CE - Sentencia 11001031500020250669500 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá D.C., cuatro (4) de diciembre dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Acción de tutela Radicación: 11001-03-15-000-2025-06695-00

Accionante: Mandato de Coomeva EPS

Accionados: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B y otro

Tema: Tutela contra providencia judicial proferida dentro del proceso de reparación directa

Decisión: Niega el amparo porque no se acreditaron los defectos endilgados

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

I. ASUNTO

1. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado decide la acción de tutela 1 presentada por el Mandato de Coomeva EPS S.A , por conducto de apoderado judicial, en contra del Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C de Descongestión por la presunta vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso, acceso efectivo a la administración de justicia, a la igualdad ; así como de los principios de confianza legítima y seguridad jurídica, con ocasión de la providencia del 28 de abril de 2025, dentro del proceso de reparación directa seguido

proceso, acceso efectivo a la administración de justicia, a la igualdad ; así como de los principios de confianza legítima y seguridad jurídica, con ocasión de la providencia del 28 de abril de 2025, dentro del proceso de reparación directa seguido bajo el radicado 25000-23-26-000-2011-00264-01.

II. ANTECEDENTES

2.1. Hechos

2. El 25 de marzo de 2011, Coomeva EPS S.A . promovió demanda de reparación directa en contra de la Nación - Ministerio de Protección Social y el Consorcio Fidufosyga 2005, hoy ADRES, con el propósito de que se declararan responsables por los perjuicios ocasionados por el no pago de los insumos y servicios que prestó, en cumplimiento a los fallos de tutela y a las decisiones del Comité Técnico Científico, que se encontraban excluidos del POS y las solicitudes de recobro presentadas que fueron rechazadas.

3. El proceso correspondió al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección, autoridad judicial que, mediante providencia del 23 de julio de 2015 declaró probada la indebida escogencia de la acción2.

4. En sede de apelación, el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B

1 Acción de tutela presentada el 23 de octubre de 2025. 2 Es de advertir que el aludido proceso se surtió en virtud el Decreto 01 de 1984.Acción De Tutela Radicado: 11001-03-15-000-2025-06695-00

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2 mediante proveído del 17 de febrero de 2021 resolvió declarar la nulidad de la sentencia por falta de jurisdicción para conocer de la aludida demanda.

5. Con ocasión de lo anterior, el conocimiento correspondió al Juzgado Doce Laboral del Circuito de Bogotá , despacho judicial que, propuso un conflicto negativo entre jurisdicciones, de conformidad con lo dispuesto por la Corte Constitucional en el auto A-389 de 2021.

6. Así las cosas, la Corte Constitucional a través de auto A -2582 del 18 de octubre de 2023 dirimió el conflicto de jurisdicciones. En consecuencia, asignó el conocimiento de asunto a la Subsección B, de la Sección Tercera, del Consejo de Estado. Por lo tanto , ordenó resolver el recurso de apelación presentado por

Coomeva EPS S.A.

7. En cumplimiento de lo anterior , el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B por medio de sentencia del 28 de abril de 2025 confirmó la decisión de declarar la indebida escogencia de la acción.

2.2. Fundamento jurídico

8. La parte actora señaló que se aplicaron indebidamente los parámetros fijados en la sentencia de unificación del 20 de abril de 2023 proferida por la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado , según los cuales las controversias

8. La parte actora señaló que se aplicaron indebidamente los parámetros fijados en la sentencia de unificación del 20 de abril de 2023 proferida por la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado , según los cuales las controversias relacionadas con recobros deben tramitarse a través del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.

9. En ese orden, alegó que la decisión cuestionada adolece de un desconocimiento de las reglas fijadas en el auto 1942 de 2023 , en el cual la Corte Constitucional dispuso que, aunque en la referida sentencia de unificación estableció que el medio de control procedente para solicitar la responsabilidad de los daños derivados de la actividad del Fosyga frente a las solicitudes de rec obro por servicios de salud no incluidos en el POS es la nulidad y restablecimiento del derecho, era factible que «las EPS hubiesen acudido tanto al medio de control de reparación directa, como al de nulidad y restablecimiento del derecho».

10. De modo que, a su juicio, «las reglas de transición aplicarían en lo pertinente para el medio de control que hubiese usado la parte demandante ». Por lo tanto, le correspondería a l juez administrativo , al admitir la demanda, imprimir el trámite correspondiente en virtud del artículo 171 de la Ley 1437 de 2011.

11. Ahora bien, es menester señalar que, si bien la parte actora alega que se incurrió en un defecto sustantivo, lo cierto es que los argumentos son los mismos par a el desconocimiento de precedente.

12. De otra parte, indicó que la autoridad judicial accionada incurrió en el defecto de

en un defecto sustantivo, lo cierto es que los argumentos son los mismos par a el desconocimiento de precedente.

12. De otra parte, indicó que la autoridad judicial accionada incurrió en el defecto de decisión sin motivación, al insistir en «la indebida escogencia del medio de control y (…) manifestar que dicha situación se tornaba improcedente para un pronunciamiento de fondo»

13. Finalmente, señaló una violación directa de la Constitución Política. No obstante,Acción De Tutela Radicado: 11001-03-15-000-2025-06695-00

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3 la Sala observa que utilizó los mismos argumentos para alegar el defecto de decisión sin motivación.

2.3. Pretensiones

14. Con fundamento en lo anterior, solicitó:

«(…) PRIMERO: TUTELAR LOS DERECHOS FUNDAMENTALES al debido proceso, acceso efectivo a la administración y los principios constitucionales de confianza legítima y seguridad jurídica al MANDATO DE COOMEVA EPS SA LIQUIDADA y en consecuencia, se REVOQUE la sentencia proferida el 28 de abril de 2025 por el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera -Subsección dentro del proceso con radicado 2500023260002011-00264-00, y se ORDENE, estudiar la causa del referido proceso y proferir un f allo de fondo en atención a las reglas de

Administrativo, Sección Tercera -Subsección dentro del proceso con radicado 2500023260002011-00264-00, y se ORDENE, estudiar la causa del referido proceso y proferir un f allo de fondo en atención a las reglas de transición establecidas por la Corte Constitucional respecto de los procesos de recobros judiciales al Estado por prestaciones no incluidas en el PBS, las cuales se detallan en el Auto 1942 de 2023 y Auto 2582 de 2023.

SEGUNDO: SE DEJE SIN EFECTOS la decisión adoptada por el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección TerceraSubsección b, y en consecuencia.» (Sic)

2.4. Intervenciones

15. La acción de tutela de la referencia fue admitida mediante auto del 27 de octubre de 2025 a través del cual se ordenó notificar a la Subsección B de la Sección Tercera, del Consejo de Estado y al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C de Descongestión como accionados y a la Nación – Ministerio de la Protección Social y los integrantes del Consorcio Fiduciario Fidufosyga, la Sociedad Fiduciaria Bancolombia S.A., al Ministerio de Salud y Protección Social, a la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud – ADRES, a la Procuraduría Primera Delegada ante el Consejo de Estado, a Lupa Jurídica, al señor John Jairo Garcés Mejía representante legal de Racil asesorías S.A.S. y mandatario de COOMEVA E.P.S

16. El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B informó que la Corte

Jurídica, al señor John Jairo Garcés Mejía representante legal de Racil asesorías S.A.S. y mandatario de COOMEVA E.P.S

16. El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B informó que la Corte Constitucional no efectuó ninguna indicación sobre el sentido de la decisión que debía adoptar esta Subsección al resolver el recurso de apelación , pues, se limitó exclusivamente a determinar la autoridad competente para conocer del medio de control de reparación directa, sin que ello implicara, en modo alguno, una instrucción acerca del contenido o alcance de la decisión de segunda instancia.

17. En consecuencia, contrario a lo afirmado por la parte actora, dio cumplimiento a lo ordenado por la Corte Constitucional, en la medida en que continuó con el trámite del proceso de reparación directa y, tras realizar una valoración adecuada del acervo probatorio y aplicar la jurisprudencia vigente, emitió una decisión de fondo, en la que confirmó la decisión de primera instancia.

18. Así las cosas, manifestó que la decisión cuestionada es improcedente por falta del requisito de relevancia constitucional, pues pretende revivir un debate ya concluido como si se tratara de una tercera instancia.Acción De Tutela Radicado: 11001-03-15-000-2025-06695-00

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19. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C de Descongestión después de hacer un recuento de las actuaciones surtidas, al

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19. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C de Descongestión después de hacer un recuento de las actuaciones surtidas, al interior del proceso ordinario manifestó que la acción de tutela es improcedente para controvertir una decisión judicial que fue adoptada con pleno respeto de las garantías procesales dentro de un proceso en el que el accionante tuvo la oportunidad de ejercer su derecho de defensa y contradicción, pues no puede utilizarse como una tercera instancia para rea brir debates jurídicos zanjados, salvo que se acredite de manera clara y específica la configuración de una causal de procedencia.

20. En ese sentido, manifestó que no se evidencia arbitrariedad, irra cionabilidad ni desconocimiento de derechos fundamentales que justifique la intervención del juez constitucional.

21. La Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud – ADRES señaló que lo que pretende la parte actora con la interposición del mecanismo constitucional es utilizar la acción de tutela como tercera instancia porque la decisión es adversa a sus intereses , o niegue el amparo, pues de los hechos descritos y el material probatorio enviado con el traslado resulta innegable que la autoridad judicial no ha desplegado ningún tipo de conducta que vulnere los derechos fundamentales.

22. De otra parte, solicitó se declare la falta de legitimación en la causa por pasiva porque no se encuentra dentro de sus funciones dar cumplimiento a las pretensiones de la demanda tutela.

23. La Fiduciaria Bancolombia , actuando en nombre de las entidades que

porque no se encuentra dentro de sus funciones dar cumplimiento a las pretensiones de la demanda tutela.

23. La Fiduciaria Bancolombia , actuando en nombre de las entidades que conforman el Consorcio Fidufosyga 2005 en Liquidación (Fiducolombia, Fiduagraria, Fidubogotá, Fiducoldex, Fidupopular, Fiduprevisora y Fidudavivienda) manifestó que la parte actora no tiene legitimación en la causa por activa porque Coomeva EPS ya no sigue en liquidación, sino que se encuentra liquidada.

24. De otra parte, manifestó que el presente asunto no se cumple con el requisito de relevancia constitucional, en la medida que lo que se pretende con su interposición es que la tutela se convierta en una instancia adicional para reabrir el mérito de la disputa, y que se juzgue de nuevo el asunto . Por lo tanto, debe declararse improcedente.

25. El Ministerio de Salud y Protección Social pidió que se declare la improcedencia por falta de legitimación por pasiva porque no es la entidad competente para definir lo concerniente a la presunta violación de los derechos fundamentales invocados en protección.

26. No se rindieron más informes.

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

27. La Sala de Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado es competente para resolver el asunto de la referencia, de conformidad con lo dispuestoAcción De Tutela Radicado: 11001-03-15-000-2025-06695-00

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5 en el Decreto 2591 de 1991 y demás normas concordantes.

3.2. Cuestión previa

3.2.1. De la legitimación en la causa por activa

28. Al respecto, se tiene que la accionante en la demanda de tutela sostiene que la Superintendencia Nacional de Salud ordenó la liquidación de COOMEVA EPS S.A. mediante Resolución 2022320000000189-6 del 25 de enero de 2022. Sin embargo, el proceso culminó formalmente mediante la Resolución L-002 de 2024 en la que se declaró terminada su existencia legal.

29. A su vez, m anifiesta que c on autorización de la Junta de Acreedores y la Superintendencia Nacional de Salud antes de su culminación se suscribió el contrato de mandato LIQ00324 del 24 de enero de 2024 con la sociedad RACIL ASESORÍAS S.A.S. cuyo objeto incluía (i) gestión de bienes y actividades remanentes; (ii) atención de situaciones jurídicas no definidas (iii) actividades poscierre y posliquidación ; (iv) pago de acreencias hasta la concurrencia de activos y; (v) representación jurídica de Coomeva EPS S.A. en Liquidación respecto de las obligaciones del contrato.

30. En ese sentido, p ara la parte demandante esto implicaba que debía atender y continuar con la defensa de todos los procesos judiciales iniciados por la extinta

Coomeva EPS S.A. en Liquidación respecto de las obligaciones del contrato.

30. En ese sentido, p ara la parte demandante esto implicaba que debía atender y continuar con la defensa de todos los procesos judiciales iniciados por la extinta Coomeva EPS, incluido el proceso con radicado 25000232600020110026400 , teniendo en cuenta que los recursos provenientes de ese litigio eran necesarios para satisfacer las acreencias aprobadas en el auto de graduación y calificación.

31. Ahora, la Fiduciaria de Bancolombia en el informe sostiene que la parte actora no tiene legitimación en la causa por activa porque Coomeva EPS ya no sigue en liquidación, sino que se encuentra liquidada.

32. Sobre el particular, la Sala encuentra que la parte actora tiene legitimación en la causa por activa, teniendo en cuenta que, si bien COOMEVA EPS S.A. se encuentra liquidada, lo cierto es que antes de su culminación se suscribió el contrato de mandato LIQ00324 del 24 de enero de 2024 , cuyo objeto contractual consiste en la representación judicial en procesos de la extinta EPS y es en virtud de dicha representación de este que se promovió el presente mecanismo constitucional.

33. En ese orden de ideas, para la Sala no tiene vocación de prosperidad la solicitud presentada por Fiduciaria Bancolombia, toda vez que como se indica en el párrafo que antecede el Mandato de Coomeva EPS se encuentra legitimada para promover la presente acción de tutela.

3.2.2. De la legitimación en la causa por pasiva

34. La Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud – ADRES y el Ministerio de Salud y Protección Social solicitaron que

la presente acción de tutela.

3.2.2. De la legitimación en la causa por pasiva

34. La Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud – ADRES y el Ministerio de Salud y Protección Social solicitaron que se declare la falta de legitimación por pasiva, al respecto, la Sala no encuentra mérito suficiente para acceder a dicha pretensión , toda vez que analizado el material probatorio se tiene que dichas entidades hicieron parte del proceso ordinario , razón por la que procede a negar dicha solicitud.Acción De Tutela Radicado: 11001-03-15-000-2025-06695-00

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3.2.3. De los defectos sustantivo y violación directa de la Constitución

35. Sobre el particular se tiene que, si bien la parte actora manifiesta que la autoridad judicial accionada incurrió en un defecto sustantivo, lo cierto es que los argumentos son los mismos para el desconocimiento de precedente, razón por la que de resolver de fondo el presente asunto, la Sala solo se pronunciará respecto de este último.

36. Lo mismo ocurre , cuando señala que se incurrió en una violación directa de la Constitución Política, pues, utiliza los mismos argumentos para alegar el defecto de decisión sin motivación, por lo que, de emitir pronunciamiento de fondo, estima pertinente en ese caso solo se referirse a este último en mención.

3.3. Problema jurídico

decisión sin motivación, por lo que, de emitir pronunciamiento de fondo, estima pertinente en ese caso solo se referirse a este último en mención.

3.3. Problema jurídico

37. De conformidad con lo expuesto, el problema jurídico se circunscribe a determinar si el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, al proferir la sentencia del 25 de abril de 2025, vulneró los derechos fundamentales al debido proceso, acceso efectivo a la administración de justicia, a la igualdad , al incurrir en los defectos de desconocimiento de precedente y decisión sin motivación.

3.4. Procedencia de la acción de tutela

38. La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política de Colombia de 1991 y desarrollada por los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015.

Fue creada para proteger los derechos constitucionales fundamentales de las personas, cuando estos sean vulnerados o amenazados por parte de las autoridades o por particulares en los casos expresamente señalados en el primer decreto anotado, siempre y cuando no se disponga de otro medio de defensa judicial para hacer valer tales derechos; por ello se puede afirmar que aquella tiene el carácter de residual o subsidiaria, es decir, entra a operar cuando no exista otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

39. De igual forma, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional vigente, es posible acudir al recurso de amparo para obtener la protección material de los derechos fundamentales, cuando estos resulten amenazados o vulnerados por decisiones judiciales. Ello, en atención a que el ejercicio de la judicatura como cualquier rama

acudir al recurso de amparo para obtener la protección material de los derechos fundamentales, cuando estos resulten amenazados o vulnerados por decisiones judiciales. Ello, en atención a que el ejercicio de la judicatura como cualquier rama del poder en el Estado democrático, supone la absoluta sujeción a los valores, principios y derechos que la propia Constitución establece, y en esa perspectiva, cualquier autoridad investida de la potestad de administrar justicia, es susceptible de ser controlada a través de ese mecanismo constitucional cuando desborda los límites que la Carta le impone.

40. Ahora bien, siendo la tutela una acción de carácter excepcional y residual, supone el cumplimiento de ciertas exigencias por parte de quien pretende la protección de sus derechos, en tanto que el ejercicio natural de la jurisdicción se inscribe dentro de procedimientos destinados a la eficacia de los mismos y en esa medida las controversias que allí surjan son subsanables en el contexto del proceso. De ahí que la Corte Constitucional estructurara después de años de elaboración jurisprudencial,Acción De Tutela Radicado: 11001-03-15-000-2025-06695-00

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7 los requisitos generales y especiales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales, que tienen como sano propósito garantizar el delicado equilibrio entre el principio de seguridad jurídica, la autonomía e independencia de los jueces para interpretar la ley y la necesidad de asegurar la vigencia efectiva de los derechos constitucionales fundamentales.

equilibrio entre el principio de seguridad jurídica, la autonomía e independencia de los jueces para interpretar la ley y la necesidad de asegurar la vigencia efectiva de los derechos constitucionales fundamentales.

41. Los presupuestos generales responden al carácter subsidiario de la tutela y por lo mismo deben cumplirse en cualquier evento para su interposición, como son: (i) que el asunto que esté sometido a estudio sea de evidente relevancia constitucional;

(ii) que en el proceso se hayan agotado todos los medios de defensa, tanto ordinarios como extraordinarios que se encuentren al alcance de quien demande el amparo, salvo, claro está, que se busque evitar un perjuicio irremediable; (iii) que la presentación de la ac ción cumpla con el requisito de inmediatez; (iv) que la irregularidad procesal devenga en sustancial: cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora; (v) que se identifique la situación fáctica que devino en la vulneración de derechos; y (vi) que no se trate sentencias de tutela.

3.4.1. En el presente asunto, la Sala advierte que la pretensión de amparo constitucional cumple con los requisitos generales diseñados por la jurisprudencia, que habilitan su interposición.

3.4.1.1. En efecto, esta Sala considera que los hechos que generaron la vulneración de sus derechos fundamentales se encuentran plenamente individualizados.

3.4.1.2. Así mismo se advierte que la providencia objeto de tutela carece de recursos ordinarios y extraordinarios para obtener el amparo constitucional.

de sus derechos fundamentales se encuentran plenamente individualizados.

3.4.1.2. Así mismo se advierte que la providencia objeto de tutela carece de recursos ordinarios y extraordinarios para obtener el amparo constitucional.

3.4.1.3. Se observa igualmente que la interposición del mecanismo constitucional se dio en un lapso «razonable y proporcionado», pues no han transcurrido más de 6 meses desde que se profirió la providencia objeto de cuestionamiento, esto es, el 25 de abril de 2025 y la interposición de la acción de tutela, es decir, el 23 de octubre de la presente anualidad.

3.4.1.4. El asunto a resolver es de marcada relevancia constitucional, en la medida que se centra en establecer una posible vulneración iusfundamental al debido proceso, acceso efectivo a la administración de justicia, a la igualdad , al incurrir en los defectos desconocimiento de precedente y decisión sin motivación.

42. Visto lo anterior, la Sala procede a resolver el fondo de la controversia.

3.4. El desconocimiento del precedente como causal de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales

43. Sobre el particular, la Corte Constitucional, al efectuar el estudio de exequibilidad respecto del artículo 4 de la Ley 169 de 1896 3, precisó que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 230 superior, los jueces solo están sometidos al imperio de la ley y por tanto no están obligados a fallar en la misma forma como lo han hecho

3 Sentencia C-836 de 9 de agosto de 2001, magistrado ponente: Rodrigo Escobar Gil.Acción De Tutela Radicado: 11001-03-15-000-2025-06695-00

3 Sentencia C-836 de 9 de agosto de 2001, magistrado ponente: Rodrigo Escobar Gil.Acción De Tutela Radicado: 11001-03-15-000-2025-06695-00

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8 en casos anteriores, siempre y cuando, «expongan clara y razonadamente los fundamentos jurídicos que justifican su decisión».

44. Por tal razón, el mismo Tribunal Constitucional consideró en la Sentencia C -590 de 2005, que el desconocimiento injustificado del precedente judicial por parte del juez, constituye una causal especial de procedibilidad de la acción de tutela.

45. Respecto del precedente vertical4, la jurisprudencia constitucional ha sido enfática en sostener que la autonomía del juez se encuentra limitada por el respeto hacia las decisiones proferidas por los jueces de superior jerarquía y, en especial, por los órganos de cierre en cada una de las jurisdicciones.

46. Así, el precedente judicial vinculante está constituido por aquellas consideraciones jurídicas que están cierta y directamente dirigidas a resolver el asunto fáctico sometido a consideración del juez, es decir, está ligado a la ratio decidendi o razón central de la decisión anterior, la que al mismo tiempo, surge de los presupuestos fácticos relevantes de cada caso5.

47. Por consiguiente, si el juez en su sentencia justifica de manera suficiente y razonable el cambio de criterio respecto de la línea jurisprudencial que ha seguido

los presupuestos fácticos relevantes de cada caso5.

47. Por consiguiente, si el juez en su sentencia justifica de manera suficiente y razonable el cambio de criterio respecto de la línea jurisprudencial que ha seguido en casos sustancialmente idénticos, quedan salvadas las exigencias de la igualdad y de la independencia judicial ; por tanto, no podrá reprocharse a la sentencia arbitrariedad ni inadvertencia y el juez no habrá efectuado entre los justiciables ningún género de discriminación6.

48. En otros términos, solo los cambios de jurisprudencia no justificados o no advertidos de manera franca serán pasibles de control de manera excepcional por parte del juez de tutela, en tanto que constituyen manifestaciones de arbitrariedad por parte del Jue z que dejan irrealizadas la igualdad de quienes se encuentran en idénticas circunstancias frente a la Ley.

3.3.1.2. Así mismo se advierte que la providencia objeto de tutela carece de recursos ordinarios y extraordinarios para obtener el amparo constitucional.

3.6. Análisis del presunto desconocimiento de precedente en el caso concreto

49. La parte actora alega que se aplicaron indebidamente los parámetros fijados en la sentencia de unificación del 20 de abril de 2023 proferida por la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado , razón por la que la decisión cuestionada adolece un desconocimiento de las reglas fijadas en el auto 1942 de 2023, en el cual la Corte Constitucional dispuso que, aunque en la referida sentencia de unificación estableció que el medio de control procedente para solicitar la responsabilidad de los daños derivados de la actividad d el Fosyga frente a las solicitudes de recobro por

la Corte Constitucional dispuso que, aunque en la referida sentencia de unificación estableció que el medio de control procedente para solicitar la responsabilidad de los daños derivados de la actividad d el Fosyga frente a las solicitudes de recobro por servicios de salud no incluidos en el POS es la nulidad y restablecimiento del derecho, era factible que «las EPS hubiesen acudido tanto al medio de control de reparación directa, como al de nulidad y restablecimiento del derecho».

4 Sentencia T-468 de 5 de junio de 2003, magistrado ponente: Rodrigo Escobar Gil. 5 Sentencia T-049 de 1 de febrero de 2007: magistrado ponente: Clara Inés Vargas Hernández. 6 Sentencia T-123 de 21 de marzo de 1995, magistrado ponente: Eduardo Cifuentes Muñoz.Acción De Tutela Radicado: 11001-03-15-000-2025-06695-00

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50. Sobre el particular, se tiene que el Consejo de Estado , Sección Tercera, Subsección B en la providencia cuestionada consideró:

«(…) Tanto la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia7 como la Corte Constitucional8 han sostenido que el origen del daño -en aquellos supuestos en los que se pretende la reclamación de los servicios de salud no contemplados en POS y que se rechazan en glosasproviene de un acto administrativo proferido por el consorcio fiduciario que

sostenido que el origen del daño -en aquellos supuestos en los que se pretende la reclamación de los servicios de salud no contemplados en POS y que se rechazan en glosasproviene de un acto administrativo proferido por el consorcio fiduciario que administra el Fosyga, el cual se produce luego de agotarse un procedimiento establecido para garantizar el recobro de esas sumas9.

1. No es necesario que la ley o el reglamento cataloguen la decisión de no pagar los recobros como acto administrativo, pues, el mismo está determinado por la manifestación unilateral de la voluntad de la administración encaminada a producir, modificar o extinguir una situación jurídica. Esto ocurre en este asunto, en el que el Consorcio Fidufosyga 2005 actuó en representación del Fosyga, que, es una cuenta adscrita al Ministerio de Salud manejada por encargo fiduciario, sin personería jurídica ni planta de personal propia (artículo 1° del Decreto 1283 de 1996, compilado en el Decreto 780 de 2016). En los términos del