CE - Sentencia 11001031500020250675200 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Bogotá D.C., nueve (09) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

Radicación: 11001-03-15-000-2025-06752-00

Demandante: Hermis Enrique Anaya Pérez

Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia Referencia: Acción de tutela

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / ImprocedenciaFalta de relevancia constitucional.

Surtido el trámite de ley 1, sin que se advierta irregularidad que invalide lo actuado, procede la Sala a dictar sentencia de primera instancia dentro del proceso de amparo constitucional de la referencia.

I. A N T E C E D E N T E S

A. Demanda y sus fundamentos

1. El 27 de octubre del año en curso, Hermis Enrique Anaya Pérez presentó acción de tutela en busca de que se dejara sin efectos la sentencia del 11 de junio de 2025, proferida por la autoridad accionada en el marco del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho 2 que promovi ó en contra del Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA-, con el propósito de que se declarara la nulidad del acto administrativo mediante el cual se le negó el reconocimiento de la existencia de una relación laboral.

2. A través de dicha providencia, el Tribunal Administrativo de Antioquia revocó la

administrativo mediante el cual se le negó el reconocimiento de la existencia de una relación laboral.

2. A través de dicha providencia, el Tribunal Administrativo de Antioquia revocó la decisión de primera instancia 3 que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda. Estimó que el demandante no logró demostrar los elementos que configuran una relación laboral, en particular el relativo a la subordinación.

3. La autoridad señaló que, si bien se acreditó la prestación personal del servicio y la remuneración por el mismo, este se desarrolló de forma autónoma, bajo funciones estrictamente relacionadas con el objeto de cada uno de los contratos celebrados como formador en d iversas áreas. Precisó que, aunque dichas labores debían

1 Cfr. Decreto 1983 de 2017 “Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1., 2.2.3.1.2.4. y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”. 2 Con radicado número 05837-33-33-001-2018-00265-01. 3 El fallo del 19 de junio de 2020 dictado por el Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito de Turbo.Radicación: 11001-03-15-000-2025-06752-00

Demandante: Hermis Enrique Anaya Pérez Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

coordinarse con las necesidades de la entidad y ejecutarse bajo la supervisión de un funcionario, ello no implicó una subordinación ni acatamiento a órdenes distintas al

Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

coordinarse con las necesidades de la entidad y ejecutarse bajo la supervisión de un funcionario, ello no implicó una subordinación ni acatamiento a órdenes distintas al seguimiento inherente al cumplimiento del objeto contractual.

4. Como sustento de sus pretensiones, la parte actora sostuvo que la autoridad accionada vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia , en tanto incurrió en un defecto fáctico al omitir pronunciarse sobre pruebas relevantes, lo que incidió en la decisión adoptada.

5. Adujo que el material probatorio obrante en el expediente daba cuenta de la relación de subordinación, en especial, los testimonios y el interrogatorio de parte , los cuales, a su juicio, demostraban que recibía órdenes de sus superiores; que la entidad demandada establecía horarios de clase o un calendario institucional aplicable a todo el personal docente; que la asistencia a reuniones era obligatoria, no solo por disposición contractual, sino también en razón a la misión institucional, que los insumos y la dotación requeridos para ejecutar sus labores eran suministrados por la entidad y que no podía ausentarse sin autorización previa.

6. También resaltó el contrato 3239, respecto del cual solicitó su desvinculación al haber sido elegido para la provisión del cargo instructor agrosena. Indicó que, desde julio de 2017, fue nombrado en provisionalidad por dos años y que, conforme al manual de funciones, en dicho cargo desempeñaba las mismas funciones que desarrollaba mediante los contratos de prestación de servicios. A su juicio, la

julio de 2017, fue nombrado en provisionalidad por dos años y que, conforme al manual de funciones, en dicho cargo desempeñaba las mismas funciones que desarrollaba mediante los contratos de prestación de servicios. A su juicio, la resolución de nombramiento y el acta de posesión corroboraban que, pese al cambio en la modalidad de vinculación , la actividad profesional permaneció inalterada, elementos que tampoco fueron tenidos en cuenta por la autoridad enjuiciada.

7. A su vez, reprochó que el mismo Tribunal, en un caso similar4, hubiese reconocido que no era posible catalogar como simple coordinación situaciones en las que el SENA imponía un horario, exigía el cumplimiento de un esquema formativo y sujetaba al contratista a directrices. En su caso, afirmó, el fallador arribó a una conclusión contraria, al considerar que esos mismos elementos eran propios de la coordinación y no de la subordinación.

8. En ese sentido, señaló que el SENA determinaba las condiciones de tiempo, modo y lugar para el desarrollo de sus funciones, lo que se reflejaba en todos los contratos que suscribió.

9. Resaltó que la jurisprudencia ha reconocido que la misión institucional del SENA implica la realización de actividades formativas y permanentes, estrechamente vinculadas al objeto misional de la entidad, postura que fue desconocida por el

Tribunal.

4 Exp. 05837-33-33-002-2018-00043-01.Radicación: 11001-03-15-000-2025-06752-00

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B. Trámite procesal

10. Mediante auto del 4 de noviembre de 2025, se dispuso: (i) admitir la acción de tutela; (ii) notificar de su presentación a la autoridad accionada (iii) vincular al Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA-, en calidad de tercero con interés; (iv) comunicar la decisión a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado; y (v) requerir al Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito de Turbo para que remitiera copia digital del expediente con radicado número 05837-33-33-001-2018-00265-00/01.

(i) Tribunal Administrativo de Antioquia5

11. Señaló que no incurrió en la vulneración alegada, toda vez que la decisión acusada se fundamentó en el marco normativo y jurisprudencial aplicable al asunto, en contraste con una valoración integral y razonada de las pruebas obrantes en el expediente, sin que pueda p redicarse una omisión o desconocimiento de los elementos probatorios.

(ii) Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA12. La Coordinadora del Grupo Provisión de Talento Humano 6 solicitó negar la solicitud de amparo, por cuanto la providencia cuestionada se encuentra ajustada a derecho.

13. La Regional de Antioquia 7 se opuso a las pretensiones de la demanda, al considerar que el accionante busca reabrir un debate probatorio que ya fue abordado en debida forma por el juez de la causa.

derecho.

13. La Regional de Antioquia 7 se opuso a las pretensiones de la demanda, al considerar que el accionante busca reabrir un debate probatorio que ya fue abordado en debida forma por el juez de la causa.

II. C O N S I D E R A C I O N E S

C. Caso concreto

14. La Sala declarará la improcedencia de la solicitud de amparo por no acreditar el cumplimiento del presupuesto general de relevancia constitucional.

15. Aunque la parte accionante enmarcó sus reproches en un defecto fáctico, se advierte que los mismos no solo están orientados a cuestionar la valoración probatoria efectuada por el juez de lo contencioso administrativo, sino que, además, pretenden endilgar la ocurrencia de un desconocimiento de precedente.

16. Los reparos que sustentan el yerro de tipo fáctico , en realidad, tienen por objeto convertir el mecanismo de amparo en una instancia adicional al proceso ordinario ,

5 Intervención digital tal contenida en 4 folios. 6 Intervención digital tal contenida en 4 folios. 7 Intervención digital tal contenida en 5 folios.Radicación: 11001-03-15-000-2025-06752-00

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mientras que aquellos relativos al desconocimiento del precedente carecen de carga argumentativa.

17. Al igual que en el escrito de tutela, los argumentos que sirvieron de sustento a la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho incoada por el actor contra el

argumentativa.

17. Al igual que en el escrito de tutela, los argumentos que sirvieron de sustento a la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho incoada por el actor contra el SENA, se encaminaron a demostrar la existencia de una relación laboral encubierta bajo la apariencia de contratos de prestación de se rvicios. Para acreditar la subordinación, el actor también afirmó que cumplía un horario de trabajo, recibía órdenes del coordinador, subdirector y director de la entidad y que desempeñaba funciones equivalentes a las que ejecutaban los empleados de la planta de personal.

18. Al desatar la alzada, el Tribunal Administrativo de Antioquia, en la sentencia del 11 de junio de 2025, aludió los elementos probatorios que consideró relevantes para la resolución del asunto. Entre ell os, los contratos de prestación de servicios suscritos por el actor y la entidad demandada; la Resolución 5598 del 18 de julio de 2017, por medio de la cual se nombró en provisionalidad al accionante; la Resolución 1458 del 30 de agosto de 2017, que actualizó el manual especifico de funciones y de competencias laborales para los empleos de la planta de personal del SENA.

Asimismo, trajo a colación las pruebas testimoniales recaudadas en el trámite contencioso administrativo y el interrogatorio de parte.

19. Con fundamento en ellas, determinó que el acervo probatorio no resultaba suficiente para tener por acreditada una relación de subordinación. Indicó que el demandante aportó el certificado de los contratos de prestación de servicios suscritos con la entidad demandada, el nombramiento y posesión en un cargo temporal en el

suficiente para tener por acreditada una relación de subordinación. Indicó que el demandante aportó el certificado de los contratos de prestación de servicios suscritos con la entidad demandada, el nombramiento y posesión en un cargo temporal en el SENA desde el 1° de agosto de 2017 y su pr órroga, además de algunos correos electrónicos remitidos tanto al demandante como a otros contratistas, en los que se solicitaban programas, reuniones con supervisores del contrato e informes de grupos de formación.

20.Sin embargo, estimó que tales documentos no evidenciaban órdenes propias de una relación laboral, sino actuaciones relacionadas con la ejecución del objeto contractual, sin constancia de llamados de ate nción, citaciones distintas a las efectuadas por los supervisores, ni instrucciones de cumplimiento obligatorio que evidenciaran una relación de subordinación.

21. En cuanto a las pruebas testimoniales y el interrogatorio de parte, precisó que, aunque los declarantes coincidieron en afirmar que el actor cumplía un horario y seguía directrices de la entidad, existían inconsistencias sobre la jornada diaria, que impedían tener por demostrada su existencia, máxime al no existir respaldo documental. Añadió que los correos electrónicos tampoco permitían acreditar que se encontrara sujeto al cumplimiento de un horario u órdenes, pues en las citaciones a reuniones se indicaba que era específicamente con los supervisores de los contratos y solicitudes para que presentara programas de formación. Lo anterior, en desarrolloRadicación: 11001-03-15-000-2025-06752-00

Demandante: Hermis Enrique Anaya Pérez Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

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del objeto de los contratos, sin que los mismos revelaran algún llamado de atención, orden, citaciones a reuniones que no fueran con los supervisores del contrato, capacitaciones, ni otras actividades de obligatorio cumplimiento.

22. Señaló que, de acuerdo con la jurisprudencia de esta Corporación, el eventual cumplimiento de horarios, la similitud funcional con instructores de planta y la supervisión de las actividades no configuraban subordinación, sino la coordinación necesaria para la adecuada ejecución del contrato. Destacó que el desempeño de labores semejantes a las de los empleados de planta, la prestación del servicio en las instalaciones del SENA o con equipos suministrados por la entidad y la obligación de rendir informes o atender instrucciones generales no transforman la relación contractual en una relación legal y reglamentaria, pues obedecen a la gestión ordinaria de los contratos de prestación de servicios y al deber legal que le asiste a la administración de supervisión y verificación de la ejecución del objeto contractual.

23. En ese sentido, aclaró que, si bien el actor sostenía que le era supervisada la gestión de su actividad, dich o control correspondía a simples instrucciones impartidas por la entidad que coordinaba la prestación del servicio, tanto así que quedaron establecidas en cada uno de los contratos de prestación del servicio, lo que era de pleno conocimiento del contratista.

24. A su vez, resaltó que en los contratos suscritos no se fijó horario alguno. De ahí que el hecho de que eventualmente tuviera unos horarios obedecía a la existencia

que era de pleno conocimiento del contratista.

24. A su vez, resaltó que en los contratos suscritos no se fijó horario alguno. De ahí que el hecho de que eventualmente tuviera unos horarios obedecía a la existencia de parámetros generales de tiempo para el desempeño de las actividades contratadas. A juicio de la Sala, l a reiteración o prolongación de los contratos tampoco tenía la capacidad de convertir el vínculo contractual en una relación laboral.

25. De acuerdo con lo anterior, el Tribunal concluyó que si bien se acreditó que el actor prestó el servicio de manera personal y recibió una contraprestación económica, lo hizo en forma autónoma, sin que las pruebas demostraran subordinación ni dependencia propia de una relación laboral.

26. Bajo ese escenario, la Sala encuentra que la autoridad accionada, en ejercicio de la sana crítica, valoró de forma íntegra el material probatorio obrante en el expediente, tanto las pruebas documentales como las testimoniales, incluso aquellas que el actor afirmó como desconocidas . Otra cosa es que dichos elementos no otorgaran la suficiente certeza par a demostrar la existencia del vínculo laboral reclamado, pero ello no significa que hayan dejado de ser apreciados o que se hubieran valorado indebidamente.

27. Así las cosas, no se vislumbra una interpretación irracional o arbitraria del acervo probatorio. Por el contrario, a partir de su apreciación conjunta, el Tribunal concluyó razonablemente que el demandante no cumplió con la carga de desvirtuar la autonomía e independ encia en el desarrollo de las labores para las cuales fueRadicación: 11001-03-15-000-2025-06752-00

razonablemente que el demandante no cumplió con la carga de desvirtuar la autonomía e independ encia en el desarrollo de las labores para las cuales fueRadicación: 11001-03-15-000-2025-06752-00

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contratado.

28. Esa exigencia de carácter probatorio no obedece a un capricho o arbitrariedad , sino a la reiterada jurisprudencia de esta Corporación, según la cual le corresponde a la parte demandante demostrar los elementos de la relación laboral. Carga que, en principio, n o puede ser trasladada al juzgador o a la parte demandada, pues la actividad probatoria recae en cabeza de aquel que pretenda probar la existencia de un vínculo laboral.

29. De esta manera, la valoración efectuada por el Tribunal se presenta razonable a la luz de los elementos probatorios allegados al proceso y a la convicción a la que llevaron los mismos, sin que a partir de ella pueda predicarse la configuración del defecto alegado por el simple hecho de no haber arribado a la misma conclusión que pretende el demandante.

30. En tales condiciones, resulta claro que la intención de la parte actora es reabrir el debate probatorio ya zanjado por el juez natural de la causa , con el fin de imponer su tesis bajo simples discrepancias valorativas que no ameritan protección constitucional.

31. El alegado desconocimiento de l precedente adolece por completo de la carga argumentativa exigida para habilitar la intervención excepcional del juez constitucional.

constitucional.

31. El alegado desconocimiento de l precedente adolece por completo de la carga argumentativa exigida para habilitar la intervención excepcional del juez constitucional.

32. Para tales efectos, l a parte actora se limitó a señalar que el Tribunal enjuiciado adoptó una postura contraria en un caso similar, sin exponer de manera concreta la relación fáctica y jurídica de es a providencia con su caso, que llevara a considerar que dicha decisión resultaba de obligatorio cumplimiento para la autoridad accionada. En todo caso, cabe señalar que, aunque la providencia aludida por la parte actora fue proferida por la misma Corporación, no fue adoptada por la misma Sala de Decisión y, además, es posterior a la sentencia cuestionada , lo que, de entrada, desvirtúa su carácter vinculante.

33. En lo que respecta al desconocimiento del precedente de esta Corporación, ni siquiera se hizo mención a una decisión específica . El actor sostuvo de forma genérica que la autoridad accionada se apartó de la jurisprudencia del Consejo de Estado sobre la materia , pero no identif icó alguna providencia en particular que sirviera de parámetro para el estudio del defecto endilgado.

34. Cuando la vulneración alegada se fundamenta en un desconocimiento del precedente, corresponde a la parte actora identificar, en primer medida, la sentencia o el grupo de sentencias que considera constituyen precedente aplicable a su caso, precisar el problema jurídico resuelto en ellas, contrastarlo con aquel que resolvió la providencia cuestionada y determinar la identidad en los fundamentos fáctic os, las

o el grupo de sentencias que considera constituyen precedente aplicable a su caso, precisar el problema jurídico resuelto en ellas, contrastarlo con aquel que resolvió la providencia cuestionada y determinar la identidad en los fundamentos fáctic os, las reglas jurisprudenciales que se derivan de las mismas, así como las razones por lasRadicación: 11001-03-15-000-2025-06752-00

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cuales debieron ser empleadas en la resolución del asunto que tenía a su cargo la autoridad accionada. No obstante, ese deber fue desatendido por el demandante.

35. Cabe recordar que, tratándose de acciones de tutela contra providencias judiciales, no basta con alegar la configuración de un yerro en la decisión impugnada, sino que este debe estar justificado, lo que impone el deber de exponer con suficiencia los motivo s que, desde una perspectiva constitucional, revelen una afectación a los derechos fundamentales cuya protección se reclama, lo que se echa de menos en esta oportunidad.

36. Por lo expuesto, la Sala declarará improcedente el amparo deprecado en la demanda dada su falta de relevancia constitucional.

37. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

III. RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo constitucional solicitado, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia.

la República y por autoridad de la ley,

III. RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo constitucional solicitado, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia.

SEGUNDO: Se ordena NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.

TERCERO: De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR esta actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE8

JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el enlace https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador.

Igualmente puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la derecha. Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados tienen la responsabilidad de registrarse en el sistema Samai.

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