CE - Sentencia 11001031500020250678900 de 2025

Radicado: 11001-03-15-000-2025-06789-00

Demandante: Diego Andrés Quintero Perlaza

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN

Bogotá, D C., 10 de diciembre de 2025

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2025-06789-00

Demandante: DIEGO ANDRÉS QUINTERO PERLAZA

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CAUCA.

Temas: Contra sentencia dictada en proceso de nulidad y restablecimiento del derecho. Pensión gracia post-mortem. Violación directa de la constitución, desconocimiento del precedente y defecto sustantivo.

Deniega

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela interpuesta por el señor Diego Andrés Quintero Perlaza contra el Tribunal Administrativo del Cauca.

I. ANTECEDENTES

1. Solicitud de amparo

El 28 de octubre de 2025, en ejercicio de la acción de tutela y por conducto de apoderado, el señor Diego Andrés Quintero Perlaza pidió la protección de sus derechos fundamentales a la dignidad humana, al debido proceso, a la igualdad, a la seguridad social y al mínimo vital, así como la aplicación de los principios a la confianza legítima y la seguridad jurídica.

fundamentales a la dignidad humana, al debido proceso, a la igualdad, a la seguridad social y al mínimo vital, así como la aplicación de los principios a la confianza legítima y la seguridad jurídica.

A juicio de la parte actora, la vulneración se presenta con ocasión de la sentencia del 10 de abril de 2025, dictada por el Tribunal Administrativo del Cauca, que revocó la decisión de primera instancia, para, en su lugar, denegar las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 19001-33-33-010-2019-00257-01.

2. Pretensiones

La parte actora formuló las siguientes pretensiones:

1. Que se amparen los derechos fundamentales invocados.

2. Que se deje sin efectos la sentencia del Tribunal Administrativo del Cauca.

3. Que se restablezca el fallo proferido por el Juzgado 10 Administrativo de Popayán.

4. Que se inaplique, en el caso concreto, la Sentencia de Unificación del 29 de mayo de 2024, por contravenir la legalidad vigente y los estándares constitucionales e internacionales sobre protección a población vulnerable.

3. Hechos

Del expediente, la Sala destaca los siguientes hechos relevantes:

3.1. Actuación administrativaRadicado: 11001-03-15-000-2025-06789-00

Demandante: Diego Andrés Quintero Perlaza

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Manifestó el tutelante que su madre, la señora Aydee Perlaza Rodríguez, fue nombrada

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Manifestó el tutelante que su madre, la señora Aydee Perlaza Rodríguez, fue nombrada docente territorial el 24 de enero de 1978, a través de la Resolución 0117 proferida por el gobernador del departamento del Cauca. Que tomó posesión del cargo el 13 de marzo de ese mismo año y que ejerció sus funciones hasta el 4 de junio de 2008, fecha d e su fallecimiento.

Que su madre nació el 8 de abril de 1957 y que cumplió 20 años de servicio el 8 de abril de 2007. Que él nació el 13 de enero de 1999.

Que, a través de su padre, solicitó a la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales (UGPP) que reconociera, liquidara y pagara una pensión gracia post-mortem en favor de su madre y que, en consecuencia, se le reconociera pensión de sobreviviente.

El 29 de junio de 2016, por medio de la Resolución RDP 024241, la UGPP denegó la solicitud relacionada en el párrafo anterior. Decisión que fue confirmada con las Resoluciones RDP 032747 del 6 de septiembre de 2016 y RDP 038013 del 10 de octubre de ese mismo año.

3.2. Actuación judicial

El señor Diego Andrés Quintero Perlaza promovió demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales (UGPP), para que se declarara la nulidad de las Resoluciones 024241 del 29 de junio, RDP 032747 del 6 de

del derecho contra la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales (UGPP), para que se declarara la nulidad de las Resoluciones 024241 del 29 de junio, RDP 032747 del 6 de septiembre y RDP 038013 del 10 de octubre de 2016. A título de restablecimiento del derecho, pidió que se reconociera, liquidara y pagara en su favor, y como sobreviviente, la pensión gracia a que tenía derecho su madre , que se tuvieran en cuenta todos los factores salariales percibidos por su progenitora en el año inmediatamente anterior a la adquisición del status pensional y que se reconociera, liquidara y pagaran las mesadas pensionales dejadas de percibir desde el 17 de mayo de 2008 hasta cuando cumpliera 25 años de edad.

La demanda se adelantó bajo el radicado 19001-33-33-010-2019-00257-00 y correspondió al Juzgado Décimo Administrativo de Popayán que, por sentencia del 12 de noviembre de 2021, declaró la nulidad de las resoluciones demandadas y ordenó reconocer pensión gracia post-mortem a la señora Aydee Perlaza Rodríguez y la sustitución al señor Quintero Perlaza a partir del 5 de junio de 2008 y hasta que cumpliera los 25 años, siempre y cuando acreditara la calidad de estudiante y en un monto equivalente al 75% de todos los factores salariales devengados por la causante durante el año anterior a su fallecimiento. Además, declaró la prescripción de las mesadas pensionales anteriores al 3 de marzo de 2013.

Señaló que estaba demostrado que la señora Aydee Perlaza Rodríguez había acumulado

el año anterior a su fallecimiento. Además, declaró la prescripción de las mesadas pensionales anteriores al 3 de marzo de 2013.

Señaló que estaba demostrado que la señora Aydee Perlaza Rodríguez había acumulado 19 años, 10 meses y 23 días de servicio, que, conforme con la sentencia del 21 de octubre de 2010, proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, en el expediente 68001-23-15-000-2000-01322-01(1063-08), por haber laborado la causante por un término superior a 18 años como docente territorial y de acuerdo con el Decreto 224 de 1972, le asistía derecho a percibir la pensión gracia.

Que el señor Quintero Perlaza había acreditado su condición de hijo de la causante y que para el año 2017, cuando cumplió 18 años de edad, se encontraba realizando estudió en la Institución Tecnológica Autónoma del Pacífico y q ue procedía la declaratoria de la prescripción trienal de los derechos reconocidos con anterioridad al 3 de marzo de 2013.

Inconforme, la parte demandada apeló y manifestó que el señor Quintero Perlaza no había acreditado el cumplimiento de los requisitos previstos en las leyes 114 de 1931 y 91 de 1989, que exigía que se acreditaran 20 años de servicio de la causante como docente del orden territorial y/o nacionalizada. Por sentencia del 10 de abril de 2025, el Tribunal Administrativo del Cauca, Sala de Decisión 01, revocó la decisión apelada y, en su lugar, denegó las pretensiones de laRadicado: 11001-03-15-000-2025-06789-00

Demandante: Diego Andrés Quintero Perlaza

Decisión 01, revocó la decisión apelada y, en su lugar, denegó las pretensiones de laRadicado: 11001-03-15-000-2025-06789-00

Demandante: Diego Andrés Quintero Perlaza

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co demanda, al estimar que, en aplicación de las sentencias del 29 de mayo1 y del 9 de julio2 de 2024 dictadas por el Consejo de Estado, hubo un cambio jurisprudencial, en el sentido de declarar improcedente el reconocimiento y/o sustitución de la pensión gracia cuando la docente no hubiere cumplido los 20 años de servicio exigidos por la Ley 114 de 1913.

Que el demandante solo había acreditado que su madre había laborado 19 años, 10 meses y 23 días, por lo que no cumplía con los requisitos para acceder al beneficio pensional reclamado.

4. Fundamentos de la acción de tutela

La parte actora nada dijo sobre el cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial. En cuanto al fondo del asunto, si bien no identificó los defectos que alegaría, la Sala los resumirá en los siguientes vicios de fondo:

Violación directa de la Constitución debido a que: i) se desconoció lo ordenado en el artículo 4 de la Constitución Política, que, según la parte actora, prevé el principio de supremacía constitucional, lo que implica que las autoridades judiciales deban respetar el principio de legalidad y la jerarquía entre la ley y la jurisprudencia.

supremacía constitucional, lo que implica que las autoridades judiciales deban respetar el principio de legalidad y la jerarquía entre la ley y la jurisprudencia.

Dijo que la sentencia de unificación del 29 de mayo de 2024 dictada por el Consejo de Estado, Sección Segunda, en el proceso con radicado 41001-23-33-000-2015-00256-01 (0473-2018), desconoció el artículo 7 del Decreto Ley 224 de 1972 y sustituyó una norma por una interpretación jurisprudencia l restrictiva, al exigir como requisito para el reconocimiento de la pensión gracia post-mortem 20 años de servicio.

1. se i naplicó el artículo 29 de la Constitución Política, que ordena que las reglas sustanciales y procesales que rigen un debate jurídico debían ser preexistente s y estables, que los sujetos procesales tenían derecho a conocer, anticipar y oponerse a los criterios que les serían aplicado s y que cualquier alteración sobreviniente no podía perjudicar retroactivamente la posición jurídica previamente consolidada.

Manifestó que la mencionada sentencia del 29 de mayo de 2024 proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda, produjo un cambio en la regla sustancial dispuesta por la doctrina pacífica de esa misma Corporación relacionada con la aplicación del artículo 7 del Decreto Ley 224 de 1972.

Que la aplicación retroactiva de esa nueva doctrina a un proceso en curso, sin cláusula de transición ni oportunidad de contradicción, vulneraba sus garantías fundamentales.

1. Se desconoció el artículo 53 de la Constitución Política, que, según el tutelante, imponía que en asuntos de derechos laborales y pensionales se apli caran los principios

de transición ni oportunidad de contradicción, vulneraba sus garantías fundamentales.

1. Se desconoció el artículo 53 de la Constitución Política, que, según el tutelante, imponía que en asuntos de derechos laborales y pensionales se apli caran los principios de favorabilidad, estabilidad jurídica y confianza legítima.

Adujo que la decisión cuestionada prefirió una interpretación judicial nueva y más restrictiva, frente a una norma legal vigente, con una interpretación anterior más favorable al beneficiario de la pensión. Que desconoc ió la seguridad jurídica en materia prestacional y se aparta del principio de justicia social y protección al débil.

1. Por trasgresión del artículo 90 constitucional, al vulnerar compromisos internacionales sobre no regresividad en seguridad social, tales como la observación general 19 del comité DESC de Naciones Unidas y la jurisprudencia de la Corte IDH.

Desconocimiento del precedente fijado en la sentencia SU-913 de 2009 dictada por la Corte Constitucional, que señalaba que la aplicación retroactiva de un nuevo criterio

1 Expediente 41001-23-33-000-2015-00256-01, C.P. Juan Enrique Bedoya Escobar. 2 Expediente68001-23-33-000-2012-0035001 C.P. Jorge Iván Duque Gutiérrez.Radicado: 11001-03-15-000-2025-06789-00

Demandante: Diego Andrés Quintero Perlaza

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co interpretativo desconocía el debido proceso si no se otorgaba la oportunidad real de defensa.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co interpretativo desconocía el debido proceso si no se otorgaba la oportunidad real de defensa.

Defecto sustantivo por inaplicación del artículo 7 del Decreto 224 de 1972, que ordenaba que se debía reconocer pensión gracia post-mortem a los hijos menores o cónyuges de docentes fallecidos que hubieren prestado sus servicios por más de 18 años.

5. Trámite procesal

Por auto del 4 de noviembre de 2025, el Despacho sustanciador admitió la demanda de tutela y, entre otras cosas, ordenó notificar, en calidad de demandados, a los magistrados del Tribunal administrativo del Cauca, Sala de Decisión 1, y como terceros con interés, al director general de la UGPP y al juez décimo administrativo de Popayán.

En cumplimiento de lo anterior, la Secretaría de esta Corporación practicó las notificaciones correspondientes por correos electrónicos del 11 de noviembre de 2025.

6. Intervenciones

La magistrada del Tribunal Administrativo del Cauca, Sala de Decisión 1, ponente de la decisión cuestionada, pidió que se declarara improcedente la acción de tutela o que se denegara el amparo pretendido.

Señaló que no ha vulnerado los derechos fundamentales de la parte actora y que se remite a las consideraciones de la sentencia del 10 de abril de 2025, en la que, según dijo, se realizó un análisis pormenorizado de las razones que sustentaron esa decisión,

remite a las consideraciones de la sentencia del 10 de abril de 2025, en la que, según dijo, se realizó un análisis pormenorizado de las razones que sustentaron esa decisión, sin que se evidenciara vía de hecho, en la medida en que se ajustó a las normas y la jurisprudencia aplicable al caso concreto.

El Juzgado Décimo Administrativo de Popayán solicitó su desvinculación del trámite constitucional. Hizo un recuento de las actuaciones surtidas en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 19001-33-33-010-2019-00257-00/01, para mencionar que se respetaron las garantías fundamentales del tutelante y que la sentencia que profirió se fundamentó en las pruebas recaudadas y el precedente jurisprudencial aplicable.

La Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales (UGPP) solicitó que se declarara improcedente la acción de tutela o que se denegara el amparo deprecado. Dijo que la decisión acusada fue acertada y no incurrió en ningún defecto, que, por el contrario, se ajustó al ordenamiento.

Que la parte actora utilizaba la acción de tutela como una instancia adicional del proceso ordinario, para que se revisara la decisión adoptada por el juez de la causa. Que no existía violación al debido proceso, porque en el proceso ordinario se garantizó al accionante sus derechos de defensa y contradicción y que existía cosa juzgada.

II. CONSIDERACIONES

1. Cuestión previa. Legitimación en la causa por pasiva.

De conformidad con el artículo 86 de la Constitución Política y el artículo 1º del Decreto

II. CONSIDERACIONES

1. Cuestión previa. Legitimación en la causa por pasiva.

De conformidad con el artículo 86 de la Constitución Política y el artículo 1º del Decreto 2591 de 1991, la acción de tutela procede contra cualquier autoridad y, excepcionalmente, contra particulares (artículo 42 del Decreto 2591 de 1991).Radicado: 11001-03-15-000-2025-06789-00

Demandante: Diego Andrés Quintero Perlaza

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co La Corte Constitucional3 ha señalado que la legitimación en la causa por pasiva en sede de tutela se refiere a la aptitud legal que tiene la persona contra la que se dirige la acción de tutela, y quien está llamada a responder por la vulneración o amenaza del derecho fundamental, cuando esta resulte demostrada.

En el presente asunto, la parte actora cuestiona la sentencia del 10 de abril de 2025, dictada por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 19001-33-33-010-2019-00257-01.

Por su parte, el Juzgado Décimo Administrativo de Popayán solicitó su desvinculación, al estimar que no ha trasgredido las garantías fundamentales de la parte actora.

No obstante, la vinculación de esa autoridad judicial o fue como parte demandada, sino en calidad de tercero con interés, porque dictó la sentencia de primera instancia del

estimar que no ha trasgredido las garantías fundamentales de la parte actora.

No obstante, la vinculación de esa autoridad judicial o fue como parte demandada, sino en calidad de tercero con interés, porque dictó la sentencia de primera instancia del proceso con radicado 19001 -33-33-010-2019-00257-00/01. En consecuencia, no hay lugar a acceder a la solicitud de desvinculación.

2. Problema jurídico y solución

Corresponde a la Sala determinar si procede la acción de tutela presentada por Diego Andrés Quintero Perlaza para dejar sin efectos la sentencia del 10 de abril de 2025, dictada por el Tribunal Administrativo del Cauca, que revocó la decisión de primera instancia, para, en su lugar, denegar las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 19001-33-33-010-2019-00257-01.

La Sala anticipa que denegará la solicitud de amparo, por cuanto el tribunal demandado no incurrió en los defectos alegados por la parte actora.

Para llegar a esa conclusión, la Sala se referirá a los siguientes asuntos: (i) la acción de tutela contra providencias judiciales, (ii) la verificación de los requisitos generales de procedencia de tutela contra providencia judicial y, (iii) el análisis del caso concreto.

3. De la acción de tutela contra providencias judiciales

La Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 fijó dos tipos de requisitos para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Por un lado, los requisitos generales4 o de procedibilidad, que son de naturaleza procesal, y se estudian

procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Por un lado, los requisitos generales4 o de procedibilidad, que son de naturaleza procesal, y se estudian de manera previa a cualquier análisis de fondo; y por el otro lado, los requisitos específicos5 o vicios de fondo, que son de naturaleza sustancial y se analizan cuando se han superado los requisitos generales.

4. Verificación del cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

La Sala comienza por verificar si la acción de tutela promovida por la parte actora cumple los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.

La relevancia constitucional se encuentra acreditada, toda vez que, el asunto no trata sobre una instancia adicional, puesto que las decisiones de primera y segunda instancia fueron adoptadas en sentidos opuestos, no alude a una discusión de orden legal o económico y cumple con la carga argumentativa de señalar que, si existieran los errores

3 Sentencia T1051 de 2006, M.P. Álvaro Tafur Galvis. Reiterada en la sentencia T -278 de 2018, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. 4 Estos son: la relevancia constitucional del asunto; la inmediatez; el agotamiento de los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios; cuando se trate de una irregularidad procesal, debe incidir directamente en la decisión objeto de tutela; la identificación razonable de los hechos que generan la amenaza o vulneración del derecho fundamental, y que no se cuestione un fallo de tutela. 5 Se clasifican en: defecto orgánico, sustantivo, procedimental, fáctico, error inducido, decisión sin motivación,

no se cuestione un fallo de tutela. 5 Se clasifican en: defecto orgánico, sustantivo, procedimental, fáctico, error inducido, decisión sin motivación, desconocimiento del precedente judicial o violación directa de la Constitución.Radicado: 11001-03-15-000-2025-06789-00

Demandante: Diego Andrés Quintero Perlaza

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co que alega el tutelante, se estarían vulnerando sus derechos fundamentales a la dignidad humana, al debido proceso, a la igualdad, a la seguridad social y al mínimo vital.

La demanda de tutela también cumple el requisito de inmediatez porque, de acuerdo con la verificación del expediente del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, la sentencia acusada fue comunicada por correo electrónico del 30 de abril de 2025, de modo que fue efectivamente notificada el 2 de mayo siguiente y, por su parte, la demanda de tutela fue radicada el 28 de octubre de 2025, esto es, cinco meses y 26 días después, término que no supera los seis meses fijados por la Sala plena de esta Corporación como plazo razonable.

La parte demandante agotó los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios, dado que promovió demanda de nulidad y restablecimiento del derecho y cuestiona la sentencia de segunda instancia dictada en dicho proceso. Además, tampoco se evidencia la viabilidad del recurso extraordinario de revisión contra la providencia atacada, pue sto que no parece que pueda encuadrarse en alguna de las causales de procedibilidad previstas en el artículo 250 del CPACA. Así como tampoco la procedencia del recurso

la viabilidad del recurso extraordinario de revisión contra la providencia atacada, pue sto que no parece que pueda encuadrarse en alguna de las causales de procedibilidad previstas en el artículo 250 del CPACA. Así como tampoco la procedencia del recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia, porque este solo procede cuando la decisión cuestionada contraríe o se oponga a una sentencia de unificación.

También se identifican los hechos que generan la amenaza o vulneración del derecho fundamental, esto es, expuso de manera clara que la vulneración de los derechos fundamentales invocados proviene de advertir que la autoridad judicial demandada incurrió en violación directa de la constitución, desconocimiento del precedente y en defecto sustantivo al proferir la sentencia del 10 de abril de 2025.

Tampoco se cuestiona un fallo de tutela, pues, como se dijo, la parte actora cuestiona una sentencia de segunda instancia de un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.

5. Análisis del caso concreto

La parte actora adujo que la sentencia del 10 de abril de 2025 dictada por el Tribunal Administrativo del Cauca incurrió en:

1. Violación directa de la Constitución por la autoridad judicial demandada inaplicó los artículos 4, 29, 53 y 90 de la Constitución Política.

1. Desconocimiento del precedente fijado en la sentencia SU-913 de 2009 dictada por

la Corte Constitucional.

1. Defecto sustantivo por inaplicación del artículo 7 del Decreto 224 de 1972.

La Sala precisa que estudiará los cargos de manera conjunta porque apuntan a demostrar

la Corte Constitucional.

1. Defecto sustantivo por inaplicación del artículo 7 del Decreto 224 de 1972.

La Sala precisa que estudiará los cargos de manera conjunta porque apuntan a demostrar que la decisión cuestionada no se debió fundamentar en las sentencias del 29 de mayo6 y del 9 de julio7 de 2024 dictadas por el Consejo de Estado, debido a que se debió aplicar la línea jurisprudencial anterior que imponía que se reconociera la pensión gracia postmortem porque había acreditado que su madre había cumplido más de 18 años de servicio como docente territorial.

Para resolver tales cargos, la Sala estima necesario referirse al análisis realizado en la providencia acusada.

En la sentencia del 10 de abril de 2025, el tribunal demandado explicó que, en un principio, la jurisprudencia del Consejo de Estado 8 había reconocido la pensión gracia

6 Expediente 41001-23-33-000-2015-00256-01, C.P. Juan Enrique Bedoya Escobar. 7 Expediente 68001-23-33-000-2012-00350-01 C.P. Jorge Iván Duque Gutiérrez. 8 Sentencia del 20 de abril de 2023 dictada en el proceso con radicado 25000234200020150493401 (4958 -2018) y sentencia del 27 de abril de 2023 proferida en el proceso con radicado 41001-23-33-000-2016-00450-01 (5063-2018).Radicado: 11001-03-15-000-2025-06789-00

Demandante: Diego Andrés Quintero Perlaza

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

Demandante: Diego Andrés Quintero Perlaza

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co post-mortem en circunstancias especiales y particulares, tales como la invalidez y el fallecimiento de los docentes antes de cumplir 20 años de servicio. Que en esos casos se había determinado que, en aplicación de los principios de favorabilidad, equidad y proporcionalidad, debía recurrirse al artículo 7 del Decreto 224 de 1972, que en otro régimen prestacional establecía el derecho a la pensión post-mortem cuando el docente no hubiere cumplido el requisito de la edad exigido, pero que hubiere laborado un mínimo de 18 años.

Que, no obstante, a partir de las sentencias del 29 de mayo y del 9 de julio de 2024, dictadas por la Sección Segunda del Consejo de Estado, en los expedientes 41001-2333-000-2015-00256-01 y 68001-23-33-000-2012-00350-01, respectivamente, se había replanteado ese criterio jurisprudencia l, en el sentido de considerar improcedente el reconocimiento y/o sustitución de la pensión gracia cuando el docente no hubiere cumplido con los 20 años de servicio exigidos por la Ley 114 de 1913.

La autoridad judicial demandada tuvo en cuenta, entre otros: i) el registro civil de defunción de la señora Aydee Perlaza Rodríguez, que daba cuenta de su deceso el 4 de junio de 2008, ii) el registro civil de nacimiento del tutelante, que acreditaba que e ra hijo de la señora Perlaza Rodríguez y que había nacido el 13 de enero de 1999, iii) certificado

junio de 2008, ii) el registro civil de nacimiento del tutelante, que acreditaba que e ra hijo de la señora Perlaza Rodríguez y que había nacido el 13 de enero de 1999, iii) certificado de historia laboral proferido por la gobernación del Cauca, que probaba que la madre del accionante había laborado como docente durante 9 años, 5 meses y 18 días en el colegio Niña María y durante 10 años, 5 meses y 5 días en el Centro Docente Prescolar Comunal Municipal de Puerto Tejada, iv) certificado de tiempos labrados de la oficina de bonos pensionales del Ministerio de Hacienda en el que se informaba que la señora Aydee Perlaza Rodríguez había laborado como docente entre el 13 de marzo de 1978 al 30 de agosto de 1987 y del 31 de diciembre de 1997 al 4 de junio de 2008.

Acto seguido, manifestó que se había acreditado que la prestación del servicio docente de la causante se había dado con anterioridad al 31 de diciembre de 1980, porque había sido nombrada por la gobernación del departamento del Cauca a través de la Resolución 0117 del 24 de enero de 1978, en el cargo de maestra de enseñanza primaria y que había tomado posesión de ese empleo el 13 de marzo de 1978.

Que con el Decreto 545 y el acta de posesión 525 del 31 de diciembre de 1997 se observaba que la madre del tutelante había sido nombrada y posesionada por el alcalde de Puerto Tejada, departamento del Cauca, en el cargo de docente municipal del programa de secretaria de educación.

Que, pese a lo anterior, según los certificados de tiempos laborales expedidos por el

de Puerto Tejada, departamento del Cauca, en el cargo de docente municipal del programa de secretaria de educación.

Que, pese a lo anterior, según los certificados de tiempos laborales expedidos por el departamento del Cauca, se podía observar que la señora Aydee Perlaza Rodríguez había prestado sus servicios como docente oficial durante 19 años, 10 meses y 23 días, por lo que consideró que no se acreditaron los 20 años de servicios exigidos por la Ley 114 de 1913 para acceder al beneficio pensional reclamado.

Dijo que, si bien la primera instancia se había apoyado en la jurisprudencia de ese entonces, en la que se aceptaba reconocer y sustituir la pensión gracia cuando el docente no hubiere cumplido con el tiempo de servicio por causa de su fallecimiento, lo cierto era que en el reciente pronunciamiento del Consejo de Estado se había replanteado esa línea y se había concluido que <<ni la Ley 114 de 1913 ni las que la modificaron contienen una disposición que establezca el derecho a recibir la pensión gracia con menos tiempo de servicio, ni siquiera en circunstancias extraordinarias como la invalidez o la muerte>>9.

Que el Consejo de Estado había explicado que la nueva postura tenía carácter vinculante y debía ser aplicada de manera uniforme ante supuestos fácticos y jurídicos similares y trascribió lo siguiente:

9 Cita del texto original: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia de 29

de mayo de 2024, radicado: 41001-23-33-000-2015-00256-01 (0473-2018), C.P.: Juan Enrique Bedoya Escobar.Radicado: 11001-03-15-000-2025-06789-00

Demandante: Diego Andrés Quintero Perlaza

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En efecto, en cualquier caso, la conclusión de la Sección Segunda del Consejo de Estado es que para el reconocimiento o sustitución de la pensión gracia es requisito ineludible que el docente territorial o nacionalizado complete los 20 años de servicio. Po r lo tanto, la prestación no procede «sin que ello se acredite, incluso si el docente no cumplió por haber sido declarado en estado de invalidez o por haber fallecido, aun cuando hubiese alcanzado las tres cuartas partes del tiempo requerido». Es pertinente aclarar que en este caso debe acudirse a la nueva postura que en la actualidad acoge la Sección Segunda frente a la temática debatida en el sub lite, debido a su carácter vinculante y que debe regir al momento de fallar cada caso concreto. En efecto, el juez tiene el mandato de velar por la aplicación uniforme del derecho, de modo que, ante supuestos fácticos y jurídicos similares, los asociados puedan recibir el mismo trato. Además, conforme se ha expresado en anteriores ocasiones, la jurisprudencia no es estática y existe la posibilidad de que la máxima autoridad de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, en forma suficientemente motivada, cambie la tesis con base en la cual venía resolviendo asuntos de una materia determinada.

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