CE - Sentencia 11001031500020250679600 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Consejero ponente: NICOLÁS YEPES CORRALES

Bogotá, D.C., cinco (05) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

Radicación: 11001-03-15-000-2025-06796-00

Accionante: Roberto Fabio Cano Buelvas Accionado: Tribunal Administrativo del Cesar Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

Tema: Acción de tutela en contra de providencia judicial. Subtema 1: Requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela – subsidiariedad. Sentido del fallo de tutela: Se declara improcedente.

La Sala decide la acción de tutela 1 presentada por Roberto Fabio Cano Buelvas, a través de apoderado judicial, en contra del Tribunal Administrativo del Cesar.

I. ANTECEDENTES

1. La solicitud de tutela

El 28 de octubre de 20252 la parte actora interpuso esta acción constitucional en procura de la protección de sus derechos al debido proceso y acceso a la administración de justicia, que considera vulnerados por el Tribunal Administra tivo del Cesar, debido a que, a través de la sentencia del 24 de abril de 2025, confirmó la decisión de primera instancia del 26 de septiembre de 2024, proferida por el Juzgado Octavo Administrativo de Valledupar, que accedió a las pretensiones de la demanda, en el marco del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho de radicado 20001-33-33-008-2023-00315-00/01.

2. Hechos

demanda, en el marco del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho de radicado 20001-33-33-008-2023-00315-00/01.

2. Hechos

2.1. El señor Roberto Fabio Cano Buelvas presentó demanda 3 contra la Nación, Ministerio de Educación, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y el departamento del Cesar, en orden a que se declarara la nulidad de la Resolución CES2022ER028370-CES2023EE000941 del 19 de enero de 2023. A título de restablecimiento del derecho, solicitó, entre otras cosas, ordenar el reconocimiento

1 Índice 2 de SAMAI, certificado A9FF6ECEC43C190A 5EA6AB4F7066A24B 5645A8F96075F3A3 4F815D5989A58D59. 2 Índice 3 de SAMAI, certificado 3C3423F28235406C A9A2702EF43D068D EACA5291E6943045 219064A176386786. 3 Archivo denominado “2_Radicación del processo_Demanda”, visible a índice 9 de SAMAI, certificado 7F91AD279DC5D94B

DEEE95F01AA634D3 CFEA729FB6E59EC0 FE6ECF4AA407C5BD.2

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Accionante: Roberto Fabio Cano Buelvas Accionado: Tribunal Administrativo del Cesar Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

y pago, de manera indexada, de la sanción moratoria de que trata la Ley 1071 de 2006, equivalente a 1 día de su salario por cada día de retardo, contados desde los

Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

y pago, de manera indexada, de la sanción moratoria de que trata la Ley 1071 de 2006, equivalente a 1 día de su salario por cada día de retardo, contados desde los 15 días siguientes al momento en que se radicó la solicitud de cesantía y desde los 45 días hábiles siguientes desde que quedó ejecutoriado el acto administrativo que reconoció dicho emolumento.

2.2. El Juzgado Octavo Administrativo Oral de Valledupar, por medio de sentencia del 26 de septiembre de 20244, accedió a las pretensiones de la demanda. En ese sentido, declaró i) probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva del departamento del Cesar; y ii) la nulidad del acto demandad o. A título de restablecimiento del derecho, condenó a la Nación, Ministerio de Educación y Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio a reconocer al señor Cano Buelvas la indemnización moratoria por el pago tardío de las cesantías parciales, en razón a un día de salario por cada día de retardo, desde el 28 de enero de 2020 hasta el 5 de febrero de 2020, inclusive, conforme a lo establecido en el parágrafo del artículo 5 de la Ley 1071 de 2006, teniendo en cuenta la asignación básica vigente para el período en que se causó la mora.

2.3. Inconforme con la decisión , el señor Roberto Cano Buelvas interpuso recurso de apelación.

2.4. El 24 de abril de 20255 el Tribunal Administrativo del Cesar emitió sentencia de segunda instancia, a través de la cual confirmó la providencia apelada , con fundamento en las siguientes consideraciones:

de apelación.

2.4. El 24 de abril de 20255 el Tribunal Administrativo del Cesar emitió sentencia de segunda instancia, a través de la cual confirmó la providencia apelada , con fundamento en las siguientes consideraciones:

“[…] En el caso bajo estudio, se tiene acreditado con el material probatorio allegado al expediente por la parte actora lo siguiente: (i) el demandante presentó solicitud de reconocimiento de las cesantías parciales el 11 de octubre de 2019, (ii) el término legal para el reconocimiento y pago del auxilio de cesantías venció el 5 de noviembre de 2019; (iii) el auxilio de cesantías fue reconocido el 21 de octubre de 2019 por medio de la Resolución No.7027 de esa fecha (iv) El auxilio fue puesto a disposición del actor el día 6 de febrero de 2020, (v) el actor presentó solicitud de reconocimiento de la sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías el 28 de diciembre de 2022.

En virtud de lo anterior se establece que la entidad territorial incurrió en retar do para el pago de las cesantías reclamadas por el demandante, es decir, quince (15) días para expedir el acto de reconocimiento de las cesantías, diez (10) días más que corresponden al término de la ejecutoria y cuarenta y cinco (45) para un total de 70 d ías, vencidos estos días se entiende que el pago debió producirse el 27 de enero de 2020.

4 Archivo denominado “061 Sentencia de primera instancia”, visible a índice 9 de SAMAI, certificado 7F91AD279DC5D94B

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4 Archivo denominado “061 Sentencia de primera instancia”, visible a índice 9 de SAMAI, certificado 7F91AD279DC5D94B DEEE95F01AA634D3 CFEA729FB6E59EC0 FE6ECF4AA407C5BD. 5 Archivo denominado “006 Sentenciadese_[…]”, visible a ín dice 10 de SAMAI, certificado 5660B467AB54B0BA

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Accionante: Roberto Fabio Cano Buelvas Accionado: Tribunal Administrativo del Cesar Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

[…] En virtud de lo anterior se determina que la administración incurrió en un retraso de 9 días de mora a favor del señor ROBERTO CANO BUELVAS por el pago tardío de las cesantías parciales, así las cosas, el pago por concepto de sanción moratoria corresponde desde el 28 de enero hasta el 5 de febrero de 2020.

[…] Ahora bien, al analizar los argumentos de la apelación se observa que la entidad afirma que fueron mas días de mora, pero a esa conclusión llega porque cuenta los 70 días hábiles desde la presentación de la solicitud, sin observar lo dispuesto en la sentencia de unificación, en la cual se indicó que en el caso de expedirse en tiempo el acto administrativo de reconocimiento y notificarse oportunamente, a partir de allí se contarían 45 días hábiles para el pago de la misma, de manera que al aplicar la primero de las situaciones previstas en la jurisprudencia de unificación, la liquidación fue correctamente ef ectuada por el

oportunamente, a partir de allí se contarían 45 días hábiles para el pago de la misma, de manera que al aplicar la primero de las situaciones previstas en la jurisprudencia de unificación, la liquidación fue correctamente ef ectuada por el juzgador de primera instancia.”6 (Resaltado fuera del texto).

3. Fundamentos de la acción de tutela

La parte accionante sostuvo que:

3.1. La autoridad accionada desconoció que la solicitud de reconocimiento y pago de las cesantías fue radicada el 11 de octubre de 2019; la entidad territorial emitió respuesta el 21 del mismo mes y año, y su notificación personal se realizó el 30 siguiente, lo que permitía concluir que la gestión a cargo de la Secretaría de Educación no superó los 15 días hábiles, es decir, se hizo dentro del término previsto en la ley. Sin embargo, el tribunal aplicó la hipótesis de los 70 días hábiles para determinar si se pr esentó retardo en el trámite de cesantías, cuando dicho supuesto está previsto para los casos en que el acto de reconocimiento se expide de manera extemporánea, mientras que la sentencia de unificación CE-SUJ2-01218 estableció expresamente un término disti nto, esto es, 55 días hábiles para situaciones como la ocurrida en el sub lite.

3.2. La controversia debía examinarse bajo la hipótesis que contemplaba la expedición y notificación en tiempo del acto de reconocimiento de la prestación económica. En ese or den, el conteo de los 55 días hábiles iniciaba el día hábil siguiente a la notificación de la resolución que reconoció cesantías parciales a favor

expedición y notificación en tiempo del acto de reconocimiento de la prestación económica. En ese or den, el conteo de los 55 días hábiles iniciaba el día hábil siguiente a la notificación de la resolución que reconoció cesantías parciales a favor del señor Cano Buelvas, esto es, el 31 de octubre de 2019; por lo que, a partir de este momento, se contabilizaban los 10 días correspondientes a la ejecutoria ante la falta de constancia de renuncia de términos y, posteriormente, los 45 días destinados al pago del auxilio económico, los cuales culminaban el 22 de enero de 2020.

6 Archivo denominado “006 Sentenciadese_[…]”, visible a ín dice 10 de SAMAI, certificado 5660B467AB54B0BA

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4. Pretensiones de la acción

La parte accionante textualmente solicitó lo siguiente:

“1. Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CESAR, en sentencia del 24 de abril de 2025, dictado dentro del medio de control bajo radicado 20 -001-33-33-0082023-00315-01, transgredió los derech os fundamentales al DEBIDO PROCESO, ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, TUTELA JUDICIAL EFECTIVA y PRINCIPIO PRO HOMINE del señor ROBERTO FABIO CANO BUELVAS , al haber

ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, TUTELA JUDICIAL EFECTIVA y PRINCIPIO PRO HOMINE del señor ROBERTO FABIO CANO BUELVAS , al haber adoptado una decisión que se aparta de los principios de la sana crítica que rigen la valoración probatoria y del marco normativo vigente aplicable al caso concreto.

2. Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CESAR dejar sin efectos la providencia referida en el numeral anterior y se profiera una nueva decisión judicial que garantice (i) un análisis integral de los medios de convicción, con lo cual el fin de lograr el esclarecimiento de la situación fáctica del accionante Roberto Fabio Cano Buelvas y, (ii) aplicando en debida forma la normatividad que reglamenta las competencias en el procedimiento administrativo definido para la gestión de las solicitudes de reconocimiento y pago de las cesantías en favor de los docentes del Fomag.”7 (Resaltado original del texto).

5. Trámite de la acción de tutela en primera instancia y fundamento de la oposición

5.1. Mediante auto del 31 de octubre de 2025 8 el despacho ponente admitió la acción de tutela , vinculó a l Juzgado Octavo Administrativo de Valledupar , a la Nación, Ministeri o de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y al departamento de l Cesar . También dispuso la notificación a las partes y a los vinculados.

5.2. El Juzgado Octavo Administrativo de Valledupar 9 hizo un recuento de las actuaciones procesales surtidas en esa instancia y aseveró que se realizaron a la

notificación a las partes y a los vinculados.

5.2. El Juzgado Octavo Administrativo de Valledupar 9 hizo un recuento de las actuaciones procesales surtidas en esa instancia y aseveró que se realizaron a la luz del principio de legalidad. Asimismo, señaló que las decisiones que se profirieron dentro del proceso fueron debidamente motivadas, de conformida d con la normatividad que regula la materia, razón por la cual no se vulneraron los derechos fundamentales invocados por el accionante.

5.3. El Ministerio de Educación Nacional 10 aseveró que la presente acción es improcedente al no cumplir el requisito de relevancia constitucional, aunado al

7 Índice 2 de SAMAI, certificado A9FF6ECEC43C190A 5EA6AB4F7066A24B 5645A8F96075F3A3 4F815D5989A58D59 , folios 3 y 4. 8 Índice 5 de SAMAI, certificado EE613EEE99AFD924 DE24E90711EA4273 2F524FF010FFD683 360C8AACAEAEAF87. 9 Índice 9 de SAMAI, certificado 8C1B3AAD25C91B57 E8FB552488AC8503 B4D7BA726B24E6E8 5625D5D0161F369C. 10 Índices 11 y 12 de SAMAI, certificado 3E3D0397F7352314 72B147E125D1952B 5C665A9EB33D3805

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Accionante: Roberto Fabio Cano Buelvas

Accionado: Tribunal Administrativo del Cesar

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hecho de que se configura la falta de legitimación por pasiva de dicha entidad, comoquiera que no es l a responsable de la conducta cuya omisi ón genera la vulneración alegada, por lo que solicitó su desvinculación.

5.4. La Fiduprevisora S.A., en calidad de vocera y administradora del Patrimonio Autónomo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio,11 afirmó que se configura la falta de legitimación por pasiva de dicha entidad, por lo que solicitó su desvinculación . Adiciona lmente, manif estó que l a acción de tutela es improcedente, toda vez que las autoridades judiciales que conocieron el proceso actuaron conforme a la normativa establecida sin que se pueda aducir que los jueces de cada instancia desconocieron los precedentes judiciales relacionados con el tema objeto de la demanda.

5.5. El Tribunal Administrativo del Cesar y e l departamento del Cesar 12, no se pronunciaron.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer de la acción de tutela incoada por Roberto Fabio Cano Buelvas en contra del Tribunal Administrativo del Cesar, de conformidad con lo establecido en los artículos 86 de la Constitución, 37 del Decreto 2591 de 1991 y 13 del Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado.

2. Problema jurídico

con lo establecido en los artículos 86 de la Constitución, 37 del Decreto 2591 de 1991 y 13 del Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado.

2. Problema jurídico

En primer lugar, se verificará si la solicitud de amparo constitucional cumple con los requisitos generales de procedibilidad. En caso afirmativo, se determinará si se vulneraron los derechos fundamentales alegados por la parte actora.

11 Índice 14 de SAMAI, certificado F5EAB9A80D0B30DD 3D643C409743DB97 389F1F0195BAFA3A BEDD77D80E6CD6C5. 12 Luego de efectuar la consulta en SAMAI, no se encontró registro alguno de que el Tribunal Administrativo del Cesar y el departamento del Cesar hubieran rendido informe, pese a la notificación electrónica surtida, visible en el índice 8 de SAMAI.6

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3. La acción de tutela en contra de providencias judiciales

La Corte Constitucional en sentencia C -590 del 2005 reconoció que la acción de tutela en contra de providencias judiciales está sujeta al cumplimiento de rigurosos requisitos de procedibilidad 13 y de procedencia 14 con el fin de determinar si se vulneraron o no los derechos de orden superior.

4. Verificación del cumplimiento del requisito de subsidiariedad en el caso concreto

4.1. El inciso 3 del artículo 86 de la Constitución Política establece que la acción de

vulneraron o no los derechos de orden superior.

4. Verificación del cumplimiento del requisito de subsidiariedad en el caso concreto

4.1. El inciso 3 del artículo 86 de la Constitución Política establece que la acción de tutela resulta procedente cuando el afectado no dispone de otro medio de defensa judicial. Sin embargo, la Corte Constitucional ha señalado que la solicitud de amparo procede de forma excepcional: i) cuando, a pesar de existir otros mecanismos, estos no son idóneos ni eficaces para la protección de derechos fundamentales, o ii) cuando se ejerce para evitar la causación de un perjuicio irremediable15. En el primer caso, la orden de protección sería definitiva y, en el segundo, transitoria.

Es pertinente recordar que la acción de tutela tiene un carácter residual y que, tratándose de la censura de providencias judiciales, corresponde al juez verificar: i) si el asunto está en trámite; ii) si el solicitante agotó todos los medios de defensa ordinarios y extraordinarios; y iii) si se pretende su uso para revivir etapas procesales en las que se dejaron de emplear los recursos previstos en el ordenamiento jurídico.

4.2. En el sub examine , el señor Cano Buelvas cuestiona, en esencia, que el Tribunal Administrativo del Cesar desconoció que la solicitud de reconocimiento y pago de las cesantías fue radicada el 11 de octubre de 2019, la entidad territorial emitió respuesta el 21 del mismo mes y año y su notificación personal se realizó el 30 siguiente, lo que permitía concluir que la gestión a cargo de la Secretaría de

pago de las cesantías fue radicada el 11 de octubre de 2019, la entidad territorial emitió respuesta el 21 del mismo mes y año y su notificación personal se realizó el 30 siguiente, lo que permitía concluir que la gestión a cargo de la Secretaría de

13 De acuerdo con la sentencia C-590 del 2005, la tutela en contra de providencia judicial está sujeta al cumplimiento de los siguientes requisitos generales de pr ocedibilidad: que el asunto sometido a estudio del juez de tutela tenga relevancia constitucional; que el actor haya agotado los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios antes de acudir al juez de tutela; que la petición cumpla con el requisito de inmediatez; que en el evento de fundamentarse la solicitud en una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa en la decisión de fondo que se estima violatoria de los derechos fundamentales; que se identifiquen en forma razonable los hechos que generan la vulneración de los derechos y, de ser posible, hayan sido cuestionados al interior del proceso y; que el fallo censurado no sea de tutela. 14 Los requisitos específicos, también conocidos como defectos, son: defecto orgánico; defecto procedimental; defecto fáctico; defecto material o sustantivo; defecto por error inducido; defecto por falta de motivación; defecto por desconocimiento del precedente; y defecto por violación directa de la Constitución. 15 Corte Constitucional, sentencia T 230 de 2013. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez; 18 de abril de 2013.7

Radicación: 11001-03-15-000-2025-06796-00

Accionante: Roberto Fabio Cano Buelvas Accionado: Tribunal Administrativo del Cesar Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

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Accionante: Roberto Fabio Cano Buelvas Accionado: Tribunal Administrativo del Cesar Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

Educación no superó los 15 días hábiles, es decir, se hizo dentro del término previsto en la ley. Sin embargo, el tribunal aplicó la hipótesis de los 70 días hábiles para determinar si se presentó retardo en el trámite de cesantías, cuando dicho supuesto está previsto para los casos en que el acto de reconocimiento se expide de manera extemporánea, mientras que la sentencia de unificación CE-SUJ2-01218 estableció expresamente un término distinto, esto es, 55 días hábiles para situaciones como la ocurrida en el sub lite.

En su concepto, el conteo de los 55 días hábiles iniciaba el día hábil siguiente a la notificación de la resolución que reconoció cesantías parciales a su favor, esto es, el 31 de octubre de 2019; por lo que, a partir de este momento, se contabilizaban los 10 días correspondientes a la ejecutoria ante la falta de constancia de renuncia de términos y, posteriormente, los 45 días destinados al pago del auxilio económico, los cuales culminaban el 22 de enero de 2020.

4.3. Al respecto, esta Sala advierte que la solicitud de amparo no cumple con el requisito de subsidiariedad, pues se observa que el artículo 250 del CPACA contempla el mecanismo jurídico del recurso extraordinario de revisión, entre ellas la causal 516, herramienta con la que el accionante puede hacer valer sus derechos, en especial el debido proceso frente a una presunta incongruencia de la sentencia reprochada.

contempla el mecanismo jurídico del recurso extraordinario de revisión, entre ellas la causal 516, herramienta con la que el accionante puede hacer valer sus derechos, en especial el debido proceso frente a una presunta incongruencia de la sentencia reprochada.

4.4. En ese sentido, resulta evidente que la parte actora no ha agotado los mecanismos que el ordenamiento jurídico pone a su disposición para proteger sus intereses y, pese a su argumentación, no logró demostrar la falta de idoneidad de la vía judicial indicada ni la ocurrencia de un perjuicio irremediable, ni se acreditó alguna circunstancia que lo pudiera configurar.

5. En consecuencia, el presupuesto de subsidiariedad, como se expuso, no se encuentra superado en este caso, lo cual hace que l a acción constitucional resulte improcedente.

6. Al margen de lo antes dicho, resalta la Sala que, si lo que se pretendía era censurar la aplicación indebida o incorrecta de una regla fijada en una sentencia de

16 “Artículo 250. Causales de revisión. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, son causales de revisión: […] 5. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación. […]”8

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unificación, la interesada debió agotar, en su momento, el recurso extraordinario de

Accionante: Roberto Fabio Cano Buelvas Accionado: Tribunal Administrativo del Cesar Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

unificación, la interesada debió agotar, en su momento, el recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia, establecido en los artículos 256 y 268 del CPACA; sin embargo, no se avista que tal medio haya sido agotado, lo que reaviva la improcedencia por ausencia de subsidiariedad acá definida.

En mérito de lo expuesto, la Subsección C de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

III. RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR improcedente el amparo constitucional , de conformidad con las razones ut supra.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados por el medio más expedito.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión al día siguiente de su ejecutoria, conforme con lo dispuesto en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, siempre que no sea objeto de impugnación.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

WILLIAM BARRERA MUÑOZ Presidente de la Sala

ADRIANA POLIDURA CASTILLO NICOLÁS YEPES CORRALES

Consejera de Estado Consejero de Estado