CE - Sentencia 11001031500020250679200 de 2025

Radicado: 11001-03-15-000-2025-06792-00

Demandante: Eduardo Salcedo Martínez

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN

Bogotá, D.C., tres (3) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

Radicado: 11001-03-15-000-2025-06792-00

Demandante: EDUARDO SALCEDO MARTÍNEZ

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela instaurada por el señor Eduardo Salcedo Martínez contra el Tribunal Administrativo de Santander.

I. ANTECEDENTES

A. Pretensiones, hechos y argumentos de la demanda de tutela

1. El 29 de octubre de 20251, el señor Eduardo Salcedo Martínez, a través de apoderado, interpuso acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Santander, por considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y de acceso a la administración de justicia , con ocasión de la sentencia proferida el 14 de agosto de 2025, en el marco del proceso de nulidad y restablecimiento del de recho con radicado 68001-33-33-004-2020-00145-01. Formuló las siguientes pretensiones (transcripción

2025, en el marco del proceso de nulidad y restablecimiento del de recho con radicado 68001-33-33-004-2020-00145-01. Formuló las siguientes pretensiones (transcripción textual):

1. Solicito al Honorable Consejero que conceda la presente acción constitucional por vía de hecho por los defectos material sustantivo, fáctico y violación directa a la

Constitución.

2. Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al Tribunal Administrativo de Santander en particular a la sala precidida (sic) por el doctor IVÁN MAURICIO MENDOZA SAAVEDRA , decretar la nulidad de la providencia judicial proferida y en su lugar se ordene la protección de los derechos demandados, debiendo proferir nueva sentencia en la que se reconozca la reliquidación pensional de mi mandante, con la inclusión de todos los f actores salariales devengados durante la prestación de su última año de servicios y certificados por la entidad nominadora, en especial de prima de riesgo.

3. Solicito al Honorable Magistrado, se ordene la correspondiente notificación a la accionada, para que haga valer sus derechos y se pronuncie sobre los hechos de la presente acción.

2. Como sustento fáctico , expuso que laboró al servicio de l Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) desde el 21 de septiembre de 1998 hasta el 31 de marzo de 2020, para un total de tiempo de servicio de 21 años, 6 meses y 11 días.

3. Tras su retiro de la entidad, Colpensiones emitió la Resolución SUB-183951 del 13 de julio de 2019 , mediante la cual reconoció la pensión del señor Salcedo Martínez en $

3. Tras su retiro de la entidad, Colpensiones emitió la Resolución SUB-183951 del 13 de julio de 2019 , mediante la cual reconoció la pensión del señor Salcedo Martínez en $

1 Se advierte que el 13 de noviembre ingresó el expediente al despacho de la magistrada ponente, para elaborar el proyecto de sentencia correspondiente.Radicado: 11001-03-15-000-2025-06792-00

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1.675.328 para el año 2019, condicionada al retiro de la entidad del accionante. Con posterioridad, en Resolución SUB-8765 del 3 de abril de 2020, se ordenó la incorporación a nomina y se reliquidó dicha prestación en un monto de $ 1.810.978, efectiva a partir del 31 de marzo de 2020. El accionante interpuso recurso de apelación contra ese acto administrativo, el cual fue resuelto desfavorablemente en resolución DPE 9086 del 1 de julio de 2010.

4. Inconforme con lo anterior y agotada la vía administrativa, ejerció el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho la cual se identificó con radicado No. 6800133-33-004-2020-0145-00 y conoció el Juzgado Cuarto Administrativo de Bucaramanga , que negó las pretensiones mediante sentencia del 5 de noviembre de 2021.

5. En la providencia, se indicó que al accionante debía reconocérsele la pensión con

que negó las pretensiones mediante sentencia del 5 de noviembre de 2021.

5. En la providencia, se indicó que al accionante debía reconocérsele la pensión con fundamento en los parámetros para la liquidación prevista en el artículo 21 de la Ley 100 de 1993, tal y como se había realizado . Lo anterior, conforme a los precedentes jurisprudenciales que fijó el Consejo de Estado en sentencias del 28 de agosto de 2018 y 27 de mayo de 2019, así como en «normativa constitucional» y la Ley 32 de 1986, el Decreto 407 de 1994 y Decreto 1045 de 1978.

6. El señor Salcedo Martínez apeló la decisión y el Tribunal Administrativo de Santander la confirmó, en sentencia del 14 de agosto de 20252.

7. El accionante sostiene que la providencia censurada incurrió en una vía de hecho “por los defectos material sustantivo, fáctico y violación directa a la Constitución”, porque, en su sentir, desconoció el precedente jurisprudencial de la Corte Constitucional, el de esta Corporación y las normas relevantes que tratan el tema debatido por el juez de lo contencioso administrativo.

8. Señaló que el accionado desconoció lo previsto en el parágrafo 5° transitorio del Acto Legislativo 01 de 2005, según el cual, quienes ingresaron al INPEC con anterioridad al 28 de julio de 2003, se les aplicaría lo dispuesto en la Ley 32 de 1986. En consecuencia, la decisión causó un grave perjuicio a los intereses económicos del accionante, porque se le reconoció un monto menor en la pensión de jubilación a la que tendría derecho ;

la decisión causó un grave perjuicio a los intereses económicos del accionante, porque se le reconoció un monto menor en la pensión de jubilación a la que tendría derecho ; indicó que se debió liquidar en los términos previstos en l a Ley 4 ª de 1966 , con la incorporación de todo lo devengado en el último año de servicios y los factores salariales en forma periódica y regular como contraprestación al servicio.

B. Trámite impartido e intervenciones

9. Mediante auto del 31 de octubre de 202 53, el despacho admitió la acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Santander; en calidad de terceros con interés, vinculó a Colpensiones y notificó a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado para que interviniera en el proceso, de considerarlo pertinente.

10. Colpensiones4 afirmó que la tutela es improcedente porque la parte actora pretendió a través de este mecanismo una tercera instancia para analizar el litigio que quedó

2 Notificada mediante mensaje de datos enviado el 25 de agosto de 2025. 3 SAMAI, índice 004. 4 SAMAI, índice 008.Radicado: 11001-03-15-000-2025-06792-00

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correctamente resuelto, el cual hizo tránsito a cosa juzgada. Destacó que el despacho accionado dictó su sentencia conforme a la ley al aplicar las normas relativas a la materia, la jurisprudencia constitucional , por lo que sus actuaciones, de manera alguna ,

accionado dictó su sentencia conforme a la ley al aplicar las normas relativas a la materia, la jurisprudencia constitucional , por lo que sus actuaciones, de manera alguna , trasgredieron, violaron o amenazar on los derechos fundamentales del accionante. Finalmente, consider ó que la acción de tutela no cumplía con los requisitos de procedibilidad del artículo 6 del Decreto 2591 de 1991, adicional a que no se demostró que hubiera vulnerado los derechos reclamado s por el accionante , razón más que suficiente para desvincularla del asunto.

II. CONSIDERACIONES

C. Competencia

11. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado es competente para proferir sentencia de tutela de segunda instancia, de conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Política y el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, en armonía con los artículos 13, 17 y 25 del Acuerdo 080 de 2019 (Reglamento Interno del

Consejo de Estado).

D. Problema jurídico

12. Corresponde a la Sala determinar si la solicitud de amparo cumple los requisitos generales de la tutela contra providencia judicial. De ser así, deberá abordarse el estudio de fondo del asunto, con el fin de establecer si el Tribunal Administrat ivo de Santander, al proferir la sentencia del 14 de agosto de 2025 , vulneró los derechos fundamentales

del señor Eduardo Salcedo Martínez.

E. Análisis de la Sala

Requisitos generales de procedibilidad

13. Relevancia constitucional . La cuestión que aquí se discute sí tiene relevancia constitucional, toda vez que el accionante alegó que la autoridad judicial accionada

E. Análisis de la Sala

Requisitos generales de procedibilidad

13. Relevancia constitucional . La cuestión que aquí se discute sí tiene relevancia constitucional, toda vez que el accionante alegó que la autoridad judicial accionada vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y de acceso a la administración de justicia, con ocasión de la sentencia proferida el 14 de agosto de 2025, en el marco del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 6800133-33-004-2020-00145-01, derechos tradicionalmente relevantes en la institución de la acción de tutela. Además, se observa que no se está utilizando el mecanismo de amparo constitucional como una instancia adicional al proceso ordinario , pues lo que aquí se plantea es un debate sobre la potencial afectación de los derechos fundamentales derivada del desconocimiento del parágrafo 5º del Acto Legislativo 1 de 2005, que, en criterio de la parte actora, reguló la forma de liquidar las pensiones de quienes ingresaron al INPEC con anterioridad a su entrada en vigor. Ahora, por la característica del argumento central expuesto, la Sala estudiará conjuntamente los defectos alegados a la luz del defecto sustantivo.

14. Inmediatez. La tutela cumple con el requisito de inmediatez, por cuanto la decisión cuestionada fue proferida el 14 de agosto de 2025 y fue notificada el 25 del mismo mesRadicado: 11001-03-15-000-2025-06792-00

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y año , mientras que la demanda de tutela fue presentada el pasado 29 de octubre , término que resulta razonable.

15. Se agotaron todos los recursos procedentes en el proceso ordinario.

16. Finalmente, la providencia cuestionada no fue proferida en un proceso de tutela, un tipo de decisión que, por regla general, no admite cuestionamientos mediante otra acción de la misma naturaleza 5 . Tampoco se trata de aquellas dictadas por la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, que, en su orden, resuelven acciones de inconstitucionalidad o de nulidad por inconstitucionalidad 6 , ni de sentencias interpretativas (Senit) adoptadas por la Sección de Apelación del Tribunal para la Paz de la JEP, «como consecuencia de una petición específica de algún órg ano de dicha Jurisdicción y que detenten exclusivamente un carácter general, impersonal y abstracto»7.

17. Cumplidos los requisitos generales de procedibilidad, corresponde a la Sala estudiar si la autoridad judicial demandada incurrió en los defectos alegados, los cuales, como se anunció, será analizados a la luz del defecto sustantivo.

F. Del defecto sustantivo

18. En general, el defecto sustantivo es una forma auténtica de violación directa de la ley

(norma), que, a su vez, ocurre por falta de aplicación, por indebida aplicación o por interpretación errónea. Por lo general, la falta de aplicación de una norma ocurre cuando

18. En general, el defecto sustantivo es una forma auténtica de violación directa de la ley

(norma), que, a su vez, ocurre por falta de aplicación, por indebida aplicación o por interpretación errónea. Por lo general, la falta de aplicación de una norma ocurre cuando el juzgador ignora su existencia o porque, a pesar de que la conoce, no la aplica a la solución del caso. También sucede esa forma de vi olación cuando el juez acepta la existencia ineficaz de la norma en el mundo jurídico, pues no tiene validez en el tiempo o en el espacio.

19. En los dos últimos supuestos, el juzgador examina la norma, pero cree, equivocadamente, que no es la aplicable al asunto que resuelve. Ese es un evento típico de violación por falta de aplicación, no de interpretación errónea, debido a que la norma por no haber sido aplicada no trascendió al caso y no se hizo valer en la parte resolutiva de la sentencia.

20. La aplicación indebida, por su parte, ocurre cuando el precepto jurídico, que se hace valer, se aplica, a pesar de no ser pertinente para resolver el asunto que es objeto de decisión. Por ejemplo, porque la norma empleada no se ajusta al caso, no se encuentra vigente por haber sido derogada, o ha sido declarada inconstitucional.

5 En la sentencia de unificación 627 de 2015, la Corte Constitucional explicó lo siguiente: «Si la acción de tutela se dirige contra la sentencia de tutela, la regla es la de que no procede (...). Si la sentencia de tutela ha sido proferida por [un juez o un tribunal distinto a la Corte Constitucional], la acción de tutela puede proceder de mane ra excepcional,

dirige contra la sentencia de tutela, la regla es la de que no procede (...). Si la sentencia de tutela ha sido proferida por [un juez o un tribunal distinto a la Corte Constitucional], la acción de tutela puede proceder de mane ra excepcional, cuando (…) se esté ante el fenómeno de la cosa juzgada fraudulenta (…). Si la acción se de tutela se dirige contra (…) [una actuación anterior] a la sentencia y consiste en la omisión del juez de cumplir con su deber de informar, notificar o vincular a los terceros que serían afectados por la demanda de tutela (…), la acción de tutela sí procede, (…). Si la actuación acaece con posterioridad a la sentencia y se trata de lograr el cumplimiento de las órdenes impartidas en dicha sentencia, la acción de tutela no procede. Pero si se trata de obtener la protección de un derecho fundamental que habría sido vulnerado en el trámite del incidente de desacato (…), la acción de tutela puede proceder de manera excepcional». 6 Al respecto, ver, entre otras, las sentencias SU-573 de 2017, SU-585 de 2017, SU-215 de 2022, SU 114 y SU -391 de 2023 de la Corte Constitucional. 7 Al respecto, pueden consultarse las sentencias de unificación 128 de 2021, 103 de 2022 y 215 de 2022, así como la sentencia T-131 de 2021.Radicado: 11001-03-15-000-2025-06792-00

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Y, finalmente, la interpretación errónea sucede cuando la norma que se aplica es la que regula el asunto por resolver, pero el juzgador le da un alcance errado y así, la aplica. Es decir, ocurre cuando el juzgador le asigna a la norma un sentido que no le corresponde.

21. En el mismo sentido, la Corte Constitucional considera que el defecto sustantivo se presenta cuando 8: (i) la decisión judicial se sustenta en una norma inaplicable al caso concreto; (ii) a pesar del amplio margen interpretativo que la Constitución y la ley le reconoce a las autoridades judiciales, la interpretación o aplicación que se hace de la norma en el caso concreto desconoce sentencias con efectos erga omnes que han definido el alcance de la norma; (iii) la interpretación de la norma se hace sin tener en cuenta otras disposiciones aplicables al caso y que son necesarias para efectuar una interpretación sistemática; (iv) la norma aplicable al caso concreto es desatendida y, por ende, inaplicada, o (v) a pesar de que la norma en cuestión está vigente y es constitucional, no se adecúa a la situación fáctica a la que se aplicó.

22. En el caso bajo estudio, el señor Eduardo Salcedo Martínez alegó que el Tribunal Administrativo de Santander incurrió en defecto sustantivo, al no acoger la tesis según la cual, en aplicación del parágrafo 5° del artículo 1° del Acto Legislativo 01 de 2005, su

Administrativo de Santander incurrió en defecto sustantivo, al no acoger la tesis según la cual, en aplicación del parágrafo 5° del artículo 1° del Acto Legislativo 01 de 2005, su pensión se liquidaría en los términos de la Ley 32 de 1986, norma que le resultaba más favorable. Que, en ese orden de ideas, no podía exigírsele que cumpliera los requisitos establecidos en la Ley 100 de 1993, para ser beneficiario del régimen de transición.

23. Pues bien, en la sentencia con la que culminó el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, esta es, la proferida el 14 de agosto de 2025 , el Tribunal Administrativo de Santander realizó un recuento normativo del régimen especial de los servidores del cuerpo de custodia y v igilancia del Instituto Nacional Penitenciario y

Carcelario (INPEC) y señaló lo siguiente:

En el caso concreto, está demostrado que el demandante nació el 4 de mayo de 1974 y se vinculó al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, desde el 21 de septiembre de 1998, ocupando el cargo de Dragoneante. De igual forma se encuentra demostrado que adquirió el estatus jurídico de pensionado el 31 de marzo de 2019 y en consecuencia COLPENSIONES le reconoció pensión de vejez conforme los requisitos del artículo 96 de la Ley 32 de 1986 pero en relación con el IBL tuvo en cuenta las disposiciones de la Ley 100 de 1993 y en cuanto a los factores, en Resolución SUB 183951 del 13 de julio de 2019, tuvo en cuenta los factores consagrados en el Decreto 1158 de 1994.

cuenta las disposiciones de la Ley 100 de 1993 y en cuanto a los factores, en Resolución SUB 183951 del 13 de julio de 2019, tuvo en cuenta los factores consagrados en el Decreto 1158 de 1994.

Como se advierte, Colpensiones reconoció al demandante su calidad de beneficiario del régimen especial del INPEC. La controversia gira en torno a reliquidar el IBL tan solo teniendo en cuenta el último año de servicios.

En cuanto al reconocimiento de la pensión, conforme con la jurisprudencia aplicable y lo probado en el proceso, se tiene que el parágrafo transitorio del Acto Legislativo 01 de 2005, que adicionó el artículo 48 de la Constitución Política, estableció que quienes hubiesen ingresado antes de la vigencia del Decreto 2090 de 2003 conservarían el régimen vigente para ese momento, en atención a los riesgos inherentes a su labor. Dicho régimen corresponde al previsto en la Ley 32 de 1986, que contempla el acceso a la pensión con veinte (20) años de servicio, continuos o discontinuos, sin requisito de edad, siempre que se acredite el cumplimiento de las cotizaciones exigidas, esto es, quinientas (500) semanas en actividades calificadas como de alto riesgo.

8 Ver, entre otras, las sentencias T-804 de 1999, T-522 de 2001, T-189 de 2005, T-244 de 2007 y SU-444 de 2023.Radicado: 11001-03-15-000-2025-06792-00

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No obstante, es preciso aclarar que, si bien el demandante se vinculó al INPEC el 21 de septiembre de 1998, es decir, con anterioridad a la entrada en vigencia del Decreto 2090 de 2003, para el 28 de julio de ese mismo año no cumplía con el número de semanas cotizadas exigidas para acceder al régimen pensional especial consagrado en la Ley 32 de 1986, esto es, 500 semanas. En efecto, para reunir dicho requisito al 28 de julio de 2003 —conforme lo exige el régimen especial aplicable a actividades de alto rie sgo, conservado por el Acto Legislativo 01 de 2005 —, la persona debió haberse vinculado laboralmente y cotizado de manera efectiva desde, por lo menos, finales de diciembre de 1993.

Así las cosas, no es procedente acceder a la solicitud de reliquidación de la pensión del actor tomando como base el último año de servicios, toda vez que el ingreso base de liquidación (IBL) debe determinarse conforme a las reglas del régimen general previsto en la Ley 100 de 1993, específicamente lo dispuesto en los artículo s 21 y 36, y el Decreto 1158 de 1994, normas aplicables incluso a los beneficiarios del régimen especial de la Ley 32 de 1986 en lo que respecta a los factores salariales y al periodo de cómputo del IBL.

En efecto, la jurisprudencia ha precisado que, si bien el régimen especial determina los requisitos de acceso al derecho pensional (edad, tiempo de servicios, semanas

al periodo de cómputo del IBL.

En efecto, la jurisprudencia ha precisado que, si bien el régimen especial determina los requisitos de acceso al derecho pensional (edad, tiempo de servicios, semanas mínimas), los aspectos relacionados con el cálculo del IBL y los factores incluidos en la liquidación están regulados por el régimen general, salvo que exista norma expresa en el régimen especial que disponga lo contrario, lo cual no ocurre en este caso. Por ende, el cálculo del IBL realizado por Colpensiones se ajusta a derecho, al haber tenido en cuenta las cotizaciones efectuadas en los últimos diez años.

24. Visto lo anterior, la Sala considera que los argumentos propuestos por la accionante no están llamados a prosperar. En efecto, en criterio de la Sala, la decisión del Tribunal Administrativo de Santander fue razonable y no merece reproche alguno desde el punto de vista constitucional, pues sí tuvo en cuenta que el señor Eduardo Salcedo Martínez pertenecía al régimen pensional especial de los miembros del cuerpo de custodia y vigilancia del INPEC; sin embargo, anotó que, para acceder al régimen de transición de la Ley 32 de 1986, era necesario que acreditara haberse vinculado con anterioridad a la entrada en vigencia del Decreto 2090 de 2003 y, adicional a ello , probar que había cotizado al menos 500 semanas en actividades de alto riesgo.

25. La Corte Constitucional, en la sentencia C -633 del 29 de agosto de 2007, declaró exequible el primer inciso del artículo 6 del Decreto 2090 de 2003, « en el entendido de que para el cómputo de las ‘500 semanas de cotización especial’, se podrán acreditar

exequible el primer inciso del artículo 6 del Decreto 2090 de 2003, « en el entendido de que para el cómputo de las ‘500 semanas de cotización especial’, se podrán acreditar las semanas de cotización efectuadas en cualquier actividad que hubiere sido calificada jurídicamente como de alto riesgo».

26. Es claro, entonces, que la decisión adoptada por la autoridad judicial accionada no desconoció lo dispuesto por el parágrafo transitorio 5° del Acto Legislativo 1 de 2005; por el contrario, la norma constitucional fue aplicada de conformida d con la interpretación que para el efecto realizó la Corte Constitucional en la sentencia C-633 de 2007.

27. De hecho, La Corte Constitucional, en la sentencia C-651 de 2015, respecto del Acto

Legislativo 1 de 2005, consideró lo siguiente:

25.3. En tercer lugar, quizás lo anterior lleva a preguntarse por qué entonces, si era claro que el Acto legislativo no interferiría en la vigencia y validez de las pensiones de alto riesgo, contempladas en el Decreto 2090 de 2003, resultaba necesario cont emplar el actual parágrafo transitorio 5º del artículo 48 de laRadicado: 11001-03-15-000-2025-06792-00

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Constitución. La respuesta se halla hacia el final del trámite de formación del Acto, ya dentro del tercer debate de la segunda vuelta, en el Senado de la República. En

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Constitución. La respuesta se halla hacia el final del trámite de formación del Acto, ya dentro del tercer debate de la segunda vuelta, en el Senado de la República. En ese momento adquirió fuerza una preocupación parlamentaria que antes se venía discutiendo, ya no en torno a la posible afectación de las pensiones de vejez por actividades de alto riesgo, pues había claridad acerca de que no las impactaba la reforma, sino en torno de una situación puntual de los miembros del cuerpo de custodia y vigilancia penitenciaria y carcelaria nacional, pues al parecer había un vacío regulatorio en el tiempo en relación con este personal, que el Congreso consideró necesario colmar. Esa intervención concluyó con una constancia. Pero en una sesión de Comisión posterior, dentro del mis mo tercer debate de la segunda vuelta, se convirtió la constancia en una proposición aditiva, suscrita por miembros de distintos partidos.

El texto finalmente aprobado en Comisión Primera del Senado, fue en su sentido el que en definitiva quedó en el Acto Legislativo. Pero lo que queda claro es entonces que el origen del parágrafo transitorio 5º del artículo 48 de la Constitución fue la preocupación por colmar una aparente deficiencia regulatoria en relación con un grupo de personas debidamente delimitado, y no la necesidad de delimitar el ámbito personal o material de validez del Decreto 2090 de 2003, pues el presupuesto común a los debates en que se incorporó la proposición aditiva fue que este Decreto, y en general las pensiones de alto riesgo, tendrían una vigencia no interferida por el Acto Legislativo en trámite.

26. De acuerdo con lo anterior, tanto el texto del artículo 48 de la Constitución,

aditiva fue que este Decreto, y en general las pensiones de alto riesgo, tendrían una vigencia no interferida por el Acto Legislativo en trámite.

26. De acuerdo con lo anterior, tanto el texto del artículo 48 de la Constitución, interpretado sistemáticamente en sus incisos y parágrafos, como el sentido de las deliberaciones que precedieron a la expedición del Acto Legislativo 01 de 2005, indican que las pensiones de vejez por actividades de alto riesgo, tal como son reguladas en el Decreto 2090 de 2003, no solo no fueron eliminadas con la entrada en vigencia de la reforma constitucion al, sino que aparte no estaban llamadas a desaparecer tampoco con el advenimiento del 31 de julio de 2010, pues no les era aplicable específicamente lo previsto en el parágrafo transitorio 2º del artículo 48 Superior. Pero además de estas razones hay otra, que la Corte Constitucional comparte de forma parcial con el Procurador General de la Nación, y es que admitir la validez de las pensiones de vejez por actividades de alto riesgo se ajusta, y no desconoce, las finalidades de sostenibilidad financiera que buscaba alcanzar el Acto Legislativo 01 de 2005.

28. De lo anterior se desprende que, si bien la Corte Constitucional señaló que la finalidad del parágrafo transitorio 5° del Acto Legislativo 1 de 2005 «fue colmar una aparente deficiencia regulatoria» y que «las pensiones de vejez por actividades de alto riesgo, tal como son reguladas en el Decreto 2090 de 2003, no solo no fueron eliminadas con la entrada en vigencia de la reforma constitucional (...) », lo cierto es que de las

deficiencia regulatoria» y que «las pensiones de vejez por actividades de alto riesgo, tal como son reguladas en el Decreto 2090 de 2003, no solo no fueron eliminadas con la entrada en vigencia de la reforma constitucional (...) », lo cierto es que de las consideraciones allí expuestas po r ese alto tribunal no es posible deducir que para acceder al régimen de transición de las actividades de alto riesgo del INPEC no se requiera acreditar las semanas de cotización, pues, de hecho, del contenido literal del acto legislativo referido sí es po sible inferir que « deben haberse cubierto las cotizaciones correspondientes».

29. Adicionalmente, se tiene que la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, en sentencia del 23 de octubre de 2020 9, en un asunto de contornos fácticos y

jurídicos similares, consideró lo siguiente:

54. En esas condiciones, se concluye que los servidores públicos que ejercen actividades de alto riesgo, les fue concedido un régimen de transición con el Decreto

9 Expediente 47001-23-33-000-2017-00025-0, M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.Radicado: 11001-03-15-000-2025-06792-00

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2090 de 2003 consistente en que quienes a 28 de julio de 2003 hubieren cotizado al menos 500 semanas, tendrán derecho a que una vez cumplidas 1000 semanas cotizadas, la pensión de jubilación les sea reconocida en las mismas condiciones

2090 de 2003 consistente en que quienes a 28 de julio de 2003 hubieren cotizado al menos 500 semanas, tendrán derecho a que una vez cumplidas 1000 semanas cotizadas, la pensión de jubilación les sea reconocida en las mismas condiciones establecidas en la norma anterior que regula las actividades de alto riesgo. (...)

63. En este estado, para la Sala es importante recordar que lo dispuesto en el parágrafo transitorio 5º del artículo 48 de la Constitución Política, adicionado por el artículo 1º del Acto Legislativo 01 de 2005, no desconoce lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 100 de 1993 ni en el Decreto 2090 de 2003, por lo que el régimen de transición establecido en este decreto seguirá produciendo efectos para la aplicación de la Ley 32 de 1986 pa ra el reconocimiento pensional, para lo cual deben haberse cubierto las cotizaciones correspondientes.

30. Así las cosas, es evidente que el análisis del caso concreto que realizó el Tribunal Administrativo de Santander encuentra respaldo en pronunciamientos tanto de la Corte Constitucional como del Consejo de Estado y, bajo ese contexto, la Sala concluye q