CE - Sentencia 11001031500020250664500 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., once (11) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación núm.: 11001-03-15-000-2025-06645-00

Accionante: DILVANIA EPIAYU EPIAYU

Accionados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE LA GUAJIRA Y OTROS Tema: DEBIDO PROCESO - SE DECLARA IMPROCEDENTE EL MECANISMO DE AMPARO - Existe identidad parcial de partes, objeto y causa petendi. No cumple con el requisito de legitimación en la causa por activa. Se niegan las demás pretensiones.

Sentencia de primera instancia

La Sala decide la acción de tutela presentada por la accionante contra el Tribunal Administrativo de La Guajira, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, el Ministerio del Interior, la Agencia Nacional de Tierras, el Consejo Superior de Palabreros, la Inspectora de la Policía del Municipio de Hatonuevo y la Personería Municipal de Hatonuevo.

I. LA SOLICITUD DE TUTELA

1. La señora Dilvania Epiayu Epiayu , solicitó el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, consulta previa, autonomía o

I. LA SOLICITUD DE TUTELA

1. La señora Dilvania Epiayu Epiayu , solicitó el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, consulta previa, autonomía o autodeterminación de los pueblos indígenas y “[…] Derecho a la tierras (sic) ancestral colectiva […]”, cuya vulneración le atribuyó al Tribuna l Administrativo de La Guajira, a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, a la Agencia Nacional de Tierras, a la Inspectora de Policía del Municipio de Hatonuevo, al Ministerio del Interior, al Consejo Superior de Palabreros, y a la Personería Municip al de Hatonuevo por: i) la presunta mora judicial en resolver la medida cautelar dentro del medio de control de nulidad radicación núm. 44001-23-40-000-2024-00131-00; ii) la remisión de la “[…] queja disciplinaria contra el juez Primero Civil del Circuito de San Juan del Cesar […] a la comisión seccional de disciplina judicial del Cesar […]” ; iii) la presunta mora en resolver la “[…] medida de protección a la posesión, del bien inmueble las delicias […]” y “[…] la revocatoria directa para determinar la clarificación de la propiedad del predio bien inmueble las delicias […]” ; iv) realizar “[…] diligencia de desalojo contra nuestra comunidad indígena wayuu […]” ; y v) la omisión en brindar protección y “[…] defendernos […]”.2

Radicación: 11001-03-15-000-2025-06645-00

Accionante: Dilvania Epiayu Epiayu

II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA

Radicación: 11001-03-15-000-2025-06645-00

Accionante: Dilvania Epiayu Epiayu

II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA

2. De conformidad con lo planteado en el escrito de amparo, los hechos y razones que motivan el ejercicio de la acción de tutela se contraen, en síntesis, a lo siguiente:

2.1. Relató ser miembro de la comunidad indígena Wayuu, la cual se encuentra ubicada en zona rural del Municipio de Hatonuevo La Guajira, conformada por más de 90 familias del clan Wayuu.

2.2. Indicó que la sociedad Carbones del Cerrejón instauró el proceso de restitución de tenencia núm. 44-650-31-89-000-2021-00015-00 contra Dilvania Epiayu, Virgilio Epiayu y Audomelio Fragozo en calidad de herederos de la señora Francisca Epiayu y herederos indeterminados de Francisca Epiayu, el cual le fue asignado al Juzgado Primero Civil del Circuito de San Juan del Cesar, autoridad judicial que, mediante sentencia de 5 de junio de 2025, resolvió:

“[…] PRIMERO: DECLARAR la terminación del contrato de Comodato No. 0550002-2008 celebrado el tres (03) de noviembre de 2009, entre CARBONES DEL CERREJÓN LIMITED Y FRANSISCA EPIAYU, Comodante, respecto al inmueble rural denominado «Las Delicias» identificado con folio de matrícula No. 212-27027, ubicado en el municipio de Hatonuevo, La Guajira, por incumplimiento de ésta última

rural denominado «Las Delicias» identificado con folio de matrícula No. 212-27027, ubicado en el municipio de Hatonuevo, La Guajira, por incumplimiento de ésta última a la restitución del inmueble pese a la comunicación realizada por el demandante del 25 de mayo de 2020.

SEGUNDO: ORDENAR la entrega por parte de DILVANIA EPIAYU, VIRGILIO EPIAYU, AUDOMELIO FRAGOZO, a favor de CARBONES DEL CERREJÓN, del bien inmueble objeto del contrato de Comodato No. 055-0002-2008 celebrado el tres (03) de noviembre de 2009, denominado «Las Delicias» identificado con folio de matrícula No. 212-27027, ubicado en el municipio de Hatonuevo, La Guajira […]”.

2.3. Puntualizó que mediante auto de 2 de julio de 2025 el Juzgado Primero Civil del Circuito de San Juan del Cesar, ordenó comisionar al alcalde de Hatonuevo, para realizar la entrega del inmueble denominado “[…] las delicias […]” y que, el 9 de julio de 2025 el secretario del juzgado libró el Despacho Comisorio núm. 12.

2.4. Refirió que el Tribunal Administrativo de La Guajira adelanta el medio de control de nulidad núm. 44001-23-40-000-2024-00131-00 contra la Superintendencia de Notariado y Registro – Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Riohacha, en el que se solicitó una medida cautelar, la cual no ha sido resuelta por la autoridad judicial, situación con la cual “[…] se está ocasionando perjuicios irremediables,

Notariado y Registro – Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Riohacha, en el que se solicitó una medida cautelar, la cual no ha sido resuelta por la autoridad judicial, situación con la cual “[…] se está ocasionando perjuicios irremediables, porque con el pronunciamiento se determina quien posee el derecho de la propiedad del bien inmueble las Delicias […]”.

2.5. Mencionó que radicó ante la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, una queja contra el Juez Primero Civil del Circuito de San Juan del Cesar, sin embargo, dicha Comisión Nacional, decidió remitir el expediente “[…] a la comisión seccional de disciplina judicial del Cesar […]”.

2.6. Subrayó que no está de acuerdo con la remisión de la queja disciplinaria “[…] porque esa investigación por las (sic) gravedad de los hechos y por trasparencia3

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Accionante: Dilvania Epiayu Epiayu

(sic) debe ser reasumida de manera excepcional por la comisión nacional de disciplina judicial, porque el juez primero civil del circuito de San juan del Cesar, vive en la ciudad de valledupar y el juez es muy amigo de los magistrados que lo están investigando […]”.

2.7. Afirmó que el 29 de agosto de 2025, el señor Neron Epiayu mediante radicado núm. 2022-210-6-4152 le solicitó a la Agencia Nacional de Tierras, expidiera los actos administrativos de revocatoria directa del certificado de libertad y tradición en el sentido de “[…] cambiara con relación al propietario el cual refleja la anotación No. 6 […] que

administrativos de revocatoria directa del certificado de libertad y tradición en el sentido de “[…] cambiara con relación al propietario el cual refleja la anotación No. 6 […] que el propietario del bien inmueble las Delicias es el señor NERON APIAYU […]”.

2.8. Mencionó haber solicitado a la Agencia Nacional de Tierras una medida de protección a la posesión del inmueble “[…] las delicias […]”, sin que haya pronunciamiento alguno.

2.9. Manifestó que el Consejo Superior de Palabreros “[…] tienen conocimiento, de los hechos que estamos siendo afectados por medio de la diligencia de desalojo en nuestras tierras, y de acuerdo al sistema normativo wayuu, ellos deben defendernos de acuerdo a nuestros usos y costumbres […] además forman parte de la jurisdicción especial indígenas, por no defendernos están violando nuestros derechos fundamentales al debido proceso […]”.

2.10. Adujo que la Inspectora de Policía del Municipio de Hatonuevo “[…] está violando el artículo 5 del decreto 747 de 1992 […] el parágrafo 2 y 3 del artículo 79 de la ley 1801 de 2016 […] parágrafo del artículo 80 de la ley 1801 de 2016 […]” y que “[…] no puede ordenar diligencia de desalojo contra nuestra comunidad indígena wayuu campesina sujeto de especial protección […]”.

2.11. Indicó que la Personería del Municipio de la Guajira, está vulnerando su derecho fundamental al debido proceso porque “[…] ellos tienen conocimientos de todo lo negativo que nos están sucediendo, y nunca nos han bridado (sic) protecciones de nuestros derechos humanos, solo fueron el día 21 de octubre del año 2025, a la

fundamental al debido proceso porque “[…] ellos tienen conocimientos de todo lo negativo que nos están sucediendo, y nunca nos han bridado (sic) protecciones de nuestros derechos humanos, solo fueron el día 21 de octubre del año 2025, a la diligencia de desalojo, donde nunca estuvieron a favor de nuestra comunidad wayuu […]”.

2.12. Comentó que mediante Resolución 0461 de 17 de julio de 20251 el Fondo Nacional de Vivienda les otorgó subsidios para mejora de vivienda rural, “[…] eso lo realizaron porque nosotros si somos dueños de nuestro territorio, el cual fue avalado por la alcaldía de Hatonuevo […]”, en ese orden, no entiende “[…] por qué nos quieren desalojar de manera irregular […]”.

III. PRETENSIONES

3. La parte accionante formuló las siguientes pretensiones:

1 “por la cual se asigna cuarenta y ocho (48) subsidios familiares de vivienda en el marco del Programa de mejoramiento de vivienda rural dentro del Esquema Público”.4

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Accionante: Dilvania Epiayu Epiayu

“[…] 1-Tutelar los derechos fundamentales a la Vida, Debido proceso, Igualdad, Consulta previa y Derecho colectivo de la comunidad Indígena wayuu el espinal Municipio de Hatonuevo La Guajira, vulnerados por la Comisión nacional de Disciplina judicial, Tribunal contencioso administrativo de La Guajira, Ministerio del interior, Agencia nacional de tierras, Consejo superior de palabreros, Inspectora de policía del municipio de Hatonuevo La Guajira y la Personera del

Disciplina judicial, Tribunal contencioso administrativo de La Guajira, Ministerio del interior, Agencia nacional de tierras, Consejo superior de palabreros, Inspectora de policía del municipio de Hatonuevo La Guajira y la Personera del municipio de Hatonuevo La Guajira, ocasionándonos perjuicios irremediables.

2-Ordenar a la inspectora de policía del municipio de Hatonuevo La Guajira, suspender de manera provisional el trámite de desalojo contra nuestra comunidad indígena wayuu el espinal, municipio de Hatonuevo La Guajira, hasta tanto no se efectué un pronunciamiento de fondo por parte de la Agencia nacional de tierras sobre la clarificación de propiedad del bien inmueble Las Delicias , sobre también el trámite de la Medida de protección a la posesión y hasta tanto no se pronuncie el Tribunal contencioso administrativo de La Guajira, con relación a la acción de nulidad sobre el predio bien inmueble las Delicias.

3-Ordenar a la Agencia nacional de tierras, proferir el acto administrativo de fondo sobre la clarificación de la propiedad del bien inmueble las Delicias y también expedir el acto administrativo sobre la Medida de protección a la posesión ancestral de la comunidad indígena wayuu el espinal municipio de Hatonuevo La Guajira, como lo ordena el decreto 2333 de 2014, sobre el predio las Delicias, teniendo en cuenta que la ley establece un término de 20 días hábiles para pronunciarse y hasta la fecha es termino esta vencido, el no pronunciamiento de la agencia nacional de tierras sobre la medida de protección a la posesión ancestral están violando nuestro derecho fundamental al debido proceso y ocasionándonos perjuicios irremediables, porque con esta medida

pronunciamiento de la agencia nacional de tierras sobre la medida de protección a la posesión ancestral están violando nuestro derecho fundamental al debido proceso y ocasionándonos perjuicios irremediables, porque con esta medida solicitada no pueden tampoco desalojarnos.

4-Ordenar a la Comisión nacional de disciplina judicial, reasumir competencias con relación a la investigación disciplinaria contra el juez primero civil del circuito de San juan del Cesar La Guajira, porque con ustedes tenemos más garantías constitucionales y trasparencias en la investigación, no estamos de acuerdo que este siendo investigado por la comisión seccional de disciplina del Cesar.

5-Ordenar al Ministerio del interior, Consejo superior de palabreros y a la Personera municipal de Hatonuevo La Guajira, garantizar nuestros derechos humanos con enfoques diferencial, con relación a este proceso […]”. [Sic en toda la cita].

IV. TRÁMITE DE LA TUTELA

4. Mediante auto de 27 de octubre de 2025, el Despacho a cargo de la sustanciación del proceso inadmitió la presente acción de tutela, a fin de que la parte actora indicara “[…] las entidades contra las que dirige la acción constitucional, cuál es la actuación de dichas entidades que considera vulneradora de sus derechos fundamentales y las pretensiones a obtener a través del mecanismo de amparo de la referencia, por cuanto el contenido del escrito de tutela no es preciso y claro […]”.

5. Cumplido lo anterior, a través de auto de 13 de noviembre de 2025 admitió la presente acción de tutela y negó la medida provisional solicitada. Asimismo, vinculó como terceros con interés directo en el resultado del proceso a la Superintendencia

5. Cumplido lo anterior, a través de auto de 13 de noviembre de 2025 admitió la presente acción de tutela y negó la medida provisional solicitada. Asimismo, vinculó como terceros con interés directo en el resultado del proceso a la Superintendencia de Notariado y Registro - Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Riohacha, a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Cesar, al alcalde de Hatonuevo,5

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Accionante: Dilvania Epiayu Epiayu

al Juez Primero Civil del Circuito de San Juan del Cesar, al señor Audomelio Fragozo Epiayu, a Cerrejón Zona Norte S.A. y a International Colombia Resources Corporation LLC – Intercor.

V. INTERVENCIONES

6. Una vez efectuada s las notificaciones a las autoridades accionadas y a las

vinculadas, se allegaron los siguientes informes:

6.1. El Consejo Superior de Palabreros solicitó su desvinculación de la acción de tutela, por cuanto desconoce el proceso ordinario que se adelanta en el caso en concreto, a su vez, “[…] no hemos actuado ni en favor ni en contra […]”.

6.2. Carbones de Cerrejón Limited, Cerrejón y Cerrejón Zona Norte S.A. solicitó negar la acción de amparo dada la existencia de cosa juzgada constitucional con la acción de tutela núm. 44001 -22-14-000-2025-10066-02 mediante la cual la Corte Suprema de Justicia mediante sentencia de 30 de octubre de 2025 declaró

acción de tutela núm. 44001 -22-14-000-2025-10066-02 mediante la cual la Corte Suprema de Justicia mediante sentencia de 30 de octubre de 2025 declaró improcedente el mecanismo constitucional, por las mismas partes, mismo objeto y misma causa petendi.

6.2.1. Precisó que en el caso en concreto se trata de un inmueble que el padre de la accionante Neron Epiayu vendió a Cerrejón, tal como consta en escritura pública 210 de 13 de junio de 2002 y en anotación núm. 6 del folio de matrícula 210-27027 y el cual fue entregado en calidad de comodato a la madre de la accionante.

6.2.2. Informó que, mediante sentencia de 5 de junio de 2025, el Juzgado Primero Civil del Circuito de San Juan, declaró la terminación del contrato de comodato y ordenó la entrega del inmueble a Cerrejón. Decisión que no fue apelada por la accionante y en consecuencia, se comisionó al alcalde municipal de Hatonuevo para llevar a cabo la entrega del inmueble denominado “[…] las Delicias […]”.

6.2.3. Refirió que la acción de tutela resulta ser improcedente por incumplimiento del requisito general de subsidiariedad, toda vez que la accionante no presentó recurso de apelación contra la sentencia de 5 de junio de 2025 y actualmente se está tramitando un recurso de revisión contra la citada providencia.

6.3. El Juzgado Primero Civil del Circuito de San Juan del Cesar informó que en ese Despacho se adelanta el proceso de restitución de inmueble arrendado en

tramitando un recurso de revisión contra la citada providencia.

6.3. El Juzgado Primero Civil del Circuito de San Juan del Cesar informó que en ese Despacho se adelanta el proceso de restitución de inmueble arrendado en comodato núm. 44650 -31-89-000-2021-00015-00, promovido por Carbones del Cerrejón contra los herederos determinados e indeterminados de Francisca Epiayu el cual finalizó con sentencia de 5 de junio de 2025 , notificada el 6 del mismo mes y año, la cual no fue apelada y se encuentra ejecutoriada.

6.3.1. Indicó que, mediante providencia de 2 de julio de 2025, se comisionó al alcalde de Hatonuevo La Guajira para llevar a cabo la entrega del inmueble denominado “[…] las Delicias […]”.6

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Accionante: Dilvania Epiayu Epiayu

6.3.2. Solicitó se declare la improcedencia de la acción de tutela por incumplimiento del requisito general de subsidiariedad, en razón a que la accionante no agotó los recursos previos a la interposición de la presente acción de tutela.

6.4. La Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Cesar informó que esa Seccional no tramita procesos en contra del Juez Primero Promiscuo Municipal de San Juan del Cesar, por cuanto ese municipio pertenece al departamento de La Guajira, y el conocimiento le corresponde a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de La Guajira.

6.5. La Superintendencia de Notariado y Registro actuando a través del

Guajira, y el conocimiento le corresponde a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de La Guajira.

6.5. La Superintendencia de Notariado y Registro actuando a través del Registrador principal de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Riohacha, solicitó su desvinculación de la presente acción de tutela, toda vez que no existe una relación sustancial y procesal que permita deducir la responsabilidad de esa oficina de registro.

6.5.1. Refirió que las oficinas de registros de instrumentos públicos se limitan a dar publicidad a los actos sujetos de registro; ya que la publicidad se realiza a través de la inscripción de los actos y contratos en el registro, lo que se realiza mediante un procedimiento establecido en la Ley 1579 de 2012.

6.6. El Tribunal Administrativo de La Guajira solicitó su desvinculación y negar las pretensiones de la acción de tutela, por cuanto ese Tribunal no ha incurrido en ninguna acción u omisión que atente contra los derechos fundamentales solicitados por la accionante.

6.6.1. Señaló que el señor Audomelio Fragozo Epiayú instauró el medio de control de nulidad núm. 44001-23-40-000-2024-00131-00 contra la Superintendencia de Notariado y Registro - Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Riohacha La Guajira, con el fin de que se declarara la nulidad del acto de registro contenido en “[…] la anotación núm. 004 de 24 de junio de 2002 […]”, demanda que fue admitida mediante auto de 14 de enero de 2025.

6.6.2. Indicó que Cerrejón Zona Norte S.A e International Colombia Resorces

mediante auto de 14 de enero de 2025.

6.6.2. Indicó que Cerrejón Zona Norte S.A e International Colombia Resorces Corpooration Lic Intercor interpuso recurso de reposición contra el auto que admitió la demanda, alegando la falta de competencia de ese Tribunal y solicitó remitir las diligencias a la jurisdicción ordinaria. Recurso que fue negado mediante auto de 19 de noviembre de 2025.

6.6.3. Expuso que la medida cautelar solicitada no ha sido resuelta, debido a que el proceso se encontraba pendiente de resolver el recurso de reposición contra el auto admisorio de la demanda, en el que se atacaba la competencia de ese Tribunal para tramitar el proceso de nulidad.

6.7. La Agencia Nacional de Tierras informó que la señora Dilvania Epiayu Epiayu no figura como sujeto procesal, interesada, solicitante, titular de derechos, opositora, ni tercero con interés legítimo dentro del Procedimiento de Revocatoria7

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Accionante: Dilvania Epiayu Epiayu

Directa adelantado contra la Resolución de Adjudicación núm. 3567 de 18 de julio de 1994 que a djudicó el predio denominado “las Delicias” ubicado en el Municipio de Barracas en el Departamento de La Guajira.

6.7.1. Indicó que de acuerdo con el sistema de información ORFEO, el 7 de septiembre de 2025 el señor Audomelio Fragozo Epiayu presentó una solicitud de medida de protección a la posesión del predio denominado “[…] LAS DELICIAS con

septiembre de 2025 el señor Audomelio Fragozo Epiayu presentó una solicitud de medida de protección a la posesión del predio denominado “[…] LAS DELICIAS con FMI 210-27027 […]” al cual se le asignó el radicado núm. 202562003904442, el cual se encuentra en verificación de cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 5° del Decreto 2233 de 2014.

6.7.2. Señaló frente a la clarificación del predio que mediante “[…] memorando interno No. 202532000538073 se indicó que el predio con FMI No. 210-27027 aparece como un predio de Carácter Urbano y se informó que a la fecha no cursa ningún Proceso Administrativo Especial Agrario iniciado bajo el régimen contemplado en el Decreto Único 1071 de 2015 o el Decreto Ley 902 de 2017 […]”, [subrayado del texto] motivo por el cual solicitó negar las pretensiones del mecanismo de amparo.

6.8. El Ministerio de Interior Solicitó se declare la falta de legitimación en la causa por pasiva, por cuanto ese ministerio no tiene competencia para realizar procesos de i) protección de la posesión de predios ocupados por pueblos indígena y ii) clarificación de tierras en territorio colombiano , así como tampoco es la autoridad competente para dictar órdenes a autoridades administrativas que contraríen lo ordenado por autoridades judiciales.

6.9. El Ministerio de Interior Solicitó se declare la falta de legitimación en la causa por pasiva, por cuanto ese ministerio no tiene competencia para realizar procesos de i) protección de la posesión de predios ocupados por pueblos indígena y ii)

6.9. El Ministerio de Interior Solicitó se declare la falta de legitimación en la causa por pasiva, por cuanto ese ministerio no tiene competencia para realizar procesos de i) protección de la posesión de predios ocupados por pueblos indígena y ii) clarificación de tierras en territorio colombiano, así como tampoco es la autoridad competente para dictar órdenes a autoridades administrativas que contraríen lo ordenado por autoridades judiciales.

6.10. El Municipio de Hatonuevo manifestó que la presente acción de tutela debe ser rechazada por temeridad, en razón a que por los mismos hechos y pretensiones se adelanta la acción de tutela núm. 44001-22-14-000-2025-10066-02 ante la Corte Suprema de Justicia.

VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA

VI.1. Competencia

7. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente acción de tutela, de conformidad con lo establecido en el Decreto Ley núm. 2591 de 19 de noviembre de 19912, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto núm. 1069 de 26

2 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.8

Radicación: 11001-03-15-000-2025-06645-00

Accionante: Dilvania Epiayu Epiayu

de mayo de 20153, modificado por el artículo 1.º del Decreto núm. 333 de 6 de abril de 20214 y el Decreto 799 de 9 de julio de 2025 5, y el artículo 13 del Acuerdo núm.

de mayo de 20153, modificado por el artículo 1.º del Decreto núm. 333 de 6 de abril de 20214 y el Decreto 799 de 9 de julio de 2025 5, y el artículo 13 del Acuerdo núm. 080 de 12 de marzo de 20196, modificado por el Acuerdo núm. 434 de 10 de diciembre de 20247.

VI.2. Cuestión previa

8. La Sala advierte que, previamente a la definición del problema jurídico que se habrá de resolver, resulta necesario pronunciarse respecto de las solicitudes de desvinculación procesal presentadas por el Consejo Superior de Palabreros, la Superintendencia de Notariado y Registro, el Tribunal Administrativo de La Guajira y el Ministerio de Interior.

9. Respecto de la legitimación en la causa por pasiva en procesos de tutela, la Corte Constitucional en la sentencia T - 1001 de 20068 señaló lo siguiente:

“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta Corporación en la Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio Hernández, dijo lo siguiente:

“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia de fondo porque otorga a las partes el derecho a que el juez se pronuncie sobre el mérito de las pretensiones del actor y las razones de la oposición por el demandado, mediante sentencia favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la causa es una calidad subjetiva de las partes en relación con el interés sustancial que se discute en el proceso. […].

Si bien la tutela se establece por la Constitución como un proceso preferente y sumario, con ello no se quiso consagrar un instrumento

causa es una calidad subjetiva de las partes en relación con el interés sustancial que se discute en el proceso. […].

Si bien la tutela se establece por la Constitución como un proceso preferente y sumario, con ello no se quiso consagrar un instrumento judicial carente de garantías procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal sirvan de excusa para desconocer los derechos de las partes o de los terceros, de manera que en dicho proceso, como en cualquier otro, el juez debe lograr que la actuación se surta sin vulnerar los principios de legalidad y contradicción […]”. [Negrilla fuera del texto].

10. Así las cosas, y teniendo en cuenta que el Consejo Superior de Palabreros , la Superintendencia de Notariado y Registro, el Tribunal Administrativo de La Guajira y el Ministerio de Interior fueron señalados en el escrito de tutela como los causantes de la vulneración de los derechos fundamentales de la accionante, la Sala considera que a estas entidades sí les asiste el interés jurídico para ser vinculadas a esta acción constitucional, razón por la cual se denegará las solicitudes de desvinculación elevadas, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de la presente providencia.

3 “Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho”. 4 “Por la cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario

del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”. 5 “Por el cual se modifica el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, Único Regla mentario del sector Justicia y del Derecho”. 6 Por el cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado. 7 Por medio del cual se modifican los artículos 13, 67, 80, 81 y 82 del Acuerdo 080 de 2019, y se le adicionan los artículos 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90. 8 Corte Constitucional, sentencia T-1412872 de 30 de noviembre de 2006, M.P. Jaime Araújo Rentería.9

Radicación: 11001-03-15-000-2025-06645-00

Accionante: Dilvania Epiayu Epiayu

VI.3. Problemas jurídicos

11. De acuerdo con la situación fáctica planteada, a la Sala le corresponde establecer: a) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela. Y, si ello es así, se deberá determinar:

b) Si la presente acción de tutela es improcedente por compartir identidad parcial de partes, de objeto y de causa petendi con el proceso núm. 4400122-14-000-2025-10066-02.

c) Si el Tribunal Administrativo de La Guajira, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y la Agencia Nacional de Tierras vulneraron los derechos fundamentales invocados por la accionante por: i) haber incurrido presuntamente en mora judicial por no resolver la medida cautelar solicitada

Judicial y la Agencia Nacional de Tierras vulneraron los derechos fundamentales invocados por la accionante por: i) haber incurrido presuntamente en mora judicial por no resolver la medida cautelar solicitada en el proceso n úmero 44001-23-40-000-2024-00131-00, ii) por remitir la queja disciplinaria núm. 44001-25-02-000-2025-00811-00 y iii) por no resolver la solicitud de medida de protección a la posesión del predio las Delicias.

d) Si el Ministerio del Interior, el Consejo Superior de Palabreros y la Personería Municipal de Hatonuevo vulneraron los derechos fundamentales invocados por la accionante, por la omisión de brindar protección y “[…] defendernos […]”.

VI.4. Requisitos de procedencia de la acción de tutela

12. De acuerdo con el artículo 5°del Decreto Ley 2591 de 1991, la acción de tutela

procede:

“[…] [C]ontra toda acción u omisión de las autoridades públicas, que haya violado, viole o amenace violar cualquiera de los derechos de que trata el artículo 2 de esta ley. También procede contra acciones u omisiones de particulares, de conformidad con lo establecido e n el Capítulo III de este Decreto. La procedencia de la tutela en ningún caso está sujeta a que la acción de la autoridad o del particular se haya manifestado en un acto jurídico escrito […]”.

13. A su vez, el artículo 6° del mismo Decreto Ley señala que la acción de amparo deviene en improcedente en las siguientes circunstancias:

“[…] 1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que

[…]”.

13. A su vez, el artículo 6° del mismo Decreto Ley señala que la acción de amparo deviene en improcedente en las siguientes circunstancias:

“[…] 1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra el solicitante.

2. Cuando para proteger el derecho se pueda invocar el recurso de habeas corpus.10

Radicación: 11001-03-15-000-2025-06645-00

Accionante: Dilvania Epiayu Epiayu

3. Cuando se pretenda prot