CE - Sentencia 11001031500020250679000 de 2025

Demandante: Jhon Alexander Colmenares Russi Demandado: Consejo Superior de la Judicatura – Oficina de Cobro Coactivo Radicado: 11001-03-15-000-2025-06790-00

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

Bogotá D.C., once [11] de diciembre de dos mil veinticinco [2025]

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicado: 11001-03-15-000-2025-06790-00

Demandante: JHON ALEXANDER COLMENARES RUSSI

Demandado: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – OFICINA DE

COBRO COACTIVO

TEMA: Tutela de fondo – Declara la carencia actual de objeto por hecho superado

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

La Sala decide el presente mecanismo constitucional de conformidad con los decretos 2591 de 1991, 1069 de 2015, 1983 de 2017 y 333 de 2021, y el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación.

1. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

El señor Jhon Alexander Colmenares Russi, en nombre propio, presentó1 acción de tutela con el fin de que se le proteja su derecho fundamental de petición.

La referida garantía constitucional la estimó vulnerada por parte del Consejo

El señor Jhon Alexander Colmenares Russi, en nombre propio, presentó1 acción de tutela con el fin de que se le proteja su derecho fundamental de petición.

La referida garantía constitucional la estimó vulnerada por parte del Consejo Superior de la Judicatura – Oficina de Cobro Coactivo, toda vez que a la fecha de radicación de la presente acción constitucional no se le había dado respuesta a la petición que elevó a la entidad el 3 de octubre de 2025.

1 Radicada el 30 de octubre de 2025.Demandante: Jhon Alexander Colmenares Russi Demandado: Consejo Superior de la Judicatura – Oficina de Cobro Coactivo Radicado: 11001-03-15-000-2025-06790-00

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1.2. Hechos

De la solicitud de amparo, se establecen los siguientes supuestos que, a juicio de la Sala, son relevantes para la decisión que se adoptará en este fallo:

El 3 de octubre de 2025, el señor Jhon Alexander Colmenares Russi radicó una petición al Consejo Superior de la Judicatura – Oficina de Cobro Coactivo en la que solicitó la prescripción de una acción de cobro impuesta en contra del tutelante y «la terminación del proceso de cobro coactivo y se disponga el archivo definitivo».

Señaló que, hasta la fecha de presentación de esta acción constitucional, no ha recibido respuesta por parte del Consejo Superior de la Judicatura – Oficina de Cobro Coactivo.

1.3. Peticiones del amparo constitucional

Señaló que, hasta la fecha de presentación de esta acción constitucional, no ha recibido respuesta por parte del Consejo Superior de la Judicatura – Oficina de Cobro Coactivo.

1.3. Peticiones del amparo constitucional

Las pretensiones de la demanda de tutela son las siguientes:

PRIMERO: Que se declare que el CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA AREA DE COBRO COACTIVO , ha vulnerado mi derecho fundamental de petición.

SEGUNDO: Se tutele mi derecho fundamental de petición.

TERCERO: Como consecuencia, se ordene al CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA AREA DE COBRO COACTIVO , que, dentro de las 48 horas siguientes a la notificación del fallo de tutela, se dé respuesta de fondo conforme lo establecen la normatividad y la jurisprudencia colombiana.

1.4. Fundamento de la solicitud

Conforme al escrito de tutela, el extremo activo manifestó que el Consejo Superior de la Judicatura – Oficina de Cobro Coactivo vulneró su derecho fundamental de petición, al señalar que desde el día 3 de octubre de 2025, fecha en la que radicó la solicitud, hasta la presentación de la acción de tutela, no ha recibido una respuesta. Por lo tanto, consideró que «[esta] situación desconoce los términos legales y constitucionales para dar respuesta a esta clase de peticiones».

1.5. Trámite de la acción

El 31 de octubre de 2025, el ponente de la decisión de primera instancia admitió la acción y ordenó la notificación a la parte actora y al Consejo Superior de la Judicatura – Oficina de Cobro Coactiva, como parte demandada.Demandante: Jhon Alexander Colmenares Russi

la acción y ordenó la notificación a la parte actora y al Consejo Superior de la Judicatura – Oficina de Cobro Coactiva, como parte demandada.Demandante: Jhon Alexander Colmenares Russi Demandado: Consejo Superior de la Judicatura – Oficina de Cobro Coactivo Radicado: 11001-03-15-000-2025-06790-00

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1.6. Intervención

1.6.1. Consejo Superior de la Judicatura

Mediante la magistrada au xiliar de la Oficina del Despacho de la Presidencia explicó que no se puede endilgar reproche alguno al Consejo Superior de la Judicatura, en que el Grupo de Fondos Especiales de la Unidad de Presupuesto se encuentra adscrito a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial. Señaló que, conforme al artículo 98 de la Ley 270 de 1996, de dicha Dirección dependen las unidades de Planeación, Recursos Humanos, Presupuesto, Informática, entre otras.

Describió, además, que el Consejo de Estado, en sentencia de 29 de junio de 2023, reconoció la falta de legitimación en la causa por pasiva del Consejo Superior de la Judicatura, al constatar que la petición del accionante estaba dirigida exclusivamente a las dependencias adscritas a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.

Concluyó que el Consejo Superior de la Judicatura no es la autoridad llamada a responder o ejecutar las órdenes que eventualmente se adopten para amparar las garantías constitucionales, por lo cual solicitó la falta de legitimación en la

Administración Judicial.

Concluyó que el Consejo Superior de la Judicatura no es la autoridad llamada a responder o ejecutar las órdenes que eventualmente se adopten para amparar las garantías constitucionales, por lo cual solicitó la falta de legitimación en la causa por pasiva.

1.6.2. Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Seccional de Administración Judicial de Bogotá

El 7 de noviembre de 2025, la accionada allegó informe en el que señaló que el tutelante presentó la petición el 3 de octubre de 2025 y se le dio número de radicación EXDESAJBO25-40401.

Indicó que la solicitud ya fue atendida mediante el Oficio DESAJBOGCC25-4401 de 6 de noviembre , en el que se informó al peticionario que no existe proceso coactivo en su nombre. Por tal razón, solicitó declarar la carencia actual de objeto por hecho superado.

Contó que revisada la base de datos de la entidad encontró que el accionante había presentado previamente una acción de tutela en su contra por vulneración del derecho fundamental de petición, y fue con ocasión de una solicitud elevada el 29 de abril de 2025 ; que dicha causa le correspondió al Juzgado 63 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, bajo el número 11001-33-43-0632025-00233-00; autoridad que declaró carencia actual de objeto por hechoDemandante: Jhon Alexander Colmenares Russi Demandado: Consejo Superior de la Judicatura – Oficina de Cobro Coactivo Radicado: 11001-03-15-000-2025-06790-00

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superado tras la respuesta otorgada mediante oficio DESAJBOGCC25-2897 de 3 de julio de 2025.

En atención a lo anterior, la entidad solicitó declarar la falta de legitimación en la causa por pasiva, al afirmar que «con relación al requerimiento, no se tiene competente para resolver la prescripción de la multa y el levantamiento de las medidas cautelares, en razón que no se encontró proceso coactivo alguno en su nombre».

2. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer en primera instancia de la acción de tutela presentada por el señor Jhon Alexander Colmenares Russi, de conformidad con el Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta corporación.

2.2. Cuestión previa

El Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial – Oficina de Cobro Coactivo pidió ser excluida por considerar que no está legitimada en la causa por pasiva. No obstante, de la revisión del expediente se constata que la petición cuya respuesta se reclama fue presentada directamente ante dicha dependencia, circunstancia que justifica su permanencia en el trámite constitucional. En consecuencia, se negará la solicitud elevada por esta autoridad.

Por su parte la Presidencia del Consejo Superior de la Judicatura sostuvo

su permanencia en el trámite constitucional. En consecuencia, se negará la solicitud elevada por esta autoridad.

Por su parte la Presidencia del Consejo Superior de la Judicatura sostuvo que no le es atribuible responsabilidad alguna, en tanto las dependencias competentes para resolver la petición, se encuentran adscritas a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, según lo previsto en el artículo 98 de la Ley 270 de 1996. Verificado que la petición no fue elevada ante la Presidencia ni corresponde a su ámbito funcional, se accederá a la solicitud de desvinculación presentada por dicha autoridad.

2.3. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si en el caso concreto, se presenta una vulneración a l derecho fundamental advertido por el accionante de parte del Consejo Superior de la Judicatura, Oficina de Cobro Coactivo.Demandante: Jhon Alexander Colmenares Russi Demandado: Consejo Superior de la Judicatura – Oficina de Cobro Coactivo Radicado: 11001-03-15-000-2025-06790-00

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Lo anterior, con fundamento en que, a la fecha de radicación de la presente acción de tutela, según afirma, no se le había dado respuesta a la petición que radicó el 3 de octubre de 2025.

Para el efecto, se abordará el análisis del caso así: (i) la naturaleza de la acción de tutela; (ii) del derecho de petición, y (iii) el estudio del caso concreto.

2.3. Naturaleza de la acción de tutela

Para el efecto, se abordará el análisis del caso así: (i) la naturaleza de la acción de tutela; (ii) del derecho de petición, y (iii) el estudio del caso concreto.

2.3. Naturaleza de la acción de tutela

Según el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona puede ejercer la acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos fundamentales, siempre que sean violados o amenazados por la acción u omisión de las autoridades públicas o de los particulares en los precisos casos en que indica el Decreto 2591 de 1991.

La jurisprudencia constitucional de manera enfática y uniforme ha señalado que la acción de amparo fue instituida como un instrumento de defensa judicial de los derechos fundamentales, dotada de un carácter subsidiario y residual. Lo anterior implica que s u ejercicio solo es procedente de manera supletiva, es decir, cuando no sea posible acudir a otro medio de defensa, salvo que se promueva para precaver la ocurrencia de un perjuicio irremediable2.

2.4. Del derecho de petición

La Constitución Política de 1991 consagró en su artículo 23 el derecho fundamental de petición, en virtud del cual, toda persona tiene la posibilidad de «presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución ». El mismo artículo superior precisa que el legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los derechos fundamentales.

La Corte Constitucional al resolver asuntos en sede de tutela, ha establecido algunos parámetros acerca del núcleo esencial y contenido de este derecho: «El

privadas para garantizar los derechos fundamentales.

La Corte Constitucional al resolver asuntos en sede de tutela, ha establecido algunos parámetros acerca del núcleo esencial y contenido de este derecho: «El núcleo esencial del derecho de petición reside en la resolución pronta y oportuna de la cuestión, pues de nada serviría la posibilidad de dirigirse a la autoridad si ésta no resuelve o se reserva para sí el sentido de lo decidido».

Asimismo, se han establecido ciertos requisitos en cuanto a la respuesta a la petición, respecto a la oportunidad, se acude por regla general a lo previsto en el artículo 14 de la Ley 1755 de 20153, que señala 15 días para resolver la misma,

2 Ver, entre otras, las sentencias de la corte constitucional SU-037 de 2009 y T-764 de 2010. 3 Los términos para resolver las peticiones están establecidos en el artículo 14 de la Ley 1755 de 2015, que señala:Demandante: Jhon Alexander Colmenares Russi Demandado: Consejo Superior de la Judicatura – Oficina de Cobro Coactivo Radicado: 11001-03-15-000-2025-06790-00

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de no ser posible, antes de que se cumpla con el término allí dispuesto y ante la imposibilidad de dar una respuesta en dicho lapso, la autoridad o el particular deberá explicar los motivos y señalar el término en el cual se realizará la contestación. Para este efecto, el criterio de razonabilidad del término será determinante, puesto que deberá tenerse en cuenta el grado de dificultad o la

deberá explicar los motivos y señalar el término en el cual se realizará la contestación. Para este efecto, el criterio de razonabilidad del término será determinante, puesto que deberá tenerse en cuenta el grado de dificultad o la complejidad de la solicitud.

Además, la petición debe resolverse de fondo, de manera clara, precisa y congruente con lo solicitado. Ello significa que:

La respuesta al derecho de petición debe versar sobre aquello preguntado por la persona y no sobre un tema semejante o relativo al asunto principal de la petición. Quiere decir, que la solución entregada al peticionario debe encontrarse libre de evasivas o premisas ininteligibles que desorienten el propósito esencial de la solicitud, sin que ello implique la aceptación de lo solicitado. // Desde luego, este deber de contestar de manera clara y coherente, no impide que la autoridad suministre información adi cional relacionada con los intereses del peticionario, pues eventualmente ésta puede significar una aclaración plena de la respuesta dada.

Así las cosas, se tiene que la respuesta debe ser puesta en conocimiento del peticionario, lo que se traduce en el deber de la entidad de agotar «los medios disponibles para informar al particular de su respuesta y lograr constancia de ello (…) la notificación (…) debe ser efectiva, es decir, real y verdadera, y que cumpla el propósito de que la respuesta de la entidad sea conocida a plenitud por el solicitante».

ARTÍCULO 14. Términos para resolver las distintas modalidades de peticiones. Salvo norma legal especial y so pena de sanción disciplinaria, toda petición deberá resolverse dentro de los

solicitante».

ARTÍCULO 14. Términos para resolver las distintas modalidades de peticiones. Salvo norma legal especial y so pena de sanción disciplinaria, toda petición deberá resolverse dentro de los quince (15) días siguientes a su recepción. Estará sometida a término especial la resolución de las siguientes peticiones:

1. Las peticiones de documentos y de información deberán resolverse dentro de los diez (10) días siguientes a su recepción. Si en ese lapso no se ha dado respuesta al peticionario, se entenderá, para todos los efectos legales, que la respectiva solicitud h a sido aceptada y, por consiguiente, la administración ya no podrá negar la entrega de dichos documentos al peticionario, y como consecuencia las copias se entregarán dentro de los tres (3) días siguientes.

2. Las peticiones mediante las cuales se eleva una consulta a las autoridades en relación con las materias a su cargo deberán resolverse dentro de los treinta (30) días siguientes a su recepción.

PARÁGRAFO. Cuando excepcionalmente no fuere posible resolver la petición en los plazos aquí señalados, la autoridad debe informar esta circunstancia al interesado, antes del vencimiento del término señalado en la ley expresando los motivos de la demora y s eñalando a la vez el plazo razonable en que se resolverá o dará respuesta, que no podrá exceder del doble del inicialmente previsto.Demandante: Jhon Alexander Colmenares Russi Demandado: Consejo Superior de la Judicatura – Oficina de Cobro Coactivo Radicado: 11001-03-15-000-2025-06790-00

7

previsto.Demandante: Jhon Alexander Colmenares Russi Demandado: Consejo Superior de la Judicatura – Oficina de Cobro Coactivo Radicado: 11001-03-15-000-2025-06790-00

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En relación con el contenido y alcance del derecho fundamental de petición la Corte Constitucional ha explicado que:

[E]s un derecho fundamental determinante para la efectividad de los mecanismos de la democracia participativa. En este sentido ha precisado que mediante él se garantizan otros derechos constitucionales, como los derechos a la información, a la participac ión política y a la libertad de expresión; ii) su contenido esencial comprende los siguientes elementos: a) la posibilidad cierta y efectiva de elevar, en términos respetuosos, solicitudes ante las autoridades, sin que éstas se nieguen a recibirlas o se a bstengan de tramitarlas; b) la respuesta oportuna, es decir, dentro de los términos establecidos en el ordenamiento jurídico; c) la respuesta de fondo o contestación material, lo que supone que la autoridad entre en la materia propia de la solicitud, sobre la base de su competencia, refiriéndose de manera completa a todos los asuntos planteados (plena correspondencia entre la petición y la respuesta), excluyendo fórmulas evasivas o elusivas; y d) la pronta comunicación de lo decidido al peticionario, con independencia de que su sentido sea positivo o negativo.

Así pues, la respuesta requiere cumplir unos lineamientos básicos en orden a la satisfacción material de los requerimientos invocados en la solicitud y, además

comunicación de lo decidido al peticionario, con independencia de que su sentido sea positivo o negativo.

Así pues, la respuesta requiere cumplir unos lineamientos básicos en orden a la satisfacción material de los requerimientos invocados en la solicitud y, además incluye la obligación de ponerla en conocimiento del peticionario, condición fundamental para entender satisfecho el derecho que se invoca.

Finalmente, sobre el punto debe precisarse que la jurisprudencia constitucional ha sido enfática en señalar que deben diferenciarse el derecho de petición y el derecho a lo pedido, por lo que el primero se ejerce y agota en la solicitud y la respuesta, cue stión distinta a si se decide sobre el reconocimiento o no del derecho subjetivo.

2.5. Caso concreto

El señor Jhon Alexander Colmenares Russi, presentó tutela con el fin de que se le proteja su derecho fundamental de petición, ello con fundamento en que, aparentemente a la fecha de radicación de esta acción constitucional, la autoridad competente no le había dado respuesta a la solicitud de 3 de octubre de 2025.

En dicha petición, la parte actora solicitó la declaratoria de la prescripción de la acción de cobro de la multa impuesta, con base en que ha transcurrido el término legal para el ejercicio de la acción de cobro y/o ejecución de la pena de multa, sin que se haya adelantado gestión eficaz que interrumpa o suspenda dicho término.

Ahora bien, en su intervención, el Consejo Superior de la Judicatura , Dirección Ejecutiva de Administración Judicial - Oficina de Cobro Coactivo allegó a este trámite tutelar, la copia del mensaje que dicha dependencia le remitió a la parteDemandante: Jhon Alexander Colmenares Russi

Ejecutiva de Administración Judicial - Oficina de Cobro Coactivo allegó a este trámite tutelar, la copia del mensaje que dicha dependencia le remitió a la parteDemandante: Jhon Alexander Colmenares Russi Demandado: Consejo Superior de la Judicatura – Oficina de Cobro Coactivo Radicado: 11001-03-15-000-2025-06790-00

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actora a los correos electrónicos webcastroaso@gmail.com y bladimircasto818@gmail.com el 6 de noviembre de 2025, como se puede observar a continuación:

En la referida comunicación, la entidad mediante oficio DESAJBOGC25-4401 de Bogotá D.C., le informó lo siguiente:Demandante: Jhon Alexander Colmenares Russi Demandado: Consejo Superior de la Judicatura – Oficina de Cobro Coactivo Radicado: 11001-03-15-000-2025-06790-00

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Allí se señaló expresamente que se procedió a revisar la base de datos y el Sistema de Gestión de Cobro Coactivo – GCC, con el nombre y cédula de ciudadanía del accionante y no se encontró proceso coactivo iniciado en su contra.

Precisado lo anterior, la Sala advierte que el Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial en el transcurso de este mecanismo constitucional cumplió con el deber de garantizar el derecho de

contra.

Precisado lo anterior, la Sala advierte que el Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial en el transcurso de este mecanismo constitucional cumplió con el deber de garantizar el derecho de petición al extremo procesal activo, al otorgar una respuesta de fondo y coherente a su solicitud, razón por la cual se declarará la carencia actual del objeto por hecho superado frente a su inquietud elevada el 3 de octubre de 2025.Demandante: Jhon Alexander Colmenares Russi Demandado: Consejo Superior de la Judicatura – Oficina de Cobro Coactivo Radicado: 11001-03-15-000-2025-06790-00

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De lo anterior, esta Colegiatura destaca que en anteriores oportunidades se ha referido a la acción de tutela y ha explicado que este mecanismo de defensa judicial ha sido instituido como un instrumento preferente y sumario, dirigido a la protección de derechos fundamentales que sean vulnerados o amenazados de una manera actual e inminente.

Asimismo, se ha señalado que existen eventos en los que la amenaza o efectiva vulneración al derecho fundamental desaparece en el transcurso de la acción de tutela, como sucede en el caso concreto, o la vulneración del derecho fundamental amenazado se materializa en el curso del proceso, de suerte que el instrumento pierde efectividad, lo que hace inane la intervención del juez constitucional tendiente a impartir ór denes para que cese la vulneración de los derechos fundamentales.

En efecto, actualmente la Corte Constitucional ha sostenido que la terminación

instrumento pierde efectividad, lo que hace inane la intervención del juez constitucional tendiente a impartir ór denes para que cese la vulneración de los derechos fundamentales.

En efecto, actualmente la Corte Constitucional ha sostenido que la terminación del proceso de tutela por carencia actual de objeto puede proceder en tres supuestos de hecho: (i) por hecho superado; (ii) por daño consumado; y (iii) por una situación sobreviniente.

En ese sentido, dicha Alta Corporación, en la sentencia T -481 de 2016, que la Sala cita como criterio auxiliar, señaló que:

La acción de tutela fue concebida como un mecanismo para la protección efectiva de los derechos fundamentales que son objeto de una amenaza o afectación actual. Por lo tanto, se ha sostenido en reiterada jurisprudencia que, ante la alteración o el desapare cimiento de las circunstancias que dieron origen a la vulneración de los derechos fundamentales objeto de estudio, la solicitud de amparo pierde su eficacia y sustento, así como su razón de ser como mecanismo extraordinario y expedito de protección judicial. Lo antedicho, pues, al desaparecer el objeto jurídico sobre el que recaería la eventual decisión del juez constitucional, cualquier determinación que se pueda tomar para salvaguardar las garantías que se encontraban en peligro, se tornaría inocua y cont radiría el objetivo que fue especialmente previsto para esta acción.

A partir de los anteriores razonamientos, en sentencia T-494 de 1993 se destacó sobre este respecto, que:

La tutela supone la acción protectora del Estado que tiende a proteger un derecho fundamental ante una acción lesiva o frente a un peligro inminente que se presente

sobre este respecto, que:

La tutela supone la acción protectora del Estado que tiende a proteger un derecho fundamental ante una acción lesiva o frente a un peligro inminente que se presente bajo la forma de amenaza. Tanto la vulneración del derecho fundamental como su amenaza, parten de una objetividad, es decir, de una certeza sobre la lesión o amenaza, y ello exige que el evento sea actual, que sea verdadero, no que haya sido o que simplemente -como en el caso sub examine - que se hubiese presentado un peligro ya subsanado.Demandante: Jhon Alexander Colmenares Russi Demandado: Consejo Superior de la Judicatura – Oficina de Cobro Coactivo Radicado: 11001-03-15-000-2025-06790-00

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Es por esto, que la doctrina constitucional ha desarrollado el concepto de la “carencia actual de objeto” para identificar este tipo de eventos y, así, denotar la imposibilidad material en la que se encuentra el juez de la causa para dictar alguna orden qu e permita salvaguardar los intereses jurídicos que le han sido encomendados. Sobre el particular, se tiene que éste se constituye en el género que comprende el fenómeno previamente descrito, y que puede materializarse a través de las siguientes figuras: (i) “hecho superado”, (ii) “daño consumado” o (iii) de aquella que se ha empezado a desarrollar por la jurisprudencia denominada como el acaecimiento de una “situación sobreviniente”.

Con base en el anterior marco referencial, el Máximo Tribunal Constitucional ha sostenido que:

de aquella que se ha empezado a desarrollar por la jurisprudencia denominada como el acaecimiento de una “situación sobreviniente”.

Con base en el anterior marco referencial, el Máximo Tribunal Constitucional ha sostenido que:

[…] (i) El hecho superado obedece a lo regulado en el artículo 26 del Decreto Ley 2591 de 1991, atinente a la cesación de la actuación impugnada, la cual se materializa cuando en el trámite de una acción de tutela se demuestra que la autoridad demandada ha realizado las acciones necesarias para eliminar la vulneración de los derechos fundamentales […].

En ese orden, el Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial - Oficina de Cobro Coactivo resolvió y notificó la petición realizada por el accionante, de manera que, se declarará la carencia actual de objeto por hecho superado , toda vez que desapareció la circunstancia que podía dar lugar a una eventual vulneración del derecho fundamental del s eñor Jhon Alexander Colmenares Russi. Por lo tanto, cualquier orden que se imparta por parte de esta Sala resultaría inane, habi da cuenta de que la autoridad accionada subsanó la situación que dio origen a la presente acción.

3. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: NEGAR la solicitud desvinculación, por falta de legitimación en la causa por pasiva por parte del Consejo Superior de la Judicatura – Dirección

Ejecutiva de Administración Judicial – Oficina de Cobro Coactivo.

FALLA:

PRIMERO: NEGAR la solicitud desvinculación, por falta de legitimación en la causa por pasiva por parte del Consejo Superior de la Judicatura – Dirección

Ejecutiva de Administración Judicial – Oficina de Cobro Coactivo.

SEGUNDO: ACEPTAR la solicitud de desvinculación elevada por la Presidencia del Consejo Superior de la Judicatura.Demandante: Jhon Alexander Colmenares Russi Demandado: Consejo Superior de la Judicatura – Oficina de Cobro Coactivo Radicado: 11001-03-15-000-2025-06790-00

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TERCERO: DECLARAR la carencia actual de objeto por hecho superado de la acción de tutela promovida por el señor Jhon Alexander Colmenares Russi, por las razones expuestas ut supra.

CUARTO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto No. 2591 de 1991.

QUINTO: Si no fuese impugnada dentro de los 3 días siguientes a su notificación, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA

Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ

Magistrado

PEDRO PABLO VANEGAS GIL

Magistrado

Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos,

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ

Magistrado

PEDRO PABLO VANEGAS GIL

Magistrado

Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos, conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.