CE - Sentencia 11001031500020250678200 de 2025

Radicado: 11001-03-15-000-2025-06782-00

Demandante: Provedata S.A.S.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN

Bogotá, D.C., tres (3) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

Radicado: 11001-03-15-000-2025-06782-00

Demandante: PROVEDATA S.A.S.

Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN B

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / Procedencia excepcional / RELEVANCIA CONSTITUCIONAL – No se cumple en este caso porque la solicitud de amparo pretende provocar un pronunciamiento sobre un asunto que ya fue resuelto por el juez natural, y carece de una carga argumentativa mínima.

La Sala decide la acción de tutela instaurada por la sociedad Provedata S.A.S. contra la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado.

I. A N T E C E D E N T E S

A. Pretensiones, hechos y argumentos de la demanda

1. El 28 de octubre de 2025, Provedata S.A.S. interpuso acción de tutela contra

I. A N T E C E D E N T E S

A. Pretensiones, hechos y argumentos de la demanda

1. El 28 de octubre de 2025, Provedata S.A.S. interpuso acción de tutela contra el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, por considerar vulnerado s sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y de acceso a la administración de justicia , con motivo de la sentencia de 26 de marzo de 2025 , proferida en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 25000-23-36-000-2016-02143-02 (68.731), a través de la cual se confirmó el fallo de primera instancia que negó las pretensiones de la demanda. Formuló las siguientes

pretensiones (se transcriben):

26. Petición principal: Que se deje sin efectos la sentencia de 26 de marzo de 2025 proferida por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, dentro del proceso promovido por PROVEDATA SAS contra

Computadores para Educar y Pontificia Universidad Javeriana.

Esta medida se solicita como garantía de los derechos fundamentales vulnerados, restableciendo la situación jurídica al estado anterior a dicha decisión y eliminando los efectos lesivos que esta conlleva, conforme al artículo 5 del Decreto 2591 de 1991, que establece: “El juez de tutela adoptará las medidas necesarias para la protección inmediata de los derechosRadicado: 11001-03-15-000-2025-06782-00

Demandante: Provedata S.A.S.

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Demandante: Provedata S.A.S.

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27. Petición derivada o consecuencial principal: Que el juez de tutela dicte una sentencia sustitutiva que corrija los defectos sustantivos y fácticos identificados, reconociendo la violación al pliego por Computadores para Educar y la obligación de reparar el perjuicio ocasionado a PROVEDATA SAS, descartando el informe de la Javeriana con datos falsos y reconociendo el indicador de carga visible.

28. Petición consecuencial subsidiaria: Que se ordene a la Subsección B de la Sección Tercera emitir un nuevo fallo conforme a las pautas de esta tutela, remitiendo la liquidación de daños a un incidente posterior conforme al artículo 193 del CPACA, modificado por el artículo 87 de la Ley 2080 de 2021, que permite: «La liquidación de perjuicios podrá realizarse en un incidente separado cuando su determinación requiera mayor complejidad o nuevas pruebas».

29. Medidas de cumplimiento y seguimiento: Solicito al Honorable Consejo de Estado que se impartan las órdenes necesarias para hacer efectiva la protección otorgada, incluyendo la comunicación inmediata del fallo de tutela a las partes del proceso original y, de ser procedente la orden de proferir una nueva sentencia, la fijación de un plazo razonable para ello, so pena de desacato, conforme al art ículo 52 del Decreto 2591 de 1991, que establece:

las partes del proceso original y, de ser procedente la orden de proferir una nueva sentencia, la fijación de un plazo razonable para ello, so pena de desacato, conforme al art ículo 52 del Decreto 2591 de 1991, que establece: “Desacato. La persona que incumpliere una orden de un juez proferida con base en el presente decreto incurrirá en desacato sancionable con arresto hasta de seis meses y multa hasta de 20 salarios mínimos mensuales, salvo que en este decreto ya se hubiere señalado una consecuencia jurídica distinta y sin perjuicio de las sanciones penales a que hubiere lugar…”. Igualmente, pido que se notifique de la presente acción a Computadores para Educar y Pontificia Uni versidad Javeriana en calidad de terceros interesados, y al Ministerio Público, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 16 del Decreto 2591 de 1991, que manda: “Notificaciones. Las providencias que se dicten se notificarán a las partes o intervinie ntes, por el medio que el juez considere más expedito y eficaz”.

2. Como fundamento de la solicitud de amparo, expuso los siguientes hechos:

3. El 18 de octubre de 2016, Provedata S.A.S. instauró demanda de nulidad y restablecimiento de l derecho contra Computadores para Educar y la Pontificia Universidad Javeriana, con el fin de que se declarara la nulidad de: (i) la Resolución 041 de 4 de mayo de 2016, mediante la cual se adjudicó el contrato para la adquisición de t abletas par a alumnos y docentes, en el proceso de selección

041 de 4 de mayo de 2016, mediante la cual se adjudicó el contrato para la adquisición de t abletas par a alumnos y docentes, en el proceso de selección abreviada por subasta electrónica n.º 1 de 2016 , y (ii) del «acto administrativo intermedio contenido en la Resolución 036 de 27 de abril de 2016 » que realizó la verificación de los requisitos habilitantes y le impidió a la demandante participar en la subasta. Como consecuencia, solicitó el pago del beneficio económico que dejó de recibir, en la suma estimada de $ 3.885.281.900, más los gastos en los que incurrió por haber sido oferente en el proceso de contratación, con intereses de mora y debidamente indexados. De manera subsidiaria, pidió declarar la nulidad parcial de la resolución, junto con los demás reconocimientos de la pretensión principal.

4. En primera instancia, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A , negó las pretensiones de la demanda. Consideró que la controversia versaba sobre un supuesto error en la prueba técnica que se practicó a las tabletas para determinar si cumplían el requisito habilitante consistente en laRadicado: 11001-03-15-000-2025-06782-00

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 3 carga del dispositivo, al menos en un 90 %, después de 5 horas de carga mediante la conexión a una toma eléctrica 1. La parte demandante aleg ó que la Universidad

www.consejodeestado.gov.co 3 carga del dispositivo, al menos en un 90 %, después de 5 horas de carga mediante la conexión a una toma eléctrica 1. La parte demandante aleg ó que la Universidad apagó manualmente el dispositivo, lo que generó un gasto energético , cuando lo correcto era reiniciarlo y repetir la prueba técnica . Luego de valorar el material probatorio, el a quo concluyó que no era posible establecer una errónea aplicación o determinación de la prueba técnica prevista para el proceso de selección, por parte de la Universidad.

5. La parte demandante interpuso recurso de apelación contra esa decisión.

Cuestionó la valoración de los videos aportados al proceso , que mostraban que el dispositivo sí tení an indicador de carga y no debió ser apagado manualmente , así como el voltaje que se utilizó en la prueba, coincidente con el del informe de la Universidad Nacional. Agregó que no se tuvo en cuenta el protocolo indicado en el pliego de condiciones, ni la confesión de la persona que practicó la prueba sobre la violación de ese protocolo, y tampoco el hecho de que se adjudicó el contrato a un oferente que usó tabletas de la misma marca y condiciones técnicas similares a las de la demandante. Añadió que no se tuvo en cuenta la inexperiencia de la Pontificia Universidad Javeriana y la falta de certificación de sus equipos y laboratorio.

6. En segunda instancia, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado confirmó la sentencia apelada, por estimar que no se demostró una violación al debido proceso o al derecho a la igualdad . En cuanto al primer cuestionamiento, relacionado con la violación del protocolo por haberse encendido y apagado la

Estado confirmó la sentencia apelada, por estimar que no se demostró una violación al debido proceso o al derecho a la igualdad . En cuanto al primer cuestionamiento, relacionado con la violación del protocolo por haberse encendido y apagado la tableta de la parte actora, indicó que en todos los casos se o primió el botón de encendido para visualizar el nivel de carga, tal como indicaba el protocolo, además, la decisión de dejar que se descargara completamente la batería del equipo de la demandante para reiniciar la prueba garantizó que su prueba se realizar a en condiciones de igualdad respecto a los demás proponentes.

7. En lo que respecta al voltaje utilizado en la prueba y en el informe pericial, advirtió la inconsistencia a la que aludió la parte actora sobre la diferencia en los potenciales eléctricos enun ciados, pero concluyó que la prueba realizada por la Universidad Nacional no era comparable con la del proceso de selección, como señaló el concepto técnico rendido por ingeniero electrónico.

8. Por lo demás, señaló que no estaba probada la falta de idoneida d de la Pontificia Universidad Javeriana para realizar la prueba técnica.

9. En la acción de tutela, l a sociedad demandante adujo que la sentencia cuestionada se basó en una interpretación equivocada y contraevidente del pliego de condiciones y el protocolo técnico, pues a pesar de que quedó probado que no se siguió estrictamente el procedimiento y que el informe de la Javeriana tenía inconsistencias en el voltaje utilizado, confirmó el fallo de primera instancia. Además, no se dio valor probatorio a las pruebas que aportó ni se analizó el protocolo técnico que realmente se aplicó, diferente al señalado en el pliego de condiciones.

inconsistencias en el voltaje utilizado, confirmó el fallo de primera instancia. Además, no se dio valor probatorio a las pruebas que aportó ni se analizó el protocolo técnico que realmente se aplicó, diferente al señalado en el pliego de condiciones.

1 Durante la prueba, la tableta de la sociedad demandante alcanzó un porcentaje de carga del 85 %.Radicado: 11001-03-15-000-2025-06782-00

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10. Adujo que en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho pretendió la protección de sus derechos al equilibrio en la selección, la buena fe y la confianza legítima en las reglas de juego estatales; sin embargo, esto se vio frustrado por los errores del ad quem.

11. Afirmó que «la sentencia del Consejo de Estado introdujo en segunda instancia elementos jurídicos nuevos -como la dependencia del informe de la Javeriana con datos falsos y la negación del indicador de cargaque no fueron considerados por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca , privando a Provedata SAS de la oportunidad de ejercer su defensa».

12. Con base en lo ant erior, sostuvo que la providencia adolece de los defectos sustantivo y fáctico.

13. Explicó que « la Subsección B, al interpretar el pliego en forma contraria a la intención de las partes y al propósito de igualdad, desconoció estos mandatos, basándose en un informe de la Javeriana con datos falsos y negando el indicador de

13. Explicó que « la Subsección B, al interpretar el pliego en forma contraria a la intención de las partes y al propósito de igualdad, desconoció estos mandatos, basándose en un informe de la Javeriana con datos falsos y negando el indicador de carga visible en la pantalla de la tableta de PROVEDATA SAS. En lugar de propender por una solución equilibrada y conforme a la buena fe, optó por una interpretación restrictiva que rompió el equilibrio en perjuicio de PROVEDATA SAS, contraviniendo la Ley 80/93 y el Código Civil, así como principios constitucionales como la justicia contractual y la confianza legítima ». Agregó que se dejó de aplicar «la norma estipulada en el pliego, como le y del proceso de selección para establecer la aplicación uniforme del protocolo técnico».

B. Trámite impartido e intervenciones

14. Mediante auto de 22 de octubre de 2025 se admitió la solicitud de amparo, se ordenó notificar la decisión a la autoridad judicial demandada, a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y, en calidad de terceros con interés, a los representantes legales de Computel System S.A.S ., Colsof S.A., Heritage Group S.A.S. y Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S., así como al rector de la Pontificia Universidad Javeriana y al director de Computadores para Educar . Adicionalmente, se decretaron las pruebas allegadas con la demanda y se ord enó oficiar a la secretaría del Tribunal Administrativo de Cundinamarca para que remitiera copia digitalizada o enlace con acceso al proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.

secretaría del Tribunal Administrativo de Cundinamarca para que remitiera copia digitalizada o enlace con acceso al proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.

15. La Pontific ia Universidad Javeriana señaló que no se reúne el requisito de inmediatez, porque la tutela se radicó siete meses después de dictada la sentencia que se cuestiona; además, no se configuraron los defectos señalados en la demanda, pues en el proceso de selec ción la demandante no puso de presente las irregularidades que ahora ponen de presente. Agregó que no se violaron derechos fundamentales en el proceso ordinario y, de hecho, la accionante ejerció el recurso de apelación contra la sentencia de primera insta ncia, y sus argumentos fueron resueltos mediante decisión de fondo, debidamente motivada. En relación con el derecho de acceso a la administración de justicia , sostuvo que Provedata S.A.S.Radicado: 11001-03-15-000-2025-06782-00

Demandante: Provedata S.A.S.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 5 intervino como sujeto procesal, sin restricciones. Por consiguiente , solicitó negar el amparo.

16. El magistrado ponente en la sentencia cuestionada adujo que la acción de tutela es manifiestamente improcedente, por falta de relevancia constitucional, pues su objetivo es provocar una tercera instancia . Indicó que la demandante está en desacuerdo con lo decidido, no porque se hubiera dejado de hacer una debida y correcta valoración probatoria, sino porque se concluyó que no hubo violación del

objetivo es provocar una tercera instancia . Indicó que la demandante está en desacuerdo con lo decidido, no porque se hubiera dejado de hacer una debida y correcta valoración probatoria, sino porque se concluyó que no hubo violación del protocolo de pruebas, de modo que la acción también es infundada. Añadió que la sentencia se encuentra « soportada en los elementos fácticos y jurídicos aplicables al caso sobre la base de una debida y ponderada valoración probatoria en el ámbito de la autonomía funcional de la sala de decisión que la profirió».

17. La Asociación Compu tadores para Educar manifestó que la acción de tutela carece de relevancia constitucional porque pretende someter al conocimiento del juez constitucional asuntos que fueron decididos en sede ordinaria ; además, no se plantea ningún debate sobre el alcance de derechos fundamentales y no se advierte actuación arbitraria de la Sala que profirió la sentencia. Asimismo, mencionó que la demanda se interpuso días previos a que se cumpliera el plazo de seis meses siguientes a la notificación de la decisión que se controvierte, por lo que se debió justificar la inacción en los meses anteriores. Adicionalmente, sostuvo que el razonamiento del ad quem no introdujo nuevos hechos ni alteró las reglas del proceso, sino que valoró las pruebas conforme a la sana crítica, de modo que no se configuraron los defectos alegados.

18. Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S. solicitó declarar improcedente la acción de tutela por incumplimiento de los requisitos formales para la procedibilidad de la acción de tutela . Puntualmente, señaló que el asunto no reviste relevancia constitucional porque solo discute situaciones probatorias y pretende usarse como

de tutela por incumplimiento de los requisitos formales para la procedibilidad de la acción de tutela . Puntualmente, señaló que el asunto no reviste relevancia constitucional porque solo discute situaciones probatorias y pretende usarse como una tercera instancia; además, se interpuso después de transcurridos más de 6 meses desde la notificación de la decisión cuestionada y, en todo caso, no se concretaron las causales para que proceda la acción constitucional.

II. C O N S I D E R A C I O N E S

C. Competencia

19. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado es competente para proferir sentencia de tutela de primera instancia, de conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Política y el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, en armonía con los artículos 13, 17 y 25 del Acuerdo 080 de 2019 (Reglamento Interno del Consejo de Estado).

D. Legitimación en la causa

20. La sociedad Prov edata S.A.S. se encuentra legitimad a para interponer la acción de tutela, toda vez que es la titular de los derechos fundamentales que considera vulnerados, en su condición de demandante en el proceso de nulidad yRadicado: 11001-03-15-000-2025-06782-00

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 6 restablecimiento del derecho con radicado 25000-23-36-000-2016-02143-02 (68.731), en el que se adoptó la decisión cuestionada.

www.consejodeestado.gov.co 6 restablecimiento del derecho con radicado 25000-23-36-000-2016-02143-02 (68.731), en el que se adoptó la decisión cuestionada.

21. El requisito de legitimación en la causa por pasiva también se cumple, porque el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B fue la autoridad judicial que profirió la sentencia de segunda instancia a la que se le atribuye la vulneración de los derechos fundamentales de la accionante.

D. Problema jurídico

20. La Sala deberá verificar si se superan los requisitos de procedencia de la acción de tutela. Sólo en el evento de que se reúnan estas exigencias, se analizará si se presentó la vulneración de los derechos fundamentales cuya protección se reclama.

E. Análisis de la Sala

21. Inmediatez. La Corte Constitucional ha señalado que el presupuesto de procedencia de la inmediatez exige que la tutela se presente en un plazo razonable, esto es, justo y moderado, con el fin de garantizar la protección inmediata de los derechos fundamentales que se estiman vulnerados o amenazados. Dicha exigencia se justifica en la necesidad de salvaguardar los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica, y de garantiz ar la esencia de este mecanismo judicial de protección inmediata y urgente2.

22. La calificación de plazo razonable le ha sido deferida al juez, quien es el llamado a analizar las circunstancias particulares de cada situación y a determinar si se cumplió este requisito de procedibilidad de la acción. Para ello, la jurisprudencia constitucional ha identificado ciertos criterios, unos denominados

llamado a analizar las circunstancias particulares de cada situación y a determinar si se cumplió este requisito de procedibilidad de la acción. Para ello, la jurisprudencia constitucional ha identificado ciertos criterios, unos denominados valorativos del plazo y, los otros, justificantes de la conducta del accionante3.

23. Entre los criterios valorativos de l plazo se encuentran: (i) la pertenencia del actor a un grupo vulnerable, (ii) las circunstancias que hayan impedido acudir de forma inmediata al juez de tutela, (iii) el aislamiento geográfico, (iv) la vulnerabilidad económica, (v) la eventual afectación de derechos de terceros, (vi) la diligencia (o falta de ella) por parte del accionante, y (vii) la posibilidad de que el amparo represente una seria afectación a la seguridad jurídica4.

24. Por su parte, los criterios justificantes de la conducta del accionante son: (i) que se demuestre que la vulneración es permanente, pese a que el hecho que la originó es «muy antiguo » respecto de la presentación de la tutela, y (ii) que la especial situaci ón del accionante haga desproporcionado adjudicar la carga de acudir al juez5.

2 Sobre el requisito general de la inmediatez, consultar, por ejemplo, Corte Constitucional, sentencias T-032 de 2023, T-020 de 2021, T-143 y T-061 de 2019, entre muchas más. 3 Corte Constitucional, sentencias SU-499 de 2016 y T-038 de 2017. 4 Al respecto, ver: Corte Constitucional, sentencia T-069 de 2015.

3 Corte Constitucional, sentencias SU-499 de 2016 y T-038 de 2017. 4 Al respecto, ver: Corte Constitucional, sentencia T-069 de 2015. 5 Al respecto, ver: Corte Constitucional, sentencia SU-499 de 2016.Radicado: 11001-03-15-000-2025-06782-00

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25. Ahora bien, tratándose de tutela contra providencia judicial, la Sala Plena del Consejo de Estado, en sentencia de 5 de agosto de 2014, acogió como regla general «un plazo de seis meses, contados a partir de la notificación o ejecutoria de la sentencia, según el caso, para determinar si la acción de tutela contra providencias judiciales se ejerce oportunamente».

26. En criterio de esta Subsección6, se debe contabilizar el plazo de seis meses desde la notificación de la providencia que se cuestiona, porque al conocer la decisión se puede advertir la posible vulneración de derechos fundamentales y la configuración de uno o varios de los defectos que hacen procedente la acción de tutela contra providencia judicial. Excepcionalmente, el término de seis meses se contabiliza desde la ejecutoria de la decisión, cuando se realizan trámites adicionales que inciden en su firmeza, como las solicitudes de aclaración, de corrección o de adición de la sentencia o, incluso, una solicitud de nulidad, siempre que no sean abiertamente improcedentes y resulten transcendentales en la decisión que se cuestiona por vía de tutela.

corrección o de adición de la sentencia o, incluso, una solicitud de nulidad, siempre que no sean abiertamente improcedentes y resulten transcendentales en la decisión que se cuestiona por vía de tutela.

27. La postura adoptada por esta Corporación, en relación con el plazo que considera razonable para demandar una decisión judicial mediante la acción de tutela, ha sido avalada por la Corte Constitucional en sede de revisión, por ejemplo, en sentencia SU-090 de 2018, al señalar que el plazo de 6 meses es «prudencial para la oportuna formulación de la acción de tutela».

28. En el presente asunto se discute la constitucionalidad de la sentencia de 26 de marzo de 2025, proferida por la Subsección B de la Sección de esta Corporación en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 25000-23-36000-2016-02143-02 (68.731). Esa decisión se notificó a través de mensaje enviado al correo electrónico de las partes, el 24 de abril de 2025, por lo que la notificación se entiende surtida el 28 de abril de la misma anualidad, de conf ormidad con lo dispuesto en el artículo 2057 del CPACA.

29. Como la demanda se radicó el 28 de octubre de 2025, se entiende que fue dentro del plazo razonable establecido por la jurisprudencia constitucional para hacerlo.

6 En este mismo sentido, ver la sentencia de 11 de abril de 2019, M.P. Marta Nubia Velásquez Rico, expediente 110010315000201803905-01, demandante: Ruby Yasmín Lasso Chagüendo.

6 En este mismo sentido, ver la sentencia de 11 de abril de 2019, M.P. Marta Nubia Velásquez Rico, expediente 110010315000201803905-01, demandante: Ruby Yasmín Lasso Chagüendo. 7 Artículo 205. Notificación por medios electrónicos: « La notificación electrónica de las providencias se someterá a las siguientes reglas:

1. La providencia a ser notificada se remitirá por el Secretario al canal digital registrado y para su envío se deberán utilizar los mecanismos que garanticen la autenticidad e integridad del mensaje.

2. La notificación de la providencia se entenderá realizada una vez transcurridos dos (2) días hábiles siguientes al envío del mensaje y los términos empezarán a correr a partir del día siguiente al de la notificación.

Se presumirá que el destinatario ha recibido la notificación cuando el iniciador recepcione acuse de recibo o se pueda por otro medio constatar el acceso del destinatario al mensaje. El Secretario hará constar este hecho en el expediente. De las notificaciones realizadas electró nicamente se conservarán los registros para consulta permanente en línea por cualquier interesado».Radicado: 11001-03-15-000-2025-06782-00

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30. Con lo anterior queda resuelta la discusión planteada por la Pontificia Universidad Javeriana y la sociedad Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S., acerca del cumplimiento del requisito general de inmediatez. En cuanto a la inquietud que

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30. Con lo anterior queda resuelta la discusión planteada por la Pontificia Universidad Javeriana y la sociedad Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S., acerca del cumplimiento del requisito general de inmediatez. En cuanto a la inquietud que planteó Computadores para Educar, sobre la viabilidad de exigir una explicación adicional de las razones por las cuales no se acudió a la administración de justicia con antelación, basta mencionar que la radicación de la demanda dentro de los seis meses que ha contemplado la jurisprudencia como plazo prudente para el ejercicio de la acción constitucional resulta suficiente para entender reunido el requisito de la inmediatez.

31. Relevancia constitucional. Esta Subsección ha sido consistente en estimar que el cumplimiento del requisito de relevancia constitucional no se limita a señalar los derechos fundamentales vulnerados y que se identifiquen los defectos contra la providencia. Se requiere que la solicit ud de amparo contenga (i) una carga argumentativa mínima y (ii) que no se utilice este instrumento como tercera instancia o instancia adicional a las establecidas por el legislador.

32. La tesis que viene de exponerse se ajusta al precedente 8 reiterado de la Corte Constitucional que, de manera consistente y consolidada, sostiene que la acción de tutela no puede convertirse en una instancia adicional a los procesos ordinarios, ni en el escenario para discutir aspectos de mera legalidad, de índo le patrimonial o la interpretación propia de los jueces naturales. De manera que este instrumento constitucional no es el idóneo si lo pretendido es que el juez de tutela se adentre en juicios de corrección, de rectificación o de interpretación propios de cada especialidad.

instrumento constitucional no es el idóneo si lo pretendido es que el juez de tutela se adentre en juicios de corrección, de rectificación o de interpretación propios de cada especialidad.

33. Al revisar la controversia, esta Sala estima que la solicitud de amparo carece de relevancia constitucional, por cuanto pretende convertirse en una instancia adicional del proceso ordinario, con la intención de que se realice nuevament e el análisis probatorio y jurídico del asunto, a manera de una tercera instancia. Además, no ofrece una carga argumentativa mínima que permita avizorar la vulneración de derechos de raigambre constitucional.

34. En efecto, la controversia que plantea la accionante versa sobre su inconformidad con la decisión que resolvió el litigio en el que pretendía que se dejaran sin efecto el acto administrativo que declaró su inhabilidad para participar en un proceso de selección, por no haber superado el requisito m ínimo dispuesto para la prueba técnica, y aquel que adjudicó el proceso de selección a otros oferentes.

35. Para dar contexto al debate, debe indicar se que el proceso contractual en cuestión tenía por objeto «la adquisición de tabletas para alumnos y docentes, conforme a las especificaciones técnicas definidas por Computadores para Educar».

36. En el pliego de condiciones se contempló un protocolo de pruebas que incluía la medición del ciclo de carga de las baterías de las tabletas. Se especificó que las

8 Sobre este aspecto pueden consultarse las sentencias SU-128 de 2021, T-131 de 2021, SU-103 de 2022 y SU-215 de 2022 de la Corte Constitucional.Radicado: 11001-03-15-000-2025-06782-00

8 Sobre este aspecto pueden consultarse las sentencias SU-128 de 2021, T-131 de 2021, SU-103 de 2022 y SU-215 de 2022 de la Corte Constitucional.Radicado: 11001-03-15-000-2025-06782-00

Demandante: Provedata S.A.S.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 9 tabletas debían garantizar un mínimo de carga del 90 %, después de permanecer 5 horas conectadas a la fuente de energía eléctrica, iniciando con el 0 % de carga.

37. La prueba de carga de la batería estuvo a cargo de la Pontific ia Universidad

Javeriana.

38. En el caso de la demandante, el resultado de la prueba arrojó un 85 % de carga, por lo que, mediante Resolución 036 de 27 de abril de 2016, Computadores para Educar la declaró inhabilitada para participar en el proceso de selección. En