CE - Sentencia 11001031500020250676600 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Bogotá D. C., veinticinco (25) de noviembre de dos mil veinticinco (2025).

Radicado: 11001-03-15-000-2025-06766-00

Accionante: FERNANDO PLAZAS VICTORIA

Accionado: CONSEJO DE ESTADO Y OTROS

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

Temas: ACCIÓN DE TUTELA POR FALTA DE RESPUESTA DE PETICIÓN – No existe prueba de que la parte accionante presentó un derecho de petición el 3 de octubre de 2025. No se puede endilgar responsabilidad de las autoridades accionadas / No existe temeridad porque no gu arda identidad de causa, partes y pretensiones con la acción de tutela radicada ante la Corte Suprema de Justicia.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA Corresponde a la Sala pronunciarse en relación con la acción de tutela instaurada por el señor Fernando Plaza s Victoria, de conformidad con lo consagrado en el artículo 86 de la Constitución Política, en los artículos 29 y 37 del Decreto 2591 de 19911.

I. A N T E C E D E N T E S

La demanda

1. El 27 de octubre de 2025, el señor Fernando Plazas Victoria presentó acción de tutela contra el Consejo de Estado, la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría General de la Nación con el fin de obtener la protección de su derecho fundamental de petición.

Hechos relevantes

tutela contra el Consejo de Estado, la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría General de la Nación con el fin de obtener la protección de su derecho fundamental de petición.

Hechos relevantes

2. El 22 de enero de 20252, el apoderado del señor Fernando Plazas Victoria3 envió un derecho de petición al Juzgado Primero Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Guadalajara de Buga 4. Lo anterior con el fin de que l e fueran remitidas las copias simples del expediente del proceso identificado con el radicado 76-111-31-004-001-2004-00076.

1 Que ingresó para fallo el 13 de noviembre de 2025. 2 Obra en certificado AFADAC7AE23B58CE 086396DB45F9263D 605DB20CBB68FCE4 54ED9CA92A9AA8E3, pág 6 y 7, índice 10 de samai. 3 A través de correo electrónico wilmarpioneer@outlook.com. 4 El correo electrónico al que fue enviado es el siguiente j01pcbuga@cendoj.ramajudicial.gov.co.Radicación número: 11001-03-15-000-2025-06766-00

Accionante: Fernando Plazas Victoria Accionado: Consejo de Estado y otros Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

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3. El 5 de febrero de 20255, mediante correo electrónico6, el Juzgado Primero Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Guadalajara de Buga informó al apoderado del señor Plazas Victoria que requería un término adicional de diez (10) días para responder la solicitud, según establece el artículo 14 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 7. Esto, porque no

apoderado del señor Plazas Victoria que requería un término adicional de diez (10) días para responder la solicitud, según establece el artículo 14 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 7. Esto, porque no había podido ubicar el proceso solicitado.

4. El 3 de marzo de 20258, el Juzgado Primero Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Guadalajara de Buga informó al apoderado del señor Plazas Victoria que el proceso tenía más de 20 años de antigüedad, por lo que no fue digitalizado en su momento y no se encuentra en el lugar esperado. Por lo anterior, con el fin de localizar el expediente, la autoridad judicial solicitó al Centro de Servicios de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de esa localidad la trazabilidad del expediente para ubicarlo de manera más fácil . Sin embargo, indicó que aún no recibiría respuesta.

5. El 10 de marzo de 2025 9, el Juzgado Primero Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Guadalajara de Buga remitió otro correo electrónico al apoderado del señor Plazas Victoria. Tras realiza r la consulta en el Centro de Servicios Judiciales de Ejecución de Penas, informó que no existía ningún registro del expediente solicitado. Sin embargo, el despacho mencionado señaló que en el poder otorgado por el actor al profesional en derecho se encont ró otro radicado 76001-23-31-000-2012-00749-01 (53416). Por tal motivo, remitió al despacho respectivo la solicitud presentada, con el propósito de saber si el expediente requerido se encuentra disponible para su expedición en copia simple.

6. El 3 de julio de 2025 10, el señor Fernando Plazas Victoria presentó una queja

respectivo la solicitud presentada, con el propósito de saber si el expediente requerido se encuentra disponible para su expedición en copia simple.

6. El 3 de julio de 2025 10, el señor Fernando Plazas Victoria presentó una queja disciplinaria contra “ la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura(sic)”11. Esto debido a que habían pasado aproximadamente 4 meses desde que solicitó unas copias sobre un proc eso en el cual se investigaba por el delito de concusión, sin embargo, el Juzgado Primero Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Guadalajara de Buga no contestó la solicitud. Pero dicho Juzgado le había informado que ese proceso se encontraba perdido. A juicio del actor, esa circunstancia vulneró su derecho al debido proceso, así como a la defensa y a la tutela judicial efectiva, dado que el expediente contenía información relevante.

5 Obra en certificado AFADAC7AE23B58CE 086396DB45F9263D 605DB20CBB68FCE4 54ED9CA92A9AA8E3, pág 6, índice 10 de samai. 6 Ibidem. 7 En adelante CPACA. 8 Obra en certificado AFADAC7AE23B58CE 086396DB45F9263D 605DB20CBB68FCE4 54ED9CA92A9AA8E3, pág 5, índice 10 de samai. 9 Obra en c ertificado AFADAC7AE23B58CE 086396DB45F9263D 605DB20CBB68FCE4 54ED9CA92A9AA8E3, pág 4, índice 10 de samai.

9 Obra en c ertificado AFADAC7AE23B58CE 086396DB45F9263D 605DB20CBB68FCE4 54ED9CA92A9AA8E3, pág 4, índice 10 de samai. 10 Obra en certificado 15D09D948ADE8888 5F2E7BAB2291E58F B63EDBB0552B61EB 7CCD157C63EC62CE, índice 12 de samai. 11 Obra en certificado 15D09D948ADE8888 5F2E7BAB2291E58F B63EDBB0552B61EB 7CCD157C63EC62CE, índice 12 de samai.Radicación número: 11001-03-15-000-2025-06766-00

Accionante: Fernando Plazas Victoria Accionado: Consejo de Estado y otros Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

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7. Conjuntamente, según se advierte en la sentencia de tutela identificada con el radicado 1100102300002025008370012, el 3 de julio de 2025 13, el señor Fernando Plazas Victoria presentó un derecho de petición ante el Consejo Superior de la Judicatura, la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría General de la Nación en el que solicitó que se adelantaran las actuaciones disciplinarias y penales correspondientes por la pérdida de un expediente penal en el que obraba como procesado. Sin embargo, indicó que nunca obtuvo respuesta.

8. Por ese motivo, interpuso una acci ón de tutela, la cual fue conocida en primera instancia por la Corte Suprema de Justicia – Sala de Casación Penal, quien a través de sentencia del 21 de agosto de 2025 14 tomó las siguientes determinaciones: (i)

instancia por la Corte Suprema de Justicia – Sala de Casación Penal, quien a través de sentencia del 21 de agosto de 2025 14 tomó las siguientes determinaciones: (i) amparó el derecho de petición del señor Plazas Victoria; (ii) ordenó a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial que, dentro de las 48 horas siguientes a la notificación de la decisión, respondiera la petición presentada el 3 de julio de 2025; (iii) negó la acción de tutela respecto de la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación y el Consejo Superior de la Judicatura; y (iv) ordenó que si la decisión no fuese impugnada, se remitiera el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

9. El 1° de septiembre de 2025 15, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial – Secretaría Judicial remitió una respuesta de la comunicación del 3 de julio de 2025 con ocasión de la sentencia de tutela de primera instancia. Allí informó que la petición se remitió desde el correo electrónico hokutorage79@gmail.com que corresponde al señor José Andrés Aranda 16. El 7 de julio del año en curso, la Comisión Nacional respondió que no existía competencia, por lo que había remitido a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Valle del Cauca. Pero dicha contestación no fue allegada a la Secretaría de esta Corporación, por ello se otorgaba respuesta complementaria a la información requerida y se informaba a la Corte Suprema de Justicia de esa trazabilidad.

10. Inconforme con la decisión de tutela de primera instancia, el señor Fernando Plazas Victoria presentó impugnación. Esta fue conocida por la Corte S uprema de

Corte Suprema de Justicia de esa trazabilidad.

10. Inconforme con la decisión de tutela de primera instancia, el señor Fernando Plazas Victoria presentó impugnación. Esta fue conocida por la Corte S uprema de Justicia – Sala de Casación Civil, Agraria y Rural, quien a través de sentencia del 23 de octubre de 2025 17 modificó la decisión de primera instancia y revocó el numeral tercero de la parte resolutiva. Asimismo ordenó al Consejo Superior de la Judicatura, a la Fiscalía General de la Nación y a la Procuraduría General de la Nación que diera respuesta dentro de las 48 horas siguientes a la notificación de esa providencia. De igual manera, ordenó que en un término de 3 días siguientes al

12 Obra en certificado EB585F2A1A7244C4 E1F166C2D3B5FB89 D017663EA838410D C352177250D82028, págs. 1 y 2, índice 12 de samai. 13 No obra copia de este. 14 Obra en certificado EB585F2A1A7244C4 E1F166C2D3B5FB89 D017663EA838410D C352177250D82028, índice 12 de samai. 15 Obra en certificado EA6786A75B958CDA A7A149E546DD8021 0293F8F2385AF0B2 2E48413875E81C99, índice 12 de samai. 16 En ese correo electrónico se presentó la queja. 17 Obra en certificad o ABD723D2717333D8 4DEEAFFAF699850C 00F29EAAB8957388

C8DBEA75584B22BA, índice 12 de samai.Radicación número: 11001-03-15-000-2025-06766-00

Accionante: Fernando Plazas Victoria Accionado: Consejo de Estado y otros Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

4 vencimiento de dicho término debía informar a la Corporación sobre el acatamiento de lo dispuesto en esa providencia.

11. Según lo informado por la parte accionante, el 3 de octubre de 202518, presentó otra petición dirigida al Consejo de Estado en la cual solicitaba cop ia del proceso penal que fue conocido por el Juzgado Primero Penal del Circuito de Buga. Situación que también fue conocida por la Corte Suprema de Justicia. De igual modo, advirtió que el Juzgado en mención le indicó que no tenía conocimiento de la denuncia penal que había formulado ante la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación y “la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura”19 el 3 de julio de 2025. Por lo que remitía un correo con dichas certificaciones. Sin embargo, no se allegó ninguna prueba de envío a esta Corporación así como lo anexos indicados por el mismo.

Pretensiones

12. El accionante solicitó lo siguiente:

“DENTRO DE MIS PRETENSIONES NO ES OTRA QUE DARLE

CUMPLIMIENTO A LO SOLICITADO EN EL DERECHO DE PETICION

ARTICULO 23 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE COLOMBIA A EFECTOS

DE QUE ME DIERAN CONTESTACION LAS ENTIDADES ACCIONADAS SIN

QUE HASTA LA FECHA HAYA RECIBID O COMUNICACIÓN ALGUNA AL

RESPECTO”20.

DE QUE ME DIERAN CONTESTACION LAS ENTIDADES ACCIONADAS SIN

QUE HASTA LA FECHA HAYA RECIBID O COMUNICACIÓN ALGUNA AL

RESPECTO”20.

Fundamentos de la demanda de tutela

13. El accionante alegó que solicitó unas copias de la investigación al Consejo de Estado, relacionadas con un proceso penal, en el que se investigó el delito de concusión en el Juzgado Primero Penal del Circuito de Buga – Valle. No obstante, dicho juzgado le manifestó que su proceso había desaparecido. Esta falta de respuesta conllevó a que no ha podido interponer un recurso de revisión ante la Corte Suprema de Justicia a través de su abogado Wilmar Farid Fierro.

14. De igual manera, expresó que la pérdida de un expediente puede ser considerada una falta disciplinaria por parte de los funcionarios judiciales responsables de su custodia. Además, esa conducta puede tipificarse con el delito de ocultamiento, alteración o destrucción de documento público, pues la pérdida de un expediente es resultado de una negligencia grave tanto para la administración de justicia y para los responsables o las partes involucradas. Por ello, cuando esto sucede, la Ley establece la obligació n de reconstruir el expediente, con el fin de recopilar las copias de las actuaciones, testimonios de las partes y demás documentos relacionados para restituir la información perdida. Por todo lo anterior, solicitó que se dé cumplimiento a lo establecido en el artículo 23 de la Constitución

Política.

18 Obra en certificado CD0CF0E11A15C0C8 6AA4E890F023603E E53B11C035F7DAED F57649E3BAD2C5FD, índice 2 de samai.

Política.

18 Obra en certificado CD0CF0E11A15C0C8 6AA4E890F023603E E53B11C035F7DAED F57649E3BAD2C5FD, índice 2 de samai. 19 Ibidem. 20 Ver pág. 2 del escrito de tutela.Radicación número: 11001-03-15-000-2025-06766-00

Accionante: Fernando Plazas Victoria Accionado: Consejo de Estado y otros Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

5 Trámite en primera instancia

15. Mediante auto del 30 de octubre de 2025, el despacho sustanciador admitió la acción de tutela de la referencia y ordenó notificar al Consejo de Estado, la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría General de la Nación como accionados y al Juzgado Primero Penal del Circuito de Buga – Valle y a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, como terceros con interés, para que ejercieran su derecho de defensa; requirió a la accionante para que (i) remitiera la constancia del envío y del recibido de la petición radicada el 3 de octubre de 2025 ante el Consejo de Estado e (ii) indique a qué dependencia de la Corporación fue dirigida dicha solicitud, entre otras decisiones.

Intervenciones

16. La Procuraduría General de la Nación consideró que carece de competencia para investigar los hechos denunciados, ya que eso le corresponde es a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial, de acuerdo con los artículos 257 A de la Constitución Política y los artículos 2 parágrafo 6 y artícul o 239 de la Ley 1952 de

2019.

Seccional de Disciplina Judicial, de acuerdo con los artículos 257 A de la Constitución Política y los artículos 2 parágrafo 6 y artícul o 239 de la Ley 1952 de 2019.

17. Por otro lado, advirtió que, luego de revisar sus bases de datos, no se encontró que el accionante hubiera elevado algún derecho de petición, queja o intervención de ese órgano de control disciplinario, sobre ese asunto. Por lo anterior, no existe una acción u omisión por su parte, que afectara al accionante. En efecto, consideró que debía ser vinculada dentro del presente trámite de tutela. De igual modo, explicó la falta de legitimación en la causa por pasiva en la acción de tutela.

18. El Juzgado Primero Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Guadalajara de Buga argumentó que (i) el accionante, a través de apoderado, en enero de 2025 elevó un derecho petición con el fin de solicitar las copias del expediente penal identificado con el radicado 76 -111-31-004-001-2004-00076; (ii) luego de realizar la respectiva búsqueda no se encontró el expediente; (iii) se consultó con el Centro de Servicios de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Buga respecto del ciudadano pero no se encontró ningún registro. Por ello, también se consultó con el Centro de Servicios Judiciales Penales donde se informó que sobre el señor Plazas Victoria existía otro proceso judicial identificado con el radicado 76 -001-2331000-2012-00749-01. Esta situación fue comunicada al accionante y a su apoderado.

19. También dijo (iv) que al consultar el libro radicador del despacho para el año

radicado 76 -001-2331000-2012-00749-01. Esta situación fue comunicada al accionante y a su apoderado.

19. También dijo (iv) que al consultar el libro radicador del despacho para el año 2004, se observan las anotaciones del proceso solicitado donde consta que el 23 de abril de 2004 se dio inicio a un proceso penal bajo los lineamientos de la Ley 600 del 2000. Este proceso fue radicado contra el accionante, por el delito de concusión y cuyo radicado es el 76 -111-31-004-001-2004-00076. Además, figura una anotación en la cual a través del auto No. 004 del 15 de febrero de 2011 se resolvió decretar la prescripción de la acción penal. A pesar de que el expediente fue archivado en la caja No. 122, al constatar, no se encontró el mismo.Radicación número: 11001-03-15-000-2025-06766-00

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20. Conjuntamente, explicó que, a través del correo electrónico del apoderado del accionante, respondió en múltiples oportunidades las solicitudes presentadas por el actor, incluso la última información se dio el 15 de mayo de 202521. Asimismo, se le indicó que cualquier copia que obrara en su poder, podía remitir para establecer otros posibles filtros de búsqueda, pero no presentó respuesta ni aportó alguna documentación. Por tal motivo, no ha incurrido en ninguna vulneración de un derecho fundamental porque (i) las solicitudes fueron tramitadas y resueltas, (ii) se realizaron diferentes diligencias de verificación y trazabilidad para ubicar el

documentación. Por tal motivo, no ha incurrido en ninguna vulneración de un derecho fundamental porque (i) las solicitudes fueron tramitadas y resueltas, (ii) se realizaron diferentes diligencias de verificación y trazabilidad para ubicar el expediente; (iii) en todo momento se brindó información clara, veraz y completa al accionante y su apoderado; y (iv) s e solicitó al peticionario que, si contaba con alguna pieza procesal, pero no fue contestada la solicitud.

21. En primer lugar, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial – Secretaría Judicial informó que el accionante interpuso una acción de tutela confusa por cuanto su pretensión recae sobre tres entidades accionadas y se relaciona con la pérdida de un expediente por parte de un juzgado penal. Cuestionó que, en otro sentido, hizo alusión al escrito del 3 de octubre de 2025 enviado a esa Corporación, donde se puso en conocimiento los mismos hechos que dan origen a la acción de tutela. Sin embargo, ese documento fue remitido a la Comisión Seccional del Valle del Cauca por ser la competente para conocer en primera instancia la queja contra los jueces de la República22.

22. Del mismo modo, hizo referencia a una tutela que el actor presentó ante la Corte Suprema de Justicia – Sala de Casación Penal y cuyo radicado es el 11001-02-30000-2025-00837. En este informó que no se había dado respuesta a la petición. A través de providencia del 21 de agosto de 2025, se amparó su derecho fundamental y se ordenó a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial que en 48 horas respondiera la petición. Una vez impugnado el fallo, le correspondió a la Sala de Casación Civil, Agraria y Rural de esa misma Corporación quien a través de

y se ordenó a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial que en 48 horas respondiera la petición. Una vez impugnado el fallo, le correspondió a la Sala de Casación Civil, Agraria y Rural de esa misma Corporación quien a través de sentencia del 21 de agosto de la misma anualidad ordenó al Consejo Superior de la Judicatura, a la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría General de la Nación pronunciarse sobre la petición dentro de las 48 horas siguientes a la notificación de la providencia.

23. Con base en lo anterior, indicó que hay una similitud de los hechos planteados en esta tutela y la anteriormente mencionada, por lo que podría incurrir en una posible temeridad, por lo que se solicita que se estudie la misma. También expresó que el accionante habla de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura cuando esta fue eliminada por la reforma constitucional de 2015 a través del acto legislativo 02. Por último, adujo que no ha incurrido en ninguna acción u omisión que vulnere los derechos fundamentales de la parte accionante. Sustento de todo lo anterior, allegó diferentes documentos relacionados con lo mismo.

24. La Presidencia del Consejo de Estado expresó que luego de efectuar una búsqueda en el Sistema de Gestión de Correspondencia y Archivo de Documentos

21 No allegó copia de este último. 22 No precisa a cuáles se refiere.Radicación número: 11001-03-15-000-2025-06766-00

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7 Oficiales del Consejo de Estado (SIGOBius) y en los canales institucionales de

Accionante: Fernando Plazas Victoria Accionado: Consejo de Estado y otros Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

7 Oficiales del Consejo de Estado (SIGOBius) y en los canales institucionales de radicación de solicitudes PQRSDF de la Presidencia de la Corporación, no hay ningún registro de algún escrito mencionado por el accionante. Sumado a que el documento aportado carece de identificación de fecha y constancia de recibido, a través de medio físico o electrónico que acredite la radicación respecto de alguna dependencia del Consejo de Estado o traslado por competencia.

25. Con base en lo anterior, solicitó declarar improcedente la acción de tutela debido a que no se evidencia ninguna imputación fáctica o jurídica que atribuya la responsabilidad a esta Corporación. De igual modo, expresó que una vez revisado el aplicativo samai, se encontró un proceso de reparación directa identificado con el radicado 76001-23-31-000-2012-00749-0123 en el cual el demandante era el señor Fernando Plazas Victoria y los demandados eran la Rama Judicial y la Fiscalía General de la Nación. Pero dic ho proceso no está vigente porque la sentencia se profirió el 31 de agosto de 2021 y el expediente fue devuelto al tribunal de origen.

26. La Fiscalía General de la Nación24 no intervino pese a estar notificada.

II. C O N S I D E R A C I O N E S

Competencia

27. La Sección Tercera de la Sala Contencioso Administrativa del Consejo de Estado es competente para proferir sentencia de primera instancia dentro del proceso de tutela de referencia, en virtud de lo indicado en el artículo 37 del Decreto

Competencia

27. La Sección Tercera de la Sala Contencioso Administrativa del Consejo de Estado es competente para proferir sentencia de primera instancia dentro del proceso de tutela de referencia, en virtud de lo indicado en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, en concordancia con lo estipulado en el Acuerdo 080 de 2019.

Problemas jurídicos y metodología de la decisión

28. En primer lugar, la Subsección deberá estudiar la objeción presentada por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial en su contestación, relacionada con la múltiple presentación de acciones de tutela sobre un mismo hecho. Esto debido a que hizo mención a una posible temeridad con respecto al proceso de tutela identificado con el radicado 11001-02-30-000-2025-00837, el cual fue conocido por

la Corte Suprema de Justicia.

29. En segundo lugar, se estudiará si la acción de tutela de la referencia satisface los requisitos de procedibilidad formal. En caso de superar el anterior examen, esta Corporación debe establecer si se encuentra prueba alguna de la petición presentada el 3 de octubre de 2025, por la parte accionante en la cual atribuye la vulneración de su de recho fundamental de petición, por la falta de respuesta del

23 M.P. Jaime Enrique Rodríguez Navas. 24 Se notificó el 5 de noviembre de 2025, a los correos electrónicos juridicanotificacionestutela@fiscalia.gov.co y jur.notificacionesjudicial@fiscalia.gov.co. Ver índice 7 de samai.Radicación número: 11001-03-15-000-2025-06766-00

Accionante: Fernando Plazas Victoria Accionado: Consejo de Estado y otros Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

de samai.Radicación número: 11001-03-15-000-2025-06766-00

Accionante: Fernando Plazas Victoria Accionado: Consejo de Estado y otros Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

8 Consejo de Estado, la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría General de la Nación.

30. Con el objetivo de resolver los problemas jurídicos planteados, la Subsección adoptará la siguiente ruta de análisis: (i) se reiterará el precedente judicial sobre la temeridad en el trámite de acciones de tutela por presentar dos veces una misma petición de amparo; (ii) se examinarán los requisitos generales para la procedencia de la acción de tutela y lo relacionado con el derecho de petición y (iii) se realizará el análisis del caso concreto conforme a los documentos que obran en el expediente para determinar si el Consejo de Estado, la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría General de la Nació n vulneraron el derecho fundamental de petición del señor Fernando Plazas Victoria respecto de la solicitud presentada el 3 de octubre de 2025.

Temeridad - Reiteración de jurisprudencia25

31. El artículo 38 del decreto 2591 de 1991 señala que, cuando sin motivo justificado una persona presente dos veces o más, la misma acción de tutela contra diversas autoridades judiciales, la misma será resuelta desfavorablemente. En atención a ello, la juris prudencia explica que, deberán despacharse negativamente las peticiones de amparo cuando guarden identidad de partes, causa y pretensiones, pero, además, deberá sancionarse por temeridad al tutelante que actúe de mala fe.

peticiones de amparo cuando guarden identidad de partes, causa y pretensiones, pero, además, deberá sancionarse por temeridad al tutelante que actúe de mala fe.

32. Por ello, en punto a los eventos en que se presentan dos acciones de tutela por los mismos hechos, pretensiones y partes, la jurisprudencia distingue entre los conceptos de cosa juzgada y temeridad. Respecto a la cosa juzgada constitucional en materia de tutela se ha indicado que, un juez tiene vedado fallar una petición de amparo que ya fue resuelta previamente por otra autoridad judicial. Para identificar si se presenta identidad entre una petición de protección y otra posterior, debe examinarse si “ entre ambos hay identidad jurídica de partes, objeto y causa ”26.

Esta triple identidad se verifica cuando:

“1. Identidad de partes , esto es, que las acciones de tutela se hayan presentado por la misma persona natural o jurídica o a través de su apoderado o representantes y se dirija contra el mismo demandado.

2. Identidad de causa petendi, es decir, que el ejercicio repetido de la acción de tutela se fundamente en los mismos hechos que le sirven de sustento.

3. Identidad de objeto , en otras palab ras, que las demandas persigan la satisfacción de la misma pretensión o invoquen la protección de los mismos derechos fundamentales.”

33. Así, cuando se verifica la triple identidad entre una primera acción de tutela y una posterior, el segundo juez constitucional tiene vedado volverse a pronunciar respecto del mismo asunto. La jurisprudencia constitucional ha señalado que, en

25 Corte Constitucional, sentencias T-504 de 2024 y T-407 de 2022.

una posterior, el segundo juez constitucional tiene vedado volverse a pronunciar respecto del mismo asunto. La jurisprudencia constitucional ha señalado que, en

25 Corte Constitucional, sentencias T-504 de 2024 y T-407 de 2022. 26 Corte Constitucional, Sentencia, SU-128 de 2024.Radicación número: 11001-03-15-000-2025-06766-00

Accionante: Fernando Plazas Victoria Accionado: Consejo de Estado y otros Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

9 todo caso, si alguno de los elementos de esta triple identidad cambia, por ejemplo, un hecho nuevo, no se presenta el fenómeno de la cosa juzgada.

34. Un fenómeno procesal diferente pero cercano, es la temeridad, la cual, se presenta cuando, además de identidad en los tres elementos de la cosa juzgada, la actuación del tutelante se presenta por mala fe, esto es, con la intención de defraudar a la administración de justicia. Para declarar que una actuación es temeraria, la Corte Constitucional ha señalado que es necesario d emostrar que el actor “ha obrado con mala fe, deslealtad procesal, o si su actuación infringe el deber de moralidad procesal ”27. En este contexto, ha explicado que en consideración a que el artículo 83 de la Constitución advierte que la buena fe se presume , sólo existirá temeridad cuando sea posible derivar un actuar procesal desleal o esté demostrado que se trata de una actuación que se ha motivado en la mala fe.

35. Lo anterior, dicho en otros términos, significa que la actuación del demandante que ha interpuesto sucesivas acciones de tutela no es temeraria cuando “el ejercicio

demostrado que se trata de una actuación que se ha motivado en la mala fe.

35. Lo anterior, dicho en otros términos, significa que la actuación del demandante que ha interpuesto sucesivas acciones de tutela no es temeraria cuando “el ejercicio simultáneo de la acción de tutela se funda (i) en la ignorancia del accionante; (ii) en el asesoramiento errado de los profesionales del derecho; o (iii) por el sometimiento del actor a un estado de indefensión, propio de aquellas situaciones en que los individuos obran por miedo insuperable o por la necesidad extrema de defender un derecho”28. A su vez, también se ha descartado la temeridad, por vía de ejemplo, en aquellos eventos en donde por un error se radicó más de una acción de tutela o ella fue formulada sin el conocimiento del accionante por los apoderados.

Solución al primer problema jurídico

36. Respecto a este problema jurídico se verifica que, tal como lo indicó la Comisión Nacional de Disciplina judicial, se presentó una acción de tutela identificada con el radicado 11001-02-30-000-2025-00837-00/01 por la Corte Suprema de Justicia en primera y segunda instancia. Sin embargo, al examinar los hechos de las sentencias de dicha Corpora