CE - Sentencia 11001031500020250678800 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Bogotá D. C., veinticinco (25) de noviembre de dos mil veinticinco (2025).

Radicado: 11001-03-15-000-2025-06788-00

Accionante: FRANCISCO ALONSO GIRALDO PINEDA Y OTROS

Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

Temas: Acción de tutela auto de rechazo de demanda por declarar probada la caducidad en c aso de una grave violación a los derechos humanos // Se ampara pues el tribunal administrativo accionado no aplicó el precedente judicial proferido por las cortes de cierre.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Antecedentes

1. Francisco Alonso Giraldo Pineda, Dora Elena Marín Atehortúa, Yesica Natalia Giraldo Marín, Leidy Yuliana Giraldo Marín, Rosalba Angélica Quintero de Giraldo, Hemel Alonso Giraldo Quintero, Alba Geny Giraldo Quintero, Ubaldo Antonio Giraldo Quintero y Ester Oliva Giraldo Quintero, a través de apoderado judicial, incoaron acción de tutela contra la providencia de 29 de abril de 2025 proferida por la sala segundo del Tribunal Administrativo de Antioquia y que puso fin al proceso de reparación directa Núm. 05001-33-33-023-2024-00332-01. Con el fin de facilitar la comprensión de los antecedentes se expondrá primero el desarrollo del proceso

la sala segundo del Tribunal Administrativo de Antioquia y que puso fin al proceso de reparación directa Núm. 05001-33-33-023-2024-00332-01. Con el fin de facilitar la comprensión de los antecedentes se expondrá primero el desarrollo del proceso ordinario, y posteriormente los fundamentos del escrito de tutela.

Del proceso de 05001-33-33-023-2024-00332-01

2. Los tutelantes promovieron demanda de reparación directa contra la NaciónMinisterio de Defensa-Ejército Nacional, debido a que, el 5 de septiembre de 2003, en la vereda Jordán, el municipio de Cocorná (Antioquia), miembros d el Ejército Nacional causaron la muerte de Jhon Darío Giraldo Quintero y lo hicieron pasar como una baja legítima en combate, cuando en realidad, era un civil.

3. Indicaron que, el 4 de septiembre de 20 03, Jhon Darío Giraldo Quintero se encontraba descansando en una vivienda ubicada en la vereda el Jordán del Municipio de Cocorná junto con otras dos personas, cuando miembros adscritos al Ejército Nacional los sacaron a la fuerza, pues habían sido señalados de se r miembros de la guerrilla, por una mujer que iba de guía de los integrantes de la fuerza pública. Lo anterior con base en las diligencias de versión voluntaria presentada por comparecientes ante la JEP, T.N. Andrés Mauricio Rosero y el S.L.P. Edgar de Jes ús Sánchez Restrepo. Según esas versiones, las personas civiles estaban desarmadas y fueron engañadas por los miembros del Ejército Nacional para que aceptaran un supuesto plan de desmovilización.Radicación número: 11001-03-15-000-2025-06788-00

civiles estaban desarmadas y fueron engañadas por los miembros del Ejército Nacional para que aceptaran un supuesto plan de desmovilización.Radicación número: 11001-03-15-000-2025-06788-00

Accionante: Francisco Alonso Giraldo y otros Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia Referencia: Primera instancia acción de tutela

4. Según testimonios de personas ubicadas en la zona rural de Cocorná, Jhon Darío Giraldo Quintero fue obligado por los miembros del Ejército Nacional a transportar arena para construir una trinchera. Según el relato del SLP Edgar de Jesús Sánchez Restrepo, luego de ser retenidos, los campesinos, entre ellos, Jhon D ario Giraldo, fueron llevados al casco urbano de Cocorná, y ejecutados en estado de indefensión, por orden del comandante del grupo táctico Bonbarda 1 del Batallón Jorge Eduardo

Sánchez Rodríguez.

5. En ese momento, el homicidio de Jhon Darío Giraldo Quint ero fue presentad o como resultado de enfrentamientos entre agentes estatales con supuestos miembros de grupos subversivos. Años después, la Fiscalía General de la Nación y el Centro Nacional de Memoria Histórica determinaron que se trató de ataques a la población civil, con base en la supuesta relación de los campesinos de los municipios del oriente antioqueño con grupos guerrilleros.

6. La demanda fue repartida al Juzgado Veintitrés Administrativo Oral del Circuito de Medellín que, en auto de 16 de enero de 2025, resolvió rechazar de plano la demanda interpuesta, con el argumento que había operado el fenómeno de la caducidad de la acción. La providencia argumentó que, el 22 de junio de 2022,

demanda interpuesta, con el argumento que había operado el fenómeno de la caducidad de la acción. La providencia argumentó que, el 22 de junio de 2022, cuando algunos de los demandantes otorgaron poder para promover la demanda, ya tenían certeza sobre la imputación de la responsabilidad, por lo cual, el término de dos años se cumplía el 11 de agosto de 2024, pero la demanda se presentó el 5 de noviembre de 2024.

7. Contra la providencia se promovió el recurso de reposició n y en subsidio apelación. En auto de 13 de febrero de 2025, se confirmó la decisión atacada y se concedió el recurso de alzada. El Tribunal Administrativo de Antioquía, Sala Segunda, en auto de 29 de abril de 2025, confirmó la decisión. Sostuvo que las fechas en los que los demandantes otorgaron poder para promover la acción (18 de agosto de 2018, 6 de marzo de 2019 y 22 de junio de 2022) ya existía conocimiento sobre la imputación del daño al Estado, y en consecuencia se encontraban en la posibilidad de demandar. Se determinó que “la remisión de las versiones voluntarias de los militares intervinientes por parte de la JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ, en noviembre de 2022, no podía considerarse una barrera material para el acceso a la jurisdicción, sino simplemente un medio probatorio adicional”.

Fundamento jurídico del escrito de tutela

8. Los tutelantes sostienen que el conocimiento real de la responsabilidad de agentes estatales en la muerte de Jhon Darío Giraldo Quintero se produjo a partir del 10 de noviembre de 2022, cuando la JEP remitió al apoderado de los familiares

8. Los tutelantes sostienen que el conocimiento real de la responsabilidad de agentes estatales en la muerte de Jhon Darío Giraldo Quintero se produjo a partir del 10 de noviembre de 2022, cuando la JEP remitió al apoderado de los familiares las versiones voluntarias de los uniformados implicados. En consecuencia, sostiene que, es ese momento desde el que debe contabilizarse el término de caducidad y no desde la suscripción de los poderes.

9. A juicio de los tutelantes, los hechos que motivaron el proceso de reparación directa constituyen delitos de lesa humanidad. Además, indicaron que, el 10 de noviembre de 2022, el teniente retirado Andrés Mauricio Rosero Bravo rindió versión voluntaria ante la Sala de Reconocimiento de Verdad, Responsabilidad yRadicación número: 11001-03-15-000-2025-06788-00

Accionante: Francisco Alonso Giraldo y otros Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia Referencia: Primera instancia acción de tutela

Determinación de Hechos y Conducta de la JEP y reconoció su responsabilidad por 65 hechos relacionados con ejecuciones extrajudiciales.

10. La declaración del oficial del Ejército Nacional llevó a que se adoptara el auto 062 de 30 de agosto de 2023, dentro del macro caso 003, sub -caso Antioquia. El escrito de amparo argumentó que, solamente con la versión del 10 de noviembre de 2022 y posteriormente con la notificación oficial en febrero de 2025, los familiares del Jhon Darío Giraldo Quintero pudieron conocer con certeza que su fallecimiento correspondía a una ejecución extrajudicial. Motivo por el cual, los poderes otorgados a los apoderados con fechas anteriores no pueden ser tenidos en cuenta para

del Jhon Darío Giraldo Quintero pudieron conocer con certeza que su fallecimiento correspondía a una ejecución extrajudicial. Motivo por el cual, los poderes otorgados a los apoderados con fechas anteriores no pueden ser tenidos en cuenta para efectos del cómputo de caducidad de la demanda de reparació n directa, “[d] ichos poderes fueron conferidos únicamente con el propósito de adelantar actuaciones preliminares en la etapa de investigación, pero no reflejan un conocimiento claro de la naturaleza real de los hechos”1.

11. Los demandantes sostienen que la s decisiones cuestionadas incurrieron en el defecto sustantivo o fáctico, pues se fundamenta en una interpretación no sistemática del derecho que vulnera garantías del ius cogens, sin una adecuada interpretación, y se abstiene de aplicar la excepción de inconstitucionalidad cuando corresponde. Recordó la Sentencia T -352 de 2016 de la Corte Constitucional, y la sentencia de 28 de junio de 2019 (Rad. 61147) del Consejo de Estado en las que se indicó que, en casos de graves violaciones a los derechos humanos, por ejemplo, delitos de lesa humanidad, no se aplica el término de caducidad. Mencionó el artículo 53 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969, suscrito por el Estado colombiano, en la que se comprometió a respetar las reglas de ius cogens. Afirmó: “así las cosas, la no prescriptibilidad de la acción judicial para el juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad es una norma del ius cogens de obligatorio cumplimiento para los Estados, siendo nulo cualquier tratado internacional encaminado a desconocerla”2.

el juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad es una norma del ius cogens de obligatorio cumplimiento para los Estados, siendo nulo cualquier tratado internacional encaminado a desconocerla”2.

12. Señaló que la sentencia de unificación de 29 de enero de 2020 del Pleno de la Sección Tercera del Consejo de Estado admite excepciones, entre las cuales están que los afectados “advirtieron la posibilidad de imputarle responsabilidad patrimonial al Estado”. Además, recordó que, la Corte Constitucional en Sentencia SU -167 de 2023 “aclaró que el conocimiento del daño no es el único criterio orientador para iniciar el cómputo del término de caducidad, sino que debe tenerse en cuent a el material probatorio obrante en las diferentes investigaciones para la determinación de la antijuridicidad del daño y de su imputabilidad al Estado.”3

13. Además, alegó que se incurrió en un defecto de desconocimiento del precedente horizontal del propio Tribunal Administrativo de Antioquia y vertical del Consejo de Estado. Recordó que en un fallo de tutela proferida por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado se inaplicó el precedente de unificación de 29 de enero de 2020, identific ó el fallo con el radicado 2019 -04842-01. Solicitó además aplicar el enfoque pro infans, al recordar que varios de los demandantes eran menores de edad al momento de los hechos, y no pudieron acudir directamente

1 Folio 14 del escrito de amparo. 2 Folio 20 del escrito de amparo. 3 Folio 22 de escrito de amparo.Radicación número: 11001-03-15-000-2025-06788-00

1 Folio 14 del escrito de amparo. 2 Folio 20 del escrito de amparo. 3 Folio 22 de escrito de amparo.Radicación número: 11001-03-15-000-2025-06788-00

Accionante: Francisco Alonso Giraldo y otros Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia Referencia: Primera instancia acción de tutela

a la administración de justicia. Por último, solicitó que se aplicará el control de convencionalidad conforme a cuál, no existe caducidad del derecho a la reparación en casos de graves violaciones a los derechos humanos.

14. Finalizó el amparo indicando que se satisfacen los requisitos de procedencia formal de la tutela contra la providencia. Por lo anterior solicitó amparar los derechos al debido proceso, al acceso a la administración de justicia, los derechos a la reparación integral, el principio pro infans, y dejar sin efecto la decisión atacada.

Trámite del amparo

15. Admitida la demanda se vinculó al trámite al Tribunal Administrativo de Antioquia y al Ejército Nacional, al Juzgado Veintitrés Administrativo del Circuito de Medellín, al Ministerio Público y a los demás intervinientes dentro del proceso de reparación directa identificado con el número 05001-33-33-023-2024-00332-00/01 y se les dio un término de 2 días para que se pronunciaran sobre la petición de amparo. Se requirió al apoderado para que, precisara si Leli Arturo Giraldo Quintero e ra parte accionante dentro del proceso. En memorial 4 el apoderado allegó poder especial suscrito por Leli Arturo Giraldo Quintero para integrar la parte actora.

requirió al apoderado para que, precisara si Leli Arturo Giraldo Quintero e ra parte accionante dentro del proceso. En memorial 4 el apoderado allegó poder especial suscrito por Leli Arturo Giraldo Quintero para integrar la parte actora.

16. El Juzgado Veintitrés Administrativo del Circuito de Medellín 5 remitió el expediente digital del proceso de reparació n directa. Asimismo, en memorial 6,esa autoridad judicial solicitó declarar improcedente la petición de amparo, pues en su criterio se pretende reabrir un debate procesal que fue resuelto en las dos instancias. Afirmó que reabrir la discusión implica vacia r de contenido los mecanismos judiciales ordinarios y desvirtuar la función de la acción de tutela.

CONSIDERACIONES

Competencia

17. Esta Subsección es competente para conocer de esta acción de tutela, en primera instancia, conforme el artículo 37 del decreto ley 2591 de 1991 y el artículo 13 del Acuerdo 080 de 2019, reglamento del Consejo de Estado.

Problema jurídico

18. La Sala debe resolver dos problemas jurídicos. Por un lado, debe establecer si la acción de tutela es procedente, al cuestionar un auto de rechazo de una demanda de reparación directa en el que se declaró la caducidad del derecho de acción, en un caso de una presunta ejecución extrajudicial. Este análisis es relevante, ya que el Juez Veintitrés Administrativo del Circuito de Medellín argumentó que, en el caso concreto, la acción de tutela no satisface los requisitos de procedencia formal. En su criterio, los actores utilizaron el amparo como una tercera instancia para reabrir discusiones resueltas dentro del trámite ordinario.

concreto, la acción de tutela no satisface los requisitos de procedencia formal. En su criterio, los actores utilizaron el amparo como una tercera instancia para reabrir discusiones resueltas dentro del trámite ordinario.

19. En caso de responder afirmativamente el anterior interrogante, se debe resolver como problema jurídico de fondo. Este corresponde con determinar si la providencia

4 Índice Samai 10 y 15. 5 Índice Samai 11. 6 Índice Samai 13.Radicación número: 11001-03-15-000-2025-06788-00

Accionante: Francisco Alonso Giraldo y otros Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia Referencia: Primera instancia acción de tutela

cuestionada incurrió en defecto sustantivo y fáctico por inadecuada interpretación del requisito de oportunidad de la demanda de reparación directa y por omitir la verificación de que, en el caso concreto, los tutelantes solo estuvieron en condiciones de imputar la responsabilidad a la autoridad demandada cuando la Jurisdicción Especial par a la Paz les notificó información en la que un oficial del Ejército Nacional explicó las condiciones del homicidio de Jhon Darío Giraldo Quintero.

20. Con el fin de resolver los anteriores problemas jurídicos, se reiterará el precedente judicial sobre la pr ocedencia de la acción de tutela contra sentencia y los pronunciamientos del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional referido a la caducidad en casos de graves violaciones a los derechos humanos. Luego en el caso concreto, se resolverán los dos interrogantes formulados.

Procedencia de la acción de tutela contra autos que de plano rechazan demandas de reparación directa.

la caducidad en casos de graves violaciones a los derechos humanos. Luego en el caso concreto, se resolverán los dos interrogantes formulados.

Procedencia de la acción de tutela contra autos que de plano rechazan demandas de reparación directa.

21. En reciente sentencia T -376 de 2024, en armonía con lo indicado por esta Subsección en providencia de 28 de junio de 2024 7, se ha señalado que la acción de tutela es procedente contra el auto que rechaza de plano una demanda de reparación directa que solicita la declaratoria de responsabilidad extracontractual del Estado por una grave violación a los derechos humanos. Se ha pre cisado que, si bien no se trata de una sentencia, por un lado, es una providencia que pone fin al reclamo de acceso a la administración de justicia, y por el otro, en la jurisprudencia constitucional se ha reconocido la procedencia del amparo en contra de autos que no son posible cuestionarlos a través de mecanismos judiciales ordinarios o extraordinarios.

22. En la Sentencia T-346 de 2024, respecto a una acción de tutela ejercida contra un auto de plano rechazó una demanda de reparación directa, la Corte explicó que se “ ha admitido la procedencia de la acción de tutela contra los mismo s [autos interlocutorios], siempre y cuando se cumplan las siguientes condiciones: (i) se evidencie una vulneración o amenaza de los derechos fundamentales cuya protección no pueda ser invocada a través de otros medios de defensa judicial”.

23. Por lo anterior, se ha entendido que la acción de tutela es procedente contra el auto de rechazo de plano de una demanda de reparación directa, siempre que hayan agotado los recursos ordinarios contra la providencia y la misma se encuentre

23. Por lo anterior, se ha entendido que la acción de tutela es procedente contra el auto de rechazo de plano de una demanda de reparación directa, siempre que hayan agotado los recursos ordinarios contra la providencia y la misma se encuentre ejecutoriada, pues si bien se trata de un auto interlocutorio, tiene los mismos alcances que la sentencia.

7 Consejo de Estado, Sala de lo contencioso administrativo, Sección Tercera, Subsección A, Radicado 1001-03-15-000-2024-00771-01, C.P. Fernando Alexei Pardo Flórez. En aquella sentencia de amparo se resolvió una censura constitucional a un auto de rechazo c onfirmado en segunda instancia.Radicación número: 11001-03-15-000-2025-06788-00

Accionante: Francisco Alonso Giraldo y otros Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia Referencia: Primera instancia acción de tutela

Causales genéricas y específicas de procedencia de procedencia de tutela contra providencia.

24. Conforme el precedente fijado en la C -590 de 2005 8, reiterado de manera consistente por la Corte Constitucional, la procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales es excepcional y exige que el actor satisfaga una importante carga argumentativa dirigida a mostrar que concurren seis causales genéricas de procedencia, y al menos una específica.

25. De manera reiterada la Corte ha indicado que en el análisis de las causales generales de procedencia en contra de providencias judiciales, el juez de tutela debe verificar9; (i) que se acredite la legitimación en la causa (artículos 5, 10 y 13,

generales de procedencia en contra de providencias judiciales, el juez de tutela debe verificar9; (i) que se acredite la legitimación en la causa (artículos 5, 10 y 13, Decreto-Ley 2591 de 1991); (ii) que la providencia cuestionada no sea una sentencia de tutela10, ni una decisión proferida con ocasión del control abstracto de constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional, como tampoco la que resuelva el medio de control de nulidad por inconstitucionalidad por parte del Consejo de Estado ni una sentencia interpretativas (SENIT) proferida por la Sección de Apelación del Tribunal para la Paz de la Jurisdicción Especial para la Paz -JEP11; (iii) que se cumpla con el requisito de inmediatez, es decir que la tutela se promueva en un plazo razonable; (iv) que se identifique de forma clara, detallada y comprensible los hechos que amenazan o afectan los derechos fundamentales en cuestión y que, si existió la posibilidad, ellos hayan sido alegados en el trámite procesal; (v) que se cumpla con el requisito de subsidiariedad , esto es que el interesado acredite que agotó todos los medios de defensa judicial a su alcance, salvo que pretenda evitar la consumación de un perjuicio irremediable12 o los medios de defensa judicial existentes no sean idóneos o eficaces para evitarlo; ( vi) que la cuestión planteada sea de evidente relevancia constitucional, lo que exige que el caso trate sobre un asunto de rango constitucional y no meramente legal o económico; (vii) que cuando se trate de una irregularidad procesal, que esta tenga un efecto decisivo en la decisión judicial cuestionada, es decir que si tal error no

caso trate sobre un asunto de rango constitucional y no meramente legal o económico; (vii) que cuando se trate de una irregularidad procesal, que esta tenga un efecto decisivo en la decisión judicial cuestionada, es decir que si tal error no hubiere ocurrido el alcance de la decisión hubiese sido sustancialmente distinto.

26. La jurisprudencia constitucional ha insistido en que, el examen que realiza el juez constitucional a una providencia judicial no examina la corrección jurídica o el criterio de una autoridad o funcionario judicial, sino que se centra en determinar si la decisión adolece de una característica que afecte su validez. En consecuencia, se trata de verif icar si el fallo contiene yerros incompatibles con las garantías constitucionales13.

8 Corte Constitucional C-590 de 2005 (M.P. Jaime Córdoba Triviño) 9 Se sigue la manera en la que fueron fijadas las reglas de procedibilidad formal en la SU -215 de 2022. 10 La única excepción a esta regla tiene que ver con l a doctrina de la cosa juzgada fraudulenta y el principio del fraude todo lo corrompe. Al respecto ver, entre otras, las Sentencias: T -218 de 2012 y T-373 de 2014. 11 Corte Constitucional, Sentencia SU-388 de 2023. 12 Ver, entre otras, la Sentencia SU-659 de 2015. 13 Cfr. SU-215 de 2022 M.P. Natalia Ángel Cabo. “La Corte ha sido enfática en señalar, que la tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no un juicio de corrección del fallo cuestionado, circunstancia que excluye su formulación para la discusión de asuntos de interpretación

contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no un juicio de corrección del fallo cuestionado, circunstancia que excluye su formulación para la discusión de asuntos de interpretación que dieron origen a la controversia judicial”.Radicación número: 11001-03-15-000-2025-06788-00

Accionante: Francisco Alonso Giraldo y otros Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia Referencia: Primera instancia acción de tutela

27. La jurisprudencia constitucional ha insistido en que, el examen que realiza el juez constitucional a una providencia judicial no examina la corrección jurídica o el criterio de una autoridad o funcionario judicial, sino que se centra en determinar si la decisión adolece de una característica que afecte su validez. En consecuencia, se trata de verificar si el fallo contiene yerros incompatibles con las garantías constitucionales14.

28. En cuanto a las causales específicas de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, la Sentencia C-590 de 2005 precisó que la tutela se concederá si se presenta al menos uno de los siguientes defectos. A continuación, se enuncian los defectos específicos explicados por la jurisprudencia de la Corte Constitucional, profundizando en el defecto invocado por la parte actora.

1. Defecto orgánico, que se genera cuando la sentencia acusada es expedida por un funcionario judicial que carecía de competencia;

1. Defecto procedimental absoluto, que se produce cuando la autoridad judicial actuó por fuera del procedimiento establecido para determinado asunto;

1. Defecto fáctico, que se presenta cuando la providencia acusada tiene problemas de índole probatorio, como la omisión del decreto o práctica de

judicial actuó por fuera del procedimiento establecido para determinado asunto;

1. Defecto fáctico, que se presenta cuando la providencia acusada tiene problemas de índole probatorio, como la omisión del decreto o práctica de pruebas, la valoración de pruebas nulas de pleno derecho o la realización indebida y contraevidente de pruebas existentes en el proceso;

1. Defecto sustantivo, que ocurre cuando la decisión judicial se toma con fundamento en normas inexistentes o inconstitucionales, o que no estaban llamadas a gobernar el caso o a partir de interpretaciones jurídicas contrarias a la garantía de los derechos fundamentales.

1. Error inducido, que se genera cuando la autoridad judicial vulnera los derechos fundamentales del afectado producto de un error al que ha sido inducido por factores externos al proceso, y que tienen la capacidad de influir en la toma de una decisión contraria a derecho o a la realidad fáctica probada en el caso;

1. Decisión sin motivación , que supone que el juez no cumplió con su deber de expresar los fundamentos fácticos y jurídicos de su decisión; vii. Desconocimiento del precedente , que se genera cuando frente a un caso con los mismos hechos una autoridad se aparta de los procedimientos establecidos por los tribunales de cierre (precedente vertical) o por los dictados por ellos mismos (pr ecedente horizontal), sin cumplir con la carga de justificar de forma suficiente y razonada por qué se cambia de precedente.

14 Cfr. SU-215 de 2022 M.P. Natalia Ángel Cabo. “La Corte ha sido enfática en señalar, que la tutela

de justificar de forma suficiente y razonada por qué se cambia de precedente.

14 Cfr. SU-215 de 2022 M.P. Natalia Ángel Cabo. “La Corte ha sido enfática en señalar, que la tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no un juicio de corrección del fallo cuestionado, circunstancia que excluye su formulación para la discusión de asuntos de interpretación que dieron origen a la controversia judicial”.Radicación número: 11001-03-15-000-2025-06788-00

Accionante: Francisco Alonso Giraldo y otros Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia Referencia: Primera instancia acción de tutela

1. Violación directa de la Constitución , que se genera cuando una providencia judicial desconoce por completo un postulado de la Constitución, le atribuye un alcance insuficiente o lo contradice.

29. Conforme las consideraciones anteriores, en el acápite de caso concreto, se examinará si la acción de tutela de la referencia satisface las causales genéricas de procedencia y al menos una específica. Inmediatamente a continuación se examinará el precedente constitucional sobre el cumplimiento del requisito de caducidad en casos de graves violaciones a los derechos humanos constitutivas de delitos de lesa humanidad o de guerra.

Jurisprudencia sobre la caducidad del medio de control de reparación directa en casos de graves violaciones a los derechos humanos

30. En decisión del 29 de enero de 2020, el Pleno de la Sección Tercera del Consejo de Estado unificó el precedente jurisprudencial relativo al término de caducidad de la acción cuando se ejerce el medio de control de reparación directa. Se concluyó

de Estado unificó el precedente jurisprudencial relativo al término de caducidad de la acción cuando se ejerce el medio de control de reparación directa. Se concluyó que, incluso en casos de delitos que constituyen conductas de lesa humanidad o crímenes de guerra, resulta aplicable el término de caducidad de dos años previsto en el artículo 164, numeral 2, literal i)15 de la Ley 1437 de 2011. Posteriormente, en la sentencia SU -312 de 2020, la Sala Plena de la Corte Constitucional acogió el criterio jurisprudencial del Consejo de Estado e indicó que, el medio de reparación caduca en dos años, aun si se trata de los punibles antes anotados.

31. Ambas providencias de unificación establecieron que el término de caducidad comienza a contarse a partir de: (i) la ocurrencia del daño; (ii) el momento en que las personas afectadas lo conocieron o razonablemente debieron conocerlo; (iii) sin embargo, no correrá el término cuando se acredite que las personas estuvieron objetivamente impedidas para acceder a la administración de justicia; y (iv ) en los casos de desaparición forzada, la caducidad se cuenta desde el momento en que la persona reaparece o se identifican plenamente sus restos, sin que ello impida presentar la demanda si aún se desconoce el paradero de la víctima.

32. Posteriormente, la Corte Constitucional ha proferido múltiples sentencias de Sala de Revisión 16 y de Sala Plena 17 que han precisado la manera de contabilizar el término de caducidad en casos relacionados con crímenes de guerra o de lesa humanidad18.

Sala de Revisión 16 y de Sala Plena 17 que han precisado la manera de contabilizar el término de caducidad en casos relacionados con crímenes de guerra o de lesa humanidad18.

15 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 29 de enero de 2020, Exp. 61.033 C.P. Martha Nubia Velásquez Rico. 16 Cfr. T-024 de 2024 M.P. Paola Meneses Mosquera y T -450 de 2024 M.P. Juan Carlos Cortés González. Recientemente T-001 de 2025, T-004 de 2025 y T-202 de 2025. 17 Cfr. SU-167 de 2023 M.P. Diana Fajardo Rivera. SU-241 de 2024 y SU-439 de 2024. 18En la Sentencia SU -439 de 2024, se mencionó este desarrollo jurisprudencial de la siguiente manera: “Para dar respuestas a estos interrogantes, la Sala reiteró la jurisprudencia actualmente vigente en materia de valoración de la caducidad del medio de cont rol de reparación directa, en casos de presuntas graves violaciones de derechos humanos. En particular, recordó que el principal precedente judicial vinculante en este tipo de asuntos es, por un lado, la Sentencia de unificación del 29 de enero de 2020, ad optada por la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado y, por otro lado, la Sentencia SU-312 de 2020 de la Corte Constitucional, en la que se fijaron las subreglas jurisprudenciales aplicables en la materia; así como el desarrollo que ha tenido esta línea