CE - Sentencia 11001031500020250668800 de 2025

Radicado: 11001-03-15-000-2025-06688-00

Demandantes: Patricia Eunice Hernández Pianeta

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN

Bogotá, D C., 4 de diciembre de 2025

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2025-06688-00

Demandantes: PATRICIA EUNICE HERNÁNDEZ PIANETA

Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN QUINTA

Temas: Mora judicial . Tardanza en dictar sentencia de tutela en primera instancia. Carencia actual del objeto por hecho superado.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela interpuesta por la señora Patricia Eunice Hernández Pianeta, contra el Consejo de Estado, Sección Quinta.

I. ANTECEDENTES

1. Solicitud de amparo

El 24 de octubre de 20251, en ejercicio de la acción de tutela y en nombre propio , la señora Patricia Eunice Hernández Pianeta pidió la protección d e los derechos fundamentales a la vida, la salud, al mínimo vital, a la dignidad humana, a la seguridad social, al debido proceso y de acceso a la administración de justicia.

A juicio de la parte actora, la vulneración se presenta por la presunta omisión del Consejo

fundamentales a la vida, la salud, al mínimo vital, a la dignidad humana, a la seguridad social, al debido proceso y de acceso a la administración de justicia.

A juicio de la parte actora, la vulneración se presenta por la presunta omisión del Consejo de Estado, Sección Quinta, en dictar fallo de tutela en primera instancia dentro del trámite constitucional con radicado No. 11001-03-15-000-2025-05813-00.

2. Pretensiones

La parte actora formuló, textualmente, las siguientes pretensiones:

Con respeto por mi vida y en ausencia de todos mis derechos fundamentales, humanos nacionales e internacionales desprotegidos de manera reiterada y con ausencia total de administración a la justicia acudo ante ustedes para que en l a ausencia completa en la dilatación y la negación por parte del Consejo de estado en la tutela que interpuse el 16 de Septiembre de 2025,bajo radicado : 11001031500020250581300 y la cual fue repartida ante el concejo de estado a la magistrada Gloria Maria Gomez Montoya y quien al dia de hoy no dado seguimiento a la misma, me veo obligada a presentar esta tutela.

[…]

PETICION INMEDIATA DE AMPARO.

RESTABLECER MIS DERECHOS A TRAVES DEL AMPARO INMEDIATO DE LA MEDIDA CUATELAR DE PROTECCIONA MI VIDA, A MI SALUD, A MI DIGNIDAD HUMANA, A LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA Y A MI MINIMO VITAL. (sic para toda la cita)

Además, la Sala observa que, según el escrito de tutela, la demandante también solicita que se resuelvan las pretensiones formuladas en la tutela presentada ante el Consejo de

JUSTICIA Y A MI MINIMO VITAL. (sic para toda la cita)

Además, la Sala observa que, según el escrito de tutela, la demandante también solicita que se resuelvan las pretensiones formuladas en la tutela presentada ante el Consejo de

1 Índice 1 de Samai.Radicado: 11001-03-15-000-2025-06688-00

Demandantes: Patricia Eunice Hernández Pianeta

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Estado, Sección Quinta, proceso con radicado No. 11001-03-15-000-2025-05813-00 interpuesto contra Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otros2.

3. Hechos

Del expediente, la Sala destaca los siguientes hechos relevantes:

El 17 de septiembre de 2025, la señora Patricia Eunice Hernández Pianeta presentó acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otros 3, con el fin de que se ampararan sus derechos fundamentales a la vida, salud, mínimo vital, dignidad humana, seguridad social, «integridad física y mental», igualdad, debido proceso, acceso a la administración de justicia y «estabilidad laboral reforzada» . Sostuvo que las entidades del sistema de seguridad social, al mantener su afiliación en estado de «retirada», le impidieron desde el 30 de diciembre de 2024 acceder a los servicios de salud que requiere y venía recibiendo, además de dejar de reconocerle el pago de incapacidades desde el 27 de noviembre de 2022 . En consecuencia, solicitó que, como

salud que requiere y venía recibiendo, además de dejar de reconocerle el pago de incapacidades desde el 27 de noviembre de 2022 . En consecuencia, solicitó que, como medida de amparo, se ordenara a la EPS Sanitas pagar las incapacidades adeudadas, restablecer su afiliación y autorizar de inmediato las atenciones médicas requeridas.

El asunto se adelanta bajo el radicado 11001-03-15-000-2025-05813-00 y correspondió, por reparto, al Consejo de Estado, Sección Quinta, que, por auto del 8 de octubre de 2025, inadmitió la tutela por presentar defectos formales.

Mediante oficio del 20 de octubre del presente año, la señora Hernández Pianeta subsanó la demanda y corrigió los defectos formales del escrito de tutela inicial.

4. Fundamentos de la acción de tutela

La parte demandante manifestó que el Consejo de Estado, Sección Quinta, incurrió en mora judicial en el trámite de la tutela No. 11001-03-15-000-2025-05813-00. Además, solicitó que en esta instancia se resolvieran las pretensiones que elevó en ese mismo proceso de tutela, para que se ordenara (i) a la EPS Sanitas a pagar las incapacidades adeudadas, restablecer su afiliación y autorizar de inmediato las atenciones médicas requeridas; (ii) a la Presidencia responder su derecho de petición y coordinar una mesa interinstitucional para garantizar su salud y mínimo vital y a las autoridades judiciales involucradas que acataran las decisiones previas y reabrir los incidentes de desacato correspondientes y (iii) a la Superintendencia de Salud, ADRES y UGPP adoptar medidas

involucradas que acataran las decisiones previas y reabrir los incidentes de desacato correspondientes y (iii) a la Superintendencia de Salud, ADRES y UGPP adoptar medidas de vigilancia y sanción frente a la EPS y asegurar la restitución de su afiliación.

5. Trámite procesal

Por auto del 30 de octubre de 2025, el despacho sustanciador ad mitió la demanda de tutela y denegó la medida provisional solicitada4, además, ordenó notificar, en calidad de demandados, a los magistrados de la Consejo de Estado, Sección Quinta y, vinculó, en calidad de terceros con interés, a los magistrados del Tribunal Administrativo del Valle

2 El Juzgado Once Administrativo Oral del Circuito Judicial de Cali, el Juzgado Sexto Penal para Adolescentes con Función de Control de Garantías de Cali, el Juzgado Doce Civil Municipal de Cartagena, el Juzgado Diecinueve Laboral del Circuito Judicial de Bogotá, el Juzgado Cuarenta y Nueve Laboral del Circuito Judicial de Bogotá, las Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial de Cartagena y de Cali, «las Fiscalías de Cartagena y Cali», la EPS Sanitas, la Presidencia de la República de Colombia (a través d el Departamento Administrativo de la Presidencia - DAPRE), la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES), la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Soc ial (UGPP), la Superintendencia Nacional de Salud, Colfondos S.A. y la Unión Temporal PI. 3 El Juzgado Once Administrativo Oral del Circuito Judicial de Cali, el Juzgado Sexto Penal para Adolescentes con

Nacional de Salud, Colfondos S.A. y la Unión Temporal PI. 3 El Juzgado Once Administrativo Oral del Circuito Judicial de Cali, el Juzgado Sexto Penal para Adolescentes con Función de Control de Garantías de Cali, el Juzgado Doce Civil Municipal de Cartagena, el Juzgado Diecinueve Laboral del Circuito Judicial de Bogotá, el Juzgado Cuarenta y Nueve Laboral del Circuito Judicial de Bogotá, las Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial de Cartagena y de Cali, «las Fiscalías de Cartagena y Cali», la EPS Sanitas, la Presidencia de la República de Colombia (a través d el Departamento Administrativo de la Presidencia - DAPRE), la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES), la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Soc ial (UGPP), la Superintendencia Nacional de Salud, Colfondos S.A. y la Unión Temporal PI. 4 la parte actora pidió como medida provisional restablecer sus derechos a través del amparo inmediato de la medida cautelar de protección a su vida, a su salud, a su dignidad humana, a la administración de justicia y al mínimo vital.Radicado: 11001-03-15-000-2025-06688-00

Demandantes: Patricia Eunice Hernández Pianeta

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co del Cauca, a los jueces 11 Administrativo del Circuito de Cali, Sexto Penal para Adolescentes con Función de Control de Garantías de Cali, 12 Civil Municipal de

www.consejodeestado.gov.co del Cauca, a los jueces 11 Administrativo del Circuito de Cali, Sexto Penal para Adolescentes con Función de Control de Garantías de Cali, 12 Civil Municipal de Cartagena, 19 Laboral del Circuito Judicial de Bogotá, 49 Laboral del Circuito de Bogotá, a los directores de las Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial de Cartagena y de Cali, las Fiscalías de Cartagena y Cali, al representante legal de la EPS Sanitas, al Presidencia de la República de Colombia (a través del Departamento Administrativo de la Presidencia - DAPRE), al director de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES), al director de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), al director de la Superintendencia Nacional de Salud, al director de Colfondos S.A. y al representante legal de la Unión Temporal PI.

En cumplimiento de lo anterior, la Secretaría de esta Corporación practicó las notificaciones correspondientes por correos electrónicos el 5 de noviembre de 20255.

6. Intervenciones

El Consejo de Estado, Sección Quinta, solicitó que se declarara la carencia actual de objeto porque la tutela fue presentada el mismo día en que se profirió el auto admisorio dentro del proceso identificado con el radicado No. 11001-03-15-000-2025-05813-00 (27 de octubre de 2025).

Que dicho auto fue notificado al día siguiente a las partes por correo electrónico , por lo que consideró que, con estas actuaciones, se superó la presunta omisión que motivó la

de octubre de 2025).

Que dicho auto fue notificado al día siguiente a las partes por correo electrónico , por lo que consideró que, con estas actuaciones, se superó la presunta omisión que motivó la tutela, pues el proceso se encontraba en etapa de traslado del auto admisorio a las entidades accionadas. Además, indicó que el proceso cuestionado había tenido una fase previa de inadmisión destinada a precisar los hechos, las partes y las pretensiones , por lo que no existió la vulneración alegada por la demandante.

El Juzgado 19 Laboral de Circuito, solicitó que se declarara improcedente la acción de tutela, porque la accionante pretendía usarla como una instancia adicional para revisar una decisión tomada dentro de otro proceso constitucional y no cumplió con el requisito de subsidiariedad, debido a que el ordenamiento contemplaba mecanismos específicos para controvertir decisiones dictadas en tutela, como la impugnación o la eventual revisión ante la Corte Constitucional.

También, solicitó que se desvinculara del trámite por falta de legitimación en la causa por pasiva, porque solo cumplió funciones administrativas (recibir correos o remitir documentos) y no participó en los hechos que originaron la tutela ni emitió la decisión atacada.

El Juzgado Tercero Penal para Adolescentes con Función de Control de Garantías de Cali solicitó que se le desvinculara del trámite constitucional por falta de legitimación en la causa por pasiva al considerar que no había desplegado actuaciones u omisiones que pudieran configurar la vulneración de derechos fundamentales de la accionante. Expuso que la acción de tutela inicial promovida en 2022 ya fue decidida y que las

en la causa por pasiva al considerar que no había desplegado actuaciones u omisiones que pudieran configurar la vulneración de derechos fundamentales de la accionante. Expuso que la acción de tutela inicial promovida en 2022 ya fue decidida y que las órdenes de fondo fueron impartidas por el juez de segunda instancia.

Señaló que los múltiples incidentes de desacato promovidos con posterioridad se resolvieron conforme a la normatividad, por archivo, por cumplimiento de la entidad accionada o por ausencia de mérito para sancionar, y que actualmente no existe trámite incidente pendiente ante ese despacho . En consecuencia, concluyó que no es la autoridad responsable de los hechos que motivan la acción.

Juzgado 49 Laboral de Bogotá , explicó que fue creado en diciembre de 2023 y que, desde abril de 2024, ha recibido más de 480 procesos redistribuidos desde otros juzgados laborales, además de los que ingresan por reparto ordinario.

5 Índice 7 de Samai.Radicado: 11001-03-15-000-2025-06688-00

Demandantes: Patricia Eunice Hernández Pianeta

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

Indicó que el expediente referido por la accionante (radicado 11-001-31-05-019-202300314-00) fue recibido por redistribución el 16 de septiembre de 2025, proveniente del Juzgado 19 Laboral, y actualmente se encuentra al despacho para verificar el cumplimiento de los requisitos del Acuerdo CSJBTA 24 -54 de 2024 con el fin de determinar la procedencia de avocar conocimiento.

Juzgado 19 Laboral, y actualmente se encuentra al despacho para verificar el cumplimiento de los requisitos del Acuerdo CSJBTA 24 -54 de 2024 con el fin de determinar la procedencia de avocar conocimiento.

Afirmó que no vulneró los derechos fundamentales de la accionante porque no existió omisión o dilación atribuible a ese despacho, pues el proceso se t ramitó conforme al orden cronológico y a los ajustes derivados de la redistribución masiva de expedientes.

Fiscalía 34 Seccional Cali informó que, en ese despacho, se adelanta una investigación activa en etapa de indagación por el presunto delito de fraude a resolución judicial, originada en una denuncia presentada por la misma accionante el 29 de agosto de 2023 contra EPS Sanitas. Indic ó que la investigación se reasignó al despacho en enero de 2024 y actualmente está pendiente de respuesta a una orden de policía judicial.

Señaló que la denunciante no concretó los hechos al ser contactada telefónicamente, por lo que se emitió una orden de policía judicial para recolectar elementos materiales probatorios. Explicó que la acción de tutela resulta confusa, pero que la inconformidad de la accionante se relaciona con la falta de prestación de servicios de salud y con la demora en la resolución de otra tutela ante el Consejo de Estado.

Finalmente, sostuvo que no ha vulnerado derecho fundamental alguno, pues no tiene injerencia en la prestación de servicios de salud ni responsabilidad frente a los hechos que motivan la tutela.

La Fiscalía 20 Local de Cartagena, pidió que se declarara la improcedencia de la acción de tutela. Relató que esa fiscalía cursó la indagación NUNC 130016001127202050169

que motivan la tutela.

La Fiscalía 20 Local de Cartagena, pidió que se declarara la improcedencia de la acción de tutela. Relató que esa fiscalía cursó la indagación NUNC 130016001127202050169 por el delito de lesiones culposas, en el que figuró como denunciante la tutelante, por hechos ocurridos en mayo de 2019. Que el proceso se encuentra inactivo desde el 22 de junio de 2023, por la decisión de archivo que le fue debidamente notificada. Finalmente, sostuvo que no existe relación directa entre las pretensiones de la acción de tutela y las funciones asignadas a ese despacho.

La Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bolívar, informó que actualmente cursan ante esa entidad, los siguientes procesos disciplinarios: 13001-11-02-000-202300250-00, 13001-2502-000-2025-00362-00, 13001-25-02-000-2025-00463-00, 1300125-02-000-2025-01107-00, 13001 -25-02-000-2025-01107-00, en los que la señora Patricia Eunice Hernández Pianeta actúa como quejosa.

La Presidencia de la República pidió que se declarara la improcedencia de la acción de tutela y que se desvinculara del presente proceso por falta de legitimación de la causa por pasiva porque no tenía facultad para modificar, ejecutar o exigir el cumplimiento de decisiones judiciales, debido al principio de separación de poderes y a la autonomía funcional de la Rama Judicial.

Señaló que, en un Estado democrático, las autoridades del Ejecutivo no podían intervenir en la actuación de los jueces ni en sus órdenes, por lo que ninguna obligación recaía

funcional de la Rama Judicial.

Señaló que, en un Estado democrático, las autoridades del Ejecutivo no podían intervenir en la actuación de los jueces ni en sus órdenes, por lo que ninguna obligación recaía sobre el DAPRE respecto de las solicitudes de la accionante.

Colfondos S.A. solicitó que se declarara la improcedencia de la tutela al no existir obligación pendiente ni nexo causal con la presunta vulneración alegada por la parte actora, y pidió su desvinculación del proceso por falta de legitimación en la causa por pasiva.

Afirmó que la solicitud del accionante se dirigió contra una entidad distinta y que Colfondos no tuvo competencia para responder lo pedido. Sostuvo además que no existióRadicado: 11001-03-15-000-2025-06688-00

Demandantes: Patricia Eunice Hernández Pianeta

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co hecho ni omisión atribuible a Colfondos que generara vulneración de derechos fundamentales, según lo expuesto por la sentencia T-130 de 2014.

El ADRES, solicitó que se declarara la improcedencia de la acción de tutela o en su defecto, que se denegaran las pretensiones de la demanda. Además, pidió su que se desvinculara del proceso por falta de legitimación en la causa por pasiva , al no tener competencia para satisfacer las solicitudes del accionante y porque no vulneró sus derechos fundamentales.

Explicó que, conforme a la Ley 1753 de 2015 y a los Decretos 1429 de 2016 y 546 de

competencia para satisfacer las solicitudes del accionante y porque no vulneró sus derechos fundamentales.

Explicó que, conforme a la Ley 1753 de 2015 y a los Decretos 1429 de 2016 y 546 de 2017, la ADRES administra los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud desde agosto de 2017, en reemplazo del extinto FOSYGA , por lo que no es la entidad que podría afectar los derechos cuya protección se reclama.

La Superintendencia Nacional de Salud pidió que se declarara la inexistencia de la relación entre los hechos que la accionante presenta como vulneración de derechos y esa entidad y que se desvinculara del proceso por falta de legitimación en la causa por pasiva.

Explicó que la tutela busca que se responda una petición que no fue dirigida a la Superintendencia, sino a otra entidad, por lo que no ha realizado ninguna acción u omisión que pudiera afectar derechos fundamentales.

Afirmó que quien debe pronunciarse de fondo es la aseguradora, porque es la responsable del acceso al servicio de salud, mientras que la Superintendencia solo ejerce funciones de inspección, vigilancia y control, y no actúa como superior jerárquico de las EPS.

La Unión Temporal PI , por conducto de su apoderado, solicitó que se declarara la improcedencia de la acción de tutela porque carecía de fundamento y sustento real , además, indicó que el juez constitucional no podía intervenir en asuntos que correspondían al juez natural y que, en el caso analizado, la protección solicitada no procedía porque la accionante contaba con otros medios adecuados para reclamar sus derechos. . Afirmó que no existía prueba alguna del supuesto accidente de trabajo que alegó la

procedía porque la accionante contaba con otros medios adecuados para reclamar sus derechos. . Afirmó que no existía prueba alguna del supuesto accidente de trabajo que alegó la actora, y que las entidades encargadas ya habían concluido que dicho accidente nunca ocurrió. También señaló que la actora no aceptó los diagnósticos médicos ni las decisiones emitidas en numerosos procesos anteriores.

Además, aseguró que el actuar de la demandante es temeraria, ya que ha interpuest o diferentes acciones de tutelas ante diferentes autoridades judiciales con los mismos argumentos, refiriéndose al proceso de tutela 11001-03-15-000-2025-05813-00 que actualmente se adelanta ante el Consejo de Estado, Sección Quinta.

A pesar de haber sido notificado s, los jueces 11 administrativo de Cali y 12 Civil Municipal de Cartagena, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Cali, la EPS Sanitas y la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) , no rindieron informe sobre los hechos que motivaron la interposición de la presente acción de tutela.

II. CONSIDERACIONES

1. Legitimación en la causa por pasiva.

De conformidad con el artículo 86 de la Constitución Política y el artículo 1º del Decreto 2591 de 1991, la acción de tutela procede contra cualquier autoridad y, excepcionalmente, contra particulares (artículo 42 del Decreto 2591 de 1991).Radicado: 11001-03-15-000-2025-06688-00

Demandantes: Patricia Eunice Hernández Pianeta

excepcionalmente, contra particulares (artículo 42 del Decreto 2591 de 1991).Radicado: 11001-03-15-000-2025-06688-00

Demandantes: Patricia Eunice Hernández Pianeta

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co La Corte Constitucional6 ha señalado que la legitimación en la causa por pasiva en sede de tutela se refiere a la aptitud legal que tiene la persona contra la que se dirige la acción de tutela, y quien está llamada a responder por la vulneración o amenaza del derecho fundamental, cuando ésta resulte demostrada.

En el presente asunto, tanto la Presidencia de la República, los Juzgados 19 Laboral del Circuito y Tercero Penal para Adolescentes con Función de Control de Garantías de Cali, Colfondos, la Superintendencia Nacional de Salud y el A DRES solicitaron su desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva , porque dijeron no tener una relación directa con los hechos que originaron la tutela.

La Sala no accederá a lo solicitado por las entidades, pues se vincularon al proceso en calidad de terceros intervinientes por haber fungido como partes demandadas dentro de la acción de tutela No. 11001-03-15-000-2025-05813-00.

Por lo tanto, se denegarán las solicitudes dado que no está probada la falta de legitimación en la causa por pasiva que alegaron.

2. Problema jurídico y solución

Corresponde a la Sala determinar si el Consejo de Estado, Sección Quinta, incurrió en

legitimación en la causa por pasiva que alegaron.

2. Problema jurídico y solución

Corresponde a la Sala determinar si el Consejo de Estado, Sección Quinta, incurrió en mora judicial injustificada por la omisión en dictar fallo en primera instancia dentro del proceso de tutela 11001-03-15-000-2025-05813-00.

La Sala precisa que no se pronunciará sobre la solicitud de la parte actora dirigida a que en esta instancia se decidieran las pretensiones que coinciden con las propuestas en la acción de tutela 11001 -03-15-000-2025-05813-00, por cuanto dichas pretensiones son competencia de la autoridad judicial demandada.

En ese sentido, la Sala anticipa que declarará la carencia actual de objeto. En efecto , en el curso de esta acción de tutela se profirió sentencia de primera instancia el 20 de noviembre de 2025 dentro del proceso constitucional con radicado 11001-03-15-000-2025-05813-00.

Para llegar a esa conclusión, la Sala se referirá a los siguientes asuntos: (i) generalidades de la acción de tutela, (ii) sobre la carencia actual de objeto en materia de tutela y, (iii) análisis del caso concreto.

3. Generalidades de la acción de tutela

La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y desarrollada por el Decreto 2591 de 1991, es una acción residual que permite a todas las personas reclamar ante los jueces la protección inmediata de los derechos fundamentales que sean vulnerados o amenazados, por la acción o la omisión de cualquier autoridad o de los particulares, en el último caso, cuando así lo permita expresamente la ley.

reclamar ante los jueces la protección inmediata de los derechos fundamentales que sean vulnerados o amenazados, por la acción o la omisión de cualquier autoridad o de los particulares, en el último caso, cuando así lo permita expresamente la ley.

La acción procede cuando el interesado no dispone de otro medio de defensa, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. En todo caso, el otro mecanismo de defensa debe ser idóneo para proteger el derecho fundament al vulnerado o amenazado, pues, de lo contrario, el juez de tutela deberá determinar si existe perjuicio irremediable y, de existir, debe examinar de fondo los argumentos que proponga la parte demandante.

4. Sobre la carencia actual de objeto en materia de tutela

El artículo 26 del Decreto 2591 de 1991 señala que: «Si, estando en curso la tutela, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la

6 Sentencia T1051 de 2006, M.P. Álvaro Tafur Galvis. Reiterada en la sentencia T-278 de 2018, M.P. Gloria Stella

Ortiz Delgado.Radicado: 11001-03-15-000-2025-06688-00

Demandantes: Patricia Eunice Hernández Pianeta

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co actuación impugnada, se declarará fundada la solicitud únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes».

El fenómeno de la carencia actual de objeto se caracteriza principalmente por hacer que

www.consejodeestado.gov.co actuación impugnada, se declarará fundada la solicitud únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes».

El fenómeno de la carencia actual de objeto se caracteriza principalmente por hacer que la orden impartida por el juez en la sentencia de tutela se torne inocua. Es decir, que resulta intrascendente que el juez de tutela se pronuncie de fondo frente a la vulneración o amenaza de derechos fundamentales.

En reiterada jurisprudencia, la Corte Constitucional ha establecido que la carencia actual de objeto puede presentarse a partir de tres eventos que sugieren consecuencias distintas: el hecho superado, el daño consumado y el hecho sobreviniente. En lo que aquí interesa, el hecho superado ocurre cuando «la acción de tutela pierde su razón de ser, debido a la «alteración o el desaparecimiento de las circunstancias que dieron origen» 7 a su presentación.

5. Análisis del caso en concreto

La demandante pretende que se amparen sus derechos fundamentales a la vida, la salud, al mínimo vital, a la dignidad humana, a la seguridad social, al debido proceso y de acceso a la administración de justicia . Al respecto, expuso que el Consejo de Estado, Sección Quinta, incurrió en mora judicial injustificada por la omisión dictar sentencia de primera instancia dentro de la acción de tutela 11001-03-15-000-2025-05813-00.

Para resolver el caso bajo estudio, la Sala hará un recuento de las actuaciones registradas en SAMAI del proceso de tutela, así:

• El 17 de septiembre de 2025, la señora Patricia Eunice Hernández Pianeta presentó acción de

Para resolver el caso bajo estudio, la Sala hará un recuento de las actuaciones registradas en SAMAI del proceso de tutela, así:

• El 17 de septiembre de 2025, la señora Patricia Eunice Hernández Pianeta presentó acción de tutela contra Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otros 8, con el fin de que se ampararan sus derechos fundamentales a la vida, salud, mínimo vital, dignidad humana, seguridad social, «integridad física y mental», igualdad, debido proceso, acceso a la administración de justicia y «estabilidad laboral reforzada».

• Por auto del 8 de octubre de 2025, el Consejo de Estado, Sección Quinta, inadmitió la tutela por presentar defectos formales.

• El 20 de octubre del presente año, la señora Hernández Pianeta subsanó la demanda y corrigió los defectos formales del escrito de tutela inicial.

• El 27 de octubre de 2025, el Consejo de Estado, Sección Quinta, admitió la acción de tutela y negó la medida provisional solicitada. La providencia se notificó el 10 y 28 de octubre y 10 de noviembre de 2025.

• El 20 de noviembre de 2025. El Consejo de Estado, Sección Quinta, dictó sentencia de primera instancia en la que decidió (i) denegar la solicitud de amparo promovida por la señora Patricia Eunice Hernández Pianeta contra la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud -ADRES, la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP y la Superintendencia Nacional de Salud y (ii) declarar improcedente la presente acción contra el Tribunal Administrativo del Valle del

Seguridad Social en Salud -ADRES, la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP y la Superintendencia Nacional de Salud y (ii) declarar improcedente la presente acción contra el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, el Juzgado Once Administrativo Oral del Circuito Judicial de Cali, el Juzg ado Sexto Penal para Adolescentes con Función de Control de Garantías de Cali, el Juzgado Doce Civil Municipal de Cartagena, el Juzgado Diecinueve Laboral del Circuito Judicial de Bogotá, el Juzgado Cuarenta y Nueve Laboral del Circuito Judicial de Bogotá, la EPS Sanitas, la Presidencia de la República de Colombia-DAPRE, y la Unión Temporal PI.

• La sentencia se notificó el 24 de noviembre de 2024