CE - Sentencia 11001031500020250681900 de 2025

Demandante: Laura Katherine Pinzón Espinosa Demandados: Tribunal Administrativo del Tolima y otro Radicado: 11001-03-15-000-2025-06819-00

1 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Magistrada Ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA

Bogotá, D. C., once (11) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2025-06819-00

Demandante: LAURA KATHERINE PINZÓN ESPINOSA

Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA Y OTRO

Tema: Tutela contra providencia judicial – Declara improcedente por no superar el requisito de relevancia constitucional.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

La Sala resuelve el mecanismo constitucional de la referencia, de conformidad con los Decretos 2591 de 1991, 333 de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta corporación.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

La señora Laura Katherine Pinzón Espinosa , actuando en nombre propio, instauró acción de tutela 1 contra el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito Judicial de Ibagué y el Tribunal Administrativo del Tolima2, con el fin de que le fueran

La señora Laura Katherine Pinzón Espinosa , actuando en nombre propio, instauró acción de tutela 1 contra el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito Judicial de Ibagué y el Tribunal Administrativo del Tolima2, con el fin de que le fueran amparados sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, de acceso a la administración de justicia y a la reparación integral.

La accionante consideró vulneradas las garantías constitucionales mencionadas, con ocasión de las sentencias proferidas por las autoridades judiciales accionadas el 30 de junio de 2023 y el 25 de septiembre de 2025, respectivamente, a través de las cuales, se negaron las pretensiones elevadas al interior del medio de control de reparación directa identificado con el radicado 73001-33-33-004-2021-00083-00/01, adelantado contra el municipio de Ibagué.

1.2. Pretensiones

Con base en lo anterior, la parte actora solicitó el amparo de los derechos fundamentales invocados y, en consecuencia, pidió:

1 Índices 01 y 02 Samai - 29 de octubre de 2025 2 Sala integrada por Luis Eduardo Collazos Olaya y John Libardo Andrade FlórezDemandante: Laura Katherine Pinzón Espinosa Demandados: Tribunal Administrativo del Tolima y otro Radicado: 11001-03-15-000-2025-06819-00

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[…]se REVOQUE LAS SENTENCIAS PROFERIDAS EN PRIMERA INSTANCIA por

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[…]se REVOQUE LAS SENTENCIAS PROFERIDAS EN PRIMERA INSTANCIA por parte del JUZGADO CUARTO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE IBAGUE en el proceso con radicado No. 73001333300420210008300, confirmada EN SEGUNDA INSTANCIA POR el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA en el proceso con radicado No. 73001333300420210008301 M.P. JOHN LIBARDO ANDRADE FLOREZ, de conformidad a lo consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia, el cual estimo se quebrantó.

2. Como consecuencia de la declaratoria anterior, se ordene al JUZGADO CUARTO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE IBAGUE en el proceso con radicado No. 73001333300420210008300, confirmada EN SEGUNDA INSTANCIA POR el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA en el proceso con radicado No. 73001333300420210008301 M.P. JOHN LIBARDO ANDRADE FLOREZ, dentro del término razonable que considere, dictar la sentencia sustitutiva, donde se corrijan los defectos advertidos a la sentencia que se deja sin efecto.3

1.3. Hechos

La solicitud de amparo se fundamentó en los siguientes supuestos fácticos que, a juicio de la Sala, son relevantes para la decisión que se adoptará:

De acuerdo con la situación relatada al interior del proceso ordinario, el 22 de abril de 2019, la señora Leidy Nataly Mancera Vargas conducía una motocicleta4 con la

juicio de la Sala, son relevantes para la decisión que se adoptará:

De acuerdo con la situación relatada al interior del proceso ordinario, el 22 de abril de 2019, la señora Leidy Nataly Mancera Vargas conducía una motocicleta4 con la señora Laura Katherine Pinzón Espinosa como acompañante en la ciudad de Ibagué, al transitar por la Avenida Guabinal con calle 77, ambas sufrieron un accidente de tránsito, por el mal estado de la malla vial, debido a la presencia de un hueco que no se pudo evitar.

Se indicó que, por motivo de ese accidente, la señora Pinzón Espinosa sufrió ruptura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda y fue diagnosticada de episodio grave con síntomas psicóticos , requirió múltiples intervencione s quirúrgicas y periodo de incapacidad5 y la Junta Regional de calificación de Invalidez del Tolima calificó la pérdida de su capacidad laboral en un 54.94%.

La tutelante y su grupo familiar 6 en ejercicio del medio de control de reparación directa for mularon demanda en contra del municipio de Ibagué, y solicitaron el reconocimiento y pago de indemnización por concepto de perjuicios materiales e inmateriales por los daños ocasionados por las lesiones sufridas por la señora Laura Katherine Pinzón Espinosa en el referido suceso.

La demanda correspondió por reparto al Juzgado Cuarto Administrativo Oral del Circuito Judicial de Ibagué que, mediante sentencia del 30 de junio de 2023 , negó las pretensiones de la demanda.

Ello, al considerar que, si bien se acreditó el daño alegado por la parte actora,

Circuito Judicial de Ibagué que, mediante sentencia del 30 de junio de 2023 , negó las pretensiones de la demanda.

Ello, al considerar que, si bien se acreditó el daño alegado por la parte actora, derivado de las lesiones sufridas por la señora Laura Pinzón Espinosa a causa del

3 Transcripción original del texto con posibles errores. 4 placas ZFC-58E. 5 Desde la fecha del accidente hasta febrero de 2021, prolongado hasta el 9 de julio de 2021. 6 Erick Hamilton Rodríguez Silva, Mathias Rodríguez Pinzón, Mateo Rodríguez Pinzón y Tomas Rodríguez Pinzón.Demandante: Laura Katherine Pinzón Espinosa Demandados: Tribunal Administrativo del Tolima y otro Radicado: 11001-03-15-000-2025-06819-00

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accidente de tránsito ocurrido el 22 de abril del 2019, no se logró demostrar el estado deficiente de la vía, no fue posible corroborar las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que acaeció el siniestro, es decir, el daño no pudo ser atribuido al municipio de Ibagué.

Inconforme con la decisión, la parte demandante presentó recurso de apelación, el cual fue decidido por el Tribunal Administrativo del Tolima, mediante sentencia del 25 de septiembre de 2025 que confirmó la decisión del a quo.

Como argumento señaló que, estudiado el material probatorio allegado al proceso, la mayoría de los elementos se limitan a acreditar la atención médica y el tratamiento

25 de septiembre de 2025 que confirmó la decisión del a quo.

Como argumento señaló que, estudiado el material probatorio allegado al proceso, la mayoría de los elementos se limitan a acreditar la atención médica y el tratamiento que la señora Laura Katherine Pinzón Espinosa recibió desde la fecha que ocurrió el accidente.

Así mismo, indicó que las únicas pruebas disponibles son las declaraciones de las implicadas directas, las cuales ca recen de corroboración, razón por la cual, no se pudo establecer las circunstancias del accidente, pues la ausencia de evidencia adicional que acreditara la existencia de un hueco en la vía, falta de iluminación o señalización en el sector, hace inviable a rribar a la conclusión de que la administración municipal incurrió en una omisión de mantenimiento que llevaran a los hechos aludidos por la parte actora, por lo tanto, no es dable atribuir falla en el servicio por parte del municipio de Ibagué, menos aún, imputarle responsabilidad.

Finalmente, concluyó que no era posible establecer el nexo causal entre la supuesta falla de la administración municipal y el accidente, toda vez que la accionante no cumplió con la carga probatoria que le correspondía para obtener el reconocimiento de lo pretendido.

La anterior decisión, fue notificada a las partes a través de correo electrónico el 30 de septiembre de 2025.7

1.4. Fundamentos de la solicitud de amparo

La accionante adujo que las autoridades judiciales acusadas al proferir las sentencias de primera y segun da instancia dentro del medio de control de reparación directa incurrieron en defecto fáctico, toda vez que omitieron o valoraron de manera indebida las siguientes pruebas, que pese a que fueron aportadas no

sentencias de primera y segun da instancia dentro del medio de control de reparación directa incurrieron en defecto fáctico, toda vez que omitieron o valoraron de manera indebida las siguientes pruebas, que pese a que fueron aportadas no fueron controvertidas y decidieron que «no se probó el mal estado de la vía ni la falla del servicio».

1. Certificado de traslado de ambulancia de la IPS SALVAR 24H S.A.S., emitido por los primeros intervinientes en el lugar del siniestro, en el cual se describe que la paciente al caer en un hueco de la vía pierde el equilibrio y se causa laceraciones, contusiones y trauma.

7 Índice 021 Samai.Demandante: Laura Katherine Pinzón Espinosa Demandados: Tribunal Administrativo del Tolima y otro Radicado: 11001-03-15-000-2025-06819-00

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2. Historia clínica y documentos médicos de la Clínica Los Ocobos I.P.S. S.A.S., que acreditó la atención de urgencias de la víctima, el 22 de abril de 2019, la ruptura del ligame nto cruzado anterior, las cirugías reconstructivas, y las incapacidades prolongadas derivadas del accidente.

3. Dictámenes de pérdida de capacidad laboral y reportes de valoración psiquiátrica y psicológica, que demostraron las secuelas físicas permanentes y afectaciones mentales posteriores al accidente

4. Testimonio directo de la señora Leidy Nataly Mancera Vargas, conductora de la

y psicológica, que demostraron las secuelas físicas permanentes y afectaciones mentales posteriores al accidente

4. Testimonio directo de la señora Leidy Nataly Mancera Vargas, conductora de la motocicleta y testigo presencial del accidente, quien declaró de manera clara, coherente y congruente que la caída se produjo al impactar un hueco profundo y lleno de agua, el cual no pudo advertir debido a la oscuridad y falta de señalización en la vía.

5. Declaración de la señora Laura Pinzón víctima del daño reclamado, que en sintonía con las pruebas anteriormente señaladas guardan coherencia y dan claridad a las circunstancias de tiempo, modo y lugar del accidente.

Consideró que la omisión y tergiversación probatoria tuvieron un efecto determinante en el fallo, ya que condujeron a la negación de la reparación integral pese a la existencia de pruebas plenas del daño y del nexo causal. De haberse valorado correctamente el certificado de ambulancia, la declaración de la testigo presencial y las pruebas médicas, la decisión judicial habría sido sustancialmente diferente.

1.5. Trámite de la acción de tutela

Mediante providencia del 4 de noviembre de 20258, la magistrada ponente de esta decisión, admitió la solicitud de amparo y ordenó notificar 9 a la tutelante 10, a los Magistrados John Libardo Andrade Flórez y Luis Eduardo Collazos Olaya que integran el Tribunal Administrativo del Tolima 11 y al Juzgado Cuarto Administrativo Oral del Circuito Judicial de Ibagué12, como autoridades judiciales accionadas.

Así mismo, vinculó como terceros interesados en el resultado del proceso, a los

integran el Tribunal Administrativo del Tolima 11 y al Juzgado Cuarto Administrativo Oral del Circuito Judicial de Ibagué12, como autoridades judiciales accionadas.

Así mismo, vinculó como terceros interesados en el resultado del proceso, a los señores Erick Hamilton Rodríguez Silva, Mathias Rodríguez Pinzón, Mateo Rodríguez Pinzón y Tomas Rodríguez Pinzón 13 [extremo activo del proceso ordinario] y al municipio de Ibagué 14 [demandado en el medio de control de reparación directa].

8 Índice 04 Samai. 9 Índice 07 Samai. 10 Notificación al correo electrónico enrique.arango22@gmail.com. 11Notificación a los correos electrónicos stadtol@cendoj.ramajudicial.gov.co sgtadmintol@notificacionesrj.gov.co jandradef@cendoj.ramajudicial.gov.co lcollazo@cendoj.ramajudicial.gov.co. 12 Notificación al correo electrónico adm04ibague@cendoj.ramajudicial.gov.co. 13 Índice 011 Samai Notificación al correo electrónico laura_pinzon3920@hotmail.com. 14 Índice 013 Samai Notificación al correo electrónico notificaciones_judiciales@ibague.gov.co.Demandante: Laura Katherine Pinzón Espinosa Demandados: Tribunal Administrativo del Tolima y otro Radicado: 11001-03-15-000-2025-06819-00

5 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

1.6. Intervenciones.

1.6.1. Juzgado Cuarto Administrativo Oral del Circuito Judicial de Ibagué15

www.consejodeestado.gov.co

1.6. Intervenciones.

1.6.1. Juzgado Cuarto Administrativo Oral del Circuito Judicial de Ibagué15

La titular del Despacho realizó un resumen detallado del medio de control de reparación directa y solicitó que se declarara la improcedencia del mecanismo constitucional de la referencia, indicó que su finalidad no es remplazar los procesos ordinarios, o lo grar a través de su interposición, la modificación de las decisiones allí adoptadas y que se encuentren debidamente ejecutoriadas, como equivocadamente lo pretende la parte tutelante.

Expresó que la sentencia proferida por esa instancia judicial, fue confirmada por el Tribunal Administrativo del Tolima, y se valoró de forma completa y razonada, bajo los principios de la sana critica todas las pruebas del expediente, incluyendo la prueba testimonial , y resaltó que en las providencias proferidas dentro de ese proceso ordinario se concluyó que la parte actora incumplió con la carga probatoria que le correspondía para obtener el reconocimiento del derecho que el pretendía.

Así mismo, señaló que las pruebas presentadas no generaron convicción suficiente para la declaratoria la responsabilidad del municipio demandado por los hechos alegados en la demanda

Finalmente, adjunto el link de consulta en el aplicativo Samai y expediente digital del proceso de reparación directa identificado con radicado 7300133-33-004-202100083-00.

1.6.2. Tribunal Administrativo del Tolima16

El magistrado ponente de la decisión acusada solicitó que se deniegue el amparo, por cuanto dicha Corporación no ha transgredido derecho fundamental alguno, por

00083-00.

1.6.2. Tribunal Administrativo del Tolima16

El magistrado ponente de la decisión acusada solicitó que se deniegue el amparo, por cuanto dicha Corporación no ha transgredido derecho fundamental alguno, por el contrario, se garantizaron los derechos y garantías de cada una de las partes en el litigio.

Expuso que dentro del medio de control de reparación directa se encontró acreditado que el perjuicio sufrido por la señora Laura Katherine Pinzón Espinosa, se concretó en las lesiones corporales que le fueron diagnosticadas tras el accidente de tránsito del 22 de abril de 2019, como se evidenció, en la Clínica Los Ocobos I.P.S. S.A.S., que se registró un trauma en el codo, la rodilla y la pierna izquierda.

De igual manera , se comprobó con el dictamen de pérdida de capacidad laboral elaborado por Suramericana S.A. que como resultado de u na evaluación médica realizada el 3 de mayo de 2019 en la clínica Asotrauma S.A., el trauma en la rodilla de la accionante había causado una rotura completa del ligamento cruzado anterior, diagnóstico ante el que se indicó la realización de una reconstrucción del ligamento

15 Índice 09 16 Índices 10 y 12 SamaiDemandante: Laura Katherine Pinzón Espinosa Demandados: Tribunal Administrativo del Tolima y otro Radicado: 11001-03-15-000-2025-06819-00

6 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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a través de una técnica de artroscopia, cirugía que se llevó a cabo el 23 de mayo de 2019.

Indicó que, el material probatorio allegado al plenario, da cuenta que la parte actora se limitó a probar la atención médica y el tratamiento que la señora Pinzón Espinosa recibió desde la fecha del accidente, sin embargo, no se aportó al plenario algún medio de convicción de carácter técnico o de otro tipo que permitiera determinar las circunstancias exactas en las que se produjo el siniestro.

1.6.3. Municipio de Ibagué17

El abogado de la oficina jurídica del ente territorial solicitó la desvinculación del citado municipio del trámite constitucional, al considerar que esa entidad carece de legitimación en la causa por pasiva para atender las suplicas de la tutelante.

Señaló que, en el presente asunto, en caso de considerarse una vulneración de los derechos fundamentales invocados por la accionante , es imputable al Juzgado Cuarto Administrativo Oral del Circuito de Ibagué y al Tribunal Administrativo del Tolima, quienes resolvieron las pretensiones de la demanda de reparación directa. La anterior conducta, no puede ser atribuible a la señora alcaldesa, toda vez qu e ella no tiene como función administrar justicia.

1.6.4. Pese a que los señores Erick Hamilton Rodríguez Silva, Mathias Rodríguez Pinzón, Mateo Rodríguez Pinzón y Tomas Rodríguez Pinzón fueron debidamente notificados18, no contestaron la acción de tutela.

1.6.4. Pese a que los señores Erick Hamilton Rodríguez Silva, Mathias Rodríguez Pinzón, Mateo Rodríguez Pinzón y Tomas Rodríguez Pinzón fueron debidamente notificados18, no contestaron la acción de tutela.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

Esta Sala es competente para asumir el conocimiento de la acción de tutela presentada por la señora Laura Katherine Pinzón Espinosa, de conformidad con lo dispuesto por los artíc ulos 86 de la Constitución Política, 37 del Decreto Ley 2591 de 1991 y el numeral 5° del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021.

2.2. Cuestión previa

El municipio de Ibagué solicitó su desvinculación del presente trámite constitucional, al considerar que, carece de legitimación para soportar las pretensiones invocadas por la tutelante. Sin embargo, no se accederá a lo pedido, puesto que su vinculación se dio en calidad de tercero co n interés jurídico legítimo por ser la entidad demandada en el proceso del medio de control de reparación directa. Por esa razón, se considera pertinente que ejerza su derecho de defensa y contradicción dentro de la acción de tutela.

17 Índice 014 Samai. 18 Índice 011 SamaiDemandante: Laura Katherine Pinzón Espinosa Demandados: Tribunal Administrativo del Tolima y otro Radicado: 11001-03-15-000-2025-06819-00

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-06819-00

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2.3. Problema jurídico

La Sala advierte que, si bien la parte actora también le atribuye la presunta vulneración de su derecho fundamental al Juzgado Cuarto Administrativo Oral del Circuito Judicial de Ibagué, el estudio del presente asunto se abordará a partir de los argumentos contenidos en la providencia dictada por el Tribunal Administrativo del Tolima, el 25 de septiembre de 202 5, comoquiera que fue la que puso fin al proceso objeto de debate.

En este orden, y, conforme lo establecido en los antecedentes, las pretensiones invocadas por la parte accionante, el material probatorio recaudado y las intervenciones presentadas, corresponde a la Sala resolver el siguiente problema jurídico:

• ¿Se superan los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela en contra de providencias judiciales?

En caso de ser positiva la anterior respuesta, se resolverá lo siguiente:

• ¿El Tribunal Administrativo del Tolima, vulneró los derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia, a la igualdad y a la reparación integral invocados por la señora Laura Katherine Pinzón Espinosa, con ocasión de la sentencia proferida el 25 de septiembre de 2025, que confirmó el fallo dictado por el Juzgado Cuarto Administrativo Oral del Circuito Judicial de Ibagué del 30 de junio de 2023 al interior del medio de control de reparación directa identificado con el radicado 73001-33-33-004que confirmó el fallo dictado por el Juzgado Cuarto Administrativo Oral del Circuito Judicial de Ibagué del 30 de junio de 2023 al interior del medio de control de reparación directa identificado con el radicado 73001-33-33-0042021-00083-00/01, por medio de la cual se negaron las pretensiones de la demanda?

Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes temas: (i) el criterio de la Sección sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial; (ii) de los requisitos de procedibilidad adjetiva; y, (iii) el estudio del caso concreto.

2.4. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 2012 19 unificó la diversidad de criterios que esta corporación tenía sobre la acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema 20 y declaró su procedencia.21

19 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia 31.07.12., M.P. María Elizabeth García González, Rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01. 20 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena a ntes reseñado. 21 Se dijo en la mencionada sentencia “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia.”Demandante: Laura Katherine Pinzón Espinosa Demandados: Tribunal Administrativo del Tolima y otro

providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia.”Demandante: Laura Katherine Pinzón Espinosa Demandados: Tribunal Administrativo del Tolima y otro Radicado: 11001-03-15-000-2025-06819-00

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Así pues, esta Sección de manera reiterada ha establecido como parámetros para realizar su estudio, que cumpla con los siguientes requisitos: i) que supere la relevancia constitucional; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) inmediatez; y iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado. De modo que, de no observarse el cumplimiento de uno de estos presupuestos, se declara la improcedencia del amparo solicitado, sin que se analice el fondo del asunto.

Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la sala adentrarse en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir el debate de instancia.

Igualmente, se debe resaltar que esta acción constitucional no puede ser considerada como una «tercera instancia» que se emplee, por ejemplo, para revivir

debate de instancia.

Igualmente, se debe resaltar que esta acción constitucional no puede ser considerada como una «tercera instancia» que se emplee, por ejemplo, para revivir términos, interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural. Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.

2.5. Estudio sobre los requisitos de procedibilidad

2.5.1. Relevancia constitucional

De manera preliminar, la Sala adelanta que el estudio de los yerros será separado en atención a que el presente requisito no se encuentra satisfecho en uno de ellos; para lo cual , resulta pertinente recordar el criterio adoptado por la Corte Constitucional en la sentencia SU-215 de 202222, en cuanto a la procedencia de la acción constitucional de cara a este presupuesto.

En este fallo de unificación la Corte explicó que, dado que las providencias judiciales hacen tránsito a cosa juzgada, cuando se interponga un mecanismo de amparo constitucional contra una decisión judicial:

[…] el juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la providencia cuestionada señalados por el accionante, pues tiene “vedado adelantar un control oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada”. Asimismo, enfatizó en que, cuando s e cuestiona una providencia de una alta corte el análisis de procedencia debe ser más restrictivo teniendo en cuenta que la decisión fue proferida por un órgano de cierre y “no solo tienen relevancia en términos de seguridad jurídica, sino que también son fundamentales en la búsqueda de uniformidad de las decisiones de los jueces de menor jerarquía y,

la decisión fue proferida por un órgano de cierre y “no solo tienen relevancia en términos de seguridad jurídica, sino que también son fundamentales en la búsqueda de uniformidad de las decisiones de los jueces de menor jerarquía y, por esta vía, en la materialización del principio de igualdad”.

22 Corte Constitucional, Sala Plena. Sentencia SU-215 del 16.06.22. M.P. Natalia Ángel Cabo.Demandante: Laura Katherine Pinzón Espinosa Demandados: Tribunal Administrativo del Tolima y otro Radicado: 11001-03-15-000-2025-06819-00

9 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

Al abordar el caso concreto, el alto tribunal constitucional precisó que la acción de tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no una corrección del fallo cuestionado. En ese sentido, no se puede utilizar este instrumento como una instancia adicional para discutir cuestiones probatorias o formas de interpretación de las normas que se zanjaron por el juez natural. Lo anterior como un eje fundamental para:

[…] lograr un correcto entendimiento de los hechos y del problema jurídico, pues así se previene la irrupción del juez de tutela en asuntos que no son de su competencia y se garantiza que la cuestión sea analizada a la luz de la Constitución.

Refirió que las finalidades de este requisito son las siguientes:

[…] (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la protección de la autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación de la específica

Refirió que las finalidades de este requisito son las siguientes:

[…] (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la protección de la autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación de la específica finalidad de la acción de tutela , instituida para la protección y restablecimiento de los derechos fundamentales; y (iv) la prevención del uso indebido de la acción como una instancia adicional de los procesos adelantados ante las jurisdicciones competentes o para la solución de discusio nes de naturaleza eminentemente legal23 (Énfasis de la Sala).

De ese modo, expuso que los criterios relevantes para determinar si un asunto reviste relevancia constitucional son los siguientes:

En primer lugar, el caso debe involucrar algún debate jurídico que gire en torno al contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental y no referirse exclusivamente a un asunto meramente legal y/o económico 24; es decir, la cuestión “debe revestir una “clara”, “marcada” e “indiscutible” relevancia constitucional25.

[…] En segundo lugar, la controversia no debe limitarse a una puramente legal y/o económica.

[…] Al respecto, la jurisprudencia ha sido clara en se ñalar que “la tutela contra providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos ordinarios, pues la competencia del juez de tutela se restringe a los asuntos de relevancia constitucional y a la protección efectiva de los derechos [fundamentales] y no a problemas de carácter legal26”. En este orden, se reitera que el examen de relevancia constitucional exige que la solicitud de amparo

asuntos de relevancia constitucional y a la protección efectiva de los derechos [fundamentales] y no a problemas de carácter legal26”. En este orden, se reitera que el examen de relevancia constitucional exige que la solicitud de amparo trascienda la mera “inconformidad con las decisiones adoptadas por los jueces naturales27”.

En tercer lugar, la acción de tutela debe plantear argumentos suficientes dirigidos a demostrar que la providencia judicial afectó de manera grave un derecho fundamental […]

23 Sentencia SU-573 de 2019. 24 Sentencia SU-103 de 2022. 25 Sentencia SU-103 de 2022. 26 Sentencia SU-103 de 2022. 27 Sentencia SU-128 de 2021.Demandante: Laura Katherine Pinzón Espinosa Demandados: Tribunal Administrativo del Tolima y otro Radicado: 11001-03-15-000-2025-06819-00

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Por último, y como arriba se indicó, el examen de la acción de tutela dirigida contra decisiones de las altas cortes debe ser estricto28, lo que implica verificar que en efecto se haya presentado una actuación judicial claramente arbitraria o violatoria de los derechos fundamentales. Así, la tutela contra providencias judiciales no debe representar una instancia adicional de los litigios ordinarios,