CE - Sentencia 11001031500020250670000 de 2025
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- Título
- CE - Sentencia 11001031500020250670000 de 2025
- Autor
- Consejo de Estado
- Categoría
- Jurisprudencia
- Área del derecho
- Administrativo
- Año
- 2025
[image: Descripción: ESCUDO diseñado FINAL-04]
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN B
Consejero Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
Bogotá, D. C., diecinueve (19) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)
| | | | | --- | --- | --- | | Radicado | : | 11001-03-15-000-2025-06700-00[[1]](#footnote-2) | | Accionante | : | Aldemar Narváez Serrato | | Accionado | : | Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Registro Nacional de Abogados | | Acción | : | Tutela | | Tema | : | Expedición tarjeta profesional de abogado | | Decisión | : | Sentencia de primera instancia |
Procede la Sala a dictar sentencia de primera instancia, en la acción de tutela incoada por Aldemar Narváez Serrato contra el Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Registro Nacional de Abogados, por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales al trabajo, mínimo vital, igualdad, educación y libre ejercicio profesional.
1. ANTECEDENTES 1. Contexto fáctico
De manera preliminar, esta Sala procederá a enunciar los argumentos expuestos por el accionante frente a la vulneración alegada. Luego, se revisará lo relativo a la procedencia de la acción de tutela y, finalmente, se determinará lo que corresponda en torno a las pretensiones de este mecanismo constitucional.
1.2 La demanda de tutela
El 24 de octubre de 2025, el señor Aldemar Narváez Serrato, en nombre propio, interpuso el presente recurso de amparo, con el fin de obtener la protección de sus derechos fundamentales al trabajo, mínimo vital, igualdad, educación y libre ejercicio profesional, presuntamente vulnerados por el Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Registro Nacional de Abogados.
En consecuencia, solicitó:
Que se amparen los derechos fundamentales […] al trabajo, mínimo vital, igualdad, educación y libre ejercicio profesional.
Que se ordene al Consejo Superior de la Judicatura expedir la tarjeta profesional definitiva al accionante, Aldemar Narváez Serrato, en reconocimiento de haber cumplido con los requisitos universitarios exigidos, dejando constancia en el sistema, de si aprobó. o no el examen de idoneidad.
Igualmente, que esa autoridad implemente los mecanismos informáticos necesarios para que solo quienes hayan presentado y aprobado dicho examen puedan litigar o representar a terceros ante la jurisdicción.
1.3 Hechos[[2]](#footnote-3)
De los documentos adjuntos a este trámite constitucional, y de lo relatado por el accionante, se establece que, el señor Aldemar Narváez Serrato obtuvo el título profesional de abogado, por lo que, se inscribió en el Registro Nacional de Abogados del Consejo Superior de la Judicatura con el fin de solicitar la expedición de su tarjeta profesional.
Al ser destinatario de la Ley 1905 de 2018[[3]](#footnote-4), la autoridad accionada le expidió la tarjeta provisional. En consecuencia, se inscribió para la presentación del examen de Estado de idoneidad en dos oportunidades —aplicaciones 2024-II y 2025I— en ambos casos lo reprobó.
No pretende la eliminación del examen de idoneidad ni cuestionar su finalidad; por el contrario, reconoce su utilidad como mecanismo orientado a garantizar la idoneidad profesional. No obstante, considera que, la negativa a expedir la tarjeta profesional desconoce la condición de profesional en derecho. Por lo tanto, considera que, el examen se debe de mantener solo como requisito para el ejercicio del litigio.
A su juicio, la prueba de idoneidad no puede transformarse en un obstáculo para ostentar la calidad de abogado, puesto que, el Consejo Superior de la Judicatura condiciona ese reconocimiento al resultado de un examen que, según la jurisprudencia constitucional, debe operar como medio razonable de evaluación y no como filtro excluyente. Por lo que, en su criterio, la imposición de aprobación del examen para obtener la tarjeta profesional, le impide el acceso a oportunidades laborales o el ascenso en el empleo público o privado y afecta sus derechos al trabajo, al mínimo vital y a la dignidad humana.
II. TRÁMITE PROCESAL
Por satisfacer los requisitos formales, esta Corporación, a través de auto del 12 de noviembre de 2025, admitió la presente acción de tutela y ordenó notificar al Consejo Superior de la Judicatura.
2.1 Contestaciones de la acción
II. TRÁMITE PROCESAL
Por satisfacer los requisitos formales, esta Corporación, a través de auto del 12 de noviembre de 2025, admitió la presente acción de tutela y ordenó notificar al Consejo Superior de la Judicatura.
2.1 Contestaciones de la acción
2.1.1 El Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Registro Nacional de Abogados[[4]](#footnote-5)solicitó declarar improcedente la acción de tutela, por no cumplir con el requisito de inmediatez, teniendo en cuenta que, los hechos que el actor considera lesivos ocurrieron en marzo y abril de 2024, fecha en la cual la Unidad le comunicó su situación frente a la Ley 1905 de 2018 y registró la anotación de provisionalidad en la tarjeta profesional; pese a ello, la tutela se presentó tiempo después sin justificación. Además, no se satisface el requisito de subsidiariedad, ya que, el accionante disponía del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho para controvertir la Resolución URNAR24-158 del 30 de agosto de 2024, por medio de la cual, se suspendió la vigencia de todas las tarjetas profesionales con anotación provisional de las personas que reprobaron el examen.
De otro lado, pidió negar el amparo al considerar ajustada su actuación a la Ley 1905 de 2018 y a la jurisprudencia Constitucional. Indicó que, el actor inició el programa de Derecho el 14 de agosto de 2018, según certificado emitido por la Institución Universitaria de Colombia, tiempo después de la expedición de esa ley. Presentó el examen de Estado de idoneidad en dos oportunidades —aplicaciones 2024-II y 2025-I— y lo reprobó, razón por la cual, no cumple con el requisito para obtener la tarjeta profesional. Además, precisó que, el diploma y el acta de grado acreditan la formación académica y que la tarjeta habilita el ejercicio de la abogacía en los términos establecidos en la norma.
En ese sentido, sostuvo que, no ha vulnerado los derechos fundamentales del actor.
III. CONSIDERACIONES
3.1 Competencia
Esta Corporación es competente para resolver la presente acción de tutela en virtud de las reglas de reparto contenidas en los Decretos 1382 de 2000, 1983 de 2017 y 333 de 2021.
3.2 Problema jurídico
Se contrae a determinar si el Consejo Superior de la Judicatura ha vulnerado los derechos fundamentales invocados por el accionante, al condicionar la expedición de su tarjeta profesional de abogado a la aprobación del Examen de Estado de idoneidad previsto en la Ley 1905 de 2018.
3.3 La acción
3.3 La acción
La acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Carta Política y reglamentada por los Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992, 1382 de 2000 y 1983 de 2017, fue concebida como un mecanismo excepcionalísimo para la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos, en todo tiempo y lugar frente a su amenaza o transgresión, en principio, frente a la acción o la omisión de cualquier autoridad pública, y, en casos concretos respecto a particulares, siempre que no se disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que se trate de impedir la ocurrencia de un perjuicio irremediable, en cuyo evento procede como mecanismo transitorio.
El perjuicio se considera irremediable cuando concurren unas circunstancias específicas que si bien se analizan en cada caso concreto, deben hallarse presentes, a saber: (i) que su ocurrencia sea inminente, es decir, no resulta suficiente que exista una mera posibilidad de que se produzca el daño; (ii) que la gravedad de los hechos sea de tal magnitud que cause un daño de gran intensidad sobre la persona afectada; (iii) que resulte urgente la medida de protección para que el sujeto supere la condición de amenaza en la que se encuentra; y (iv) que la acción sea impostergable, esto es, que de configurarse el perjuicio no exista forma de reparar el daño producido a ese derecho[[5]](#footnote-6).
3.4 Caso concreto
En el caso sub examine el accionante solicita, se ordene al Consejo Superior de la Judicatura que se expida su tarjeta profesional de abogado, «[…] dejando constancia en el sistema, de si aprobó o no el examen de idoneidad […]».
Al respecto, la Sala observa que el tutelante se encuentra cobijado por la Ley 1905 de 2018[[6]](#footnote-7) y, por ende, para la expedición de la tarjeta profesional debe acreditar la aprobación del Examen de Estado dispuesto por dicha normativa, exigencia aplicable a quienes iniciaron la carrera de Derecho con posterioridad al 28 de junio de 2018. En ese marco, la tarjeta profesional solo se otorga cuando el interesado demuestra el cumplimiento del requisito de idoneidad en los términos definidos por el legislador.
Ahora bien, se tiene que el señor Narváez Serrato presentó el examen en dos oportunidades y en ambas lo reprobó. Por tanto, mientras no acredite la aprobación del Examen de Estado, carece de fundamento jurídico ordenar la expedición del documento pretendido, pues, la autoridad accionada no puede reconocer un derecho que la ley subordina al cumplimiento de un requisito objetivo.
De otro lado, el accionante no allegó prueba alguna que acredite que, actualmente ejerce la representación judicial de terceros o que ocupa un empleo para cuyo desempeño resulte imprescindible la tarjeta profesional definitiva. En estas condiciones, la afectación invocada se muestra eventual y no se evidencia un riesgo cierto e inminentesobre sus derechos fundamentales, tal como lo exige la jurisprudencia Constitucional para tener por configurado un perjuicio irremediable.
Por lo expuesto, la acción de tutela no puede emplearse para sustituir el cumplimiento de los requisitos legales de idoneidad ni para imponer a la autoridad accionada la expedición de una tarjeta profesional en ausencia del presupuesto normativo correspondiente.
IV. DECISIÓN
Por lo expuesto, la acción de tutela no puede emplearse para sustituir el cumplimiento de los requisitos legales de idoneidad ni para imponer a la autoridad accionada la expedición de una tarjeta profesional en ausencia del presupuesto normativo correspondiente.
IV. DECISIÓN
Por las razones expuestas, la Sala considera que, en el presente asunto el accionante no logró demostrar la vulneración de sus derechos fundamentales, por lo que, se impone negar las pretensiones de este mecanismo judicial.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Constitución Política,
FALLA:
PRIMERO. NEGAR el amparo de los derechos fundamentales al trabajo, mínimo vital, igualdad, educación y libre ejercicio profesional invocados por el señor Aldemar Narváez Serrato, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO. NOTIFICAR este fallo a las partes por el medio más expedito, en la forma y términos previstos en el Decreto 2591 de 1991.
TERCERO. De no ser impugnada, y una vez quede ejecutoriada esta providencia, como lo prevé el artículo 31 del Decreto Ley 2591 de 1991, ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha.
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.