CE - Sentencia 11001031500020250680700 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO

Bogotá D.C, diez (10) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2025-06807-00

Accionante: EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO Y APOYO AL

CONDUCTOR – EMPREACO E.A.T.

Accionado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN

B

Temas: Tutela contra providencia judicial. Medio de control de controversias contractuales. Defectos fáctico, sustantivo, procedimental absoluto, desconocimiento del precedente judicial y decisión sin motivación .

Incumplimiento del requisito de la subsidiariedad

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la acción de tutela promovida por la Empresa Asociativa de Trabajo y Apoyo al Conductor (en adelante Empreaco E.A.T.), quien actúa por intermedio de su representante legal, contra la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado.

I. ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 28 de octubre de 2025, la parte actora solicitó al juez constitucional la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración

I. ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 28 de octubre de 2025, la parte actora solicitó al juez constitucional la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, supuestamente vulnerados por la autoridad judicial accionada.

En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:

“PRIMERO: Que se amparen los derechos fundamentales al Debido Proceso y el Derecho de Acceso a la Administración de Justicia de que es titular la sociedad demandante EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO Y APOYO AL CONDUCTOR – EMPREACO E.A.T. con Nit. 900020190-1 domiciliada en la CARRERA 14 NÚMERO 11-30 del Socorro Santander vulnerados por la Sección Tercera Subsección B del Consejo de Estado mediante las decisiones:

1.1. Sentencia de Segunda Instancia de fecha 2 de agosto de 2024, notificada el 29 de agosto de 2024. 1.2. La Providencia que resuelve la aclaración y adición de sentencia de fecha 18 de noviembre de 2024. 1.3 Así como la providencia que resuelve la Nulidad procesal de fecha 28 de abril notificado el 30 de abril de 2025.

SEGUNDO: Que, como consecuenci a de lo anterior, se amparen los derechos invocados y se ordene a la Sección Tercera Subsección B del Consejo de Estado proferir nueva sentencia de Segunda Instancia en la que se amparen los derechos fundamentales vulnerados, fallando de conformidad a los recursos de apelación que fueron presentados y admitidos y fallar con sujeciónRadicado: 11001-03-15-000-2025-06807-00

Accionante: Empresa Asociativa de Trabajo y

conformidad a los recursos de apelación que fueron presentados y admitidos y fallar con sujeciónRadicado: 11001-03-15-000-2025-06807-00

Accionante: Empresa Asociativa de Trabajo y

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2 al principio de consonancia con los hechos de la demanda, las pruebas de la demanda, las pretensiones y excepciones, sin apartarse de lo estrictamente pedido y probado, sin exte nder ni modificar el decreto de pruebas centrando el análisis a razones contenidas en el recurso de apelación, valorando las pruebas debidamente aportadas, aplicar los principios procesales de congruencia, no desbordar el contenido del recurso de apelación , valorar las pruebas conforme a su contenido y no excederse en la interpretación de la contestación de la demanda”.

2. Hechos

La asociación accionante relató que celebró con la Terminal de Transportes del Socorro S.A., el contrato de prestación de servicios núm. 001 de 1 de diciembre de 2010, cuyo objeto consistió en que “el contratista se compromete para el CONTRATANTE a la ejecución de los procesos, subprocesos (práctica de pruebas de alcohometría a los conductores que estén próximos a ser despachados de la terminal, y efectuar el recaudo de la tasa de uso y prueba de alcohometría que deben pagar los conductores de las empresas de transporte publico intermunicipal por el ingresos a la terminal", el cual fue modificado mediante Resolución núm. 018

terminal, y efectuar el recaudo de la tasa de uso y prueba de alcohometría que deben pagar los conductores de las empresas de transporte publico intermunicipal por el ingresos a la terminal", el cual fue modificado mediante Resolución núm. 018 de 23 de junio de 2015, a lo que agregó que se suscribieron los otrosíes núm. 003 y 001-2010, con los que se prorrogó el contrato.

Sostuvo que la sociedad contratante expidió la Resolución núm. 24 de 5 de julio de 2016, por medio de la cual suspendió unilateralmente el contrato de prestación de servicios núm. 001 de 1 de diciembre de 2010, por un término de 2 meses, con el fin de obtener información clara y suficiente para determinar si existió omisión de las obligaciones contractuales 1 . Posteriormente, mediante Resolución núm. 40 de 29 de agosto de 2016, terminó unilateralmente el contrato.

Afirmó que en ejercicio del medio de control de controversias contractuales presentó demanda contra la Terminal de Transportes de Socorro S.A. 2 , con el fin de que se declarara i) la existencia del contrato de prestación de servicios núm. 001 de 1 de diciembre de 201 0, ii) que el mencionado acto jurídico fue objeto de modificaciones y pr órroga, iii) que Empreaco E.A.T. cumplió a cabalidad el mencionado contrato y que la demandada lo incumplió, específicamente en lo relacionado con la forma de pago, iv) la nulidad de las Resoluciones núm. 24 de 5 de julio de 2016, 040 de 29 de agosto de 2016, 054 de 26 de octubre de 2016, 30

relacionado con la forma de pago, iv) la nulidad de las Resoluciones núm. 24 de 5 de julio de 2016, 040 de 29 de agosto de 2016, 054 de 26 de octubre de 2016, 30 de 1 de marzo de 2017 y 037 de 6 de abril de 2017. Igualmente, que se le indemnizara por $26.005.080, por concepto de actas parciales pendientes de pago, y $643.565.750, correspondiente al lucro cesante, valores que deb ían ser indemnizados.

Señaló que, el Tribunal Administrativo de Santander en sentencia de 3 de octubre de 2022, declaró que i) la Terminal de Transportes del Socorro S.A. no incumplió el contrato de prestación de servicios al terminarlo anticipadamente, ii) que la liquidación uni lateral del contrato realizada por la demandada, por medio de la Resolución núm. 30 de 1 de marzo de 2017, no surte efectos jurídicos ni tiene efectos vinculantes entre las partes, toda vez que era un acto jurídico regido por el derecho privado, razón por la cual debió respetarse lo pactado por las partes y liquidarse de mutuo acuerdo. En consecuencia, la parte contratista no t enía la obligación de cancelar la suma por valor de $113.143.120, por concepto de mayor

1 Incumplimiento por parte de EMPREACOT E.A.T. en el pago de la seguridad social de los empleados contratados. 2 Sociedad de economía mixta, cuyo régimen contractual está sujeto al derecho privado.Radicado: 11001-03-15-000-2025-06807-00

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Apoyo al Conductor – Empreaco E.A.T

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3 valor cobrado durante el periodo comprendido entre el 16 de agosto de 2013 al 17 de julio 2015, y iii) la demandada debe cancelar a favor de Empreaco E.A.T., el valor pendiente por pagar de $26.006.080, razón a que se liquidó judicialmente 3 .

Aseguró que las partes interpusieron recurso de apelació n contra la anterior decisión. La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado mediante fallo de 2 de agosto de 2024 la modificó y revocó, pues aceptó la tacha de falsedad formulada por la demandada respecto del otrosí núm . 3 al contrato de pre stación de servicios, alegato que no fue objeto de pronunciamiento por parte del a quo y que consideró acreditada en el expediente 4 . Luego, declaró la terminación unilateral del contrato núm. 001 de 1 de diciembre de 2010 realizada por la Terminal de Transportes del Socorro S.A. no produjo efectos, pues si bien fue un acto valido, lo cierto es que cuando ocurrió ya se encontraba terminado el contrato de prestación de servicio.

Asimismo, resolvió que la liquidación unilateral del contrato realiz ada mediante la Resolución núm. 30 de 1 de marzo de 2017, no surte efectos jurídicos ni es vinculante entre las partes. Igualmente, consideró que Empreaco E.A.T. no tiene la obligación de cancelar la suma por valor de $113.143.120, por concepto de mayor

vinculante entre las partes. Igualmente, consideró que Empreaco E.A.T. no tiene la obligación de cancelar la suma por valor de $113.143.120, por concepto de mayor valor cobrado durante el periodo comprendido entre el 16 de agosto de 2013 al 17 de julio 2015 y declaró liquidado judicialmente el mencionado contrato. En ese mismo orden, revocó la condena de $26.006.080 impues ta por el Tribunal, pues esta suma se reclamó con base en un supuesto incumplimiento contractual de un negocio jurídico que se encontraba terminado desde el 2 de diciembre de 2015, es decir, antes de los periodos liquidados por el a quo. Finalmente, negó l as demás pretensiones de la demanda.

Indicó que solicitó la aclaración y adición de la sentencia, en tanto reprochó el hecho de que fue tenida en cuenta una prueba que no fue pedida ni aportada oportunamente, además que no fue objeto de traslado. Igualmen te, se refirió a la falta de valoración de pruebas documentales que demostraban la prórroga del contrato como la Resolución núm. 18 de 23 de junio de 2015.

La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado en auto de 18 de noviembre de 2024 negó las solicitudes de aclaración y adición, por considerar que estas solo cuestionan los medios de prueba tenidos en cuenta al resolver una tacha de falsedad y el valor probatorio que les fue asignado a aquellos.

Por último , manifestó que solicitó la nulida d con fundamento en las causales establecidas en los numerales 2 y 5 del artículo 133 5 del Código General del Proceso, por pretermisión integral de la instancia y omisión de las oportunidades

Por último , manifestó que solicitó la nulida d con fundamento en las causales establecidas en los numerales 2 y 5 del artículo 133 5 del Código General del Proceso, por pretermisión integral de la instancia y omisión de las oportunidades para solicitar, decretar o practicar pruebas. La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado en proveído de 28 de abril de 2025 la negó, con sustento en que al alegar una nulidad de una sentencia contra la cual no procede recurso

3 Correspondiente a los meses mayo, junio y cinco días de julio de 2016. 4 Se acreditó mediante el cotejo grafológico realizado por la Seccional de Investigación Criminal Santander de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol de la Policía Nacional. 5 ARTÍCULO 133. CAUSALES DE NULIDAD. El proceso es nulo, en todo o en parte, solamente en los siguientes casos: (…)

2. Cuando el juez procede contra providencia ejecutoriada del superior, revive un proceso legalmente concluido o pretermite íntegramente la respectiva instancia. (…) 5. Cuando se omiten las oportunidades para solicitar, decretar o practicar pruebas, o cuando se omite la práctica de una prueba que de acuerdo con la ley sea obligatoria. (…)Radicado: 11001-03-15-000-2025-06807-00

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4 alguno, dichos reproches se debieron proponer en el recurso extraordinario d e

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4 alguno, dichos reproches se debieron proponer en el recurso extraordinario d e revisión. Igualmente, explicó que el fallo de segunda instancia fue una decisión complementaria, toda vez que el a quo omitió pronunciarse sobre la tacha de falsedad lo que fue apelado por la parte demandada, a pesar de que en auto de 2 de mayo de 2022, el Tribunal Administrativo de Santander la decretó como pruebas sin reproche alguno de Empreaco E.A.T. Además, que el cotejo grafológico fue elaborado por la Seccional de Investigación Criminal Santander de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol de la Policía Nacional , cotejo grafológico que se hizo antes de proferirse la sentencia de primera instancia y la ley no prevé un traslado o algún tipo de contradicción especial para estas pruebas.

3. Fundamentos de la acción

La parte actora aseguró que se cumple con los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela, toda vez que i) el asunto goza de relevancia constitucional, pues se vulneró el derecho fundamental al debido proceso, así como garantías procesales, ii) se agotaron los medios de defensa judicial , en tanto solicitó aclaración, adición y nulidad, iii) se cumple con la inmediatez , iv) se trata de una irregularidad procesal, v) identificó de manera razonable los hechos que generaron la vulneración y vi) no se reprocha una providencia dictada en otro trámite tutelar.

Luego, afirmó que se configuró un defecto fáctico, porque abordó la demanda

la vulneración y vi) no se reprocha una providencia dictada en otro trámite tutelar.

Luego, afirmó que se configuró un defecto fáctico, porque abordó la demanda desde una perspectiva errada pues se reconoció que el contrato se estaba ejecutando al momento de la terminación, n o obstante, impuso a la parte demandante una forma de pretensión de declaratoria de existencia del contrato, distinta a la que se presentó y así revocar la sentencia de primera instancia.

Agregó que “no puede ser lógico que exista autorización mediante un a resolución para prorrogar, pero se tenga como no existente el otro si, para sorprender al demandante, e imponerle formular una pretensión diferente, que recae en todo caso en declarar el contrato y sus prorrogas, derivadas entre otras, de esta resolución”.

Indicó que la autoridad judicial accionada no tuvo en cuenta pruebas documentales que fueron decretadas y que no fueron tachadas, las cuales demostraban la prórroga del contrato.

Sostuvo que se desconocieron “las pruebas y etapas probatorias, para permitir el ingreso y valoración de una prueba, que no fue objeto de decreto, práctica ni contradicción”.

Señaló que la autoridad judicial accionada incurrió en defecto procedimental absoluto, en tanto desconoció las reglas procesales para resolver el recurso de apelación en la segunda instancia, toda vez que la forma de abordar la práctica de pruebas de primera instancia fue errada porque se desconoció la limitación temporal y de contenido frente a las pruebas decretadas, además que decidió bajo la suposición de que la tacha fue tramitada, cuando lo cierto es que la prueba que se decretó de oficio.

temporal y de contenido frente a las pruebas decretadas, además que decidió bajo la suposición de que la tacha fue tramitada, cuando lo cierto es que la prueba que se decretó de oficio.

Insistió en que se pretermitió la instancia para la práctica de pruebas, “omitiendo las etapas conclusivas, la no aportación ni traslado de la que se intentó allegar pero que a la postre fue determinante, sin auto alguno que la decretara o incorporara”.Radicado: 11001-03-15-000-2025-06807-00

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5 Resaltó que se desconocieron “las facultades, competencias y limitaciones del Juez de segunda instancia, en la medida que se excedió en la posibilidad de complementar sentencia, si esto no fue pedido en la apelación”.

Sostuvo que se configuró un defecto sustantivo, pues la autoridad judicial accionada “incurre en error de derecho ”, por una indebida aplicación a las reglas de existencia y de validez del contrato . Agregó que e l contrato se regía por el derecho privado y, en consecuencia, la continuidad de la ejecución era suficiente para considerar que fue prorrogado, lo cual se omitió en la sentencia objetada, al desconocer que, en virtud de la autonomía de la voluntad, las partes estipularon una forma de terminación, que para este caso no se materializó.

Afirmó que la sentencia objetada incurrió en decisión sin motivación, “al resolver

desconocer que, en virtud de la autonomía de la voluntad, las partes estipularon una forma de terminación, que para este caso no se materializó.

Afirmó que la sentencia objetada incurrió en decisión sin motivación, “al resolver el asunto con carencia de justificación interna, porque la conclusión del fallo no es congruente con la motivación expuesta en materia de lo que son los recursos de apelación y lo resuelto en sede de segunda instancia, desviándose sin razón, dejando de abordar el objeto de la apelación, y omitiendo resolver de fondo sobre este tema”.

Para terminar, resaltó que se configuró un defecto por desconocimiento del precedente judicial , con sustento en que “en el evento de desestimar las decisiones del Consejo de Estado sobre el trámite de la tacha de falsedad, la competencia del Juez de Segunda Instancia, las reglas sobre el debido proceso, que en su esencia, son opuestas al trámite surtido en esta instancia”.

4. Trámite procesal

Por auto de 5 de noviembre de 202 5, el magistrado sustanciador requirió previamente al señor Óscar Sepúlveda Badillo para que allegara las pruebas que acreditara la calidad de representante legal de Empreaco E.A.T.

Una vez se cumplió con el requerimiento, en proveído de 18 de noviembre de 2025, se admitió la demanda y ordenó notificar a la entidad accionante y a la autoridad judicial accionada . Asimismo, al Tribunal Administrativo de Santander y a la Terminal de Transporte del Socorro S.A . De igual modo, se vinculó a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 610 del Código General del Proceso.

Terminal de Transporte del Socorro S.A . De igual modo, se vinculó a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 610 del Código General del Proceso.

La Secretaría General de esta Corporación libró los oficios Nos. 176426 a 176431 de 20 de noviembre de 2025 y 177427 de 21 de noviembre de 2025, con el fin de dar cumplimiento a la referida decisión.

5. Oposición

5.1. Respuesta de la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado

El magistrado ponente informó que “el expediente del respectivo proceso contiene los argumentos y elementos necesarios para que el juez de la acción de tutela tome la decisión que en derecho corresponda”.Radicado: 11001-03-15-000-2025-06807-00

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6 5.2. Respuesta del Tribunal Administrativo de Santander

La magistrada ponente de la sentencia de primera instancia del proceso ordinario afirmó que carece de legitimación en la causa por pasiva, pues los reproches planteados en la acción de tutela están relacionados con las actuaciones que se adelantaron en la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado.

5.3. Respuesta de la Terminal de Transportes del Socorro S.A.

El apoderado de la sociedad solicitó que se declare la improcedencia de la acción

adelantaron en la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado.

5.3. Respuesta de la Terminal de Transportes del Socorro S.A.

El apoderado de la sociedad solicitó que se declare la improcedencia de la acción de tutela por no cumplir con el requisito de subsidiariedad o, en su defecto, se nieguen las pretensiones, en tanto no se vulneraron los derechos fundamentales de la parte actora.

Sostuvo que la accionante cue nta con el recurso extraordinario de revisión, en el que puede plantear el debate que propuso en la acción de tutela.

Resaltó que no se configuraron los defectos procedimental absoluto, fáctico, sustantivo y por desconocimiento del precedente judicial, porque no existe etapa probatoria en segunda instancia y el Consejo de Estado no decretó pruebas nuevas, simplemente valoró las que ya integraban el expediente.

Indicó que la sentencia objetada se motivó suficientemente y acorde con los precedentes constitucionales, como las sentencias SU -159 de 2002, T -008 de 2019, T041 de 2018 y T-459 de 2017.

Finalmente, afirmó que la solicitud de amparo reproduce los argumentos del recurso de apelación, las solicitudes de aclaración y nulidad, lo que demuestra la intención de la parte actora de utilizar el mecanismo constitucional como una tercera instancia.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29 del Decreto 2591 de 1991 y 13 del Reglamento Interno (Acuerdo 080 de 2019), la Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir el asunto objeto

Decreto 2591 de 1991 y 13 del Reglamento Interno (Acuerdo 080 de 2019), la Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir el asunto objeto de estudio.

2. Cuestión preliminar

El Tribunal Administrativo de Santander solicitó que se desvinculara de la acción de tutela, al considerar que carece de legitimación en la causa por pasiva.

Conforme lo disponen los artículos 86 de la Constitución Política, el 5 del Decreto 2591 de 1991 y en atención a la jurisprudencia de la Corte Constituc ional, en la que al estudiar la falta de legitimación en la casa por pasiva ha explicado que este requisito “hace referencia a la aptitud legal de la entidad contra quien se dirige la acción, de ser la llamada a responder por la vulneración o amenaza del d erecho fundamental, en caso de que laRadicado: 11001-03-15-000-2025-06807-00

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7 transgresión del derecho alegado resulte demostrada” 6 , la Sala negará la solicitud de desvinculación, porque ostenta interés directo en el asunto, más aún cuando fue la autoridad judicial que conoció del proceso ordinario en primera instancia.

3. Planteamiento del problema jurídico

Le corresponde a la Sala establecer si es procedente la acción de tutela de conformidad con los requisitos generales de procedencia contra providencia judicial

autoridad judicial que conoció del proceso ordinario en primera instancia.

3. Planteamiento del problema jurídico

Le corresponde a la Sala establecer si es procedente la acción de tutela de conformidad con los requisitos generales de procedencia contra providencia judicial y, en caso afi rmativo, si la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado vulneró los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia a la entidad accionante.

4. El requisito de la subsidiariedad en la acción de tutela cuando se cuestionan providencias judiciales

El artículo 86 de la Constitución Política señala que toda persona tendrá la acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, “cuando quiera que estos resulten vulnerados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública”. Destaca esa disposición que dicha solicitud de amparo, “solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable”.

Dada su naturaleza subsidiaria, esta acción solo procede cuando no existen otros medios de defensa judicial para amparar los derechos fundamentales invocados o, en su defecto, siempre que ello sea necesario para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable, caso en el cual procederá como mecanismo transitorio de protección.

A su turno, el artículo 6° del Decreto 2591 de 1991 establece que la acción de tutela es improcedente cuando existen otros medios de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, en los siguientes términos:

es improcedente cuando existen otros medios de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, en los siguientes términos:

“(..) La acción de tutela no procederá:

1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentre el solicitante”.

Tanto la Constitución Política como el Decreto 2591 de 1991, dan la posibilidad al juez de tutela de valorar las circunstancias particulares de cada caso y determinar si la acción de tutela es procedente o si, por el contrario, existen otros mecanismos jurídicos que permitan satisfacer los derechos fundamentales del actor.

En relación con la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, en particular del requisito de la subsidiar idad, en la sentencia T -016 de 2022 7 , la Corte Constitucional recordó que este mecanismo no puede ser utilizado de manera

6

Sentencia T-005 de 2022.

7 M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.Radicado: 11001-03-15-000-2025-06807-00

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8 alternativa, adicional o complementaria a los procesos ordinarios o especiales, por

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8 alternativa, adicional o complementaria a los procesos ordinarios o especiales, por cuanto no es prima facie “el instrumento judicial adecuado para solicitar la protección de los derechos que sean lesionados en un proceso judicial, “pues el ordenamiento jurídico ha diseñado para este efecto la estructura de órganos de la rama judicial, estableciendo un modelo jerárquico cuyo movimiento se activa a partir de la utilización de una serie de mecanismos judiciales que buscan garantizar la corrección de las providencias judiciales” 8 .

Con base en ese marco de referencia, la jurisprudencia constitucional ha precisado tres eventos en los que es improcedente la acción de tutela contra providencias judiciales, a saber: i) el asunto está en trámite; ii) el actor no ha agotado los medios de defensa judicial ordinarios y extraordinarios para oponerse al proceso judicial; y, iii) la persona recurre al recurso de amparo constitucional para revivir etapas procesales en donde dejó de emplear los recursos previstos en el ordenamiento jurídico 9 .

En relación con el primer supuesto, ha indicado que “ si el proceso judicial que el accionante pretende cuestionar está en curso, en principio, la intervención del juez constitucional está vedada, toda vez que la acción de tutela no constituye un mecanismo alternativo o paralelo para resolver asuntos que deben analizarse al interior del trámite ordinario. En definitiva, no es admisible que el afectado alegue la vulneración o amenaza de derechos fundamentales cuando no ha solicitado el amparo de dichas garantías dentro del proceso

interior del trámite ordinario. En definitiva, no es admisible que el afectado alegue la vulneración o amenaza de derechos fundamentales cuando no ha solicitado el amparo de dichas garantías dentro del proceso 10 .

Respecto del segundo ha precisado que “ si el proceso judicial ya ha concluid o y el ciudadano desea controvertir la decisión correspondiente, está en la obligación de acudir de manera preferente a los mecanismos ordinarios y extraordinarios para ello. Esta exigencia asegura que la acción de tutela no se torne en una instancia adicional en el trámite procesal, ni en un mecanismo de defensa que reemplace aquellos diseñados por el Legislador” 11 .

Finalmente, en lo que atañe con el tercer supuesto ha destacado que dado el carácter exceptivo de la acción de tutela “ resulta improcedente cuando el actor pretende revivir etapas procesales que por negligencia, descuido o distracción, se encuentran debidamente resueltos”.

En definitiva, la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, en punto del cu mplimiento del requisito de la subsidiariedad se torna más exigente, cuando no se han agotado los mecanismos de defensa judicial ordinarios y extraordinarios previstos en el ordenamiento jurídico, exigencia que “asegura que el recurso de amparo no sea util izado como una instancia más dentro del trámite jurisdiccional, como un mecanismo que reemplace los demás diseñados por el legislador o, como un instrumento para solucionar errores u omisiones de las partes

8 Sentencia SU-026 de 2012, M.P Humberto Antonio Sierra Porto. 9

jurisdiccional, como un mecanismo que reemplace los demás diseñados por el legislador o, como un instrumento para solucionar errores u omisiones de las partes

8 Sentencia SU-026 de 2012, M.P Humberto Antonio Sierra Porto. 9 A este respecto, ver las sentencias T -396 de 2014, M.P Jorge Iván Palacio Palacio; SU -115 de 2018, M.P Carlos Bernal Pulido; T-016 de 2019, M.P Cristina Pardo Schlesinger, entre otras. 10

Sentencia C-543 de 1992, M.P José Gregorio Hernández Galindo.

11

Sentencia T-417 de 2010, M.P María Victoria Calle Correa.Radicado: 11001-03-15-000-2025-06807-00

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9 en los procesos ordinarios” 12 .

5. Estudio y solución d