CE - Sentencia 11001031500020250677200 de 2025

Radicado: 11001-03-15-000-2025-06772-00

Accionantes: Wilson Ruiz Orejuela y otro

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

CONSEJERA PONENTE: ADRIANA POLIDURA CASTILLO

BogotÆ D.C., doce (12) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

Radicación: 11001-03-15-000-2025-06772-00

Accionantes: Wilson Ruiz Orejuela y William IvÆn Torres Mejía

Accionado: Consejo de Estado-Sección Quinta Referencia: Acción de tutela

Acción de tutela contra providencia judicial. Requisitos generales de la acción de tut ela contra providencia judicial. Relevancia constitucional. Improcedencia

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela formulada por Wilson Ruiz Orejuela y Wil liam IvÆn Torres Mejía en contra del Consejo de Estado-Sección Quinta.

I. ANTECEDENTES

1. Solicitud de tutela

Wilson Ruiz Orejuela y William IvÆn Mejía Torres, en nombre propio, formularon acción de tutela mediante el cual solicitaron el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, a la participación política y de acceso a la administración de justicia1, que consideraron vulnerados por el Consejo de Estado-Sección Quinta, c on ocasión del fallo de œnica instancia del 16 de octubre de 2025, que negó las pretensiones de la demanda, dentro del proceso de nulidad electoral identificado c on el radicado

ocasión del fallo de œnica instancia del 16 de octubre de 2025, que negó las pretensiones de la demanda, dentro del proceso de nulidad electoral identificado c on el radicado nœmero 11001-03-28-000-2025-00052-00.

2. Hechos

La causa petendi del escrito se sustenta en la siguiente relación fÆctica:

2.1. El 5 de marzo de 2025 en sesión del Congreso de la Repœblica fue acep tada la renuncia del seæor CØsar Augusto Lorduy, como miembro del Consejo Nacional Electoral.

2.2. Como consecuencia de lo anterior, el Congreso de la Repœblica profirió la Resolución 004 del 11 de marzo de 2025 “POR LA CUAL SE ESTABLECE UN CRONOGRAMA DE

CONVOCATORIA PARA PROVEER UNA VACANCIA DEFINITIVA POR RENUNCIA

1 ˝ndice 00002 del aplicativo SAMAI, certificado 18186B42 4CE2E522 E33A20A40CFA0EC0 10376607047D3524

0798F3487F3DBEC3.0000

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IRREVOCABLE DE MAGISTRADO EN EL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL ”2, la cual fue modificada por la Resolución 005 del 28 de marzo de 2025.

2.3. El 8 de abril de 2025, en sesión del Congreso Pleno, fue elegido el ciudadano `lvaro Echeverry Londoæo, como miembro del Consejo Nacional Electoral (en adelante C NE) con 205 votos, de acuerdo con la convocatoria y procedimiento determ inado en las

Echeverry Londoæo, como miembro del Consejo Nacional Electoral (en adelante C NE) con 205 votos, de acuerdo con la convocatoria y procedimiento determ inado en las resoluciones 004 y 005 del 11 y 28 de marzo de 2025.

2.4. Por lo expuesto, los seæores Wilson Ruiz Orejuela y William IvÆn Mejía Torr es presentaron demanda en ejercicio del medio de control de nulidad electoral con el fin de que se declarara la nulidad del acto de elección del seæor `lvaro Echeverry Lond oæo como miembro del CNE, así como de las resoluciones 004 y 005 del 11 y 28 de marzo de 2025, respectivamente.

Los allí demandantes indicaron que había un vacío legal respecto al procedimie nto para la elección del miembro del Consejo Nacional Electoral, por cuanto no existían reglas claras para este fin, en esa medida, consideraron que al partido Centro Demo crÆtico se le vulneró el debido proceso y el derecho a elegir y ser elegido, por no haberle permitido ejercer su derecho de postulación, toda vez que la convocatoria se circun scribió a los partidos o movimientos por los cuales el seæor Lorduy presentó su candidatura, com o se desprendía del artículo 1 de la citada resolución, que disponía:

“Establecer el cronograma con el fin de suplir vacancia definitiva presentada en el Consejo Nacional Electoral, y Convocar a los Partidos o Movimientos Políticos con personería jurídica o por coaliciones entre ellos, los cuales participaron en l a postulación por medio del cual se eligió al magistrado CØsar Augusto Lorduy Maldonado, para que postulen sus candidatos a proveer el cargo de Magistrado del Consejo Nacional Electoral”3.

postulación por medio del cual se eligió al magistrado CØsar Augusto Lorduy Maldonado, para que postulen sus candidatos a proveer el cargo de Magistrado del Consejo Nacional Electoral”3.

En virtud de la norma trascrita, estimaron que solo se facultó para postular c andidatos a los partidos que conformaron la coalición por la cual presentó su candidatura el seæ or Lorduy Maldonado, esto es: Movimiento Colombia Humana, Alianza DemocrÆtica Amplia, Movimiento Alternativo Indígena (MAIS), Partido Polo DemocrÆtico, Unión Patrió tica, Liga, MIRA, Movimiento de Autoridades Indígenas de Colombia, Demócrata Colombiano, Liberal Colombiano, Conservador Colombiano, Unión por la Gente (U), Cambio Radical, Alianza Verde, Partido Comunes, Alianza Social e Independiente (ASI).

Indicaron que la citada resolución fue remitida al partido Centro DemocrÆtico a l correo info@centrodemocratico.com, con el texto “me permito notificar el cronograma para proveer una vacancia definitiva por renuncia irrevocable de magistrado en el Con sejo Nacional Electoral”4, sin embargo, aducen que la colectividad no autorizó la notificación al referido correo por lo que la misma no fue realizada en debida forma.

2 ˝ndice 00026 del expediente digital de nulidad elect oral radicado 11001-03-28-000-2025-00052-00, certificado

4F84857F2BE8E9E7 596019CE072A8224 ACF300564B0473C3 637DF1F725111523.

3 Ibid. 4 Ibid.0000

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3 Ibid. 4 Ibid.0000

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Por lo tanto, los demandantes formularon de manda de nulidad electo ral, al considerar que los actos cuestionados incurrieron en las causales de nulidad de i) infracción a norma superior, ii) falsa motivación, iii) indebida notificación de la Resolución 004 de 11 de marzo de 2025.

2.5. El asunto le correspondió por reparto a la Sección Quinta del Consejo de Estado bajo el radicado nœmero 11001-03-28-000-2025-00052-00, autoridad judicial que, mediante sentencia del 16 de octubre de 2025 5 negó las pretensiones de la demanda y concluyó que:

“✓ El vacío normativo relacionado con la forma de llenar las vacantes definitivas de los miembros del Consejo Nacional Electoral se suple acudiendo a la Ley 5.“ de 1992, artículos 21, 22 y 136, que regula la elección de los «De los funcionarios elegidos por el congreso».

✓ Si bien se demostró que la convocatoria para elegir el reemplazo de Cesar Augusto Lorduy Maldonado fue irregular pues se limitó a invitar a los partidos que en su momento lo postularon, esta situación no tuvo la incidencia suficiente para afectar la legalidad de la elección de `lvaro Echeverry Londoæo, pues no se materializado la alegada vulneración de los derechos del Centro DemocrÆtico.

✓ Los actos demandados no incurren en falsa motivación y fueron debidamente notificados y publicados”6.

alegada vulneración de los derechos del Centro DemocrÆtico.

✓ Los actos demandados no incurren en falsa motivación y fueron debidamente notificados y publicados”6.

Frente a la anterior decisión los magistrados Gloria María Gómez Montoya y Omar Joaquín Barreto Suarez presentaron salvamento de voto.

3. Pretensiones y argumentos de la solicitud

La parte actora solicitó al juez constitucional amparar sus derechos funda mentales al debido proceso, a la igualdad, a la participación política y de acceso a la ad ministración de justicia. En consecuencia, pidió:

“2. Que se declare la nulidad de la sentencia del 16/10/2025 (Rad. 11001-03-28-0002025-00052 00) por violación directa a la Constitución.

3. Que se declare la Nulidad de la Elección del Magistrado `lvaro Echeverry Londoæo por violación directa de la Constitución y falsa motivación.

4. Subsidiariamente, que se dejen sin efectos la sentencia de 16/10/2025 (Rad. 11001-03-28 000-2025-00052-00) y se ordene emitir nueva decisión respetando l a sub-regla del art. 264 C.P. (convocatoria amplia) y absteniØndose de apli car un test de “incidencia” incompatible con la naturaleza del vicio”7.

5 Como da cuenta el informe secretarial del 10 de octubre de 2025 del expediente 11001-03-28-000-2025-00052-0 0,

la ponencia sometida a consideración de la Sala no obtu vo la mayoría requerida para su aprobación, por tanto, el expediente cambió de magistrado sustanciador. En consecuencia, se nombró un conjuez para proferir la ponencia de mayorías. 6 ˝ndice 00002 del aplicativo SAMAI, certificado F452384591 11ADF7 A6EF162BE6E1F42D 129FB7EE2B6EEE7E 8733F8C8C0DA7816. 7 ˝ndice 00002 del aplicativo SAMAI, certificado 18186B424CE2E522 E3 3A20A40CFA0EC0 10376607047D3524

0798F3487F3DBEC3.0000

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Como fundamento a sus pretensiones adujo que el “defecto sustantivo en el incurre la sección quinta del Honorable Consejo de Estado es tan evidente que dos de sus magistrados titulares salvaron voto en la decisión adoptada, pues claramente se evidencia en la sentencia impugnada como la misma sección reconoce una vulneració n a la carta magna. Luego no resulta admisible desde ninguna óptica constitu cional, que reconocida la vulneración al orden constitucional se pretenda modular sus e fectos, en contravía del mismo artículo 4 superior, contra cuyo parÆmetro no existe otro criteri o de medición y el mismo se torna absoluto. Es decir, si viola la constitución es de base inconstitucional. No necesita otro criterio de validación porque es la norma de normas la que lo estÆ evaluando, en ese sentido, pretender relativizar el alcance de la norma

inconstitucional. No necesita otro criterio de validación porque es la norma de normas la que lo estÆ evaluando, en ese sentido, pretender relativizar el alcance de la norma constitucional, viola de facto el debido proceso”8.

Adicionalmente, indicó que se vulneró su derecho de acceso a la administració n de justicia “al desconocerse el precedente aplicable y aplicarse un test de “incidencia” incompatible con la naturaleza objetiva del control de legalidad electoral”9.

Citó los argumentos expuestos por los magistrados en sus votos disidentes y explicó que a partir de estos “y la jurisprudencia disponible en materia de defectos sustantivos, así como de cada uno de los derechos fundamentales que se alegan vulnerados, se colige una evidente vía de hecho judicial, que transgrede los fundamentos del E stado Constitucional de Derecho”10.

Sostuvo que el caso en estudio tenía relevancia constitucional porque se pon e de presente un vacío normativo de orden legal, que ha merecido incluso el exhorto de la Sala de Consulta y Servicio Civil, respecto del procedimiento que debe seguirse para efectos de proveer una vacante definitiva al interior del Consejo Nacional Electoral – CNE. Indicó que la falta de claridad normativa y la omisión legislativa relativa, q ue era notoria en el caso en estudio, ha conducido a interpretaciones abiertamente irrazon ables, entre ellas la que conllevó al nombramiento de un conjuez, pues dos de los cuatro magistrados que conformaban la sala, llegaron a considerar viable la relativización de las clÆu sulas constitucionales.

Afirmó que los argumentos de soporte del fallo resultaban ser tan crea tivos que incluso

que conformaban la sala, llegaron a considerar viable la relativización de las clÆu sulas constitucionales.

Afirmó que los argumentos de soporte del fallo resultaban ser tan crea tivos que incluso rayaban con el absurdo, pues no resultaba lógico insinuar que una nulidad d erivada de una violación directa de la Constitución podía sanearse con una reclamación a nte la entidad que comete la infracción.

Puso de presente que, antes de la radicación del medio de control de nulid ad electoral, habían interpuesto una acción de tutela, en procura de defender y evita r la vulneración de la colectividad del Centro DemocrÆtico, sin embargo, esta había sido negada. Por consiguiente, manifestó que era falso que no se hubieran ejercido acciones tendientes a proteger su derecho de postulación.

8 Ibid. 9 Ibid. 10 Ibid.0000

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4. TrÆmite de tutela e intervenciones

El Despacho de la magistrada ponente, con auto del 29 de octubre de 202511 admitió la acción de tutela; vinculó como terceros con interØs al seæor `lvaro Echeverry Londoæ o, al Consejo Nacional Electoral, al Congreso de la Repœblica y al seæor Jhoan Su Ærez.; ademÆs, pidió a la autoridad judicial accionada que aportara el e xpediente de nulidad electoral; ordenó la notificación a las partes y suspendió los tØrminos.

Enviadas las notificaciones de rigor, se recibieron los siguientes informes:

electoral; ordenó la notificación a las partes y suspendió los tØrminos.

Enviadas las notificaciones de rigor, se recibieron los siguientes informes:

4.1. El Congreso de la Repœblica12 solicitó su desvinculación de la acción constitucional, en razón a que se configuró una falta de legitimación en la causa por pasiva.

Puso de presente que el accionante cuestiona una decisión emitida por u na autoridad judicial, cuyas funciones son ajenas a las competencias de la entidad. Por ello consideró que no era responsable de proteger los derechos seæalados por el accionante, toda vez que no fungió como juez natural dentro del proceso administrativo en el que se profirió la providencia censurada.

4.2. El Consejo de Estado-Sección Quinta 13 aportó copia digital del expediente ordinario y solicitó declarar la improcedencia de la acción en la medida en que no superó el requisito de relevancia constitucional o en su defecto que se nieguen las pretensiones de amparo, toda vez que no se advierte la configuración del yerro seæala do por la parte tutelante y, en consecuencia, no existe la alegada vulneración de sus derec hos fundamentales, en los tØrminos indicados.

Indicó que la solicitud de amparo no superaba el requisito de relevancia constitucio nal, en tanto los reparos propuestos por la parte actora se fundamentaron en la postura disidente de dos magistrados que salvaron su voto. Aunado a que ponen en tela de juicio los argumentos que llevaron a que la mayoría de la Sala decidiera no anular la elección demandada, lo que deja ver que, realmente, acuden a este mec anismo constitucional

disidente de dos magistrados que salvaron su voto. Aunado a que ponen en tela de juicio los argumentos que llevaron a que la mayoría de la Sala decidiera no anular la elección demandada, lo que deja ver que, realmente, acuden a este mec anismo constitucional como instancia adicional y con la œnica finalidad de cuestionar el fallo y no de propender por la defensa de sus garantías constitucionales.

Seæaló que a pesar de que se alegó la configuración de un defect o sustantivo, lo cierto era que su œnico reproche recaía en que se impidió el derecho a la participación política de aquellos partidos que contaban con personería jurídica y no fue ron convocados, lo cual fue objeto de estudio y decisión en la providencia que se preten de tutelar, sin dar cuenta de las razones por las cuales ese yerro podría concretarse.

11 ˝ndice 00004 del aplicativo SAMAI, certificado 7F8A765ED54 DCD99 87BF0AAD392F51EF FA039FF52213CDAD A508516159DE47C4. 12 ˝ndice 00008 del aplicativo SAMAI, certificado C4B7D27A5DF4B216 EF0E14B1ECD821E2 DA12706474624427 360C02CD62DAE831. 13 ˝ndice 00010 del aplicativo SAMAI, certificado 135723EEF2B2F661 76ECD442C1DE81E9 27E1C236B7EE2A9C

F898A52414B0BD9B.0000

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Adicionalmente, explicó que no podía concluirse que la tutela era relevan te constitucionalmente por el hecho que los accionantes pusieran de presente un vacío normativo y porque sus argumentos fueron expuestos ante el juez natural, pues esto conduciría a que se pretenda utilizar la acción de tutela como una instanci a adicional. AdemÆs, resaltó que fue la Sala la que demostró la existencia del vacío n ormativo relacionado con la forma de suplir las vacantes definitivas de los miembros del CNE, razón por la que, debió acudirse al contenido de los artículos 21, 22 y 136 del Reglamento del Congreso de la Repœblica.

Destacó que, si bien era cierto que existía una falta de regulación en el caso de cidido, tambiØn lo es que este aspecto fue debatido y definido en el cuestio nado fallo, sin que resulte procedente acudir a este mismo argumento, en sede de tute la, porque dichos supuestos no demuestran la vulneración de derechos fundamentales, sino la inconformidad de los accionantes con la decisión desfavorable.

Finalmente, advirtió que los accionantes afirmaron que se pasó por alto el precedente aplicable, no obstante, omitieron identificar la providencia en la que fund aban el cargo y la forma en que resultó desconocida, pues simplemente se limitan a cuestionar la decisión tutelada con base, exclusivamente, en algunos apartes de los salvamentos de voto, pero

la forma en que resultó desconocida, pues simplemente se limitan a cuestionar la decisión tutelada con base, exclusivamente, en algunos apartes de los salvamentos de voto, pero sin desarrollar el vicio alegado, lo cual resulta suficiente para despacharlo de m anera negativa.

4.3. `lvaro Echeverry Londoæo 14 se opuso a las pretensiones de amparo y solicitó declarar la improcedencia de la acción por no superar el requisito de relevancia constitucional.

Puso de presente que el escrito carecía de carga argumentativa para acreditar la vulneración de algœn derecho fundamental. Advirtió que a pesar de que los convocantes esbozaron la existencia de un defecto sustantivo, derivado del desconocimiento del procedimiento para postular candidatos al CNE, lo cierto es que de modo alguno explicaron cómo se vulneró el debido proceso, pues ninguno alegó haber intentado ser candidato de ese cuerpo electoral.

Al margen de lo anterior, seæaló que la discusión sobre el procedimiento seguido para la elección del magistrado del CNE no constituía, por sí misma, una vulneració n de las garantías constitucionales. Esto se mantiene incluso en el supuesto de qu e se considerara desconocido el marco legal aplicable. Lo anterior, porque el Øxito de la acción de tutela no depende œnicamente de demostrar que el Congreso restringió el derecho de postulación del Centro DemocrÆtico, sino de acreditar que dicha situación, de ser cierta, comportó la vulneración de los derechos fundamentales de los accionantes.

Destacó que los derechos fundamentales cuya presunta vulneración puede dar lugar al amparo de tutela deben tener como titular al propio accionante, y no a terceros, salvo que

comportó la vulneración de los derechos fundamentales de los accionantes.

Destacó que los derechos fundamentales cuya presunta vulneración puede dar lugar al amparo de tutela deben tener como titular al propio accionante, y no a terceros, salvo que

14 ˝ndice 00014 del aplicativo SAMAI, certificado 5A938D0B6E5C92FD 4F2715DBBAA39F85 689A5C2E41B91311

86802E80A9F02CEF.0000

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se actœe en calidad de agente oficioso. Sin embargo, dicha calidad no fue invocada por los actores, ni en el proceso electoral ni en esta acción constitucional.

Sostuvo que el planteamiento de los hechos de los actores fue precario pues se limitaron a mencionar la realización de la elección del magistrado del CNE por parte del Congreso de la Repœblica; que la sentencia reconoció que la reglamentación del Congreso estableció una restricción ilegal de los partidos que no participaron en la elección del magistrado que generó la vacante absoluta, pero que ello no impli có restricción real al partido Centro DemocrÆtico, quien se abstuvo voluntariamente de hacerlo ; y que la decisión tuvo dos salvamentos de voto. Sin embargo, indicó que la parte actora omitió la existencia de una muy importante aclaración de voto.

4.4. Los demÆs sujetos procesales, guardaron silencio, a pesar de haber sido no tificados en debida forma.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

4.4. Los demÆs sujetos procesales, guardaron silencio, a pesar de haber sido no tificados en debida forma.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

Esta Sala es competente para decidir la presente acción de tutela, de conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Política y en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991.

2. Legitimación en la causa

2.1. La Sala encuentra acreditada la legitimación en la causa por activa, porque Wilson Ruiz Orejuela y William IvÆn Torres Mejía son los titulares de las garantías constitucionales que afirman fueron vulneradas en su condición de d emandantes dentro del medio de control de nulidad electoral, con radicado nœm. 1100103-28-000-202500052-00.

2.2. TambiØn estÆ probada la legitimación en la causa por pasiva porque el Consejo de Estado-Sección Quinta fue la autoridad que profirió la sentencia del 16 de octubre de 2025, que puso fin al proceso de nulidad electoral y que, segœn la pa rte actora, vulneró sus derechos fundamentales.

3. Problema jurídico.

Corresponde a la Sala determinar si en el caso sub judice se encuentran superados los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial. En caso afirmativo, se procederÆ a realizar el estudio de fondo frente a los argu mentos expuestos por la parte accionante.0000

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4. Procedibilidad de la acción.

expuestos por la parte accionante.0000

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4. Procedibilidad de la acción.

En los casos en que la solicitud de amparo ataca una providencia judicial, la doctrina constitucional ha indicado que el juez de tutela debe, en forma prelimina r, realizar un examen de procedibilidad general de la acción, pues solo una vez verificada la observancia de los requisitos que la determinan, procede el pronunciamiento de fondo sobre la problemÆtica jurídica que el extremo actor plantea, en función de los defectos que reprocha a la actuación acusada y conforme a las causales específica s de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.

Es así como, tratÆndose de acciones de tutela contra providencias judiciales, la Corte Constitucional a travØs de la sentencia C-590 de 2005 15 indicó que estas proceden si se cumplen ciertos y rigurosos requisitos de procedibilidad, unos de carÆcter general, que habilitan la interposición de la tutela 16 y otros de carÆcter específico, que tocan con la procedencia misma del amparo, una vez interpuesto17.

Bajo esta línea jurisprudencial, en este tipo de tutelas, “la función del juez de tutela no es la de fungir como una instancia adicional del procedimiento judicial que se cuestiona pues ello desconocería la competencia y finalidad de administración de justicia por parte de los jueces naturales, así como su autonomía funcional”18.

4.1. Relevancia constitucional.

Dado que la acción de tutela no es una instancia adicional para controvertir las decisiones

jueces naturales, así como su autonomía funcional”18.

4.1. Relevancia constitucional.

Dado que la acción de tutela no es una instancia adicional para controvertir las decisiones judiciales y, por el contrario, es un mecanismo excepcional cuyo objeto exclusivo es la protección efectiva de los derechos fundamentales, se requiere que el asunto que origina la solicitud de amparo contra una providencia judicial tenga una clara, marcada e indiscutible importancia constitucional, lo que impide que el juez constitucional inva da la

15 Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviæo. 16 De acuerdo con la sentencia C-590 de 2005, la tutela e n contra de providencia judicial estÆ sujeta al cumpl imiento de los siguientes requisitos generales de procedibilidad : que el asunto sometido a estudio del juez de tutela tenga relevancia constitucional; que el actor haya agotado los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios antes de acudir al juez de tutela; que la petición cumpla con el requisito de inmediatez; que en el evento de fundamentarse la solicitud en una irregularidad procesal, esta tenga incidencia di recta en la decisión de fondo que se estima violatoria de los derechos fundamentales; que se identifiquen en forma razo nable los hechos que generan la vulneración de los derechos y, de ser posible, hayan sido cuestionados al interior del proceso y; que el fallo censurado no sea de tutela 17 Las causales específicas de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial se concretan en lo s defectos o errores en que puede incurrir la decisión cuestionada, de modo que, si en una decisión judicial se presenta

17 Las causales específicas de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial se concretan en lo s defectos o errores en que puede incurrir la decisión cuestionada, de modo que, si en una decisión judicial se presenta alguna de las causales específicas, podrÆ ser razón sufic iente para el amparo constitucional. A saber: a) Defecto orgÆnico, que se presenta cuando el juez carece de comp etencia; b) defecto procedimental, que ocurre cuando la autoridad judicial actuó al margen del procedimiento establecido; c) defecto fÆctico, esto es, cuando el juez no tuvo en cuenta el material de prueba obrante en el expediente para proferir decisión; d) defecto material o sustantivo, el que se origina en el evento en que se decida con fundamento en normas inexistentes o inconstitucionales, en contravía d e ellas, o existe una evidente y grosera contradicción entr e los fundamentos y la decisión; e) error inducido, cuand o la autoridad judicial es víctima de engaæo por terceros y el mismo lo condujo a tomar una decisión que afecta derec hos fundamentales; f) decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar c uenta de los fundamentos fÆcticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional; g) desconocimiento del precedente constitucional, cuando la Corte Constituciona l establece el alcance de un derecho fundamental y el jue z ordinario aplica una ley limitando sustancialmente di cho alcance y h) violación directa de la Constitución Política, cuando los jueces desconocen la aplicación de la Le y

establece el alcance de un derecho fundamental y el jue z ordinario aplica una ley limitando sustancialmente di cho alcance y h) violación directa de la Constitución Política, cuando los jueces desconocen la aplicación de la Le y Fundamental, conforme al mandato consagrado en el artícul o 4” de la Carta Política que antepone de manera preferente la aplicación de sus postulados. 17 Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviæo. 18 Corte Constitucional, sentencia T-066 de 2019, que, a su vez reitera la T-336 de 2004.0000

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órbita de competencia del juez natural de la causa, a la vez que garantiza la au tonomía e independencia judicial.

Así, la Corte Constitucional ha resaltado que la relevancia constitucional tiene por finalidad: “(i) preservar la competencia y la independencia de los jueces de las jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de t utela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad; (ii) restringir el eje rcicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los derechos fundamentales y, finalmente, (iii) impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces”19.

En línea con lo anterior, en la SU-215 de 2022 la Corte Constitucional fijó como criterios para definir el cumplimiento del requisito de relevancia constitucional: i) que el debate en

adicional para controvertir las decisiones de los jueces”19.

En línea con lo anterior, en la SU-215 de 2022 la Corte Constitucional fijó como criterios para definir el cumplimiento del requisito de relevancia constitucional: i) que el debate en tutela gire en torno al contenido, alcance y goce de un derecho fundam ental; ii) que la controversia no se limite a asuntos de mera legalidad o económicos; y, iii) que el reparo formule argumentos suficientes dirigidos a demostrar la configuración de un defecto.

AdemÆs, indicó que, si la providencia objeto de reparo fue emitida po r una alta corte, el estudio de procedibilidad debe ser mucho mÆs estricto, lo que implica verifica r la existencia de una actuación claramente arbitraria y violatoria de derechos fundamentales.

De modo que, en las acciones de tutela interpuestas contra las decisiones judiciales, el anÆlisis de la relevancia constitucional como requisito de procedibilidad implica la necesidad de establecer: i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fund amental; ii) que la controversia no se limite a una discusión meramente legal o de conten ido estrictamente económico con connotaciones particulares o privadas; iii) que se justifique razonablemente una afectación desproporcionada a derechos fundamentales; y iv) que se advierta una verdadera vulneración arbitraria o violatoria de derechos fundamentales. De manera que la intervención del juez constitucional se establezca, exclusivamente, ante graves defectos constitucionales.

Como corolario de lo expuesto, el cumplimiento del requisito de procedibilidad

se advierta una verdadera vulnerac