CE - Sentencia 11001031500020250667200 de 2025

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B

Bogotá DC, quince (15) de diciembre de dos mil veinticinco (2025).

Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ Expediente: 11001-03-15-000-2025-06672-00

Demandante: PAOLA ANDREA CADAVID ACEVEDO

Demandado: ESCUELA JUDICIAL RODRIGO LARA BONILLA DEL

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

Asunto: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA AUTORIDAD.

CONTROVERSIA SOBRE LA RENUNCIA A TÉRMINOS DE

EJECUTORIA DE ACTOS EXPEDIDOS EN EL MARCO DE

LOS CONCURSOS DE MÉRITOS. SE NIEGA EL AMPARO

Síntesis del caso: la actora cuestionó la negativa de la accionada frente a la solicitud en la que ella y otros concursantes renunciaron expresamente a los términos de ejecutoria de la resolución mediante la cual fueron publicados los resultados del curso de formación judicial. La Sala negará el amparo invocado, tras advertir que los reparos expuestos no tienen vocación de prosperidad.

La Sala decide la acción de tutela presentada1 por la señora Paola Andrea Cadavid Acevedo en contra del Consejo Superior de la Judicatura para la protección de sus derechos fundamentales a la igualdad, trabajo, debido proceso y al mérito consagrados en los artículos 13, 25, 29 y 125 de la Constitución Política.

I. ANTECEDENTES

Los hechos de la demanda

derechos fundamentales a la igualdad, trabajo, debido proceso y al mérito consagrados en los artículos 13, 25, 29 y 125 de la Constitución Política.

I. ANTECEDENTES

Los hechos de la demanda

Como fundamento fáctico de la acción la demandante señaló, en síntesis, lo siguiente:

1. Se inscribió para el cargo de juez de familia en el marco de la convocatoria prevista en el Acuerdo PCSJA18-11077 del 16 de agosto del 2018, emitido por el Consejo Superior de la Judicatura para proveer de manera definitiva los cargos vacantes de jueces y magistrados.

1 Mediante escrito presentado el 23 de octubre de 2025.2

Expediente: 11001-03-15-000-2025-06672-00

Actor (a): Paola Andrea Cadavid Acevedo Acción de tutela

1. En desarrollo del concurso, la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla expidió la Resolución EJR25-246 del 8 de agosto de 2025, mediante la cual se consolidaron los resultados del curso de formación judicial, acto administrativo que tuvo múltiples destinatarios y fue notificado a los concursantes en el mes de agosto de 2025.

1. El 19 de agosto de 2025, veintitrés (23) de los participantes que aprobaron el curso de formación judicial, junto con los cinco (5) jueces homologados de la especialidad de familia, presentaron renuncia expresa a los recursos administrativos procedentes contra la Resolución EJR25-246 del 8 de agosto de 2025, con fundamento en el numeral 3 del artículo 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso

Administrativo (CPACA).

la Resolución EJR25-246 del 8 de agosto de 2025, con fundamento en el numeral 3 del artículo 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA).

1. La renuncia a los recursos se sustentó en que, en la especialidad de familia, el número de aspirantes aprobados era inferior al número de plazas ofertadas, razón por la cual los concursantes consideraron irrelevante su posición relativa en la lista de elegibles.

1. A su juicio, conforme con lo dispuesto en la norma aludida, la renuncia expresa a los recursos produjo la firmeza del acto administrativo por ministerio de la ley respecto de quienes renunciaron, a partir del 13 de septiembre de 2025.

1. El 27 de agosto de 2025, dos (2) participantes más de la especialidad de familia también presentaron sus renuncias a términos de manera individual, para un total de 30 renunciantes a términos.

1. No obstante, mediante Oficios EJO25-2895 de 2025, la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla respondió la petición presentada por una de las aspirantes a jueces de familia respecto del número de recursos presentados a lo cual contestó “que una vez verificadas las bases de datos del IX Curso de Formación Judicial Inicial se evidencia que ningún aspirante a juez de familia presentó recurso de reposición contra la Resolución EJR25246 del 8 de agosto de 2025”.

1. Asimismo, a través de los Oficios EJO25-2330 y EJO25-2345 del 3 de septiembre de 2025, la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla negó la solicitud de renuncia a los términos, en consideración a que si bien el artículo 87 de la Ley 1437 de 2011 dispone que los

2025, la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla negó la solicitud de renuncia a los términos, en consideración a que si bien el artículo 87 de la Ley 1437 de 2011 dispone que los actos administrativos adquieren firmeza desde el día siguiente al vencimiento de los3

Expediente: 11001-03-15-000-2025-06672-00

Actor (a): Paola Andrea Cadavid Acevedo Acción de tutela

términos para interponer recursos o por la renuncia expresa a los mismos, lo cierto es que dicha disposición debe interpretarse de manera sistemática y armónica con las normas especiales que regulan la Convocatoria no. 27, incluido el cronograma, por tanto, tal solicitud no era procedente en la especialidad de familia, debido a que desconocía el procedimiento establecido y los principios de igualdad, mérito y transparencia que rigen la convocatoria2.

1. La accionada mantuvo dicha decisión y no modificó el cronograma del concurso, al considerar que un avance diferenciado podía afectar el principio de igualdad y la seguridad jurídica de los demás participantes.

1. El 15 de septiembre de 2025, se formuló recurso de reposición en contra de los Oficios EJO25-2330 y EJO25-2345, los cuales fueron confirmados de manera negativa mediante Resolución EJR25-307 del 7 de octubre de 2025.

Fundamento de la vulneración

La actora sostuvo que la vulneración de sus derechos fundamentales se originó en la decisión de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla de no reconocer los efectos jurídicos de la renuncia expresa a los recursos interpuesta contra la Resolución EJR25-246 del 8 de agosto de 2025, con fundamento en la supuesta invariabilidad del cronograma del

decisión de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla de no reconocer los efectos jurídicos de la renuncia expresa a los recursos interpuesta contra la Resolución EJR25-246 del 8 de agosto de 2025, con fundamento en la supuesta invariabilidad del cronograma del concurso.

A su juicio, dicha decisión desconoció el artículo 87 del CPACA, norma de orden público que establece que los actos administrativos quedan en firme, entre otros eventos, desde

2 “La renuncia individual o colectiva a los términos de ejecutoria carece de efectos frente al procedimiento general, el cual involucra a una pluralidad de interesados. La administración no puede anticipar la ejecutoria de los actos, pues debe esperar el vencimiento del término respecto de todos los participantes, incluidos aquellos que eventualmente interpongan recursos dentro de la oportunidad prevista en el cronograma de la Convocatoria No. 27. Lo anterior obedece a que los Acuerdos PCSJA18-11077 de 2018 y PCSJA1911400 de 2019 no contemplan la posibilidad de escindir o modificar el cronograma del concurso. En consecuencia, es indispensable asegurar la igualdad de trato entre todos los aspirantes, lo que impide otorgar un trámite preferente a un grupo específico de participantes, máxime cuando dicha posibilidad no se encuentra prevista en el cronograma establecido para el IX Curso de Formación Judicial Inicial. Por lo tanto, la solicitud presentada no resulta procedente, en tanto pretende que “De la manera más atenta y respetuosa, los abajo firmantes, discentes del IX Curso de Formación Judicial Inicial, de la especialidad de familia, informamos nuestro deseo de renunciar a la exhibición de las evaluaciones de las subfase

y respetuosa, los abajo firmantes, discentes del IX Curso de Formación Judicial Inicial, de la especialidad de familia, informamos nuestro deseo de renunciar a la exhibición de las evaluaciones de las subfase general y especializada al igual que a los términos de ejecutoria del acto administrativo No. EJR25-246 de fecha 8 de agosto de 2025”. Tal requerimiento desconoce el procedimiento establecido y los principios de igualdad, mérito y transparencia que rigen la convocatoria”.4

Expediente: 11001-03-15-000-2025-06672-00

Actor (a): Paola Andrea Cadavid Acevedo Acción de tutela

el día siguiente a la renuncia expresa a los recursos, efecto que opera por ministerio de la ley y no depende de aceptación o validación por parte de la administración.

Desde esta perspectiva, afirmó que la renuncia a los recursos constituye una potestad legal del administrado, orientada a otorgar certeza y celeridad a las actuaciones administrativas.

En consecuencia, consideró que la decisión cuestionada neutralizó los efectos jurídicos de su manifestación de voluntad y subordinó una norma legal de carácter sustancial a un instrumento procedimental como el cronograma del concurso, con lo cual se habría desconocido el principio de legalidad.

Desde esta óptica, afirmó que la administración no podía imponer un plazo común de espera para todos los concursantes, pues ello desconocía que los renunciantes y quienes optaron por interponer recursos se encontraban en situaciones jurídicas distintas, pues, en su caso, había avanzado a la fase siguiente del concurso desde el 13 de septiembre de 2025, de manera que no es jurídicamente razonable que tenga que esperar hasta el

optaron por interponer recursos se encontraban en situaciones jurídicas distintas, pues, en su caso, había avanzado a la fase siguiente del concurso desde el 13 de septiembre de 2025, de manera que no es jurídicamente razonable que tenga que esperar hasta el 22 de diciembre de 2025 , fecha en la que se publica el listado de discentes con las notas definitivas del IX Curso de Formación Judicial Inicial a la Unidad de Administración de Carrera Judicial.

Finalmente, la actora sostuvo que la negativa de la Escuela Judicial se fundó en una aplicación equivocada del principio de igualdad y de las reglas del concurso, al equiparar situaciones que no eran homogéneas.

Los concursantes de la especialidad de familia se encontraban en una situación diferenciada, dado que la lista de elegibles se conforma por especialidades; el número de aprobados en dicha especialidad era inferior al de plazas ofertadas y la totalidad de los participantes renunció a los recursos al considerar irrelevante su posición relativa en la lista, lo cual situaba a dicho grupo en una posición jurídica distinta frente a otras especialidades.

Finalmente, alegó que imponer un mismo plazo de espera para todas las especialidades no protegió la igualdad, sino que la vulneró, al dar un trato idéntico a situaciones desiguales y vaciar de contenido el derecho ejercido mediante la renuncia a los recursos.5

Expediente: 11001-03-15-000-2025-06672-00

Actor (a): Paola Andrea Cadavid Acevedo Acción de tutela

Pretensiones

Con fundamento en lo anterior la parte demandante solicitó que se acceda a las siguientes súplicas:

Actor (a): Paola Andrea Cadavid Acevedo Acción de tutela

Pretensiones

Con fundamento en lo anterior la parte demandante solicitó que se acceda a las siguientes súplicas:

“1. AL DEBIDO PROCESO, A LA IGUALDAD, AL TRABAJO Y AL ACCESO A CARGOS PÚBLICOS POR CONCURSO DE MÉRITOS previstos en la Constitución Nacional en su Preámbulo y en los artículos 13, 29, 25, 40, 83, 86, 228 y 230, en razón a que han sido VULNERADOS por parte de la ESCUELA JUDICIAL RODRIGO LARA BONILLA al impedir el avance del concurso para la especialidad de familia, dado que si la Resolución No. EJR25-246 cobró firmeza para todos los aprobados al cargo de juez de familia, no existe razón ponderada para que nos aplacen y/o nos obliguen a esperar al 22 de diciembre de 2025 (según el cronograma dispuesto por la escuela)8, cuando la misma regla del concurso indica que el cronograma está "sujeto a las modificaciones que se originen en desarrollo del proceso".

2. En consecuencia, solicito SE ORDENE a la ESCUELA JUDICIAL RODRIGO LARA BONILLA que acepte la renuncia a los términos de ejecutoria presentada por los 30 participantes aprobados a la especialidad familia.

3. De accederse a las peticiones anteriores, en virtud de los principios de celeridad, economía y eficacia de las actuaciones administrativas consagradas en los numerales 11, 12 y 13 del artículo 3° del C.P.A.C.A. se ORDENE a la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla ESCINDIR O GENERAR un cronograma

celeridad, economía y eficacia de las actuaciones administrativas consagradas en los numerales 11, 12 y 13 del artículo 3° del C.P.A.C.A. se ORDENE a la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla ESCINDIR O GENERAR un cronograma individual para la especialidad jueces de familia, de manera que este se lleve a cabo en plazos razonables, atendiendo a las particularidades de dicha especialidad, buscando con ello proteger el mérito y dar prevalencia del derecho sustancial sobre el formal, de la misma manera, como se han generado cronogramas individuales para discentes que no han acreditado el derecho de continuar en las siguientes etapas del concurso.

4. Corolario de lo anterior se ORDENE a la accionada proceder al ENVÍO DEL LISTADO de los discentes de la especialidad Jueces de Familia a la Unidad de

Administración de Carrera Judicial, para que se continúe con el trámite correspondiente, esto es, la FASE CLASIFICATORIA, en cumplimiento de los principios de celeridad, economía y eficacia antes mencionados y en aplicación prevalente del artículo 87 del CPACA el cual debe primar ante la regla del concurso, esto es, el cronograma”. (Fl. 4 de la demanda - archivo disponible en medio magnético en el aplicativo SAMAI).

Actuación procesal

Mediante auto del 27 de octubre de 2025 se admitió la acción de tutela y se ordenó la notificación al director de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla y, como terceros con interés, se vinculó al director ejecutivo de Administración Judicial, al presidente Consejo Superior de la Judicatura y a los señores Diego Hernando Raúl Nieves Álvarez, Cristian Jesús Torres Bustamante, Mario Alberto Delgado Peña, Juan Camilo Sierra Vásquez,

interés, se vinculó al director ejecutivo de Administración Judicial, al presidente Consejo Superior de la Judicatura y a los señores Diego Hernando Raúl Nieves Álvarez, Cristian Jesús Torres Bustamante, Mario Alberto Delgado Peña, Juan Camilo Sierra Vásquez, Carlos Arturo Mancipe Villamarín, José Alexander Gelves Espitia, Patricia del Carmen López Canchilla, Andrés Felipe Lenis Carvajal, Luis Alfonso Torres Erazo, Karen Lorena6

Expediente: 11001-03-15-000-2025-06672-00

Actor (a): Paola Andrea Cadavid Acevedo Acción de tutela

Rodríguez Torres, Marion de Jesús Gaviria Díaz, Judy Rossini Trujillo Navarro, José Gabriel Zuleta de la Espriella, Víctor Alfonso García Sabogal, Oscar Iván Marín Cano, Pedro Enrique Ortíz Lopez, Lorena Rebeca Lepesqueur Martínez, Cesar Andrés Tirado Pertuz, Valentina Hernández Tabares, Daniel Felipe Díaz Guevara, Carlos Mario Malaver Sandoval, Andrés Rolando Ramírez Guacaneme, Ninfa María Guzmán Moscote, Rocío Castillo Mariño, Miguel Antonio Gloria Pallares, Julián Felipe Gómez Tabares, Ana María Botero Piñeros, James Henry Orjuela Mogollón, Carlos Humberto Vergara Agudelo, Liliana Yetzira Hernández Granados, con el fin de que allegaran un informe sobre los hechos que motivaron el ejercicio de la acción (índice 04 de Samai).

Intervenciones de las autoridades demandadas

La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial indicó que, según los numerales 17 y 22 del artículo 85 y el artículo 175 de la Ley 270 de 1996, la competencia para administrar

Intervenciones de las autoridades demandadas

La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial indicó que, según los numerales 17 y 22 del artículo 85 y el artículo 175 de la Ley 270 de 1996, la competencia para administrar y reglamentar la carrera judicial corresponde exclusivamente a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, pues, el numeral 1 del artículo 101 de la misma ley asigna a las salas administrativas de las direcciones seccionales la administración de la carrera judicial en cada distrito, siempre bajo las directrices del Consejo Superior de la Judicatura.

Agregó que el artículo 98 la define como un órgano técnico y administrativo encargado de ejecutar actividades administrativas de la Rama Judicial, subordinado a las políticas y decisiones de la Sala Administrativa.

Con fundamento en lo anterior, no es la autoridad competente para administrar la carrera judicial ni para pronunciarse sobre las situaciones vinculadas con su reglamentación. Esa competencia recae en la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Administración de la Carrera Judicial–, única legitimada para responder por las presuntas vulneraciones alegadas, en consecuencia, solicitó su desvinculación del trámite constitucional.

La Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla (índice 10 de Sami) sustentó la contestación en que uno de los discentes no renunció a los términos de ejecutoria ni interpuso recurso de reposición contra la Resolución EJR24-246 del 8 de agosto de 2025; además, en lo que se refiere a la actora su petición fue respondida oportunamente.7

Expediente: 11001-03-15-000-2025-06672-00

Actor (a): Paola Andrea Cadavid Acevedo Acción de tutela

se refiere a la actora su petición fue respondida oportunamente.7

Expediente: 11001-03-15-000-2025-06672-00

Actor (a): Paola Andrea Cadavid Acevedo Acción de tutela

No ha vulnerado derecho alguno, pues la decisión de avanzar a la fase clasificatoria únicamente cuando se encuentren ejecutoriados todos los actos de las distintas especialidades garantiza la unidad del proceso, la igualdad entre aspirantes y la seguridad jurídica, evitando decisiones parciales o fragmentadas.

El cronograma oficial del IX Curso de Formación Judicial Inicial, aceptado por todos los aspirantes, prevé etapas comunes que deben cumplirse de manera coordinada.

Por ello, la fecha límite del 22 de diciembre de 2025 no constituye una dilación injustificada, sino el cumplimiento estricto de las reglas del concurso a la que se sometieron todos los discentes y que no han sido cuestionadas; la remisión del listado definitivo de notas en esa misma fecha corresponde a la programación establecida para la Unidad de Administración de la Carrera Judicial, cronograma que constituye la hoja de ruta del proceso y que no ha sido anulado ni cuestionado.

El Acuerdo PCSJA19-11400 de 2019 y el Documento Maestro del curso son las normas vinculantes del concurso, las cuales no autorizan dividir la lista de elegibles, modificar el cronograma ni alterar los términos de ejecutoria, de modo que acceder a lo solicitado implicaría desconocer estas reglas y afectar los derechos de los demás participantes.

Tratándose de un concurso con pluralidad de interesados, eventuales renuncias individuales a los términos de ejecutoria carecen de efectos respecto del procedimiento

implicaría desconocer estas reglas y afectar los derechos de los demás participantes.

Tratándose de un concurso con pluralidad de interesados, eventuales renuncias individuales a los términos de ejecutoria carecen de efectos respecto del procedimiento general, el cual debe regirse por los principios de igualdad, debido proceso y seguridad jurídica, sin que los Acuerdos PCSJA18-11077 de 2018 y PCSJA19-11400 de 2019 tampoco permitan escindir etapas ni establecer cronogramas diferenciados.

En consecuencia, la solicitud de priorizar a un grupo reducido de discentes o crear un cronograma distinto resulta improcedente, ya que el concurso de méritos exige consolidar una única lista organizada por orden estricto de mérito, en atención al artículo 125 de la Constitución Política.

La actora (índice 15 de Sami) informó que desconoce la dirección física o electrónica del señor Pedro Enrique Ortiz López y que, si bien conoce, por los actos administrativos notificados, que es discente que aprobó el concurso, no tiene sus datos de contacto, por lo que debía requerirse a la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla para que suministrara esa información.8

Expediente: 11001-03-15-000-2025-06672-00

Actor (a): Paola Andrea Cadavid Acevedo Acción de tutela

La directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla informó la dirección de correo electrónica del señor Ortiz López (índice 16 de Samai), por tanto, la Secretaría General procedió a su notificación (índice 17 de Samai).

La Unidad de Administración de Carrera Judicial (CAJURD) (índice 26 de Samai) solicitó

procedió a su notificación (índice 17 de Samai).

La Unidad de Administración de Carrera Judicial (CAJURD) (índice 26 de Samai) solicitó ser desvinculada del presente trámite, porque la controversia radica en la competencia de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla en el marco de los acuerdos CSJA18-11077 de 2018 y PCSJA19-11400 de 2019, de ahí que carece de legitimación en la causa por pasiva.

II. LAS CONSIDERACIONES DE LA SALA

Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de nulidad que invalide lo actuado la Sala procede a resolver el asunto sometido a consideración con el siguiente derrotero: 1) finalidad de la acción de tutela, 2) las solicitudes de desvinculación y 3) el caso concreto.

Finalidad de la acción de tutela

Según el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991, disposiciones que regulan la acción de tutela, tal mecanismo se ejerce mediante un procedimiento preferente y sumario cuyo objeto es proteger de manera inmediata y eficaz los derechos constitucionales fundamentales amenazados o vulnerados por una acción u omisión de una autoridad pública o de un particular.

Sin embargo, este mecanismo no puede ser utilizado válidamente para pretender sustituir los mecanismos de defensa idóneos previstos por el legislador y tampoco para desplazar o variar los procedimientos de reclamo judicial preestablecidos o para revivir términos precluidos o acciones caducadas.

Las solicitudes de desvinculación

La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y la Unidad de Administración de

o variar los procedimientos de reclamo judicial preestablecidos o para revivir términos precluidos o acciones caducadas.

Las solicitudes de desvinculación

La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y la Unidad de Administración de Carrera Judicial solicitaron su desvinculación del presente trámite, por considerar que9

Expediente: 11001-03-15-000-2025-06672-00

Actor (a): Paola Andrea Cadavid Acevedo Acción de tutela

carecen de legitimación en la causa por pasiva, toda vez que no son las autoridades cuya vulneración se predica.

No obstante, la solicitud será denegada, por cuanto su vinculación se dispuso en calidad de terceros con interés, con el fin de garantizar el ejercicio de su derecho de defensa y contradicción.

El caso concreto

En el asunto que ocupa la atención de la Sala se demanda por esta vía constitucional a la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla con el fin de que se proteja n los derechos constitucionales fundamentales del debido proceso, igualdad, trabajo y mérito presuntamente vulnerados por desconocer los supuestos efectos legales de la renuncia expresa a los términos para interponer los recursos interpuesta frente a la Resolución EJR24-246 del 8 de agosto de 2025.

Análisis de los requisitos generales de procedencia

En este caso, la Sala precisa que se cumplen los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela por las siguientes consideraciones:

La accionante identificó de manera clara y suficiente los hechos que dieron lugar a la presunta vulneración y los derechos que estimó transgredidos, por cuanto la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla mediante los Oficios EJO25-2330 y EJO25-2345 del 3 de

presunta vulneración y los derechos que estimó transgredidos, por cuanto la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla mediante los Oficios EJO25-2330 y EJO25-2345 del 3 de septiembre de 2025 le negó la renuncia expresa a los recursos administrativos interpuesta contra la Resolución EJR25-246 del 8 de agosto de 2025, decisión que, a su juicio, desconoció el artículo 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y vulneró sus derechos fundamentales del debido proceso, igualdad, trabajo y acceso a cargos públicos por mérito.

En relación con la legitimación en la causa por activa y por pasiva, se advierte que se encuentran satisfechas, en la medida en que la señora Paola Andrea Cadavid Acevedo presentó la acción en nombre propio para la protección de sus derechos fundamentales antes mencionados y la demanda se dirigió contra la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, autoridad que profirió los oficios cuyas decisiones fueron cuestionadas en esta sede constitucional.10

Expediente: 11001-03-15-000-2025-06672-00

Actor (a): Paola Andrea Cadavid Acevedo Acción de tutela

Se cumplió con el requisito de la inmediatez, puesto que la acción de tutela fue interpuesta dentro de un término razonable contado a partir de la expedición de los aludidos, lo cual evidencia que la acción se promovió en un plazo estrictamente razonable y sin dilación.

Finalmente, en relación con el requisito de subsidiariedad, la Sala lo encuentra superado, en la medida en que no existen otros medios judiciales de defensa disponibles e idóneos para cuestionar tales oficios, dado que tales actuaciones corresponden a actos de trámite,

Finalmente, en relación con el requisito de subsidiariedad, la Sala lo encuentra superado, en la medida en que no existen otros medios judiciales de defensa disponibles e idóneos para cuestionar tales oficios, dado que tales actuaciones corresponden a actos de trámite, proferidos en desarrollo del procedimiento concursal, que no pusieron fin a la actuación administrativa y, por ende, no eran susceptibles de control jurisdiccional ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo3.

Al respecto, la Sala recuerda que la Corte Constitucional ha reconocido que la acción de tutela contra actos proferidos en el marco de concursos de mérito procede contra todas aquellas decisiones distintas al registro de elegibles y a los actos que ponen fin a una actuación administrativa dado su carácter eliminatorio o definitivo para un concursante, en la medida en que tales decisiones no pueden ser objeto de discusión judicial por las vías ordinarias.

En los términos en que ha sido propuesta la controversia la Sala negará el amparo por las siguientes razones:

1. La actora alegó, de manera puntual, que la vulneración de los derechos fundamentales invocados se derivó de la decisión de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla de negar, mediante los Oficios EJO25-2330 y EJO25-2345 del 3 de septiembre de 2025, la renuncia expresa a los términos para interponer los recursos administrativos contra la Resolución EJR25-246 del 8 de agosto de 2025, con el argumento de la invariabilidad del cronograma del concurso de méritos.

1. A su juicio, se desconoció el artículo 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en cuanto establece que los actos administrativos

del concurso de méritos.

1. A su juicio, se desconoció el artículo 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en cuanto establece que los actos administrativos quedan en firme, entre otros eventos, desde el día siguiente a la renuncia expresa a los

3 Corte Constitucional, sentencia SU-067 del 24 de febrero de 2022, MP Paola Andrea Meneses Mosquera.11

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Actor (a): Paola Andrea Cadavid Acevedo Acción de tutela

recursos, efecto que opera por ministerio de la ley y no depende de aceptación o validación por parte de la Administración.

1. Sobre el particular, conviene precisar que el acceso a cargos de carrera judicial se materializa mediante procedimientos administrativos especiales, reglados y de ejecución sucesiva, orientados a garantizar el cumplimiento del mandato previsto en el artículo 125 de la Constitución Política, marco en el cual las reglas fijadas en la convocatoria constituyen el referente normativo obligatorio del proceso de selección y vinculan tanto a la Administración como a los participantes, quienes se someten a ellas desde su inscripción.

1. La Resolución EJR25-246 del 8 de agosto de 2025 fue expedida en una fase intermedia del concurso, cuyo objeto fue consolidar los resultados parciales dentro de un procedimiento unitario, de modo que no definió de manera autónoma la situación jurídica de los aspirantes ni culminó el proceso de selección, el cual solo se perfecciona con la finalización de todas sus etapas y con la conformación de las listas de elegibles, razón por la cual, mientras no se expidan los actos que ponen fin al concurso, no es posi ble

finalización de todas sus etapas y con la conformación de las listas de elegibles, razón por la cual, mientras no se expidan los actos que ponen fin al concurso, no es posi ble predicar la consolidación de situaciones jurídicas individuales derivadas de tales actuaciones.

1. En ese contexto, si bien la norma en mención prevé que los actos administrativos quedan en firme, entre otros eventos, por la renuncia expresa a los recursos, dicha disposición no podía aplicarse de manera aislada a procedimientos especiales que cuentan con normas puntuales que disponen un cronograma que regirá el concurso en su totalidad, pues, en estos eventos la firmeza de los actos administrativos debía analizarse de forma armónica con las normas especiales que regulan el proceso de selección y con los principios que lo gobiernan, en particular, la igualdad, el mérito y la seguridad jurídica.

1. Desde esa perspectiva, la renuncia a los recursos administrativos no confirió, por sí sola, como erróneamente parece entenderlo la actora, un derecho a la modificación del cronograma ni a la anticipación de etapas del concurso, en tanto una interpretación en tal sentido habría permitido que d