CE - Sentencia 11001031500020250682700 de 2025

Radicado: 11001-03-15-000-2025-06827-00

Demandante: Pura Quintero Castilla

1 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ

Bogotá D.C., cuatro (4) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Acción de tutela Radicación: 11001-03-15-000-2025-06827-00

Demandante: Pura Quintero Castilla

Demandados: Tribunal Administrativo de Caldas

Tema: Tutela contra providencia judicial – proceso ejecutivo. Defectos sustantivo, fáctico y desconocimiento del precedente judicial.

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela presentada por la señora Pura Quintero Castilla contra el Tribunal Administrativo de Caldas, por estimar vulnerados los derechos fundamentales al debi do proceso, a la igualdad, de acceso a la administración de justicia, seguridad social y seguridad jurídica. En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:

1. Que se TUTELEN los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y seguridad jurídica, a la Seguridad Social, los Derechos Adquiridos, vulnerados por los yerros encontrados en la providencia SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA de fecha 29 de Mayo de 2025, Notificada de manera electrónica con fecha 05 de Junio de

seguridad jurídica, a la Seguridad Social, los Derechos Adquiridos, vulnerados por los yerros encontrados en la providencia SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA de fecha 29 de Mayo de 2025, Notificada de manera electrónica con fecha 05 de Junio de 2025, Ley 2213 de 2022 del TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CALDAS -SALA PRIMERA DE DECISION M.P. CARLOS MANUEL ZAPATA JAIMES radicado 1700133-33-008-2019-0027-02 dentro del Proceso EJECUTIVO promovido por la DRA PURA

QUINTERO CASTILLA contra LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE PENSIONES

COLPENSIONES.

2. Que, como consecuencia de lo anterior, se REVOQUE LA SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA de fecha 29 de Mayo de 2025, Notificada de manera electrónica con fecha 05 de Junio de 2025, ley 2213 de 2022. del TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CALDAS -SALA PRIMERA DE DECISION M.P. CARLOS MANUEL ZAPATA JAIMES radicado 17001 -33-33-008-2019-0027-02 Proceso EJECUTIVO promovido por la DRA PURA QUINTERO CASTILLA contra LA

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE PENSIONES COLPENSIONES.

3. Que, como consecuencia de lo anterior, se ORDENE al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CALDAS - SALA PRIMERA DE DECISION M.P. CARLOS MANUEL ZAPATA JAIMES, proferir una nueva sentencia en que se tomen en cuenta las consideraciones expuestas en esta demanda.

I. ANTECEDENTES

1. Hechos

De la lectura del expediente de tutela , se advierten como hechos relevantes los siguientes:

las consideraciones expuestas en esta demanda.

I. ANTECEDENTES

1. Hechos

De la lectura del expediente de tutela , se advierten como hechos relevantes los siguientes:

Del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 10001-3333-002-2011-00404-00/01Radicado: 11001-03-15-000-2025-06827-00

Demandante: Pura Quintero Castilla

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La señora Pura Quintero Castilla promovió demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra el extinto Instituto de Seguro Social , con el fin de que se declarara la nulidad parcial de la Resolución 1577 7 de 26 de mayo de 2010 , por la cual se le reconoció el derecho pensional , en cuantía de $9 .261.188 y de otros actos administrativos posteriores que reliquidaron la prestación. En consecuencia, solicitó la reliquidación de la pensión, conforme con los artículos 6 del Decreto 546 de 1971 y 12 del Decreto 717 de 1978.

En sentencia de 28 de septiembre de 2012, el Juzgado Séptimo Administrativo en Descongestión de Manizales decidió lo siguiente:

Primero: INAPLÍCANSE por ilegales las Resoluciones N° 034730 de 19 de noviembre de 2010, 005072 del 21 de febrero de 2011 y N° 023763 del 12 de julio de 2011, proferidas por la entidad accionada, dentro de la acción de Nulidad y Restablecimiento

de 2010, 005072 del 21 de febrero de 2011 y N° 023763 del 12 de julio de 2011, proferidas por la entidad accionada, dentro de la acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho promovida por la señora PURA QUINTERO CASTILLA contra EL

INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES “ISS”.

Segundo: DECLÁRESE la nulidad parcial de la Resolución N°015777 del 26 de mayo

de 2010, expedida por el asesor VI de la seccional Cundinamarca y D.C. - Centro de decisión de Servidores Públicos del Instituto de Seguros Sociales, por medio de la cual le es reconocida a la señora PURA QUINTERO CASTILLA, pensión de jubilación en acatamiento a fallo de tutela.

Tercero: A título de restablecimiento de derecho DECLÁRESE que la pensión de jubilación reconocida a la señora PURA QUINTERO CASTILLA mediante Resolución N° 015777 del 26 de mayo de 2010, tiene efectos definitivos, de igual modo ORDÉNASE AL INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES reliquidar y pagar la pensión de jubilación que devenga la señora QUINTERO CASTILLA, con efectos fiscales a partir de la fecha de retiro oficial del servicio, que lo fue el 1° de diciembre de 2010, teniendo para la liquidación de la mesada e l 75% de la asignación mensual más elevada devengada durante el último año de servicio s comprendido entre el 1 º de diciembre de 2009 hasta el 1º de diciembre de 2010, incluyendo la totalidad de factores salariales devengados en dicho periodo y el 100% de la bonificación por servicios prestados. Valores estos que

el 1º de diciembre de 2010, incluyendo la totalidad de factores salariales devengados en dicho periodo y el 100% de la bonificación por servicios prestados. Valores estos que deberán actualizarse atendiendo a la fórmula citada en la parte motiva de esta providencia.

De las sumas a las que tenga derecho la accionante como consecuencia de esta decisión, DESCUÉNTESE por parte del INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES lo ya devengado por la misma por concepto de la Resolución No 015777 de mayo 26 de 2010.

CUARTO: NIEGÁNSE las demás pretensiones de la accionante.

QUINTO: La entidad demandada dará cumplimiento a este fallo en los términos de los artículos 176, 177 y 178 del Código Contencioso Administrativo. […]

En grado de consulta, en sentencia de 18 de julio de 2013, el Tribunal Administrativo de Caldas revocó el fallo apelado y, en su lugar, negó las pretensiones de la demanda.

De la acción de tutela con radicado número 11001-03-15-000-2013-02569-00/01

La señora Pura Quintero Castilla promovió acción de tutela contra la anterior providencia. En segunda instancia, la Sección Primera del Consejo de Estado , en sentencia de 19 de junio de 2014, revocó la decisión impugnada1 y, en su lugar, tuteló los derechos al debido proceso, a la seguridad social, al mínimo vital y el respeto por los derechos adquiridos por desconocimiento del precedente vinculante y violación directa de la Constitución y dejó sin efecto la sentencia del 18 de julio de 2013 y ordenó

los derechos al debido proceso, a la seguridad social, al mínimo vital y el respeto por los derechos adquiridos por desconocimiento del precedente vinculante y violación directa de la Constitución y dejó sin efecto la sentencia del 18 de julio de 2013 y ordenó al Tribunal Administrativo de Caldas dictar un nuevo fallo en el que cumpliera el precedente jurisprudencial de la Sección Segunda del Consejo de Estado.

1 Fallo de 13 de marzo de 2014 de la Sección Quinta del Consejo de Estado, por el cual se negó el amparo. Exp. AC-11001-0315-000-2013-02569-00/01.Radicado: 11001-03-15-000-2025-06827-00

Demandante: Pura Quintero Castilla

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Cumplimiento de la acción de tutela

En cumplimiento de la orden de tutela , el 14 de agosto de 2014, el referido tribunal dictó una nueva sentencia en la que decidió lo siguiente:

PRIMERO: REVOCAR PARCIALMENTE el numeral tercero de la sentencia proferida el 28 de septiembre de 2012 proferida por el Juzgado Séptimo Administrativo de Descongestión de Manizales, que accedió a las pretensiones de la demanda dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho instaurado por la señora PURA QUINTERO CASTILLA en contra del INSTITUTO DE L SEGURO SOCIAL, el cual

quedará así:

“Tercero: A título de restablecimiento del derecho declárese que la pensión de

QUINTERO CASTILLA en contra del INSTITUTO DE L SEGURO SOCIAL, el cual

quedará así:

“Tercero: A título de restablecimiento del derecho declárese que la pensión de jubilación reconocida a la señora PURA QUINTERO CASTILLA mediante resolución No. 015777 del 26 de mayo de 2010 tiene efectos definitivos, de igual modo ordénese al INSTITUTO DE LOS SEGUROS SOCIALES reliquidar y pagar la pensión de jubilación que devenga la señora PURA QUINTERO CASTILLA, con efectos fiscales a partir de la fecha del retiro oficial del servicio, que lo fue el 1° de diciembre de 2010, teniendo en cuenta para la liquidación de la mesada el 75% de la asignación mensual más elevada incluyendo la totalidad de factores de salario devengados en el último año de servicios comprendido entre el 1° de diciembre de 2009 al 1° de diciembre de 2010, incluyendo la doceava parte de la bonificación por servicios prestados. Valores estos que deberán actualizarse atendiendo a la fórmula citada en la parte motiva de esta providencia.

De las sumas a que tenga derecho la demandante como consecuencia de esta decisión DESCUENTESE por parte del INSTITUTO DE LOS SEGUROS SOCIALES lo ya devengado por la misma en virtud a la resolución No. 015777 del 26 de mayo de 2010.

SEGUNDO: CONFIRMAR en lo demás la sentencia consultada. […]

La anterior decisión quedó ejecutoriada el 29 de agosto de 2014.

Posteriores solicitudes de cumplimiento de la orden judicial dada en el proceso declarativo

La actora formuló varias solicitudes de cumplimiento de las anteriores sentencias, en

La anterior decisión quedó ejecutoriada el 29 de agosto de 2014.

Posteriores solicitudes de cumplimiento de la orden judicial dada en el proceso declarativo

La actora formuló varias solicitudes de cumplimiento de las anteriores sentencias, en las que determinó el valor de la pensión con reajuste en $12.651.079,90, que equivale al 75 % del total de los factores salariales del último año laborado, los cuales discriminó de la siguiente manera:

FACTORES SALARIALES ORDENADOS EN

LAS SENTENCIAS

VALOR

ASIGNACION BASICA -2010 $ 2.933.272

GASTOS DE REPRESENTACION -2010 $ 2.933.272

BONIFICACION POR GESTION JUDICIAL2010

$ 8.172.464

PRIMA ESPECIAL SERVICIOS -2010 $ 1.609.404

BONIFICACION POR SERVICIOS – 2010 $ 171.107

PRIMA DE SERVICIOS -2010 $ 251.568.83

PRIMA DE NAVIDAD-2010 $ 535.173

PRIMA DE VACACIONES 2010 $ 261.845.33

TOTAL $ 16.868.106.54

Por Resolución GNR 380339 del 14 de diciembre de 2016, C olpensiones reajustó la pensión de jubilación de la señora Quintero Castilla en cuantía de $11.747.003, para el año 2010; $12.119.383 para el 2011; $12.571.436 para el 2012; $12.878.179 para el 2013; $13.128.016 para el 2014; $13.608.501 para el 2015; y $14.529.796 para el

2016. Y liquidó el retroactivo por un total a pagar de $234.688.228, teniendo en cuenta

el 2013; $13.128.016 para el 2014; $13.608.501 para el 2015; y $14.529.796 para el

2016. Y liquidó el retroactivo por un total a pagar de $234.688.228, teniendo en cuenta indexación, intereses de mora y descuentos en salud.Radicado: 11001-03-15-000-2025-06827-00

Demandante: Pura Quintero Castilla

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Inconforme con el cumplimiento dado por la entidad, la pensionada solicitó que se estudiara nuevamente el reajuste de la pensión, de manera que se diera estricto acatamiento a la orden judicial. La actora advirtió que se reconoció un menor valor al que correspondía para el 2010 y que no supera los 25 smlmv.

Colpensiones profirió la Resolución SUB 43308 de 20 de febrero de 2018 en la que al estudiar nuevamente advirtió que la asignación más alta corresponde a la percibida en el mes de febrero de 2010, con un IBL de $16.712.293 , pero al superar los 25 smlmv el tope para la cotización de ese año e ra de $12.875.000, lo que genera un valor de la pensión de $9.656.250, es decir, inferior al valor reconocido ($11.747.003) en la Resolución GNR 380339.

En ese acto se concluyó que «del nuevo estudio realizado, el cual no arrojó valores a favor de la señora QUINTERO CASTILLO PURA, ya identificada y en consideración a la Resolución

en la Resolución GNR 380339.

En ese acto se concluyó que «del nuevo estudio realizado, el cual no arrojó valores a favor de la señora QUINTERO CASTILLO PURA, ya identificada y en consideración a la Resolución GNR 380339 del 14 de diciembre de 2016, se declara el cumplimiento del fallo judicial

proferido por el JUZGADO SEPTIMO ADMINISTRATIVO DE DESCONGESTIÓN DEL

CIRCUITO DE MANIZALES modificado por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CALDAS

SALA DE DECISIÓN.»

Del proceso ejecutivo con radicado 17001-33-33-008-2019-00027-00/01/02

La señora Pura Quintero Castilla promovió demanda ejecutiva contra Colpensiones. Como título ejecutivo presentó las sentencias de 28 de septiembre de 2012 y de 14 de agosto de 20 14 del Juzgado Séptimo Administrativo en Descongestión de Manizales y del Tribunal Administrativo de Caldas, respec tivamente, con el fin de hacer efectivo el pago de su mesada pensional, según el reajuste contemplado en la ley y ordenado en las referidas sentencias.

En la demanda la actora advirt ió que Colpensiones no incluyó la totalidad de lo devengado en el último año de servicio, p orque su mesada pensional debía ser de $12.662.550,40, monto que no superaba los 25 smlmv , teniendo en cuenta los factores salariales de 2010, por lo que existe una diferencia de $1.020.875 mensual, que debe reconocerse más la indexación e intereses moratorios.

El 16 de mayo de 2019 , el Juzgado Octavo Administrativo de Manizales libró

factores salariales de 2010, por lo que existe una diferencia de $1.020.875 mensual, que debe reconocerse más la indexación e intereses moratorios.

El 16 de mayo de 2019 , el Juzgado Octavo Administrativo de Manizales libró mandamiento de pago contra Colpensiones y decretó el embargo de los dineros que tuviera la ejecutada depositados en cuentas de ahorros, corrientes, CDT.

Colpensiones formuló como excepciones la inembargabilidad de los recursos de los fondos de prima media, la prescripción, la compensación y pago y falta de exigibilidad del título ejecutivo.

Practicada la audiencia de pruebas y escuchados los alegatos , el Juzgado Octavo Administrativo de Manizales , en sentencia de 17 de agosto de 2023 , declaró no probadas las excepciones de pago y de compensación y de prescripción y ordenó, entre otras disposiciones, seguir adelante la ejecución , conforme con las siguientes sumas determinadas:Radicado: 11001-03-15-000-2025-06827-00

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Inconforme con la decisión, Colpensiones interpuso recurso de apelación para insistir en que ya cumplió la orden judicial . La ejecutante recurrió solo lo relacionado con la condena en costas.

El Tribunal Administrativo de Caldas, Sala Primera de Decisión, profirió sentencia el 29 de mayo de 2025, por la cual revocó la decisión de primera instancia y se abstuvo

condena en costas.

El Tribunal Administrativo de Caldas, Sala Primera de Decisión, profirió sentencia el 29 de mayo de 2025, por la cual revocó la decisión de primera instancia y se abstuvo de continuar adelante la ejecución al negar las pretensiones de la demanda.

2. Argumentos de la acción de tutela

La parte actora sustentó la solicitud de tutela con los siguientes argumentos:

La decisión de la autoridad judicial demandada configuró flagrantes «vías de hecho» al desconocer las órdenes judiciales en firme, el precedente jurisprudencial en el que las referidas sentencias se fundamentaron y viol ar directamente la Constitución. Concretamente, se incurr ió en defecto fáctico, pues omitió valora r las pruebas documentales e interpretó en forma amañada e incorrecta la prueba pericial presentada por el perito designado por el despacho judicial.

Indicó que la referida prueba pericial fue legalmente recaudada y no fue objetada por Colpensiones, por el contrario, la aceptó en la audiencia de pruebas de 4 de mayo de

2023. En esa prueba se establec ieron de manera detallada y justificada legalmente los valores adeudados a la actora, determinó que la pensión asciende a $12.662.500, a partir del 1º de diciembre de 2010. Considera que esa, entre otras pruebas, no fueron tenidas en cuenta por el magistrado, lo que evidencia una decisión ilegal que transgrede el derecho a la mesada pensional de la actora , que debe ser reliquidada en legal forma.

Así que el Tribunal, «de forma grosera» no valoró las pruebas presentadas por la parte demandante y valoró selectiva y erróneamente sólo las que atañían a la parte demandada.

en legal forma.

Así que el Tribunal, «de forma grosera» no valoró las pruebas presentadas por la parte demandante y valoró selectiva y erróneamente sólo las que atañían a la parte demandada.

También se incurrió en defecto material o sustantivo porque la decisión atacada se fundamentó de forma caprichosa, arbitraria e ilegal en normas evidentemente inaplicables al derecho pensional de la demandante , como es la Ley 797 de 2003, artículo 5º. Se dictó una decisión sin motivación porque no tuvo sustento jurídico, fáctico ni probatorio, sino que las consideraciones en las que se fundamentó son arbitrarias y contrarias a las pruebas que obraban en el proceso.

El Tribunal Administrativo de Caldas aplicó de manera retroactiva como precedente la sentencia C -078 de 2017, a pesar de que se trata de una situación jurídica consolidada. Esa conducta contradice la sentencia SU -382 de 2024 de la Corte Constitucional que se refiere a la aplicación del precedente judicial en el tiempo.

La anterior conducta configura el defecto de desconocimiento del precedente judicial aplicable y con ello atentó directamente contra la Constitución y, concretamente, contra los derechos a la igualdad y a la seguridad jurídica. Según el precedente, e ra su deber aplicar de manera integral la orden incorporada en las sentencias judiciales del proceso ordinario de nulidad y restablecimiento del derecho, por tratarse de títulos ejecutivos simples y suficientes, que contienen la obligación expresa, clara y actualmente exigible.

El precedente que citó como desconocido son: las sentencias de 24 de abril de 2009,

por tratarse de títulos ejecutivos simples y suficientes, que contienen la obligación expresa, clara y actualmente exigible.

El precedente que citó como desconocido son: las sentencias de 24 de abril de 2009, exp. 424-03; de 18 de febrero de 2010 (no citó radicado) y de 25 de marzo de 2010Radicado: 11001-03-15-000-2025-06827-00

Demandante: Pura Quintero Castilla

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(no citó radicado), todas de la Sección Segunda del Consejo de Estado, de 29 de abril de 2021, exp. 1851 -19, de la misma Sección y relacionó «el concepto de 26 de septiembre de 1990, exp, 369 de la Sala de Consulta y Servicio Civil », tenido en cuenta en sentencia de 12 de mayo de 2014, exp. 1153-12 de la Sección Segunda de la misma Corporación.

Dijo que la sentencia atacada sostuvo que Colpensiones reajustó la pensión conforme con lo ordenado en las decisiones judiciales , porque tuvo en cuenta el tope de cotización de los 25 smlmv, para el caso de la demandante, quien devengaba como salario mensual una suma superior a dicho monto. El fallo sostuvo que para el año 2010 ese tope correspondía a $12.875.000, que al aplicarle la tasa de reemplazo (75 %) generó un valor de pensión de $9.956.250. Y como esa suma era inferior a la

2010 ese tope correspondía a $12.875.000, que al aplicarle la tasa de reemplazo (75 %) generó un valor de pensión de $9.956.250. Y como esa suma era inferior a la reconocida en la Resolución GNR 380339 del 14 de diciembre de 2016, se mantuvo en $11.747.003.

En la sentencia demandada en tutela, el Tribunal concluyó que Colpensiones cumplió en relación con las órdenes dadas en las sentencias de nulidad y restablecimiento del derecho, específicamente en lo relativo a la obligación de hacer, porque la entidad liquidó la pensión conforme lo establecido en las providencias y lo determinado en la ley.

Aunado a lo anterior, la tutelante advirtió que la decisión contenida en la sentencia de 29 de mayo de 2025 fue discutida y aprobada por solo dos magistrados de la sala, en contravía del debido proceso, en virtud del cual se exige que las providencias sean adoptadas por el voto de la mayoría.

Alegó que, el Tribunal accionado en la sentencia dictada en segunda instancia en el proceso ejecutivo abusó injustificadamente de su función jurisprudencial y se extralimitó al adoptar una tesis sin sustento fáctico, jurídico ni probatorio , lo que se traduce en una decisión arbitraria, lesiva de los derechos fundamentales y en una desmejora de aquellos adquiridos, pues después de 15 años sigue esperando que Colpensiones le pague su mesada pensional, según la ley aplicable a su caso concreto (Decretos 546/1971 y 717 /1978) y más favorable , y acorde con lo ordenado en los fallos en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.

(Decretos 546/1971 y 717 /1978) y más favorable , y acorde con lo ordenado en los fallos en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.

Conforme con lo anterior se deben las sumas solicitadas y legalmente probadas en la demanda ejecutiva y establecidas en el dictamen pericial incorporado al proceso , aceptado por las partes.

3. Trámite procesal de la acción de tutela

En auto del 4 de noviembre de 2025, el despacho sustanciador admitió la acción de tutela, ordenó notificar a la parte demandante , al Tribunal Administrativo de Caldas, Sala Primera de Decisión , en calidad de demandado y vinculó al Juzgado Octavo Administrativo de Manizales y a la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones, en calidad de terceros con interés.

4. La respuesta del demandado

El Tribunal Administrativo de Caldas se opuso a la solicitud de amparo y pidió el rechazo por improcedente y/o en subsidio la desvinculación. Sostuvo que ni en el trámite del proceso ejecutivo con radicado 17001-33-33-008-2019-00027-02 ni en la sentencia de segunda instancia del 29 de mayo de 2025 se present ó un defecto procesal, orgánico, fáctico o material que amerite la calificación de vía de hecho; yRadicado: 11001-03-15-000-2025-06827-00

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mucho menos se vulner aron los derechos fundamentales al debido proceso , a la

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mucho menos se vulner aron los derechos fundamentales al debido proceso , a la defensa y a la igualdad de la señora Quintero Castilla.

La referida providencia, por la cual se revocó el fallo del 17 de agosto de 2023 y , en su lugar, se negaron las pretensiones de la demanda ejecutiva interpuesta por la parte accionante, expuso en forma clara las razones por las cuales se adoptó esa decisión.

5. Intervención de los terceros vinculados

El Juzgado Octavo Administrativo de Manizales no tiene legitimación por pasiva porque en la demanda de tutela se alegó un desacuerdo con la sentencia de segunda instancia, proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas en el proceso con radicado 17001-33-39-008-2019-00027-02. Ello evidencia que el juzgado no vulneró los derechos fundamentales invocados por la actora, pues en la sentencia de primera instancia había ordenado seguir adelante la ejecución contra Colpensiones, pero esa decisión la revocó el referido tribunal.

Por lo anterior, el juzgado solicitó la desvinculación de l trámite de la presente acción de tutela.

La Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones solicitó la desvinculación del trámite de tutela porque no tiene legit imación en la causa por pasiva. Adicionalmente, advirtió que la demanda de tutela es improcedente por las siguientes razones:

No existen razones ni hechos por los cuales se considere que Colpensiones ha

pasiva. Adicionalmente, advirtió que la demanda de tutela es improcedente por las siguientes razones:

No existen razones ni hechos por los cuales se considere que Colpensiones ha vulnerado algún derecho fundamental de la señora Quintero Castilla . Para Colpensiones es jurídicamente inviable desconocer las decisiones judiciales dictadas en el proceso ejecutivo, las cuales están en firme, hacen tránsito a cosa juzgada y gozan de obligatoriedad.

En este caso, los fundamentos de hecho y de derecho que sustentan la solicitud de amparo fueron objeto de estudio judicial, lo que significa que la actora pretende reabrir el debate que culmin ó en el proceso ejecutivo . En ese proceso el Tribunal Administrativo de Caldas actuó conforme con la ley y a la Constitución porque aplicó las normas relativas en la materia, los preceptos constitucionales sobre el particular y la jurisprudencia existente . De manera que las ac tuaciones del despacho no transgreden, violan o amenazan los derechos fundamentales de la actora ni incurrieron en vía de hecho o defecto alguno.

Es evidente entonces que la tutela en el caso particular no es el mecanismo adecuado para conseguir la satisfacción del derecho reclamado por la actora, puesto que no puede constituirse en una tercera instancia para analizar el litigio objeto de debate. Aunado a que no se acreditó un perjuicio irremediable.

Decidir de fondo las pretensiones de la accionante y acceder a estas invade la órbita del juez ordinario y su auto nomía, pero además excede las competencias del juez constitucional.

En consecuencia, en este caso no se cumplen las causales de procedibilidad que

del juez ordinario y su auto nomía, pero además excede las competencias del juez constitucional.

En consecuencia, en este caso no se cumplen las causales de procedibilidad que permita revocar la decisión judicial, por lo que debe declararse improcedente.

Por último, advirtió la falta de legitimación por activa porque el abogado que dice actuar en representación de la señora Quintero Castilla «no adjunta el poder especial para interponer la presente acción constitucional en representación del titular del derechoRadicado: 11001-03-15-000-2025-06827-00

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presuntamente vulnerado, tal como lo exige la ley para tener por cumplido el requisito de procedibilidad que haría posible el estudio del presente amparo constitucional, y por lo cual se debe declarar improcedente.»

CONSIDERACIONES DE LA SALA

Generalidades de la acción de tutela

La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política, reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, que en el artículo 1.º establece: «Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales , cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualqui er autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto».

nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales , cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualqui er autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto».

Esta acción procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

Acción de tutela contra providencias judiciales

En cuanto a la acción de tutela como mecanismo para controvertir providencias judiciales, se precisa que, de manera excepcional, se reconoce la procedencia cuando se advierte la afectación manifiesta de los derechos constitucionales fundamentales.

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia de 31 de julio de 2012 , Exp. 2009 -01328-01, aceptó la acción la tutela contra providencia judicial y acogió el criterio de la «procedencia excepcional» 2 , para lo cual aplicó la metodología desarrollada por la Corte Constitucional en la sentencia C -590 de 2005 para estudiar si, en un caso concreto, procede o no el amparo solicitado, mediante el empleo de las causales generales 3 y específicas 4 de procedencia de la acción de tutela.

Problema jurídico

La señora Pura Quintero Castilla invoca como vulnerados los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, de acceso a la administración de justicia, seguridad

social y seguridad jurídica y pretende que en el proceso ejecutivo con radicado 1700133-33-008-2019-00027-02 se deje sin efecto la sentencia de 29 de mayo de 2025 del Tribunal Administrativo de Caldas, Sala Primera de Decisión, por la cual se revocó la decisión de primera instancia del Juzgado Octavo Administrativo de Manizales , en

2 La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo y las distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso la acción de tutela, de manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales. De ahí que en esa oportunidad - sentencia de 31 de julio de 2012 - se admita, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que resulten vio