados organiz ados de manera permanente, no niegan la posibilidad de que se encuentren transitoriamente en la zona, pese a que han habido capturas de comandantes de los paramilitares que operan en la región y asesinatos selectivos en el municipio o casco urbano en lo que va corrido del año 2025.

4. Adujo que desde el 2019 hasta el 2025 ha recibido amenazas directas de quienes se identifican como miembros de grupos armados organizados de la zona y con ocasión de su desempeño como presidente nacional y representante legal de la

4. Adujo que desde el 2019 hasta el 2025 ha recibido amenazas directas de quienes se identifican como miembros de grupos armados organizados de la zona y con ocasión de su desempeño como presidente nacional y representante legal de la asociación. La última amenaza de muerte que recibió fue por vía telefónica, donde una persona se identificó como el comandante del grupo ELN del Magdalena Medio, pero a la fecha no ha recibido la protección debida por parte de la UNP, la Policía o el Ejército Nacional, toda vez que afirman que el riesgo es de carácter ordinario.

5. Expresó que ha sido defensor de los derechos humanos, del medio ambiente y de la población privada de la libertad por delitos políticos en diferentes cárceles de Colombia y actualmente es precandidato al Senado de la República por la coalición unitarios.

2 Samai, índice 2. 3 En adelante se hará referencia a esta como la asociación, para la protección de datos atrás indicada. 4 Anexa oficio del 25 de enero de 2024 de la fiscalía 211 seccional, grupo nacional de trabajo de amenazas, dirigido a la UNP, en la que informa acerca de la denuncia presentada por el demandante, como presidente de la asociación, por el delito de amenazas en su contra.Radicado: 11001-03-15-000-2025-06638-00 (10528)

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6. La Corte Constitucional, a través de la sentencia T-107 del 25 de marzo de 2025

(aportada con el escrito de amparo) 5, revisó el fallo del 18 de julio de 2024, proferido

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6. La Corte Constitucional, a través de la sentencia T-107 del 25 de marzo de 2025

(aportada con el escrito de amparo) 5, revisó el fallo del 18 de julio de 2024, proferido por la Sección Quinta del Consejo de Estado dentro de la acción de tutela promovida por el aquí demandante, en condición de presidente de la asociación, y la secretaria de esta, porque la UNP calificó su riesgo como ordinario, pese a las múltiples amenazas que habían recibido por parte de grupos armados. La Corte decidió lo siguiente:

Primero. -REVOCAR la sentencia del 18 de julio de 2024 proferida por el juzgado mediante la cual declaró la improcedencia de la acción de tutela interpuesta por Josué y Joanna, actuando como presidente y secretaria general de la Asociación Rosaria. En su lugar, AMPARAR los derechos a la vida, a la integridad física, a la seguridad personal y al debido proceso de los actores y del colectivo mencionados.

Segundo. -ORDENAR a la Unidad Nacional de Protección que, dentro de los quince días (15) siguientes a la notificación de esta providencia, realice un nuevo estudio del nivel de riesgo de Josué, atendiendo las indicaciones señaladas en esta providencia. En concreto, deberá tener en cuenta la incidencia de lo advertido por la Defensoría del Pueblo en la Alerta Temprana 3 en el Municipio de Bosquepinto, las numerosas amenazas que ha recibido Josué a lo largo de los años y por las cuales ya ha contado con un esquema de protecci ón, la amenaza recibida el 30 de mayo de 2024 en contra de la junta directiva de la Asociación Rosaria, su condición de firmante del Acuerdo Final

con un esquema de protecci ón, la amenaza recibida el 30 de mayo de 2024 en contra de la junta directiva de la Asociación Rosaria, su condición de firmante del Acuerdo Final de Paz, y, por lo tanto, la presunción de riesgo extraordinario que se predica en su favor, y lo establecido por la Corte Constitucional en la Sentencia SU -020 de 2022 y en los Autos proferidos por la Sala Especial de Seguimiento a esta providencia, especialmente, los patrones de falla que aquella Sala de Seguimiento ha encontrado en la obligación de proteger la vida e integridad física de las personas signatarias del Acuerdo Final de Paz. Adicionalmente, deberá comunicarle al solicitante su porcentaje de nivel de riesgo. […]

Cuarto. -ORDENAR a la Unidad Nacional de Protección que, dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación de esta providencia, realice un nuevo estudio de nivel de riesgo en favor de la Asociación Rosaria, atendiendo las indicaciones descritas en esta providencia. En particular, deberá tener en cuenta las consideraciones expuestas en la Sentencia SU-020 de 2022 y los autos proferidos por la Sala Especial de Seguimiento a este fallo, y no supeditar la ident ificación de un riesgo extraordinario a la consumación del daño que la asociación busca evitar. Además, deberá comunicarle a la Asociación Rosaria el porcentaje de su nivel de riesgo.

Quinto. -ORDENAR a la Unidad Nacional de Protección que se abstenga de retirar esquemas de protección por el único hecho de que el solicitante ya no haga parte del Programa de Protección Especializada de Seguridad y Protección. Por el contrario, deberá verificar si la per sona está sometida a un riesgo extraordinario, con

esquemas de protección por el único hecho de que el solicitante ya no haga parte del Programa de Protección Especializada de Seguridad y Protección. Por el contrario, deberá verificar si la per sona está sometida a un riesgo extraordinario, con independencia de que pertenezca o no al Programa, para retirar, modificar o mantener

5 En este fallo se reservaron los datos, al estimar: « El presente caso se relaciona con la seguridad personal de individuos que manifiestan estar siendo perseguidas por grupos armados al margen de la ley. Para proteger su derecho a la intimidad, de conformidad con lo dispuesto en la Circular Interna No. 10 de 2022 de esta Corporación y en los artículos 62 del Acuerdo 02 de 2015 y 21 de la Ley 1712 de 2014, la Sala ordenará suprimir de esta providencia y de su publicación los nombres, los datos y la información que permita la identificación de los actores. Por ese motivo, habrá dos ejemplares de esta providencia. En el ejemplar que se publique, se utilizarán nombres y datos ficticios que aparecerán en letra cursiva».Radicado: 11001-03-15-000-2025-06638-00 (10528)

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el esquema de protección, según sea el caso. [subraya la Sala]

7. En dicha providencia la Corte advirtió acerca del deber de protección del Estado frente a la vida y seguridad de las personas cuando se encuentran en situación de amenaza, así como del estado de cosas inconstitucional, por el bajo nivel de cumplimiento en la implementación del componente de garantías de seguridad a favor de la población signataria del acuerdo final de paz en el proceso de reincorporación a

amenaza, así como del estado de cosas inconstitucional, por el bajo nivel de cumplimiento en la implementación del componente de garantías de seguridad a favor de la población signataria del acuerdo final de paz en el proceso de reincorporación a la vida civil, declarado en la sentencia SU -020 de 2022, en particular en lo atinente al debido proceso en los trámites de adopción de medidas de protección y calificación de riesgo realizados por la UNP.

8. Así mismo, precisó que, en el caso concreto, se constató que la UNP incurrió en varias omisiones, al calificar el nivel de riesgo de los accionantes integrantes de la asociación, toda vez que (i) no comunicó a los solicitantes el porcentaje de nivel de riesgo; (ii) no tuvo en cuenta el contexto territorial y violento de los municipios en los que se encuentran; (iii) no valoró adecuadamente los factores de riesgo que pueden comprometer la seguridad de los miembros de la asociación, dada la presunción de riesgo extraordinario de que trata el artículo 2.4.1.4.3. del Decreto 2 99 de 2017; y (iv) no analizó las circunstancias relevantes dentro del marco establecido en la sentencia SU-020 de 2022, que dio cuenta de la vulneración masiva y sistemática de los derechos de los signatarios del acuerdo final de paz.

9. En atención a la precitada sentencia, la UNP, mediante resoluciones6 del 6 de junio de 2025, en cumplimiento del aludido fallo de la Corte Constitucional, determinó que el nivel de riesgo del accionante y del colectivo de la asociación era ordinario, por lo que se abstuvo de recomendar medidas de protección por no ser beneficiarios del

que el nivel de riesgo del accionante y del colectivo de la asociación era ordinario, por lo que se abstuvo de recomendar medidas de protección por no ser beneficiarios del programa de protección especializada de seguridad y protección. Actos administrativos contra los cuales se indicó que procedía el recurso de reposición.

10. La Defensoría del Pueblo, por medio de oficio del 2 de octubre de 2025 , con referencia «Información adicional - Solicitud de medidas cautelares MC -1076-25, en favor de la Asociación […]», dirigido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, además de hacer referencia a las anteriores actuaciones judiciales y administrativas, asevera que el 5 de mayo de 2025 el aquí accionante, en su calidad de presidente de la asociación , pr omovió ante la Sección Quinta del Consejo de Estado, encargada del seguimiento al cumplimiento de la sentencia T-107 de 2025, un incidente de desacato contra la UNP, dado que , en atención a las precitadas resoluciones, no se atendió lo ordenado por la Corte Constitucional.

11. De igual modo, relató que la Sección Quinta del Consejo de Estado, por auto del 26 de junio de 2025, declaró en desacato al director de la UNP y a la subdirectora especializada de seguridad y protección de esa unidad y los exhortó a que cumplan las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la sentencia T -107 de 2025; lo que evidencia la falta de garantías a la seguridad en la que se encuentra el colectivo

6 En atención a la reserva de la información, no se hará referencia a los números de identificación de estas resoluciones.Radicado: 11001-03-15-000-2025-06638-00 (10528)

6 En atención a la reserva de la información, no se hará referencia a los números de identificación de estas resoluciones.Radicado: 11001-03-15-000-2025-06638-00 (10528)

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de la asociación , puesto que, pese a la providencia judicial, la UNP no les aplica la presunción de riesgo extraordinario, por su condición de firmantes del acuerdo final de paz.

1.2. Pretensiones y argumentos de la tutela

12. La parte actora presentó escrito de tutela , el 22 de octubre de 2025 , en el que

solicitó lo siguiente:

PRIMERA: Tutelar los DERECHOS AL DEBIDO PROCESO, A LA VIDA, INTEGRIDAD PERSONAL, A LA DIGNIDAD HUMANA, AL DERECHO DE LIBRE LOCOMOCIÓN, EL DERECHO A LA PAZ, DERECHO A LA SEGURIDAD PERSONAL Y FAMILIAR DE [CAT] en condición de exmilitante de las FARC– EP, firmante del ACUERDO FINAL PARA LA TERMINACIÓN DEL CONFLICTO Y LA CONSTRUCCIÓN DE UNA PAZ ESTABLE Y DURADERA, Y PRESIDENTE NACIONAL de la ASOCIACIÓN […], que se tutele de manera inmediata mis derechos fundamentales a la vida, seguridad personal, paz, libre locomoción y debido proceso, que se ordene a la Unidad Nacional de Protección (UNP) realizar una evaluación urgente del nivel de riesgo y adoptar medidas efectivas de protección urgentes de emergencia, que se ordene a la Fiscalía General de la Nación y a la Policía Nacional garantizar el seguimiento de las denuncias y la investigación d e las amenazas recibidas en el tiempo, que se disponga el

efectivas de protección urgentes de emergencia, que se ordene a la Fiscalía General de la Nación y a la Policía Nacional garantizar el seguimiento de las denuncias y la investigación d e las amenazas recibidas en el tiempo, que se disponga el acompañamiento de la Defensoría del Pueblo durante el trámite y ejecución de las medidas solicitadas, que se ordene a las entidades accionadas responder formalmente todas las solicitudes presentadas en materia de seguridad y protección ordenando la implementación de un esquema de seguridad y protección mientras se define de fondo esta acción constitucional de acuerdo al decreto 299 de 2017.

SEGUNDA: Ordenar a UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN ADSCRITA AL MINISTERIO DEL INTERIOR que, en el término de 48 horas siguientes a que se profiera el fallo, profiera decisión respecto del RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPUESTO el 18/06/2025, teniendo en cuenta las alertas tempranas de la DEFENSORÍA DEL PUEBLO, las numerosas amenazas que ha recibidas por el accionado y su familia, tener en cuenta las ultimas amenazas recibidas el día de octubre de 2025 por parte del E.L.N. contra miembros de anfap y su presidente nacional, otra denuncia telefónicamente el día 7 de agosto de 2025 a las 4.P.M. del movimiento guerrillero del ELN quien lo amenazaron que lo iban asesinar en los próximos días seria asesinado […]

TERCERA: Ordenar a UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN ADSCRITA AL MINISTERIO DEL INTERIOR que, en el término de 48 horas siguientes a que se profiera el fallo, tome las medidas de seguridad necesarias, suficientes y oportunas para la PROTEGER, PREVENIR

INTERIOR que, en el término de 48 horas siguientes a que se profiera el fallo, tome las medidas de seguridad necesarias, suficientes y oportunas para la PROTEGER, PREVENIR Y SALVAGUARDAR la VIDA, INTEGRIDAD PERSONAL , EL DEBIDO PROCESO , LA DIGNIDAD HUMANA, DERECHO A LA PAZ , A LA LIBRE LOCOMOCIÓN Y LA SEGURIDAD PERSONAL Y FAMILIAR del señor [CAT] que se ordene la Implementación de urgencia de un esquema de seguridad y protección que consiste en un vehículo blindado y una vehículo de apoyo, la Implementación de 4 escoltas con su respectiva dotación, chaleco, medio de Comunicación para el accionante de Carácter urgente para salvaguardar su vida y su integridad de acuerdo al decreto 299 de 2017, aplicar la presunción de riesgo extraordinario para los firmantes de paz e implementar de carácter urgente el esquema de seguridad. [sic para toda la cita]Radicado: 11001-03-15-000-2025-06638-00 (10528)

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13. Como fundamento de sus pretensiones, la parte accionante citó las sentencias SU020 de 2022 y T -107-2025 de la Corte Constitucional , acerca de l bajo nivel de cumplimiento en la implementación del componente de garantías de seguridad a favor de la población signataria del acuerdo final de paz en proceso de reincorporación a la vida civil y de sus familias; y del deber de protección del Estado en relación con la vida y seguridad de las personas cuando se encuentran en situación de amenaza, en especial, aquellas pertenecientes a la población firmante del acuerdo de paz.

1.3. Trámite procesal

y seguridad de las personas cuando se encuentran en situación de amenaza, en especial, aquellas pertenecientes a la población firmante del acuerdo de paz.

1.3. Trámite procesal

14. El despacho ponente, m ediante auto de l 27 de octubre de 2025 7, admitió la solicitud de tutela y ordenó las notificaciones de rigor y vincular, como terceros con interés, a la Defensoría del Pueblo, al Ejército Nacional y a la Policía Nacional.

15. La Defensoría del Pueblo 8 informó acerca de los trámite s de tutela que se han interpuesto por el aquí demandante y que han cursado en esta corporación , como el que se encuentra en trámite incidental por desacato a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional, en la sentencia T -107 de 2025 , «que guardan relación directa con las solicitudes del accionante, con el fin de evitar duplicidad de actuaciones y fortalecer la articulación interinstitucional en la protección de sus derechos» y, en todo caso, advirtió su falta de legitimación en la causa por pasiva.

16. La Policía Nacional manifestó9 que no tiene injerencia en el presente asunto, ya que el accionante, como integrante de la asociación , exmilitante de las FARC–EP y firmante del acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, no es población objeto del programa de prevención y protección a cargo de esa entidad, pues ello es competencia exclusiva de la UNP.

17. El Partido Comunes 10 pidió su desvinculación y advierte su calidad de víctima «por la públicamente conocida recurrencia de hechos de violencia contra sus militantes

cargo de esa entidad, pues ello es competencia exclusiva de la UNP.

17. El Partido Comunes 10 pidió su desvinculación y advierte su calidad de víctima «por la públicamente conocida recurrencia de hechos de violencia contra sus militantes y contra la población reincorporada, análogos a los narrados dentro del trámite de la acción de tutela incoada por el ciudadano […] en su escrito de tutela».

18. La Agencia para la Reincorporación y Normalización ( ARN) solicitó que sea desvinculada, dado que en el marco de sus competencias legales y reglamentarias no existe función relacionada con la adopción de medidas de protección y seguridad de las personas que hacen parte del proceso de reincorporación. De igual modo, indic ó que el accionante presentó otra tutela en nombre propio contra la UNP por los mismos hechos e iguales pretensiones a los planteados en este trámite , de la cual conoció el Juzgado Primero Civil del Circuito de Barrancabermeja, que dictó fallo el 27 de agosto de 202511.

7 Samai, índice 4. 8 Samai, índice 8. 9 Samai, índice 9. 10 Samai, índice 11. 11 Aporta el fallo de tutela que decidió ese trámite.Radicado: 11001-03-15-000-2025-06638-00 (10528)

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19. Verificada la providencia anexada, se observa que en esta se señaló que por resolución del 15 de agosto de 2025 se resolvió el recurso de reposición interpuesto

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19. Verificada la providencia anexada, se observa que en esta se señaló que por resolución del 15 de agosto de 2025 se resolvió el recurso de reposición interpuesto contra la resolución del 6 de junio de 2025 (a la que se refiere la pretensión segunda de este escrito de tutela), que le fue comunicada al correo electrónico de la asociación el mismo 15 de agosto de 2025 ; y también se decidió acerca de la adopción de

medidas de seguridad, en los siguientes términos:

Por lo anterior se demuestra que la pretensión invocada por el accionante ya se cumplió, al haber resuelto la unidad accionada el recurso de reposición que presentó el 18 de junio de 2025, contra la Resolución […] de 6 de junio de 2025, por medio del cual se resolvió el estudio del nivel del riesgo de la Asociación […], librando la comunicación externa […] de 15 de agosto de 2025, que remitió al correo de la colectividad, […] la solicitud de notificación personal del acto administrativo […] de 15 de agosto de 2025, por medio del cual se resolvió el mentado recurso, sustentado para el efecto la respectiva trazabilidad de notificación al citado correo electrónico.

En cuanto a la pretensión invocada por el accionante que, se tome las medidas de seguridad necesarias, suficientes y oportunas para proteger, prevenir y salvaguardar la vida, integridad personal, el debido proceso, la dignidad humana y la seguridad personal del accionante, en su condición de ex - militante de las FARC–EP, firmante del acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, y

vida, integridad personal, el debido proceso, la dignidad humana y la seguridad personal del accionante, en su condición de ex - militante de las FARC–EP, firmante del acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, y presidente nacional de la ASOCIACI ÓN […], y que se ordene la implementación de un esquema de seguridad y protección que consiste en un vehículo blindado y una vehículo de apoyo, la implementación de 4 escoltas con su respectiva dotación, chaleco, medio de comunicación para el accionante, no es procedente que el Juez Constitucional aborde el estudio de estas pretensiones, por cuanto sería tanto c omo invadir la órbita de la autoridad que tiene la competencia para definir estos aspectos.

En consecuencia, se declarará improcedente la acción de tutela; se ordenará notificar a las partes y remitir este expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisión, si no fuere impugnada la decisión

20. La Procuraduría General de la Nación respondió12 que ha atendido cada una de las peticiones formuladas por el accionante e n el año 2025, acerca del cumplimiento de la sentencia T-107 de 2025 de la Corte Constitucional y de la posibilidad de iniciar las correspondientes investigaciones disciplinarias , frente a lo cual ha ejercido acciones de seguimiento y verificación . Igualmente, adv irtió que el accionante en varias oportunidades ha interpuesto acción de tutela en procura de que se protejan sus derechos fundamentales.

21. La UNP presentó informe13 en el que adujo que el accionante de manera anterior interpuso acción constitucional con los mismos hechos, pretensiones e identidad de

derechos fundamentales.

21. La UNP presentó informe13 en el que adujo que el accionante de manera anterior interpuso acción constitucional con los mismos hechos, pretensiones e identidad de partes, en el Juzgado Primero Civil del Circuito de Barrancabermeja, que profirió fallo el 27 de agosto de 2025 , «haciendo un degaste al aparato judicial y sobre todo a la recta y leal administración de justicia », por lo que pide declarar temeridad . Por otra

12 Samai, índice 13. 13 Samai, índice 14.Radicado: 11001-03-15-000-2025-06638-00 (10528)

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parte, expresó que mediante resolución del 15 de agosto de 2025 decidió el recurso de reposición contra la resolución del 6 de junio del 2025, y pese a que se le env ió citación para notificación personal, no se hizo presente para esa diligencia, por lo que se procedió con la notificación por aviso.

22. Por otro lado, precisó que, según lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015, en armonía con los artículos 2.4.1.2.2., numeral 13, y 2.4.1.2.47, numeral 3, del Decreto 1066 de 2015, la información contenida en el presente escrito goza de reserva legal.

23. El Departamento Administrativo de la Presidencia de la República 14 solicitó sea desvinculado, por falta de legitimación en la causa por pasiva, en razón a que no puede ordenar la asignación de los esquemas de seguridad que requiere el accionante y no

23. El Departamento Administrativo de la Presidencia de la República 14 solicitó sea desvinculado, por falta de legitimación en la causa por pasiva, en razón a que no puede ordenar la asignación de los esquemas de seguridad que requiere el accionante y no se evidencia petición alguna al respecto.

24. El Ministerio del Interior 15 pidió se declare probada la excepción de falta de legitimación material en la causa y la inexistencia de vulneración de los derechos fundamentales respecto de esa entidad, por cuanto no implementa medidas de protección, ni de protección individual, tampoco realiza actualización o revaluación del nivel del riesgo de acuerdo con el procedimiento establecido por el programa de protección y no adopta medidas de emergencia, pues quien hace la valoración inicial del riesgo es estrictamente de la competencia y responsabilidad directa de la UNP.

3. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

25. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, esta Sala tiene competencia para conocer de la presente solicitud de amparo16.

3.2. Legitimación en la causa

26. La legitimación en la causa por activa del señor CAT se encuentra acreditada, por cuanto fue respecto de quien la UNP calificó el nivel de riesgo ordinario en la resolución del 6 de junio de 2025, para determinar la procedencia de las medidas de protección a las cuales se contrae la solicitud de amparo; decisión contra la cual interpuso recurso de reposición, el cual, afirmó, no ha sido resuelto. Por ende, es el titular de los derechos fundamentales invocados en el escrito de tutela, incluido el de petición.

de reposición, el cual, afirmó, no ha sido resuelto. Por ende, es el titular de los derechos fundamentales invocados en el escrito de tutela, incluido el de petición.

14 Samai, índice 15. 15 Samai, índice 17. 16 En el auto admisorio de la acción de tutela se advirtió que, de acuerdo con el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 799 de 2025, que regula las reglas de reparto en trámites de tutela, las acciones interpuestas contra cu alquier autoridad, organismo o entidad pública del orden nacional, incluso el presidente de la República, corresponderán decidirlas a los jueces de circuito. Sin embargo, en aras de garantizar el principio de celeridad que caracteriza este mecanismo de def ensa judicial, en virtud de los artículos 86 superior y 37 del Decreto 2591 de 1991, y en atención a que el derecho invocado como vulnerado es la vida, se procedió a la admisión de la solicitud de amparo.Radicado: 11001-03-15-000-2025-06638-00 (10528)

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27. También está probada la legitimación en la causa por pasiva de la UNP, por cuanto las pretensiones de la solicitud de amparo se encuentran orientadas a que esta adopte, en el marco de sus compe tencias, las medidas de protección o seguridad necesarias para preservar su integridad personal, que aquella le ha negado al calificar su nivel de riesgo como ordinario, por medio de la resolución del 6 de junio de 2025; además, es la llamada a resolver el recu rso de reposición interpuesto contra esta decisión, frente

riesgo como ordinario, por medio de la resolución del 6 de junio de 2025; además, es la llamada a resolver el recu rso de reposición interpuesto contra esta decisión, frente al cual, aseguró, no ha