CE - Sentencia 11001031500020250682000 de 2025

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B

Bogotá DC, dieciocho (18) de noviembre de dos mil veinticinco (2025).

Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ Expediente: 11001-03-15-000-2025-06820-00

Demandante: JESÚS ANTONIO TUMIÑÁ CUCHILLO Y OTRO

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CAUCA

Medio de control: ACCIÓN DE TUTELA

Asunto: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL.

SE DECLARA LA IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE

TUTELA POR FALTA DE RELEVANCIA

CONSTITUCIONAL.

Síntesis del caso: la parte actora cuestionó la providencia que confirmó la decisión que no accedió a las pretensiones en un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho. La Sala encontró que no se superó el requisito de relevancia constitucional porque dichos reproches correspondían a una mera inconformidad con la interpretación normativa ya analizada por el juez natural.

La Sala decide la acción de tutela presentada 1, por intermedio de apoderada judicial, por los señores Neda Tunubalá Chirimuscay y Jesús Antonio Tumiñá Cuchillo en contra del Tribunal Administrativo del Cauca para la protección de sus derechos fundamentales del debido proceso, igualdad, seguridad social y mínimo vital , consagrados en los artículos 11, 29 y 25 de la Constitución Política, presuntamente vulnerados con ocasión de la sentencia del 3 de julio de 2025 proferida por dicha

fundamentales del debido proceso, igualdad, seguridad social y mínimo vital , consagrados en los artículos 11, 29 y 25 de la Constitución Política, presuntamente vulnerados con ocasión de la sentencia del 3 de julio de 2025 proferida por dicha autoridad judicial, en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicación no. 19001-33-33-0062022-00127-01.

I. ANTECEDENTES

1. Los hechos de la demanda

Como fundamento fáctico de la acción la parte demandante señaló, en síntesis, lo siguiente:

1 Mediante escrito presentado ante esta Corporación el 29 de octubre de 2025. (índice 00002 del aplicativo SAMAI)2

Expediente: 11001-03-15-000-2025-06820-00

Demandante: Jesús Antonio Tumiñà Cuchillo y otro Acción de tutela

1. El joven Fredy Estiven Tumiñá Tunubalá (QEPD), hijo de los señores Neda Tunubalá y Jesús Antonio Tunubalá , fue incorporado como soldado regular al Batallón de

Infantería No. 7 “José Hilario López”, en cumplimiento del servicio militar obligatorio.

1. El 27 de febrero de 2021, durante el cumplimiento de órdenes militares, el soldado Tumiñá Tunubalá perdió la vida tras recibir impactos de arma de fuego propinados por un centinela, quien alegó reacción ante la falta de respuesta al “ santo y seña ” y se acercó de forma amenazante.

1. Los señores Neda Tunubalá y Jesús Antonio Tunubalá solicitaron el reconocimiento

un centinela, quien alegó reacción ante la falta de respuesta al “ santo y seña ” y se acercó de forma amenazante.

1. Los señores Neda Tunubalá y Jesús Antonio Tunubalá solicitaron el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes y demás derechos laborales, sin embargo, mediante la Resolución no. 000529 del 8 de febrero de 2022, el Ministerio de Defensa Nacional negó el reconocimiento de la pensión por muerte, porque que no se cumplían los requisitos legales para ello.

1. Con ocasión de estos hechos, los padres del joven presentaron demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en la que solicit aron que se declarara la nulidad de la Resolución no. 000529 del 8 de febrero de 2022 y, a título de restablecimiento del derecho, que se ordenara el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes.

1. Mediante sentencia del 28 de septiembre de 2023, el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Popayán declaró probada la excepción de “legalidad normativa del acto impugnado” y negó las pretensiones de la demanda tras considerar que , aunque la jurisprudencia permite aplicar el régimen general de la Ley 100 de 1993 a soldados conscriptos fallecidos en simple actividad, esta aplicación está condicionada al cumplimiento de ciertos requisitos, entre ellos haber cotizado al menos 50 semanas en los tres años anteriores al fallecimiento, mientras que el soldado solo reunía 5 meses y 26 días.

1. La parte actora apeló la decisión y señaló que se realizó una interpretación restrictiva al exigir el cumplimiento de semanas mínimas de cotización, puesto que la jurisprudencia del Consejo de Estado ha establecido que, en estos casos, debe

26 días.

1. La parte actora apeló la decisión y señaló que se realizó una interpretación restrictiva al exigir el cumplimiento de semanas mínimas de cotización, puesto que la jurisprudencia del Consejo de Estado ha establecido que, en estos casos, debe aplicarse el régimen general de la Ley 100 de 1993, según la cual, los beneficiarios de soldados conscriptos fallecidos en simple actividad pueden acceder a la pensión de sobrevivientes.3

Expediente: 11001-03-15-000-2025-06820-00

Demandante: Jesús Antonio Tumiñà Cuchillo y otro Acción de tutela

1. En sentencia de 3 de julio de 2025, el Tribunal Administrativo del Cauca confirmó la sentencia de primera instancia toda vez que no se cumplió con el tiempo mínimo de afiliación exigido por la Ley 100 de 1993 , ya que el joven Fredy Estiven Tumiñá Tunubalá prestó su servicio militar obligatorio durante 5 meses y 26 días, lo que equivale a 25.43 semanas, de ahí que no cumplía las 50 semanas mínimas requeridas.

2. Los fundamentos de la vulneración

Los actores alegaron que el Tribunal Administrativo del Cauca incurrió en los defectos sustantivo, desconocimiento del precedente, fáctico y violación directa de la Constitución.

Frente al defecto sustantivo indicaron que no se realizó un análisis adecuado del artículo 34 del Decreto 4433 de 2004, el cual consagra el derecho a una pensión vitalicia sin exigencia de cotización; tampoco se valoró a cabalidad la Ley 447 de 1998, según la cual cuando un miembro de las Fuerzas Militares vinculado por razón de la

vitalicia sin exigencia de cotización; tampoco se valoró a cabalidad la Ley 447 de 1998, según la cual cuando un miembro de las Fuerzas Militares vinculado por razón de la prestación del servicio militar obligatorio fallece en combate, por acción del enemigo o participando en operaciones de conservación o restablecimiento del orden público, sus beneficiarios tienen derecho a una pensión vitalicia equivalente a un salario y medio mínimo legal mensual vigente.

El tribunal aplicó la Ley 100 de 1993 en su sentido más gravoso, desconociendo el principio de favorabilidad laboral y pensional, el cual obliga a preferir la interpretación o el régimen que más favorezca la protección del derecho a la seguridad social, especialmente cuando el afectado es un soldado conscripto.

Se desconoció el precedente judicial vinculante contenido en la sentencia de unificación CE-SUJ2-010-18 del 12 de abril de 2018 del Consejo de Estado, así como la doctrina constitucional consolidada por la Corte Constitucional en las sentencias T064 de 2022 y SU-082 de 2022, las cuales reafirman la aplicación preferente de la Ley 100 de 1993 en favor de los familiares de soldados conscriptos fallecidos durante el servicio militar obligatorio.

Respecto al defecto fáctico afirmó que se omitió la valoración integral de las pruebas , en particular aquellas que acredita ban la dependencia económica de los padres del soldado fallecido, así como el contexto étnico y sociocultural de la familia, pruebas que resultaban determinantes para el sentido del fallo, pues , llevaron al tribunal a negar el4

Expediente: 11001-03-15-000-2025-06820-00

Demandante: Jesús Antonio Tumiñà Cuchillo y otro

resultaban determinantes para el sentido del fallo, pues , llevaron al tribunal a negar el4

Expediente: 11001-03-15-000-2025-06820-00

Demandante: Jesús Antonio Tumiñà Cuchillo y otro Acción de tutela

derecho pensional solicitado sin apreciar la realidad social y constitucionalmente protegida de los accionantes.

Finalmente, precisaron que hubo una violación directa de la Constitución al desconocer los artículos 1, 7, 13, 48 y 53 de la Constitución Política, en tanto consagran los principios estructurales del Estado Social de Derecho, la igualdad material, la protección a la diversidad étnica, la seguridad social y la favorabilidad laboral y pensional.

3. Pretensiones.

Con fundamento en lo anterior la parte demandante solicitó lo siguiente:

“PRIMERO: Que se tutelen los derechos fundamentales de los señores NEDA TUNUBALÁ CHIRIMUSCAY Y JESÚS ANTONIO TUMIÑÁ CUCHILLO, padres del soldado FREDY ESTIVEN TUMIÑÁ TUNUBALÁ, a la igualdad, a la seguridad social, al mínimo vital, al debido proceso sustanci al y al reconocimiento y respeto de la diversidad étnica y cultural, los cuales fueron vulnerados por el Tribunal Administrativo del Cauca al proferir la sentencia del 3 de julio de 2025, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho radicad o No. 19001 -33-33-006-2022-00127-01, por los defectos sustantivo, fáctico, de desconocimiento del precedente judicial y de violación directa de la Constitución.

SEGUNDO: En consecuencia, se solicita al despacho ordenar al Tribunal

sustantivo, fáctico, de desconocimiento del precedente judicial y de violación directa de la Constitución.

SEGUNDO: En consecuencia, se solicita al despacho ordenar al Tribunal Administrativo del Cauca, adoptar las medidas necesarias para restablecer el goce efectivo de los derechos fundamentales vulnerados de los señores NEDA TUNUBALÁ CHIRIMUSCAY Y JESÚS ANTON IO TUMIÑÁ CUCHILLO, conforme a los principios de favorabilidad, igualdad material y justicia social, y al precedente unificado del Consejo de Estado (CESUJ2010-18 de 2018) y las sentencias T -064 de 2022 y SU -082 de 2022 de la Corte Constitucional.”. (mayúsculas del original - archivo disponible en medio magnético en el índice 00002 del aplicativo SAMAI)

4. Actuación procesal.

Mediante auto del 4 de noviembre de 2025 (índice 0004 del aplicativo Samai) se admitió la acción de tutela, se notificó al presidente y a los magistrados integrantes del Tribunal Administrativo del Cauca y se vinculó al titular del Juzgado Sexto Administrativo del Circuito Judicial de Popayán, al director del Ejército Nacional y al ministro de Defensa Nacional, entregándoles copia de la demanda y los anexos.

5. Actuación de la autoridad judicial demandada5

Expediente: 11001-03-15-000-2025-06820-00

Demandante: Jesús Antonio Tumiñà Cuchillo y otro Acción de tutela

El Ministerio de Defensa – Ejercito Nacional (índice 0009 del aplicativo SAMAI) indicó que la parte actora pretende subsanar los errores, la carencia de material probatorio y

Acción de tutela

El Ministerio de Defensa – Ejercito Nacional (índice 0009 del aplicativo SAMAI) indicó que la parte actora pretende subsanar los errores, la carencia de material probatorio y revivir el escenario jurídico de la segunda instancia para que el asunto se valore nuevamente y en forma satisfactoria para sus intereses, esto es, intenta considerar la acción de tutela como tercera instancia para revivir etapas procesales e interpretaciones y valoraciones probatorias que ya fueron debatidas por los jueces naturales, razón por la cual solicita negar las pretensiones al devenir en i mprocedente la acción constitucional.

El Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Popayán remitió el proceso de la referencia, sin manifestar respuesta.

Las demás autoridades, a pesar de haber sido notificadas en debida forma no presentaron escrito de contestación.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de nulidad que invalide lo actuado la Sala procede a resolver el asunto sometido a consideración con el siguiente derrotero: 1) finalidad de la acción de tutela y 2) el caso concreto.

1. La finalidad de la acción de tutela

Según el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991, disposiciones que regulan la acción de tutela, tal mecanismo se ejerce mediante un procedimiento preferente y sumario cuyo objeto es proteger de manera inmediata y eficaz los derechos constitucionales fundamentales amenazados o vulnerados por una acción u omisión de una autoridad pública o de un particular.

Sin embargo, este mecanismo no puede ser utilizado válidamente para pretender

eficaz los derechos constitucionales fundamentales amenazados o vulnerados por una acción u omisión de una autoridad pública o de un particular.

Sin embargo, este mecanismo no puede ser utilizado válidamente para pretender sustituir los mecanismos de defensa idóneos previstos por el legislador y tampoco para desplazar o variar los procedimientos de reclamo judicial preestablecidos o para revivir términos precluidos o acciones caducadas.

De igual forma, dichas normas establecen la improcedencia de esta acción cuando exista otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio6

Expediente: 11001-03-15-000-2025-06820-00

Demandante: Jesús Antonio Tumiñà Cuchillo y otro Acción de tutela

para evitar un perjuicio irremediable sobre uno o varios derechos fundamentales del demandante.

2. El caso concreto

En el asunto de la referencia se demanda por esta vía constitucional al Tribunal Administrativo del Cauca con el fin de que se protejan los derechos constitucionales fundamentales antes mencionados , presuntamente vulnerados con ocasión de la sentencia del 3 de julio de 2025, mediante la cual se confirmó la decisión que negó la pensión de sobrevivientes.

En los términos en que fue planteada la controversia la Sala declarará la improcedencia de la acción de tutela por incumplimiento del requisito de relevancia constitucional, conforme se expone a continuación:

2.1 La relevancia constitucional en la acción de tutela contra providencias judiciales

Cuando una acción de tutela se promueve en contra de una providencia judicial su procedencia está sometida a una serie de requisitos generales, sin los cuales el juez

2.1 La relevancia constitucional en la acción de tutela contra providencias judiciales

Cuando una acción de tutela se promueve en contra de una providencia judicial su procedencia está sometida a una serie de requisitos generales, sin los cuales el juez constitucional no puede entrar a realizar un análisis de fondo.

En efecto, tales presupuestos generales se instituyeron con la finalidad de que no todos los asuntos puedan ser decididos en sede de tutela, so pena de vaciar la competencia de los jueces ordinarios y desconocer principios de raigambre constitucional como la seguridad jurídica y la autonomía e independencia judicial.

Con ese norte, la jurisprudencia, específicamente en la sentencia C-590 de 2005 de la Corte Constitucional, que constituye el fallo hito en la materia, estableció un modelo de requisitos generales de procedencia y defectos o causales específicas, orientad os a preservar el carácter extraordinario de este mecanismo residual, dentro de los cuales se la imperiosa necesidad de constatar que el debate que se propone reviste una genuina, verdadera y marcada relevancia constitucional ocupa un lugar central.

En la sentencia del 5 de agosto de 2014, la Sala Plena de esta Corporación señaló que el cumplimiento de este requisito está orientado a la consecución de tres finalidades concatenadas: i) preservar la competencia e independencia de los jueces ordinarios, impidiendo que la acción de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad; ii)7

Expediente: 11001-03-15-000-2025-06820-00

Demandante: Jesús Antonio Tumiñà Cuchillo y otro Acción de tutela

restringir el amparo a cuestiones que comprometen la vigencia efectiva de derechos

Expediente: 11001-03-15-000-2025-06820-00

Demandante: Jesús Antonio Tumiñà Cuchillo y otro Acción de tutela

restringir el amparo a cuestiones que comprometen la vigencia efectiva de derechos fundamentales, evitando que el juez de tutela se inmiscuya en asuntos que le corresponde resolver a otras jurisdicciones; e iii) impedir que este mecanismo se convierta en una instancia o recurso adicional frente a decisiones judiciales ejecutoriadas.

En similares términos, en jurisprudencia de unificación reciente 2, la Corte ha reiterado que la acción de tutela contra providencias judiciales no puede desnaturalizarse en un medio para revisar la “correcta” aplicación del ordenamiento, sustituir el criterio del juez natural o reabrir debates probatorios ya concluidos, e insistió en que el juez constitucional sólo puede intervenir cuando la controversia planteada trasciende el ámbito de la legalidad y se proy ecta como un problema genuinamente constitucional que afecte derechos fundamentales de las partes involucradas.

De acuerdo con esta línea, en primer lugar, la Sala Plena de la Corte Constitucional enfatizó que el asunto sometido a acción de tutela debe involucrar un problema de índole constitucional claro y marcado, relacionado con el contenido, alcance o goce de un derecho fundamental, sin que pueda reducirse a la simple inconformidad frente a la interpretación de normas legales o a divergencias sobre la valoración probatoria, de manera que las controversias que “ se limitan a la mera determinación de aspectos legales de un derecho, como, por ejemplo, la correcta interpretación o aplicación de

interpretación de normas legales o a divergencias sobre la valoración probatoria, de manera que las controversias que “ se limitan a la mera determinación de aspectos legales de un derecho, como, por ejemplo, la correcta interpretación o aplicación de una norma procesal3”, carecen, en principio, de relevancia constitucional, salvo que se acredite de manera específica una afectación grave y desproporcionada de derechos fundamentales.

En efecto, en la referida sentencia SU -103 de 2022, que ratificó el criterio que ya se había planteado en la sentencia SU-128 de 2021, la Corte indicó que no cumplen este presupuesto aquellos casos en los que “la controversia no versa sobre un asunto constitucional, sino uno meramente legal y/o económico” o cuando la parte actora “busca una instancia adicional para reabrir debates meramente legales ya concluidos con la intención de revivir los términos procesales”.

En segundo lugar, la propia Corte estableció que la relevancia constitucional entraña una exigente carga argumentativa para la parte actora ya que no es suficiente con invocar, en abstracto, la vulneración de derechos fundamentales, por cuanto le asiste

2 Corte Constitucional, sentencia SU-103 de 2022. 3 Corte Constitucional, sentencia SU-128 de 2021.8

Expediente: 11001-03-15-000-2025-06820-00

Demandante: Jesús Antonio Tumiñà Cuchillo y otro Acción de tutela

la carga de explicar, de forma concreta y razonada, por qué la decisión cuestionada comporta una restricción constitucionalmente inaceptable, postulado que fue reiterado por el Consejo de Estado en la sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014 en la

comporta una restricción constitucionalmente inaceptable, postulado que fue reiterado por el Consejo de Estado en la sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014 en la que se dispuso que “no basta con (…) aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales4”, enfatizando en que corresponde al demandante justificar por qué su pretensión tiene tal entidad, so pena de rechazo o improcedencia.

En ese entendido, la jurisprudencia constitucional ha construido un entendimiento más exigente sobre la carga argumentativa asociada con dicho requisito. Así, las mencionadas sentencias SU -215 de 2022 y la SU -103 de 2022 de la Corte Constitucional fueron e specíficas en destacar que la relevancia constitucional no se presume por la sola invocación de vocabulario constitucional, ni por la sola mención de un derecho fundamental, en tanto corresponde a la parte actora exponer un problema jurídico de naturaleza constitucional e identificar con claridad los defectos que se pretenden atribuir a la providencia objeto de censura, con una explicación clara sobre el por qué estos desbordan el margen de interpretación y conducen a la vulneración concreta de un derecho fundamental, de ahí que se ha reiterado que la acreditación del requisito “más allá de la mera adecuación del caso a un lenguaje que exponga una relación con derechos fundamentales, supone justificar razonablemente la existencia de una restricción desproporcionada” de tales derechos:

“Para determinar si este requisito se cumple, el juez debe analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental; (ii) que la

“Para determinar si este requisito se cumple, el juez debe analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una discusión meramente legal o de contenido estrictamente económico con connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una afectación desproporcionada a derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de tutela se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se exige advertir, además, una vulneración arbitraria o violatoria de derechos fundamentales.”.5

En tercer lugar, la relevancia constitucional está destinada a impedir que la acción de tutela se utilice como tercera instancia o mecanismo para reiterar desacuerdos o simples desavenencias con el criterio del juez natural, punto sobre el cual, tanto la Corte Constitucional como el Consejo de Estado han sido enfáticos en que la acción de tutela no puede erigirse en un escenario para revisar, en abstracto, la corrección jurídica de

4 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, CP Jorge Octavio Ramírez Ramírez, sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014, radicación no. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). 5 Ídem.9

Expediente: 11001-03-15-000-2025-06820-00

Demandante: Jesús Antonio Tumiñà Cuchillo y otro Acción de tutela

la decisión, sustituir la apreciación probatoria del fallador ordinario ni reabrir litigios legalmente concluidos.

Demandante: Jesús Antonio Tumiñà Cuchillo y otro Acción de tutela

la decisión, sustituir la apreciación probatoria del fallador ordinario ni reabrir litigios legalmente concluidos.

Al respecto, la Corte Constitucional, entre otras, en la sentencia T -022 de 2019, determinó que la acción de tutela constituye un juicio de validez y no de corrección de las decisiones de los jueces, motivo por el cual en aquellos casos en los que resulta diáfano que la intención de las partes es instrumentalizar este mecanismo con el único fin de cuestionar la interpretación, el criterio o la posición del juez natural, simplemente por encontrarse en desacuerdo con la decisión desfavorable a sus intereses, dicho mecanismo carece de una verdadera trascendencia desde la óptica constitucional.

El Consejo de Estado ha destacado que, si de la acción se desprende que el objetivo del actor es convertir la tutela en una instancia adicional a las del proceso ordinario con miras a evidenciar las inconformidades con la providencia objeto de censura, específicamente, con su interpretación normativa o sus conclusiones probatorias, la consecuencia lógica es que es que el amparo así deprecado se torna a todas luces improcedente pues en esa hipótesis se está ante un debate infraconstitucional que no compromete directamente mandatos superiores y cuya resolución compete únicamente a los jueces ordinarios, quienes fueron investidos por el legislador de precisas facultades para ello.

El juez de tutela no es ni puede actuar como superior funcional de los jueces ordinarios, de modo que su análisis debe contraerse a aquellos debates que comporten una genuina y marcada importancia desde el punto de vista de los derechos fundamentales,

El juez de tutela no es ni puede actuar como superior funcional de los jueces ordinarios, de modo que su análisis debe contraerse a aquellos debates que comporten una genuina y marcada importancia desde el punto de vista de los derechos fundamentales, en o rden a evitar inmiscuirse en discusiones que no son de su resorte, so pena de vaciar de contenido las competencias asignadas a cada jurisdicción. El rol del juez de tutela no puede ni debe confundirse con el de una instancia revisora de las providencias proferidas por los jueces naturales en su ejercicio de tal y cualquier intento dirigido a reemplazar o arrogarse competencias de juez ordinario, desde luego, debe ser contenido.

En suma, a partir de lo dispuesto, entre otras, en las sentencias SU -573 de 2019, SU128 de 2021, SU-103 de 2022 y SU-215 de 2022, es necesario verificar que la acción de tutela reúna los siguientes parámetros: i) el debate planteado en la acción de tutela debe trascender la mera legalidad y tener la virtualidad de incidir en la interpretación, aplicación o eficacia de la Constitución o de un derecho fundamental; ii) la controversia no puede limitarse a un asunto estrictamente patrimonial o privado carente de10

Expediente: 11001-03-15-000-2025-06820-00

Demandante: Jesús Antonio Tumiñà Cuchillo y otro Acción de tutela

proyección constitucional; iii) el escrito de acción de tutela debe mostrar una afectación grave, concreta y desproporcionada de derechos fundamentales atribuible a una decisión judicial arbitraria o irrazonable, y iv) no es constitucionalmente relevante una pretensión dirigida a replantear discusiones que ya fueron propuestas, analizadas y

grave, concreta y desproporcionada de derechos fundamentales atribuible a una decisión judicial arbitraria o irrazonable, y iv) no es constitucionalmente relevante una pretensión dirigida a replantear discusiones que ya fueron propuestas, analizadas y resueltas en el proceso ordinario, mediante los recursos propios de la jurisdicción competente.

Tales criterios, además, son aún más rigurosos cuando se pretenda emplear la acción para cuestionar una decisión de una Alta Corte, pues, de conformidad con lo establecido por la propia Corte Constitucional en la sentencia SU -573 de 2019, esta hipótesis comporta un escrutinio aún más estricto, en el que se “exige valorar, prima facie, si la decisión se fundamentó en una actuación arbitraria e ilegítima de la autoridad judicial, violatoria de derechos fundamentales. Solo así se garantizaría ‘la órbita de acción tanto de los jueces constitucionales, como de las demás jurisdicciones’ en estricto respeto a la independencia de los jueces ordinarios.” (negrillas adicionales).”6.

En conclusión, la relevancia constitucional opera como un filtro material y obligatorio que condiciona el estudio de fondo de las acciones de tutela contra providencias judiciales, en tanto exige que la parte actora demuestre, con una argumentación clara y específica, que la providencia cuestionada desborda el margen de interpretación razonable y comporta una afectación grave e injustificada de derechos fundamentales.

En esa medida, el análisis de este presupuesto de procedibilidad de la acción obliga al juez de tutela a declarar improcedente el amparo cuando se advierta que se pretende emplearlo para expresar desacuerdos con la decisión, replantear discusiones

En esa medida, el análisis de este presupuesto de procedibilidad de la acción obliga al juez de tutela a declarar improcedente el amparo cuando se advierta que se pretende emplearlo para expresar desacuerdos con la decisión, replantear discusiones probatorias o jurídicas ya zanjadas, o perseguir fines meramente económicos o privados; únicamente cuando se supera este umbral es legítimo avanzar al examen de los defectos alegados en el caso concreto.

2.2 La falta de relevancia constitucional en el caso concreto

1. En lo referente a la supuesta configuración de los defectos fáctico, sustantivo, violación directa de la Constitución y al presunto desconocimiento de la jurisprudencia que, a juicio de la parte actora, consagran el derecho a una pensión de sobrevivientes vitalicia sin una exigencia en cuanto a semanas mínimas de cotización, para la Sala es

6 Criterio que, a su vez fue ratificado en la sentencia SU-215 de 16 de junio de 2022, MP Natalia Ángel Cabo.11

Expediente: 11001-03-15-000-2025-06820-00

Demandante: Jesús Antonio Tumiñà Cuchillo y otro Acción de tutela

claro que se trata de una discusión de mera legalidad que ya fue abordada y resuelta de manera razonable en el proceso ordinario.

1. En efecto, en el recurso de apelación presentado en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, la parte actora en similares términos a los que ahora

pretende adujo lo siguiente:

“Para efectos de surtir la apelación presento las inconformidades de la sentencia que hoy se apela en atención a que el Aquo, le ha dado una

pretende adujo lo siguiente:

“Para efectos de surtir la apelación presento las inconformidades de la sentencia que hoy se apela en atención a que el Aquo, le ha dado una interpretación restrictiva a la jurisprudencia de unificación citada radicada bajo el número: 81001 -23-33-000-2014-00012-01(132115)CESUJ2-010-18, indicando que el soldado conscripto no cumplió con los requisitos establecidos en el numeral 46 de la ley 100 de 1993, puesto que no cumplió con las 50 semanas establecidas durante los 3 años anteriores al fallecimiento, olvidando que los soldados Conscriptos son exceptuados de cotizar al sistema de seguridad social y que ese requisito solo se predica de la afiliación en el entendido que su pensión so se funda en el sistema de cotización si no en el de riesgo, sentencia que vulnera los principios de:

(…).

La prestación del servicio militar obligatorio tiene sustento en el artículo 216 de la constitución Política, fue avalada en sentencia C511 de 1994, y fue regulada en la ley 48 de 1993, y posteriormente, en la ley 1861 de 4 de agosto de 2017. Las personas que prestan el servicio militar obligatorio se denomina, genéricamente, cons