CE - Sentencia 11001031500020250672500 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Bogotá D.C., nueve (09) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

Radicación: 11001-03-15-000-2025-06725-00

Accionante: Macroservicios Especializados S. A. S. E. S. P. y otro1

Accionado: Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección B Referencia: Acción de tutela

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – Autos emitidos dentro de acción ejecutiva / DECLARA IMPROCEDENCIA – Falta de cumplimiento de requisito de inmediatez. Tutela se presenta 6 meses después de la ejecutoria de la providencia que originó la presunta afectación constitucional

Surtido el trámite de ley 2, sin que se advierta irregularidad o causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a dictar sentencia dentro de la acción de tutela de la referencia.

I. A N T E C E D E N T E S

A. Demanda y sus fundamentos

1. El 27 de octubre de 2025 las sociedades Macroservicios Especializados S. A. S.

E. S. P. y ABM Comercializadora S. A. , por conducto de su representante legal , promovieron acción de tutela contra la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, con el fin de que se amparara n sus derechos fundamentales al

promovieron acción de tutela contra la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, con el fin de que se amparara n sus derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia.

2. Solicitaron que se dejaran sin efectos los autos de 13 de septiembre de 2023, 16 de septiembre de 2024 y 4 de agosto y 20 de octubre de 2025 , emitidos dentro del proceso ejecutivo3 que incoó la Unión Temporal Medidores del Cesar 2015 4 contra

Emdupar S. A. E. S. P.

3. Mediante el proveído de 13 de septiembre de 2023 , se dispuso tramitar en conjunto ese proceso, junto con otros tres expedientes que corresponden al mismo asunto, pero que ingresaron al despacho de manera separada para resolver recursos

1 ABM Comercializadora S. A. 2 Cfr. Decreto 1983 de 2017 “ Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1., 2.2.3.1.2.4. y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”. 3 Expediente 20001-23-33-000-2019-00166-01. 4 Integrada por los aquí accionantes.Radicación: 11001-03-15-000-2025-06725-00

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interpuestos contra autos proferidos en primera instancia, y se declaró la nulidad del

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interpuestos contra autos proferidos en primera instancia, y se declaró la nulidad del auto de 7 de junio de esa anualidad, al ser proferido de manera posterior a la toma de posesión de Emdupar S. A. E. S. P.5 y, en virtud de esta, se ordenó la suspensión del proceso y el envío del expediente al agente especial para que fuera incorporado al trámite concursal, conforme a la Ley 1116 de 2006 y el Decreto 2555 de 2010.

4. Dicha determinación fue objeto de solicitudes de adición y/o aclaración, con el objeto de que no se pusiera a disposición del agente especial la totalidad de los títulos de depósito judicial constituidos en el proceso y se negara su entrega hasta cuando se terminara definitivamente ese proceso por pago de la obligación ejecutada. Peticiones negadas con auto de 16 de septiembre de 2024 , por cuanto denotaban una inconformidad con la decisión que ordenó suspender el proceso ejecutivo y remitir el expediente.

5. Contra las anteriores providencias se interpusieron recursos de reposición y, en subsidio queja, los cuales se declararon improcedentes a través de auto de 4 de agosto de 2025, de conformidad con los artículos 20 de la Ley 1116 de 2006 y 285 del CPACA 6. Proveído frente al que se presentar on solicitudes de aclaración y/o adición, por cuanto los recursos interpuestos fueron el de reposición y, en subsidio súplica, mas no el de queja, las cuales fueron negadas con proveído de 20 de octubre siguiente, en el que precisó que contra los autos rec urridos no procedía recurso

adición, por cuanto los recursos interpuestos fueron el de reposición y, en subsidio súplica, mas no el de queja, las cuales fueron negadas con proveído de 20 de octubre siguiente, en el que precisó que contra los autos rec urridos no procedía recurso alguno. Además, se le conminó al apoderado de la parte actora para que evitara el abuso del derecho, pues de continuar con el uso desmedido de las herramientas jurídicas se ordenaría compulsar copia de las actuaciones a la respectiva Comisión de Disciplina Judicial para que adelant ara la investigación disciplinaria que corresponda respecto del aludido profesional del derecho.

6. La parte actora sostuvo que se configuró defecto sustantivo, en tanto se aplicó de manera irrazonable el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006 para declarar la nulidad de lo actuado y la improcedencia de recursos. El proceso ejecutivo ya tenía decisión de 15 de julio de 2021 de seguir adelante con la ejecución , la cual se asimila a una sentencia que hace tránsito a cosa juzgada dentro de ese trámite. Por tanto, aplicar la suspensión y nulidad prevista para procesos en curso o a partir del proceso de reorganización a una etapa avanzada y casi definitiva contraviene la naturaleza de los derechos reconocidos y la seguridad jurídica. Es decir, la suspensión ordenada parte de la tesis errónea de que el proceso se encontraba en una etapa susceptible de ser paralizada bajo el régimen de insolvencia, pasando por alto que una vez existe una orden de seguir a delante con la ejecución, el proceso ejecutivo ya no es un “nuevo proceso de ejecución ” ni un “ proceso de ejecución en curso ” en el sentido que busca evitar el aludido precepto legal, sino la materialización de un derecho

una orden de seguir a delante con la ejecución, el proceso ejecutivo ya no es un “nuevo proceso de ejecución ” ni un “ proceso de ejecución en curso ” en el sentido que busca evitar el aludido precepto legal, sino la materialización de un derecho reconocido judicialmente.

5 Ordenada mediante Resolución SSDP – 20231000173785 de 2 de marzo de 2023 expedida por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, por estar incursa en las causales 59.1 y 59.7 de la Ley 142 de 1994. 6 Se aclara que, aunque en la providencia se indicó que dicho precepto legal estaba contenido en el CPACA, lo cierto es que su texto corresponde al Código General del Proceso (CGP).Radicación: 11001-03-15-000-2025-06725-00

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7. También se incurre en defecto procedimental absoluto, al negarse de manera sistemática a resolver sobre los recursos (reposición y súplica) y las solicitudes de aclaración y adición. La autoridad judicial no absolvió su preocupación respecto del destino de los títulos judiciales. A pesar de que el artículo 20 de la Ley 1116 dispone que el auto de nulidad no tiene recurso alguno, la solicitud de aclaración y/o adición

(artículos 285 y 287 del CGP) buscaba suplir una omisión y extralimitación del juez ejecutivo al disponer de los títulos judiciales. De igual modo, la conminación y la amenaza de compulsa de copias, sustentada en el presunto abuso del derecho por

ejecutivo al disponer de los títulos judiciales. De igual modo, la conminación y la amenaza de compulsa de copias, sustentada en el presunto abuso del derecho por interponer recursos “ abiertamente improcedentes ”, constituye una extralimitación que coarta el derecho a la defensa técnica.

8. Asimismo, se estructuró violación directa de la Constitución , en la medida en que se desconoció la protección de los derechos de los acreedores y el principio de seguridad jurídica al no amparar las medidas cautelares ya materializadas en los títulos judiciales, los cuales representan la prenda general de la obligación. Por consiguiente, la autoridad judicial, al ordenar la remisión del expediente al agente especial para que se integr ara al trámite concursal y al negarse a emitir pronunciamiento sobre el destino de los títulos, avala la posibilidad de disponer de dichos títulos, incluso cuando Emdupar está en modo de administración y no de liquidación, sin que exista un proceso concursal avanzado (convocatoria, calificación o derechos de voto). Situación que compromete la garantía del acreedor en favor de la entidad deudora, haciendo más gravosa su situación.

B. Trámite procesal y la contestación de la demanda

9. Mediante auto de 24 de noviembre de 20257, se admitió la acción de tutela, se ordenó notificar a la autoridad demandada , se vincul ó al agente interventor de la empresa Emdupar S. A. E. S. P. , en condición de tercero con interés , y se negó la medida provisional deprecada por la parte actora y la solicitud probatoria relacionada con oficiar a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. De igual modo,

medida provisional deprecada por la parte actora y la solicitud probatoria relacionada con oficiar a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. De igual modo, se ordenó comunicar la decisión a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado para lo de su cargo.

(i) Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección B

10. Indicó que la providencia y el expediente del respectivo proceso ejecutivo contienen argumentos y elementos necesarios para que el juez de la acción de tutela adopte la determinación que en derecho corresponda. Por tanto, atenderá lo que se disponga al momento de decidir la acción constitucional.

(ii) Agente especial de Emdupar S. A. E. S. P.

7 Notificado el 26 de noviembre de 2025.Radicación: 11001-03-15-000-2025-06725-00

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11. Advirtió que, en razón a que no fue posible superar en el corto plazo las causales que dieron lugar a la medida de toma de posesión, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, mediante Resolución SSPD 20241000312505 de 28 de junio de 2024, modificó la modalidad de la intervención a la de fines liquidatorios en etapa de administración temporal. En todo caso, cualquiera fuera la modalidad de intervención adopt ada, las normas que regulan la intervención forzosa administrativa, ordenan la suspensión inmediata de los procesos ejecutivos y la entrega de los bienes de la intervenida al agente especial con la finalidad de realizar

intervención adopt ada, las normas que regulan la intervención forzosa administrativa, ordenan la suspensión inmediata de los procesos ejecutivos y la entrega de los bienes de la intervenida al agente especial con la finalidad de realizar el inventario de activos y pasivos, adoptar las medidas procedentes para lograr, de ser posible, que desarrolle su objeto soci al y de esta forma garantizar el crédito de todos los acreedores.

12. Adujo que no se satisface el presupuesto general de procedibilidad de relevancia constitucional. El presente asunto versa sobre una cuestión meramente legal, de connotación patrimonial sobr e la aplicación de la normativa procesal, contenida en los artículos 20 y 70 de la Ley 1116 de 2006 y demás normas que regulan la suspensión de los procesos ejecutivos y la remisión de los bienes de propiedad de la intervenida al agente especial, por causa de la toma de posesión forzosa

administrativa de Emdupar S.A. E.S.P.

13. En ese sentido, se evidencia que la parte actora pretende reabrir un debate concluido en la jurisdicción contencioso -administrativa del que no se advierte una actuación arbitraria y caprichosa, pues las providencias acusadas se encuentran acorde con el marco jurídico regulatorio de la toma de posesión y liquidación forzosa administrativa.

14. No se ajusta a la normativa la afirmación de la parte actora, según la cual, ante la existencia de auto de seguir adelante la ejecución en el proceso ejecutivo, los títulos allí constituidos le pertenezcan. Conforme a los artículos 446 y 447 del CGP , la anterior situación solo se configura cuando el juez ordena su entrega al acree dor.

existencia de auto de seguir adelante la ejecución en el proceso ejecutivo, los títulos allí constituidos le pertenezcan. Conforme a los artículos 446 y 447 del CGP , la anterior situación solo se configura cuando el juez ordena su entrega al acree dor. Pero para ello deben surtirse varias etapas que , en el caso concreto, antes de la entrada en vigor de la intervención, no se agotaron, en razón a las propias actuaciones de la parte actora , pues interpuso recurso de apelación contra la decisión adopta da el 15 de diciembre de 2021 por el Tribunal Administrativo del César de modificar la liquidación del crédito.

15. Además, tampoco se satisface el requisito de la subsidiariedad. La parte actora aun cuenta con medios de defensa y recursos disponibles dentro del procedimiento de intervención, al cual debe acudir para hacer valer su crédito, razón por la cual y dada la especialidad del trámite, la jurisdicción contencioso-administrativa quedó sin competencia para pronunciarse frente a sus sol icitudes, dando paso para que el agente especial incorpore al trámite concursal los créditos derivados de los procesos ejecutivos.Radicación: 11001-03-15-000-2025-06725-00

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16. Por último, expuso que desde el momento en que Emdupar S. A. E. S. P. fue intervenida la parte actora ha realizado una serie de maniobras jurídicas ante la jurisdicción contencioso-administrativa con el propósito de dilatar e impedir que los

intervenida la parte actora ha realizado una serie de maniobras jurídicas ante la jurisdicción contencioso-administrativa con el propósito de dilatar e impedir que los títulos judiciales constituidos en el proceso, todavía de propiedad de la entidad, lleguen al agente especial en cumplimiento de la normat iva que regula el procedimiento de intervención forzosa. Por ende, solicitó se ordene compulsar copias al Consejo Superior de la Judicatura contra el apoderado de la parte actora por abuso de los instrumentos del derecho y maniobras que impiden adelantar e l aludido procedimiento de intervención.

Memoriales de la parte actora

17. Los tutelantes presentaron escritos en los que (i) reiteraron la solicitud de medida provisional de suspensión de la ejecutoriedad de los autos cuestionados, con fundamento en un hecho nuevo y s obreviniente que demuestra la materialización inmediata del perjuicio irremediable , consistente en que el Tribunal Administ rativo del Cesar, mediante auto de 27 de noviembre de 2025, ordenó poner a disposición de la empresa Emdupar S. A. E. S. P. la totalidad de los títulos de depósito judicial constituidos en el proceso ejecutivo ; y (ii) expus ieron las razones por las cual es consideran que el asunto tiene relevancia constitucional y satisface los requisitos de subsidiariedad e inmediatez.

II. C O N S I D E R A C I O N E S

C. Cuestiones previas

(i) Envío de copias al “Consejo Superior de la Judicatura”

18. El agente especial de Emdupar S. A. E. S. P. solicitó se enviaran copias al

C. Cuestiones previas

(i) Envío de copias al “Consejo Superior de la Judicatura”

18. El agente especial de Emdupar S. A. E. S. P. solicitó se enviaran copias al “Consejo Superior de la Judicatura” contra el apoderado de la parte actora, por abuso de los instrumentos del derecho y maniobras que impiden adelantar el procedimiento de intervención forzosa al que está sometido esa empresa.

19. Al respecto, se precisa que la entidad competente para atender las quejas disciplinarias que se formulen contra abogados es la Comisión Seccional de Disciplina Judicial con jurisdicción en el departamento en el que ocurran los hechos que motivaron su presentación.

20. Dilucidado lo anterior, la Sala negará la petición. El solicitante podrá formularla dentro del trámite del proceso ejecutivo en el que alega la ocurrencia de las actuaciones contrarias a las buenas prácticas en las que considera incurre el aludido profesional del derecho, o también tiene la posibilidad de formular de manera directa la respectiva queja ante la Comisión Seccional de Disciplina que corresponda , con el fin de que se investigue la conducta que alega . Ello por cuanto el peticionario no hace referencia a que tales maniobras se hayan realizado dentro del presenteRadicación: 11001-03-15-000-2025-06725-00

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asunto constitucional, y la Sala tampoco evidencia que ello hubiere acaecido en este

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asunto constitucional, y la Sala tampoco evidencia que ello hubiere acaecido en este trámite, para habilitar la adopción de una orden en el sentido requerido por el agente especial.

(ii) Reiteración de medida provisional solicitada en esta acción de tutela

21. La parte actora aduce que resulta imperativo que se decrete la suspensión provisional de los autos censurados, en la medida en que el Tribunal Administrativo del Cesar, mediante auto de 27 de noviembre de 2025, ordenó que se pusiera a disposición de Emdupar S .A. E.S.P. los títulos que se constituyeron en el proceso ejecutivo, situación que configura el perjuicio irremediable que se pretende evitar.

22. Se precisa que resultaría inocuo emitir pronunciamiento respecto de la procedencia de la aludida medida, en razón a que esta figura en una acción de tutela tiene como finalidad garantizar de manera provisional la protección de los derechos fundamentales invocados hasta c uando se dicte una decisión definitiva, la cual se adoptará en la presente providencia.

23. Cabe anotar que para fundamentar la aludida solicitud la parte actora refiere como origen de la presunta afectación constitucional una providencia judicial sobre la cual no versa la tutela, en razón a que no se había emitido cuando se instauró y, además, fue dictada por una autoridad judicial que no figura como accionada en las presentes diligencias.

24. Lo anterior, porque la solicitud de amparo se circunscribió a cuestionar la decisión de suspensión del proceso ejecutivo, en razón a la intervención forzosa a la que fue

diligencias.

24. Lo anterior, porque la solicitud de amparo se circunscribió a cuestionar la decisión de suspensión del proceso ejecutivo, en razón a la intervención forzosa a la que fue sometida la allí ejecutada, esto es, Emdupar S.A. E.S.P., y la consecuente orden de enviar el respectivo expediente al agente interventor para que haga parte del trámite concursal, las cuales fueron adoptadas por la autoridad judicial aquí accionada.

25. En ese sentido, pese a que con las solicitudes de adición y aclaración de la providencia se pretendía evitar que los títulos judiciales constituidos dentro del proceso ejecutivo fueran puestos a disposición del agente interventor , no se había adoptado una postura al respecto por parte del juez ejecutivo, máxime cuando finalmente ello fue definido por el juez de primera instancia, autoridad judicial que no fue vinculada al presente asunto como accionada, en razón a que esta no dictó las providencias judiciales objeto de reproche.

D. Análisis del caso concreto

26. La Sala advierte que la presunta afectación constitucional tendría su origen en la providencia de 13 de septiembre de 2023, por ser la que decidió suspender el proceso de ejecución en curso y remitir el expediente al agente especial designado para Emdupar S .A. E.S.P ., determinaciones contra las cuales las accionantes dirigen sus inconformidades y estructuran las causales específicas de procedibilidad de la tutela contra providencia judicial.Radicación: 11001-03-15-000-2025-06725-00

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27. Ello por cuanto el auto de 16 de septiembre de 2024 despachó de manera desfavorable las solicitudes de adición y/o aclaración presentadas frente al mencionado proveído. Es decir, versó sobre el estudio de unas peticiones que no comportaban un instrumento jurídico por cuyo conducto se pudiere modificar la decisión inicial adoptada , pues su finalidad se contrae a que se resuelva “ sobre cualquiera de los extremos de la litis o sobre cualquier otro punto que de conformidad con la ley debía ser objeto de pronunciamiento ” (artículo 287 del CGP) o a que la respectiva providencia sea aclarada, “ cuando contenga conceptos o frases que ofrezcan verdadero motivo de duda, siempre que estén contenidas en la parte resolutiva de la sentencia o influyan en ella” (artículo 285 del CGP).

28. Asimismo, mediante el proveído de 4 de agosto de 2025, se declararon improcedentes los recursos de reposición y queja interpuestos contra los anteriores dos proveídos, es decir, carecía también de la potencialidad de modificar la decisión inicial adoptada. Así como también el auto de 20 de octubre del año en curso, pues a través de este se negaron las solicitudes de adición y/o aclaración de la anterior providencia.

29. Dilucidado lo anterior, la Sala advierte que la tutela deviene en improcedente, a l no satisfacer el requisito de inmediatez. La parte actora presentó la solicitud de amparo excediendo el plazo que jurisprudencialmente se ha considerado como

29. Dilucidado lo anterior, la Sala advierte que la tutela deviene en improcedente, a l no satisfacer el requisito de inmediatez. La parte actora presentó la solicitud de amparo excediendo el plazo que jurisprudencialmente se ha considerado como razonable para instaurar las tutelas cuando tengan por objeto controvertir decisiones judiciales, en razón a que se pretende con esta la salvaguarda de garantías superiores, lo que implica que se deba acudir con urgencia a su interposición.

30. Para determinar la oportunidad de la interposición de una acción de tutela contra providencia judicial se debe tener en cuenta , en principio, el momento a partir del cual la parte interesada tuvo conocimiento de aquella, porque es allí cuando surge la posibilidad de que promueva el trámite constitucional, por tanto, es razonable que se contabilice desde su notificación.

31. Sin perjuicio de lo anterior, cuando la providencia objeto de reproche constitucional sea susceptible de algún tipo de recurso o solicitud qu e suspenda su ejecutoria o que eventualmente podría modificarla, resulta indispensable que el cómputo para dilucidar el cumplimiento del presupuesto de inmediatez no se efectúe desde su notificación, sino desde cuando aquella quede ejecutoriada, lo que acaece una vez se resuelvan tales mecanismos.

32. Con base en lo expuesto, como el auto censura do, esto es, el emitido el 13 de septiembre de 2023 fue objeto de solicitudes de adición y/o aclaración, las cuales se decidieron mediante el proveído de 16 de septiembre de 2024, notificado por estado el 24 siguiente, se tiene que aquella providencia quedó ejecutoriada el 27 del mismo

decidieron mediante el proveído de 16 de septiembre de 2024, notificado por estado el 24 siguiente, se tiene que aquella providencia quedó ejecutoriada el 27 del mismo mes y año8. En esa medida, en atención a que la tutela se presentó el 27 de octubre

8 De conformidad con el artículo 302 del CGP.Radicación: 11001-03-15-000-2025-06725-00

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de 2025, resulta evidente que se instauró más de un año después de la ejecutoria de la providencia objeto de censura.

33. Además, no es viable que se pretenda tener por presentada de manera oportuna la solicitud de amparo, con fundamento en lo afirmado por la parte actora consistente en que la primera de las decisiones cuestionadas “ dio inicio a una cadena de actuaciones, recursos y solicitudes que culm inan con el Auto de 20 de octubre de 2025, providencia en la que se consolidan la negativa de aclarar y adicionar, la declaratoria de improcedencia de los recursos y la conminación al apoderado”.

34. Lo anterior, por cuanto no es dable que se flexibilice el cumplimiento de la inmediatez con base en la interposición de recursos que denotan una notoria improcedencia, como en este caso. Se formuló recurso de reposición y, en subsidio queja, contra unas pr ovidencias que no son susceptibles de tales medios de impugnación por expresa disposición legal.

35. De conformidad con el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, “El Juez o funcionario

queja, contra unas pr ovidencias que no son susceptibles de tales medios de impugnación por expresa disposición legal.

35. De conformidad con el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, “El Juez o funcionario competente declarará de plano la nulidad de las actuaciones surtidas en contravención a lo prescrito en el inciso anterior, por auto que no tendrá recurso alguno”. Por consiguiente, el auto de 13 de septiembre de 2023 no era pasible de recurso alguno. Asimismo, de acuerdo con el artículo 285 del CGP, “La providencia que resuelva s obre la aclaración no admite recursos, pero dentro de su ejecutoria podrán interponerse los que procedan contra la providencia objeto de aclaración”, lo cual no procedía frente al mencionado auto de 13 de septiembre, por tanto, el proveído de 16 de septiembre de 2024 tampoco era susceptible de ningún medio de impugnación.

36. Por último, la Sala precisa que para que se flexibilice el mencionado lapso se deben demostrar circunstancias especiales que le hayan impedido a la parte interesada acudir de manera oportuna a este trámite constitucional, las cuales ni se invocan ni se hallan demostradas en el sub-lite.

37. En ese orden de ideas, se declarará la improcedencia de la acción, al no superar el requisito de inmediatez.

38. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

III. RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela de la referencia, en

Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

III. RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela de la referencia, en atención a las consideraciones planteadas.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.Radicación: 11001-03-15-000-2025-06725-00

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TERCERO: De no ser impugnada la presente pro videncia, ENVIAR a la Corte Constitucional el expediente para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE9

JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el enlace https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador.

Igualmente puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la derecha. Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados tienen la responsabilidad de registrarse en el sistema Samai.

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