CE - Sentencia 11001031500020250670200 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá, D. C., veinticinco (25) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Acción de tutela Radicado: 11001-03-15-000-2025-06702-00

Accionante: Ana María Marín Agudelo

AccionadoS: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y Juzgado Segundo

Administrativo de Cartago

Tema: tutela contra providencia judicial. Subtema 1: medio de control de reparación directa. Subtema 2: tardanza en la identificación de cadáver . Subtema 3: defecto fáctico.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver la solicitud de amparo interpuesta por Ana María Marín Agudelo contra el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y el Juzgado Segundo Administrativo de Cartago.

I. SÍNTESIS DEL CASO

La señora Ana María Marín Agudelo presentó acción de tutela para que se amparen sus derechos fundamentales al debido proceso, a la confianza legítima y acceso a la administración de justicia, que consideró vulnerados con ocasión de las sentencias del 16 de octubre de 2019 y el 31 de marzo de 2025, proferidas por el Juzgado Segundo Administrativo de Cartago y el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, respectivamente, dentro del medio de control de reparación directa identificado con el

16 de octubre de 2019 y el 31 de marzo de 2025, proferidas por el Juzgado Segundo Administrativo de Cartago y el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, respectivamente, dentro del medio de control de reparación directa identificado con el radicado 76147-33-33-002-2015-00001-00/01.Radicado: 11001-03-15-000-2025-06702-00

Accionante: Ana María Marín Agudelo Accionados: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y Juzgado Segundo Administrativo de

Cartago

2

I. ANTECEDENTES

2.1. Hechos relevantes

1. A partir del escrito de tutela1 y de los demás elementos aportados por las partes al trámite constitucional, la Sala encuentra probados los siguientes hechos:

2. La señora Ana María Marín Agudelo era la madre del señor Jhonny Edwin Muñoz

Marín.

3. El 24 de abril de 2007, el patrullero Jhonny Edwin Muñoz Marín desapareció de su lugar de trabaj o en la ciudad de Medellín, en la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá. La Fiscalía 34 Especializada de Medellín tramitó la investigación por desaparición forzada , remitida a la Unidad Nacional contra el Desplazamiento y la Desaparición Forzada el 12 de abril de 2011.

4. El 27 de marzo de 2012, la Fiscalía 17 Seccional de Cartago recibió el informe del investigador de campo y a través del oficio 50000-27-312 de la misma fecha solicitó al Instituto Nacional de Medicina Legal que identificara plenamente un cadáver. El

investigador de campo y a través del oficio 50000-27-312 de la misma fecha solicitó al Instituto Nacional de Medicina Legal que identificara plenamente un cadáver. El análisis del 20 de abril de 2012 permitió establecer que se trataba de Jhonny Edwin Muñoz Marín, cuyo cuerpo había estado bajo conocimiento de las autoridades desde hacía casi cinco años.

5. El 19 de octubre de 2012, la Fiscalía 17 Seccional de Cartago (Valle), le informó a la accionante que su hijo había sido encontrado muerto en forma violenta el 25 de abril de 2007 , en el municipio de Anserma Nuevo. Relató que practicó la diligencia de inspección técnica del cadáver sin identificar FPJ -10 del 25 de abril de 2007, firmado por los patrulleros que la remitieron a la Unidad de Reacción Inmediata de la Fiscalía en el municipio de Cartago . La diligencia indicó que el fallecido había recibido un disparo en la parte trasera de la cabeza , sin que se afectara su rostro , dentadura y huellas dactilares.

6. El 11 de enero de 2015, la actora interpuso demanda de reparación directa contra la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional – Fiscalía General de la Nación y el Hospital Santa Ana de los Caballeros, cuyo conocimiento correspondió al Juzgado Segundo Administrativo de Cartago. Como fundamento de la demanda solicitó el pago de perjuicios materiales debido a la responsabilidad administrativa causada por la omisión e inactividad en la individualización e identificación plena del cadáver del señor

Jhonny Edwin Muñoz Marín2.

de perjuicios materiales debido a la responsabilidad administrativa causada por la omisión e inactividad en la individualización e identificación plena del cadáver del señor Jhonny Edwin Muñoz Marín2.

1 Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-06702-00, índice 1. 2 Proceso con radicado 76147-33-33-002-2015-00001-00.Radicado: 11001-03-15-000-2025-06702-00

Accionante: Ana María Marín Agudelo Accionados: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y Juzgado Segundo Administrativo de

Cartago

3

7. El 16 de octubre de 2019, el Juzgado Segundo Administrativo de Cartago dictó sentencia en la que declaró responsable administrativamente a la Fiscalía General de la Nación, ordenó el pago de los perjuicios causados, y eximió de responsabilidad a la Policía Nacional y al Hospital Santa Ana de los Caballeros. La parte demandante y la Fiscalía General de la Nación presentaron recursos de apelación.

8. El 25 de abril de 2025, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca profirió sentencia y revocó el fallo apelado para, en su lugar, negar las pretensiones de la demanda.

9. La actora relató que la fecha no tiene información sobre el paradero del cuerpo de su hijo.

2.2. Pretensiones y argumentos de la tutela

10. La parte actora solicitó en el escrito de tutela lo siguiente:

1º) Declarar que en el presente asunto se vulneraron los derechos fundamentales del debido proceso, principio de legalidad, acceso a la administración de justicia, equidad y

10. La parte actora solicitó en el escrito de tutela lo siguiente:

1º) Declarar que en el presente asunto se vulneraron los derechos fundamentales del debido proceso, principio de legalidad, acceso a la administración de justicia, equidad y confianza legítima que me cobijan y se extienden al grupo demandante, por parte de l Juzgado Segundo Administrativo de Cartago y el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, dentro del medio de control de reparación directa promovido en contra de la Nación – Fiscalía General de la Nación, Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional y el Hospital Santa Ana de los Caballeros, con el radicado número 76147 -33-33-002-201500001-00.

2º) Disponer que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca profiera nueva sentencia que conjure las irregularidades que dieron lugar a la violación de los derechos fundamentales vulnerados, después de analizar el recurso de apelación interpuesto y las alegaciones presentadas en forma oportuna ante la segunda instancia, conforme a los parámetros esbozados en la presente acción de tutela.

11. Como fundamento de sus pretensiones , la parte accionante expuso que el plan metodológico había sido asignado a funcionarios de la Policía Nacional que, pese a contar con todos los elementos probatorios necesarios, no hicieron nada para despejar la duda sobre la identidad del occiso, quien finalmente resultó ser el hijo de la actora.

12. Este desinterés se agrav ó con el desconocimiento por parte del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca de toda la evidencia que estaba desde un inicio en poder de las autoridades, aun cuando la desaparición del patrullero se detectó menos de 24 horas después de que no asistiera al cumplimiento de su deber policial en

Administrativo del Valle del Cauca de toda la evidencia que estaba desde un inicio en poder de las autoridades, aun cuando la desaparición del patrullero se detectó menos de 24 horas después de que no asistiera al cumplimiento de su deber policial en Medellín. Afirmó que resulta inconcebible que, pese a disponer de carta dental, huellas dactilares, fotografías e historia clínica ni la Policía ni la Fiscalía hubiesen empleado esos medios para establecer quién era la persona ultimada el 25 de abril de 2007.Radicado: 11001-03-15-000-2025-06702-00

Accionante: Ana María Marín Agudelo Accionados: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y Juzgado Segundo Administrativo de

Cartago

4

13. A ello se suma que la apreciación y valoración de la prueba realizada por el Tribunal accionado fue abiertamente contraria a derecho, lo que desconoció el artículo 176 del Código General del Proceso. Resaltó que e l Tribunal hizo una lectura caprichosa y sesgada del conjunto probatorio, sin examinarlo en su integridad, lo que hubiera permitido comprender que tanto la Policía Nacional como la Fiscalía Seccional contaban, desde la primera semana posterior al homicidio, con suficientes elementos para ordenar la confrontación técnico-científica de las muestras tomadas al cadáver.

14. Asimismo, afirmó que ni siquiera se revisó el acta de inspección técnica de cadáver sin identificar FPJ-10 del 25 de abril de 2007, firmada por los patrulleros Efrén Guerrero y José Alberto Ospina , documento remitido a la Unidad de Reacción Inmediata y del cual no existe evidencia de análisis alguno por parte de la Fiscalía.

y José Alberto Ospina , documento remitido a la Unidad de Reacción Inmediata y del cual no existe evidencia de análisis alguno por parte de la Fiscalía.

15. La tutelante reprochó que, para el Tribunal, tales omisiones no representaron indicio alguno de responsabilidad administrativa, apoyándose en la tesis de que la Fiscalía solo ordena investigaciones, pero olvidó que también debe coordinar, supervisar y exigir resultados a los funcionarios de la Policía Judicial. Desconoció además que Medicina Legal solo puede intervenir si la Fiscalía o la Policía Judicial lo solicitan, por ello, es inadmisible que, teniendo desde abril de 2007 los pulpejos de los dedos del fallecido, jamás se hubiese requerido su confrontación para establecer la identidad.

16. A juicio de la parte actora, la Fiscalía incurrió en una omisión al tardarse cinco años en ordenar la prueba técnica al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, sin que ello mereciera reproche alguno por parte del Tribunal. Así pues, de haberse valorado íntegramente el acervo probatorio, el sentido de la decisión habría conllevado a confirmar el fallo del Juzgado Segundo Administrativo de Cartago e incluso extender la responsabilidad patrimonial a la Policía Nacional y al Hospital.

17. Entonces, señaló que l a sentencia del Tribunal vulnera el debido proceso por inaplicar el artículo 176 del CGP y por la valoración insuficiente y fragmentada de las pruebas, lo que configura un defecto fáctico al omitir medios determinantes para esclarecer los hechos.

18. Agregó que el Tribunal incurrió en una valoración arbitraria del material probatorio, e ignoró que la responsabilidad se origina en la omisión funcional y misional de las

esclarecer los hechos.

18. Agregó que el Tribunal incurrió en una valoración arbitraria del material probatorio, e ignoró que la responsabilidad se origina en la omisión funcional y misional de las entidades demandadas, las cuales no cumplieron oportunamente con las labores investigativas y técnicas indispensables para identificar el cuerpo de Jhonny Edwin Muñoz Marín . Pese a que el cadáver no presentaba daños que impidieran su identificación y existían carta dental y pulpejos intactos. Las autoridades no solo omitieron individualizar el cuerpo, sino que lo condujeron supuestamente a una fosa común, lo que representa una actuación incompatible con sus deberes constitucionales y legales.Radicado: 11001-03-15-000-2025-06702-00

Accionante: Ana María Marín Agudelo Accionados: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y Juzgado Segundo Administrativo de

Cartago

5

19. Igualmente, consideró inadmisible que la Fiscalía Seccional de Cartago, teniendo a la vista el informe de inspección técnica y la necrodactilia del cadáver, no ordenara inmediatamente la experticia para establecer de quién se trataba, omisión que solo se rectificó cinco años d espués. Aunque la identificación de un cadáver requiere experticias científicas, era la Fiscalía, como directora de la investigación penal, quien debía ordenar de inmediato tales diligencias, sin que exista prueba que justifique haber dejado pasar años para hacerlo.

20. Finalmente, todos estos hechos demuestran la responsabilidad de la Fiscalía General de la Nación, de la Policía Nacional y del Hospital Santa Ana de los Caballeros en el daño antijurídico ocasionado por su pasividad e inactividad frente a la

20. Finalmente, todos estos hechos demuestran la responsabilidad de la Fiscalía General de la Nación, de la Policía Nacional y del Hospital Santa Ana de los Caballeros en el daño antijurídico ocasionado por su pasividad e inactividad frente a la identificación plena del cadáver inspeccionado el 25 de abril de 2007.

2.3. Trámite procesal

21. El despacho ponente, mediante auto del 29 de octubre de 20253, admitió la acción de tutela, ordenó la notificación a las autoridades accionadas, y vinculó como terceros con interés al Juzgado Segundo Administrativo de Cartago, a la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional, a la Fiscalía General de la Nación, a la E.S.E Hospital Santa Ana de los Caballeros, a La Previsora S.A. compañía de seguros y a los señores Luis Eduardo Arias Vélez, Beatriz Eugenia Trejos Marín, Jenny Giovanna

Muñoz Marín y Daniel Eduardo Arias Marín.

2.4. Intervenciones

22. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca explicó que la acción de tutela no constituye una tercera instancia ni es un medio para controvertir la valoración probatoria. Así, r esaltó que la providencia cuestionada no presenta los defectos señalados por la parte accionante, pues el Tribunal efectuó una valoración integral y objetiva de las pruebas, conforme a las reglas de la sana crítica. La decisión se sustentó en un análisis lógico y razo nado de los hechos y del derecho, con una motivación suficiente y sin indicios de arbitrariedad o de interpretaciones caprichosas4.

23. La Policía Nacional retomó los argumentos del Tribunal Administrativo del Valle

sustentó en un análisis lógico y razo nado de los hechos y del derecho, con una motivación suficiente y sin indicios de arbitrariedad o de interpretaciones caprichosas4.

23. La Policía Nacional retomó los argumentos del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca en la providencia censurada que negó las pretensiones de la demanda. Por lo tanto, concluyó que no se acreditó falla en el servicio por parte de las entidades demandadas, pues no se demostró una conducta omisiva o negligente que hubiera generado una demora injustificada en la identificación del cadáver del señor Jhonny

Edwin Muñoz.

24. De esta manera precisó que la Policía Nacional actuó conforme a los protocolos, al remitir el cuerpo al hospital y poner los hechos en conocimiento de la Fiscalía,

3 Samai, índice 4, exp. 11001-03-15-000-2025-06702-00. 4 Samai, índice 10, exp. 11001-03-15-000-2025-06702-00.Radicado: 11001-03-15-000-2025-06702-00

Accionante: Ana María Marín Agudelo Accionados: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y Juzgado Segundo Administrativo de

Cartago

6

mientras que la labor técnica de identificación correspondía al Instituto Nacional de Medicina Legal, entidad no vinculada al proceso.

25. En consecuencia, reiteró que la procedencia de la declaración de responsabilidad de la Policía Nacional exige demostrar el daño antijurídico y su imputación a una acción u omisión directa de dicha entidad. Por ende, al no acreditarse el vínculo causal entre la actuación de la Policía Nacional y el perjuicio reclamado, no es jurídicamente posible

u omisión directa de dicha entidad. Por ende, al no acreditarse el vínculo causal entre la actuación de la Policía Nacional y el perjuicio reclamado, no es jurídicamente posible declarar la responsabilidad5.

26. La Fiscalía General de la Nación sostuvo que no está legitimada en la causa por pasiva, dado que no existe una acción u omisión atribuible a la entidad que guarde relación causal con la presunta vulneración de derechos alegada en la tutela . Indicó que los hechos cuestionados no están vinculados a su ámbito funcional y exceden su competencia. En consecuencia, afirmó que no hay nexo entre sus actuaciones y la conducta del Tribunal. Por ello, solicitó declarar la improcedencia del amparo, al no haber demostrado la parte accionante la existencia del presunto defecto que atribuye al fallo judicial cuestionado6.

27. El Juzgado Segundo Administrativo de Cartago, la E.S.E. Hospital Santa Ana de los Caballeros, La Previsora S.A. compañía de seguros y los señores Luis Eduardo Arias Vélez, Beatriz Eugenia Trejos Marín, Jenny Giovanna Muñoz Marín y Daniel Eduardo Arias Marín, no se pronunciaron.

II. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

28. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, y el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, la Sala tiene competencia para conocer de la presente solicitud de amparo interpuesta por la señora Ana María Marín Agudelo contra el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y el Juzgado Segundo Administrativo de

Cartago.

3.2. Legitimación en la causa

presente solicitud de amparo interpuesta por la señora Ana María Marín Agudelo contra el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y el Juzgado Segundo Administrativo de Cartago.

3.2. Legitimación en la causa

29. La legitimación en la causa por activa de la señora Ana María Marín Agudelo está acreditada porque fue la demandante en el proceso de reparación directa en el que fueron expedidas las providencias que, a su juicio, desconoci eron sus derechos fundamentales.

5 Samai, índice 11, exp. 11001031500020250670200. 6 Samai, índice 14, exp. 11001031500020250670200.Radicado: 11001-03-15-000-2025-06702-00

Accionante: Ana María Marín Agudelo Accionados: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y Juzgado Segundo Administrativo de

Cartago

7

30. También está probada la legitimación en la causa por pasiva del Juzgado Segundo Administrativo de Cartago y el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, debido a que fueron las autoridades que profirieron las sentencias en el proceso ordinario.

31. Ahora bien, la Fiscalía General de la Nación manifestó que no está legitimada en la causa por pasiva, dado que no existió una omisión atribuible a dicha entidad. Sobre el particular debe decirse que fue vinculada al trámite de tutela como un tercero con interés. Dicha vinculación procede en tanto la Fiscalía fue una de las entidades demandadas en el proceso de reparación directa y en primera instancia fue condenada por el Juzgado Segundo Administrativo de Cartago . Decisión respecto de la cual interpuso recurso de apelación. Por tanto, se desestima la excepción y en el fondo del

demandadas en el proceso de reparación directa y en primera instancia fue condenada por el Juzgado Segundo Administrativo de Cartago . Decisión respecto de la cual interpuso recurso de apelación. Por tanto, se desestima la excepción y en el fondo del asunto se abordará lo alegado en cuanto a que no incurrió en omisión alguna.

3.3. Cuestión preliminar. La providencia objeto de estudio

32. La Sala considera pertinente aclarar que, si bien el escrito de tutela se dirige a cuestionar las providencias proferidas por el Juzgado Segundo Administrativo de Cartago y el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, dentro del medio de control de reparación directa, lo cierto es que los argumentos que sustentan las pretensiones de la parte actora guardan unidad de materia y se dirigen en similares términos frente a las dos decisiones cuestionadas.

33. En consecuencia, el estudio del presente asunto se centrará en la sentencia de segunda instancia expedida el 31 de marzo de 2025 por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, toda vez que puso fin a la actuación judicial.

3.4. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial

34. La reiterada jurisprudencia del Consejo de Estado7 y de la Corte Constitucional ha destacado que la acción de tutela en contra de providencias judiciales procede de manera excepcional bajo el cumplimiento de requisitos generales y específicos, en procura de evitar que dentro de los procesos judiciales se haga un uso abusivo de este mecanismo constitucional8.

35. En relación con los requisitos generales de procedibilidad, la parte accionante

debe acreditar los siguientes:

1. Que el asunto a discutir sea de evidente relevancia constitucional;

mecanismo constitucional8.

35. En relación con los requisitos generales de procedibilidad, la parte accionante

debe acreditar los siguientes:

1. Que el asunto a discutir sea de evidente relevancia constitucional; ii) que haya agotado todos los recursos ordinarios y extraordinarios de defensa judicial; iii) que haya interpuesto la acción en un tiempo razonable y proporcionado;

7 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso -Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014, radicado núm.11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ) Demandante: Alpina Productos Alimenticios S.A. 8 Corte Constitucional, sentencia SU-813 de 2007.Radicado: 11001-03-15-000-2025-06702-00

Accionante: Ana María Marín Agudelo Accionados: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y Juzgado Segundo Administrativo de

Cartago

8

1. que, si se trata de una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa y determinante sobre el sentido de la decisión objeto de análisis y que afecte un derecho fundamental; v) que estén identificados los hechos generadores de la vulneración y los derechos afectados y, de ser posible, se aleguen las razones de tal vulneración; y, vi) que no se trate de una tutela contra sentencia de tutela.

36. Por su parte, los requisitos o causales específicas de procedibilidad de la acción de tutela tratan comúnmente sobre aspectos que, por su gravedad, hacen incompatible una providencia judicial con los mandatos constitucionales 9 y, por tanto, constituyen fundamento para conceder o negar la solicitud de amparo. En otras palabras, estos

de tutela tratan comúnmente sobre aspectos que, por su gravedad, hacen incompatible una providencia judicial con los mandatos constitucionales 9 y, por tanto, constituyen fundamento para conceder o negar la solicitud de amparo. En otras palabras, estos requisitos hacen referencia a determinados escenarios que afectan la integridad de la decisión judicial y que justifican la intervención del juez c onstitucional para la salvaguarda de los derechos fundamentales.

37. De esta manera, para que prospere una tutela contra providencia judicial se requiere que se configure, al menos, uno de los siguientes defectos o causales : i) orgánico; ii ) procedimental absoluto; iii) fáctico; iv) material o sustantivo; v) error inducido a la autoridad judicial; vi) decisión sin motivación; vii) desconocimiento del precedente constitucional; o viii) violación directa de la Constitución10.

3.4.1. Análisis de los requisitos generales de procedibilidad

38. Con respecto al requisito de relevancia constitucional, la jurisprudencia de la Corte Constitucional 11 ha destacado el deber que le asiste al juez de tutela de pronunciarse de forma expresa, y con claridad, en torno a las razones por las cuales el asunto que entra a resolver supera este presupuesto, de cara a los lineamientos que ha impartido el órgano de cierre sobre la materia.

39. Así pues, la Corte Constitucional12 ha fijado unos criterios que deben ser acatados con el fin de tener por superado el requisito de relevancia constitucional en un caso en

concreto, los cuales son los siguientes:

1. Que esté inmiscuido «el contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental y no referirse exclusivamente a un asunto meramente legal y/o

concreto, los cuales son los siguientes:

1. Que esté inmiscuido «el contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental y no referirse exclusivamente a un asunto meramente legal y/o económico»13 lo que implica revisar «que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental»14;

9 Corte Constitucional, Sentencia SU-024 de 2018. 10 Corte Constitucional, Sentencias T-310 de 2009, SU-072 de 2018, SU-215 de 2022. 11 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022. 12 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022. 13 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022. 14 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.Radicado: 11001-03-15-000-2025-06702-00

Accionante: Ana María Marín Agudelo Accionados: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y Juzgado Segundo Administrativo de

Cartago

9

1. que el asunto no sea exclusivamente económico o que no tenga únicamente un carácter legal, lo que ocurre por ejemplo cuando se discute la forma de interpretar o aplicar una norma o en los eventos en que la controversia versa sobre un aspecto monetario que solo comporta incidencia para los particulares más no para el interés general; y iii) que la solicitud de amparo cumpla con una carga argumentativa mínima que permita exponer las razones por las cuales la providencia judicial incurrió en una afectación grave de derechos fundamentales.

40. En el caso particular, la cuestión que se discute reviste de relevancia

permita exponer las razones por las cuales la providencia judicial incurrió en una afectación grave de derechos fundamentales.

40. En el caso particular, la cuestión que se discute reviste de relevancia constitucional, toda vez que la parte accionante, más allá de mencionar que existió una afectación de sus derechos fundamentales, indicó expresamente que en la decisión cuestionada se configuró un desconocimiento del ordenamiento jurídico que, a su juicio, impidió que se expidiera una providencia ajustada a derecho.

41. También, supera la presente acción el requisito de subsidiariedad porque la parte actora no cuenta con otros mecanismos ordinarios y/o extraordinarios para la protección de sus derechos fundamentales, pues agotó las instancias respectivas dentro del medio de control de reparación directa en el que se profirió la decisión objeto de tutela.

42. Asimismo, el requisito de inmediatez se encuentra satisfecho, toda vez que la sentencia proferida el 31 de marzo de 2025 por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, fue notificada el 25 de abril de 2025 15, y la demanda de tutela se presentó el 24 de octubre de 2025 16, esto es, dentro del plazo de seis meses previsto por la jurisprudencia constitucional17 y del Consejo de Estado18 como razonable.

43. En cuanto al requisito de identificación de los hechos y argumentos , este se encuentra cumplido en el presente asunto, en la medida en que la parte actora mencionó con claridad los hechos y los fundamentos de la afectación reprochada, y no resultaba posible que hubiera alegado la vulneración reclamada en sede del proceso objeto de estudio, precisamente porque su cuestionamiento está dirigido en

mencionó con claridad los hechos y los fundamentos de la afectación reprochada, y no resultaba posible que hubiera alegado la vulneración reclamada en sede del proceso objeto de estudio, precisamente porque su cuestionamiento está dirigido en contra de la decisión que le puso fin a la actuación judicial.

44. Finalmente, la providencia no fue emitida dentro de un trámite de tutela , sino que se dictó al interior de un proceso de reparación directa.

45. De acuerdo con lo expuesto, la Sala encuentra superados los requisitos generales de procedibilidad en relación con el defecto fáctico y, en ese orden, continuará con el análisis de fondo en los términos que planteó la parte actora.

15 Samai, índice 13, proceso en el Tribunal 76147-33-33-002-2015-00001-01. 16 Samai, índice 1, exp. 11001-03-15-000-2025-06702-00. 17 Corte Constitucional, sentencia T-466 de 2022. 18 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014, expediente núm. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).Radicado: 11001-03-15-000-2025-06702-00

Accionante: Ana María Marín Agudelo Accionados: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y Juzgado Segundo Administrativo de

Cartago

10

3.5. Problema jurídico

46. Corresponde a la Sala determinar si el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca vulneró el derecho fundamental al debido proceso de la señora Ana María Marín Agudelo. En particular, deb erá establecer si incurrió en defecto fáctico al proferir la

46. Corresponde a la Sala determinar si el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca vulneró el derecho fundamental al debido proceso de la señora Ana María Marín Agudelo. En particular, deb erá establecer si incurrió en defecto fáctico al proferir la sentencia del 31 de marzo de 2025 , que revocó la providencia del 16 de octubre de 2019, expedida por el Juzgado Segundo Administrativo de Cartago , para en su lugar negar las pretensiones de la demanda que pretendía la reparación de los perjuicios por la tardanza injustificada en la identificación del cadáver del señor Jhonny Edwin

Muñoz Marín.

47. Para el efecto, se estudiarán: i) las generalidades de los defectos invocados; y ii) el caso concreto.

3.5.1. El defecto fáctico

48. De acuerdo con la Corte Constitucional, una decisión judicial incurre en defecto fáctico cuando «el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión» 19. Este vicio en la valoración probatoria debe ser ostensible, flagrante y manifiesto, y debe tener «incidencia directa en la decisión 20» objeto de tutela. Además, puede configurarse en dos dimensiones: una positiva y otra negativa.

49. La dimensión positiva ocurre en aquellos eventos en los que el juez « […] aprecia y da valor a elementos materiales probatorios indebidamente recaudados o, efectúa una valoración por “completo equivocada”» 21. Por su parte, la dimensión negativa se presenta cuando los funcionarios judiciales «sin justificación alguna no valoran los medios de convicción existentes en el proceso, lo