CE - Sentencia 11001031500020250668000 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA

Bogotá D.C., primero (1°) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

Radicación: 11001-03-15-000-2025-06680-00

Accionante: Gloria María Jiménez Londoño y David Alejandro Castañeda Duque Accionados: Presidencia de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la

Judicatura, Unidad de Administración de la Carrera Judicial y la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla Referencia: Acción de tutela - Sentencia de primera instancia

La Sala resuelve , en primera instancia, la acción de tutela interpuesta por Gloria María Jiménez Londoño y David Alejandro Castañeda Duque contra la Presidencia de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, la Unidad de Administración de la Carrera Judicial y la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla por la supuesta vulneración del derecho de petición en conexidad con acceso a cargos públicos, igualdad y debido proceso en el trámite de la convocatoria 27 para la provisión de cargos en la Rama Judicial.

SÍNTESIS1

Los accionantes presentaron acción de tutela con el fin de que se ampare su derecho fundamental de petición en conexidad con acceso a cargos públicos, igualdad y debido proceso, los cuales consideraron vulnerados porque la respuesta otorgada por la Unidad de Administración de Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura no fue de fondo; además, solicitó la modificación del cronograma y la expedición de la lista de elegibles de los aspirantes a Magistrados de Tribunal Superior – Sala Única que ya superaron de manera

de Administración de Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura no fue de fondo; además, solicitó la modificación del cronograma y la expedición de la lista de elegibles de los aspirantes a Magistrados de Tribunal Superior – Sala Única que ya superaron de manera satisfactoria todas las etapa establecidas en el Acuerdo PCSJA 18-11077 de 2018. La Sala negará el amparo solicitado en relación con e l derecho de petición porque la respuesta otorgada fue clara, precisa y congruente y, de otro lado, se declarará improcedente la demanda de tutela frente a los derechos conexos porque no se cumplió con el requisito general de subsidiariedad.

I. ANTECEDENTES

A. Solicitud de amparo

1. El 14 de octubre de 2025, Gloria María Jiménez Londoño y David Alejandro Castañeda Duque presentaron una demanda de tutela con el fin de obtener el amparo de su derecho fundamental de petición en conexidad con acceso a cargos públicos, igualdad y debido proceso. A su juicio, dichas garantías constitucionales fueron vulneradas por las accionadas porque estas otorgaron una respuesta con evasivas y no fue de fondo.

1 Temas: Acción de Tutela contra providencia judicialRadicado: 11001-03-15-000-2025-06680-00

Accionante: Gloria María Jiménez Londoño y otro Acción de tutela

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2. Los accionantes formularon las siguientes pretensiones (se transcribe):

PRIMERA. Tutelar los derechos fundamentales invocados por GLORIA MARÍA JIMÉNEZ

LONDOÑO y DAVID ALEJANDRO CASTAÑEDA DUQUE.

SEGUNDA. Se ordene a las accionadas publicar de manera anticipada al cronograma

LONDOÑO y DAVID ALEJANDRO CASTAÑEDA DUQUE.

SEGUNDA. Se ordene a las accionadas publicar de manera anticipada al cronograma recientemente expedido para la convocatoria 27 y, de forma autónoma, es decir, solo para el grupo al que pertenecen los actores, la lista de resultados de las pruebas que faltan por revelarse dentro del grupo de concursantes a Magistrado de Tribunal Superior - Sala Única, es decir, la psicotécnica y la valoración de antecedentes/experiencia, luego de agotar todos sus integrantes las etapas eliminatorias y clasificatorias que les eran exigibles.

TERCERA. Que se imparta orden a la Presidencia del Consejo Superior de la Judicatura para que, en el término que el Juez constitucional disponga, proceda a expedir la Resolución o acto administrativo contentivo de la lista de elegibles correspondiente al grupo de aspirantes al cargo de Magistrado de Tribunal Superior - Sala Única, sin supeditar su conformación a la culminación de otras fases por parte de terceros ajenos a tan particular grupo, pues se ha demostrado que la práctica administrativa del Consejo Superior de la Judicatura no impone inexorablemente -como ocurrió en la Convocatoria N° 22la confección de listas universales o únicas.

EN SUBSIDIO DE LO ANTERIOR. Pido, ante la coexistencia de cronogramas en la convocatoria N° 27 y para evitar nuevas dilaciones y solo en el evento de no acceder el juez constitucional a las súplicas principales atrás propuestas, amparar los derechos fundamentales invocados y ordenar a las accionadas -especialmente a la Presidencia del Consejo Superior de la Judicaturaexpedir un acto administrativo o Resolución que ordene

fundamentales invocados y ordenar a las accionadas -especialmente a la Presidencia del Consejo Superior de la Judicaturaexpedir un acto administrativo o Resolución que ordene la elaboración de un “cronograma especial e inamovible” así como exclusivo para el grupo de concursantes al cargo de Magistrado de Tribunal Superior Sala Única, que sea independiente del avance o parálisis de otras especialidades, con hitos y fechas perentorias que culminen en la publicación de resultados y la expedición de la lista de elegibles de Sala Única en los términos fijados por el Juez constitucional, pero en todo caso más cercanos a las fechas que actualmente fueron establecidas en el último cronograma revelado por las entidades tuteladas.

B. Hechos

3. En el escrito de tutela, los accionantes narraron que, el 24 de junio de 2025, presentaron una petición ante el Consejo Superior de la Judicatura en la que solicitaron lo siguiente:

PRIMERO. Se aplique en nuestro caso; esto es, para quienes buscamos ocupar el cargo de Magistrado de Tribunal Superior de Distrito –Sala Únicaun criterio interpretativo acorde con las finalidades legales y constitucionales perseguidas por los concursos de méritos, y que aquello ocurra dentro de un plazo razonable, publicando los resultados de (i) la prueba psicotécnica, (ii) la valoración de experiencia adicional y docencia y (iii) la capacitación adicional, y poder así culminar dentro de esta convocatoria con las etapas de selección y clasificatoria y,

SEGUNDO. Como consecuencia de lo anterior, se proceda a elaborar las respectivas listas de elegibles y enviarlas a la Corte Suprema de Justicia, a efecto de cubrir las vacantes

clasificatoria y,

SEGUNDO. Como consecuencia de lo anterior, se proceda a elaborar las respectivas listas de elegibles y enviarlas a la Corte Suprema de Justicia, a efecto de cubrir las vacantes existentes en los distintos Tribunales Superiores de Distrito – Sala Única -, las cuales se ubican en Quibdó, San José del Guaviare y Arauca.

3.1 El 2 de junio de 2025, la Unidad de Administración de Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura le indicó a los accionantes que, el 13 de febrero de 2025 ya se le había dado respuesta frente al primer punto y, en cuanto al segundo, que no era posibleRadicado: 11001-03-15-000-2025-06680-00

Accionante: Gloria María Jiménez Londoño y otro Acción de tutela

3 elaborar la lista de elegibles hasta tanto no se encuentre en firme el registro ; sin embargo, estos consideraron que fue evasiva y que no resolvió el fondo de la petición . Además, señalaron que no existe ninguna normativa en el ordenamiento jurídico que impida conformar una lista individual de elegibles para la convocatoria 27, máxime si llevan más de siete años esperando a la culminación del concurso en el que superaron todas las etapas de manera satisfactoria.

3.2 Según los accionantes, a las 17 personas que son aspirantes a magistrados de Tribunal Superior - Sala Única no se les puede exigir esperar a que todos los demás participantes acrediten el cumplimiento del curso de formación judicial o las etapas que le hagan falta, pues ello atentaría contra sus derechos fundamentales.

Superior - Sala Única no se les puede exigir esperar a que todos los demás participantes acrediten el cumplimiento del curso de formación judicial o las etapas que le hagan falta, pues ello atentaría contra sus derechos fundamentales.

3.3 Advirtieron que, durante la convocatoria 22 se realizaron listas por cargo o especialidad, lo que demuestra “que las aquí accionadas efectivamente pueden expedir listas exclusivas por especialidad y en momentos diferentes, sin tener que esperar a que la totalidad de los grupos de aspirantes definan al tiempo las particularidades que cada uno tengan”.

3.4 Finalmente, que existen dos cronogramas que han sido modificados, uno correspondiente a la convocatoria 27 y otro al curso de formación judicial. En consecuencia, la entidad encargada del trámite del concurso de méritos podría expedir un cronograma aplicable especialmente a los grupos que ya han cumplido con todos los requisitos.

C. Fundamentos de la vulneración

4. En el escrito de tutela los accionantes manifestaron que las respuestas otorgadas a los derechos de petición deben ser de fondo y sin evasivas, situación que no se evidenció en

la contestación dada por la Unidad de Administración de Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura.

4.1 De otro lado, refirieron que el mérito exige decisiones oportunas y razonables, por lo que la demora de cada una de las etapas del concurso vulnera el derecho fundamental de acceder a cargos públicos . En ese orden de ideas, reiteraron que, para los aspirantes a Magistrados de Tribunal Superior – Sala Única era posible realizar una lista especial puesto que todos cumplieron con los requisitos del proceso de selección, toda vez que “nadie más podrá competirles o reclamarles un mejor derecho derivado de tan exclusiva elección”.

Magistrados de Tribunal Superior – Sala Única era posible realizar una lista especial puesto que todos cumplieron con los requisitos del proceso de selección, toda vez que “nadie más podrá competirles o reclamarles un mejor derecho derivado de tan exclusiva elección”.

D. Trámite procesal

5. Por auto del 28 de octubre de 2025, se admitió la acción de tutela2 Dicha providencia fue debidamente notificada a la Presidencia de la Sala Administrativa del Consejo Superior de

la Judicatura, a la Unidad de Administración de la Carrera Judicial y a la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla3.

2 Índice 4 del aplicativo Samai. 3 Índice 7 del aplicativo Samai.Radicado: 11001-03-15-000-2025-06680-00

Accionante: Gloria María Jiménez Londoño y otro Acción de tutela

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E. Oposiciones e intervenciones

6. La Directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla solicitó que se declarara su falta de legitimación en la causa por pasiva, toda vez que la petición no fue dirigid a a dicha entidad y tampoco fue quien la respondió; además, que no tuvo ninguna injerencia en la actuación administrativa objeto de reproche, por lo que no se le puede atribuir la supuesta vulneración a los derechos fundamentales de los accionantes.

6.1 Frente al fondo del asunto, consideró que se debía declarar improcedente la demanda de tutela, toda vez que no cumple con el requisito de subsidiariedad, pues los accionantes cuentan con el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho para re prochar los actos administrativos que se expidieron en el marco de la convocatoria 27, como fue el

cuentan con el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho para re prochar los actos administrativos que se expidieron en el marco de la convocatoria 27, como fue el oficio CJO25-3538 del 2 de julio de 2025 “en el cual se indicó que no es procedente elaborar las listas de elegibles a efectos de cubrir las vacantes de los distintos Tribunales Superiores de Distrito”.

6.2 Adicionalmente, indicó que los Acuerdos PCSJA18-11077de 2018 y PCSJA19-11400 de 2019 no contemplaron la posibilidad de escindir o modificar el cronograma del concurso de méritos como lo pretenden los accionantes, razón por la que, alterar las fases procesales vulneraria el principio de igualdad y el derecho al debido proceso de los demás participantes. Igualmente, la solicitud de realizar una lista de elegibles diferenciada por cargos desconocería la “naturaleza universal e indivisible del concurso de méritos, conforme a los principios de rigen la convocatoria 27” , máxime si existe recursos aún se encuentran pendientes de resolver, por lo que indicó:

Asimismo, es preciso señalar que, de conformidad con el cronograma fijado por la Unidad de Administración de la Carrera Judicial, la expedición de la resolución mediante la cual se publican los resultados de la etapa clasificatoria está prevista para el 13 de enero de 2026, y su notificación se llevará a cabo entre el 14 y el 20 de enero del mismo año. Se reitera que la Escuela Judicial ha actuado conforme a las disposiciones que rigen el IX Curso de Formación Judicial Inicial. En ese sentido, las decisione s adoptadas se han ajustado estrictamente a las condiciones previstas en los acuerdos y el cronograma. Por lo tanto, no

la Escuela Judicial ha actuado conforme a las disposiciones que rigen el IX Curso de Formación Judicial Inicial. En ese sentido, las decisione s adoptadas se han ajustado estrictamente a las condiciones previstas en los acuerdos y el cronograma. Por lo tanto, no resulta jurídicamente viable que, los aquí accionantes pretendan que se les adelante a la siguiente fase cuando faltan resolver los recu rsos de reposición en contra del acto administrativo que les notificó la nota final de los demás discentes.

6.3 Finalmente, solicitó que se acumularan en un único trámite todas las acciones constitucionales que se han presentado por los mismos hechos y contra la misma entidad, razón por la que trajo a colación una lista de casos que se están tramitando en diferentes juzgados del país y otro en la Corte Suprema de Justicia.

6.4 La Directora de la Unidad de Administración de Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura señaló que no se le ha vulnerado ningún derecho fundamental a los accionantes, toda vez que dicha entidad le dio respuesta oportuna, clara y de fondo a la petición. Al respecto, indicó:

En este caso, la Unidad de Administración de la Carrera Judicial ha mantenido una línea de actuación constante, ajustada a las reglas establecidas en el Acuerdo PCSJA18-11077 y en los cronogramas de la Convocatoria 27, sin incurrir en contradicciones que g eneren expectativas legítimas de reconocimiento anticipado de derechos. Por tanto, cualquier modificación unilateral de las etapas o del cronograma, en beneficio exclusivo de un grupoRadicado: 11001-03-15-000-2025-06680-00

Accionante: Gloria María Jiménez Londoño y otro Acción de tutela

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modificación unilateral de las etapas o del cronograma, en beneficio exclusivo de un grupoRadicado: 11001-03-15-000-2025-06680-00

Accionante: Gloria María Jiménez Londoño y otro Acción de tutela

5 de aspirantes, no solo vulneraría el principio de igualdad, sino que desconocería la fuerza normativa de la convocatoria como “ley del concurso”, afectando la transparencia y seguridad jurídica del proceso.

6.5 De otro lado, señaló que tampoco se han vulnerado los derechos conexos alegados por los accionantes, puesto que la convocatoria aún se encuentra en trámite y se ha adelantado el proceso con sujeción a las reglas establecidas en el Acuerdo PCSJA18 -11077. En ese orden de ideas, concluyó que lo que se pretende con la demanda de tutela es modificar el cronograma para beneficio particular.

6.6 Finalmente, aclaró que la demanda de tutela también resulta improcedente al no cumplir con el requisito de subsidiariedad, porque los accionantes cuentan con el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho para discutir los actos administrat ivos que se expiden a lo largo de la convocatoria.

6.7 La Presidencia de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura guardó silencio.

II. CONSIDERACIONES

F. Competencia

7. La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado es la competente para resolver la demanda de acción de tutela interpuesta por Gloria María Jiménez Londoño y David Alejandro Castañeda Duque contra la Presidencia de la Sala Administrativa del

Consejo Superior de la Judicatura, la Unidad de Administración de la Carrera Judicial del

resolver la demanda de acción de tutela interpuesta por Gloria María Jiménez Londoño y David Alejandro Castañeda Duque contra la Presidencia de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, la Unidad de Administración de la Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura y la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla , de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, en los Decretos 2591 de 1991, 1069 de 2015 y en el Reglamento del Consejo de Estado ( Acuerdo 80 de 2019).

G. Cuestión previa

8. El 1° de diciembre de 2025, el Consejero de Estado Fredy Ibarra Martínez presentó manifestación de impedimento con fundamento en lo dispuesto en el numeral 1° del artículo 56 del Código de Procedimiento Penal 4, aplicable por remisión expresa del artículo 39 del Decreto 2591 de 1991. Lo anterior, dado que dos de sus familiares dentro del cuarto grado

de consanguinidad están aspirando a ser nombrados c omo empleados de carrera de la Rama Judicial en la convocatoria 27.

8.1 Se declarará fundado el impedimento manifestado por el consejero de Estado Fredy Ibarra Martínez, dado el interés que les asiste a sus familiares dentro del cuarto grado de consanguinidad en la convocatoria 27, circunstancia que configura una causal legal de impedimento.

4 “Artículo 56. Causales de impedimento. Son causales de impedimento: (…).

1. Que el funcionario judicial, su cónyuge o compañero o compañera permanente, o algún pariente suyo dentro del

impedimento.

4 “Artículo 56. Causales de impedimento. Son causales de impedimento: (…).

1. Que el funcionario judicial, su cónyuge o compañero o compañera permanente, o algún pariente suyo dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo de afinidad, tenga interés en la actuación procesal”.Radicado: 11001-03-15-000-2025-06680-00

Accionante: Gloria María Jiménez Londoño y otro Acción de tutela

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H. Solicitud de desvinculación

9. La Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla solicitó su desvinculación del presente proceso de tutela porque consideró que las imputaciones realizadas por los accionantes no se dirigían en contra de actuaciones en las que hubiera tenido alguna injerencia. La Sala negará tal solicitud, en tanto dicha autoridad sí tiene participación en el trámite del proceso de selección para la provisión de cargos de la Rama Judicial, pues de acuerdo con el Acuerdo PCSJA18-11077 la Escuela es la encargada de adelantar la Fase III del proceso; además, el artículo 5 del mencionado acuerdo prescribe que:

La Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla” tendrá bajo su responsabilidad el desarrollo de las diferentes actividades relacionadas con la inscripción, implementación, evaluación, notificación y publicación de los resultados del Curso de Formación Judicial Inicial, hasta su culminación, y una vez en firme, remitirán consolidados los resultados finales a la Unidad de Administración de la Carrera Judicial.

9.1 Para la Sala es claro que, si bien no se formuló imputación alguna frente a dicha entidad respecto de la presunta vulneración del derecho de petición, lo cierto es que la Escuela

Administración de la Carrera Judicial.

9.1 Para la Sala es claro que, si bien no se formuló imputación alguna frente a dicha entidad respecto de la presunta vulneración del derecho de petición, lo cierto es que la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla sí ostenta interés en lo decidido dentro de la acción de tutela, toda vez que cualquier determinación que se adopte en relación con los derechos conexos implicaría una actuación por parte de dicha entidad.

I. Solicitud de acumulación

10. La Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla en la contestación de la demanda de tutela solicitó que se acumulara n varios procesos que comparten “presuntamente” identidad de causa, objeto y parte accionada. Relacionó los siguientes procesos:

Accionante Accionada Radicado Despacho Rocío Cecilia Catillo Mariño Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla 73001318700820250011000 Juzgado Octavo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Ibagué Ana María Botero Piñeros 11001310303320250054800 Juzgado 33 Civil del Circuito de Bogotá Ninfa María Guzmán Moscote 11001310503720251021300 Juzgado 37 Laboral del Circuito de Bogotá Andrés Felipe Lenis Carvajal 11001-02-30-000202501213-00 Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral Daniel Felipe Diaz Guevara 110013335 017 2025 00328 00 Juzgado Diecisiete Administrativo de Bogotá D.C

Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral Daniel Felipe Diaz Guevara 110013335 017 2025 00328 00 Juzgado Diecisiete Administrativo de Bogotá D.C

10.1 La Sala aclara que, no tod a tutela puede ser acumulada y tramitada bajo un mismo proceso. Sobre el particular, la Corte Constitucional ha establecido una serie de requisitos para que proceda la acumulación, a saber: “(i) que tengan identidad de hechos (acciones uRadicado: 11001-03-15-000-2025-06680-00

Accionante: Gloria María Jiménez Londoño y otro Acción de tutela

7 omisiones); (ii) que presenten un mismo problema jurídico; (iii) que sean presentadas por diferentes accionantes; y (iv) que estén dirigidas en contra del mismo sujeto pasivo”5.

10.2 Si bien la entidad accionada no allegó copia de los respectivos expedientes a fin de cotejar si se cumplen con los anteriores requisitos, la Subsección, luego de revisar la página web de la Rama Judicial , constató que la petición de acumulación de procesos debe ser negada porque el proceso con radicado 73001318700820250011000 no genera resultados y los procesos con radicados 11001310303320250054800, 11001310503720251021300 y 11001333501720250032800 se promovieron solo en contra de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, razón por la que no cumple con el requisito que exige que estén dirigidas en contra del mismo sujeto pasivo . Finalmente, frente al expediente 11001023000020250121300, se observa que, el 6 de noviembre de 2025, la Corte Suprema

contra del mismo sujeto pasivo . Finalmente, frente al expediente 11001023000020250121300, se observa que, el 6 de noviembre de 2025, la Corte Suprema de Justicia ya adoptó una decisión de fondo, lo que impediría su acumulación.

10.3 Por lo explicado, la Sala negará la petición elevada.

J. Sentido de la decisión

11. La Sala negará el amparo solicitado frente a la supuesta vulneración del derecho de petición. Frente a los derechos conexos se declarará la improcedencia por incumplimiento del requisito de subsidiariedad, por cuanto los accionantes cuentan con un mecanismo judicial idóneo para discutir los actos administrativos proferidos en el trámite del concurso de méritos.

K. Caso concreto.

12. Los accionantes consideraron vulnerado su derecho de petición porque, en su sentir, la

respuesta otorgada por la Unidad de Administración de Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura a la petición de 24 de junio de 2025 fue evasiva y no la resolvió de fondo.

12.1 Contrario a lo manifestado en la demanda de tutela, para la Sala, la respuesta otorgada fue clara, precisa y congruente, cosa diferente es que l os accionantes no compartan o no estén conformes con su contenido.

12.2 La Corte Constitucional , en sentencia SU -191 de 2022 señaló que el derecho de petición se vulnera en dos situaciones, i) cuando la respuesta se otorga por fuera del término legal establecido para cada tipo de petición y, ii) cuando la respuesta no puede ser considerada de fondo, sin que ello implique que se deba acceder necesariamente a lo

petición se vulnera en dos situaciones, i) cuando la respuesta se otorga por fuera del término legal establecido para cada tipo de petición y, ii) cuando la respuesta no puede ser considerada de fondo, sin que ello implique que se deba acceder necesariamente a lo requerido. Posteriormente, en sentencia T -066 de 2024, el máximo tribunal de lo constitucional refirió que:

28. De conformidad con el artículo 23 de la Constitución Política, toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas ante las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener una pronta resolución. Esta garantía permite asegu rar la efectividad de otros derechos de rango legal o constitucional, por lo que ha sido considerada por la jurisprudencia como un derecho de tipo instrumental, en tanto que es uno de los principales

5 Corte Constitucional, auto 174 de 2016, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.Radicado: 11001-03-15-000-2025-06680-00

Accionante: Gloria María Jiménez Londoño y otro Acción de tutela

8 mecanismos con los que cuenta la ciudadanía para exigir de las autoridades el cumplimiento de sus deberes. El núcleo de este derecho se encuentra en tres elementos: (i) la posibilidad de formular la petición, (ii) la respuesta de fondo y (iii) la resolució n dentro del término legal respectivo.

29. El primer elemento buscar brindar a toda persona la garantía efectiva y cierta de poder presentar solicitudes respetuosas ante las autoridades, sin que se puedan abstener de recibirlas y tramitarlas. El segundo elemento implica que el destinatario de una solicitud debe resolver de fondo las peticiones interpuestas, de forma clara, precisa y congruente. Y el

presentar solicitudes respetuosas ante las autoridades, sin que se puedan abstener de recibirlas y tramitarlas. El segundo elemento implica que el destinatario de una solicitud debe resolver de fondo las peticiones interpuestas, de forma clara, precisa y congruente. Y el tercer elemento refiere a que se debe dar respuesta en el término legal establecido, incluyendo la obligación de notificar la respuesta al peticionario de manera idónea y conforme con las ritualidades previstas en la ley.

12.3 En el caso concreto, los accionantes, el 24 de junio de 2025, elevaron la siguiente petición:

PRIMERO. Se aplique en nuestro caso; esto es, para quienes buscamos ocupar el cargo de Magistrado de Tribunal Superior de Distrito –Sala Únicaun criterio interpretativo acorde con las finalidades legales y constitucionales perseguidas por los concursos de méritos, y que aquello ocurra dentro de un plazo razonable, publicando los resultados de (i) la prueba psicotécnica, (ii) la valoración de experiencia adicional y docencia y (iii) la capacitación adicional, y poder así culminar dentro de esta convocatori a con las etapas de selección y clasificatoria y,

SEGUNDO. Como consecuencia de lo anterior, se proceda a elaborar las respectivas listas de elegibles y enviarlas a la Corte Suprema de Justicia, a efecto de cubrir las vacantes existentes en los distintos Tribunales Superiores de Distrito – Sala Única -, las cuales se ubican en Quibdó, San José del Guaviare y Arauca.

12.4 La Unidad de Administración de Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura, el 2 de julio de 2025, contestó la petición presentada por los accionantes en los siguientes

12.4 La Unidad de Administración de Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura, el 2 de julio de 2025, contestó la petición presentada por los accionantes en los siguientes términos:

Al respecto me permito indicarles que, con oficio CJO25 -744 de 13 de febrero de 2025, el cual se anexa, esta Unidad dio respuesta al punto PRIMERO. Ahora bien, en cuanto SEGUNDO punto, no resulta procedente dado que debe surtir cada una de las etapas señaladas en el Acuerdo de Convocatoria, y solo hasta tanto se encuentre en firme el registro de elegibles, los integrantes de éste, podrán optar por las vacantes que se publiquen de conformidad con lo señalado en los artículos 164 y 165 de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia, y en los Acuerdos PSAA08 -4536 de 2008, PSAA11-9941 de 2011 y PSAA14-10269 de 2014. Lo anterior toda vez que las reglas de la convocatoria protegen los principios de confianza legítima y seguridad jurídica, y además que, la convocatoria 27 fue regulada mediante acuerdo que contiene las normas que se aplican al proceso desde el inicio hasta su culminación, máxime si se tiene en cuenta lo dispuesto en la sentencia SU -067-2022 (apartado 135), ya mencionada. En el mismo sentido, se reitera que, el acuerdo en cita, en su calidad de norma reglamentaria y de obligatorio cumplimiento, constituye el marco jurídico rector del proceso de selección por concurso de méritos. La Corte Constitucional ha reiterado que la convocatoria, contenida en actos como este acuerdo, tiene fuerza normativa y constituye la “ley del concurso”, en la

por concurso de méritos. La Corte Constitucional ha reiterado que la convocatoria, contenida en actos como este acuerdo, tiene fuerza normativa y constituye la “ley del concurso”, en la medida en que su observancia estricta garantiza la realización de los principios constitucionales de mérito, igualdad y transparencia que rigen el acceso a la función pública.

12.5 En la respuesta del 13 de febrero de 2025 , a la que remitió la anterior respuesta, la accionada luego de realizar un estudio de las funciones que le fueron atribuidas y de la regulación que gobierna el concurso de méritos, concluyó que:Radicado: 11001-03-15-000-2025-06680-00

Accionante: Gloria María Jiménez Londoño y otro Acción de tutela

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Bajo ese entendido, es importante destacar que nos encontramos en la etapa de selección, en específico, en el desarrollo del Curso de Formación Judicial; por tanto, se requiere agotar el desarrollo de esta etapa, surtida la cual, ya en la etapa clasificatoria del concurso de méritos se procederá a publicar los puntajes obtenidos en la prueba psicotécnica y la valoración de experiencia adicional y docencia. En virtud de lo expuesto, se señala que la actuación del Consejo Superior de la Judicatura responde a la naturaleza del concurso y preserva la