CE - Sentencia 11001031500020250665800 de 2025

Demandantes: José Andrés Hincapié Zapata y otro Demandado: Consejo de Estado Sección Tercera, Subsección B Radicado: 11001-03-15-000-2025-06658-00

1 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Magistrada Ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA

Bogotá, D. C., once (11) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2025-06658-00

Demandantes: JOSÉ ANDRÉS HINCAPIÉ ZAPATA Y OTRO

Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA,

SUBSECCIÓN B

Tema

Tutela contra providencia judicial – Declara improcedente por no superar el requisito de relevancia constitucional y niega por no existir vulneración del derecho a la igualdad frente al cargo de desconocimiento del precedente judicial

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

La Sala resuelve el mecanismo constitucional de la referencia, de conformidad con los Decretos 2591 de 1991, 333 de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

Los señores José Andrés Hincapié Zapata y Martha Cecilia de la Santísima Trinidad

de esta Corporación.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

Los señores José Andrés Hincapié Zapata y Martha Cecilia de la Santísima Trinidad Hincapié Zapata, actuando a través de apoderada judicial 1, presentaron acción de tutela2 contra el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B; a efectos de que le fueran amparados sus derechos fundamentales al debido proceso, a la seguridad jurídica y a la igualdad.

En sentir de los accionantes, la trasgresión de dichas garantías constitucionales se materializó con ocasión de la sentencia proferida el 3 de junio de 2025, en virtud del cual, la autoridad judicial accionada negó las pretensiones elevadas contra la Agencia Nacional de Tierras al interior de la acción de revisión de los actos de extinción del dominio agrario con radicado 11001 -0326-000-2013-00052-00 (46904).

1 Según mandato que fuere conferido a los abogados Bernardita Pérez Restrepo y Juan David Ramírez Echeverri, mediante mensaje de datos conforme a los términos previstos en el artículo 5 de la Ley 2213 de 2022 - índice 02 de Samai. 2 La cual fue radicada el 20 de octubre de 2025 con secuencia: 10579 – índice 01 del aplicativo Samai.Demandantes: José Andrés Hincapié Zapata y otro Demandado: Consejo de Estado Sección Tercera, Subsección B Radicado: 11001-03-15-000-2025-06658-00 2 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2025-06658-00

2 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

1.2. Pretensiones

Con base en lo anterior, la parte actora solicitó el amparo de los derechos fundamentales invocados y, en consecuencia, pidió:

[…] que se ordene al Consejo de Estado, Sección Tercera, subsección B, que proceda a proferir una nueva sentencia. En este caso, aplicando de forma estricta el precedente de la misma Corporación, a partir del cual se configura la violación del derecho fundamental al debido proceso cuando en procedimientos de extinción de dominio se excede el plazo razonable […]3

1.3. Hechos

La solicitud de amparo se fundamentó en los siguientes supuestos de hecho que, a juicio de la Sala, son relevantes para la decisión que se adoptará:

Acorde con la situación fáctica narrada en el proceso ordinario, los accionantes fungían como herederos universales4 de un predio rural denominado «el retiro» en el municipio de Peque, Antioquia.

El 2 de junio de 1966, el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (en adelante, INCORA), ordenó la práctica de una visita previa al predio aludido, con el fin de determinar la explotación económica del mismo, dentro del procedimiento de extinción de dominio agrario de que trataba el artículo 6º de la Ley 200 de 1936 5; diligencia que se llevó a cabo el 7 y 8 de abril de 1967.

extinción de dominio agrario de que trataba el artículo 6º de la Ley 200 de 1936 5; diligencia que se llevó a cabo el 7 y 8 de abril de 1967.

Con fundamento en los hallazgos de dicha visita, mediante Resolución No. 9248 del 13 de julio de 1967, el INCORA ordenó iniciar las diligencias administrativas tendientes a establecer si sobre dicho inmueble procedía la extinción del dominio agrario6. Acto administrativo que le fue notificado a los señores Andrés Antonio Hincapié Cárdenas y María Cárdenas de Hincapié 7 el 29 de agosto de 1967 y el 2 de abril de 1968, de manera respectiva.

3 Transcripción del texto original con posibles errores. 4 En calidad de representantes de la herencia del señor Andrés Antonio Hincapié Cárdenas, quien, en principio, era el propietario del inmueble. 5 Artículo 6°. Establécese en favor de la Nación la extinción del derecho de dominio o propiedad sobre los predios rurales en los cuales se dejare de ejercer posesión en la forma establecida en el artículo primero de esta Ley, durante tres (3) años continuos contados a partir de la vigencia de la presente Ley, salvo fuerza mayor o caso fortuito. El lapso de inactividad causado por fuerza mayor o por caso fortuito interrumpirá, en favor del propietario, el término que para la extinción del derecho de dominio establece el presente artículo. Parágrafo. Lo dispuesto en este artículo, no se opone a la declaratoria de extinción del dominio, cuando a la fecha en que empiece a regir la presente norma, hubiere transcurrido un lapso de diez (10) años de inexplotación del inmueble.

Parágrafo. Lo dispuesto en este artículo, no se opone a la declaratoria de extinción del dominio, cuando a la fecha en que empiece a regir la presente norma, hubiere transcurrido un lapso de diez (10) años de inexplotación del inmueble. También habrá lugar a la declaratoria de extinción cuando el término de inexplotación de diez (10) años se cumpliere antes de los tres (3) años de vigencia de esta norma. Cuando la posesión se hubiere ejercido sobre una parte del predio solamente, la extinción del dominio no comprenderá sino las porciones incultas que no se reputen poseídas conforme a esta ley. La extinción del derecho de dominio no tendrá efecto en relación con los siguientes predios: 1°. Los que tengan una cabida total inferior a trescientas (300) hectáreas que constituyan la única propiedad rural del respectivo propietario, y […] 6 Siendo registrada en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos del municipio de Dabeiba, Antioquia, el 24 de agosto de 1981. 7 Propietarios iniciales del bien, de acuerdo con lo señalado en la Resolución No. 1661 del 22 de junio de 2007.Demandantes: José Andrés Hincapié Zapata y otro Demandado: Consejo de Estado Sección Tercera, Subsección B Radicado: 11001-03-15-000-2025-06658-00 3 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

El 13 de febrero de 2003, el apoderado judicial del señor Hincapié Cárdenas solicitó la revocatoria directa de la citada Resolución, la cual fue resuelta de manera

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El 13 de febrero de 2003, el apoderado judicial del señor Hincapié Cárdenas solicitó la revocatoria directa de la citada Resolución, la cual fue resuelta de manera negativa por el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (en adelante, INCODER), mediante Resolución No. 01447 del 1º de septiembre de 2004.

Debido a las inconsistencias presentadas en la información recaudada respecto de la extensión del predio objeto de extinción, el 14 de marzo de 1986 la Gerencia General del INCORA ordenó que se efectuara una nueva diligencia de alinderación de zonas para determinar la cabida real del inmueble y establecer si el mismo se encontraba total o parcialmente en el parque natural de Paramillo.

No obstante, al momento de dar cumplimiento a la orden impartida, la Gerencia Regional de Antioquia dispuso que, como consecuencia de la entrada en vigor de la Ley 160 de 1994 y su Decreto Reglamentario 2665 de 1994, ya no había lugar a practicar diligencias de alinderación de zonas, sino que lo procedente era llevar a cabo una inspección ocular; actuación que fue adelantada los días 19 y 26 de julio de 2006.

Con posteridad, y mediante la Resolución 1661 del 22 de junio de 2007 el INCODER declaró extinguido a favor de la Nación el derecho de dominio privado del inmueble aludido, al considerar que, de acuerdo con los hechos verificados a través de la última inspección ocular practicada, se comprobó que el predio denominad o «el retiro», no estaba siendo explotado económicamente por su propietario y por lo

aludido, al considerar que, de acuerdo con los hechos verificados a través de la última inspección ocular practicada, se comprobó que el predio denominad o «el retiro», no estaba siendo explotado económicamente por su propietario y por lo tanto, de conformidad con las disposiciones previstas en el artículo 6 de la Ley 200 de 1936, reiterado en el artículo 52 de la Ley 160 de 19948, había lugar a adoptarse la decisión proferida.

El 27 de agosto de 2010 , se inscribió ante la Oficina de Registro e Instrumentos Públicos del municipio de Dabeiba, Antioquia la medida que prohibía enajenar los derechos inscritos en el pluricitado predio, actuación a partir de la cual, y según lo manifestado por los demandantes, tuvieron conocimiento de la decisión anterior; por lo que formul aron recurso de reposición, siendo resuelto de manera desfavorable por la Subgerencia de Tierras Rurales a través de la Resolución No. 300 del 4 de marzo de 2013.

8 Establécese en favor de la Nación la extinción del derecho de dominio o propiedad sobre los predios rurales en los cuales se dejare de ejercer posesión en la forma establecida en el artículo primero de la Ley 200 de 1936, durante tres (3) años continuos, s alvo fuerza mayor o caso fortuito, o cuando los propietarios violen las disposiciones sobre conservación, mejoramiento y utilización racional de los recursos naturales renovables y las de preservación y restauración del ambiente, o cuando los propietarios violen las normas sobre zonas de reserva agrícola o forestal establecidas en los planes de desarrollo de los municipios o distritos con más de 300.000 habitantes.

las de preservación y restauración del ambiente, o cuando los propietarios violen las normas sobre zonas de reserva agrícola o forestal establecidas en los planes de desarrollo de los municipios o distritos con más de 300.000 habitantes. También será causal de extinción de derecho de dominio la destinación del predio para la explotación con cultivos ilícitos. El procedimiento respectivo se iniciará de oficio o a solicitud de autoridad competente. Lo dispuesto en este artículo no se opone a la declaratoria de extinción del dominio cuando, a la fecha en que empiece a regir esta Ley, hubiere transcurrido un lapso de tres (3) años de inexplotación del inmueble, o si dicho término se cumpliere dentro de la vigencia de esta norma. Cuando la posesión se hubiere ejercido sobre una parte del predio solamente, la extinción del dominio no comprenderá sino las porciones incultas que no se reputen poseídas conforme a la Ley 200 de 1936. El Instituto Colombiano de la Reforma Agraria tendrá a su cargo adelantar las diligencias y dictar las resoluciones sobre extinción del derecho de dominio privado sobre predios rurales según lo previsto en la presente Ley.Demandantes: José Andrés Hincapié Zapata y otro Demandado: Consejo de Estado Sección Tercera, Subsección B Radicado: 11001-03-15-000-2025-06658-00 4 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

En virtud de lo anterior, los señores José Andrés Hincapié Zapata y Martha Cecilia de la Santísima Trinidad Hincapié Zapata presentaron demanda, en ejercicio de la

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En virtud de lo anterior, los señores José Andrés Hincapié Zapata y Martha Cecilia de la Santísima Trinidad Hincapié Zapata presentaron demanda, en ejercicio de la acción de revisión de los actos de extinción del dominio agrario en contra de la Agencia Nacional de Tierras, a efectos de que se declarara la nulidad de los actos administrativos enunciados y como consecuencia, se ordenara al Registrador de la Oficina de Instrumentos Públicos de Dabeiba, que cancelara la inscripción de la Resolución No. 9248 de 1967 y la medida cautelar, anotada a instancias del INCODER el 27 de agosto de 2010 en el folio de matrícula No. 007-1802.

Ello, al considerar que la Resolución 1661 del 22 de junio de 2007 fue proferida por un funcionario que carecía de competencia, además que la actuación administrativa surtida vulneró su derecho fundamental a l debido proceso , debido a la tardanza injustificada para resolver el proceso de extinción de dominio, superando los límites temporales establecidos por la ley para cada etapa y el plazo determinado para dictar la resolución.

La demanda correspondió por reparto al Consejo de Estado, Sección tercera, Subsección B, que, mediante sentencia de única instancia dictada el 3 de junio de 2025, negó las pretensiones de la demanda al considera r que, si bien resulta evidente la demora en el trámite del proceso aludido, el simple paso del tiempo no tiene la capacidad de generar la nulidad de un acto administrativo, salvo en aquellos eventos en los cuales las normas que atribuyen la competencia administrativa la

evidente la demora en el trámite del proceso aludido, el simple paso del tiempo no tiene la capacidad de generar la nulidad de un acto administrativo, salvo en aquellos eventos en los cuales las normas que atribuyen la competencia administrativa la delimitan temporalmente, caso en el cual, el exceder dichos plazos legales determina una falta de competencia por el factor temporal.

En igual sentido, y con relación a la indebida aplicación de las normas sustanciales alegada por los demandantes, la referida autoridad precisó que, si bien, el texto original del artículo 6 º de la Ley 200 de 1936 establecía en favor de la Nación la extinción del derecho de dominio sobre los predios en que se dejara de ejercer dicha potestad por un término de 10 años continuos, esa norma fue modificada por el artículo 3º de la Ley 4ª de 1973, que a la letra indica:

«Establécese en favor de la Nación la extinción del derecho de dominio o propiedad sobre los predios rurales en los cuales se dejare de ejercer posesión en la forma establecida en el artículo primero de esta Ley, durante tres (3) años continuos contados a partir de la vigencia de la presente Ley, salvo fuerza mayor o caso fortuito…»

Acorde con lo expuesto concluyó que, en el caso sub examine no existía una situación jurídica consolidada en favor del particular que debiera ser protegida , ni tampoco un derecho adquirido que respetar, por lo que, no hay lugar a declarar la nulidad de os actos administrativos demandados con base en tal argumento.

La anterior decisión, fue notificada a las partes a través de correo electrónico el 17 de junio de 20259.

nulidad de os actos administrativos demandados con base en tal argumento.

La anterior decisión, fue notificada a las partes a través de correo electrónico el 17 de junio de 20259.

9 Índice 135 del expediente ordinario.Demandantes: José Andrés Hincapié Zapata y otro Demandado: Consejo de Estado Sección Tercera, Subsección B Radicado: 11001-03-15-000-2025-06658-00 5 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

1.4. Fundamentos de la solicitud de amparo

La parte actora manifestó que, entre el inicio del procedimiento de extinción de dominio agrario y su culminación se presentó un desfase temporal, pues, según su sentir, las Leyes 135 de 1961, 1º de 1968, 4° de 1973 y 160 de 1994, establecieron de manera armónica una serie de términos perentorios en los que la entidad encargada debía adelantar el respectivo trámite. A título de ejemplo, refirió que la ley 1° de 1968 señaló que las pruebas deben practicarse en un máximo de 120 días.

Precisó que dicha limitación temporal no obedece a un simple capricho del legislador, sino que es el resultado de un ejercicio de racionalidad y de razonabilidad, toda vez que, las pruebas deben practicarse con urgencia ya que el proceso de extinción de dominio tiene como razón de existencia una visita previa ordenada por la entidad. Una vez terminado el periodo probatorio, la administración tiene la obligación legal de dictar la resolución pertinente, la que, en todo caso,

proceso de extinción de dominio tiene como razón de existencia una visita previa ordenada por la entidad. Una vez terminado el periodo probatorio, la administración tiene la obligación legal de dictar la resolución pertinente, la que, en todo caso, conforme a las normas referenciadas no podrá exceder de un corto tiempo, lo cual se debe a que, independientemente de cuál haya sido el resultado de la diligencia de alindación de zonas o de la inspección ocular; mientras dure el procedimiento , se le está causando al propietario del predio un perjuicio irremediable.

Alegó la existencia de un defecto sustantivo al considerar que la autoridad judicial accionada realizó una indebida aplicación de la ley, pues en el fallo censurado se validó que los actos administrativos que declararon la extinción de dominio hubieren sido expedidos con sustento en la Ley 160 de 1994, mientras que, según su criterio, el procedimiento administrativo se debió haber regido por la Ley 200 de 1936, y su Decreto reglamentario 59 de 1938, así como por la Ley 135 de 1961.

Adujo que al momento en que se dio apertura a la actuación administrativa, era menester verificar si dentro de los diez años anteriores, esto es, entre 1957 y 1967 el particular no había explotado el referido bien. Ello, por cuanto a la luz del artículo 3º de Ley 4ª de 1973, la extinción del derecho de dominio procede cuando el propietario dejare de ejercer posesión durante tres años continuos contados a partir de la vigencia de dicha ley, disposición que fue reiterada en el artículo 52 de la Ley 160 de 1994.

Por lo anterior, manifestó que la modificación establecida en la Ley 4ª de 1973 sólo

de la vigencia de dicha ley, disposición que fue reiterada en el artículo 52 de la Ley 160 de 1994.

Por lo anterior, manifestó que la modificación establecida en la Ley 4ª de 1973 sólo aplicaría para las actuaciones administrativas que se iniciaran con posterioridad a su entrada en rigor sin que fuere posible que sus efectos se extendieran de manera retroactiva a los procesos iniciados con anterioridad a ésta, situación que de igual forma ocurre con relación a la Ley 160 de 1994.

Señaló que la sentencia acusada desconoció los pronunciamientos que sobre la materia ha realizado el Consejo de Estado, y que fueron puestos en conocimiento al interior de la acción de revisión formulada al momento de presentar los alegatos de conclusión y que se reseñan a continuación:Demandantes: José Andrés Hincapié Zapata y otro Demandado: Consejo de Estado Sección Tercera, Subsección B Radicado: 11001-03-15-000-2025-06658-00 6 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

• Sentencia del 23 de marzo de 2017, proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, Radicado No. 11001 -03-26-000-201000005-00 (38054).

• Sentencia de 30 de noviembre de 2017, proferida por el Consejo de Estado,

Sección Tercera, Subsección B, radicado No. 73001-23-31-000-2005-0056701(37612)

• Sentencia de 7 de noviembre de 2012, proferida por el Consejo de Estado,

Sección Tercera, Subsección B, radicado No. 73001-23-31-000-2005-0056701(37612)

• Sentencia de 7 de noviembre de 2012, proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, Radicado No. 05001 -23-31-000-200302308-01(37046)

• Sentencia de 3 de octubre de 2006, proferida por el Consejo de Estado,

Sección Tercera, radicado No. 44001-23-31-000-1996-00598-01(14936)

• Consejo de Estado, Sección Tercera, fallo de 22 de julio de 2009, radicación

No. 21138, C. P. Mauricio Fajardo Gómez.

• Consejo de Estado, Sección Tercera, fallo de 30 de mayo de 2002, radicación

No. 11572, C. P. Alier Hernández Enríquez.

Precisó que, en cada una de las providencias aludidas, y que fueron proferidas en el marco de procesos de extinción de dominio , se llegó a la conclusión de que se había desconocido el derecho al debido proceso del propietario por vencimiento de un plazo razonable , aduciendo que en su caso particular, el procedimiento administrativo se tardó mucho más que el tiempo referenciado en los fallos aludidos.

Aunado a lo anterior indicó que, pese a que lo señalado fue puesto en conocimiento al interior del proceso que ahora ocupa la atención de la Sala, dichos reparos no fueron resueltos por el juez de la causa, omitiendo cumplir con la carga de explicar por qué en el caso sub examine se decidió romper con el principio constitucional de la igualdad.

fueron resueltos por el juez de la causa, omitiendo cumplir con la carga de explicar por qué en el caso sub examine se decidió romper con el principio constitucional de la igualdad.

Conforme a lo analizado concluyó que, la sentencia acusada constituyó una violación a sus derechos fundamentales al debido proceso, a la seguridad jurídica y a la igualdad, además del desconocimiento de los principios de la administración de justicia que garantizan que la función del juez se encuentre estrictamente reglada, en aras de evitar la arbitrariedad.

1.5. Trámite de la acción de tutela

Mediante providencia del 31 de octubre de 202510, la Magistrada ponente de esta decisión avocó el conocimiento de la solicitud de amparo y ordenó notificar a los magistrados del Consejo de Estado, Sección Tercera , Subsección B 11, como accionados, y vinculó como terceros interesados en el resultado del proceso, a la

10 Índice 4 de Samai. 11 Notificación realizada a los correos electrónicos: despacho004s3@consejodeestado.gov.co lsanchez@consejodeestado.gov.co notiffibarra@consejodeestado.gov.co jgarciab@consejodeestado.gov.co notiftutelas3@consejodeestado.gov.coDemandantes: José Andrés Hincapié Zapata y otro Demandado: Consejo de Estado Sección Tercera, Subsección B Radicado: 11001-03-15-000-2025-06658-00 7 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2025-06658-00

7 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

Agencia Nacional de Tierras12 [parte demandada dentro del proceso ordinario], y a la Procuraduría Primera delegada ante el Consejo de Estado13 [Ministerio Público]

1.6. Intervenciones

1.6.1. Agencia Nacional de Tierras

Manifestó que, la acción de tutela formulada se torna improcedente, toda vez que los reparos realizados por los accionantes giran en torno a los presuntos yerros procedimentales o inconformidades planteadas con relación a las decisiones adoptadas al interior del proceso ordinario, lo cual escapa de la órbita de las funciones que le fueron conferidas a dicha entidad, por lo que es evidente que la misma carece de legitimación en la causa por pasiva dentro del presente asunto.

Por lo anterior solicitó que, se declare la improcedencia de la acción por no cumplir con el requisito de subsidiariedad y se nieguen las pretensiones de la misma.

1.6.2. Procuraduría Primera delegada ante el Consejo de Estado

Manifestó que el asunto debatido carece de relevancia constitucional, toda vez que los argumentos expuestos en el escrito de amparo permiten evidenciar que el presente mecanismo está siendo utilizado como una tercera instancia para reabrir un debate ya zanjado dentro del proceso con radicado 11001 -0326-000-201300052-00 (46904), específicamente en la sentencia del 3 de junio de 2025 proferida por el Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección B.

00052-00 (46904), específicamente en la sentencia del 3 de junio de 2025 proferida por el Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección B.

Adujo que en efecto, en el referido proceso dicha autoridad intervino mediante Concepto No. 137 del 8 de noviembre de 2022 en el que solicitó que se despacharan de manera desfavorable las pretensiones de la demanda, en tanto que, del acervo probatorio y los carg os de nulidad endilgados, la parte demandante no logró demostrar el desconocimiento de las normas alegado respecto de los actos administrativos demandados y que definieron el proceso de extinción de dominio del predio rural «El Retiro»

Aunado a lo anterior, manifestó que es deber del tutelante alegar con suficiencia y precisión los hechos en los cuales funda su pretensión constitucional, lo cual, en el caso particular no se cumple , ya que los accionantes se limitaron a reiterar los mismos argumentos legales presentados ante el juez natural de la causa, sin que la acción de tutela pued a convertirse en una tercera instancia, en menoscabo de la subsidiariedad que le es inherente.

1.6.1. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B

El magistrado ponente de la providencia cuestionada presentó informe en el que manifestó que la providencia del 3 de junio de 2025 y el expediente de la respectiva

12 Notificación realizada al correo: juridica.ant@ant.gov.co 13 Notificación realizada a: notidel1cedo@procuraduria.gov.co ngutierrez@procuraduria.gov.coDemandantes: José Andrés Hincapié Zapata y otro

Demandado: Consejo de Estado Sección Tercera, Subsección B

13 Notificación realizada a: notidel1cedo@procuraduria.gov.co ngutierrez@procuraduria.gov.coDemandantes: José Andrés Hincapié Zapata y otro Demandado: Consejo de Estado Sección Tercera, Subsección B Radicado: 11001-03-15-000-2025-06658-00 8 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

acción especial de revisión, contienen los argumentos y elementos necesarios para que se adopte la decisión que en derecho corresponda.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

Esta Sala es competente para asumir el conocimiento de la acción de tutela presentada por la parte actora de conformidad con lo dispuesto por los artículos 86 de la Constitución Política, 37 del Decreto Ley 2591 de 1991, los artículos 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.1 numeral 7° del Decreto 1069 de 2015, modificado por el artículo 1° del Decreto 333 de 2021. Lo anterior, por cuanto la acción constitucional se dirige contra el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B.

2.2. Cuestión previa

La Agencia Nacional de Tierras , solicitó su desvinculación del presente trámite constitucional, al considerar que, carece de legitimación en la causa para comparecer al presente asunto; sin embargo, la Sala no accederá a dicha petición comoquiera que su vinculación al proceso obedeció a que fungió como extremo pasivo de la litis al interior del proceso ordinario que se cuestiona.

2.3. Problema jurídico

comoquiera que su vinculación al proceso obedeció a que fungió como extremo pasivo de la litis al interior del proceso ordinario que se cuestiona.

2.3. Problema jurídico

Conforme lo establecido en los antecedentes, la s pretensiones invocadas por la parte accionante, el material probatorio recaudado y las intervenciones presentadas, corresponde a la sala resolver el siguiente problema jurídico:

• ¿Se superan los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela en contra de providencias judiciales?

En caso de ser positiva la anterior respuesta, se resolverá lo siguiente:

• ¿El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, vulneró los derechos fundamentales de los accionantes, con ocasión de la sentencia dictada el 3 de junio de 2025, al interior de la de la acción de revisión de los actos de extinción del dominio agrario adelantado contra la Agencia Nacional de Tierras y que se identificó con el radicado 11001 -0326-000-2013-00052-00

(46904)?

Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes temas: (i) el criterio de la Sección sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial; (ii) de los requisitos de procedibilidad adjetiva; (iii) generalidades del defecto alegado y, iv) el caso concreto.Demandantes: José Andrés Hincapié Zapata y otro Demandado: Consejo de Estado Sección Tercera, Subsección B Radicado: 11001-03-15-000-2025-06658-00 9 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2025-06658-00

9 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

2.4. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 2012 14 unificó la diversidad de criterios que esta corporación tenía sobre la acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema 15 y declaró su procedencia.16

Así pues, esta Sección de manera reiterada ha establecido como parámetros para realizar su estudio, que cumpla con los siguientes requisitos: i) que supere la relevancia constitucional; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) inmediatez; y iv) su bsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado. De modo que, de no observarse el cumplimiento de uno de estos presupues tos, se declara la improcedencia del amparo solicitado, sin que se analice el fondo del asunto.

Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la sala adentrarse en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida

de los derechos fundamentales q