CE - Sentencia 11001031500020250665300 de 2025

1

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Bogotá D.C., tres (03) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

Radicación: 11001-03-15-000-2025-06653-00

Accionante: Fundación para el Estado de Derecho – FEDE COLOMBIAAccionado: Consejo de Estado – Sección Quinta Referencia: Acción de tutela

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – Sentencia emitida dentro de acción de cumplimiento / DECLARA IMPROCEDENCIA – Falta de cumplimiento de requisito de relevancia constitucional . Se pretende emplear la acción de tutela como una instancia adicional al proceso ordinario y no se demuestra la afectación constitucional alegada.

Surtido el trámite de ley 1, sin que se advierta irregularidad o causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a dictar sentencia dentro de la acción de tutela de la referencia.

I. A N T E C E D E N T E S

A. Demanda y sus fundamentos

1. El 22 de octubre de 2025 el seño r Andrés Caro Borrero, actuando como representante legal de la Fundación para el Estado de Derecho (FEDE COLOMBIA), promovió acción de tutela 2 contra la Sección Quinta del Consejo de Estado , con la pretensión de que se dejara sin efectos la sentencia de 28 de agosto del año en

representante legal de la Fundación para el Estado de Derecho (FEDE COLOMBIA), promovió acción de tutela 2 contra la Sección Quinta del Consejo de Estado , con la pretensión de que se dejara sin efectos la sentencia de 28 de agosto del año en curso, emitida dentro de la acción de cumplimiento3 que incoó contra los Ministerios de Minas y Energía y de Hacienda y Crédito Público, con el fin de obtener el pago de los subsidios de energía eléctrica y gas, conforme a los artículos 3 (letra g y parágrafo) y 47 de la Ley 143 de 1994 y 2.2.3.2.6.1 y 2.2.3.2.6.1.2 del Decreto 1073 de 2015.

2. Mediante la providencia acusada, se revocó la decisión adoptada el 13 de junio de 2025 por la Subsección A de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que accedió de manera parcial a las pretensiones, para, en su lugar,

1 Cfr. Decreto 1983 de 2017 “ Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1., 2.2.3.1.2.4. y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”. 2 Invocó sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia y a participar en el control del poder político. 3 Expediente 25000-23-41-000-2025-00465-01.Radicación: 11001-03-15-000-2025-06653-00

el control del poder político. 3 Expediente 25000-23-41-000-2025-00465-01.Radicación: 11001-03-15-000-2025-06653-00

Accionante: Fundación para el Estado de Derecho -FEDE COLOMBIAAccionado: Consejo de Estado – Sección Quinta

2

declarar la improcedencia de la acción de cumplimiento, al no superar el presupuesto de subsidiariedad. Se determinó que la obligación demandada no es pura y simple, sino que se encuentra supeditada a la observancia de una serie de condiciones, las cuales, desde el punto de vista probatorio, no se encuentran totalmente acreditadas. Además, se pretende el reconocimiento de un derecho subjetivo en cabeza de las entidades prestadoras de los servicios públicos y no el estricto acatamiento de una obligación imperativa e inobjetable. Propósito para el que se puede acudir a otros mecanismos judiciales, como el proceso ejecutivo. Asimismo, mediante este trámite no es posible modificar el presupuesto general de la Nación, con el fin de asegurar los recursos para el pago de subsidios de los sectores más vulnerables. En conclusión, para obtener el acatamiento de los artículos invocados existe un procedimiento especial y exclusivo, regulado en el Estatuto Orgánico del Presupuesto, que no puede ser alterado por el juez constitucional.

3. La parte actora sostuvo que se configuró defecto sustantivo porque se aplicaron en forma errónea los principios de subsidiariedad y legalidad presupuestal , reduciendo el deber legal de asegurar los recursos a un asunto patrimonial entre las empresas y el Estado, con lo que se desconoció la finalidad, el trámite y el alcance de la acción de cumplimiento prevista en el artículo 87 de la Constitución Política y

reduciendo el deber legal de asegurar los recursos a un asunto patrimonial entre las empresas y el Estado, con lo que se desconoció la finalidad, el trámite y el alcance de la acción de cumplimiento prevista en el artículo 87 de la Constitución Política y en la Ley 393 de 1997 . Al indicar que las empresas podían acudir a procesos ejecutivos individuales para exigir el pago de los títulos emitidos por el Ministerio, se desconoció la naturaleza de la acción de cumplimiento, que no busca ejecutar acreencias particulares, sino verificar un incumplimiento estructural y reiterado del Gobierno frente a un deber legal permanente (disponibilidad de los recursos para el pago de subsidios de energía y gas) . Pretender que cada empresa litigue por separado fragmenta un problema de interés nacional y desvirtúa el carácter preventivo y correctivo del mecanismo judicial. Además, no tiene la condición de empresa prestadora del servicio ni la titularidad de crédito alguno que la habilite a promover un proceso ejecutivo.

4. También se consideró que se pretendía ordenar el gasto público o interferir en el Presupuesto General de la Nación, afirmación que desconoce los artículos 3 (letra g y parágrafo) y 47 de la Ley 143 de 1994 y 2.2.3.2.6.1 y siguientes del Decreto 1073 de 2015, los cuales no versan sobre la creación de nuevos gastos, sino sobre el deber legal del Estado de asegurar la disponibilidad de recursos ya apropiados para garantizar el pago oportuno de los subsidios de energía y gas. Es decir, esos recursos están incluidos en la Ley de Presupuesto, por lo que el problema radica es en la falta de ejecución oportuna del gasto. Por tant o, negar la procedencia de la

garantizar el pago oportuno de los subsidios de energía y gas. Es decir, esos recursos están incluidos en la Ley de Presupuesto, por lo que el problema radica es en la falta de ejecución oportuna del gasto. Por tant o, negar la procedencia de la acción de cumplimiento bajo el argumento de una supuesta interferencia presupuestal implica desnaturalizar su finalidad constitucional y sustraer del control judicial las omisiones administrativas en la ejecución de obligaciones legales, al confundir la obligación de ejecutar oportunamente los recursos ya apropiados con la facultad exclusiva del legislador de crear o modificar partidas presupuestales.Radicación: 11001-03-15-000-2025-06653-00

Accionante: Fundación para el Estado de Derecho -FEDE COLOMBIAAccionado: Consejo de Estado – Sección Quinta

3

5. Además, los artículos 104 del CPACA y 422 del CGP (relativos al proceso ejecutivo y a los títulos que sirven de sustento a aquel), en los que se fundamentó la decisión acusada, no resultaban aplicables por cuanto la acción de cumplimiento no tenía como finalidad ejecutar un título ejecutivo, sino exigir el cumplimiento del deber legal de planeación, financiación y provisión de recur sos para los subsidios de energía y gas. Por tanto, la aplicación de estas normas excede el margen de interpretación razonable, al trasladar la lógica de la ejecución coactiva de obligaciones dinerarias a un proceso constitucional de cumplimiento para logr ar la eficacia de deberes estatales de particular trascendencia.

6. Asimismo, se incurrió en defecto fáctico , en tanto s e omitió la valoración de pruebas que demostraban el incumplimiento sistemático y reiterado de las

eficacia de deberes estatales de particular trascendencia.

6. Asimismo, se incurrió en defecto fáctico , en tanto s e omitió la valoración de pruebas que demostraban el incumplimiento sistemático y reiterado de las transferencias trimestrales. En el expediente reposan certificaciones del Ministerio de Minas y Energía, comunicaciones de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) y reportes de las empresas comercializadoras que evidencian atrasos acumulados y cuantías impagas de magnitud creciente, lo que torna inviable esperar que cada empresa promueva procesos ejecutivos que tardarían años, agravando la crisis financiera del sistema energético y poniendo en riesgo la cobertura y continuidad del servicio público de energía y gas para los estratos 1, 2 y 3.

7. También se acreditó, a través de documentos emanados de la Procuraduría General de la Nación y de los entes demandados, el procedimiento para el pago de los subsidios de energía y gas, el cual contenía unas condiciones que se encontraban satisfechas, entre estas, la conciliación de cifras entre el Ministerio de Minas y Energía y las empresas prestadoras de los servicios públicos domiciliarios.

Circunstancia que desvirtúa la aserción de la autoridad judicial accionada de que el procedimiento administrativo previo no se encontraba comprobado, pues solo restan actuaciones por parte de los Ministerios demandados.

8. Además, con la acción de cumplimiento no pretendía acreditar una deuda exacta, sino constatar un incumplimiento periódico y estructural de un mandato legal expreso

(asegurar la disponibilidad oportuna de los recursos correspondientes a los subsidios). Por tanto, no tenía como propósito obtener el beneficio de las empresas

sino constatar un incumplimiento periódico y estructural de un mandato legal expreso (asegurar la disponibilidad oportuna de los recursos correspondientes a los subsidios). Por tanto, no tenía como propósito obtener el beneficio de las empresas prestadoras, sino la protección del modelo de solidaridad y redistribución que garantiza el acceso universal a servicios públicos esenciales. En la medida en que aún existe incumplimien to de la disponibilidad de los recursos para el pago de los subsidios de energía y gas a los hogares de los estratos 1, 2 y 3 de las vigencias 2024 y 2025.

9. De igual modo, se incurrió en defecto procedimental absoluto, pues la Sección Quinta resolvió una nulidad procesal que correspondía decidir al magistrado ponente, lo que contradice el artículo 125 (numeral 3) del CPACA y , con ello, las formas propias del juicio y la garantía del juez natural. Dicha irregularidad comprometió la validez de la sentencia , al ser adoptada por una autoridad judicial incompetente para pronunciarse sobre la nulidad.Radicación: 11001-03-15-000-2025-06653-00

Accionante: Fundación para el Estado de Derecho -FEDE COLOMBIAAccionado: Consejo de Estado – Sección Quinta

4

10. Adicionalmente, la providencia objeto de censura carece de la motivación suficiente que permita revocar la decisión del juez de primera instancia. Se limitó a afirmar que la acción de cumplimiento era improcedente , porque no podía utilizarse para hacer exigibles actos administrativos con efectos de título ejecutivo, sin exponer fundamentos normativos ni fácticos suficientes que justificaran esa conclusión.

afirmar que la acción de cumplimiento era improcedente , porque no podía utilizarse para hacer exigibles actos administrativos con efectos de título ejecutivo, sin exponer fundamentos normativos ni fácticos suficientes que justificaran esa conclusión.

B. Trámite procesal y la contestación de la demanda

11. Mediante auto de 4 de noviembre de 20254, se aceptó el impedimento manifestado por el consejero Fernando Pardo Flórez y, como consecuencia, se le separó del conocimiento del presente asunto; se admitió la acción de tutela; se requirió a la parte accionante para que allega ra copia vigente del certificado de existencia y representación legal de la Fundación para el Estado de Derecho (el cual se aportó a las presentes diligencias); se ordenó notificar a la autoridad demandada y se vinculó a los Ministerios de Minas y Energía y Hacienda y Crédito Público y al Presidente de la República , en condición de tercero s con interés . De igual modo, se ordenó comunicar la decisión a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado para lo de su cargo.

(i) Ministerio de Minas y Energía

12. Indicó que se pretende reabrir un debate legal ya dirimido por la jurisdicción contencioso-administrativa, lo que implica que el asunto carezca de relevancia constitucional, por tanto, se debe declarar la improcedencia de la acción.

13. En todo caso, anotó que en la decisión judicial de primera instancia se incurrió en un error, al considerar que la letra g del artículo 3 de la Ley 143 de 1994 establecía un mandato claro, expreso y exigible a cargo del Estado, consistente en “asegurar la

un error, al considerar que la letra g del artículo 3 de la Ley 143 de 1994 establecía un mandato claro, expreso y exigible a cargo del Estado, consistente en “asegurar la disponibilidad” de los subsidios para determinados sectores de la población a fin de garantizar la prestación del servicio público de electricidad, el cual solo se satisface al superar la situación actual de “desfase en los tiempos de abono de los subsidios” por parte de los Ministerios accionados a las empresas comercializadoras de energía.

14. Lo anterior, por cuanto las disposiciones normativas que se estiman desatendidas no contienen un deber perentorio de girar inmediata y directamente la totalidad del monto de los subsidios de energía y gas combustible, como lo entendió el Tribunal, sino el de apropiar los recursos para garantizar su pago conforme a la ley, lo que se materializa con la inclusión en el presupuesto y la estructuración del flujo fiscal.

15. Citó dos sentencias del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, en las que se declararon improcedentes las acciones de cumplimiento promovidas por las

4 Notificado el 10 de noviembre de 2025.Radicación: 11001-03-15-000-2025-06653-00

Accionante: Fundación para el Estado de Derecho -FEDE COLOMBIAAccionado: Consejo de Estado – Sección Quinta

5

empresas Compañía de Electricidad de Tuluá S.A. E.S.P. 5 y Celsia Colombia S.A. E.S.P.6, por el presunto incumplimiento de las mismas disposiciones invocadas por la tutelante.

16. Precisó que la diferencia estructural entre los recursos solicitados y los apropiados anualmente en el Presupuesto General de la Nación ha generado, en algunos casos,

la tutelante.

16. Precisó que la diferencia estructural entre los recursos solicitados y los apropiados anualmente en el Presupuesto General de la Nación ha generado, en algunos casos, un desfase temporal en los pagos realizados a las empresas, conforme a la distribución de recursos y a las resoluciones de reconocimiento expedidas por el Ministerio de Minas y Energía. Sin embargo, ello no representa acumulación de deuda, dado que es cubierto durante la vigencia fiscal siguiente, de acuerdo con la autorización contenida en la Ley Anual de Presupuesto, que permite la ejecución de pagos de vigencias anteriores. Frente al caso concreto se evidencia que no existen cuentas por pagar asociadas a tales subsidios para la vigencia 2024.

17. Respecto de la vigencia de 2025, se presentó la acción de cumplimiento el 27 de marzo de la presente anualidad, es decir, antes de finalizar el primer semestre del año en curso . Por tanto, no le asiste razón a la tutelante cuando alega el aludido incumplimiento de las normas invocadas, pues para ordenar el pago de los subsidios, las empresas deben presentar sus cifras trimestre vencido en un plazo de un mes, las cuales serán validadas por el Ministerio de Minas y Energía antes de ordenar los respectivos giros, procedimiento que no puede omitirse por la interposición de una acción de cumplimiento que fuerce a la administración a ejecutar un gasto sin el agotamiento previo de las correspondientes gestiones presupuestales.

(ii) Ministerio de Hacienda y Crédito Público

18. Advirtió que la parte demandante pretende reabrir un debate estrictamente legal que ya fue analizado, discutido y resuelto por la jurisdicción de lo contencioso -

(ii) Ministerio de Hacienda y Crédito Público

18. Advirtió que la parte demandante pretende reabrir un debate estrictamente legal que ya fue analizado, discutido y resuelto por la jurisdicción de lo contenciosoadministrativo, en ejercicio pleno de sus competencias constitucionales. Mientras que en la tutela se intenta reconstruir el lit igio como si se tratara de una discusión abstracta sobre la garantía estructural de los subsidios energéticos y la disponibilidad periódica de recursos a cargo del Gobierno Nacional, el expediente demuestra que las pretensiones formuladas por la tutelante se orientaron a la obtención del pago inmediato de montos determinados, previamente cuantificados y asociados a trimestres específicos. Ello incluyó la orden de giro de subsidios ya causados y la revisión de saldos supuestamente adeudados a distintas empresas comercializadoras y prestadoras de servicios públicos. Aspectos para los cuales no fue instituida la acción de cumplimiento, pues no se diseñó para dirimir controversias patrimoniales ni para ejecutar obligaciones dinerarias derivadas de actos administrativos de contenido particular.

5 Sentencia de 12 de junio de 2025, expediente 76001 -23-33-010-2025-00329-00, M. P. Óscar Alonso Valero Nisimblat. 6 Sentencia de 16 de junio de 2025, expediente 76001 -23-33-000-2025-00328-00, M. P. Luz Elena Sierra Valencia.Radicación: 11001-03-15-000-2025-06653-00

Accionante: Fundación para el Estado de Derecho -FEDE COLOMBIAAccionado: Consejo de Estado – Sección Quinta

6

Valencia.Radicación: 11001-03-15-000-2025-06653-00

Accionante: Fundación para el Estado de Derecho -FEDE COLOMBIAAccionado: Consejo de Estado – Sección Quinta

6

19. En ese sentido, la autoridad judicial accionada actuó dentro de los parámetros constitucionales y legales al concluir que la acción de cumplimiento era improcedente para el propósito que perseguía la demandante, toda vez que existían mecanismos judiciales idóneos y suficientes (proceso ejecutivo, entre otros) para la exigibilidad de obligaciones derivadas de resoluciones de giro que tienen la connotación de títulos ejecutivos. Por tanto, las pretensiones no estaban orientadas a un control legal del Estado respecto de sus deberes permanentes en materia de subsidios, sino al cobro judicial indirecto de acreencias individualizadas.

20. La tutelante intentó construir en la acción de cumplimiento una ecuación artificial según la cual la existencia de una apropiación equivaldría a un deber legal inmediato, absoluto y exigible. En esa medida, la naturaleza periódica y sujeta a disponibilidad de los subsidios implica necesariamente un flujo de recursos que no puede ser interpretado como una obligación de ejecución instantánea.

21. Además, la improcedencia de la acción de cumplimiento se refuerza en el hecho de que los supuestos fácticos invocados por la accionante no subsistían al momento de proferirse la sentencia de primera instancia, pues las circunstancias omisivas ya habían sido superadas por la ejecución presupuestal.

22. Adujo que la providencia acusada no incurrió en ninguno de los vicios alegados .

Por el contrario, aplicó con rigor las reglas de procedencia de la acción de

habían sido superadas por la ejecución presupuestal.

22. Adujo que la providencia acusada no incurrió en ninguno de los vicios alegados .

Por el contrario, aplicó con rigor las reglas de procedencia de la acción de cumplimiento, interpretó adecuadamente el ordenamiento presupuestal y ejerció su función de control conforme a la Constitución y a la ley.

23. En ese sentido, señaló que (i) se interpretó de manera armónica el artículo 87 de la Constitución Política, la Ley 393 de 1997, el Estatuto Orgánico del Presupuesto y la normativa sectorial aplicable al régimen de subsidios; (ii) se examinaron los documentos aportados por la tutelante, las respuestas técnicas de las entidades demandadas, la prueba sobreviniente allegada durante el proceso y las normas que regulan la ejecución de los subsidios; (iii) el análisis de las nulidades incidentales y de la vocación de procedencia del medio de control fue realizado dentro de la función natural del órgano judicial, sin alterar el reparto ni vulnerar la garantía del juez natural;

(iv) no existe precedente constitucional que obligara al juez a considerar la acción de cumplimiento como un instrumento apto para ordenar gastos derivados de apropiaciones presupuestales o resoluciones de giro; y (v) la sentencia acusada está ampliamente motivada, estructura sus argumentos de manera clara y explícita, identifica el problema jur ídico real y expone por qué la acción de cumplimiento no podía prosperar. En conclusión, la decisión judicial acusada analiza hechos, normas, pruebas, jurisprudencia y el marco constitucional del presupuesto y no se configura una ausencia de motivación ni arbitrariedad alguna.

podía prosperar. En conclusión, la decisión judicial acusada analiza hechos, normas, pruebas, jurisprudencia y el marco constitucional del presupuesto y no se configura una ausencia de motivación ni arbitrariedad alguna.

(iii) Presidencia de la RepúblicaRadicación: 11001-03-15-000-2025-06653-00

Accionante: Fundación para el Estado de Derecho -FEDE COLOMBIAAccionado: Consejo de Estado – Sección Quinta

7

24. Sostuvo que carece de legitimación en la causa por activa. No fue parte dentro del proceso en el que se dictó la providencia reprochada ni tiene competencia para revocar o contradecir las decisiones judiciales debido a la estructura y administración de la Rama Ejecutiva del poder público. Por tanto, tiene la responsabilidad de administrar y ejecutar las leyes y políticas públicas, pero no tiene la autoridad para interferir en el funcionamiento de la Rama Judicial. En ese sentido, solicitó se le desvincule de las presentes diligencias.

25. En todo caso, se evidencia que no se le endilga una acción u omisión que pudiese generar alguna vulneración de derechos fundamentales, por lo que se debe declarar la improcedencia de esta acción, o negar el amparo reclamado respecto de la Presidencia, dado que no puede interferir en las decisiones adoptadas por la autoridad judicial accionada ni realizar gestión alguna frente a la providencia acusada.

(iv) Memorial de la parte accionante

26. La tutelante presentó escrito en el que enunció unos hechos que califica como sobrevinientes y notorios, los cuales -a su juicio - descartan la existencia de hecho

acusada.

(iv) Memorial de la parte accionante

26. La tutelante presentó escrito en el que enunció unos hechos que califica como sobrevinientes y notorios, los cuales -a su juicio - descartan la existencia de hecho superado y ratifican la importancia de la presente acción de tutela, pues permitirá n que se realice un examen de fondo sobre la acción de cumplimiento. A saber: (i) no se perseguía obtener la orden de pago de los subsidios adeudados en la vigencia 2024, sino que se ordenara al Gobierno nacional cumplir el deber legal de garantizar la disponibilidad presupuestal para el pago de subsidios en forma periódica y oportuna, es decir, el cumplimiento de un deber legal continuo y periódico que se materializa cada trimestre conforme al procedimiento preestablecido y no la determinación de una suma fija y cerrada; (ii) el 28 de octubre de 2025 la Contraloría General de la Nación emitió una comunicación de seguimiento sobre los riesgos para la seguridad energética en Colombia, entre lo s que se destaca la preocupante situación por falta de pago de los subsidios de energía y gas que, a la fecha, asciende a $2.88 billones de pesos; (iii) el 5 de noviembre del año en curso las agremiaciones de energía y gas presentaron ante el Ministerio de Minas y Energía un escrito en el que alertaron sobre la deuda en materia de subsidios por la anterior suma a corte de septiembre de 2025; y (iv) el incumplimiento en el pago de dichos subsidios pone en riesgo la efectividad del principio de solidaridad y la protección de los derechos fundamentales que dependen del acceso a los servicios públicos domiciliarios de energía y gas.

II. C O N S I D E R A C I O N E S

riesgo la efectividad del principio de solidaridad y la protección de los derechos fundamentales que dependen del acceso a los servicios públicos domiciliarios de energía y gas.

II. C O N S I D E R A C I O N E S

C. Cuestión previa

27. La Sala negará la solicitud de desvinculación presentada por la Presidencia de la República. Al juez de tutela le asiste la obligación de integrar de oficio el contradictorio y comoquiera que la referida entidad fue vinculada a la acción deRadicación: 11001-03-15-000-2025-06653-00

Accionante: Fundación para el Estado de Derecho -FEDE COLOMBIAAccionado: Consejo de Estado – Sección Quinta

8

cumplimiento en la que se emitió la providencia acusada, mediante auto de 11 de julio de 2025, era indispensable que fuera llamada a estas diligencias como tercera con interés.

D. Análisis del caso concreto

28. La acción de tutela no supera el requisito general de procedencia atinente a la relevancia constitucional. La parte actora pretende que se acoja su tesis referente a la procedencia de la acción de cumplimiento que promovió. Para este efecto, se limita a presentar inconformidad con la providencia judicial atacada en cuanto a la normativa aplicable y la valoración probatoria efectuada, para revivir el debate jurídico que fue definido por el juez natural, con el fin de obtener una decisión que le resulte favorable a sus intereses. Además, expone una irregularidad procesal contenida en la sentencia acusada , sin que se despliegue una suficiente carga argumentativa tendiente a demostrar la afectación de sus derechos fundamentales.

resulte favorable a sus intereses. Además, expone una irregularidad procesal contenida en la sentencia acusada , sin que se despliegue una suficiente carga argumentativa tendiente a demostrar la afectación de sus derechos fundamentales.

29. La Fundación accionante alega defecto sustantivo, porque se desconoc ió la finalidad, trámite y alcance de la acción de cumplimiento (artículo 87 Superior y Ley 393 de 1997), al exigir que se acudiera a un proceso ejecutivo (conforme a los artículos 104 del CPACA y 422 del CGP), para perseguir el pago de acreencias derivadas de los subsidios de energía y gas . A su juicio, e llo desconoce que se pretendía era que se acatara la obligación legal de asegurar la disponibilidad de los recursos para sufragarlos (contenida en los artículos 3 -letra g y parágrafoy 47 de la Ley 143 de 1994 y 2.2.3.2.6.1 y siguientes del Decreto 1073 de 2015), mas no la creación nuevos gastos, pues los recursos para sufragar dichos beneficios fueron incluidos en la Ley de Presupuesto, por ende, se pretendía era garantizar su cancelación oportuna. Además, no se tuvo en cuenta que no podría acudir a ese mecanismo judicial, dado que no es empresa prestadora del servicio y no tiene la titularidad de crédito alguno.

30. La tutelante pretende que se acoja su tesis referente a la procedencia de la acción de cumplimiento para obtener el pago de los aludidos subsidios, sin considerar la argumentación que sobre el particular expuso la autoridad judicial. Es decir, su objeto está encaminado a que el juez de tutela le imponga al juez natural de la causa

de cumplimiento para obtener el pago de los aludidos subsidios, sin considerar la argumentación que sobre el particular expuso la autoridad judicial. Es decir, su objeto está encaminado a que el juez de tutela le imponga al juez natural de la causa el modo como debe interpretar la obligación legal presuntamente desatendida, esto es, “Asegurar la disponibilidad de los recursos necesarios para cubrir los subsidios otorgados a los usuarios de los estratos I,II y III y los de menores ingresos del área rural, para atender sus necesidades básicas de electricidad ”7, sin demostrar que la manera como lo hizo la accionada comporte algún tipo de arbitrariedad.

31. En la providencia acusada se determinó que la acción de cumplimiento tenía dos finalidades, a saber: (i) obtener el pago de los valores adeudados por el Ministerio de Minas y Energía por concepto de los aludidos subsidios y (ii) asegurar los recursos para ese propósito por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

7 Letra g del artículo 3 de la Ley 143 de 1994.Radicación: 11001-03-15-000-2025-06653-00

Accionante: Fundación para el Estado de Derecho -FEDE COLOMBIAAccionado: Consejo de Estado – Sección Quinta

9

32. En ese sentido, se realizó el estudio del asunto de manera separada, por un lado, frente a los valores ya adeudados, y por el otro, en cuanto a garantizar la asignación de presupuesto para cubrir dichos subsidios. Es decir, contrario a lo afirmado por la tutelante, la autoridad accionada tuvo en cuenta que no solo perseguía el pago de los subsidios ya reconocidos, sino también que se asegurara a futuro la disponibilidad de los recursos.

tutelante, la autoridad accionada tuvo en cuenta que no solo perseguía el pago de los subsidios ya reconocidos, sino también que se asegurara a futuro la disponibilidad de los recursos.

33. En cuanto a los montos adeudados, la autoridad judicial accionada sostuvo que para obtener su pago se debía acudir al procedimiento establecido en el artículo 2.2.3.2.6.1.4 del Decreto 1073 de 2015 y, en todo caso, si se tuviera por agotado ese trámite, la acción de cumplimiento no fue instituida para ejecutar actos administrativos que tienen la condición de títulos ejecutivos, conforme a los artículos 104 del CPACA y 422 del CGP . Además, porque se trata de una disputa sobre un derecho subjetivo particular en cabeza de un tercero diferente a la parte actora, por lo que es al juez de la acción ejecutiva al que le corresponde definir la controversia planteada en esta sede.

34. Para la Sección Quinta, el hecho de que la tutelante persiguiera el pago de los subsidios adeudados implicaba que les reconociera un derecho subjetivo a las empresas prestadoras de los servicios públicos y no la observancia de una disposición legal imperativa e inobj