CE - Sentencia 11001031500020250680600 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Consejero ponente: NICOLÁS YEPES CORRALES

Bogotá, D.C., cinco (05) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

Radicación:

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Accionante: Luz Amanda Ferreira Castro Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

Tema: Acción de tutela en contra de providencia judicial. Subtema 1: Requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela – relevancia constitucional. Sentido del fallo de tutela: Se declara improcedente.

La Sala decide la acción de tutela 1 presentada por Luz Amanda Ferreira Castro en contra del Tribunal Administrativo de Antioquia.

I. ANTECEDENTES

1.- La solicitud de tutela

El 28 de octubre de 20252 la tutelante interpuso esta acción constitucional en procura de la protección de su s derechos fundamentales, los cuales considera vulnerados con la providencia proferida el 28 de abril de 2025 por el tribunal accionado, mediante la cual se modificó parcialmente la dictada el 29 de octubre de 2021 por el Juzgado 412 Administrativo Transitorio de Medellín3, dentro del proceso No. 05001333303520180024100/01.

2.- Hechos

2.1.- Luz Amanda Ferreira Castro, juez de la República , alegó que entre 2012 y 2018 laboró regularmente sábados, domingos y festivos sin recibir el pago correspondiente. Según resoluciones del Consejo Superior de la Judicatura, realizó

2.1.- Luz Amanda Ferreira Castro, juez de la República , alegó que entre 2012 y 2018 laboró regularmente sábados, domingos y festivos sin recibir el pago correspondiente. Según resoluciones del Consejo Superior de la Judicatura, realizó numerosos turnos en dichas anualidades. Además, la bonificación judicial, regulada por el Decreto 383 de 2013, no le fue reconocida como factor salarial, lo que afectó el valor de sus ingresos. Aunque presentó reclamaciones ante la Dirección Ejecutiva

1 Obra escrito de tutela en el archivo digital subido en SAMAI, en el índice 2, con certificado 554ABE9219BA8FA5 66449D1B6D7AEEDF 1674A606ABD17D48 CCAA82300CCAE6E2. 2 Obra correo en el archivo digital subido en SAMAI, en el índice 2, con certificado 726B32A4E4894D0A 375460ED8BCD3FB0 97FD786432096A4D 6672CCD0FD5C02E7. 3 De conformidad con lo indicado por la accionante, hoy es el Juzgado 602 Administrativo de Medellín.2

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Accionante: Luz Amanda Ferreira Castro Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia de Administración Judicial de Antioquia por estas circunstancias, fueron rechazadas o ignoradas4.

2.2.- Con base en los hechos anteriores, Ferreira Castro, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho , radicó demanda en contra de la Dirección Ejecutiva de Administraci ón Judicia l. Después de un impedimento

2.2.- Con base en los hechos anteriores, Ferreira Castro, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho , radicó demanda en contra de la Dirección Ejecutiva de Administraci ón Judicia l. Después de un impedimento declarado por el Juzgado 35 Administrativo de Medellín , el asunto le correspondió al Juzgado 412 Administrativo de esa ciudad bajo el radicado No. 05001333303520180024100.

2.3.- Mediante providencia del 29 de octubre de 2021 el a quo accedió parcialmente a las pretensiones y declaró la nulidad de la Resolución DESAJMR 15-4768 de 15 de julio de 2015 y del acto ficto que negó la apelación contra la resolución precitada. Explicó que la bonificación judicial establecida en el Decreto 383 de 2013 sí constituye salario al tratarse de una retribución habitual y directa por los servicios prestados. Aunque dicho decreto limitó su efecto salarial exclusivamente a las cotizaciones en salud y pensión, el juzgado determinó que esta restricción es inconstitucional e ilegal, pues contraviene el artículo 127 del Código Sustantivo del Trabajo, el artículo 53 de la Constitución y el Convenio 95 de la OIT. Sostuvo que, conforme al principio de primacía de la realidad, esta bonificación deb e integrar la base de liquidación de todas las prestaciones. Por ello, inaplicó la expresión restrictiva del decreto mediante la excepción de inconstitucionalidad y ordenó el reconocimiento de la bonificación como factor salarial y prestacional5.

2.4.- La demandante pidió que se adicionara la sentencia, pues, en su opinión, esta

restrictiva del decreto mediante la excepción de inconstitucionalidad y ordenó el reconocimiento de la bonificación como factor salarial y prestacional5.

2.4.- La demandante pidió que se adicionara la sentencia, pues, en su opinión, esta omitió pronunciarse sobre la reclamación respecto de los dominicales y festivos laborados. No obstante, por auto del 2 de mayo de 2022, el juzgado negó tal complementación, porque ello no fue objeto de la fijación del litigio.

2.5.- Inconformes, la dirección demandada y Ferreira Castro interpusieron apelaciones. El 28 de abril de 20256 el Tribunal Administrativo de Antioquia modificó la decisión criticada para precisar que la resolución del 15 de julio de 2015 era nula

4 A folios 2-3 del archivo digital subido en SAMAI, en el índice 2, con certificado 1E0E6EC64A812618 8622F293E53BFE7B 1199DFA111D888D0 5F0F6DA8F852EBD5. 5 A folio s 6-8 del archivo digital subido en SAMAI, en el índice 2, con certificado 1E0E6EC64A812618 8622F293E53BFE7B 1199DFA111D888D0 5F0F6DA8F852EBD5. 6 Obra sentencia en el archivo digital subido en SAMAI, en el índice 2, con certificado 1E0E6EC64A812618

8622F293E53BFE7B 1199DFA111D888D0 5F0F6DA8F852EBD5.3

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Accionante: Luz Amanda Ferreira Castro

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Accionante: Luz Amanda Ferreira Castro Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia parcialmente, y agregar que no había lugar a conceder las pretensiones frente al reconocimiento de recargos de domingos y festivos.

2.5.1.- Para ello, reiteró que la bonificación es una contraprestación directa y habitual por el servicio prestado, por lo que debe considerarse salario. Añadió que limitar su reconocimiento solo para cotiza r a pensiones y salud vulnera el marco normativo superior, en particular la Ley 4ª de 1992 y el artícul o 150 de la Constitución Política.

2.5.2.- Sobre los recargos por trabajo en dominicales y festivos, consideró que para los servidores del sistema penal acusatorio no proceden estos pagos debido a que la Ley 906 de 2004 establece que su labor es continua y en jornadas ordinarias, sin generar derechos adicionales. Insistió en que, en lugar de recargos, los funcionarios judiciales tienen derecho a descansos compensatorios en línea con el Decreto 1888 de 1989 y la jurisprudencia del Consejo de Estado desde 2019, lo que desestima el valor vinculante de fallos aislados , como el del 27 de junio de 2024 citado por la peticionaria. Por tanto, mantuvo el criterio de que no es viable aplicar por analogía el Decreto 1042 de 1978.

3.- Fundamentos de la acción de tutela

peticionaria. Por tanto, mantuvo el criterio de que no es viable aplicar por analogía el Decreto 1042 de 1978.

3.- Fundamentos de la acción de tutela

La tutelante considera que se vulneraron sus derechos, por cuanto el Tribunal Administrativo de Antioquia incurrió en un defecto sustantivo al desconocer la naturaleza dual del descanso compensado, pues trabajar los sábados, dominicales y festivos no solo da derecho a un descanso sustitutorio, sino también a un recargo que es irrenunciable conforme a la Constitución Política. Señala que la providencia vulneró los principios de irrenunciabilidad y favorabilidad al otorgar solo descanso y no remuneración. Además, afirmó que la decisión genera inseguridad jurídica por la disparidad de criterios entre salas del mismo tribunal y del Consejo de Estado, ya que existen funcionarios en igual situación a quienes sí se les reconoció el recargo reclamado. Cuestiona también la omisión de aplicar la analogía en ausencia de una norma especial, lo que hacía procedente aplicar el Decreto 1042 de 1978 o el artículo 179 del Código Sustantivo del Trabajo. Agregó que la Ley 906 de 2004 impone una carga laboral a ciertos servidores sin prever una compensación proporcional, lo que rompe el equilibrio laboral.4

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Accionante: Luz Amanda Ferreira Castro Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia Asimismo, la convocante acusa al tribunal de desconocer su propio precedente horizontal y uno reciente del Consejo de Estado que reconocía el derecho al recargo

Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia Asimismo, la convocante acusa al tribunal de desconocer su propio precedente horizontal y uno reciente del Consejo de Estado que reconocía el derecho al recargo en estos casos. Indica que la sentencia atacada prioriza la continuidad del servicio público por encima de los derechos humanos y laborales de los trabajadores judiciales, lo que contraría la jurisprudencia constitucional.

Ferreira Castro igualmente itera que la providencia cometió un yerro al negar la aplicación de la analogía, pese a la ausencia de una norma específica que regule la remuneración por trabajo en domingos y festivos. Indica que esta negativa contradice precedentes del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional, los cuales han autorizado el uso de esa analogía para proteger derechos laborales ante vacíos normativos, especialmente si hay normas semejantes aplicables en otros regímenes. Explica que la Ley 906 de 2004 , al introducir turnos obligatorios para jueces, generó una carga adicional no compensada. Afirma que el fallador incurrió en una interpretación restrictiva que vulnera garantías, como la irrenunciabilidad de beneficios laborales, la igualdad y la favorabilidad. Critic a la desigualdad entre servidores judiciales que , pese a estar en las mismas circunstancias , reciben diferente trato, dado que algunos sí han sido compensados en otras sentencias.

Insiste la reclamante en que la analogía no exige identidad de régimen, sino similitud normativa, y que su uso busca evitar que el cumplimiento del deber público conlleve desprotección laboral. Recalca que el principio de seguridad jurídica se ve afectado

Insiste la reclamante en que la analogía no exige identidad de régimen, sino similitud normativa, y que su uso busca evitar que el cumplimiento del deber público conlleve desprotección laboral. Recalca que el principio de seguridad jurídica se ve afectado al desconocer preceden tes de otros jueces y tribunales que han reconocido este derecho, lo que perpetúa una discriminación arbitraria y una omisión constitucional que afecta la dignidad y equidad laboral entre servidores judiciales.

La accionante concluye que se negó injustifi cadamente el reconocimiento de recargos por trabajo en domingos y festivos. Argumenta que no existe norma especial que excluya estos pagos en la Rama Judicial y, por tanto, debe aplicarse la analogía con normas generales o de la Rama Ejecutiva, como el Dec reto 1042 de 1978. Señala que no hacerlo genera desigualdad laboral, viola la favorabilidad y desconoce la jurisprudencia de las altas cortes que exige proteger los derechos mínimos e irrenunciables del trabajador.5

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Accionante: Luz Amanda Ferreira Castro Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia 4.- Pretensiones de la acción

En el escrito introductorio se solicitó: (i) amparar los derechos fundamentales cuya omisión se alega; (ii) dejar sin efectos la sentencia del 28 de abril de 2025 proferida por la Sala Transitoria del Tribunal Administrativo de Antioquia; y (iii) ordenar a dicha autoridad emitir una nueva decisión, conforme a los postulados constitucionales y la jurisprudencia aplicable.

por la Sala Transitoria del Tribunal Administrativo de Antioquia; y (iii) ordenar a dicha autoridad emitir una nueva decisión, conforme a los postulados constitucionales y la jurisprudencia aplicable.

5.- Trámite de la acción de tutela en primera instancia y fundamento de la oposición

5.1.- Mediante auto del 31 de octubre del 2025 el despacho ponente admitió la acción de tutela y vinculó al Juzgado 412 Administrativo Transitorio de Medellín 7 y a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial de la Rama Judicial. También dispuso la notificación a las partes y a los vinculados.

5.2.- La DEAJ argumentó que la tutela no puede utilizarse como una tercera instancia ni como mecanismo alternativo para controvertir decisiones de jueces naturales. Aseguró que la sentencia emitida por el Tribunal Administrativo de Antioquia no incurrió en ningún defecto. Además, sostuvo que no se evidencian vulneraciones a derechos fundamentales, toda vez que la prov idencia impugnada fue adoptada con base en argumentos jurídicos razonables. Finalmente, alegó que no tiene legitimación en la causa por pasiva.

5.3.- El Tribunal Administrativo de Antioquia manifestó que el depreco no cumple con los requisitos específicos de procedencia exigidos por la jurisprudencia constitucional para controvertir providencias judiciales.

5.4.- La directora ejecutiva de la Seccional de Administración Judicial de Medellín coincidió con el análisis de la autoridad atacada y adujo que no es procedente reconocer como trabajo suplementario el tiempo laborado en turnos de disponibilidad por parte de funcionarios de la Rama Judicial bajo el Decreto 1042 de

coincidió con el análisis de la autoridad atacada y adujo que no es procedente reconocer como trabajo suplementario el tiempo laborado en turnos de disponibilidad por parte de funcionarios de la Rama Judicial bajo el Decreto 1042 de 1978, ya que esta norma no aplica a ese régimen especial. Además, indicó que no existe disposición legal que autorice el pago adicional por jornadas realizadas en fines de semana, festivos o durante la vacancia judicial por los servidores judiciales

7 De conformidad con lo indicado por la accionante, hoy es el Juzgado 602 Administrativo de Medellín.6

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Accionante: Luz Amanda Ferreira Castro Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia con funciones de control de garantías, por lo cual ni la Dirección Ejecutiva ni sus seccionales pueden ordenar dichos pagos.

II. CONSIDERACIONES

1.- Competencia

Esta Sala es competente para conocer de la acción de tutela incoada por Luz Amanda Ferreira Castro en contra del Tribunal Administrativo de Antioquia de conformidad con lo establecido en los artículos 86 de la Constitución, 37 del Decreto 2591 de 1991 y 13 del Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado.

2.- Cuestión preliminar

Esta Sala considera fundamental precisar que no se configura impedimento alguno para los magistrados suscritos, toda vez que la controversia planteada por Ferreira Castro se encuentra estrictamente circunscrita a su derecho a recibir recargos p or laborar en días no hábiles. En efecto, aunque en el proceso ordinario se discutió lo

para los magistrados suscritos, toda vez que la controversia planteada por Ferreira Castro se encuentra estrictamente circunscrita a su derecho a recibir recargos p or laborar en días no hábiles. En efecto, aunque en el proceso ordinario se discutió lo relacionado con la bonificación judicial, dicho aspecto fue resuelto favorablemente por los servidores judiciales cuestionados. La acción de tutela que ahora se examina no guarda relación con ese tema, sino que persigue un nuevo estudio sobre la procedencia de pagos adicionales derivados de recargos laborales.

3.- Problema jurídico

En primer lugar, se verificará si la solicitud de amparo constitucional cumple con los requisitos generales de procedibilidad. En caso afirmativo, se determinará si se vulneraron los derechos denunciados por la parte actora.

4.- La acción de tutela en contra de providencias judiciales

La Corte Constitucional en sentencia C -590 del 2005 reconoció que la acción de tutela en contra de providencias judiciales está sujeta al cumplimiento de rigurosos7

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Accionante: Luz Amanda Ferreira Castro Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia requisitos de procedibilidad 8 y de procedencia 9 con el fin de det erminar si se vulneraron o no los derechos de orden superior.

5.- El cumplimiento del requisito de relevancia constitucional en el caso concreto

5.1.- Sobre el requisito de relevancia constitucional la Corte Constitucional ha señalado que el juez de tutela “no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen

concreto

5.1.- Sobre el requisito de relevancia constitucional la Corte Constitucional ha señalado que el juez de tutela “no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones”10.

En ese sentido, para determinar si una solicitud de amparo tiene o no relevancia constitucional, la Sala Plena del Consejo de Estado ha considerado necesario examinar dos elementos, a saber11: (i) que el actor cumpla su carga argumentativa, justifique suficientemente la relevancia constitucional por vulnera ción de derechos fundamentales, ya que no basta que se aduzca la transgresión de aquellos y (ii) que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional al proceso ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada, puesto que este mecani smo especial constitucional está constituido para proteger derechos fundamentales y no para discutir la discrepancia que el actor tenga frente a la decisión judicial.

Por su parte, la Corte Constitucional en la SU -215 de 202212, frente al requisito de relevancia constitucional, señaló que es menester verificar:

“(i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una discusión meramente legal o de contenido estrictamente económico con connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una afectación desproporcionada a derechos fundamentales”.

8 De acuerdo con la sentencia C -590 del 2005, la tutela en contra de providencia judicial está sujeta al

y, (iii) que se justifique razonablemente una afectación desproporcionada a derechos fundamentales”.

8 De acuerdo con la sentencia C -590 del 2005, la tutela en contra de providencia judicial está sujeta al cumplimiento de los siguientes requisitos generales de procedibilidad: que el asunto sometido a estudio del juez de tutela tenga relevancia constitucion al; que el actor haya agotado los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios antes de acudir al juez de tutela; que la petición cumpla con el requisito de inmediatez ; que en el evento de fundamentarse la solicitud en una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa en la decisión de fondo que se estima violatoria de los derechos fundamentales; que se identifiquen en forma razonable los hechos que generan la vulneración de los derechos y, de ser posible, hayan sido cuestionados al interior del proceso y; que el fallo censurado no sea de tutela. 9 Los requisitos específicos, también conocidos como defectos, son: d efecto orgánico; defecto procedimental; defecto fáctico; defecto material o sustantivo; defecto por error inducido; defecto por falta de motivación; defecto por desconocimiento del precedente; y defecto por violación directa de la Constitución. 10 Corte Constitucional, sentencia C-590 de 08 de junio de 2005. 11 Consejo de Estado, sentencia del 5 de agosto de 2014, rad. 11001031500020120220101. 12 Sentencia del 16 de junio de 2022. M.P. Natalia Ángel Cabo.8

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Accionante: Luz Amanda Ferreira Castro Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia 5.2.- En el caso concreto, la tutelante alega q ue la sentencia del Tribunal Administrativo de Antioquia (i) desconoció la naturaleza dual del descanso compensado, al omitir el derecho al recargo salarial irrenunciable por trabajo en días no hábiles; (ii) violó los principios de favorabilidad e irrenunc iabilidad al reconocer solo el descanso sin remuneración; (iii) generó inseguridad jurídica y desigualdad al apartarse del precedente judicial de otras salas y del Consejo de Estado; (iv) omitió aplicar la analogía frente a la ausencia de regulación expres a en la Rama Judicial, pese a la existencia de normas como el Decreto 1042 de 1978 y el CST; y (v) priorizó la continuidad del servicio público sobre la equidad laboral, lo cual perpetuó una discriminación entre servidores judiciales en condiciones idénticas.

5.3.- Ab initio, para la Sala se torna evidente que los cargos referidos no satisfacen el requisito de relevancia constitucional, por cuanto, además de no estar debidamente justificados, se advierte n como un medio dir igido a revivir el análisis jurídico efectuado por el juez natural, como si este mecanismo fuera una instancia adicional al proceso ordinario, según se explicará.

5.4.- Al verificar los argumentos contenidos en la providencia del 28 de abril de 2025, se dilucida el siguiente análisis textual:

“2.5.3. Del recargo dominical y festivo.

5.4.- Al verificar los argumentos contenidos en la providencia del 28 de abril de 2025, se dilucida el siguiente análisis textual:

“2.5.3. Del recargo dominical y festivo.

Revisadas las pretensiones de la demanda y la reclamación presentada ante la entidad demandada, se advierte que le asiste razón a la parte actora en cuanto a que la sentenci a de primera instancia omitió pronunciarse sobre las pretensiones relacionadas con el reconocimiento y pago de los recargos dominicales y festivos. Por tanto, esta Sala procederá a realizar el correspondiente análisis para determinar si a la demandante le asiste o no el derecho a los emolumentos reclamados por concepto de la labor prestada en días de descanso obligatorio, dentro del marco del sistema penal acusatorio.

En ese cont exto, y con base en el material probatorio obrante en el expediente, para la Sala est á demostrado que Luz Amanda Ferreira Castro ha prestado sus servicios en el sistema penal acusatorio desempeñando los cargos de secretaria municipal, oficial mayor municip al y juez municipal, en algunos juzgados penales con función de control de garantías, durante determinados periodos. Asimismo, se acreditó que se ha desempeñado como juez y secretaria en algunos juzgados promiscuos municipales.

No obstante, no se aportaron los turnos ni la disponibilidad asignada los fines de semana, por parte del Consejo Seccional de la Judicatura, a los despachos en los cuales ha estado vinculada la demandante. (…)

Lo cierto es que, conforme al marco normativo y jurisprudencial expuesto , la Sala no reconocer á prosperidad a las pretensiones de la accionante respecto al pago del recargo por haber trabajado

demandante. (…)

Lo cierto es que, conforme al marco normativo y jurisprudencial expuesto , la Sala no reconocer á prosperidad a las pretensiones de la accionante respecto al pago del recargo por haber trabajado los domingos y festivos, acogiendo el criterio interpretativo del Consejo de Estado enunciado en líneas anteriores, con fundamento en lo siguiente:

1. Para los servidores de la Rama Judicial del sistema penal acusatorio no existe disposición alguna que reconozca el recargo por su labor de forma habitual u ocasional los fines de semana.9

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Accionante: Luz Amanda Ferreira Castro Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia ii) El Código de Procedimiento Penal en su artículo 528 y la Ley 270 de 1996 modificada por la Ley 1285 de 2009, facultaron al Consejo Superior de la Judicatura para señalar las condiciones de prestación del servicio de función de control de garantías, prohibiendo en todo caso, la modificación del régimen salarial aplicable a los servidores de la Rama Judicial.

1. En ejercicio de esta competencia los Consejos Superior de la Judicatura y Seccional de la Judicatura de Antioquia han establecido los horarios y turnos de los despachos con función de control de garantías en cumplimiento del mandato del artículo 157 del Código de Procedimiento Penal, el cual expresamente determinó que el ejercicio de dicha función era de carácter permanente, por lo que todos los días y horas debían entenderse hábiles.

1. Dentro del marco normativo de aplicación para los servidores judiciales, se encuentra el artículo 52 del Decreto 1888 de 1989 que reguló el descanso compensatorio como derecho a ser reconocido

que todos los días y horas debían entenderse hábiles.

1. Dentro del marco normativo de aplicación para los servidores judiciales, se encuentra el artículo 52 del Decreto 1888 de 1989 que reguló el descanso compensatorio como derecho a ser reconocido por la prestación del servicio los días sábados, domingos o festivos; de forma que su disfrute se diera al día hábil siguiente a esta labor. En ese sentido, el presidente del Consejo Superior de la Judicatura expidió la Circular Nº PSAC05 -84 de 2005 solicitando el reconocimiento del compensatorio en los términos re glamentados por dicho decreto para los servidores judiciales incorporados al sistema penal acusatorio.

1. El Consejo de Estado, a través de una línea jurisprudencial consolidada tanto en sede de tutela como en procesos de nulidad y restablecimiento del derecho, ha sostenido que no es procedente aplicar de forma supletiva ni por analogía el Decreto 1042 de 1978 a los servidores judiciales con funciones de control de garantías, dado que estos se rigen por un régimen especial expresamen te consagrado en el artículo 157 de la Ley 906 de 2004, conforme al cual todos los días y horas son hábiles para el ejercicio de dicha función.

Como se expuso en el acápite 2.3.8., esta postura ha sido reiterada en múltiples decisiones: en tutela desde 2019 (Cubillos Patiño), 2020 (Maldonado Giraldo), en sentencias ordinarias del 2021, 2022 y más recientemente en la decisión del 30 de noviembre de 2023. En todas ellas, se ha reafirmado que el desempeño de labores durante fines de semana o días festivos no da lugar al reconocimiento

más recientemente en la decisión del 30 de noviembre de 2023. En todas ellas, se ha reafirmado que el desempeño de labores durante fines de semana o días festivos no da lugar al reconocimiento de recargos adicionales, por tratarse de jornadas ordinarias dentro de un servicio que debe prestarse de manera continua e ininterrumpida; así, en lugar de emolumentos extraordinarios, el sistema prevé el otorgamiento de descansos compensatorios, conforme lo han dispuesto el Decreto 1888 de 1989, el Acuerdo 2892 de 2005 del Consejo Superior de la Judicatura, y sus respectivos desarrollos por los Consejos Seccionales.

Así, la jurisprudencia consolidada entre 2019 y 2023 reafirma q ue no procede el pago de recargos dominicales y festivos a los funcionarios ni a los servidores judiciales del sistema penal acusatorio, siendo esta una interpretación reiterada y motivada, que responde a las particularidades del régimen jurídico y funcional de los mismos.

Ahora, el apoderado de la parte actora, mediante memorial del 9 de julio de 2024, puso a consideración de la sala la sentencia proferida el 27 de junio de 2024 por la Sección Segunda, SubSección B del Consejo de Estado (Rad. 66001-23-33-000-2017-00523-01, CP. César Palomino Cortés), de la cual se hizo referencia en esta sentencia, manifestando que en dicha providencia se accedió parcialmente a las pretensiones de una servidora judicial del sistema penal acusatorio, siendo este un caso similar al tramitado en el presente proceso.

Al respecto esta Sala no acoger á la postura establecida en dicha sentencia, al no poder ser

accedió parcialmente a las pretensiones de una servidora judicial del sistema penal acusatorio, siendo este un caso similar al tramitado en el presente proceso.

Al respecto esta Sala no acoger á la postura establecida en dicha sentencia, al no poder ser considerada como precedente, dado que entra en contradicción con la línea jurisprudencial que al respecto ha trazado el Consejo de Estado y no cumple con los estándares establecidos por la sentencia SU - 406 de 2016, de la Corte Constitucional, para considerar que con dicho fallo se ha dado un cambio en el precedente relacionado con el tema de los recargos dominicales y festivos de los servidores judiciales.

También se pone de relieve que, esta Sala ya ha adoptado una postura sobre el tema, la cual se ve reflejada en la sentencia de 14 de marzo de 2024 (Rad. 05001-33-33-005-2015-0125601), proferida por la Sala Transitoria del Tribunal Administrativo de Antioquia, en la cual se negó el reconocimiento de recargos dominicales y festivos a un servidor judicial del sistema penal acusatorio, acogiendo plenamente el precedente del Consejo de Estado que niega la aplicación por analogía del Decreto 1042 de 1978, y reconociendo ˙nicamente el derecho al descanso compensatorio.

En dicha sentencia, al igual que en la línea jurisprudencial consolidada desde el año 2019 por las Secciones Segunda, Tercera y Quinta del Consejo de Estado, se ratificó que:10

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Accionante: Luz Amanda Ferr