CE - Sentencia 11001031500020250676200 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Consejero Ponente: NICOLÁS YEPES CORRALES

Bogotá D.C., cinco (5) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

Radicación: 11001-03-15-000-2025-06762-00

Accionante: Camilo Andrés Romero León Accionados: Tribunal Administrativo del Cesar Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

Tema: Acción de tutela. Subtemas: El derecho de petición ante autoridades judiciales y la figura del retardo justificado. Decisión: Se niega el amparo.

La Sala decide la acción de tutela presentada por el señor Camilo Andrés Romero León en contra del Tribunal Administrativo del Cesar.

I. ANTECEDENTES

1.- La solicitud de tutela

El 28 de octubre de 2025 1, Camilo Andrés Romero León interpuso acción de tutela 2 en nombre propio para reclamar la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, acceso a la justicia y tutela judicial efectiva, al considerar que existe una mora judicial injustificada del Tribunal Administrativo del Cesar en resolver el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho No. 20001-33-33-006-2018-00358-02.

Señaló que el expediente fue remitido a despacho para fallo el 28 de noviembre de 2024 y que, aunque se anunció lectura d e sentencia para el 19 de diciembre de 2024, esta nunca se realizó. Agregó que el asunto fue ubicado en el turno No. 59 desde noviembre

y que, aunque se anunció lectura d e sentencia para el 19 de diciembre de 2024, esta nunca se realizó. Agregó que el asunto fue ubicado en el turno No. 59 desde noviembre de 2024, mientras que en 2025 se decidieron procesos con turnos posteriores. Indicó que elevó un memorial el 13 de febre ro de 2025 en el que solicitó celeridad sin recibir respuesta y que, posteriormente, el 18 de junio de 2025, presentó un nuevo requerimiento ante la Secretaría Judicial —con copia a la conjuez ponente María Paulina Lafaurie Fernández— sin obtener contestación dentro del término legal previsto en el artículo 14 de la Ley 1755 de 2015.

1 Obra en el certificado C2B41F4F09158FD1 56ADB0870A14C5C2 F6690B3DFB409AD3 0338B69B03FD17B4, índice 2. 2 Obra en el certificado 8689F8830E0C2EDD 034DD5873ADD898E 3E8BB095D59A1FD9 E278FD4D112CB0AE, índice 2.2

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Accionante: Camilo Andrés Romero León Accionado: Tribunal Administrativo del Cesar Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

2.- Hechos.

2.1.- El accionante informó que presentó varias solicitudes orientadas a impulsar su proceso, entre ellas el memorial radicado el 13 de febrero de 2025, dirigido al Tribunal Administrativo del Cesar, mediante el cual pidió garantizar su derecho a una justicia

2.1.- El accionante informó que presentó varias solicitudes orientadas a impulsar su proceso, entre ellas el memorial radicado el 13 de febrero de 2025, dirigido al Tribunal Administrativo del Cesar, mediante el cual pidió garantizar su derecho a una justicia pronta. Asimismo, el 18 de junio de 2025 elevó una petición ante la Secretaría Judicial — con copia a la Conjuez Ponente—, sin recibir respuesta.

2.2.- Indicó que, al momento de radicar la acción de tutela, ninguna de las solicitudes había sido contestada, en especial la petición del 18 de junio de 2025, pese a superar ampliamente el término legal de quince días hábiles previsto en el artículo 14 de la Ley 1755 de 2015.

2.3.- Señaló que el proceso de Nulidad y Restablecimiento del Derecho No. 20001 -3333-006-2018-00358-02 fue remitido para sentencia el 28 de noviembre de 2024 y que se anunció la lectura del fallo para el 19 de diciembre de 2024; no obstante, dicha diligencia no se realizó y no se ha emitido ninguna decisión de segunda instancia.

2.4.- Expuso que tuvo conocimiento de que su expediente fue ubicado en el turno No. 59 desde noviembre de 2024. Sin embargo, durante el año 2025 se resolvieron asuntos con turnos superiores al suyo, lo que evidencia una secuencia distinta al orden cronológico que debe regir los fallos.

2.5.- Anotó que numerosos procesos —incluidos algunos con demandas posteriores a la suya— ya cuentan con decisiones en primera y segunda instancia, mientras su expediente permanece sin avance, lo cual evidencia un trato procesal desigual.

2.5.- Anotó que numerosos procesos —incluidos algunos con demandas posteriores a la suya— ya cuentan con decisiones en primera y segunda instancia, mientras su expediente permanece sin avance, lo cual evidencia un trato procesal desigual.

2.6.- Agregó que en 2024 presentó una Solicitud de Vigilancia Judicial Administrativa ante el Consejo Seccional de la Judicatura del Cesar, trámite que reiteró en la presente anualidad, sin que se haya adoptado una medida orientada a destrabar el proceso.

2.7.- Informó que la Conjuez Ponente, en su respuesta al Consejo Seccional de la Judicatura —documento denominado “CONTESTACION REQUERIMIENTO C. S. de la J_.pdf”— reconoció que su expediente hacía parte de los 53 procesos pendientes de sentencia para el año 2024. Aun así, el tiempo transcurrido supera lo razonable.3

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3.- Fundamento de la solicitud de amparo

Aseveró que la falta de decisión dentro del proceso No. 20001 -33-33-006-2018-0035802, remitido al despacho el 28 de n oviembre de 2024 y respecto del cual se anunció lectura del fallo para el 19 de diciembre del mismo año sin que esta se concretara, configura una vulneración del derecho de acceso a la justicia y del debido proceso. Sostuvo que la parálisis procesal resulta injustificada, máxime cuando durante el 2025 se resolvieron asuntos asignados a turnos posteriores.

configura una vulneración del derecho de acceso a la justicia y del debido proceso. Sostuvo que la parálisis procesal resulta injustificada, máxime cuando durante el 2025 se resolvieron asuntos asignados a turnos posteriores.

Agregó que tampoco se obtuvo respuesta frente a la petición radicada el 18 de junio de 2025, con lo cual se superó el término legal de quince días fijado por la Ley 1755 de 2015.

4.- Pretensiones

La parte accionante textualmente solicitó:

“Admitir la presente acción de tutela.

Que se decreten como prueba, la realizac ión de un informe a la Secretaría del Tribunal Administrativo del Cesar, donde se detalle:

El listado completo de procesos pendientes de sentencia de la Dra. Lafaurie Fernández, con sus fechas de ingreso y los turnos asignados.

Copia de las actas o sistemas donde se asigna el turno a mi proceso.

El número de sentencias proferidas por la conjuez desde noviembre de 2024, con sus radicados y turnos (a efectos de evidenciar el ritmo o promedio de evacuación de los casos).

Ordenar a la Dra. María Paulin a Lafaurie Fernández que, en un plazo perentorio (máximo 5días), proceda al estudio y elaboración del proyecto de fallo de segunda instancia en el proceso No. 20001 -33-33-006-2018-00358-02, y a su efectiva radicación para estudio en sala, respetando el principio de turno cronológico.

Ordenar a la Secretaría Judicial del Tribunal que, en un plazo de 48 horas, responda de manera integral y clara el derecho de petición radicado el 18 de junio de 2025, y ofrezca

sala, respetando el principio de turno cronológico.

Ordenar a la Secretaría Judicial del Tribunal que, en un plazo de 48 horas, responda de manera integral y clara el derecho de petición radicado el 18 de junio de 2025, y ofrezca disculpas por la omisión, como medida restaurativa.

Adoptar las medidas necesarias para garantizar que, en el futuro, no se repitan este tipo de dilaciones injustificadas y asignaciones arbitrarias de turnos en la administración de justicia ordenando la implentación de un protocolo que garantice la tra nsparencia y seguimiento publico de los turnos cronológicos asignados objetivamente.”3.

3 Obra en los folios 2 y 3 del certificado 8689F8830E0C2EDD 034DD5873ADD898E 3E8BB095D59A1FD9 E278FD4D112CB0AE, índice 2.4

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5.- Trámite de la acción de tutela y fundamento de la oposición

5.1.- Mediante proveído del 31 de octubre de 20254 el Despacho sustanciador admitió la acción de tutela y ordenó su notificación al Tribunal Administrativo del Cesar.

5.2.- El Tribunal Administrativo del Cesar5 remitió la respuesta otorgada al accionante y, de igual forma, envió el expediente relacionado con la presunta mora judicial injustificada que se le atribuye.

II. CONSIDERACIONES

1.- Competencia

de igual forma, envió el expediente relacionado con la presunta mora judicial injustificada que se le atribuye.

II. CONSIDERACIONES

1.- Competencia

Esta Sala es competente para conocer la acción de tutela promovida por el señor Camilo Andrés Romero León contra el Tribunal Administrativo del Cesar, conforme a lo previsto en el artículo 86 de la Constitución Política, el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991 y el artículo 13 del Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado.

2.- Problema jurídico

A la Sala le corresponde establecer si la autoridad accionada vulneró los derechos fundamentales invocados por el convocante.

Para ello, la Sala expondrá primero el alcance del derecho de petici ón ante las autoridades judiciales y luego examinará el caso concreto relativo a la presunta mora judicial, con el fin de determinar si se configuró la vulneración alegada en esta acción de tutela.

3.- Del derecho de petición ante las autoridades judiciales6

3.1.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 de la Constitución Política y en la Ley 1755 de 2015, que sustituyó el Título II de la Ley 1437 de 2011 en materia del derecho fundamental de petición, toda persona se encuen tra facultada para presentar peticiones

4 Obra en el documento con certificado 807EA604B38F3C6D 14657234811055B4 04331893698368B0 9BBCAA3E75DDB615, índice 4 en el expediente de tutela digital.

4 Obra en el documento con certificado 807EA604B38F3C6D 14657234811055B4 04331893698368B0 9BBCAA3E75DDB615, índice 4 en el expediente de tutela digital. 5 Obra en certificado 3427B360048F18EA 7F7A0B2D54D04B22 AFF6922F2D3E15AE 045F59D80F04F5CB , índice 9 en el expediente de tutela digital. 6 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 11 de septiembre de 2019, rad. 2019-03518-00 (AC).5

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respetuosas y a que estas sean resueltas conforme a los requisitos y términos establecidos en dicha ley, con una respuesta oportuna, clara, precisa, congruente y consecuente.

3.2.- En todo caso, la Sala reitera que la jurisprudencia ha establecido que las peticiones ante los funcionarios judiciales se dividen en dos clases: las primeras son aquellas de índole jurisdiccional y, por lo tanto, se regulan por las normas de tal naturaleza; en segundo lugar, se encuentran las que no tienen relación con el proceso y, por ende, se reglan en las disposiciones generales del derecho de petición. Sobre el tema, la Corte Constitucional ha señalado lo siguiente:

“Esta Corporación respecto a las peticiones presentadas frente actuaciones judiciales ha sostenido

reglan en las disposiciones generales del derecho de petición. Sobre el tema, la Corte Constitucional ha señalado lo siguiente:

“Esta Corporación respecto a las peticiones presentadas frente actuaciones judiciales ha sostenido que, en estos eventos, el alcance de este derecho encuentra limitaciones, por ello, se ha especificado que deben diferenciarse las peticiones que se formulen ante los jueces, las cuales serán de dos clases: (i) las referidas a actuaciones estrictamente judiciales, que por tales se encuentran reguladas en el procedimiento respectivo, debiéndose sujetar entonces la decisión a los términos y etapas procesales previstos para el efecto; y (ii) aquellas que por ser ajenas al contenido mismo de la litis e impulsos procesales, deben ser atendidas por la autoridad judicial en su condición, bajo las normas generales del derecho de petición que rigen la administración, esto es, el Código Contencioso Administrativo”7.

A partir de lo expuesto, cierto es que ante las autoridades judiciales se pueden elevar peticiones, sin embargo, las que tienen que ver con asuntos relativos a los procesos que conocen, se sujetan a la ley especial que define el juicio.

En este contexto, si un funcionario desatiende un pedimento de naturaleza judicial, puede poner en amenaza los derechos fundamentales de acceso a la administración de justicia y al debido proceso de los usuarios, en lugar del estipulado en el artículo 23 Superior.

Sobre el asunto, el Tribunal Constitucional ha dicho que

“la omisión del funcionario judicial en resolver las solicitudes formuladas por las partes o sus apoderados propias de la actividad jurisdiccional, no configura una violación del derecho fundamental de petición, sino al debido proceso y al acceso de la administración de justicia, puesto que en la

“la omisión del funcionario judicial en resolver las solicitudes formuladas por las partes o sus apoderados propias de la actividad jurisdiccional, no configura una violación del derecho fundamental de petición, sino al debido proceso y al acceso de la administración de justicia, puesto que en la medida en que dicha conducta desconozca los términos de ley y carezca de motivo probado y razonable, implica una dilación injustificada al interior del proceso judicial la cual está proscrita por el ordenamiento constitucional”8.

4.- Análisis de la vulneración del derecho de petición en el caso concreto

4.1.- Al respecto, el accionante sostiene que se vulneró este derecho porque no obtuvo respuesta a las solicitudes radicadas, entre ellas la presentada el 18 de junio de 2025.

7 Sentencia T-311 de 2013. 8 Sentencia T-192 de 2007.6

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4.2.- Sin embargo, dado que la petición formulada en este caso buscaba aportar celeridad a un proceso de naturaleza judicial, no puede considerarse que la omisión de respuesta por pa rte de la autoridad accionada configure una violación del artículo 23 Superior, máxime cuando la litis continúa en trámite. La jurisprudencia ha señalado que el derecho de petición no se desconoce cuando se pretende usarlo como medio para intervenir asuntos judiciales que cuentan con formas y etapas reguladas de manera específica tanto en lo procesal como en lo sustancial.

4.3.- Así las cosas, la Sala no puede examinar la presunta vulneración del derecho de

asuntos judiciales que cuentan con formas y etapas reguladas de manera específica tanto en lo procesal como en lo sustancial.

4.3.- Así las cosas, la Sala no puede examinar la presunta vulneración del derecho de petición alegada por el actor, pues su protección no es exigible frente a los administradores de justicia cuando lo solicitado guarda relación con funciones jurisdiccionales, como ocurre en este caso, cuyo trámite se encuentra sujeto al estatuto procesal.

4.4.- En esa línea, si bien la falta de atención a un escrito dentro de un proceso judicial podría comprometer los derechos de acceso a la administración de justicia o al debido proceso, tal situación no se evidencia aquí, puesto que la autoridad accionada ha adelantado el curso normal del proceso hasta la fecha.

4.5.- La Sala procederá ahora a examinar la presunta mora judicial en el caso concreto, a partir de los elementos fácticos expuestos por la parte accionante y del análisis del expediente remitido, con el fin de establecer si la inactivi dad procesal atribuida a la autoridad judicial accionada configura una afectación a los derechos fundamentales invocados.

5.- Mora judicial en el caso concreto

5.1.– La parte accionante promovió acción de tutela al sostener que su proceso de nulidad y restablecimiento del derecho No. 20001 -33-33-006-2018-00358-02 permanece sin decisión desde su remisión al despacho para sentencia el 28 de noviembre de 2024. Indicó que se informó la fecha del 19 de diciembre de 2024 para la lectura del fallo, l a cual no se realizó y, hasta hoy, no existe pronunciamiento. Señaló que su expediente fue

Indicó que se informó la fecha del 19 de diciembre de 2024 para la lectura del fallo, l a cual no se realizó y, hasta hoy, no existe pronunciamiento. Señaló que su expediente fue ubicado en el turno No. 59 desde noviembre de 2024, mientras durante el 2025 se resolvieron asuntos con turnos posteriores, lo que revela una dilación en la definición de su caso.7

Radicación: 11001-03-15-000-2025-06762-00

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5.2.- Dado que no se arrimó el informe solicitado, es preciso señalar la respuesta remitida al señor Camilo Andrés Romero León por la conjuez Lafaurie, quien le explicó que la demora en la emisión del fallo obedece, en primer término, al vo lumen de procesos en curso en su despacho y a la obligación legal de decidirlos conforme al orden cronológico de ingreso. Indicó que el expediente del accionante fue remitido para sentencia el 28 de noviembre de 2024 y que, según los autos proferidos —incluido el del 23 de octubre de 2025—, ocupa el turno 33 entre los 34 asuntos que permanecen pendientes. Destacó lo previsto en el artículo 18 de la Ley 446 de 1998, que impone dictar sentencia según el turno de llegada sin alterar dicha secuencia salvo excep ciones legales. Añadió que esta regla garantiza igualdad para todas las partes y que la vigilancia presentada el 8 de mayo de 2025 se radicó antes de vencer el plazo de seis meses con que contaba el despacho para decidir.

regla garantiza igualdad para todas las partes y que la vigilancia presentada el 8 de mayo de 2025 se radicó antes de vencer el plazo de seis meses con que contaba el despacho para decidir.

Asimismo, la tutelada expuso que la mora se origina en las limitaciones estructurales del despacho, pues no cuenta con apoyo técnico ni profesional, y ejerce la función de forma individual. Manifestó que, durante el último año, ha enfrentado problemas de salud que dificultan l a permanencia frente al computador y reducen la capacidad material para proyectar fallos, lo cual incide en el ritmo de avance. Señaló que estas restricciones se suman al cúmulo de procesos en segunda instancia y reiteró que, pese a dichas circunstancias, actúa con diligencia dentro de los medios disponibles y conforme a la carga asignada. En ese sentido, concluyó que la mora alegada se encuentra justificada en la carga procesal, la ausencia de personal de apoyo y las condiciones personales ya puestas en conocimiento del Tribunal.

5.3.- Según la información registrada en el Sistema para la Gestión Judicial SAMAI, se evidencian las siguientes actuaciones dentro del proceso identificado con el radicado No. 20001-33-33-006-2018-00358-02:

• El 18 de noviembre de 2024, auto que admite recurso de apelación. - El 15 de mayo de 2025, se profirió el auto que resolvió la solicitud elevada por el actual demandante, en el cual se informó que su asunto correspondía al turno 46. - El 16 de mayo de 2025, fijación de estado. - El 11 de noviembre de 2025 se dejó constancia en el expediente del ingreso del escrito mediante el cual la apoderada judicial de la parte demandante formuló solicitud

• El 16 de mayo de 2025, fijación de estado. - El 11 de noviembre de 2025 se dejó constancia en el expediente del ingreso del escrito mediante el cual la apoderada judicial de la parte demandante formuló solicitud de impulso procesal.8

Radicación: 11001-03-15-000-2025-06762-00

Accionante: Camilo Andrés Romero León Accionado: Tribunal Administrativo del Cesar Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

De conformidad con lo expuesto, la Sala observa que la pretens ión del accionante se orienta a obtener una orden dirigida al Tribunal Administrativo del Cesar para que impulse el trámite del proceso identificado con el radicado No. 20001-33-33-006-2018-00358-02. Para resolver dicha solicitud, resulta indispensable rev isar el comportamiento del despacho a la luz del marco legal que exige decidir los asuntos según su orden de ingreso y bajo criterios uniformes para todas las partes.

Dentro de este contexto, la carga procesal que afronta la conjuez, constituye un elemento determinante, pues la secuencia en la que se encuentran los expedientes condiciona el ritmo de emisión de sentencias. Precisado lo anterior, el expediente del accionante ingresó para decisión el 28 de noviembre de 2024, momento en el cual fue ubicado en la posición 46. Posteriormente, conforme a la información suministrada por la conjuez Lafaurie, ocupó el turno No. 33 dentro de los 34 asuntos que permanecen listos para fallo.

Esta ubicación revela que el proceso avanza conforme al orden legal y dentro d e las limitaciones estructurales y personales identificadas, lo cual permite concluir que la

Esta ubicación revela que el proceso avanza conforme al orden legal y dentro d e las limitaciones estructurales y personales identificadas, lo cual permite concluir que la situación expuesta por el actor no corresponde a una omisión atribuible al despacho, sino al flujo natural de la carga procesal que regula la emisión de decisiones.

Al respecto, la Corte Constitucional en sentencia T-099 de 20219 señaló que:

“El desconocimiento del plazo razonable viola la garantía de acceso oportuno a la administración de justicia. No obstante, si bien la administración de justicia debe ser en tiempo, como un elemento esencial de la garantía efectiva de un debido proceso, no todo retardo en la adopción de una decisión judicial genera per se una infracción a la Constitución. Para que esto ocurra, se debe probar que la dilación injustificada tuvo origen en la falta de diligencia del funcionario judicial en el cumplimiento de sus deberes o que el plazo del proceso sea irrazonable. Como ya se ha advertido, el concepto de plazo razonable es indeterminado, pero determinable y procura acudir al análisis de las especificidades de cada caso en particular”. (Negrilla fuera del texto original)

Bajo ese contexto, se constata que la dilación bajo examen no es imputable a la tutelada, principalmente porque, como lo mencionó la Corte Constitucional en sentencia SU -179 de 202110, si bien la congestión judicial “no constituye por sí misma una excusa válida para dejar de atender los deberes propios del cargo, sí es un problema estructural que afecta la adecuada prestación del servicio público de administración de justicia ”. (Negrilla fuera del texto original).

9 M.P. José Fernando Reyes Cuartas. 10 M.P. Alejandro Linares Cantillo.9

afecta la adecuada prestación del servicio público de administración de justicia ”. (Negrilla fuera del texto original).

9 M.P. José Fernando Reyes Cuartas. 10 M.P. Alejandro Linares Cantillo.9

Radicación: 11001-03-15-000-2025-06762-00

Accionante: Camilo Andrés Romero León Accionado: Tribunal Administrativo del Cesar Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

Resulta pertinente mencionar que esta Subsección, en consonancia con la jurisprudencia de la Corte Constitucional 11, manifiesta que, para analizar la configuración de la mora judicial injustificada, se debe revisar no solo la tardanza en emitir la decisión, sino también otros aspectos tales como la complejidad del asunto, la actividad procesal del interesado, la conducta de las autoridades y la congestión judicial.

Así las cosas, la Sala concluye que no se evidencia en el Tribunal Administrativ o del Cesar un proceder negligente ni una demora injustificada; de igual manera, se resalta que el proceso quedó inscrito en el turno No. 33.

En mérito de lo expuesto, la Subsección C de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

III. RESUELVE

PRIMERO: NEGAR la solicitud de am paro presentada por el señor Camilo Andrés

Romero León.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados por el medio más expedito.

TERCERO: ENVIAR a la Corte Constitucional para su eventual revisión, en caso de no ser impugnada en el término.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados por el medio más expedito.

TERCERO: ENVIAR a la Corte Constitucional para su eventual revisión, en caso de no ser impugnada en el término.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

WILLIAM BARRERA MUÑOZ Presidente de la Sala

ADRIANA POLIDURA CASTILLO

Consejera de Estado

NICOLÁS YEPES CORRALES

Consejero de Estado

11 Corte Constitucional, sentencia T186 de 2017, M.P. María Victoria Calle Correa. Sentencia T-030 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño. Sentencia T-1154 de 2001, M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra, entre otras.