CE - Sentencia 11001031500020250671200 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO

Bogotá D.C., once (11) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

Radicado: Accionante:

Accionado: Acción:

Tema:

Decisión: 11001 03 15 000 2025 06712 00

Javier Oswaldo Uscategui Ávila Tribunal Administrativo del Valle del Cauca Acción de tutela La acción de tutela es improcedente cuando el debate planteado por la parte actora pretende reabrir la controversia resuelta por el juez natural Declara improcedente la acción de tutela por incumplir el requisito de relevancia constitucional

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela promovida por el señor Javier Oswaldo Uscategui Ávila, en contra de las providencias del 3 de octubre de 2024 y 7 de octubre de 2025, proferidas por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, dentro del medio de control de reparación de los perjuicios causados a un grupo con radicado nro. 76001 23 33 006 2016 01332 00.

1. SÍNTESIS DEL CASO

El señor Javier Oswaldo Uscategui Ávila , actuando por conducto de su apoderada

2016 01332 00.

1. SÍNTESIS DEL CASO

El señor Javier Oswaldo Uscategui Ávila , actuando por conducto de su apoderada judicial, promovió acción de tutela en contra del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, y para ello, formuló las siguientes pretensiones1:

[…] 1. Tutelar los derechos fundamentales al Debido Proceso (Art. 29 C.N.), Derecho a la Igualdad (Art. 13, 230 C.N.); Acceso a la Administración de Justicia (Art. 229 C.N.); Prelación del Derecho Sustancial sobre el formal (Art. 228 C.N.), vulnerados por EL T RIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA, al emitir los autos del 3 de octubre de 2024 y del 7 de octubre de 2025 dentro del proceso No. 76001 -23-33-006-2016-01312-002015-00172-00 (sic) que se adelanta por la señora DIANA PATRICIA GUERRERO Y OTRAS PERSONAS en contra de la RAMA JUDICIAL a través del medio de control de REPARACION DE

LOS PERJUICIOS CAUSADOS A UN GRUPO.

2. Dejar sin efectos, por ser inconstitucionales e ilegales los autos del 3 de octubre de 2024 y auto del 7 de octubre de 2025, emitidos por EL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA dentro del proceso adelantado por LA REPARACION DE LOS PERJUICIOS CAUSADOS A UN GRUPO y radicado

No. 76001 -23-33-006-201601312-00, ORDENANDO A LA MAGISTRADA

PONENTE ADMITIR LA ADHESION DEL SEÑOR JAVIER OSWALDO

No. 76001 -23-33-006-201601312-00, ORDENANDO A LA MAGISTRADA

PONENTE ADMITIR LA ADHESION DEL SEÑOR JAVIER OSWALDO

1 Aparte del escrito de tutela. Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2025 06712 00.Radicado: 11001 03 15 000 2025 06712 00

Accionante: Javier Oswaldo Uscategui Ávila

Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca

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USCATEGUI AVILA al proceso y las sentencias de primera instancia del 17 de septiembre de 2019 que profiere el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUSA y de segunda instancia del 21 de noviembre de 2022, ordenando a la ACCIONADA, para que dentro de un término no superior a QUINCE (15) DIAS, emita auto de remplazo del 7 de octubre de 2025, admitiendo la adhesión deprecada por el accionante y por ende se ordene la reliquidación de las prestaciones sociales (Prima de Servicios, Prima de Navidad, Prima de Vacaciones, Vacaciones, Cesantías, Intereses a las Cesantías y cualquier otra prestación afectada en el IBL por omisión de introducir Bonificación Judicial como prestación laboral).

3. De forma respetuosa, solicito se vincule al trámite del amparo constitucional a

la DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL, que por

prestación laboral).

3. De forma respetuosa, solicito se vincule al trámite del amparo constitucional a la DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL, que por delegación legal representa a la RAMA JUDICIAL. […] (Negrilla y mayúscula del texto original de tutela.)

2. SITUACIÓN FÁCTICA

El accionante informó que es funcionario judicial en carrera desde el 18 de abril de 1998. Igualmente, manifestó que, “ desde el 1 de junio de 2006, ocupa el cargo de JUEZ CUARTO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE PASTO, cargo que ostentaba para el 1 de enero del año 2013 y ocupa hasta este momento”2.

Relató que conoce las diferencias salariales entre empleados y funcionarios, y que, conforme a la Ley 4 de 1992, debía aplicarse una nivelación. Sin embargo, esto solo se implementó para los funcionarios de mayor rango, es decir, magistrados de alta corte y magistrados de tribunales.

El accionante indicó que, aunque el Decreto 1251 de 2009 fijó para los jueces del circuito un ingreso equivalente a cerca del 43% de lo percibido por un magistrado de alta corte, en la práctica solo representó alrededor del 29% de sus ingresos anuales.

Añadió que en 2010 el Consejo Superior de la Judicatura contrató con la firma AAIC un estudio salarial que evidenció una brecha aproximada del 56% entre jueces y magistrados, estudio que fue archivado sin explicación, manteniéndose dicha desigualdad.

estudio salarial que evidenció una brecha aproximada del 56% entre jueces y magistrados, estudio que fue archivado sin explicación, manteniéndose dicha desigualdad.

Narró que, tras el paro judicial de 2012, el Gobierno reconoció esa disparidad y acordó una asignación con carácter salarial, pero el Decreto 382 de 2013 la restringió únicamente para aportes a pensión y salud, excluyéndola de la liquidación de prestacione s, motivo por el cual presentó derecho de petición solicitando su inaplicación y la reliquidación de sus prestaciones, petición negada mediante Resolución DESAJPAR -18-3564 de 2018, sin que se resolvieran los recursos posteriores, configurándose silencio ad ministrativo negativo.

Manifestó que, en el año 2023 presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, proceso que fue asignado al Juzgado Segundo Administrativo de Pasto. Sin embargo, señaló que dicho despacho se declaró impedido y “posteriormente se remite el proceso ante Juzgado Transitorio de la ciudad de Cali, despachos que funcionan durante

2 Ibidem.Radicado: 11001 03 15 000 2025 06712 00

Accionante: Javier Oswaldo Uscategui Ávila

Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca

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un año y antes de diciembre devuelven los expedientes, por eso luego de más de dos años pese a tratarse de asuntos en línea no tienen sentencia de primera instancia”3.

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un año y antes de diciembre devuelven los expedientes, por eso luego de más de dos años pese a tratarse de asuntos en línea no tienen sentencia de primera instancia”3.

Planteó que, en sentencia del 6 de abril de 2022, la Sala de Conjueces de la Sección Segunda del Consejo de Estado, M.P. Carmen Anaya de Castellanos , reconoció que la bonificación judicial otorgada gracias al Decreto nro. 0383 de 2013, es factor salarial.

Argumentó que de igual forma se pronunció el Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala de Conjueces, en segunda instancia dentro de la acción de grupo que se adelantó bajo la radicación nro. 76001 23 33 006 2016 01312 00/014.

Sostuvo que en dicho proceso presentó solicitud de adhesión y/o acumulación de procesos y que esta fue rechazada mediante proveído del 3 de octubre de 2024 por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca con fundamento en que “no hace parte del grupo que reclamo la BONIFICACIÓN al interior del proceso 2016-01312-00 (sic)”.

Contra la decisión anterior presentó los recursos de reposición y, en subsidio, el de apelación, que fueron resueltos por el Tribunal mediante providencia del 7 de octubre de 2025, en el sentido de no reponer su decisión y declarar improcedente el recurso de apelación. Lo que, a su juicio, desconoció la interpretación normativa del artículo 55 de la Ley 472 de 1998 , toda vez que, en su sentir, esa disposición normativa “admite la adhesión y/o acumulación posterior a la sentencia y por ende inaplicables los institutos

la Ley 472 de 1998 , toda vez que, en su sentir, esa disposición normativa “admite la adhesión y/o acumulación posterior a la sentencia y por ende inaplicables los institutos de la intervención de terceros del Código General del Proceso, en tanto la norma, admite la adhesión luego de la sentencia en firme en la acción de grupo”.

Detalló la parte demandante que5:

En este caso, es bueno advertir de entrada que el acto administrativo que genera el daño o perjuicio, es el decreto 383 de 2013, que estableció la bonificación judicial luego de las negociaciones con los sindicatos de la Rama Judicial, pero omitiendo la naturaleza salarial para efectos de incluirla en la base de liquidación de las prestaciones sociales de funcionarios y empleados de la Rama Judicial, por ende, por ende (sic) en nuestro caso tanto en la acción individual, se solicitó la ‘’INAPLICACIÓN’’ de d icho aparte normativo, conforme las previsiones del art. 4 de la C.N., aspecto que decreto la sentencia en LA REPARACION DE LOS PERJUICIOS CAUSADOS A UN GRUPO CUYA ADHESION SE

PROCURA

Advirtió que6:

En los autos del 3 de octubre de 2024 y 7 de octubre de 2025, a través de los cuales EL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA, rechaza la adhesión y/o acumulación de procesos a la ACCION DE GRUPO – O REPARACION DE LOS PERJUICIOS CAUSADOS A UN GRUPO, se adopta una interpretación restringida en punto de la aplicación del inciso final del Art. 145 de la ley 1437 de 2011, en punto de la procedencia

PERJUICIOS CAUSADOS A UN GRUPO, se adopta una interpretación restringida en punto de la aplicación del inciso final del Art. 145 de la ley 1437 de 2011, en punto de la procedencia de la acción para la reparación de perjuicios causados a un grupo, en tanto la norma utiliza la forma verbal ‘’PODRA’’, solicitar la nulidad del acto administrativo, si es necesaria para demostrar la responsabilidad. Esto quiere decir que es facultativo impetrar la petición de nulidad, por lo que, si no es necesario, ni siquiera es requisito demandar dicho acto.

3 Ibidem. 4 De la revisión del expediente allegado por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca se advierte que el radicado de la acción de grupo corresponde al número 76001 23 33 006 2016 01332 00 /01. 5 Aparte del escrito de tutela. Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2025 06712 00. 6 Ibidem.Radicado: 11001 03 15 000 2025 06712 00

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Postuló que los criterios adoptados en la sentencia SU -0818 de 2024 frente a la acción de grupo, se adaptan a su situación fáctica y jurídica.

Expresó que las decisiones del 17 de septiembre del 2019 del Tribunal Administrativo del

Postuló que los criterios adoptados en la sentencia SU -0818 de 2024 frente a la acción de grupo, se adaptan a su situación fáctica y jurídica.

Expresó que las decisiones del 17 de septiembre del 2019 del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y la Sala de Conjueces de la Sección Tercera del Consejo de Estado, coinciden materialmente con las pretensiones planteadas “En la demanda formulada a través del medio de control de nulidad y restablecimiento del Derecho, que se radicó inicialmente ante el JUZGADO SEGUNDO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE

PASTO”7.

Resaltó que8:

Como se puede colegir, la parte resolutiva de la sentencia en la acción de grupo y las pretensiones de la demanda de mi patrocinado, coinciden en la solicitud principal en punto de la inaplicación de la exclusión de la BONIFICACION JUDICIAL, solo para efec tos de seguridad social uno para las demás prestaciones sociales, así como la indemnización por la omisión en su aplicación desde el año 2013, previo el análisis de prescripción, aspecto al que se renuncia al momento de la adhesión al grupo.

Anotó que9:

En nuestro caso la uniformidad se predica del hecho que el decreto 383 de 2013, tiene como destinatarios los funcionarios y empleados de la Rama Judicial, norma que causa el perjuicio y por ende se condena en el proceso primigenio, igual dicho perjuicio se le causa a mi prohijado en su calidad de Juez.

Arguyó que gracias a la sentencia C -569 del 8 de junio de 2004, la Corte Constitucional

causa a mi prohijado en su calidad de Juez.

Arguyó que gracias a la sentencia C -569 del 8 de junio de 2004, la Corte Constitucional interpretó el canon 46 de la Ley 472 de 1998, y que se deben tener en cuenta algunos principios como: el principio del efecto útil, principio de interpretación sistemát ica, principio de interpretación conforme, principio de interpretación razonable, y en ese entendido, a su juicio, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, v ulneró sus derechos fundamentales al debido proceso administrativo, la prevalencia del derechos sustancial sobre el formal, acceso a la administración de justicia y derecho a la igualdad.

Sostuvo que las providencias cuestionadas incurrieron en defecto sustantivo con fundamento en que10:

[…]En nuestro caso, son indudables los defectos sustantivos que surgen de los autos del 3 de octubre de 2024 y 7 de octubre de 2025 en donde sin mayores argumentos normativos o jurisprudenciales se indican que mi prohijado no se encuentra en la misma situación uniforme de quienes conforman el grupo en proceso Reparación de los Perjuicios Causados a un grupo, interpretando de forma errónea el art. 145 de la ley 1437 de 2011, que indica que cuando se pide la nulidad de un acto administrativo, basta con que una persona haya agotado el requisito administrativo. Lo que indica que no es necesario dicho agotamiento si alguien más lo hizo […]. (Subrayas de la Sala).

Expuso que la autoridad judicial accionada incurrió en desconocimiento del precedente jurisprudencial al proferir las decisiones objeto de debate, toda vez que no tuvo en cuenta

7 Ibidem. 8 Ibidem. 9 Ibidem.

Expuso que la autoridad judicial accionada incurrió en desconocimiento del precedente jurisprudencial al proferir las decisiones objeto de debate, toda vez que no tuvo en cuenta

7 Ibidem. 8 Ibidem. 9 Ibidem. 10 Ibidem.Radicado: 11001 03 15 000 2025 06712 00

Accionante: Javier Oswaldo Uscategui Ávila

Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca

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la sentencia SU -04584 de 2021, dictada por el Consejo de Estado, Sala 1 Especial de Decisión, respecto a las condiciones uniformes de los miembros del grupo, ni la sentencia C-569 de 2004, sobre la interpretación del artículo 46 de la Ley 472 de 1998.

Explicó frente a la subsidiariedad que11:

[…]Finalmente, ante la omisión del legislador en punto de la procedencia del recurso de queja y/o súplica o apelación del auto que niega o recha (sic) la adhesión en términos del art. 55 de la ley 472 de 1998, su exclusión en el art. 243 de la ley 1437 de 2011, modificado por ley 2080 de 2021 y/o 321 de la ley 1564 de 2012 o CODIGO GENERAL DEL PROCESO, así como la interpretación del CONSEJO DE ESTADO, en donde se admite la improcedencia del recurso de suplica (sic) o apelación del auto que niega la adhesión, es la tutela el único recurso judicial para la corrección de las decisiones arbitrarias emitidas por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO

de suplica (sic) o apelación del auto que niega la adhesión, es la tutela el único recurso judicial para la corrección de las decisiones arbitrarias emitidas por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO

DEL VALLE DEL CAUCA. […]

Postuló que12:

[…]Es por ende necesario, que el juez analice la omisión legislativa de recursos reales para contradecir la decisión de rechazar la adhesión prevista en el art. 55 de la ley 472 de 1998, por que en este caso la señora Magistrada DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE L VALLE DEL CAUCA, adopta una interpretación formal, sin permitir la contradicción bien ante la Sala de Decisión y/o ante el Superior Jerárquico, suprimiendo el principio de la doble conformidad, razón de la relevancia del amparo constitucional.[…]

Finalmente indicó que aun cuando los procesos relacionados con acciones de grupo y la reparación de perjuicios causados a un colectivo puedan ser complejos y revestir especial relevancia constitucional, resulta inconcebible que, para decidir un simple recurso de reposición presentado sin mayores argumentos de fondo, la autoridad judicial se tome un lapso irrazonable, generando dilaciones que afectan el debido proceso y el acceso efectivo a la administración de justicia.

3. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA

Las actuaciones más relevantes fueron las siguientes:

3.1. La tutela fue radicada el 24 de octubre de 202513 a través del aplicativo de recepción de tutelas de la Secretaría de esta Corporación y correspondió por reparto a esta Sección que, por auto del 5 de noviembre de 2025 14 la admitió y dispuso notificar 15 al Tribunal

de tutelas de la Secretaría de esta Corporación y correspondió por reparto a esta Sección que, por auto del 5 de noviembre de 2025 14 la admitió y dispuso notificar 15 al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, como parte accionada; así como vincular16 a la Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial , al “coordinador y apoderado legal del grupo” que integra la parte demandante en el proceso de reparación de los perjuicios causados a un grupo , identificado con radicado nro . 76001 23 33 006 2016 01332 00 y a las personas que solicitaron ser reconocidas como nuevos miembros

11 Ibidem. 12 Ibidem. 13 Visto en el índice 3 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2025 06712 00. 14 Visto en el índice 5de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2025 06712 00. 15 Esta orden se cumplió el 10 de noviembre de 2025. Visto en los índices 8 y 13 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2025 06712 00. 16 Ibidem.Radicado: 11001 03 15 000 2025 06712 00

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del grupo en el proceso contencioso administrativo citado , como tercero con interés directo en el resultado del proceso constitucional.

De igual forma, se requirió al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca para que allegara copia digital del expediente correspondiente al proceso de reparación de los perjuicios causados a un grupo , identificado con radicado nro . 76001 23 33 006 2016 01332 00, el cual fue remitido17.

3.2. La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial , por conducto de la profesional adscrita a la asistencia legal de la entidad, allegó escrito 18 de contestación en el que solicitó desestimar la acción de amparo, al considerar que los argumentos del actor sobre los presuntos defectos no resultan claros, que no aportó pruebas que los respalden y que, además, dicha Dirección no es competente para proferir decisiones judiciales, pues los jueces gozan de autonomía funcional en el ejercicio de su jurisdicción.

Resaltó que19:

[…] Por el contrario, se considera que la presente acción constitucional se presentó para intentar reabrir un debate meramente procesal relacionado con el medio de control de reparación directa, máxime cuando las inconformidades planteadas en la presente solicitud de amparo no guardan coherencia frente al propósito de la vía de hecho o defecto formulado en la presente demanda de tutela. Razón por la cual, la demanda de tutela se torna improcedente al no satisfacer el requisito de relevancia constitucional […]

formulado en la presente demanda de tutela. Razón por la cual, la demanda de tutela se torna improcedente al no satisfacer el requisito de relevancia constitucional […]

Concluyó que la discusión ya se encuentra zanjada y, en consecuencia, solicitó su desvinculación de la acción de amparo, por falta de legitimación en la causa por pasiva y que se niegue la pretensión constitucional del accionante, por cuanto no se evidenció vulneración de derechos fundamentales.

3.3. La señora Leislie Rocío Cruz Chacón, quien adujo actuar en nombre propio y en “calidad de apoderada especial de los señores PAOLA ANDREA ALZATE LOZANO,

PABLO ENRIQUE MONCADA SUAREZ, OSCAR ELIAS HERRERA BEDOYA, Y OTROS

(sic)”20 personas que solicitaron ser reconocidas como nuevos integrantes del grupo dentro del medio de control de reparación de los perjuicios causados a un grupo, identificado con radicado nro. 76001 23 33 006 2016 01332 00, manifestó que coadyuva los hechos y las pretensiones de la acción de tutela.

Sin embargo, del escrito allegado a este trámite constitucional no se advierte que las personas a quienes aduce representar en “calidad de apoderada especial” le hayan conferido poder para ello. Por tanto, los argumentos expuestos en el informe solo serán tenidos en cuenta respecto de la señora Leislie Rocío Cruz Chacón.

Por otro lado, indicó que el Tribunal accionado, mediante autos del 3 y 7 de octubre de 2024, negó su solicitud de adhesión a la acción de grupo derivada de la sentencia proferida el 23 de septiembre de 2019 por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca,

2024, negó su solicitud de adhesión a la acción de grupo derivada de la sentencia proferida el 23 de septiembre de 2019 por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, confirmada posteriormente por el Consejo de Estado el 21 de noviembre de 2022.

17 Visto en el índice 11 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2025 06712 00. 18 Visto en los índices 9 y 14 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2025 06712 00. 19 Ibidem. 20 Visible en el índice 15 del expediente en SAMAI.Radicado: 11001 03 15 000 2025 06712 00

Accionante: Javier Oswaldo Uscategui Ávila

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Explicó que21:

Las razones por las que el despacho accionado se negó a reponer el auto que a su vez negó la adhesión de los solicitantes, es que estos no tienen las mismas condiciones respecto de los demandantes, puesto que los actos administrativos cuya nulidad se declaró corresponden a actos particulares y concretos exclusivamente respecto de los segundos y, en ellos no se incluyeron a los adherentes.

De esta manera, sostuvo que la decisión del Tribunal de negar su adhesión, bajo el argumento de que los actos anulados solo cobijaban a los demandantes iniciales,

segundos y, en ellos no se incluyeron a los adherentes.

De esta manera, sostuvo que la decisión del Tribunal de negar su adhesión, bajo el argumento de que los actos anulados solo cobijaban a los demandantes iniciales, desconoce que la causa del daño es común para todos (el Decreto 0383 de 2013), implica una interpretación restrictiva de la acción de grupo y vulnera sus derechos a la igualdad, al debido proceso y al acceso a la administración de justicia. Por ello, solicitaron que se amparen dichos derechos fundamentales, se dejen sin efecto los autos mediante l os cuales se negó su vinculación, se ordene admitirlos como nuevos integrantes del grupo y, en consecuencia, se proceda a reconocerles la reparación que corresponda en las mismas condiciones fijadas para los demandantes iniciales.

3.4. Óscar David Sánchez Esquivel, por conducto de apoderado judici al, presentó escrito22 en calidad de vinculado al trámite constitucional, como persona que solicitó ser reconocida como nuevo integrante del grupo en el medio de control de reparación de perjuicios causados a un grupo, y manifestó coadyuvar las pretensiones del actor.

Expuso que solicitó su adhesión al grupo dentro del proceso identificado con radicado nro. 76001 23 33 006 2016 01332 00, por encontrarse en las mismas condiciones salariales y prestacionales y verse afectado por la aplicación del Decreto 383 de 2013, pero el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca negó su petición mediante auto del 3 de octubre de 2024 y, posteriorme nte, al resolver los recursos mediante proveído del 7 de octubre de 2025.

pero el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca negó su petición mediante auto del 3 de octubre de 2024 y, posteriorme nte, al resolver los recursos mediante proveído del 7 de octubre de 2025.

Sostuvo que la tutela es procedente porque no dispone de un medio judicial idóneo para cuestionar dichos autos, toda vez que el Tribunal negó la apelación y cerró el acceso al superior, generando indefensión material. Afirmó que las decisiones cuestionadas incurren en defectos sustantivos y procedimentales, al exigir requisitos no previstos en la Ley 472 de 1998, valorar de manera fragmentaria las condiciones uniformes ya reconocidas en la sentencia de acción de grupo y desconocer el precedente constitucional —en particular la sentencia SU -04584 de 2021 — sobre la causa común del daño en procesos colectivos.

3.5. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, allegó el enlace al expediente del medio de control de reparación de los perjuicios causados a un grupo , identificado con radicado nro. 76001 23 33 006 2016 01332 00.

3.6. El coordinador y apoderado legal del grupo demandante en el proceso de radicado nro. 76001 23 33 006 2016 01332 00, vinculado a este trámite constitucional como tercero con interés directo, guardó silencio.

21 Ibidem. 22 Visto en el índice 17 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2025 06712 00.Radicado: 11001 03 15 000 2025 06712 00

22 Visto en el índice 17 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2025 06712 00.Radicado: 11001 03 15 000 2025 06712 00

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Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca

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4. CONSIDERACIONES DE LA SALA

4.1. LA COMPETENCIA DE LA SECCIÓN

La Sala es competente para conocer del presente asunto, de conformidad con lo previsto por el artículo 37 del Decreto Ley 2591 del 19 de noviembre de 1991 23 y el artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 del 26 de mayo de 2015, 24 modificado por el artículo 1 del Decreto 333 del 6 de abril de 2021 25, así como con fundamento en el artículo 13 del Acuerdo nro. 080 del 12 de marzo de 2019 26, modificado por el Acuerdo nro. 434 del 10 de diciembre de 2024, proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado que regula la distribución de procesos entre las secciones.

4.2. HECHOS PROBADOS

En el caso concreto se encuentra acreditado lo siguiente27:

4.2.1. El 17 de septiembre de 2019, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca profirió sentencia de primera instancia dentro del medio de control de reparación de los perjuicios

En el caso concreto se encuentra acreditado lo siguiente27:

4.2.1. El 17 de septiembre de 2019, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca profirió sentencia de primera instancia dentro del medio de control de reparación de los perjuicios causados a un grupo , en la que: (i) declaró la inaplicación por inconstitucionalidad del artículo 1 del Decreto 383 de 2013, en cuanto a la expresión “ y constituirá únicamente factor salarial para la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud”28, con fundamento en el artículo 53 constitucional; y (ii) declaró la nulidad parcial del acto demandado, reconociendo a favor de los demandantes la bonificación judicial como factor salarial para la liquidación de las demás prestaciones sociales, tales como vacaciones, primas y demás emolumentos.

4.2.2. Inconforme con la decisión, el apoderado de la NaciónRama Judicial interpuso el recurso de apelación, el cual fue resuelto por la Sala de Conjueces, el día 21 de noviembre de 2022, en donde se confirmó íntegramente la sentencia de primera instancia29:

[…] Primero: CONFIRMAR en su totalidad la sentencia del diecisiete (17) de agosto (sic) de dos mil diecinueve (2019) emitida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca dentro del presente proceso, mediante la cual accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

Segundo. Sin condena en costas en esta instancia. […] (Negrilla y mayúscula del texto original de la providencia.)

23 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”

Segundo. Sin condena en costas en esta instancia. […] (Negrilla y mayúscula del texto original de la providencia.)

23 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política” 24 “Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho” y establece las reglas de reparto de la acción de tutela. 25 “Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”. 26 Por medio del cual se compila y actualiza el reglamento interno del Consejo de Estado, publicado el 1 de abril de 2019 en el Diario Oficial número 50913. 27 Lo que se desprende del expediente del proceso de reparación de los perjuicios causados a un grupo identificado con radicado nro. 76001 23 33 006 2016 01332 00. Vi