CE - Sentencia 11001031500020250679900 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Bogotá D. C., veinticinco (25) de noviembre de dos mil veinticinco (2025).

Radicado: 11001-03-15-000-2025-06799-00

Accionante: ANA CONSTANCIA1 ROJAS DE REYES

Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOLÍVAR

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

Temas: Tutela contra providencia que declaró la caducidad del derecho de acción en reparación directa en caso de soldado conscripto // requisitos de procedencia de la acción de tutela //.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Antecedentes

1. La Sala resuelve en primera instancia la acción de tutela promovida por Ana Constancia Rojas de Reyes contra la providencia proferida el 12 de julio de 2024, notificada el 8 de agosto de 2025, en la que se resolvió la segunda instancia de un proceso de rep aración directa. Con el fin de facilitar la exposición de los antecedentes, en primer lugar, se explicará el desarrollo del proceso contencioso administrativo, y en segundo lugar, se expondrán los fundamentos del escrito de amparo.

Antecedentes del proceso contencioso administrativo identificado 13-001-3333-004-2017-00081-01

2. Según se lee en la sentencia atacada, durante los años 1997 y 1999, miembros de estructuras de grupos paramilitares, conocidos como Autodefensas Unidas de

33-004-2017-00081-01

2. Según se lee en la sentencia atacada, durante los años 1997 y 1999, miembros de estructuras de grupos paramilitares, conocidos como Autodefensas Unidas de Colombia, hicieron permanente presencia en el corregimiento de las Palmas, en el municipio de San Jac into, Departamento de Bolívar. Ejecutaron varios homicidios selectivos sobre pobladores del corregimiento, todo ello, a pesar de que los habitantes solicitaron protección de las autoridades públicas y de las fuerzas militares y policiales. Sin embargo, cua ndo miembros de las organizaciones criminales hacían presencia en el casco urbano del corregimiento nunca estaban miembros de la fuerza pública.

3. Lo anterior causó que, en septiembre de 1999, se produjo el desplazamiento forzado de los residentes del corr egimiento hacia el municipio de San Jacinto y zonas aledañas. En el año 2005, las personas en condición de desplazamiento forzado intentaron regresar al corregimiento de las Palmas, pero en febrero de 2005, se produjo otro homicidio selectivo por parte del mismo actor armado, con el mismo resultado, el desplazamiento forzado de los pobladores.

1 En la carátula del expediente figura el nombre “Constanza” en el escrito de tutela y en la firma de la demanda la accionante escribe su nombre como Ana Constancia Rojas de Reyes.Radicación número: 11001-03-15-000-2025-06799-00

Accionante: Ana Constancia Rojas de Reyes Accionado: Tribunal Administrativo de Bolívar Referencia: Primera instancia acción de tutela

4. Lo anterior produjo que el 27 de marzo de 2017, la tutelante y otras personas

Accionante: Ana Constancia Rojas de Reyes Accionado: Tribunal Administrativo de Bolívar Referencia: Primera instancia acción de tutela

4. Lo anterior produjo que el 27 de marzo de 2017, la tutelante y otras personas iniciaran demanda de reparación directa contra la Nación -Ministerio de DefensaArmada Nacional-Ejército Nacional-Policía Nacional y el Ministerio de San Jacinto.

El proceso fue repartido al Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Cartagena e identificado con el número 13001-33-33-004-2017-00081-00.

5. Surtido el trámite de primera instancia, el Juzgado Cuarto Administrativo Oral del Circuito de Cartagena, en providencia de 6 de noviembre de 2020, dando aplicación al precedente de 29 de enero de 2020, proferido por el Pleno de la Sección Tercera del Consejo de Estado dentro del radicado 61033 declaró la caducidad de la demanda, pues, incluso acudiendo al precedente de la SU -254 de 2013, la demanda de reparación directa debía presentarse, a más tardar el 23 de mayo de 2015, sin embargo fue radicada el 27 de marzo de 2017.

6. En decisión de 12 de julio de 2024, notificado el 8 de agosto de 2025, el Tribunal Administrativo de Bolívar confirmó la decisión de primera instancia por idénticas razones que la primera instancia. Se indicó que conforme el precedente unificado de 29 de enero de 2020, el derecho de acción caduca incluso en casos de graves violaciones a los derechos humanos, y en el caso concreto, el término debía contabilizarse siguiendo el precedente de la Sentencia SU-254 de 2013, motivo por

de 29 de enero de 2020, el derecho de acción caduca incluso en casos de graves violaciones a los derechos humanos, y en el caso concreto, el término debía contabilizarse siguiendo el precedente de la Sentencia SU-254 de 2013, motivo por el cual, según el término de ejecutoria de la providencia de unificación, el cómputo de la caducidad corrió entre el 22 de mayo de 2013 y el 22 de mayo de 2015, pero la demanda se radicó el 29 de marzo de 2017.

Fundamentos del escrito de tutela

7. La tutelante sostiene que la decisión judicial del tribunal administrativo censurado incurrió en los defectos procedimental y sustantivo e incumplió el precedente constitucional fijado en las providencias T -044 de 2022 y de la SU -163 de 2023, pues la autoridad judicial accionada no requirió a la parte actora para que explicara las razones concretas por las cuales acudió hasta el año 2017 a la administración de justicia.

8. En criterio de la actora, el Tribunal Administrativo de Bolívar incurrió en un defecto procedimental absoluto pues no permitió a las víctimas del conflicto armado del corregimiento de las palmas, municipio de san jacinto, la oportunidad de presentar y actualizar el planteamiento en los alegatos de conclusión, conforme las reglas establecidas en la sentencia de unificación. A juicio de la tutelante, el tribunal debió readecuar la fase de alegatos y permitir a las partes presentar nuevamente sus argumentos de conclusión, en donde habría podido exponer los motivos que impidieron su acceso inmediato a la administración de justicia.

debió readecuar la fase de alegatos y permitir a las partes presentar nuevamente sus argumentos de conclusión, en donde habría podido exponer los motivos que impidieron su acceso inmediato a la administración de justicia.

9. Solicitó el amparo de los derechos fundamentales alegados, y en consecuencia dejar sin efecto la providencia de 12 de julio de 2024, pero notificada el 8 de agosto de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar.

Trámite de la tutela

10. Admitida la demanda, se vinculó como parte accionada al Tribunal Administrativo de Bolívar y al Juzgado Cuarto Administrativo de Cartagena. ComoRadicación número: 11001-03-15-000-2025-06799-00

Accionante: Ana Constancia Rojas de Reyes Accionado: Tribunal Administrativo de Bolívar Referencia: Primera instancia acción de tutela

tercero con interés legítimo se vinculó a Jaime Manuel Reyes Rivera, Carmen Cecilia Reyes Barreto, Stalyn Luis Reyes Barreto, Alcira Barreto Caro, Ana Isabel Díaz Meléndez, Aníbal Gustavo Arroyo Díaz, Estefany Arroyo Díaz, Lorenzo Tapia Caro, Mildred Arrieta Caro, Lorenzo Antonio Tapia Arrieta, Rafael Caro Torres, Aldair Alfonso Caro Benavidez, Emilse Regina Lora H errera, Jaider José Ardila Lora, Ana Mercedes Cortezano Arroyo, Martha Liliana Cortezano Arroyo, María Arroyo Vásquez, Enilda Sofía Caro Tapia, Gregorio Segundo Ortega Tapia, Carmen Cortezano Arroyo, Roger José Arroyo Meza, Ernesto Tapia Peñaloza, Leda del

Arroyo Vásquez, Enilda Sofía Caro Tapia, Gregorio Segundo Ortega Tapia, Carmen Cortezano Arroyo, Roger José Arroyo Meza, Ernesto Tapia Peñaloza, Leda del Carmen Vásquez de Meza, Bernardo Meza Barreto, Pedro Manuel Romero Reyes, Carmen Cortezano Arroyo, Norelys Del Carmen Romero Cortezano, Noralba Romero Cortezano, Perfecto Ismael Arroyo Arroyo, Ramiro Tapia Arroyo, Blanca Zunilda Herrera de Lora, Elia Marí a Reyes Caro, María Fernanda Polo Reyes, Clemente Antonio Sierra Barreto y Marlys Cecilia Meza Vásquez y a los demás intervinientes dentro del proceso de reparación directa con radicado número 1300133-33-004-2017-00081-00/01 y a la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional – Policía Nacional – Armada Nacional, al Municipio de San Jacinto – Bolívar, al Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Cartagena, al Ministerio Público.

11. La apoderada de la Policía Nacional 2 intervino con el fin de soli citar que se declare improcedente pues no se está ante un perjuicio irremediable que haga procedente el amparo, ni se vislumbra una vulneración a los derechos fundamentales. El Juzgado Cuarto Administrativo de Cartagena 3 solicitó que se niegue el amparo pues, las “decisiones de primera y segunda instancia se adoptar bajos los parámetros jurisprudenciales vigentes, y los demandantes contaron con las garantías procesales para acreditar y alegar las circunstancias que ahora pretende volver a discutir por vía de esta acción constitucional.”4 Concluyó que no

bajos los parámetros jurisprudenciales vigentes, y los demandantes contaron con las garantías procesales para acreditar y alegar las circunstancias que ahora pretende volver a discutir por vía de esta acción constitucional.”4 Concluyó que no se ha vulnerado ningún derecho de la parte actora. El apoderado de la Armada Nacional y del Ejército Nacional 5 indicó que las providencias atacadas no vulneraron derecho fundamental alguno, motivo por el cual, solicitó declarar improcedente la acción.

CONSIDERACIONES

Competencia

12. Esta Subsección es competente para conocer de esta acción de tutela en sede de primera instancia conforme el artículo 37 del decreto 2591 de 1991, y el artículo 13 del acuerdo 080 de 2019, reglamento interno de la Corporación.

Problema jurídico

13. En primer lugar, la Subsección deberá establecer si la acción de tutela satisface los requisitos de procedencia formal, teniendo en cuenta que se trata de una tutela contra providencia judicial. En caso de que se determine que la acción es formalmente procedente, como segundo problema jurídico, la sala debe determinar si la providencia atacada incurrió en el defecto de desconocimiento del precedente

2 Índice Samai 9. 3 Índice samai 10. 4 Índice samai 10. 5 Índice Samai 11.Radicación número: 11001-03-15-000-2025-06799-00

Accionante: Ana Constancia Rojas de Reyes Accionado: Tribunal Administrativo de Bolívar Referencia: Primera instancia acción de tutela

al no aplicar la regla judicial fijada en las Sentencias T -044 de 2022, SU -163 de

Accionante: Ana Constancia Rojas de Reyes Accionado: Tribunal Administrativo de Bolívar Referencia: Primera instancia acción de tutela

al no aplicar la regla judicial fijada en las Sentencias T -044 de 2022, SU -163 de 2023 y posteriores, respect o de la contabilización del término de caducidad en casos de demandas de reparación directa por desplazamiento forzado.

14. Por lo anterior, para resolver el problema jurídico planteado, se reiterará el precedente judicial sobre procedencia de tutela contra providencias y el precedente judicial respecto de la contabilización del término de caducidad en casos de desplazamientos forzados ocurridos en el marco del conflicto armado.

Causales genéricas de procedencia de procedencia de tutela contra providencia.

15. Conforme el precedente fijado en la C -590 de 2005 6, reiterado de manera consistente por la Corte Constitucional, la procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales es excepcional y exige que el actor satisfaga una importante carga argumentativa dirigida a mostrar que concurren seis causales genéricas de procedencia, y al menos una específica.

16. De manera reiterada la Corte ha indicado que en el análisis de las causales generales de procedencia en contra de providencias judiciales, el juez de tutela debe verificar7; (i) que se acredite la legitimación en la causa (artículos 5, 10 y 13, Decreto-Ley 2591 de 1991); (ii) que la providencia cuestionada no sea una sentencia de tutela8, ni una decisión proferida con ocasión del control abstracto de constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional 9 o el Consejo de Estado 10,

sentencia de tutela8, ni una decisión proferida con ocasión del control abstracto de constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional 9 o el Consejo de Estado 10, ni una sentencia interpretativas (SENIT) proferida por la Sección de Apelación del Tribunal para la Paz de la Jurisdicción Especial para la Paz -JEP-11; (iii) que se cumpla con el requisito de inmediatez, es decir que la tutela se promueva en un plazo razonable; (iv) que se identifique de forma clara, detallada y comprensible los hechos que amenazan o afectan los derechos fundamentales en cuestión y que, si existió la posibilidad, ellos hayan sido alegados en el trámite procesal; (v) que se cumpla con el requisito de subsidiariedad , esto es que el interesado acredite que agotó todos los medios de defensa judicial a su alcance, salvo que pretenda evitar la consumación de un perjuicio irremediable 12 o los medios de defensa judicial existentes no sean idóneos o eficaces para evitarlo; (vi) que la cuestión planteada sea de evidente relevancia constitucional, lo que exige que el caso trate sobre un asunto de rango constitucional y no meramente legal o económico; (vii) que cuando se trate de una irregularidad procesal, que esta tenga un efecto decisivo en la decisión judicial cuestionada, es decir que si tal error no hubiere ocurrido el alcance de la decisión hubiese sido sustancialmente distinto.

6 Corte Constitucional C-590 de 2005 (M.P. Jaime Córdoba Triviño) 7 Se sigue la manera en la que fueron fijadas las reglas de procedibilidad formal en la SU -215 de 2022.

6 Corte Constitucional C-590 de 2005 (M.P. Jaime Córdoba Triviño) 7 Se sigue la manera en la que fueron fijadas las reglas de procedibilidad formal en la SU -215 de 2022. 8 La única excepción a esta regla tiene que ver con la doctrina de la cosa juzgada frau dulenta y el principio del fraude todo lo corrompe. Al respecto ver, entre otras, las Sentencias: T -218 de 2012 y T-373 de 2014. 9 Corte Constitucional, Sentencia SU-478 de 2024. 10 Al respecto, ver, entre otras, Corte Constitucional, Sentencias SU-391 de 2023, SU-215 de 2022, SU-573 de 2017, SU-585 de 2017. 11 Corte Constitucional, Sentencia SU-388 de 2023. 12 Ver, entre otras, la Sentencia SU-659 de 2015.Radicación número: 11001-03-15-000-2025-06799-00

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17. La jurisprudencia constitucional ha insistido en que, el examen que realiza el juez constitucional a una providencia judicial no examina la corrección jurídica o el criterio de una autoridad o funcionario judicial, sino que se centra en determinar si la decisión adolece de una característica que afecte su validez. En consecuencia, se trata de verificar si el fallo contiene yerros incompatibles con las garantías constitucionales13.

18. En cuanto a las causales específicas de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, la Sentencia C-590 de 2005 precisó que la tutela se concederá si se presenta al menos uno de los siguientes defectos. A continuación,

18. En cuanto a las causales específicas de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, la Sentencia C-590 de 2005 precisó que la tutela se concederá si se presenta al menos uno de los siguientes defectos. A continuación, se enuncian los defectos específicos explicados por la jurisprudencia de la Corte Constitucional, profundizando en el defecto invocado por la parte actora.

1. Defecto orgánico, que se genera cuando la sentencia acusada es expedida por un funcionario judicial que carecía de competencia;

1. Defecto procedimental absoluto , que se produce cuando la autoridad judicial actuó por fuera del procedimiento establecido para determinado asunto;

1. Defecto fáctico, que se presenta cuando la providencia acusada tiene problemas de índole probatorio, como la o misión del decreto o práctica de pruebas, la valoración de pruebas nulas de pleno derecho o la realización indebida y contraevidente de pruebas existentes en el proceso;

1. Defecto sustantivo, que ocurre cuando la decisión judicial se toma con fundamento en normas inexistentes o inconstitucionales, o que no estaban llamadas a gobernar el caso o a partir de interpretaciones jurídicas contrarias a la garantía de los derechos fundamentales.

1. Error inducido , que se genera cuando la autoridad judicial vu lnera los derechos fundamentales del afectado producto de un error al que ha sido inducido por factores externos al proceso, y que tienen la capacidad de influir en la toma de una decisión contraria a derecho o a la realidad fáctica probada en el caso;

1. Decisión sin motivación, que supone que el juez no cumplió con su deber

inducido por factores externos al proceso, y que tienen la capacidad de influir en la toma de una decisión contraria a derecho o a la realidad fáctica probada en el caso;

1. Decisión sin motivación, que supone que el juez no cumplió con su deber de expresar los fundamentos fácticos y jurídicos de su decisión;

1. Desconocimiento del precedente , que se genera cuando frente a un caso con los mismos hechos una autoridad se a parta de los procedimientos establecidos por los tribunales de cierre (precedente vertical) o por los dictados por ellos mismos (precedente horizontal), sin cumplir con la carga de justificar de forma suficiente y razonada por qué se cambia de precedente.

1. Violación directa de la Constitución , que se genera cuando una providencia judicial desconoce por completo un postulado de la Constitución, le atribuye un alcance insuficiente o lo contradice.

19. Conforme las consideraciones anteriores, en el acápite del caso concreto, se examinará si la acción de tutela de la referencia satisface las causales genéricas

13 Cfr. SU-215 de 2022 M.P. Natalia Ángel Cabo. “La Corte ha sido enfática en señalar, que la tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no un juicio de corrección del fallo cuestionado, circunstancia que excluye su formulación para la discusión de asuntos de interpretación que dieron origen a la controversia judicial”.Radicación número: 11001-03-15-000-2025-06799-00

Accionante: Ana Constancia Rojas de Reyes Accionado: Tribunal Administrativo de Bolívar Referencia: Primera instancia acción de tutela

de procedencia y al menos una específica. Inmediatamente a continuación se

Accionante: Ana Constancia Rojas de Reyes Accionado: Tribunal Administrativo de Bolívar Referencia: Primera instancia acción de tutela

de procedencia y al menos una específica. Inmediatamente a continuación se examinará el precedente constitucional sobre el cumplimiento del requisito d e caducidad en casos de graves violaciones a los derechos humanos, concretamente, las reglas jurisprudenciales respecto de casos de desplazamiento forzado.

Jurisprudencia sobre la caducidad del medio de control de reparación directa en casos de graves violaciones a los derechos humanos

20. En decisión del 29 de enero de 2020, el Pleno de la Sección Tercera del Consejo de Estado unificó el precedente jurisprudencial relativo al término de caducidad de la acción cuando se ejerce el medio de control de reparación directa.

En dicha providencia se concluyó que, incluso en casos de delitos que constituyen conductas de lesa humanidad o crímenes de guerra, resulta aplicable el término de caducidad de dos años previsto en el artículo 164, numeral 2, literal i )14 de la Ley 1437 de 2011. Posteriormente, en la Sentencia SU -312 de 2020, la Sala Plena de la Corte Constitucional acogió el criterio jurisprudencial del Consejo de Estado e indicó que el medio de reparación caduca en dos años, aun si se trata de los punibles antes anotados.

21. Ambas providencias de unificación establecieron que el término de caducidad comienza a contarse a partir de: (i) la ocurrencia del daño; (ii) el momento en que las personas afectadas lo conocieron o razonablemente debieron conocerlo; (iii) sin embargo, no correrá el término cuando se acredite que las personas estuvieron

comienza a contarse a partir de: (i) la ocurrencia del daño; (ii) el momento en que las personas afectadas lo conocieron o razonablemente debieron conocerlo; (iii) sin embargo, no correrá el término cuando se acredite que las personas estuvieron objetivamente impedidas para acceder a la administración de justicia; y (iv) en los casos de desaparición forzada, la caducidad se cuenta desde el momento en que la persona reaparece o se identifican plenamente sus restos, sin que ello impida presentar la demanda si aún se desconoce el paradero de la víctima.

22. Posteriormente, la Corte Constitucional ha proferido múltiples sentencias 15 en las que ha precisado la manera en que debe contabilizarse el término de caducidad en casos relacionados con desplazamiento forzado. Si bien, se ha reiterado que el derecho de acción caduca también ha señalado que este requisito debe ser evaluado desde una perspectiva de flexibilidad y po nderación de principios, con el fin de garantizar el acceso efectivo a la administración de justicia. La Corte ha enfatizado que el estudió del cumplimiento del término de caducidad constituye una carga relevante del juez administrativo que no puede ser ev aluada de forma mecánica o como la simple confrontación de dos fechas en un calendario, sino que, por el contrario, debe verificar, caso a caso, si la parte actora enfrentó barreras de acceso a la administración de justicia16.

14 Radicado 61.033 15 Cfr. T-024 de 2024 y T-450 de 2024, T-001 de 2025, T-004 de 2025, SU-167 de 2023, SU-429 de 2024

14 Radicado 61.033 15 Cfr. T-024 de 2024 y T-450 de 2024, T-001 de 2025, T-004 de 2025, SU-167 de 2023, SU-429 de 2024 16 En la T-269 de 2024, la Corte indicó: “Para la Corte Constitucional, el análisis sobre el cómputo del término de caducidad de la acción de reparación directa debe ser un equilibrio entre la seguridad jurídica que brinda la existencia de un término de cadu cidad para presentar las demandas de reparación directa, de un lado, y el acceso a la administración de justicia por parte de las víctimas que alegan haber sufrido daños antijurídicos imputables al Estado, de otro lado”.Radicación número: 11001-03-15-000-2025-06799-00

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23. En la Sentencia SU-167 de 2023, la Corte Constitucional estableció las reglas interpretativas que deben observarse para computar el término de caducidad en estos casos: “En suma, (…) se advierte que específicamente, en relación con la reparación de los daños antijurídicos ocasionados por delitos de lesa humanidad, (i) el plazo razonable de dos años para acudir a la jurisdicción no se cuenta necesariamente desde el momento en que se produce el daño que origina el perjuicio, sino desde cuando los afectados conocieron o debieron conocer la participación por acción u omisión del Estado y advirtieron la posibilidad de imputarle responsabilidad patrimonial; (ii) la caducidad de la demanda de

perjuicio, sino desde cuando los afectados conocieron o debieron conocer la participación por acción u omisión del Estado y advirtieron la posibilidad de imputarle responsabilidad patrimonial; (ii) la caducidad de la demanda de reparación directa o la existencia de barreras en el acceso a la justicia debe ser analizada por el juez contencioso administrativo competente, atendiendo a las particularidades de cada asunto en concreto; (…) (negrilla y subrayado fuera del texto)

24. Más recientemente, la Sentencia SU -429 de 10 de octubre de 2024 precisó estas reglas jurisprudenciales sobre casos de desplazamiento forzado. Al respecto, indicó que el juez administrativo debe verificar que los demandantes que sufrieron el desplazamiento forzado hayan superado la vulneración masiva y generalizada de todos los derechos fundamentales que afecta la situación del desplazamiento.

En el fundamento jurídico No. 253 de dicha providencia se explicó:

“(i) El plazo de caducidad definido por el legislador en el artículo 164 de la Ley 1437 de 2011 aplica para las demandas dirigidas a obtener el reconocimiento y pago de una indemnización por delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra y genocidio. Sin embargo, ese plazo de dos años no se cuenta desde el momento en el que se produce el daño, sino desde cuando las víctimas conocieron o debieron saber de la participación del Estado y advirtieron que podían atribuirle responsabilidad patrimonial.

(ii) El juez competente debe analizar la caducidad d e una demanda de reparación, a partir de las barreras de acceso al derecho a la administración de justicia que pudo enfrentar el demandante, en cada caso particular.

(ii) El juez competente debe analizar la caducidad d e una demanda de reparación, a partir de las barreras de acceso al derecho a la administración de justicia que pudo enfrentar el demandante, en cada caso particular.

Esta sentencia agrega un componente a este segundo criterio, aplicable para los casos en los que quien demanda es una persona víctima del desplazamiento forzado. Así, el juez de la causa debe considerar, en su análisis de las barreras de acceso a la administración de justicia que pudo enfrentar la parte demandante, todos los factores de vulnerabilidad que se asocian al flagelo del desplazamiento forzado y que padecen quienes son víctimas de ese fenómeno. (negrilla y subrayado fuera del texto)

(iii) Para la aplicación del fallo de unificación de la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado del 29 de enero de 2020, el juez competente debe readecuar el proceso a su cargo de manera tal que se cerciore que las partes tengan o tuvieron l a oportunidad de ajustar sus planteamientos para argumentar por qué no se acudió de manera oportuna a la justicia”.

25. De igual manera, en la Sentencia T -001 de 2025, la Sala Séptima de Revisión reiteró que el análisis del término de caducidad debe realizar se desde una óptica constitucional y flexible, especialmente cuando las víctimas pertenecen a poblaciones vulnerables o han enfrentado barreras de acceso a la justicia. Advirtió que se incurre en defecto fáctico si el juez omite investigar, de manera oficiosa, las razones por las cuales las víctimas presentaron la demanda de forma tardía:Radicación número: 11001-03-15-000-2025-06799-00

que se incurre en defecto fáctico si el juez omite investigar, de manera oficiosa, las razones por las cuales las víctimas presentaron la demanda de forma tardía:Radicación número: 11001-03-15-000-2025-06799-00

Accionante: Ana Constancia Rojas de Reyes Accionado: Tribunal Administrativo de Bolívar Referencia: Primera instancia acción de tutela

“120. En consecuencia, el Tribunal Administrativo del Magdalena debió decretar las pruebas de oficio necesarias para dilucidar las circunstancias de inseguridad y temor d e los demandantes, así estas hubieren sido brevemente mencionadas. Además de tratarse de un caso relacionado con graves violaciones a los derechos humanos, la Sala considera necesario tener en cuenta que en el caso en particular, los accionantes son sujetos de especial protección puesto que (i) se trata de víctimas del conflicto armado interno que han sufrido durante décadas las consecuencias directas del enfrentamiento militar". (negrillas fuera del texto)

26. Resulta relevante, la T -004 de 2025 17, providencia en la que se reiteran las reglas jurisprudenciales antes indicadas. En la decisión, se resolvió una acción de tutela contra una providencia judicial ordinaria, proferida por un tribunal administrativo, y en la que se declaró la caducidad del derecho de acción en un caso de desplazamiento forzado. Reiteró que en la jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado respecto a las posibles interpretaciones sobre el término. En la providencia también se explicó que, en todo caso, el juez administrativo debe verificar que las personas demandantes hayan superado la situación de vulnerabilidad propia del desplazamiento forzado y hayan logrado la

sobre el término. En la providencia también se explicó que, en todo caso, el juez administrativo debe verificar que las personas demandantes hayan superado la situación de vulnerabilidad propia del desplazamiento forzado y hayan logrado la estabilidad socioeconómica que les permita acceder a la administración de justicia.

Argumentó: “En ese contexto, reiteró que los procesos de retorno o de reubicación tienen como finalidad la superación de la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran las personas desplazadas. De tal manera que «la anotada vulnerabilidad sólo se ve superada cuando se consolida la estabilización socioeconómica de la población afectada al retornar a su lugar de origen o se reubican en un lugar en donde pueden habitar en unas condiciones de dignas que garantizan su subsistencia»18.

27. Finalmente, se debe m encionar la Sentencia T -014 de 2025, providencia de especial relevancia por guardar cercanía fáctica con la demanda de tutela de la referencia. En esa oportunidad se estudió una tutela presentada por un grupo de víctimas de desplazamiento forzado ocurrido en los meses de junio y septiembre de 1999 en el corregimiento de Las Palmas, ubicado en el Municipio de San Jacinto19. En esa ocasión, el Tribunal Administrativo de Bolívar había negado la ocurrencia del daño antijurídico. Por ello, la parte demandante ej erció una acción de tutela contra la providencia judicial de reparación directa que negó las pretensiones. En sede de amparo se dejó sin efecto la sentencia de reparación directa y se ordenó proferir una sentencia de reemplazo. La sentencia de reemplazo volvió a negar las pretensiones, motivo por el cual, se ejerció una segunda acción

pretensiones. En sede de amparo se dejó sin efecto la sentencia de reparación directa y se ordenó proferir un