CE - Sentencia 11001031500020250680000 de 2025

Radicado: 11001-03-15-000-2025-06800-00

Demandante: Alma Luz Cuello Daza

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN

Bogotá, D.C., tres (3) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

Radicado: 11001-03-15-000-2025-06800-00

Demandante: ALMA LUZ CUELLO DAZA

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE LA GUAJIRA

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE – Se descarta su configuración en el asunto bajo examen , por la existencia de un precedente posterior que fue acogido por el operador judicial como sustento para apartarse de la tesis que venía acogiendo.

La Sala decide la acción de tutela instaurada por la señora Alma Luz Cuello Daza contra el Tribunal Administrativo de La Guajira.

I. A N T E C E D E N T E S

A. Pretensiones, hechos y argumentos de la demanda

1. El 29 de octubre de 2025 1, la señora Alma Luz Cuello Daza , mediante apoderado, interpuso acción de tutela contra la autoridad judicial mencionada por considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad

1. El 29 de octubre de 2025 1, la señora Alma Luz Cuello Daza , mediante apoderado, interpuso acción de tutela contra la autoridad judicial mencionada por considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y de acceso a la administración de justicia 2, con ocasión de la sentencia del 31 de marzo de 2025, mediante la cual el Tribunal accionado revocó el fallo del 20 de junio de 2024, proferido por el Juzgado Cuarto Administrativo de Riohacha, y, en su lugar, negó las pretensiones de la demanda dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 44001-33-40-004 2022 -00292-00/01.

Formuló las siguientes pretensiones (se transcriben con posibles errores):

1.- Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE LA GUAJIRA, en la sentencia proferida el día 31 de marzo de 2025, dentro del proceso ordinario con radicado No. 44001334000420220029201, transgredió los derechos fundamentales al DEBIDO PROCESO, IGUALDAD, AC CESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, TUTELA JUDICIAL EFECTIVA Y PRINCIPIO PRO HOMINE de la parte accionante, por considerar que las razones de la decisión no se ajustan a los postulados de la ley y la postura del Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo.

1 Se advierte que el 12 de noviembre de 2025 ingresó el expediente al despacho de la magistrada ponente, para elaborar el proyecto de sentencia correspondiente.

Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo.

1 Se advierte que el 12 de noviembre de 2025 ingresó el expediente al despacho de la magistrada ponente, para elaborar el proyecto de sentencia correspondiente. 2 También consideró desconocidos los principios de seguridad jurídica y de confianza legítima .Radicado: 11001-03-15-000-2025-06800-00

Demandante: Alma Luz Cuello Daza

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2 2.- Como consecuencia de la anterior declaratoria, se ordene al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE LA GUAJIRA, DEJAR SIN EFECTOS la providencia judicial referida en el numeral anterior y, en su lugar, PROFERIR nueva decisión haciendo un estudio de fondo sobre la c ontroversia sobre la reliquidación de pago de la pensión de invalidez en consonancia con el derrotero jurisprudencial fijado en casos similares.

2. De la demanda de tutela y de las pruebas aportadas , la Sala extrae los siguientes supuestos fácticos jurídicamente relevantes:

3. Mediante la Resolución 0233 de 2 de marzo de 2018, la Secretaría de Educación de La Guajira reconoció la pensión de invalidez a la docente Alma Luz Cuello Daza, efectiva a partir del 28 de febrero de 2018. Para la liquidación de la prestación no se tuvo en cuenta la prima de antigüedad ni otros factores de salario certificados en el año anterior al retiro.

4. La señora Cuello Daza ejerció el medio de control de nulidad y

prestación no se tuvo en cuenta la prima de antigüedad ni otros factores de salario certificados en el año anterior al retiro.

4. La señora Cuello Daza ejerció el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, con el objeto de que se declarara la nulidad parcial del anterior acto administrativo y, se ordenara la reliquidación de la pensión de invalidez con los factores, que, a su juicio, no fueron incluidos pese a estar contemplados en el régimen legal que la ampara.

5. En primera instancia, el proceso con radicado 44001-33-40-004 2022-0029200, se asignó por reparto al Juzgado Cuarto Administrativo de Riohacha, que con sentencia del 20 de junio de 2024, accedió a las pretensiones, bajo el entendido de que la pensión de la actora tenía que reliquidarse incluyendo la prima de antigüedad, por tratarse de un factor devengado en el año anterior al retiro, computable según lo estipulado en la Ley 62 de 1985, y aplicable al caso de conformidad con lo señalado por el Consejo de Estado en la sentencia de unificación SUJ-014-CE-S2-2019 de 25 de abril de 2019.

6. Inconforme con la decisión, la Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag), interpuso recurso de apelación, que se decidió favorablemente por el Tribunal Administrativo de La Guajira, mediante sentencia del 31 de marzo de 20253.

7. En esa oportunidad, el Tribunal accionado consideró que la pensión de invalidez reconocida a la señora Alma Luz Cuello Daza no se gobierna por la Ley 62

Guajira, mediante sentencia del 31 de marzo de 20253.

7. En esa oportunidad, el Tribunal accionado consideró que la pensión de invalidez reconocida a la señora Alma Luz Cuello Daza no se gobierna por la Ley 62 de 1985, toda vez que, según la jurisprudencia reiterada del Consejo de Estado, no resultan aplicables las mismas normas que rigen para efectos de la liquidación de la pensión de jubilación de los docentes, sino que , en estos eventos , es menester acudir a lo normado por el artículo 45 del Decreto 1045 de 1978, que no prevé la prima de antigüedad como factor computable.

8. Tras señalar que la tutela cumple con los requisitos generales de procedencia para censurar providencias judiciales, manifestó que la sentencia del 31 de marzo

3 Notificada el 29 de abril siguiente, de conformidad con la información registrada en la plataforma SAMAI para el proceso 44001-33-40-004 2022-00292-00.Radicado: 11001-03-15-000-2025-06800-00

Demandante: Alma Luz Cuello Daza

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 3 de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo de La Guajira, desconoció el precedente judicial aplicable en la materia.

9. En efecto, señaló que el Consejo de Estado en sentencias del 11 de abril 4 y 18 de julio5 de 2024, en asuntos de contornos similares, determinó que la pensión de invalidez de los docentes vinculados antes de la entrada en vigor de la Ley 812

18 de julio5 de 2024, en asuntos de contornos similares, determinó que la pensión de invalidez de los docentes vinculados antes de la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003, debía liquidarse teniendo en cuenta los factores devengados en el último año de servicios, en virtud de lo consagrado en las Leyes 33 y 62 de 1985 y los Decretos 3135 de 1968 y 1848 de 1969, que resultan aplicables en estos casos. Esto teniendo como fundamento la regla de unificación establecida en la SUJ-014-CE-S22019 de 25 de abril de 2019.

10. Adicional a lo anterior, señaló que, en dos casos anteriores, en que se debatieron asuntos similares al propuesto en el proceso de origen 6, el Tribunal accionado refirió como precedente vinculante la sentencia de unificación en cita, y concluyó que, en materia pensional, los docentes vinculados antes de la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003 , se encuentran amparados por los Decretos 3135 de 1968 y 1848 de 1969 y la Ley 33 de 1985.

11. Por tanto, la autoridad judicial demandada incurrió en el defecto alegado, dado que no expuso o motiv ó de manera suficiente el por qué decidió apartarse, no solo del precedente jurisprudencial vertical dictado por el Consejo de Estado, sino también de sus propias decisiones (precedente horizontal) , omisión, con la que desconoció también el derecho a la igualdad de la demandante.

12. Adujo que el Tribunal Administrativo de La Guajira incumplió la carga de transparencia, dado que, pese a que citó alguna jurisprudencia como apoyo de su

desconoció también el derecho a la igualdad de la demandante.

12. Adujo que el Tribunal Administrativo de La Guajira incumplió la carga de transparencia, dado que, pese a que citó alguna jurisprudencia como apoyo de su decisión, lo cierto es que , no consideró los pronunciamientos más recientes del Consejo de Estado, que además resultan más favorables a los intereses de la docente demandante. Reprocha que acogió la tesis más restrictiva , y con ello, desconoció el principio «pro homine».

13. Esto, aunado a que en los procesos ordinarios identificados con los radicados Nos. 44 -001-33-40-001-2022-00293-01 y 44 -001-33-40-003-2019-00054-01, la autoridad judicial demandada reconoció que en aplicación de la sentencia de unificación SUJ-014-CE-S2-2019 de 25 de abril de 2019, la pensión de invalidez de los docentes vinculados antes de la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003, debía liquidarse conforme a los señalado en los Decretos 3135 de 1968 y 1848 de 1969 y la Ley 33 de 1985.

4 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, M.P. Juan Enrique Bedoya, radicado 2000123-33-000-2018-00329-01(2834-2022), demandante: Fabio César Quintero Manga , demandada: la Nación - Ministerio de Educación - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. 5 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, M.P. Juan Enrique Bedoya, radicado 20001Nación - Ministerio de Educación - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. 5 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, M.P. Juan Enrique Bedoya, radicado 2000123-33-000-2019-00313-01, demandante: Avelina Oñate Salinas, demandada: la Nación - Ministerio de Educación - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. 6 Procesos ordinarios identificados con los radicados 44-001-33-40-001-2022-00293-01 y 44-001-3340-003-2019-00054-01.Radicado: 11001-03-15-000-2025-06800-00

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 4

B. Trámite impartido e intervenciones

14. Mediante auto de 31 de octubre de 2025 se admitió la solicitud de amparo, se ordenó notificar la decisión a los magistrados que integran el Tribunal Administrativo de La Guajira, como parte demandada; y como terceros con interés al ministro de Educación Nacional, al representante legal de la Fiduprevisora S.A., en calidad de administradora del Fomag, y al gobernador del Departamento de La Guajira, toda vez que las entida des que representan intervinieron en el proceso ordinario de origen.

15. También se ordenó notificar a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y se tuvieron como prueba los documentos aportados con la demanda.

16. El Tribunal Administrativo de La Guajira, a través del magistrado ponente

origen.

15. También se ordenó notificar a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y se tuvieron como prueba los documentos aportados con la demanda.

16. El Tribunal Administrativo de La Guajira, a través del magistrado ponente de la decisión cuestionada, señaló que la tutela es improcedente, porque la parte actora pretende reabrir el debate surtido en sede ordinaria y utilizar la acción constitucional como una tercera instancia del proceso de origen.

17. Precisó que el debate en segunda instancia del proceso ordinario «(…) giró en torno a la aplicabilidad o no de la sentencia de unificación SUJ -014-CE S2-2019 de 25 de abril de 2019, para la liquidación de la pensión de invalidez de los docentes oficiales. En esa ocasión y con apoyo en diversos pronunciamientos de la Sección Segunda del Consejo de Estado —tanto en sede ordinaria como en sede de tutela— , se logró determinar, de forma razonada, que la citada prestación social para los docentes vinculados antes de la Ley 812 de 2003, en cuanto a los factores base de liquidación se rige, por el artículo 45 del Decreto 1045 de 1978 —norma especial— y no por lo dispuesto en la Ley 62 de 1985, debido a que esta únicamente regula el cálculo de la pensión de jubilación, de modo que no es aplicable la citada sentencia de unificación».

18. El Departamento de La Guajira intervino para señalar que carece de legitimación en la causa por pasiva, dado que no tiene competencia para atender las pretensiones de la demanda.

19. El Ministerio de Educación Nacional adujo que no tienen legitimación en la

legitimación en la causa por pasiva, dado que no tiene competencia para atender las pretensiones de la demanda.

19. El Ministerio de Educación Nacional adujo que no tienen legitimación en la causa por pasiva en el asunto de la referencia, y en todo caso, manifestó que la acción de tutela es improcedente porque no satisface el requisito de relevancia constitucional, dado que no se advierte que la situación planteada por la actora se trate de condiciones que amenacen su supervivencia o comprometan gravemente su existencia, de manera que amerite la intervención urgente del juez constitucional; así como tampoco, se avizora la vulneración alguna de los derechos fundamentales invocados.

20. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica no intervino en esta oportunidad.

II. C O N S I D E R A C I O N E S

C. Competencia

21. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado es competente para proferir sentencia de tutela de primera instancia, de conformidadRadicado: 11001-03-15-000-2025-06800-00

Demandante: Alma Luz Cuello Daza

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 5 con lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Política y los artículos 29 y 37 del Decreto 2591 de 1991, en armonía con los artículos 13, 17 y 25 del Acuerdo 080 de 2019 (Reglamento Interno del Consejo de Estado).

D. Problema Jurídico

22. En primer lugar, la Sala deberá verificar si se superan los requisitos generales

de 2019 (Reglamento Interno del Consejo de Estado).

D. Problema Jurídico

22. En primer lugar, la Sala deberá verificar si se superan los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela. S olo en el evento de que se reúnan estas exigencias, se analizará si la autoridad judicial accionada vulneró los derechos fundamentales invocados por la señora Alma Luz Cuello Daza.

E. Análisis de la Sala

Requisitos generales de procedibilidad

23. Inmediatez. Se cumple con este requisito, toda vez que la sentencia de segunda instancia fue proferida el 31 de marzo de 2025 y notificada el 2 9 de abril siguiente, mientras que la tutela se instauró el 2 9 de octubre de los corrientes, es decir, dentro de un término razonable.

24. La providencia cuestionada no fue proferida en un proceso de tutela, un tipo de decisión que, por regla general, no admite cuestionamientos mediante otra acción de la misma naturaleza7. Tampoco se trata de aquellas dictadas por la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, que, en su orden, resuelven acciones de inconstitucionalidad o de nulidad por inconstitucionalidad 8, ni de sentencias interpretativas (Senit) adoptadas por la Sección de Apelación del Tribunal para la Paz de la JEP, «como consecuencia de una petición específica de algún órgano de dicha Jurisdicción y que detenten exclusivamente un carácter general, impersonal y abstracto»9.

25. Subsidiariedad. Este requisito también está acreditado, pues se agotaron todos los recursos procedentes en el proceso ordinario; además, las razones que

abstracto»9.

25. Subsidiariedad. Este requisito también está acreditado, pues se agotaron todos los recursos procedentes en el proceso ordinario; además, las razones que sustentan los defectos alegados no encajan en las causales previstas en la ley para la procedencia de los recursos extraordinarios.

26. Relevancia constitucional . La Sala encuentra satisfecha esta exigencia, dado que los cargos se encuentran suficientemente argumentados y la parte actora

7 En la sentencia de unificación 627 de 2015, la Corte Constitucional explicó lo siguiente: «Si la acción de tutela se dirige contra la sentencia de tutela, la regla es la de que no procede (...). Si la sentencia de tutela ha sido proferida por [un juez o un tribunal distinto a la Corte Constitucional], la acción de tutela puede proceder de maner a excepcional, cuando (…) se esté ante el fenómeno de la cosa juzgada fraudulenta (…). Si la acción se de tutela se dirige contra (…) [una actuación anterior] a la sentencia y consiste en la omisión del juez de cumplir con su deber de informar, notificar o vincular a los terceros que serían afectados por la demanda de tutela (…), la acción de tutela sí procede, (…). Si la actuación acaece con posterioridad a la sentencia y se trata de lograr el cumplimiento de las órdenes impartidas en dicha sentencia, la acción de tutela no procede. Pero si se trata de obtener la protección de un derecho fundamental que habría sido vulnerado en el trámite del incidente de desacato (…), la acción de tutela puede proceder de manera excepcional». 8 Al respecto, ver, entre otras, las sentencias SU -573 de 2017, SU -585 de 2017, SU -215 de 2022,

desacato (…), la acción de tutela puede proceder de manera excepcional». 8 Al respecto, ver, entre otras, las sentencias SU -573 de 2017, SU -585 de 2017, SU -215 de 2022, SU 114 y SU-391 de 2023 de la Corte Constitucional. 9 Al respecto, pueden consultarse las sentencias de unificación 128 de 2021, 103 de 2022 y 215 de 2022, así como la sentencia T-131 de 2021.Radicado: 11001-03-15-000-2025-06800-00

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 6 explicó, con total claridad, las razones por las cuales considera que el Tribunal Administrativo de La Guajira vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y de acceso a la admin istración de justicia, los cuales son tradicionalmente relevantes en la institución de la acción de tutela, sin que se advierta la finalidad de convertir este juicio de amparo constitucional en una instancia adicional del proceso ordinario.

27. Adicionalmente, se advierte que también se cumplió con la carga argumentativa mínima en relación con el defecto alegado, dado que puntualmente, la parte accionante considera que la autoridad judicial demandada desconoció el precedente fijado por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, en relación con la norma aplicable para efectos de liquidar la pensión de invalidez de los docentes vinculados al servicio educativo antes de la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003.

Estado, en relación con la norma aplicable para efectos de liquidar la pensión de invalidez de los docentes vinculados al servicio educativo antes de la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003.

28. Concretamente, reprocha que en la sentencia censurada se optó por aplicar el Decreto 1045 de 1978 para determinar los factores computables en el Ingreso base de liquidación (IBL), y no el artículo 1º de la Ley 62 de 1985, que, a su juicio, gobierna la situación fáctica planteada, dado que así lo indica la regla señalada en la sentencia de unificación SUJ-014-CE-S2-2019 de 25 de abril de 2019.

Caso concreto y solución del problema jurídico

29. Verificado el cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencia s judiciales, pasa la Sala a pronunciarse sobre los defectos invocados, en aras de establecer si el Tribunal Administrativo de La Guajira incurrió en ellos.

30. Recuérdese que la parte actora reprocha la sentencia cuestionada porque a su juicio, incurrió en el defecto de desconocimiento del precedente, dado que no aplicó la orientación acogida por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, en las sentencias del 11 de abril y 18 de julio de 2004; y tampoco cumplió con la carga de transparencia y suficiencia para apartarse de dichos pronunciamientos, máxim e si se tiene en cuenta que en dos oportunidades anteriores -sentencias del 30 de octubre y 14 de noviembre de 2024 -, la misma autoridad aplicó dicha tesis, según la cual las pensiones de invalidez de los

pronunciamientos, máxim e si se tiene en cuenta que en dos oportunidades anteriores -sentencias del 30 de octubre y 14 de noviembre de 2024 -, la misma autoridad aplicó dicha tesis, según la cual las pensiones de invalidez de los docentes vinculados al servicio antes de la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003, se liquida con los factores señalados en la Ley 62 de 1985.

31. Para determinar si una providencia judicial desconoció el precedente, ya sea horizontal o vertical, es necesario: i) determinar la existencia de un precedente o grupo de precedentes aplicable y distinguir las reglas de decisión contenidas en ellos; ii) constatar que la providencia judicial cuestionada debió tener en cuenta ese precedente o grupo de precedentes para no incurrir en un desconocimiento del principio de igualdad; y iii) verificar si existieron razones fundadas para apartarse del precedente.Radicado: 11001-03-15-000-2025-06800-00

Demandante: Alma Luz Cuello Daza

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 7

32. En orden a establecer si la sentencia cuestionada incurrió en desconocimiento del precedente, es pertinente traer a colación el análisis realizado por la autoridad judicial accionada, de cara al derecho reclamado por la señora Alma Luz Cuello Daza y la aplicación de las disposiciones normativas y jurisprudencia vigentes en la materia. Así discurrió el Tribunal en la sentencia del 31 de marzo de

2025:

11. Verificada la inexistencia de irregularidades que invaliden la actuación, corresponde al Tribunal determinar si la señora Alma Luz Cuello Daza tiene

vigentes en la materia. Así discurrió el Tribunal en la sentencia del 31 de marzo de 2025:

11. Verificada la inexistencia de irregularidades que invaliden la actuación, corresponde al Tribunal determinar si la señora Alma Luz Cuello Daza tiene derecho a la reliquidación de la pensión de invalidez, con la inclusión del factor prima de antigüedad, devengado durante el año inmediatamente anterior a la adquisición del status pensional, en aplicación de los parámetros jurisprudenciales establecidos por el Consejo de Estado en la sentencia de unificación de 25 de abril de 2019. 12. La Sala revoca la sentencia de primera instancia, en tanto que el IBL de la pensión de invalidez de los docentes vinculados al servicio oficial con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, se rige por lo previsto en el artículo 45 del Decreto 1045 de 1978, es decir, que no es viable incluir los factores devengados durante el periodo computable con fundamento en lo previsto en el artículo 1 de la Ley 62 de 1985, pues dicha norma rige el cálculo de la pensión de jubilación en el régimen docente, no la de invalidez, como se expone a continuación:

13. Sea lo primero señalar que de conformidad con lo establecido en el parágrafo transitorio 1° del Acto Legislativo 01 de 200511, el legislador expidió la Ley 812 de 200312, norma que en su artículo 81 estableció dos regímenes prestacionales aplicables a docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, cuya observancia dependerá en cada caso de la fecha de ingreso o vinculación al servicio educativo oficial.

prestacionales aplicables a docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, cuya observancia dependerá en cada caso de la fecha de ingreso o vinculación al servicio educativo oficial.

14. En ese sentido, se estableció que si el docente se vinculó al servicio público educativo con anterioridad a la vigencia de la Ley 812 de 2003 [27 de junio de 2003], el régimen prestacional que gobierna su situación jurídica es el establecido para el personal docente que regía para esa fecha, es decir, la Ley 91 de 198913, que en su artículo 15 remite a los Decretos 3135 de 1968, 1848 de 1969 y 1045 de 1978; también debe tenerse en cuenta lo previsto en el artículo 98 de la Ley 1295 de 1994 [que derogó e xpresamente el artículo 23 del Decreto 3135 de 1968] .Por su parte, si el docente se vinculó al servicio a partir del 27 de junio de 2003, se regirá con el régimen de prima media con prestación definida, establecido en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003.

15. En cuanto a los requisitos para acceder a la pensión de invalidez en virtud de las normas aplicables para los docentes vinculados al servicio oficial con anterioridad a la Ley 812 de 2003, la Sección Segunda del Consejo de Estado

determinó los siguiente:

«De lo anterior, se colige que el empleado público que por cualquier causa, no provocada intencionalmente, ni por culpa grave, o violación injustificada y grave de los reglamentos de previsión, ha sufrido pérdida de su capacidad laboral o profesional en un porcentaje superior al setenta y cinco por ciento (75%), tendrá derecho a una pensión por invalidez equivalente

y grave de los reglamentos de previsión, ha sufrido pérdida de su capacidad laboral o profesional en un porcentaje superior al setenta y cinco por ciento (75%), tendrá derecho a una pensión por invalidez equivalente al (i) ciento por ciento (100%) del último salario recibido o promedio mensual, si su incapacidad excede el 95%; (ii) setenta y cinco por cient o (75%) del último salario devengado o promedio mensual, si su incapacidadRadicado: 11001-03-15-000-2025-06800-00

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 8 está entre el 75% y el 95%; y (iii) cincuenta por ciento (50%) del último salario o promedio mensual, si su incapacidad es igual o inferior al 75%»10.

16. A efectos de determinar la base de liquidación de la pensión de invalidez, la citada corporación ha reiterado que, se debe tener en cuenta la totalidad de los factores salariales devengados por el docente durante el año anterior a su retiro del servicio, en virtud de lo previsto en la Ley 65 de 1946, según la cual «no sólo la asignación básica fijada por la ley sino todas las sumas habitual y periódicamente percibidas por el empleado como retribución a sus servicios»11.

17. Lo previsto en la Ley 65 de 1946 debe ser entendido en concordancia con previsto en el artículo 45 del Decreto 1045 de 1978, que establece los factores salariales para la liquidación de cesantía y pensiones. Así, en sentencia de 16

previsto en el artículo 45 del Decreto 1045 de 1978, que establece los factores salariales para la liquidación de cesantía y pensiones. Así, en sentencia de 16 de febrero de 2023, la Sección Segunda del Consejo de Estado señaló:

«[…]Asimismo, para efectos de determinar la base de liquidación pensional por invalidez se debe tener en cuenta el último salario devengado, esto es, todo lo recibido por el empleado o trabajador como consecuencia directa o indirecta de su relación laboral , que comprende los sueldos, primas, bonificaciones y demás reconocimientos que se hagan directa o indirectamente por causa o por razón del trabajo o empleo sin ninguna excepción.

Lo anotado, en concordancia con el Decreto 1045 de 1978, por el que se fijan las reglas generales para la aplicación de las disposiciones sobre prestaciones sociales de los empleados públicos y trabajadores oficiales del orden nacional, en su artículo 45, prevé:

«De los factores de salario para la liquidación de cesantía y pensiones. Para efectos del reconocimiento y pago del auxilio de cesantía y de las pensiones a que tuvieren derecho los empleados públicos y trabajadores oficiales, en la liquidación se tendrá e n cuenta los siguientes factores de salario: a) La asignación básica mensual; b) Los gastos de representación y la prima técnica; c) Los dominicales y feriados; d) Las horas extras; e) Los auxilios de alimentación y transporte; f) La prima de navidad; g) L a bonificación por servicios prestados; h) La prima de servicios; i) Los viáticos que reciban los funcionarios y trabajadores en comisión cuando se hayan percibido por un término no inferior a ciento ochenta días en el último año

bonificación por servicios prestados; h) La prima de servicios; i) Los viáticos que reciban los funcionarios y trabajadores en comisión cuando se hayan percibido por un término no inferior a ciento ochenta días en el último año de servicio; j) Los increm entos salariales por antigüedad adquiridos por disposiciones legales anteriores al Decreto -Ley 710 de 1978; k) La prima de vacaciones; […]» [subrayas fuera de texto para destacar]12.

18. En pronunciamiento aún más reciente, el Consejo de Estado reiteró que para el cálculo del monto de la asignación pensional de invalidez de los docentes vinculados con anterioridad a la citada Ley 812 de 2003, es

10 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de 16 de febrero de 2023, radicado: 11001031500020230029100, accionante: Nohora Silvia Umaña Montero, accionados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca y Juzgado Once Administrativo de Bogotá, M.P. Carmelo Perdomo Cuéter. 11 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 31 de marzo de 2022, radicado: 25000234200020180227201 (0906 -2021), accionante: Emilse de Jesús Bonett Villarreal, accionados: Nación – Ministerio de Educación Nacional -Fondo Nacional de Pres taciones Sociales del Magisterio, M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas. 12 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de 16 de febrero de 2023, radicado: 11001031500020230029100, accionante: Nohora Silvi