CE - Sentencia 11001031500020250667600 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO

Bogotá, D.C., once (11) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

Radicado: Accionante:

Accionados:

Acción: Tema:

Decisión: 11001 03 15 000 2025 06676 00

René Alexander Aguilar Beltrán Tribunal Administrativo del Quindío, Sala Primera de Decisión y otros1 Acción de tutela La acción de tutela es improcedente cuando la parte actora no agotó los recursos ordinarios que tenía a su alcance Declara improcedente la acción de tutela por incumplir el requisito de subsidiariedad

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela promovida por el señor René Alexander Aguilar Beltrán en contra el Tribunal Administrativo del Quindío - Sala Primera de Decisión, el Juzgado Quinto Administrativo de Armenia y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) con la finalidad de que se le amparen los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, l os cuales estima vulnerados: (i) con las providencias de 18 de marzo y 3 de abril de 2025, proferidas por las autoridades judiciales accionadas dentro de la acción de tutela con radicación núm. 63001 3333 005

las providencias de 18 de marzo y 3 de abril de 2025, proferidas por las autoridades judiciales accionadas dentro de la acción de tutela con radicación núm. 63001 3333 005 2025 00033 00/01 y (ii) por la omisión de vincularlo a dicho proceso.

1. SÍNTESIS DEL CASO

El señor René Alexander Aguilar Beltrán promovió acción de tutela y para ello formuló las siguientes pretensiones2:

1. AMPARAR mi derecho fundamental al debido proceso y al acceso a la administración de justicia.

2. En consecuencia, DEJAR SIN EFECTO las actuaciones ejecutadas por el JUZGADO QUINTO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE ARMENIA y las tomadas por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL QUINDÍO dentro del Radicado: 63001-3333-005-2025-00033-00.

3. ORDENAR a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales que, se abstenga de separar del cargo a los funcionarios nombrados en provisionalidad o encargo que ocupamos el cargo de Analista I, Código 201, Grado 1, hasta tanto

1 Juzgado Quinto Administrativo de Armenia y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 2 Aparte del escrito de tutela. Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 0315 000 2025 06676 00.Radicado: 11001 03 15 000 2025 06676 00

Accionante: René Alexander Aguilar Beltrán Accionado: Tribunal Administrativo del Quindío y otros

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no se brinden todas las garantías legales y constitucionales . (Negrillas originales del escrito de tutela).

2. SITUACIÓN FÁCTICA

El accionante manifestó que participó en el proceso de selección DIAN 2022 para proveer el cargo de Analista I, código 201, grado 1, identificado con la OPEC 198415.

Señaló que no obtuvo una de las nueve plazas ofertadas, pues ocupó el puesto 48 en la lista de elegibles, por lo que no fue nombrado al quedar por fuera de la posición meritoria.

Indicó que el 15 de octubre de 2025 recibió un correo electrónico de la Subdirección de Gestión de Empleo Público de la DIAN, mediante el cual se le informó que la entidad debe aplicar la lista de elegibles fijada en la Resolución 7408 del 12 de marzo de 2 024 para suplir vacantes del cargo Analista I, código 201, grado 1. Expuso que ello implica que se realizarán nuevos nombramientos en cargos actualmente ocupados en provisionalidad o encargo.

Refirió que, según dicho correo, la actuación de la DIAN obedece a lo dispuesto por el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Armenia en el trámite de la acción de tutela radicada 63001 3333 005 2025 00033 00.

Sostuvo que, aunque la acción de tutela que originó la decisión hacía énfasis en las

Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Armenia en el trámite de la acción de tutela radicada 63001 3333 005 2025 00033 00.

Sostuvo que, aunque la acción de tutela que originó la decisión hacía énfasis en las vacancias definitivas, el despacho judicial omitió ordenar la vinculación de los servidores que ocupaban los cargos en provisionalidad o encargo.

Añadió que en el fallo del 18 de marzo de 2025 solo se presentaron argumentos de oposición por parte de la DIAN y la CNSC, lo cual demuestra según afirmó que no hubo pronunciamiento de quienes se encontraban en encargo o provisionalidad.

Manifestó que la decisión del Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Armenia vulneró su derecho fundamental a la defensa y al acceso a la administración de justicia al no haber ordenado su vinculación en calidad de interesada en el proceso.

Adujo que ni el juzgado ni la DIAN pueden acreditar que se hubieran realizado los actos de notificación dirigidos a los servidores posesionados en provisionalidad o encargo, pese a que contaban con la posibilidad de hacerlo, como sí ocurrió con la información sobre la eventual desvinculación laboral que enfrenta.

El accionante sostiene que tiene interés directo y legítimo en la tutela previamente decidida, pero nunca pudo pronunciarse en ninguna instancia por falta de notificación del Juzgado y del Tribunal. Afirma que, conforme a la Sentencia SU -627 de 2015, la tu tela procede de manera excepcional contra sentencias de tutela cuando existe fraude y se configura la cosa juzgada fraudulenta, situación que a su juicio se presenta en su caso, pues las decisiones vulneraron su derecho de defensa y contradicción.

procede de manera excepcional contra sentencias de tutela cuando existe fraude y se configura la cosa juzgada fraudulenta, situación que a su juicio se presenta en su caso, pues las decisiones vulneraron su derecho de defensa y contradicción.

Expone que se cumplen los requisitos generales de procedencia de la tutela contra providencias judiciales: (i) legitimación por activa, porque es titular de los derechos afectados; (ii) legitimación por pasiva, al dirigirse contra los jueces que profiriero n las decisiones cuestionadas; (iii) relevancia constitucional, ya que el asunto involucra aspectos del debido proceso y no pretende reabrir debates legales; (iv) subsidiariedad, porque no cuenta con otro recurso para controvertir la tutela que lo afectó; (v) inmediatez,Radicado: 11001 03 15 000 2025 06676 00

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pues acude dentro de un término razonable; (vi) afectación real a su derecho de contradicción por irregularidades procesales; y (vii) claridad en los hechos y los derechos vulnerados.

Señaló que, aunque por regla general no procede la tutela contra fallos de tutela, la Corte ha admitido un estudio excepcional cuando hay fraude o cuando la acción se dirige contra actuaciones procesales distintas a la sentencia, especialmente si consisten en om itir la vinculación o notificación de terceros afectados. Sostiene que su caso encaja en esa

ha admitido un estudio excepcional cuando hay fraude o cuando la acción se dirige contra actuaciones procesales distintas a la sentencia, especialmente si consisten en om itir la vinculación o notificación de terceros afectados. Sostiene que su caso encaja en esa hipótesis, pues la omisión ocurrió antes del fallo y lo privó de intervenir.

Alegó que el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Armenia, mediante auto del 11 de marzo de 2025, avocó conocimiento de la tutela promovida por Daniel García Martínez contra la DIAN y vinculó a la CNSC y a la entidad, pero excluyó injustificadamente a l os funcionarios que ocupaban el empleo en provisionalidad o encargo. Afirma que ni ese despacho ni el Tribunal Administrativo del Quindío acreditaron haber realizado actos de notificación dirigidos a quienes tenían interés legítimo, pese a que sus decisiones inciden directamente en su permanencia laboral.

Sostuvo que esta omisión impidió que los servidores provisionales o encargados conocieran el proceso, ejercieran su defensa y expusieran sus argumentos, vulnerando de forma directa los derechos a la contradicción y al debido proceso. Considera que esto constituye un defecto procedimental absoluto, pues afectó de manera sustancial el trámite y las garantías de las personas con interés legítimo.

Argumentó que la intervención del juez constitucional es indispensable para amparar su derecho de defensa y acceso a la justicia, dejando sin efecto las actuaciones del Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Armenia y del Tribunal Administrativo del Quindío. Afirma que la subsidiariedad se satisface porque su exclusión del trámite del amparo 2025-00033 le impidió participar, controvertir los hechos y oponerse a las pretensiones,

Afirma que la subsidiariedad se satisface porque su exclusión del trámite del amparo 2025-00033 le impidió participar, controvertir los hechos y oponerse a las pretensiones, y no cuenta con ningún mecanismo judicial eficaz para reclamar la protección de s us derechos.

Finalmente, señaló que el incidente de nulidad no resulta procedente en su caso, ya que nunca fue parte del proceso ni tuvo conocimiento de la tutela previa, por lo que no podía promoverlo. Sostiene que imponerle esa carga desconoce el principio de efectividad y el principio pro homine. Por ello, afirma que esta tutela es la única vía idónea para restablecer sus derechos al debido proceso, a la defensa y al acceso real y efectivo a la justicia.

3. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA

Las actuaciones más relevantes fueron las siguientes:

3.1. La tutela fue radicada el 24 de octubre de 20253 a través de la ventanilla virtual de esta Corporación y correspondió por reparto a esta Sección que, por auto del 5 de noviembre de 20254 la admitió, negó la medida provisional solicitada y dispuso notificar5

3 Visto en el índice 1 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 0315 000 2025 06676 00. 4 Visto en el índice 4 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 0315 000 2025 06676 00. 5 Esta orden se cumplió el 11 de noviembre de 2025.Visto en los índices 7, 8 y 9 de la Sede Electrónica

0315 000 2025 06676 00. 5 Esta orden se cumplió el 11 de noviembre de 2025.Visto en los índices 7, 8 y 9 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 0315 000 2025 06676 00.Radicado: 11001 03 15 000 2025 06676 00

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al Tribunal Administrativo del Quindío - Sala Primera de Decisión, el Juzgado Quinto Administrativo de Armenia y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales , como partes accionadas; así como vincular 6 Daniel García Martínez, a la Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC) y a las personas que se encuentran nombradas en provisionalidad y en encargo en el empleo “ANALISTA I, Código 201, Grado 1” en la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales y a las personas que integran la lista de elegibles conformada a través de la Resolución núm. 7408 de 12 de marzo de 2024 , como terceros interesados en el resultado del proceso.

De igual forma, se requirió a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) para que indique las personas que se encuentran nombradas en provisionalidad y en encargo en el empleo “ANALISTA I, Código 201, Grado 1” en dicha entidad y la dirección de notificación de cada una de estas, el cual fue remitido7, también se solicitó al Juzgado

encargo en el empleo “ANALISTA I, Código 201, Grado 1” en dicha entidad y la dirección de notificación de cada una de estas, el cual fue remitido7, también se solicitó al Juzgado Quinto Administrativo de Armenia que remita en el término de la distancia y con destino al proceso de la referencia, copia física o digital del expediente núm. 63001 33 33 005 2025 00033 00/01, el cual fue remitido8.

3.2. El apoderado de la Comisión Nacional del Servicio Civil rindió informe 9 en el cual señaló que existe falta de legitimación en la causa por pasiva, por cuanto carece de competencia para adelantar cualquier actuación administrativa relacionada con el acto de vinculación o desvinculación de servidores nombrados en provisionalidad, facultad que corresponde ex clusivamente al nominador, en este caso la DIAN. Indicó que las pretensiones formuladas se dirigen a dejar sin efectos las decisiones adoptadas por el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Armenia y el Tribunal Administrativo del Quindío son provid encias que únicamente pueden ser cuestionadas mediante los mecanismos procesales previstos en la ley y frente a las cuales esta entidad no tiene injerencia alguna.

Añadió que las actuaciones ejecutadas por la CNSC se encuentran ajustadas a derecho y que los mecanismos dispuestos para controvertir las actuaciones dentro del proceso de selección son claros, accesibles y ajustados a la normativa vigente, lo que garantiza que los participantes ejerzan adecuadamente su defensa y obtengan respuesta oportuna a sus solicitudes. En consecuencia, sostuvo que no existe vulneración de derechos fundamentales atribuible a esta Comisión y solicitó declarar la falta de legitimación p or pasiva y negar las pretensiones de la acción de tutela.

sus solicitudes. En consecuencia, sostuvo que no existe vulneración de derechos fundamentales atribuible a esta Comisión y solicitó declarar la falta de legitimación p or pasiva y negar las pretensiones de la acción de tutela.

3.3. El apoderado de la DIAN allegó escrito 10 en el que solicitó su desvinculación del trámite, al considerar que existe falta de legitimación por pasiva. Explicó que, en la tutela previa, la autoridad accionada no tenía competencia para vincular ni notificar a terceros con interés legítimo y que, conforme al a rtículo 16 del Decreto 2591 de 1991, dicha obligación recae exclusivamente en el juez constitucional. Añadió que su intervención en ese proceso se limitó a la de sujeto pasivo y que no es responsable de la omisión alegada por el accionante, por lo que no puede at ribuírsele vulneración alguna de derechos fundamentales. Sostuvo que no existe acción u omisión imputable que configure

6 Ibidem. 7 Visto en el índice 18 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 0315 000 2025 06676 00. 8 Visto en el índice 12 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 0315 000 2025 06676 00. 9 Visto en el índice 13 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 0315 000 2025 06676 00. 10 Visto en el índice 15 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001

0315 000 2025 06676 00. 10 Visto en el índice 15 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 0315 000 2025 06676 00.Radicado: 11001 03 15 000 2025 06676 00

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afectación a las garantías invocadas, de modo que la tutela resulta improcedente frente a esa entidad por ausencia de vulneración y por falta de legitimación por pasiva. En consecuencia, solicitó que se declare la improcedencia de la acción respecto de la entidad y en subsidio, se deniegue el amparo solicitado.

3.4. La Dian atendió al requerimiento efectuado11 y remitió la información correspondiente a los servidores que, con corte al 30 de agosto de 2025, se encontraban nombrados en provisionalidad o en encargo en el empleo “Analista I, Código 201, Grado 1”, identificado con la OPEC 198415. Precisó que, según l a ficha PC -GJ-2014 perfil asociado a dicha convocatoria, las personas vinculadas en esa condición eran las siguientes:

– Yeniffer Katherin Arévalo Bobadilla, cédula 1.014.217.330, correo yarevalob@dian.gov.co, quien ocupa una vacante definitiva en provisionalidad.

– Edier Iván Bedoya García, cédula 111.051.921, correo ebedoyag@dian.gov.co,

yarevalob@dian.gov.co, quien ocupa una vacante definitiva en provisionalidad.

– Edier Iván Bedoya García, cédula 111.051.921, correo ebedoyag@dian.gov.co, reportado en SIMO para uso de lista de elegibles del Proceso de Selección 2497 de 2022.

– Andrés Felipe Esquivel Sánchez, cédula 1.075.285.067, correo aesquivels@dian.gov.co, en vacante definitiva ocupada en provisionalidad.

– Karen Johana Caviedes Reyes, cédula 53.160.880, correo kcaviedesr@dian.gov.co, reportada en SIMO para uso de lista de elegibles del Proceso de Selección 2497 de 2022.

– Diana María Giraldo Goez, cédula 4.325.268, correo dgiraldog@dian.gov.co, ocupando una vacante definitiva en provisionalidad.

– Fabio Gómez Linares, cédula 5.008.085, correo fgomezl@dian.gov.co, reportado en SIMO para uso de lista de elegibles del Proceso de Selección 2497 de 2022.

– Claudia Patricia Osorio Arciniegas, cédula 63.360.844, correo cosorioa@dian.gov.co, en vacante definitiva ocupada en provisionalidad.

– José Francisco García Pérez, cédula 79.792.390, correo jgarciap@dian.gov.co, reportado en SIMO para uso de lista de elegibles del Proceso de Selección 2497 de 2022.

3.5. La señora Claudia Patricia Osorio Arciniegas 12 funcionaria provisional en el cargo Analista I, Código 201, Grado 1 en la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Bucaramanga, señaló que fue notificada del auto admisorio el 21 de noviembre de 2025

Analista I, Código 201, Grado 1 en la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Bucaramanga, señaló que fue notificada del auto admisorio el 21 de noviembre de 2025 y manifestó su interés legítimo en el trámite. Indi có que comparte íntegramente los hechos expuestos por el accionante, precisando que también recibió el correo de la Subdirección de Gestión de Empleo Público de la DIAN en el cual se informó que la entidad debía utilizar la lista de elegibles conformada me diante la Resolución 7408 de 2024 para proveer vacantes del empleo Analista I, situación que implicaba la desvinculación de quienes ocupaban el cargo en provisionalidad o encargo. Afirmó que la determinación administrativa se adoptó en cumplimiento de las decisiones proferidas por el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Armenia y el Tribunal Administrativo del Quindío dentro del proceso de tutela 63001 3333 005 2025 00033 00, sin que ella ni los demás provisionales hubiesen sido vinculados a dicho trámite. Señaló

11 Visto en el índice 18 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 0315 000 2025 06676 00. 12 Visto en el índice 21 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 0315 000 2025 06676 00.Radicado: 11001 03 15 000 2025 06676 00

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que la omisión del juez natural impidió ejercer el derecho de defensa y contradicción, generando un defecto procedimental absoluto que afectó sus derechos fundamentales. Agregó que, en el fallo del 18 de marzo de 2025, los únicos argumentos conocidos fueron los de la DIAN y la CNSC, lo cual evidenció la ausencia de pronunciamiento de las personas potencialmente afectadas.

Expuso además que el 29 de octubre de 2025 la DIAN expidió la Resolución 012732, mediante la cual se dio por terminado su nombramiento provisional con ocasión del cumplimiento del referido fallo, sin valorar su condición de madre cabeza de familia pese a h aber aportado los documentos exigidos en el sistema institucional. Indicó que la entidad solo consideró parcialmente los soportes allegados y desconoció las pruebas relacionadas con su situación familiar, económica y personal.

Relató que ha acreditado dicha condición desde el año 2022 y que la desvinculación pone en riesgo su mínimo vital y el de su hijo menor, quien depende exclusivamente de ella y presenta diagnósticos médicos y psicológicos que requieren atención permanente. Añadió que, debido a esta situación, instauró una tutela previa rad. 11001 0315 000 2025 04326 00, actualmente en curso, en la que se discute la misma problemática.

Solicitó amparar sus derechos fundamentales al debido proceso, defensa, acceso a la

04326 00, actualmente en curso, en la que se discute la misma problemática.

Solicitó amparar sus derechos fundamentales al debido proceso, defensa, acceso a la justicia, igualdad, mínimo vital, estabilidad laboral reforzada y dignidad humana; dejar sin efectos las actuaciones del Juzgado Quinto Administrativo de Armenia y del Trib unal Administrativo del Quindío dentro del proceso de tutela anterior; y ordenar a la DIAN abstenerse de separar del cargo a los funcionarios provisionales Analista I, Código 201, Grado 1 sin garantizar las medidas constitucionales y legales de protección aplicables.

También requirió como medida provisional, lo siguiente:

Respetuosamente solicito como medida provisional la suspensión de la Resolución No. 012732 del 29 de octubre, expedida por la DIAN, mediante la cual se dio por terminado mi nombramiento provisional y se efectuó un nombramiento en periodo de prueba, por ser violatoria de mis derechos fundamentales. Como pretensión principal, solicito se me garantice la continuación en un cargo similar o equivalente al que venía desempeñando, en aplicación de la protección especial reconocida a las madres cabeza de familia.

3.6. El Tribunal Administrativo del Quindío y el Juzgado Quinto Administrativo de Armenia, guardaron silencio.

3.7. El señor Daniel García Martínez, vinculado al trámite constitucional como tercero con interés directo, guardó silencio.

4. CONSIDERACIONES DE LA SALA

4.1. LA COMPETENCIA DE LA SECCIÓN

La Sala es competente para conocer del presente asunto, de conformidad con lo previsto por el artículo 37 del Decreto Ley 2591 del 19 de noviembre de 1991 13 y el artículo

4.1. LA COMPETENCIA DE LA SECCIÓN

La Sala es competente para conocer del presente asunto, de conformidad con lo previsto por el artículo 37 del Decreto Ley 2591 del 19 de noviembre de 1991 13 y el artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 del 26 de mayo de 2015, 14 modificado por el artículo 1 del

13 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política” 14 “Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho” y establece las reglas de reparto de la acción de tutela.Radicado: 11001 03 15 000 2025 06676 00

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Decreto 333 del 6 de abril de 2021 15, así como con fundamento en el artículo 13 del Acuerdo nro. 080 del 12 de marzo de 2019 16, modificado por el Acuerdo nro. 434 del 10 de diciembre de 2024, proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado que regula la distribución de procesos entre las secciones.

4.2. HECHOS RELEVANTES

En el caso concreto se encuentra acreditado lo siguiente17:

4.2.1. El accionante participó en el proceso de selección DIAN 2022 para el cargo de Analista I, Código 201, Grado 1, OPEC 198415, en el cual obtuvo el puesto 48 y no

4.2.1. El accionante participó en el proceso de selección DIAN 2022 para el cargo de Analista I, Código 201, Grado 1, OPEC 198415, en el cual obtuvo el puesto 48 y no alcanzó una de las nueve plazas ofertadas.

4.2.2. El 15 de octubre de 2025 recibió un correo de la Subdirección de Gestión de Empleo Público de la entidad, en el que se informó que debía aplicarse la lista de elegibles conformada mediante Resolución 7408 del 12 de marzo de 2024 para proveer vacantes del empleo Analista I, lo que implicaba efectuar nombramientos en plazas ocupadas en provisionalidad o encargo.

4.2.3. Según dicho correo, esta determinación obedecía al cumplimiento del fallo del Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Armenia dentro de la acción de tutela radicada 63001 3333 005 2025 00033 00.

4.2.4. El accionante manifestó que en ese trámite el despacho judicial omitió vincular a los servidores que ocupaban cargos en provisionalidad o encargo, pese a que la decisión impactaba directamente su situación laboral.

4.2.5. Señaló que en el fallo del 18 de marzo de 2025 solo se conocieron los argumentos de oposición presentados por la DIAN y la CNSC, lo que, a su juicio, evidenció la ausencia de intervención de las personas potencialmente afectadas.

4.2.6. Indicó que no fue notificado de la existencia de la tutela previa y que ni el juzgado ni la entidad pueden acreditar haber realizado actos de comunicación dirigidos a quienes ocupaban cargos en provisionalidad o encargo, aunque sí informaron sobre l as posibles

4.2.6. Indicó que no fue notificado de la existencia de la tutela previa y que ni el juzgado ni la entidad pueden acreditar haber realizado actos de comunicación dirigidos a quienes ocupaban cargos en provisionalidad o encargo, aunque sí informaron sobre l as posibles desvinculaciones derivadas de ese fallo.

4.2.7. Sostuvo que la falta de vinculación en el trámite constitucional anterior le impidió ejercer su derecho de defensa y contradicción frente a decisiones que inciden en su permanencia laboral.

4.2.8. Inconforme con esta situación y con las decisiones adoptadas en la tutela anterior, presentó la presente acción en procura de la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia.

15 “Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”. 16 Por medio del cual se compila y actualiza el reglamento interno del Consejo de Estado, publicado el 1 de abril de 2019 en el Diario Oficial número 50913. 17 Lo que se desprende del expediente correspondiente a la acción de cumplimiento identificad a con el radicado nro. 63001 3333 005 2025 00033 00/01 . Visto en el índice 12 de la Sede Electrónica para la

Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 0315 000 2025 06676 00.Radicado: 11001 03 15 000 2025 06676 00

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4.3. CUESTIÓN PREVIA

4.3.1. La Sala se pronunciará , frente a: (i) las solicitudes de desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva formuladas por la Comisión Nacional del Servicio Civil y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales y, (ii) sobre la solicitud de medida provisional presentada por la señora Claudia Patricia Osorio Arciniegas en el inform e allegado a este trámite constitucional.

4.3.1.1. Sobre la legitimación en la causa por pasiva, la Corte Constitucional en sentencia T-416 del 28 de agosto de 1997 señaló lo siguiente:

[…] 2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia de fondo porque otorga a las partes el derecho a que el juez se pronuncie sobre el mérito de las pretensiones del actor y las razones de la oposición por el demandado, mediante sentencia fa vorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la causa es una calidad subjetiva de las partes en relación con el interés sustancial que se discute en el proceso. Por tanto, cuando una de las partes carece de dicha calidad o atributo, no puede el j uez adoptar una decisión de mérito y debe

causa es una calidad subjetiva de las partes en relación con el interés sustancial que se discute en el proceso. Por tanto, cuando una de las partes carece de dicha calidad o atributo, no puede el j uez adoptar una decisión de mérito y debe entonces simplemente declararse inhibido para fallar el caso de fondo.

La legitimación pasiva se consagra como la facultad procesal que le atribuye al demandado la posibilidad de desconocer o controvertir la reclamación que el actor le dirige mediante la demanda sobre una pretensión de contenido material.

(…)

La identificación cabal del demandado es una exigencia que tanto la Constitución como del decreto 2591 de 1991 avalan. Según aquélla, la acción de tutela se promueve contra autoridad pública y, en ciertos casos, contra los particulares por la acción u omisión que provoque la violación de los derechos fundamentales de las personas, y lo mismo señala el segundo estatuto. (Subrayas fuera del texto original).

En ese sentido, La Sala advierte que la Comisión Nacional del Servicio Civil y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales , solicitaron su desvinculación del presente asunto, aduciendo que los hechos que fueron esbozados en la petición de amparo no eran atribuibles a esa entidad.

Así, es menester señalar que tal y como quedó constancia en el auto admisorio de la demanda, la vinculación de esta al presente asunto es consecuencia del interés que le puede asistir en las resultas del proceso, toda vez que ha intervenido en el expediente nro. 63001 3333 005 2025 00033 00/01 en calidad de demandadas. De ahí que no sea posible acceder a dicha petición de desvinculación.

nro. 63001 3333 005 2025 00033 00/01 en calidad de demandadas. De ahí que no sea posible acceder a dicha p