CE - Sentencia 11001031500020250670700 de 2025

Demandante: Lucía Susana Rodríguez Burgos

Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,

Sección Segunda, Subsección E Radicado: 11001-03-15-000-2025-06707-00

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Magistrada Ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA

Bogotá, D. C., once (11) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2025-06707-00

Demandante: LUCÍA SUSANA RODRÍGUEZ BURGOS

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA,

SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN E

Tema: Tutela contra providencia judicial. Declara improcedente por no superar el requisito de relevancia constitucional.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

La Sala resuelve el mecanismo constitucional de la referencia, de conformidad con los Decretos 2591 de 1991, 333 de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta corporación.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

La señora Lucía Susana Rodríguez Burgos, actuando a través de apoderado judicial1, inició acción de tutela2 contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

La señora Lucía Susana Rodríguez Burgos, actuando a través de apoderado judicial1, inició acción de tutela2 contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, en la que solicitó el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la seguridad jurídica y de acceso a la administración de justicia.

La parte actora consideró vulneradas las referidas garantías constitucionales, con ocasión de la providencia emitida por la autoridad judicial accionada el 29 de septiembre de 2025 en la que revocó el proveído del a quo proferido el 15 de noviembre de 2024 en el que se negaron las pretensiones dentro del medio de 1 Índice 002 de Samai. Poder conferido al abogado William Alexander Olave Villamil, que fue autenticado en la Notaría Segunda del Círculo de Facatativá. 2 Acción de tutela radicada a través del aplicativo «tutela en línea» el 24 de octubre de 2025 bajo el número interno 3266742.Demandante: Lucía Susana Rodríguez Burgos

Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,

Sección Segunda, Subsección E Radicado: 11001-03-15-000-2025-06707-00

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2 control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el radicado 25269-33-33-002-2023-00191-00/01, y en su lugar, declaró la ineptitud sustantiva

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2 control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el radicado 25269-33-33-002-2023-00191-00/01, y en su lugar, declaró la ineptitud sustantiva de la demanda.

1.2. Pretensiones

Con base en lo anterior, la parte actor a solicitó el amparo de los derechos fundamentales invocados y, en consecuencia, pidió:

[…]

SEGUNDA: Como consecuencia de la anterior declaración, ordénese a la

Subsección E de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, con ponencia de la Magistrada Dra. Patricia Victoria Manjarrés Bravo, que, en el término de 15 días hábiles, profiera nueva sentencia en sede de segunda instancia, en consonancia con las consideraciones que para el caso imparta el juez constitucional de tutela.3

1.3. Hechos

La señora Lucía Susana Rodríguez Burgos actuando a través de apoderado judicial, promovió el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la E.S.E Hospital San Rafael de Facatativá, con el fin de que se declarara nulo el oficio 031-2023 de 21 de julio de 2023 en el que la demandada negó la existencia de un contrato realidad y, en consecuencia, pidió que se le ordenara el pago de las prestaciones sociales y laborales causadas entre el 19 de agosto de 2003 al 30 de junio de 2020, periodo en el que se desempeñó como auxiliar de farmacia en la E.S.E referida.

En primera instancia, el proceso se asignó al Juzgado Segundo Administrativo del

2003 al 30 de junio de 2020, periodo en el que se desempeñó como auxiliar de farmacia en la E.S.E referida.

En primera instancia, el proceso se asignó al Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Facatativá con el radicado 25269-33-33-002-2023-00191-00 que, mediante sentencia del 15 de noviembre de 2024, negó las pretensiones de la demanda.

Como fundamento explicó que, aunque existían diversos contratos suscritos entre la E.S.E. Hospital San Rafael de Facatativá y varias entidades intermediarias: «i) COOPSEIN C.T.A; ii) Fundación Esperanza y Amor; iii) Máximo canal de radioperadores LTDA; iv) CMPFARMA S.A.S.; v) COOMEDICOM y, vi) Sindicato colombiano de trabajadores integrados del sector salud integrasalud », la demandante no aportó ninguna prueba que demostrara la existencia de un nexo contractual directo entre esta y las cooperativas o que evidenciara la intermediación laboral encubierta con las que alegó la configuración de una relación de trabajo subyacente a través de una intermediación con la E.S.E 3 Transcripción literal que puede contener errores.Demandante: Lucía Susana Rodríguez Burgos

Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,

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3 Hospital San Rafael de Facatativá.

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3 Hospital San Rafael de Facatativá.

Inconforme con la decisión, la actora interpuso recurso de apelación que se resolvió por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E 4, que mediante providencia del 29 de septiembre de 2025 revocó la sentencia del a quo, y, en su lugar, declaró la ineptitud sustantiva de la demanda.

Lo anterior dado que, a su juicio, el acto administrativo que definió la situación jurídica de la demandante fue el contenido en el oficio AJUR-083-20 del 9 de septiembre de 2020 y reiterado en el AJUR-084-20 del 10 de septiembre de 2020, y no los pronunciamientos posteriores expedidos por la demandada, que se emitieron para reiterar la respuesta a la actora frente a las nuevas solicitudes presentadas en el mismo sentido, esto es, que se declare la existencia de una relación laboral encubierta.

El anterior proveído se notificó a las partes de forma personal mediante correo electrónico el 29 de septiembre de 20255.

1.4. Fundamentos de la vulneración

La parte actora señaló que las providencias cuestionadas adolecen de los siguientes yerros:

(i) Orgánico: señaló que, el ad quem no dijo nada respecto de la prescripción de los derechos laborales reclamados, y de su interrupción. Además, indicó que la jurisdicción contenciosa es competente para resolver controversias referentes a la configuración de una relación laboral bien por contratos suscritos directamente con

los derechos laborales reclamados, y de su interrupción. Además, indicó que la jurisdicción contenciosa es competente para resolver controversias referentes a la configuración de una relación laboral bien por contratos suscritos directamente con la entidad o por tercerización.

Agregó que, si bien la actora elevó peticiones anteriores pidiendo a la E.S.E Hospital San Rafael de Facatativá que reconociera la existencia del contrato realidad, estas se negaron a través del oficio AJUR-083-20 del 9 de septiembre de 2020 y AJUR-084-20 del 10 de septiembre de 2020; sin embargo, como presentó una nueva solicitud el 2 de junio de 2023 y la E.S.E emitió otra respuesta en el oficio AJUR 031-2023 del 21 de julio de 2023, esta sí era susceptible de control judicial, pero que las primeras respuestas debían tenerse en cuenta para la interrupción de los términos de prescripción de derechos laborales.

(ii) Sustantivo: consideró que el tribunal desconoció lo previsto en los artículos 41 4 La sentencia fue suscrita por los magistrados, Patricia Victoria Manjarrés Bravo, Ramiro Ignacio Dueñas Rugnon y Jaime Alberto Galeano Garzón. 5 Índice 011 y 012 de Samai del proceso 25269333300220230019101.Demandante: Lucía Susana Rodríguez Burgos

Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,

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4 del Decreto 3135 de 19686 y 102 del Decreto 1848 de 19697 que señalan que, cuando se eleva una petición ante la administración se interrumpen los términos de prescripción por un término igual, por lo que, a su juicio, con la solicitud que la actora presentó ante la E.S.E el 13 de agosto de 2020, los términos de prescripción se interrumpían, pero ello no le impedía presentar una nueva reclamación análoga.

Explicó que, si bien la solicitud radicada el 3 de junio de 2023 no tenía la vocación de revivir los términos de caducidad de los oficios AJUR 083-20 del 9 de septiembre de 2020 y AJUR-084-20 del 10 de septiembre de 2020 , esa reclamación generó una nueva respuesta de la demandada, la que también podía demandarse ante la jurisdicción contenciosa administrativa por ser un acto particular y concreto que generó efectos jurídicos y el cual es independiente de los otros actos, por lo que iteró que más allá de si existía o no caducidad, las acreencias reclamadas no prescriben.

Explicó que la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra el oficio AJUR 031-2023 del 21 de julio de 2023 se radicó el 8 de agosto de 2023, es decir, dentro del término de 4 meses que señala el numeral 2, literal d) del artículo 164 del CPACA, que fenecía el 13 de agosto de 2023.

dentro del término de 4 meses que señala el numeral 2, literal d) del artículo 164 del CPACA, que fenecía el 13 de agosto de 2023.

(iii) Desconocimiento del precedente: citó las sentencias de constitucionalidad «539 de 2011, 634 de 2011, 816 de 2011 y 179 de 2016» y otras providencias del Consejo de Estado8. Argumentó que el precedente desatendido es el referente a las temáticas de la institución de la prescripción extintiva laboral que permiten obtener el reconocimiento y pago de derechos laborales derivados de contrato realidad en cualquier tiempo.

1.5. Trámite de la acción de tutela

Por medio de auto del 31 de octubre de 2025, la Magistrada Ponente admitió la 6 Artículo 41º.- Las acciones que emanen de los derechos consagrados en este Decreto prescribirán en tres años, contados desde que la respectiva obligación se haya hecho exigible. El simple reclamo escrito del empleado o trabajador ante la autoridad competente, sobre un derecho o prestación debidamente determinado, interrumpe la prescripción, pero sólo por un lapso igual. 7 ARTÍCULO 102.- Prescripción de acciones.

1. Las acciones que emanan de los derechos consagrados en el Decreto 3135 de 1968 y en este Decreto, prescriben en tres (3) años, contados a partir de la fecha en que la respectiva obligación se haya hecho exigible.

2. El simple reclamo escrito del empleado oficial formulado ante la entidad o empresa obligada, sobre un derecho o prestación debidamente determinado, interrumpe la prescripción, pero solo por un lapso igual. 8 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia del 25

sobre un derecho o prestación debidamente determinado, interrumpe la prescripción, pero solo por un lapso igual. 8 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia del 25 de agosto de 2016, radicado: 23001-233-000-2013-00206-01. C.P. Carmelo Perdomo Cuéter; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia del 17 de octubre de 2019, radicado: 20001-23-33-000-2014-00015-00. C.P. William Hernández Gómez.Demandante: Lucía Susana Rodríguez Burgos

Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,

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5 acción de tutela y ordenó notificar a la parte accionante9 y, como parte accionada, a los magistrados del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E10.

Asimismo, dispuso la vinculación, como tercer os con interés jurídico en el resultado del proceso al Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Facatativá11 [a quo proceso ordinario] y a la E.S.E Hospital San Rafael de Facatativá12 [extremo pasivo] y se publicó un aviso a la comunidad en la página web de la corporación13.

1.6. Intervenciones

Realizadas las notificaciones ordenadas de manera electrónica, se presentaron las siguientes:

de la corporación13.

1.6. Intervenciones

Realizadas las notificaciones ordenadas de manera electrónica, se presentaron las siguientes:

1.6.1. Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E14

El Magistrado Ponente de la decisión enjuiciada hizo un recuento de las actuaciones surtidas en el proceso ordinario y pidió que se niegue el amparo porque la sentencia cuestionada se encuentra debidamente sustentada.

Con respecto a los defectos alegados por la tutelante, indicó que ninguno de estos se materializa en el caso objeto de estudio porque la a ccionante no señala concretamente cuál es la norma indebidamente aplicada, sino que realiza una interpretación subjetiva de los actos que considera susceptibles de control judicial. Además, no evidenció una contradicción entre la parte motiva y resolutiva de la providencia recurrida, sino que se realizó un análisis jurídico de la ineptitud sustantiva de la demanda en atención a que no se demandó el acto definitivo.

Explicó que, la actora demandó la nulidad del oficio AJUR-031-2023 de 21 de julio de 2023 y no de los oficios AJUR-083-20 del 9 de septiembre de 2020 y AJUR084-20 del 10 de septiembre de 2020 , mediante los que el hospital negó la existencia de un contrato realidad, por tanto, son los que definieron de manera expresa su situación jurídica. 9 Índice 007 de Samai. La notificación fue realizada a: lucysusy33@gmail.com

existencia de un contrato realidad, por tanto, son los que definieron de manera expresa su situación jurídica. 9 Índice 007 de Samai. La notificación fue realizada a: lucysusy33@gmail.com waolavev@unal.edu.co y astreaserviciosjuridicos@gmail.com. 10 Índice 007 de Samai. La notificación fue realizada a: scs02tadmincdm@notificacionesrj.gov.co; scs02sb05tadmincdm@notificacionesrj.gov.co; rmemorialessec02setadmcun@cendoj.ramajudicial.gov.co. 11 Índice 007 de Samai. La notificación fue realizada a: j02adminfac@cendoj.ramajudicial.gov.co. 12 Índice 007 de Samai. La notificación fue realizada a : notificacionesjudiciales@hospitalfacatativa.gov.co y siau@hospitalfacatativa.gov.co. 13 Índice 008 de Samai. 14 Índice 010 de Samai.Demandante: Lucía Susana Rodríguez Burgos

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En consecuencia, refirió que, al no haberse demandado los actos definitivos y haber dirigido la demanda contra un acto distinto, la señora Rodríguez Burgos incurría en un defecto sustancial por no cumplir con la exigencia del numeral 2 del artículo 162 del CPACA, esto es, identificar correctamente el acto demandado, lo que le impedía emitir un pronunciamiento de fondo.

incurría en un defecto sustancial por no cumplir con la exigencia del numeral 2 del artículo 162 del CPACA, esto es, identificar correctamente el acto demandado, lo que le impedía emitir un pronunciamiento de fondo.

Además, señaló que, no adelantó el examen de prescripción por cuanto no se logró determinar la existencia o no del vínculo laboral , en la medida que no se demandaron los actos administrativos definitivos y primigenios, tal como lo dispone la sentencia de unificación del 25 de agosto de 2016 del Consejo de Estado.

1.6.2. Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Facatativá15

Aportó el link del expediente electrónico, sin embargo, no hizo ningún pronunciamiento sobre lo pretendido en esta acción.

1.6.3. La E.S.E Hospital San Rafael de Facatativá guardó silencio, pese a que fue debidamente notificada.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer, en primera instancia, de la acción de tutela presentada por la señora Lucía Susana Rodríguez Burgos contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E , de conformidad con lo establecido en los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015, modificado por los Decretos 333 de 2021 y 799 de 2025, y el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación.

2.2. Problema jurídico

Acorde con lo señalado en los antecedentes, la pretensión invocada por la parte actora, el material probatorio recaudado y la s intervenciones presentadas, corresponde a la Sala resolver:

2.2. Problema jurídico

Acorde con lo señalado en los antecedentes, la pretensión invocada por la parte actora, el material probatorio recaudado y la s intervenciones presentadas, corresponde a la Sala resolver:

• ¿Se superan los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela en contra de providencias judiciales?

En caso de ser positiva la anterior respuesta, se resolverá:

15 Índice 013 y 015 de Samai.Demandante: Lucía Susana Rodríguez Burgos

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7 • ¿El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E vulneró las garantías invocadas por la parte accionante al proferir la sentencia del 29 de septiembre de 2025 en la que revocó el proveído de primera instancia del 15 de noviembre de 2024 que negó las pretensiones del medio de control nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 25269-33-33-002-2023-00191-00/01, para en su lugar, declarar configurada la inepta demanda?

Para resolver los interrogantes planteados, resulta pertinente analizar los siguientes temas: (i) la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial; (ii) los requisitos de procedibilidad adjetiva, y; (iii) el caso concreto.

siguientes temas: (i) la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial; (ii) los requisitos de procedibilidad adjetiva, y; (iii) el caso concreto.

2.3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 201216 unificó la diversidad de criterios que esta corporación tenía sobre la acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema 17 y declaró su procedencia.18

Así pues, esta Sección de manera reiterada ha establecido como parámetros para realizar su estudio, que cumpla con los siguientes requisitos: i) que supere la relevancia constitucional; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) inmediatez; y iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado. De modo que, de no observarse el cumplimiento de uno de estos presupuestos, se declara la improcedencia del amparo solicitado, sin que se analice el fondo del asunto.

Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala adentrarse en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir

para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir el debate de instancia. 16 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia 31.07.12., M.P. María Elizabeth García González, Rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01. 17 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes reseñado. 18 Se dijo en la mencionada sentencia «DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia».Demandante: Lucía Susana Rodríguez Burgos

Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,

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Igualmente, se debe resaltar que esta acción constitucional no puede ser considerada como una «tercera instancia» que se emplee, por ejemplo, para revivir términos, interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural. Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.

2.3.1. Relevancia constitucional

La Corte Constitucional en la Sentencia SU -215 de 202219 explicó que las

natural. Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.

2.3.1. Relevancia constitucional

La Corte Constitucional en la Sentencia SU -215 de 202219 explicó que las providencias judiciales hacen tránsito a cosa juzgada, por tanto, cuando se interponga un mecanismo de amparo constitucional debe atenderse lo siguiente:

[…] el juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la providencia cuestionada señalados por el accionante, pues tiene ‘vedado adelantar un control oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada”. Asimismo, enfatizó en que, cuando se cuestiona una providencia de una alta corte el análisis de procedencia debe ser más restrictivo teniendo en cuenta que la decisión fue proferida por un órgano de cierre y “no solo tienen relevancia en términos de seguridad jurídica, sino que también son fundamentales en la búsqueda de uniformidad de las decisiones de los jueces de menor jerarquía y, por esta vía, en la materialización del principio de igualdad.

Al abordar el caso concreto, el alto tribunal constitucional precisó que la acción de tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no una corrección del fallo cuestionado. En ese sentido, no se puede utilizar este instrumento como una instancia adicional para discutir cuestiones probatorias o formas de interpretación de las normas que se zanjaron por el juez natural. Lo anterior como un eje fundamental para:

[…] lograr un correcto entendimiento de los hechos y del problema jurídico, pues así se previene la irrupción del juez de tutela en asuntos que no son de su competencia y se garantiza que la cuestión sea analizada a la luz de la Constitución.

[…] lograr un correcto entendimiento de los hechos y del problema jurídico, pues así se previene la irrupción del juez de tutela en asuntos que no son de su competencia y se garantiza que la cuestión sea analizada a la luz de la Constitución.

Refirió que las finalidades de este requisito son las siguientes:

[…] (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la protección de la autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación de la específica finalidad de la acción de tutela, instituida para la protección y restablecimiento de los derechos fundamentales; y (iv) la prevención del uso indebido de la acción como una instancia adicional de los procesos adelantados ante las jurisdicciones competentes o para la solución de discusiones de naturaleza eminentemente legal20 (Énfasis de la Sala). 19 Corte Constitucional, Sala Plena. Sentencia SU-215 del 16.06.22. M.P. Natalia Ángel Cabo. 20 Sentencia SU-573 de 2019.Demandante: Lucía Susana Rodríguez Burgos

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De ese modo, expuso que los criterios relevantes para determinar si un asunto reviste relevancia constitucional son los siguientes:

En primer lugar, el caso debe involucrar algún debate jurídico que gire en torno al contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental y no referirse

reviste relevancia constitucional son los siguientes:

En primer lugar, el caso debe involucrar algún debate jurídico que gire en torno al contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental y no referirse exclusivamente a un asunto meramente legal y/o económico21; es decir, la cuestión “debe revestir una “clara”, “marcada” e “indiscutible” relevancia constitucional22.

[…]

En segundo lugar, la controversia no debe limitarse a una puramente legal y/o económica.

[…]

Al respecto, la jurisprudencia ha sido clara en señalar que “la tutela contra providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos ordinarios, pues la competencia del juez de tutela se restringe a los asuntos de relevancia constitucional y a la protección efectiva de los der echos [fundamentales] y no a problemas de carácter legal23”. En este orden, se reitera que el examen de relevancia constitucional exige que la solicitud de amparo trascienda la mera “inconformidad con las decisiones adoptadas por los jueces naturales24”.

En tercer lugar, la acción de tutela debe plantear argumentos suficientes dirigidos a demostrar que la providencia judicial afectó de manera grave un derecho fundamental.

[…]

Por último, y como arriba se indicó, el examen de la acción de tutela dirigida contra decisiones de las altas cortes debe ser estricto25, lo que implica verificar que en efecto se haya presentado una actuación judicial claramente arbitraria o violatoria de los derechos fundamentales. Así, la tutela contra providencias judiciales no debe representar una instancia adicional de los litigios ordinarios, ni es un escenario para

efecto se haya presentado una actuación judicial claramente arbitraria o violatoria de los derechos fundamentales. Así, la tutela contra providencias judiciales no debe representar una instancia adicional de los litigios ordinarios, ni es un escenario para definir controversias doctrinarias o interpretativas de corrección legal26. (Resaltado de la Sala)

21 Sentencia SU-103 de 2022. 22 Sentencia SU-103 de 2022. 23 Sentencia SU-103 de 2022. 24 Sentencia SU-128 de 2021. 25 Sentencia SU-573 de 2019. 26 Ibid.Demandante: Lucía Susana Rodríguez Burgos

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10 2.4. Caso concreto

La parte actora cuestionó la sentencia del 29 de septiembre de 2025 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, en la que revocó el proveído de primera instancia dictado el 15 de noviembre de 2024 por el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Facatativá en el que negó las pretensiones del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el radicado 25269-33-33-002-2023-00191-00/01 y, en su lugar, declaró la ineptitud sustantiva de la demanda.

derecho identificado con el radicado 25269-33-33-002-2023-00191-00/01 y, en su lugar, declaró la ineptitud sustantiva de la demanda.

Lo anterior, ya que, a juicio de la parte tutelante, en la providencia cuestionada se incurrió en los defectos orgánico, sustantivo y desconocimiento del precedente.

Respecto de lo alegado por la tutelante, la Sala evidencia que los argumentos planteados, pese a que hacen alusión a un lenguaje constitucional, realmente denotan una inconformidad con la decisión proferida por el juez ordinario en segunda instancia, por lo que este mecanismo se torna improcedente porque no cumple con el requisito de relevancia constitucional, como pasa a explicarse.

Advierte la Sección que los yerros que la accionante refiere orgánico y sustantivo carecen de carga argumentativa porque la actora no explica la forma en que la providencia cuestionada incurre en los referidos defectos, sino que se limita a explicar los motivos por los que considera que el acto frente al que pidió la nulidad, esto es, el oficio AJUR-031-2023 de 21 de julio de 2023 sí era susceptible de control judicial, máxime porque las pretensiones reclamadas no se veían afectadas por la figura de la prescripción por tratarse de derechos laborales.

Sin embargo, se advierte que, el planteamiento de la tutelante demuestra la discrepancia con la decisión del tribunal, quién declaró que en el caso de la señora Lucía Susana Rodríguez Burgos se configuraba la excepción de inepta demanda, porque, a su juicio, la pretensión de nulidad no se dirigió frente al oficio AJUR-083Lucía Susana Rodríguez Burgos se configuraba la excepción de inepta demanda, porque, a su juicio, la pretensión de nulidad no se dirigió frente al oficio AJUR-08320 del 9 de septiembre de 2020 que consideró como el acto administrativo definitivo, porque resolvía la situación jurídica de la actora al ser el que negó el reconocimiento de una relación laboral encubierta y no el que finalmente demandó la actora, esto es, el oficio 031-2023 de 21 de julio de 2023, dado que en este se reiteró la respuesta negativa a la reclamación ya presentada por la demandante.

Para dar sustento al planteamiento, la tutelante corroboró