CE - Sentencia 11001031500020250669400 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá, D.C., dos (2) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Acción de tutela Radicado: 11001-03-15-000-2025-06694-00 (10625)

Accionante: José Gregorio Arroyo Arrieta

Accionado: Sección Quinta del Consejo de Estado

Tema: tutela contra providencia judicial. Subtema 1: medio de control de nulidad electoral. Subtema 2: jurisprudencia anunciada . Subtema 3: defecto fáctico y decisión sin motivación.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver la solicitud interpuesta por el señor José Gregorio Arroyo Arrieta en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución Política.

1. SÍNTESIS DEL CASO El señor José Gregorio Arroyo Arrieta presentó escrito de tutela con la pretensión de amparo de s us derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y al acceso a la administración de justicia , los cuales consideró vulnerados por la Sección Quinta del Consejo de Estado, con ocasión de la sentencia proferida el 9 de octubre de 202 5 dentro del proceso de nulidad electoral identificado con el

radicado núm. 70001-23-33-000-2023-00157-00/01/02.Radicado: 11001-03-15-000-2025-06694-00 (10625)

Accionante: José Gregorio Arroyo Arrieta

Accionado: Sección Quinta del Consejo de Estado

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2. ANTECEDENTES

2.1. Hechos relevantes

1. A partir del escrito de tutela y de los demás elementos aportados por las partes en el trámite constitucional, la Sala destaca los siguientes hechos relevantes:

2. Los señores José Gregorio Arroyo Arrieta, Luis Hernando Ortiz Rosero, Yesid Alfredo Chamorro Barboza y Jaime Ernesto Morales Álvarez presentaron demandas en ejercicio del medio de control de nulidad electoral, con el objeto de que se declarara la nulidad del formulario E 26 ASA del 7 de noviembre de 2023, mediante el cual se declaró la elección del señor Luis Alfonso Álvarez Padilla como diputado del departamento de Sucre por el partido Centro Democrático y

movimiento Colombia Justa Libres.

3. El sustento de la nulidad radicó en que la coalición Centro Democrático-Colombia Justa Libres no podía ser inscrita para aspirar a las curules de la Asamblea Departamental de Sucre en las elecciones territoriales del 2023, toda vez que en la elección inmediatamente anterior (2019), la votación obt enida en conjunto por dichas agrupaciones políticas superó el tope del 15 % establecido en el inciso 5 del artículo 262 de la Constitución Política.

4. El conocimiento de las demandas correspondió al Tribunal Administrativo de

dichas agrupaciones políticas superó el tope del 15 % establecido en el inciso 5 del artículo 262 de la Constitución Política.

4. El conocimiento de las demandas correspondió al Tribunal Administrativo de Sucre que, las acumuló y por sentencia del 11 de junio de 2025, negó las pretensiones, al considerar que no se quebrantó el límite del 15 %, ni se desconocieron los estatutos del partido Colombia Justa Libres en el proceso de inscripción de las listas y en el otorgamiento de avales a los candidatos inscritos.

5. La parte demandante interpuso recurso de apelación y la Sección Quinta del Consejo de Estado, por sentencia del 9 de octubre de 2025, la confirmó.

2.2. Pretensión y argumentos de la tutela

6. El señor José Gregorio Arroyo Arrieta solicitó en el escrito de tutela lo siguiente:

1. Que se declare que la sentencia proferida por el Honorable Consejo de Estado incurrió en defectos sustantivo y de falta de motivación, vulnerando los derechosRadicado: 11001-03-15-000-2025-06694-00 (10625)

Accionante: José Gregorio Arroyo Arrieta

Accionado: Sección Quinta del Consejo de Estado

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fundamentales al debido proceso, a la igualdad y al acceso a la administración de justicia.

2. Que se deje sin efectos la sentencia proferida por la Sección Quinta del Consejo

de Estado, de fecha 9 de octubre de 2025, dentro del proceso No. 70001-23-3300000157-02. Que, en su lugar, se ordene a la autoridad judicial accionada emitir una nueva d ecisión revocando la decisión de primera instancia, conforme a los argumentos expuestos en la parte considerativa de la Sentencia de Segunda.

3. Que se adopten las demás medidas necesarias para restablecer los derechos vulnerados1.

7. Como fundamento de sus pretensiones, el actor afirmó que la Sección Quinta incurrió en un defecto sustantivo, porque sus consideraciones contradicen el sentido de la decisión. Afirmó que la Sala descartó los argumentos del Tribunal Administrativo de Sucre por carecer de fundamento normativo y reconoció que la distribución de votos dentro de una coalición tiene efectos jurídicos derivados del modelo de financiación de campañas previsto en normas como los artículos 109 de la Constitución Política, 21 y 29 de la Ley 1475 de 2011 y 13 de la Ley 130 de 1994; sin embargo, pese a resaltar que dichas reglas podían orientar la solución del caso, terminó confirmando la sentencia de primera instancia, lo cual, a ju icio del actor, implica una contradicción interna que afecta la coherencia del fallo.

8. El actor sostuvo que la sentencia acusada carece de motivación suficiente porque, aunque desarrolla ampliamente que se configuró el vicio alegado en la demanda de nulidad electoral y que, en consecuencia, lo precedente era revocar la decisión del Tribunal, en la parte resolutiva simplemente confirmó el fallo de primer grado sin explicar por qué no aplicaba las conclusiones expuestas en la argumentación, lo cual impedía conocer las razones que justificaron la decisión.

decisión del Tribunal, en la parte resolutiva simplemente confirmó el fallo de primer grado sin explicar por qué no aplicaba las conclusiones expuestas en la argumentación, lo cual impedía conocer las razones que justificaron la decisión.

9. Finalmente, según el accionante la sentencia objeto de tutela incurrió en defecto fáctico, pues la autoridad judicial accionada omitió examinar documentos esenciales para el caso, especialmente los formularios R6 ASA y E7 ASA, en los que se habría registrado información contraria a la realidad con el propósito de eludir las exigencias del inciso 5 del art ículo 262 de la Constitución Política. Esas pruebas, afirmó, permitían construir indicios graves sobre irregularidades que afectaban la validez de la elección.

1 Se transcribe incluso con errores de texto.Radicado: 11001-03-15-000-2025-06694-00 (10625)

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2.3. Trámite procesal

10. El despacho ponente, mediante auto del 30 de octubre de 2025 2, admitió la solicitud de amparo; vinculó, como tercero s con interés, a la Sala Cuarta del Tribunal Administrativo de Sucre, al Consejo Nacional Electoral, a la Registraduría Nacional del Estado Civil, a los señores Luis Alfonso Álvarez Padilla, Luis Hernando Ortiz Rosero, Yesid Chamorro Barboza y Jaime Ernesto Morales Álvarez ; requirió,

en medio digital, el expediente ordinario con radicado núm. 70001-23-33-000-202300157-00/01/02; y tuvo como pruebas los documentos aportados con la demanda de tutela.

2.4. Intervenciones

11. La Registraduría Nacional del Estado Civil pidió que se le desvinculara de la presente acción constitucional en consideración a que la violación de derechos se predica de las decisiones del Tribunal Administrativo de Sucre y de la Sección Quinta del Consejo de Estado. Por lo anterior, indicó que se debe declarar la falta de legitimación en la causa por pasiva respecto a esta entidad3.

12. El Consejo Nacional Electoral pidió su desvinculación al considerar que no tiene legitimación en la causa por pasiva, pues no participó en la expedición del acto cuestionado ni en la actuación administrativa discutida . Agregó que la tutela no es procedente, pues el actor no identificó un error concreto en la valoración probatoria ni demostró un nexo entre los hechos expuestos y la decisión adoptada y solo reiteró inconformidades ya debatidas en el proceso electoral4.

13. La Sección Quinta del Consejo de Estado pidió que se declare improcedente la acción de tutela o, en su defecto, se denieguen las pretensiones, por no acreditarse el requisito de relevancia constitucional. Sostuvo que no se configuraron los defectos alegados por el accionante ni existió vulneración de derechos fundamentales5.

2 Samai, exp. núm. 11001 -03-15-000-03476-00, índice 5, certificado 8B9E5C23164CC44D

fundamentales5.

2 Samai, exp. núm. 11001 -03-15-000-03476-00, índice 5, certificado 8B9E5C23164CC44D 1A494D14891EB2AB 1789A7E7EB04290F A93813D03F0A6BA8. 3 Samai, índice 9 certificado 7D811F05C2632B2B 8F2CD4FA514A4BEE 257AD55F80EA5643 49B356C7DA9AAA72. 4 Samai, exp. índice 1 0, certificado 88C66F0217498A29 9BFBE5DA70099409 F1CA00F5BB810AF2 E8A4235D6B196DAA. 5 Samai, exp. índice 1 1, certificado 6BC220DD0A851B3B 6B057A92EC2D33C8 A99AFC87436423AC C2EEF469A47DFD72.Radicado: 11001-03-15-000-2025-06694-00 (10625)

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14. Los demás vinculados al trámite constitucional como terceros con interés, guardaron silencio.

3. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

15. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, la Sala tiene competencia para conocer la presente solicitud de amparo interpuesta en contra de la Sección Quinta del

Consejo de Estado.

3.2. Legitimación en la causa

artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, la Sala tiene competencia para conocer la presente solicitud de amparo interpuesta en contra de la Sección Quinta del Consejo de Estado.

3.2. Legitimación en la causa

16. La legitimación en la causa por activa del señor José Gregorio Arroyo Arrieta se encuentra acreditada, por cuanto fue el demandante en el proceso de nulidad electoral que finalizó con la sentencia de segunda instancia del 9 de octubre de 2025, objeto de tutela , y, por lo tanto, es el titular de los derechos que consideró fueron vulnerados.

17. Asimismo, está probada la legitimación en la causa por pasiva de la Sección Quinta del Consejo de Estado, porque fue la autoridad que profirió la sentencia del 9 de octubre de 2025 que, según afirmó el tutelante, quebrantó sus derechos fundamentales.

18. Ahora bien, el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría Nacional del Estado Civil solicitaron su desvinculación , al estimar que no están llamad os a responder por la vulneración de los derechos fundamentales alegada por el accionante.

19. Al respecto, la Sala aclara que su vinculación al presente asunto fue en calidad de terceros con interés, en aras de garantizar sus derechos de defensa y contradicción. En ese orden, al no acudir a este trámite constitucional como autoridades accionadas, no es posible declarar su falta de legitimación en la causa por pasiva. Por los motivos expuestos, se negará su solicitud.Radicado: 11001-03-15-000-2025-06694-00 (10625)

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Accionante: José Gregorio Arroyo Arrieta

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3.3. Cuestión preliminar 3.3.1. Determinación de los defectos objeto de análisis

20. La Sala observa que, el demandante, en el escrito de tutela, sustentó el defecto sustantivo y la decisión sin motivación en la presunta falta de congruencia entre los argumentos de la sentencia y su parte resolutiva. Esa inconformidad, al recaer sobre la coherencia interna de la sentencia, se estudiará bajo el parámetro específico de decisión sin motivación.

21. Asimismo, el actor sostuvo que la sentencia adolece de defecto fáctico al omitir la valoración de los formularios R6 ASA y E7 ASA.

22. Por las anteriores razones , la Sala analizará el asunto bajo una posible configuración de un defecto fáctico y decisión sin motivación.

3.4. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial

23. La reiterada jurisprudencia del Consejo de Estado6 y de la Corte Constitucional ha destacado que la acción de tutela contra providencia judicial procede de manera excepcional bajo el cumplimiento de requisitos generales y específicos, en procura de evitar que dentro de los procesos judiciales se haga un uso abusivo de este mecanismo constitucional7.

24. En relación con los requisitos generales de procedibilidad, la parte accionante

debe acreditar los siguientes:

1. Que el asunto a discutir sea de evidente relevancia constitucional. ii) Que haya agotado todos los recursos ordinarios y extraordinarios de defensa judicial.

debe acreditar los siguientes:

1. Que el asunto a discutir sea de evidente relevancia constitucional. ii) Que haya agotado todos los recursos ordinarios y extraordinarios de defensa judicial. iii) Que haya interpuesto la acción en un tiempo razonable y proporcionado. iv) Que, si se trata de una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa y determinante sobre el sentido de la decisión objeto de análisis y que afecte un derecho fundamental.

6 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso -Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014, expediente núm. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). 7 Corte Constitucional, sentencia SU-813 de 2007.Radicado: 11001-03-15-000-2025-06694-00 (10625)

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1. Que estén identificados los hechos generadores de la vulneración y los derechos afectados y, de ser posible, se aleguen las razones de tal vulneración. vi) Que no se trate de una tutela contra sentencia de tutela.

25. Por su parte, los requisitos o causales específicas de procedibilidad del recurso de amparo versan comúnmente sobre aspectos que, por su gravedad, hacen incompatible una providencia judicial con los mandatos constitucionales 8 y, por tanto, constituyen fundamento para conceder o negar la acción de tutela. En otras palabras, estos requisitos hacen referencia a determinados escenarios que afectan la integridad de la decisión judicial y que justifican la intervención del juez constitucional para la salvaguarda de los derechos fundamentales.

palabras, estos requisitos hacen referencia a determinados escenarios que afectan la integridad de la decisión judicial y que justifican la intervención del juez constitucional para la salvaguarda de los derechos fundamentales.

26. En tal virtud, para que prospere una tutela contra providencia judicial se requiere que se configure, al menos, uno de los siguientes defectos o causales: i) orgánico; ii) procedimental absoluto; iii) fáctico; iv) material o sustantivo; v) error inducido a la autoridad judicial; vi) decisión sin motivación; vii) desconocimiento del precedente constitucional; o viii) violación directa de la Constitución9.

3.4.1. Análisis de los requisitos generales de procedibilidad

17. Con respecto al requisito de relevancia constitucional, la jurisprudencia de la Corte Constitucional 10 ha destacado el deber que le asiste al juez de tutela de pronunciarse de forma expresa, y con claridad, en torno a las razones por las cuales el asunto que entra a resolver supera este presupuesto, de cara a los lineamientos que ha impartido el órgano de cierre sobre la materia.

18. Así pues, la Corte Constitucional 11 ha fijado unos criterios que deben ser acatados con el fin de tener por superado el requisito de relevancia constitucional en un caso en concreto, los cuales son los siguientes: i) Que esté inmiscuido «el contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental y no referirse exclusivamente a un asunto meramente legal y/o económico»12 lo que implica revisar «que el asunto tenga la entidad

8 Corte Constitucional, sentencia SU-024 de 2018.

fundamental y no referirse exclusivamente a un asunto meramente legal y/o económico»12 lo que implica revisar «que el asunto tenga la entidad

8 Corte Constitucional, sentencia SU-024 de 2018. 9 Corte Constitucional, sentencias T-310 de 2009, SU-072 de 2018 y SU-215 de 2022. 10 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022. 11 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022. 12 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.Radicado: 11001-03-15-000-2025-06694-00 (10625)

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para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental»13; ii) que el asunto no sea exclusivamente económico o que no tenga únicamente un carácter legal, lo que ocurre por ejemplo cuando se discute la forma de interpretar o aplicar una norma o en los eventos en que la controversia versa sobre un aspecto monetario que solo comporta incidencia para los particulares más no para el interés general; y iii) que la solicitud de amparo cumpla con una carga argumentativa mínima que permita exponer las razones por las cuales la providencia judicial incurrió en una afectación grave de derechos fundamentales.

19. En el caso particular, la cuestión que se discute reviste de relevancia constitucional, toda vez que la parte accionante, más allá de mencionar que existió una afectación de sus derechos fundamentales, indicó expresamente que en la decisión se configuró un desconocimiento del ordenamiento jurídico que, a su juicio, impidió que se expidiera una decisión ajustada a derecho.

una afectación de sus derechos fundamentales, indicó expresamente que en la decisión se configuró un desconocimiento del ordenamiento jurídico que, a su juicio, impidió que se expidiera una decisión ajustada a derecho.

20. También, supera la presente acción el requisito de subsidiariedad porque la parte actora no cuenta con otros mecanismos ordinarios y/o extraordinarios para la protección de sus derechos fundamentales, pues agotó las instancias respectivas dentro del medio de control electoral en el que se profirió la decisión objeto de tutela.

21. Asimismo, el requisito de inmediatez se encuentra satisfecho, toda vez que la sentencia proferida el 9 de octubre de 2025 por la Sección Quinta del Consejo de Estado, fue notificada en 10 de octubre siguiente 14, y la demanda de tutela se presentó el 24 de octubre de 2025 15, esto es, dentro del plazo de seis meses previsto por la jurisprudencia constitucional 16 y el Consejo de Estado 17 como razonable.

22. En cuanto al requisito de identificación de los hechos y argumentos , este se encuentra cumplido en el presente asunto, en la medida en que la parte actora mencionó con claridad los hechos y los fundamentos de la afectación alegada, y no resultaba posible que hubiera alegado la vulneración reclamada en sede del

13 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022. 14 Samai, exp. 70001-23-33-000-2023-00157-02, índice 23. 15 Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-06694-00, índice 1. 16 Corte Constitucional, sentencia T-466 de 2022.

15 Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-06694-00, índice 1. 16 Corte Constitucional, sentencia T-466 de 2022. 17 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso -Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014, expediente núm. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).Radicado: 11001-03-15-000-2025-06694-00 (10625)

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proceso ordinario, precisamente porque su cuestionamiento está dirigido en contra de la decisión que le puso fin a la actuación judicial.

23. Finalmente, la providencia reprochada no fue emitida dentro de un trámite de tutela, sino que se dictó al interior de un proceso de nulidad electoral.

24. De acuerdo con lo expuesto, la Sala encuentra superados los requisitos generales de procedibilidad en relación con el defecto fáctico y decisión sin motivación y, en ese orden, continuará con el análisis de fondo en los términos que planteó la parte actora.

3.5. Problema jurídico

27. ¿La sentencia del 9 de octubre de 2025, dictada por la Sección Quinta del Consejo de Estado , incurrió en los defectos fáctico y de falta de motivación en la decisión y, como consecuencia, vulneró los derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso y al acceso a la administración de justicia?

3.5.1. El defecto fáctico

28. De acuerdo con la Corte Constitucional, una decisión judicial incurre en defecto

al debido proceso y al acceso a la administración de justicia?

3.5.1. El defecto fáctico

28. De acuerdo con la Corte Constitucional, una decisión judicial incurre en defecto fáctico cuando «el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión» 18. Este vicio en la valoración probatoria debe ser ostensible, flagrante y manifiesto, y debe tener «incidencia directa en la decisión 19» objeto de tutela. Además, puede configurarse en dos dimensiones: una positiva y otra negativa.

29. La dimensión positiva ocurre en aquellos eventos en los que el juez « […] aprecia y da valor a elementos materiales probatorios indebidamente recaudados o, efectúa una valoración por “completo equivocada”»20. Por su parte, la dimensión negativa se presenta cuando los funcionarios judiciales «sin justificación alguna no valoran los medios de convicción existentes en el proceso, los cuales determinan la solución del caso objeto de análisis; […] resuelven el caso sin tener las pruebas suficientes que sustentan la decisión; y […] no ejercen la actividad probatoria de

18 Corte Constitucional, sentencia SU-062 de 2018. 19 Corte Constitucional, sentencia T-442 de 1994, criterio reiterado en la sentencia SU-048 de 2022. 20 Corte Constitucional, sentencia SU-048 de 2022.Radicado: 11001-03-15-000-2025-06694-00 (10625)

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oficio en aquellos casos que las normas procesales y constitucionales así lo determinan»21.

Accionante: José Gregorio Arroyo Arrieta

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oficio en aquellos casos que las normas procesales y constitucionales así lo determinan»21.

30. En particular, resulta importante destacar que el defecto fáctico por indebida valoración probatoria se configura en las siguientes hipótesis:

(i) cuando el funcionario judicial, en contra de la evidencia probatoria, decide separarse por completo de los hechos debidamente probados y resolver a su arbitrio el asunto jurídico debatido; (ii) cuando a pesar de existir pruebas ilícitas no se abstiene de excluirlas y con base en ellas fundamenta la decisión respectiva; (iii) en la hipótesis de incongruencia entre lo probado y lo resuelto, esto es, cuando se adoptan decisiones en contravía de la evidencia probatoria y sin un apoyo fáctico claro; (iv) cua ndo el funcionario judicial valora pruebas manifiestamente inconducentes respecto de los hechos y pretensiones debatidos en un proceso ordinario, no por tratarse en estricto sentido de pruebas viciadas de nulidad sino porque se trata de elementos probatori os que no guardaban relación con el asunto debatido en el proceso; y (v) cuando el juez de conocimiento da por probados hechos que no cuentan con soporte probatorio dentro del proceso22.

31. Ahora bien, la Corte Constitucional ha precisado que el juez de tutela, en el análisis del defecto fáctico, debe privilegiar los principios de autonomía e independencia judicial 23, lo que exige a la parte interesada indicar, de forma concreta, las razones por las cuales el juez ordinario incurrió en el defecto, toda

análisis del defecto fáctico, debe privilegiar los principios de autonomía e independencia judicial 23, lo que exige a la parte interesada indicar, de forma concreta, las razones por las cuales el juez ordinario incurrió en el defecto, toda vez que este «no puede convertirse en una instancia revisora de la actividad de evaluación probatoria del juez que ordinariamente conoce de un asunto, según las reglas generales de competencia»24.

32. Finalmente, la jurisprudencia constitucional ha enunciado, de manera genérica, por lo menos cuatro criterios que le permiten al juez de tutela identificar si la decisión judicial cuestionada fue arbitraria e irrazonable al momento de evaluar las

pruebas en cada caso:

50. El primero de ellos exige considerar si la conclusión que se extrae de las pruebas que obran en el expediente es por completo equivocada […] diametralmente opuesta –siguiendo las reglas de la lógica – a la que se desprende del contenido de los materiales probatorios. […]

21 Corte Constitucional, sentencia SU-167 de 2024. 22 Corte Constitucional, sentencia T-781 de 2011. 23 Corte Constitucional, sentencia SU 289 de 2019. 24 Corte Constitucional, sentencia T-146 de 2010.Radicado: 11001-03-15-000-2025-06694-00 (10625)

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51. El segundo requiere examinar si la valoración no cuenta con un fundamento objetivo. Es el caso del juez que resuelve una controversia acudiendo a su propio

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51. El segundo requiere examinar si la valoración no cuenta con un fundamento objetivo. Es el caso del juez que resuelve una controversia acudiendo a su propio capricho o voluntad. El tercero impone determinar si las pruebas han sido valoradas de manera integral o si, por el contrario, se asigna un mayor o menor valor a alguna prueba en relación con otras, sin que exista justificación para ello.

52. El cuarto criterio ordena considerar si la conclusión se basa en pruebas

[impertinentes, inconducentes o ilícitas]25.

3.5.2. Decisión sin motivación

25. El deber que les corresponde a las autoridades judiciales de fundamentar sus decisiones en el marco jurídico aplicable y en los supuestos fácticos objeto de estudio dio lugar a que la ausencia de un análisis razonable del asunto se considerara una causal autónoma para la procedencia de la tutela en contra de providencia juridiciales.

26. Al respecto, la Corte Constitucional, precisó que la decisión sin motivación se configura por «el incumplimiento de los servidores judiciales del deber de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones, pues precisamente en esa motiva ción reposa la legitimidad de su órbita funcional. Este tipo de falencia se distingue del defecto fáctico, en cuanto no se estructura a partir de la disconformidad entre la motivación de la sentencia y su parte resolutiva, sino en la ausencia de razonamientos que sustenten lo decidido»26.

27. En atención a lo anterior, la jurisprudencia constitucional 27 precisó que la

de la disconformidad entre la motivación de la sentencia y su parte resolutiva, sino en la ausencia de razonamientos que sustenten lo decidido»26.

27. En atención a lo anterior, la jurisprudencia constitucional 27 precisó que la ausencia de motivación no se estructura ante cualquier divergencia con el razonamiento del juez, sino, únicamente, cuando su argumentación fue decididamente defectuosa, abiertamente insuficiente o inexistente. Esto es, porque el respeto del principio de autonomía judicial impide que el juez de tutela se inmiscuya en meras controversias interpretativas. En efecto, la competencia en materia de tutela «se activa únicamente en los casos específicos en que la falta de argumentación decisoria convierte la providencia en un mero acto de voluntad del juez, es decir, en una arbitrariedad».28

25 Corte Constitucional, sentencia SU-167 de 2024. 26 Corte Constitucional, sentencia C -590 de 2005, criterio reiterado en sentenciasT -310 de 2009 y T -502 de 2024. 27 Corte Constitucional, sentencia T-233 de 2007, criterio reiterado en la sentencia T-041 de 2018. 28 Corte Constitucional, sentencia T-709 de 2010, criterio reiterado en la sentencia T-041 de 2018.Radicado: 11001-03-15-000-2025-06694-00 (10625)

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28. Lo expuesto significa que la falta de motivación como causal de procedencia de la tutela en contra de decisiones judiciales propende por la salvaguarda del

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28. Lo expuesto significa que la falta de motivación como causal de procedencia de la tutela en contra de decisiones judiciales propende por la salvaguarda del derecho de los ciudadanos a obtener respuestas razonadas de la administración de justicia, lo cual p ermite que se pueda ejercer adecuadamente el derecho de contradicción.

29. En este sentido, el cargo de ausencia de motivación de una decisión judicial le exige al juez de tutela examinar el contenido de los argumentos de hecho y de derecho en los que se sustenta la providencia cuestionada, pues no se puede desconocer los fundamentos en los que se estructuran las decisiones de los jueces, son elementos esenciales de la función judicial. De modo que su inexistencia o deficiencia puede convertir la providencia en un mero acto sometido a la voluntad del juez, lo cual supone una clara vulneración del debido proceso.

30. Por otra parte, la jurisprudencia constitucional ha determinado que no corresponde al juez de tutela establecer a qué conclusión debió llegar la autoridad judicial accionada, sino señalar que la providencia atacada presenta un grave déficit de motivación que la deslegitima como tal29.

3.6. Caso concreto

33. En el asunto bajo estudio, el José Gregorio Arroyo Arrieta presentó escrito en ejercicio del medio de control de nulidad electoral para que se declarara la nulidad del acto de elección Luis Alfonso Álvarez Padilla como diputado del departamento de Sucre para el periodo 2024-2027.

34. En primera instancia, el Tribunal Administrativo de Sucre negó las pretensiones

del acto de elección Luis Alfonso Álvarez Padilla como diputado del departamento de Sucre para el periodo 2024-2027.

34. En primera instancia, el Tribunal Administrativo de Sucre negó las pretensiones de la demanda mediante fallo del 11 de junio de 2025 . Apelada la anterior providencia, la Sección Quinta del Consejo de Estado emitió