CE - Sentencia 11001031500020250682100 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Bogotá D.C., nueve (09) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

Radicación: 11001-03-15-000-2025-06821-00

Accionante: Brayan Camilo Zapata Leal Accionado: Tribunal Administrativo del Tolima y otros Referencia: Acción de tutela

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – DECLARA IMPROCEDENCIA – Falta de carga argumentativa

Surtido el trámite de ley 1, sin que se advierta irregularidad que invalide lo actuado, procede la Sala a dictar sentencia dentro de la acción de tutela de la referencia.

I. A N T E C E D E N T E S

A. Demanda y sus fundamentos

1. El 29 de octubre de 2025 el señor Brayan Camilo Zapata Leal , a través de apoderado judicial, promovió acción de tutela contra los Juzgados Primero y Octavo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Ibagué, el Juzgado Noveno Administrativo del Circuito de Ibagué y el Tribunal Administrativo del Tolima, con el fin de obtener la protección de su derecho fundamental a la libertad , presuntamente vulnerado con ocasión de las decisiones adoptadas en el trámite del seguimiento de cumplimiento de condena y en las providencias de l 2, 23, y 28 de octubre de 2025

vulnerado con ocasión de las decisiones adoptadas en el trámite del seguimiento de cumplimiento de condena y en las providencias de l 2, 23, y 28 de octubre de 2025 proferidas dentro de dos acciones de habeas corpus 2 que ha presentado, en las que se le ha negado su solicitud de libertad condicional, en aplicación del subrogado penal consagrado en el artículo 64 del Código Penal.

2. Solicitó una orden “para aquel respecto de quien se solicita la tutela actúe o se abstenga de hacerlo según el inciso 2° art. 86 de la C.P. siendo únicamente aceptables como otros medios de defensa judicial, para los fines de exclusión de la acción de tutela, aquellos que resulten aptos para hacer efectivo el derecho, es decir, que no tienen tal carácter los mecanismos que carezcan de conducencia y eficacia jurídica para la real garantía del derecho”3.

1 Cfr. Decreto 1983 de 2017 “Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1., 2.2.3.1.2.4. y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”. 2 Radicados 7300131-87-001-2025-00105-00 y 73001-33-33-009-2025-00300-00/01. 3 Pretensión del escrito inicial de tutela, índice 2 SAMAI.Radicación: 11001-03-15-000-2025-06821-00

Accionante: Brayan Camilo Zapata Leal Accionado: Tribunal Administrativo del Tolima y otros

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3. Refirió que en sentencia del 21 de febrero de 2025 proferida por el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Armenia se le declaró penalmente responsable por los delitos de concierto para delinquir agravado en concurso con fabricación, tráfico y/o porte de estupefacientes y, en consecuencia, se le impuso una pena privativa de la libertad de 30 meses. Se encuentra recluido desde el 1 de abril de 2024 en el Comp lejo Carcelario y Penitenciario de Ibagué – Picaleña – COIBA hasta la fecha.

4. El 23 de septiembre de 2025 presentó oficio ante el Juzgado Octavo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Ibagué, mediante el cual solicitó aplicar a su favor el subrog ado penal contemplado en el artículo 64 del Código Penal, según el cual, la persona privada de la libertad tiene derecho a obtener libertad condicional siempre que haya cumplido las tres quintas (3/5) partes de la pena. Para ese momento, adujo que había cu mplido más de 18 meses de prisión, con lo cual, acreditaba lo exigido por el legislador para acceder al referido beneficio.

5. Sin exponer la fecha exacta de respuesta de ese despacho judicial, indicó que su petición fue negada en razón a que, presuntamente, el 9 de julio de 2025, había presentado petición de libertad condicional, y dado la alta carga laboral del despacho, tenía turno de decisión en virtud del cual solo hasta el 28 de febrero de 2026, podría ser resuelta de fondo.

presentado petición de libertad condicional, y dado la alta carga laboral del despacho, tenía turno de decisión en virtud del cual solo hasta el 28 de febrero de 2026, podría ser resuelta de fondo.

6. Inconforme con dicha decisión, el 1 de octubre de 2025 , presentó acción constitucional de habeas corpus 4 en la que reiteró que es beneficiario del referido subrogado penal. El Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Aseguramiento, en providencia del 2 de octubre del año en curso, negó la solicitud al constatar que ninguna de las dos causales para su procedencia se había acreditado

(privación ilegal de la libertad y prolongación del encarcelamiento injustificada), pues la medida de detención intramural que estaba cumpliendo se dictó por una autoridad judicial compet ente con el cumplimiento de las normas procesales respectivas, sumado a que, no había sido beneficiado con una decisión liberatoria y los términos de la pena impuesta se encontraban objetivamente lejos de cumplirse.

7. Con todo, aclaró que la libertad que p retendía fuera declarara a su favor deb ía discutirse ante la instancia judicial respectiva para que analizara el cumplimiento de los requisitos objetivos y subjetivos para su procedencia.

8. Presentó impugnación el 3 de octubre de 2025 y , al no ser notificado de trámite alguno, el 10 de octubre siguiente pidió información sobre el particular. En auto de esa misma fecha, se le informó que tanto el Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Segurid ad, como la asistente administrativa del juzgado , dejaron constancia de que no se había recibido la impugnación.

Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Segurid ad, como la asistente administrativa del juzgado , dejaron constancia de que no se había recibido la impugnación.

4 Radicado: 73001-31-87-001-2025-00105-00Radicación: 11001-03-15-000-2025-06821-00

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9. El 14 de octubre de 2025 remitió escrito en el que pidió dar trámite a la impugnación que adujo haber enviado en término, pues por error en la transcripción del correo del despacho judicial al que iba dirigido, no se tuvo como recibida. En providencia del 16 de octubre de este año, el re ferido Juzgado se abstuvo de conceder la impugnación por interposición extemporánea . Nuevamente, allegó escrito reiterando las razones por las cuales consideraba que se recurrió en término la decisión que negó el habeas corpus, pero ese despacho judicial confirmó su decisión, en auto del 17 de octubre de

2025.

10. El 21 de octubre de 2025 presentó recurso de apelación contra esta última providencia, petición a la que se dio trámite mediante auto No. 788 del 24 de octubre del presente año, por medio del cual se le informó que contra esa decisión no procedía el recurso interpuesto

11. El 22 de octubre de 2025, el actor presentó otra acción de habeas corpus 5 informando lo ocurrido con las anteriores instancias judiciales. Su conocimiento correspondió al Juzgado Noveno Administrativo Oral de Ibagué que profirió sentencia

11. El 22 de octubre de 2025, el actor presentó otra acción de habeas corpus 5 informando lo ocurrido con las anteriores instancias judiciales. Su conocimiento correspondió al Juzgado Noveno Administrativo Oral de Ibagué que profirió sentencia el 23 de octubre siguiente, en la que declaró improcedente la acción constitucional advirtiendo que lo alegado por el demandante tenía que ver con cuestionar actuaciones en otros procesos judiciales, no siendo esta la vía judicial para ello. Refirió que el actor contaba con otros mecanismos constitucionales, legales y procesales para defender sus intereses. El accionante impugnó dicha decisión y, en fallo del 28 de octubre de 2025, el Tribunal Administrativo del Tolima descartó sus alegatos, al considerar que no se demostró ninguna de las causales para decretar a su favor el habeas corpus y, en todo caso, seguía en trámite la petición de libertad condicional.

12. La parte actora sostuvo que el Juzgado Octavo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Ibagué, al haber dispuesto que la petición de libertad condicional presentada el 9 de julio de 2025 sería objeto de decisión hasta el mes de febrero de 2026, dilató injustificadamente su deber de emitir pronunciamiento de fondo , aunque está debidamente acreditado que se le debe aplicar el subrogado consagrado en el artículo 64 del Código Penal. Pidió tener en cuenta lo dispuesto en las sentenci as T491 de 2014, T-489 de 2019 y T-022 de 2017 sobre la procedencia excepcional de la tutela contra decisiones de habeas corpus.

13. Respecto al Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de

491 de 2014, T-489 de 2019 y T-022 de 2017 sobre la procedencia excepcional de la tutela contra decisiones de habeas corpus.

13. Respecto al Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Ibagué expuso que , al negar la primera acción de habeas corpus impetrada, fue incongruente con su razonamiento, pues se pronunció sobre el cumplimiento total de la pena, aunque con base en esto no se pidió la libertad condicional, sumado a que, si bien reconoció que había cumplido más de 18 meses de con dena, no accedió a lo pretendido. Afirmó que este despacho judicial desconoció que no buscaba refutar la legalidad de ninguna de las actuaciones surtidas dentro del proceso penal adelantado en su contra, sino que se analizara un elemento extrínseco de la condena, esto es, la aplicación de un posible subrogado establecido por el legislador.

5 Radicado: 73001-33-33-009-2025-00300-00/01Radicación: 11001-03-15-000-2025-06821-00

Accionante: Brayan Camilo Zapata Leal Accionado: Tribunal Administrativo del Tolima y otros

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14. Finalmente, reprochó que el Juzgado Noveno Administrativo del Circuito de Ibagué, en sentencia confirmada por el Tribunal Administrativo del Tolima, al resolver la segunda acción de habeas corpus también tuviera en consideración si el actor había cumplido o no la totalidad de la condena, pues reitera, lo pretendido con dicha acción era obtener la libertad condicional a la que tiene derecho. Ese análisis implica sostener que el actor de forma injustificada e innecesaria desgasta la justicia con la

cumplido o no la totalidad de la condena, pues reitera, lo pretendido con dicha acción era obtener la libertad condicional a la que tiene derecho. Ese análisis implica sostener que el actor de forma injustificada e innecesaria desgasta la justicia con la interposición de acciones improcedentes.

15. Pidió tener en cuenta que todos los jueces al co ntestar y decidir los procesos de habeas corpus que adelantó, reconocieron que ya cumplió con más de 18 meses de condena. Sumado a que, el Juzgado Octavo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Ibagué mediante auto del 7 de noviembre de 2025, profirió readecuación de las redenciones reconocidas, por lo que, para el 11 de noviembre de 2025 (fecha de subsanación del escrito de tutela), “corresponden a 22 meses y 20 días siendo para las 3/3 18 meses de reclusión y para el total de su condena el 74.5%”.

B. Trámite procesal y la contestación de la demanda

16. Mediante auto de 24 de noviembre de 2025 6, se admitió la acción de tutela, se ordenó notificar a la s autoridades demandadas y se requirió a los Juzgados Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Ibagué y Noveno Administrativo Oral del Circuito de Ibagué para que remitieran copia digital de los expedientes con radicado número 73001-31-87001-2025-00105-00 y 73001-33-33-009-2025-0030000/01, respectivamente. De igual modo, se ordenó comunicar la decisión a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado para lo de su cargo.

00/01, respectivamente. De igual modo, se ordenó comunicar la decisión a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado para lo de su cargo.

(i) Juzgado Octavo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Ibagué7

17. Afirmó que el accionante no ha cumplido con la totalidad de la pena que le fue impuesta, pues acredita haber estado en prisión durante aproximadamente 19 meses de un periodo total de condena de 30 meses. En todo caso, si lo que discute es la falta de pronunciamiento sobre su petición de libertad condicional por el turno asigna do para ello, pidió tener en cuenta que en reiteradas ocasiones el actor ha solicitado se decrete dicha medida a su favor, y a todas se les ha dado trámite o se ha indicado al accionante la fecha probable de resolución, en atención al turno.

6 La Sala advierte que previamente, en auto del 4 de noviembre de 2025, se inadmitió la solicitud de amparo dada la falta de claridad respecto a las acciones u omisiones en que incurrieron las autoridades accionadas que el actor consideraba lesivas del derecho fundamental invocado. Tampoco fue posible inferir dicha información de los documentos allegados con la demanda, pues aunque aportó una serie de decisiones proferidas en distintas acciones de habeas corpus en las que se veían involucradas tales autoridades, no había certeza de que se pretendía censurar dichas actuaciones. Además, se advirtió que el poder allegado por el abogado que interpuso la tutela a nombre de Brayan Zapata fue conferido para adelantar otro proceso judicial. Por ende, se le concedieron 3 días a la parte actora para subsanar lo pertinente.

la tutela a nombre de Brayan Zapata fue conferido para adelantar otro proceso judicial. Por ende, se le concedieron 3 días a la parte actora para subsanar lo pertinente. El 11 de noviembre de 2025 el respectivo apoderado allegó poder corregido y escrito de subsanación, por lo que se procedió a admitir el amparo. (índices 4, 7 y 8, SAMAI). 7 Intervención contenida en 3 folios.Radicación: 11001-03-15-000-2025-06821-00

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18. En todo caso, no se alegó ni probó ninguna razón para adelantar el turno que se le asignó a la petición del accionante, siguiendo lo dispuesto en el artículo 91 de la Ley 2430 de 2024. Así, no ha vulnerado en modo alguno los derechos del actor.

(ii) Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Ibagué8

19. Pidió negar el amparo al no estar acreditado que haya vulnerado de forma alguna los derechos del demandante. Expuso las actuaciones surtidas respecto al habeas corpus que conoció.

(iii) Juzgado Noveno Administrativo Oral del Circuito de Ibagué9

20. También solicitó negar la tutela en atención a que justificó normativa y probatoriamente su decisión de no declarar procedente el habeas corpus interpuesto por el señor Zapata.

II. C O N S I D E R A C I O N E S

C. Análisis del caso concreto

21. El presente trámite constitucional debe declararse improcedente, al no superar el

por el señor Zapata.

II. C O N S I D E R A C I O N E S

C. Análisis del caso concreto

21. El presente trámite constitucional debe declararse improcedente, al no superar el presupuesto de relevancia constitucional. La parte actora no despliega una carga argumentativa suficiente tendiente a demostrar los yerros constitucionales que motivaron la presentación de esta acción. El actor se limita a mencionar que los jueces accionados han analizado de forma incongruente y contraria a derecho, su petición de libertad condicional por aplicación de un subrogado penal, sin explicar cuáles son las deficiencias en dicho estudio. Se hizo referencia a una jurisprudencia presuntamente desatendida, pero no se explicó de qué modo aquella se desconoci ó en las providencias acusadas y cómo tal omisión se proyecta como una verdadera afrenta a un derecho fundamental.

22. Lo primero por destacar es que el accionante sustenta la acción de tutela en que el Juzgado Octavo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Ibagué al informar que la petición de libertad condicional presentada por el señor Zapata el 9 de julio de 2025, sería decidida de fondo a más tardar en febrero de 2026, incumple su deber de adoptar las decisiones que en derecho corresponden para garantizarle su derecho a la libertad. Dilación injustificada que en todo caso, desconoce lo dicho por la Corte Constitucional en sentencias T -491 de 2014, T-022 de 2017 y T-489 de

2019.

23. El reproche del accionante se considera carente del debido sustento pues, respecto a la jurisprudencia constitucional que aduce desconocida, no especificó los

2019.

23. El reproche del accionante se considera carente del debido sustento pues, respecto a la jurisprudencia constitucional que aduce desconocida, no especificó los hechos, pretensiones, ratio decidendi desatendida en su caso concreto y objeto de

8 Intervención contenida en 2 folios. 9 Intervención contenida en 2 folios.Radicación: 11001-03-15-000-2025-06821-00

Accionante: Brayan Camilo Zapata Leal Accionado: Tribunal Administrativo del Tolima y otros

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decisión en dichas providencias, a fin de denotar que, en efecto, esas decisiones eran precedente aplicable en su caso concreto. Se limitó a citar fragmentos de cada una de estas decisiones, de los cuales solo se advierte que las sentencias T-491 de 2014 y T-489 de 2019, hacen énfasis en la procedencia excepcionalísima de la tutela contra decisiones proferidas en el marco de una acción de habeas corpus, advirtiéndose la necesidad de argumentar debidamente la irracionabilidad o fraude de dichos fallos, so pena de que no sea procedente el amparo constitucional.

24. Respecto a la sentencia T -022 de 2017 citó un fragmento referente a que la inmediatez es uno de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela, sin exponer qué relación tiene con su caso concreto o porqué esa sentencia debió ser aplicada al resolverse su solicitud de aplicar subrogado penal a su favor.

25. Sumado a lo anterior, el actor ni siquiera señaló con exactitud la fecha de la providencia proferida por el Juzgado Octavo de Ejecución de Penas y Medidas de

25. Sumado a lo anterior, el actor ni siquiera señaló con exactitud la fecha de la providencia proferida por el Juzgado Octavo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Ibagué en la que no se decidió debidamente la petición formulada el 23 de septiembre de 2025 , ni tampoco aportó copia de esta al presentar el escrito de tutela.

26. No obstante, revisada la copia digital de los procesos de habeas corpus remitidos por los otros despachos judiciales accionados y la respuesta dada a la solicitud de amparo por parte del juez de seguimiento de condena, se pudo constatar que: (i) tanto el señor Zapata como su apoderado, han presentado múltiples solicitudes de libertad condicional en virtud de lo dispuesto en el artículo 64 del Código Penal, (ii) una de estas fue presentada el 9 de julio de 2025, el apoderado dice no conocerla y haber sido presentada directamente por el demandante, y es frente a esta que el despacho judicial demandado le informó al actor, en oficio con fecha del 1 de octubre de 2025 que, dada la alta carga laboral y por no haber sido beneficiado con medidas de descongestión que le permitieran diluci dar con prontitud su petición, esta sería resuelta a más tardar el 28 de febrero de 2026, dado que le correspondió el turno 894 de decisión, (iii) el 13 de agosto de 2025, mediante auto 386 , el juzgado ya había negado otra solicitud de libertad condicional presentada por el sindicado, la cual fue negada porque para ese entonces, no había cumplido con las 3/5 partes de la pena impuesta, y (iv) el 20 de agosto de la misma anualidad, presentó nueva solicitud de

negado otra solicitud de libertad condicional presentada por el sindicado, la cual fue negada porque para ese entonces, no había cumplido con las 3/5 partes de la pena impuesta, y (iv) el 20 de agosto de la misma anualidad, presentó nueva solicitud de aplicación de subrogado penal la cual entró a despacho para ser fallada de fondo, y al respecto, en la respuesta a la tutela, manifestó que también estaba pendiente de decisión, toda vez que, a diaria debe responder un alto número de solicitudes en igual sentido que son presentadas por personas que también están privadas de la libertad, además debe atender visitas carcelarias, acciones de tutela, contestaciones de tutelas, habeas corpus y vigilancias judiciales, libertades por penas cumplidas en virtud de la Ley 2466 de 2025, además reiteró lo de la falta de medidas de descongestión y la necesidad que se tuvo de implementar el turno de decisión ante todos estos asuntos, reiterando que la so licitud del actor será respondida en febrero de 2026.Radicación: 11001-03-15-000-2025-06821-00

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27. Teniendo esto en cuenta, es claro para esta Subsección que el actor hace una afirmación genérica de que al estar involucrado el ejercicio del derecho a la libertad, su causa debió ser decidida una vez se interpuso la solicitud de aplicación de lo dispuesto en el artículo 64 del Código Penal. Sin embargo, no esgrimió argumento alguno tendiente a denotar la posible existencia de causas debidamente alegadas y acreditadas ante el juez penal accionado que ameritaran adelantar el turno y decidir

dispuesto en el artículo 64 del Código Penal. Sin embargo, no esgrimió argumento alguno tendiente a denotar la posible existencia de causas debidamente alegadas y acreditadas ante el juez penal accionado que ameritaran adelantar el turno y decidir de fondo su petición. Tampoco refutó lo dicho por esa instancia judicial referente a la carga laboral existente que imposibilita materialmente decidir con antelación su solicitud. Así, es evidente la improcedencia del amparo contra el referido juez de seguimiento de la medida de aseguramiento.

28. En adición a lo anterior, se denota que fue la propia falta de diligencia del apoderado del señor Zapata la que impidió que en este proceso se discutiera la negativa respecto al habeas corpus, pues envío el escrito de impugnación a un correo electrónico que no correspondía al despacho judicial y, en todo caso, no advirtió dicha irregularidad hasta que la misma le fue notificada en auto posterior.

29. De otro lado, la parte actora refirió que el Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Ibagué en sentencia del 2 de octubre de 2025, erró al negar el habeas corpus solicitado por considerar que la pena de privación de la libertad dictada contra el accionante fue legalmente adoptada, en desconocimiento de que en ningún momento se cuestionó el proceso penal surtido así como tampoco la legalidad de la medida de detención en centro carcelario.

30. La Sala advierte que los reproches del actor no fueron encausados en ninguna de las causales específicas de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales y, de cualquier manera, carecen de fundamento jurídico y fáctico. Acorde a

30. La Sala advierte que los reproches del actor no fueron encausados en ninguna de las causales específicas de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales y, de cualquier manera, carecen de fundamento jurídico y fáctico. Acorde a lo dispuesto en el artículo 30 de la Constitución, esta Subsección ha definido el habeas corpus como un derecho que puede invocar una persona que se encuentra privada de la libertad y creyere estarlo ilegalmente con causa en la violación de las garantías constitucionales o legales.

31. Al definir su núcleo esencial, la Ley 1095 de 2006 señaló que el habeas corpus es una acción constitucional tutelante de la libertad personal que se activa cuando una persona es privada de ese derecho con violación de esas garantías o cuando se prolonga ilegalmente la limitación de ese derecho. Tal normativa reglamentó aspectos procedimentales atendibles a su trámite y dispuso que debía adelantarse con obedecimiento a los principios universales de intangibilidad, protección integral y pro homine.

32. Con arre glo a estos postulados y en consonancia con la postura de la Corte Constitucional en sede del control abstracto de constitucionalidad 10, el amparo exige poner inmediatamente en libertad al peticionario cuando se verifique: que fue privado

10 Sentencia C-187 de 2006. Magistrada ponente: Clara Inés Vargas Hernández.Radicación: 11001-03-15-000-2025-06821-00

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de ese derecho o se le prolongó la privación con quebranto del orden constitucional y legal.

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de ese derecho o se le prolongó la privación con quebranto del orden constitucional y legal.

33. Para la Corte, el habeas corpus, consagrado como un derecho fundamental y como una acción constitucional, constituye el mecanismo instituido para proteger el derecho a la libert ad, pero que solo procede en dos específicos supuestos: (i) cuando la privación de la libertad es arbitraria, es decir, cuando se transgreden las garantías constitucionales o legales; esto significa que, si a lo largo del procedimiento se han respetado las garantías que establece el ordenamiento jurídico para la res pectiva detención, la acción de habeas corpus se torna improcedente; y, (ii) cuando la privación de la libertad se prolonga indebidamente por un lapso superior al permitido por la Constitución y la ley o se omite resolver dentro de los términos legales la solicitud de libertad presentada por quien tiene derecho a ello11.

34. Precisa que la violación de la que trata la primera hipótesis se puede evidenciar en los casos en los que la autoridad priva de la libertad a una persona en lugar diferente al sitio destin ado de manera oficial para la detención de personas 12, o lo hace sin mandamiento escrito de autoridad judicial competente, o lo realiza sin el cumplimiento de las formalidades previstas en la ley, o por un motivo que no esté definido en ésta.

La segunda hipótesis se puede considerar en aquellos eventos en los que se detiene en flagrancia a una persona y no se le pone a disposición de la autoridad judicial competente. También puede ocurrir cuando la autoridad mantiene privada de la libertad a una persona des pués de que se ha ordenado legalmente por la autoridad

en flagrancia a una persona y no se le pone a disposición de la autoridad judicial competente. También puede ocurrir cuando la autoridad mantiene privada de la libertad a una persona des pués de que se ha ordenado legalmente por la autoridad judicial que le sea concedida la libertad o cuando omite resolver dentro de los términos legales las solicitudes de libertad provisional.

35. Agrega la misma sentencia que el habeas corpus no es un mecanismo alternativo, supletorio o sustitutivo para debatir los extremos que son propios al trámite de los procesos en que se investigan y juzgan conductas punibles, sino que, por el contrario, se trata de una acción excepcional de protección de la libertad y de los eventuales derechos fundamentales que por conducto de su afectación puedan llegar a vulnerarse, como la vida, la integridad personal y el no ser sometido a desaparecimiento o a tratos crueles y torturas.

36. Acorde a la naturaleza jurídica de esa acción constitucional, es claro para esta Sala que el Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Ibagué al resolver de fondo la solicitud de libertad del accionante, tenía que ana lizar si en el caso particular, se encontraba probada alguna de dos únicas causales por las que es procedente esta acción: la ilegalidad de la privación de la libertad o su prolongación injustificada.

11 Consejo de Estado. Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 9 de julio de 2025. Rad. 52001-23-33-0002025-00159-01. M.P. José Roberto Sáchica Méndez. 12 En el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos del año 1979 sobre el caso Argentino,

2025-00159-01. M.P. José Roberto Sáchica Méndez. 12 En el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos del año 1979 sobre el caso Argentino, esta Comisión recomendó que para evitar que se produzcan nuevos casos de desaparición, crear un registro central de detenidos que permita a los familiares de éstos y a otros interesados conocer, en breve plazo, las detenciones practicadas; ordenar que éstas detenciones sean llevadas a cabo por agentes debidamente identificados e impartir instrucciones a fin de que los detenidos sean trasladados sin demora a lugares específicamente destinados al objeto.Radicación: 11001-03-15-000-2025-06821-00

Accionante: Brayan Camilo Zapata Leal Accionado: Tribunal Administrativo del Tolima y otros

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37. En razón a ello es que, en la sentencia del 2 de octubre de 2025, estudió lo referente a que la detención del actor se haya dictado por autoridad competente y en respeto de las normas procesales y sustanciales que le era aplicables. También debía analizar si es que ya había cumplido la pena impuesta y seguía encarcelado sin razón para ello, o si, por ejemplo, había sido beneficiario de una decisión liberatoria incumplida; por lo que, no se advierte que la decisión se pueda calificar como caprichosa o incongruente.

38. Tras revisar que en efecto el accionante llevaba 18 de los 30 meses de prisión a los que fue condenado, denotó que ninguna de las causales esgrimidas por el legislador y la jurisprudencia constitucional se cumplían en su caso, por lo que era

los que fue condenado, denotó que ninguna de las causales esgrimidas por el legislador y la jurisprudencia constitucional se cumplían en su caso, por lo que era evidente la improcedencia de su solicitud. Luego de esto, advirtió que la libertad que el actor pretendía tenía como causa la posible aplicación de un subrogado penal, aspecto que, acorde a la definición, naturaleza y requisitos de procedenci