CE - Sentencia 11001031500020250676900 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá, D. C., veinticinco (25) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Acción de tutela Radicado: 11001-03-15-000-2025-06769-00 (10731)

Accionante: José Wilson Correa Rincón

Accionado: Tribunal Administrativo de Putumayo

Tema: tutela contra providencia judicial. Subtema 1: medio de nulidad y restablecimiento del derecho. Subtema 2: subsidio familiar, infantes de marina profesionales. Subtema 3: defecto sustantivo.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver la solicitud de amparo interpuesta por el señor José Wilson Correa Rincón contra el Tribunal Administrativo de Putumayo.

1. SÍNTESIS DEL CASO

El señor José Wilson Correa Rincón , a través de apoderado, presentó acción de tutela con la pretensión de amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, al mínimo vital y a la seguridad social, que consideró vulnerados con ocasión de la sentencia del 4 de septiembre de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo de Putumayo, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el radicado núm. 86001-33-33-0012022-00295-01.

2. ANTECEDENTES

el Tribunal Administrativo de Putumayo, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el radicado núm. 86001-33-33-0012022-00295-01.

2. ANTECEDENTES

2.1. Hechos relevantes

1. A partir del escrito de amparo y de los demás elementos aportados por las partes al trámite constitucional, la Sala encuentra probados los siguientes hechos:Radicado: 11001-03-15-000-2025-06769-00

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2. El señor José Wilson Correa Rincón ingresó a prestar servicio militar obligatorio en la Armada Nacional el 7 de marzo de 2008. Posteriormente, se vinculó como alumno de la infantería de marina profesional desde el 27 de abril de 2009 hasta el 2 de julio de 2009. Finalmente, ascendió al grado de infante de marina profesional, cargo que desempeñó de manera continua desde el 3 de julio de 2009 hasta el 2 de mayo de 2023.

3. El accionante contrajo matrimonio el 14 de septiembre de 2013 con la señora

Mauren Karina Maduro.

4. La Armada Nacional, mediante Resolución 0648 del 1 de septiembre de 2014, reconoció el subsidio familiar a favor del señor Mora Pabón, en el porcentaje previsto en el artículo 5 del Decreto 1161 de 2014.

5. Posteriormente, el accionante, con escrito del 19 de enero de 2016, solicitó que se incrementara el porcentaje del subsidio familiar otorgado con o casión del

previsto en el artículo 5 del Decreto 1161 de 2014.

5. Posteriormente, el accionante, con escrito del 19 de enero de 2016, solicitó que se incrementara el porcentaje del subsidio familiar otorgado con o casión del nacimiento de su hija. Dicho reconocimiento se efectuó a través de la Resolución núm. 0375 del 5 de mayo de 2016.

6. El 13 de septiembre de 2022 , el actor radicó escrito ante el Ministerio de Defensa Nacional, Armada Nacional, a través de la cual solicitó el reconocimiento y pago del subsidio familiar con fundamento en lo dispuesto en el artículo 11 del Decreto 1794 de 2000.

7. La entidad, por medio del oficio núm. 20220030780372621/MDN COGFMCOARC-SECARJEMPEJEDHU-DIPER-DIVNOM-1.10 del 16 de septiembre de 2022, negó la petición, pues consideró que al actor ya se le había reconocido el subsidio en un 23%, conforme el Decreto 1161 de 2014, norma que se encuentra vigente.

8. El señor José Wilson Correa Rincón presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho para que se dejara sin efecto el mencionado acto administrativo y, en consecuencia, se ordenara el pago del subsidio familiar en el valor equivalente al 4% del salario básico más la prima de antigüedad, de conformidad con lo previsto en el artículo 11 del Decreto 1794 de 2000.

9. El Juzgado Primero Administrativo de Mocoa , mediante sentencia del 21 de marzo de 2024, accedió a las pretensiones de la demanda. De esta manera, declaró

9. El Juzgado Primero Administrativo de Mocoa , mediante sentencia del 21 de marzo de 2024, accedió a las pretensiones de la demanda. De esta manera, declaró la nulidad del acto administrativo demandado y, a título de restablecimiento del derecho, le ordenó a la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Armada Nacional

lo siguiente:

TERCERO. - ORDENAR a la demandada Nación , Ministerio de Defensa , Armada Nacional que proceda a reconocer y pagar a favor del demandante José Wilson Correa Rincón, la partida de subsidio familiar, conforme a lo dispuesto en el artículo 11 del Decreto 1794 de 2000, a partir del 14 de septiembre de 2013, pero con efectos fiscales a partir del 19 de junio de 2018 por efecto de la prescripción y hasta la fecha de su retiro, pudiendo descontar de este valor, las sumas que ya le fueran canceladas por este concepto al señor mismo, habida consideración que a partir de la vigenciaRadicado: 11001-03-15-000-2025-06769-00

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del Decreto 1161 de 2014, al mismo se le reconoció hasta la fecha de su retiro, la partida de subsidio familiar conforme a lo dispuesto en su artículo 1°.

CUARTO. - CONDENAR a la Nación, Ministerio de Defensa , Armada Nacional a pagar a favor del actor, las diferencias a que haya lugar, con ocasión de las prestaciones sociales que para su liquidación dependan del subsidio familiar, en los términos del Decreto 1794 de 2000, desde el 19 de junio de 2018 y hasta la fecha de su retiro.

prestaciones sociales que para su liquidación dependan del subsidio familiar, en los términos del Decreto 1794 de 2000, desde el 19 de junio de 2018 y hasta la fecha de su retiro.

10. La parte demandada, inconforme con la anterior decisión, presento recurso de apelación. El Tribunal Administrativo de Putumayo, a través de sentencia del 4 de septiembre de 2025, revocó la providencia de primera instancia al considerar que el señor José Wilson Correa Rincón no tenía derecho al reconocimiento del subsidio familiar, conforme lo previsto en el artículo 11 del Decreto 1794 de 200 0, debido a que su situación se definió y consolidó en vigencia del Decreto 1161 de 2014.

2.2. Pretensiones y argumentos de la tutela

11. La parte actora solicitó en el escrito de tutela1 lo siguiente:

PRIMERO: Se reconozca los derechos fundamentales al DEBIDO PROCESO, MÍNIMO VITAL, A LA SEGURIDAD SOCIAL E IGUALDAD del señor JOSÉ WILSON

CORREA RINCÓN , identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 1.093.741.662 expedida en Los Patios.

SEGUNDO: Que se ordene al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL PUTUMAYOSALA DE DECISIÓN que, dentro de los veinte (20) días siguientes a la notificación del fallo de tutela, profiera una decisión de reemplazo dentro del expediente N. ° 860013333001-2022-00295-01, en la que establezca que el derecho del señor JOSÉ WILSON CORREA RINCÓN , identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 1.093.741.662 expedida en Los Patios, al subsidio familiar contemplado en el artículo

WILSON CORREA RINCÓN , identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 1.093.741.662 expedida en Los Patios, al subsidio familiar contemplado en el artículo 11 del Decreto 1794 de 2000.

TERCERO: En su lugar, CONFIRMAR integralmente la Sentencia de Primera Instancia del 21 de marzo de 2024, proferida por el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Mocoa, y en consecuencia;

ORDENAR a la NACIÓN , MINISTERIO DE DEFENSA , ARMADA NACIONAL, que proceda al reconocimiento y pago del subsidio familiar a favor del accionante, conforme a lo dispuesto en el Artículo 11 del Decreto 1794 de 2000, por ser la norma aplicable al momento de la consolidación del derecho, con los efectos f iscales que legalmente correspondan2.

12. Como fundamento de sus pretensiones , la parte accionante consideró que la providencia cuestionada incurrió en defecto sustantivo porque omitió dar aplicación al artículo 11 del Decreto 1794 de 2000 para definir el reconocimiento y pago del subsidio familiar reclamado y, en su lugar, se limitó a indicar que la prestación se

1 Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-06769-00 índice 2, certificado 4199F47B0C424EC5 F5324858752A54FF 8F6DE56F995F511F 3F82AD8D46051255. 2 Se transcribe incluso con errores de texto.Radicado: 11001-03-15-000-2025-06769-00

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había consolidado con base en lo dispuesto en el artículo 1 del Decreto 1161 de

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había consolidado con base en lo dispuesto en el artículo 1 del Decreto 1161 de 2014.

13. En este sentido, explicó que la providencia cuestionada no tuvo en cuenta que el señor José Wilson Correa Rincón adquirió el derecho a recibir el subsidio familiar el 14 de septiembre de 2013, cuando contrajo matrimonio con la señora Mauren Karina Maduro, es decir, durante la vigencia del Decreto 1794 de 2000.

14. Por otro lado, indicó que la sentencia acusada desconoció el precedente jurisprudencial, por cuanto no tuvo en cuenta la sentencia proferida el 8 de junio de 2017 por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, dentro del expediente con radicado 11001032500020100006500, en la cual se declaró la nulidad del Decreto 3770 de 2009, que había derogado el artículo 11 del Decreto 1794 de 2000 . De modo que, esta última norma «resurgió al mundo jurídico para regular las situaciones ocurridas durante su vigencia.

15. Asimismo, indicó que el Consejo de Estado, en sentencias de tutela 3, ha establecido que los soldados e infantes profesionales «que ingresaron a la institución y que contrajeron matrimonio o declararon la existencia de la unión marital de hecho en vigencia del Decreto 1794 de 2000, son acreedores a devengar el subsidio familiar establecido en el artículo 11 ibidem, y que no le es exigible el requisito de reportar el cambio de estado civil a la institución castrense por existir

el subsidio familiar establecido en el artículo 11 ibidem, y que no le es exigible el requisito de reportar el cambio de estado civil a la institución castrense por existir una imposibilidad o barrera jurídica y que solo les fue posible reclamar este derecho, una vez ejecutoriada la sentencia que elimino el Decreto 3770 de 2009 del ordenamiento jurídico» [sic].

2.3. Trámite procesal

16. El despacho ponente, mediante auto del 31 de octubre de 2025 4, admitió la demanda, ordenó la notificación al Tribunal Administrativo de Putumayo y puso en conocimiento el escrito de tutela al Juzgado Primero Administrativo de Mocoa y a la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Armada Nacional, en su condición de terceros interesados.

2.4. Intervenciones

17. El Tribunal Administrativo de Putumayo 5 manifestó que la providencia cuestionada no incurrió en defecto sustantivo ni en desconocimiento del precedente, pues la decisión tuvo en cuenta la sentencia del 8 de julio de 2017 que declaró la nulidad con efectos ex tunc del Decreto 3770 de 2009, que derogó el artículo 11 del Decreto 1790 de 2000, para concluir que en el caso del actor, aun cuando contrajo matrimonio el 14 de septiembre de 2013, (cuando el Decreto 1794 del 2000 estaba derogado), la solicitud y el reconocimiento del subsidio familiar se produjeron en

3 Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencias del 7 de abril de 2022, radicado núm. del 27 de octubre de

derogado), la solicitud y el reconocimiento del subsidio familiar se produjeron en

3 Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencias del 7 de abril de 2022, radicado núm. del 27 de octubre de 2021, radicado núm. 1 1001-03-15-000-2021-04441-01. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, radicado núm. 1100103-15-000-2023-06613-01. 4 Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-06769-00, índice 5, certificado 5F7FBEC1209A2B7A 9A33F9207BEC9DB5 BCA12A8C76DAA1FC 7BAD0C65CD4EA8DD. 5 Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-06769-00, índice 10, certificado 123E3F4C9ED82F4 F516C5529A6576F8 9908108A1EEF963B A14DBE16C1C71D60.Radicado: 11001-03-15-000-2025-06769-00

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vigencia del Decreto 1161 de 2014, a través de las órdenes administrativas núm. 0648 del 1 de septiembre de 2014 y núm. 0375 del 05 de mayo de 2016, por lo que se consolidó su situación jurídica bajo ese ordenamiento.

18. Además, informó que dichas decisiones administrativas no fueron cuestionadas en sede judicial, por lo que el Tribunal no podía analizar la legalidad de tales actos.

se consolidó su situación jurídica bajo ese ordenamiento.

18. Además, informó que dichas decisiones administrativas no fueron cuestionadas en sede judicial, por lo que el Tribunal no podía analizar la legalidad de tales actos.

19. Finalmente, destacó que la aludida sentencia puntualmente señaló que sus efectos eran extensivos a situaciones jurídicas no consolidadas, lo cual no ocurrió en el caso que se discute.

20. El Juzgado Primero Administrativo de Mocoa 6 remitió, a esta corporación, el expediente del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho sin pronunciarse sobre los hechos y pretensiones del escrito de tutela.

21. La Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Armada Nacional7 expresó que la providencia del Tribunal Administrativo del Putumayo realizó un análisis de integral de las normas y las pruebas aportadas al proceso ordinario sin incurrir en alguna irregularidad sustancial o procesal, por lo que los argumentos expuestos por la parte tutelante carecen de fundamento.

22. De esta manera, indicó que al demandante se le hizo un reconocimiento del subsidio familiar, con fundamento en lo previsto en el Decreto 1161 de 2014, de ahí que al momento de declararse la nulidad del Decreto 3770 de 2009 con efectos ex tunc, ya existía una situación jurídica consolidada para el actor.

23. Destacó que la declaratoria de nulidad del Decreto 3770 de 2009 no implica remover del mundo jurídico los actos administrativos que efectuaron el reconocimiento y pago del subsidio familiar en el marco del Decreto 1161 de 2014, esto es, las «Órdenes Administrativas de Personal – OAP – No. 0648 de fecha 01

remover del mundo jurídico los actos administrativos que efectuaron el reconocimiento y pago del subsidio familiar en el marco del Decreto 1161 de 2014, esto es, las «Órdenes Administrativas de Personal – OAP – No. 0648 de fecha 01 de septiembre de 2014 y No.0373 de fecha 05 de mayo de 2015».

24. Refirió que desde la contestación de la demanda se propuso la excepción de «inepta demanda por proposición jurídica incompleta », por cuanto obran dos reconocimientos que en mencionados actos realizó en porcentaje del 20% sobre el matrimonio celebrado con la señora Mauren Karina Maduro González con el demandante y del 3% por la menor hija. En esa medida, las órdenes administrativas de personal siguen vigente s. De modo que se configura una situación jurídica consolidada.

25. Por lo anterior, consideró que la decisión del Tribunal accionado debe mantenerse inc ólume como quiera que el estudio se hizo al amparo de un precedente de unificación emanad o del órgano de cierre de la jurisdicción de lo contencioso-administrativo.

6 Samai, exp. 11001 -03-15-000-2025-06769-00, índice 11, certificado D5E111E48AC22B18

9F86B282C998E6A7 D1AFBE82BB7D1FC3 2534873757042670.

7 Samai, exp . 11001 -03-15-000-2025-06769-00, índice 1 2, certificado D42D7883DAA7FBD2 B8C2101F371917F7 BF1EE3C5E9859997 95E29D37376B88CE.Radicado: 11001-03-15-000-2025-06769-00

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26. Adicionalmente, afirmó que el actor pretende utilizar este mecanismo constitucional como una tercera instancia para reabrir el debate jurídico y probatorio que se surtió en las instancias respectivas ante los jueces naturales.

27. Con fundamento en lo expuesto, solicitó que se nieguen las pretensiones de la tutela o, en su defecto, se declare improcedente dado que no se configura ninguno de los defectos alegados por la parte actora.

3. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

28. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, y el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, la Sala tiene competencia para conocer de la presente solicitud de amparo interpuesta por del señor José Wilson Correa Rincón contra el Tribunal Administrativo del Putumayo.

3.2. Legitimación en la causa

29. La legitimación en la causa por activa del señor Wilson Ariel Mora Pabón está acreditada porque fue el demandante en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho en el que fue expedida la providencia que, a su juicio, desconoció sus derechos fundamentales.

30. También está probada la legitimación en la causa por pasiva del Tribunal

acreditada porque fue el demandante en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho en el que fue expedida la providencia que, a su juicio, desconoció sus derechos fundamentales.

30. También está probada la legitimación en la causa por pasiva del Tribunal Administrativo del Putumayo, debido a que fue la autoridad que profirió la sentencia, objeto de estudio.

3.3. Cuestión preliminar

31. Por otra parte, se observa que la parte actora, en el escrito de amparo, alegó que la sentencia del 4 de septiembre de 2025 , proferida por el Tribunal Administrativo del Putumayo , incurrió en los defectos sustantivo y de desconocimiento del precedente ; sin embargo, al revisar los hechos y los argumentos descritos en la solicitud de tutela, se advierte que la inconformidad del accionante se concreta en la interpretación de la normativa aplicable al caso concreto que realizó la autoridad judicial accionada dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho . Por esta razón, la Sala analizará el asunto bajo la posible configuración de un defecto sustantivo.

3.4. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial

32. La reiterada jurisprudencia del Consejo de Estado8 y de la Corte Constitucional ha destacado que la acción de tutela en contra de providencias judiciales procede de manera excepcional bajo el cumplimiento de requisitos generales y específicos,

8 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014, radicado

de manera excepcional bajo el cumplimiento de requisitos generales y específicos,

8 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014, radicado núm.11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ) demandante: Alpina, Productos Alimenticios S.A.Radicado: 11001-03-15-000-2025-06769-00

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en procura de evitar que dentro de los procesos judiciales se haga un uso abusivo de este mecanismo constitucional9.

33. En relación con los requisitos generales de procedibilidad, la parte accionante

debe acreditar los siguientes:

1. Que el asunto a discutir sea de evidente relevancia constitucional; ii) que haya agotado todos los recursos ordinarios y extraordinarios de defensa judicial; iii) que haya interpuesto la acción en un tiempo razonable y proporcionado; iv) que, si se trata de una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa y determinante sobre el sentido de la decisión objeto de análisis y que afecte un derecho fundamental; v) que estén identificados los hechos generadores de la vulneración y los derechos afectados y, de ser posible, se aleguen las razones de tal vulneración; y, vi) que no se trate de una tutela contra sentencia de tutela.

34. Por su parte, los requisitos o causales específicas de procedibilidad de la acción de tutela tratan comúnmente sobre aspectos que, por su gravedad, hacen incompatible una providencia judicial con los mandatos constitucionales 10 y, por tanto, constituyen fundamento para conceder o negar la solicitud de amparo. En

de tutela tratan comúnmente sobre aspectos que, por su gravedad, hacen incompatible una providencia judicial con los mandatos constitucionales 10 y, por tanto, constituyen fundamento para conceder o negar la solicitud de amparo. En otras palabras, estos requisitos hacen referencia a determinados escenarios que afectan la integridad de la decisión judicial y que justifican la intervención del juez constitucional para la salvaguarda de los derechos fundamentales.

35. De esta manera, para que prospere una tutela contra providencia judicial se requiere que se configure, al menos, uno de los siguientes defectos: i) orgánico; ii) procedimental absoluto; iii) fáctico; iv) material o sustantivo; v) error inducido a la autoridad judicial; vi) decisión sin motivación; vii) desconocimiento del precedente constitucional; o viii) violación directa de la Constitución11.

3.4.1. Análisis de los requisitos generales de procedibilidad

36. Con respecto al requisito de relevancia constitucional, la jurisprudencia de la Corte Constitucional 12 ha destacado el deber que le asiste al juez de tutela de pronunciarse de forma expresa, y con claridad, en torno a las razones por las cuales el asunto que entra a resolver supera este presupuesto, de cara a los lineamientos que ha impartido el órgano de cierre sobre la materia.

37. Así pues, la Corte Constitucional 13 ha fijado unos criterios que deben ser acatados con el fin de tener por superado el requisito de relevancia constitucional en un caso en concreto, los cuales son los siguientes:

9 Corte Constitucional, sentencia SU-813 de 2007. 10 Corte Constitucional, Sentencia SU-024 de 2018.

en un caso en concreto, los cuales son los siguientes:

9 Corte Constitucional, sentencia SU-813 de 2007. 10 Corte Constitucional, Sentencia SU-024 de 2018. 11 Corte Constitucional, Sentencias T-310 de 2009, SU-072 de 2018, SU-215 de 2022. 12 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022. 13 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.Radicado: 11001-03-15-000-2025-06769-00

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1. Que esté inmiscuido «el contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental y no referirse exclusivamente a un asunto meramente legal y/o económico»14 lo que implica revisar «que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental»15; ii) que el asunto no sea exclusivamente económico o que no tenga únicamente un carácter legal, lo que ocurre por ejemplo cuando se discute la forma de interpretar o aplicar una norma o en los eventos en que la controversia versa sobre un aspecto monetario que solo comporta incidencia para los particulares más no para el interés general; y iii) que la solicitud de amparo cumpla con una carga argumentativa mínima que permita exponer las razones por las cuales la providencia judicial incurrió en una afectación grave de derechos fundamentales.

38. En el caso particular, la cuestión que se discute reviste de relevancia constitucional, toda vez que la parte accionante, más allá de mencionar que existió una afectación de sus derechos fundamentales, indicó expresamente que en la

38. En el caso particular, la cuestión que se discute reviste de relevancia constitucional, toda vez que la parte accionante, más allá de mencionar que existió una afectación de sus derechos fundamentales, indicó expresamente que en la decisión cuestionada se configuró un desconocimiento del ordenamiento jurídico que, a su juicio, impidió que se expidiera una providencia ajustada a derecho.

39. También, supera la presente acción el requisito de subsidiariedad porque la parte actora no cuenta con otros mecanismos ordinarios y/o extraordinarios para la protección de sus derechos fundamentales, pues agotó las instancias respectivas dentro del medio de nulidad y restablecimiento del derecho en el que se profirió la decisión objeto de tutela.

40. Asimismo, el requisito de inmediatez se encuentra satisfecho, toda vez que la sentencia proferida el 4 de septiembre de 2025 por el Tribunal Administrativo d el Putumayo fue notificada el 5 de septiembre de 2025 16 y la demanda de tutela se presentó el 28 de octubre siguiente17, esto es, dentro del plazo de seis meses previsto por la jurisprudencia constitucional 18 y del Consejo de Estado 19 como razonable.

41. En cuanto al requisito de identificación de los hechos y argumentos , este se encuentra cumplido en el presente asunto, en la medida en que la parte actora mencionó con claridad los hechos y los fundamentos de la afectación alegada, y no resultaba posible que hubiera alegado la vulneración reclamada en sede del proceso objeto de estudio, precisamente porque su cuestionamiento está dirigido en contra de la decisión que le puso fin a la actuación judicial.

resultaba posible que hubiera alegado la vulneración reclamada en sede del proceso objeto de estudio, precisamente porque su cuestionamiento está dirigido en contra de la decisión que le puso fin a la actuación judicial.

42. Finalmente, la providencia reprochada no fue emitida dentro de un trámite de tutela, sino que se dictó al interior de un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.

14 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022. 15 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022. 16 Samai, exp. 86001-33-33-001-2022-00295-01, índice 14. 17 Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-06769-00, índice 1. 18 Corte Constitucional, sentencia T-466 de 2022. 19 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso -Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014, expediente núm. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).Radicado: 11001-03-15-000-2025-06769-00

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43. De acuerdo con lo expuesto, la Sala encuentra superados los requisitos generales de procedibilidad en relación con el defecto sustantivo , en ese orden, continuará con el análisis de fondo en los términos que planteó la parte actora.

3.5. Problema jurídico

44. Corresponde a la Sala determinar si el Tribunal Administrativo del Putumayo vulneró los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, al mínimo vital y a la seguridad social del señor José Wilson Correa Rincón. En particular, deberá

44. Corresponde a la Sala determinar si el Tribunal Administrativo del Putumayo vulneró los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, al mínimo vital y a la seguridad social del señor José Wilson Correa Rincón. En particular, deberá establecer si incurrió en el defecto sustantivo al proferir la sentencia del 4 de septiembre de 2025, que revocó la providencia del 21 de marzo de 2024, expedida por el Juzgado Primero Administrativo de Mocoa y, su lugar, negó el reconocimiento y pago del subsidio familiar reclamado por el accionante.

45. Para el efecto, se estudiarán : i) las generalidades del defecto invocado ; ii) el subsidio familiar de los soldados profesionales y iii) el caso concreto.

3.5.1. El defecto sustantivo

46. La Corte Constitucional ha reiterado en su jurisprudencia que el defecto sustantivo se presenta cuando la decisión judicial es proferida con fundamento en una norma claramente inaplicable al caso concreto, ya sea porque perdió vigencia, porque su aplicació n resulta del todo inconstitucional por haber sido declarada inexequible, fue derogada o subrogada o porque su contenido no guarda relación de conexidad material con los presupuestos de hecho a los cuales se ha aplicado20.

47. De este modo, para que se predique tal defecto, es preciso tener en cuenta que la acción de tutela no puede interponerse para controvertir la razonable interpretación de una norma legal o reglamentaria, debido a que los jueces son autónomos para escoger, entre diversas interpretaciones de una disposición legal, la que consideren más acorde con el ordenamiento jurídico en atención a lo dispuesto en el artículo 230 de la Constitución Política.

autónomos para escoger, entre diversas interpretaciones de una disposición legal, la que consideren más acorde con el ordenamiento jurídico en atención a lo dispuesto en el artículo 230 de la Constitución Política.

48. La Corte Constitucional, se pronunció sobre la limitación del principio de la autonomía de los jueces para aplicar e interpretar las normas, en los siguientes

términos:

[…] Puede, entonces, señalarse que la función otorgada a los funcionarios judiciales en su labor de administrar justicia y concretamente de aplicación e interpretación de las normas jurídicas que encuentra su soporte en el principio de autonomía e independencia judicial no es absoluta por cuanto se encuentra sujeta a los valores, principios y derechos previstos en la Constitución. Por ello, “pese a la autonomía de los jueces para elegir las normas jurídicas pertinentes al caso concreto, para determinar su forma de aplicación y para establecer la manera de interpretar e integrar el ordenamiento jurídico, en esta labor no le es dable apartarse de las disposiciones de la Constitución o la ley, ya que la justicia se administra con sujeción a los contenidos, postulados y principios constitucionales que son de forzosa aplicación […]21.

20 Corte Constitucional, sentencia SU-649 de 2017. 21 Corte Constitucional, sentencia T-284 de 2006, criterio reiterado en la sentencia T-450 de 2018.Radicado: 11001-03-15-000-2025-06769-00

Accionantes: José Wilson Correa Rincón

Accionado: Tribunal Administrativo del Putumayo

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49. En este sentido, la Corte ha precisado que la independencia y la autonomía de los jueces para aplicar e interpretar una norma jurídica en la solución del caso

Accionado: Tribunal Administrativo del Putumayo

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49. En este sentido, la Corte ha precisado que la independencia y la autonomía de los jueces para aplicar e interpretar una norma jurídica en la solución del caso sometido a su estudio no es absolut