CE - Sentencia 11001031500020250683700 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Bogotá D. C., nueve (9) de diciembre de dos mil veinticinco (2025).

Radicado: 11001-03-15-000-2025-06837-00

Accionante: DEFENSORÍA DEL PUEBLO REGIONAL SANTANDER

Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER Y OTRO

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

Temas: Acción de tutela contra providencia judicial – Acción popularImprocedente por falta de relevancia constitucional y ante incumplimiento del principio subsidiariedad.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala resuelve la acción de tutela presentada el 30 de octubre de 2025 1 por la Defensoría del Pueblo –Regional Santander– representada por el defensor regional de Santander, el señor Jesualdo Arzuaga Ramírez, contra el Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bucaramanga y el Tribunal Administrativo de Santander. La entidad accionante manifestó su inconformidad porque dentro de una acci ón popular, dichas autoridades dispusieron integrar a la Defensoría del Pueblo Regional Santander al comité de verificación, con la obligación de informar sobre el cumplimiento de las decisiones adoptadas una vez finalice el término otorgado para su ejecuc ión. A su juicio, esas determinaciones vulneraron los derechos fundamentales de acceso a la administración de justicia, tutela judicial efectiva, debido proceso, así como el principio de legalidad e igualdad ante la ley,

otorgado para su ejecuc ión. A su juicio, esas determinaciones vulneraron los derechos fundamentales de acceso a la administración de justicia, tutela judicial efectiva, debido proceso, así como el principio de legalidad e igualdad ante la ley, al imponer funciones que exceden sus competencias constitucionales y legales.

ANTECEDENTES

La demanda

1. El presente caso corresponde a una acción de tutela contra una providencia judicial, por lo que tendrá el siguiente orden en la exposición de los antecedentes: (i) los hechos que dieron origen al proceso ordinario y su trámite; y (ii) los argumentos que fundamentaron la interposición de la acción de amparo constitucional, así como las pretensiones formuladas por la entidad demandante.

Antecedentes del proceso ordinario

2. La comunidad de las veredas la Negreña y San Antonio, en el municipio de el Playón, solicitaron desde hace varios años la intervención de la vía terciaria y del puente tipo hamaca que las comunica con la cabecera municipal, sin obtener respuesta efectiva.

1 Índice electrónico 01 de SAMAI. “REPARTO Y RADICACIÓN DEL PROCESO REALIZADAS EL jueves, 30 de octubre de 2025 con secuencia: 11053 - Cuad.:1”.Radicación: 11001-03-15-000-2025-06837-00

Accionante: Defensoría del Pueblo Regional Santander Accionado: Tribunal Administrativo de Santander y Otro Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

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3. Aunque el alcalde Wilmer Barrios Cote asumió compromisos desde su campaña y el Acuerdo Municipal No. 06 de 2021 asignó recursos para dichas obras, la administración no ha ejecutado acciones concretas.

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3. Aunque el alcalde Wilmer Barrios Cote asumió compromisos desde su campaña y el Acuerdo Municipal No. 06 de 2021 asignó recursos para dichas obras, la administración no ha ejecutado acciones concretas.

4. Ese mismo año, tras denuncias ciudadanas, se celebró una mesa de trabajo en la que se pactó iniciar el proceso contractual del puente y el mantenimiento de la vía; sin embargo, en 2023 el Concejo Municipal confirmó que no existía proyecto alguno radicado ni avances en su ejecución.

5. Los habitantes alegaron la vulneración de sus derechos fundamentales a la vida, integridad personal, dignidad humana, movilidad, salud y educación, por el aislamiento, la pérdida de cultivos y las limitaciones en el acceso a servicios básicos.

6. En atención a lo anterior, Fabián Díaz Plata interpuso una acción popular contra el Municipio de el Playón con el propósito de que se declarara la vulneración de los derechos e intereses colectivos relacionados con el goce del espacio público, la utilización y defensa de los bienes de uso público y el desarrollo urbano ordenado conforme a las disposiciones jurídicas, de modo que se garantizara la prevalencia del bienestar y la calidad de vida de los habitantes. Sustentó su demanda en la falta de mantenimiento de la vía ubicada en las veredas San Antonio y la Negreña del citado municipio.

7. Mediante sentencia del 3 de diciembre de 2024, el Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bucaramanga2 accedió parcialmente a las pretensiones de la de manda y declaró que el Municipio de el Playón vulneró los derechos e intereses colectivos relacionados con el espacio público, los bienes de uso público y

Oral del Circuito Judicial de Bucaramanga2 accedió parcialmente a las pretensiones de la de manda y declaró que el Municipio de el Playón vulneró los derechos e intereses colectivos relacionados con el espacio público, los bienes de uso público y el desarrollo urbano ordenado.

8. En aplicación de los artículos 27 y 34 de la Ley 472 de 1998, el despacho ordenó integrar el Comité de Verificación, conformado por el actor popular, el representante legal del municipio, el Defensor del Pueblo o su delegado y la Procuradora Judicial delegada, quienes deberán informar sobre el cumplimiento de la sentencia al término del plazo fijado para su ejecución.

9. El Municipio de el Playón interpuso recurso de apelació n. Además, el apoderado de la Defensoría del Pueblo presentó apelación adhesiva en la que solicitó ejercer el control de legalidad para declarar la nulidad de todo lo actuado a partir de la sentencia de primera instancia, al haber incluido a la entidad que representa en el Comité de Verificación , sin evidenciar la calidad de parte procesal ni ejercer funciones de Ministerio Público en el caso concreto. De manera subsidiaria, la entidad solicitó modificar el efecto en la que se concedió la apelación, de modo que se otorgara de manera devolutiva y no suspensiva.

10. Mediante sentencia del 23 de septiembre de 2025, el Tribunal Administrativo de Santander confirmó la sentencia de primera instancia. En particular, frente a la solicitud de la Defensoría del Pueblo, la autoridad judicial declaró improcedente la

10. Mediante sentencia del 23 de septiembre de 2025, el Tribunal Administrativo de Santander confirmó la sentencia de primera instancia. En particular, frente a la solicitud de la Defensoría del Pueblo, la autoridad judicial declaró improcedente la

2 Proceso identificado bajo el radicado: 68001-33-33-001-2023-00153-00/01/02.Radicación: 11001-03-15-000-2025-06837-00

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3 apelación adhesiva, al considerar que, conforme al artículo 322 del Código General del Proceso -en adelante CGP -, dicho recurso solo permite adherirse a los argumentos de la apelación principal y no habilita la introducción de nuevos planteamientos, pretensiones o materias ajenas al debate, com o ocurrió en este caso. Además, señaló que la Defensoría cuenta con legitimación constitucional y legal para intervenir en la protección de derechos colectivos, por lo que su inclusión en el Comité de Verificación resultaba legítima y no implicaba una carg a sancionatoria, condena ni afectación material de su derecho de defensa o del principio de congruencia, en tanto se trató de una participación técnica y de acompañamiento interinstitucional. Finalmente, concluyó que no se configuraba nulidad procesal en los términos del artículo 133 del CGP, al no acreditarse un vicio sustancial ni afectación del orden público procesal, razón por la cual rechazó dicha petición por improcedente.

Pretensiones

11. Conforme a lo dispuesto en el escrito de tutela, se formularon las siguientes

sustancial ni afectación del orden público procesal, razón por la cual rechazó dicha petición por improcedente.

Pretensiones

11. Conforme a lo dispuesto en el escrito de tutela, se formularon las siguientes pretensiones (se transcribe con posibles errores):

“Se tutelen los derechos fundamentales de la DEFENSORÍA DEL PUEBLO y, en consecuencia, se deje sin efectos la sentencia de segunda instancia proferida por el Tribunal Administrativo de Sant ander el 23 de septiembre del 2025, dentro del proceso radicado: 68001333300120230015302. Medio de Control: Protección de los Derechos e Intereses Colectivos. Demandante: Fabian Díaz Plata.

Demandado: Municipio de El Playón. En su lugar, se ordene que la nueva decisión que ha de proferir dicho Tribunal tenga en cuenta la motivación que establezca el Consejo de Estado como juez constitucional y que se abstenga de volver a incurrir en situaciones como la que se acusa en el presente caso, cuando se trata de comités de verificación.

RELEVANCIA CONSTITUCIONAL El Consejo de Estado y la Corte Constitucional han establecido que la acción de Tutela contra providencias judiciales procede excepcionalmente, cuando se configuran causales específicas y el caso reviste una clara trascendencia constitucional. Esto ocurre cuando la decisión judicial compromete Derechos Fundamentales. En el presente asunto se presenta esa situación, pues trasciende el ámbito patrimonial y el legal, relacionándose con la garantía de derechos fundamentales como el de Acceso a la Justicia; Tutela Judicial Efectiva y Debido Proceso; en lo correspondiente a la primacía de la Constitución

patrimonial y el legal, relacionándose con la garantía de derechos fundamentales como el de Acceso a la Justicia; Tutela Judicial Efectiva y Debido Proceso; en lo correspondiente a la primacía de la Constitución (art. 4° C.P.); el Principio de Legalidad (arts. 6° y 122 C.P.); el Principio y Derecho de Igualdad ante la Le y (art.13 C.P.), entre otros. En el caso que se expone, el Tribunal desconoció la legitimación y los derechos de la Defensora del Pueblo para formular apelación adhesiva en un proceso, de Acción Popular, de origen constitucional; además, desconoció el sent ido y alcance de normativa de orden público atinente a la competencia constitucional y legal así como a lo correspondiente a la sentencia y comités de verificación en la Acción Popular y vulneró el Derecho de Contradicción y Defensa como parte del Debido Proceso de la entidad a la que impuso una carga procesal o un deber u obligación sin que fuera parte del proceso ni le correspondiera, entre otras cosas. Ello constituye asuntos de relevancia constitucional, pues se encuentra en juego la competencia constitucional; el Acceso a la Justicia; el Debido Proceso, etc. que son de tal estatus e implican Derechos Fundamentales.”3.

3 Índice electrónico 02 de SAMAI. 6ED_DemadnaTutela(.pdf) NroActua 2(.pdf) NroActua.Radicación: 11001-03-15-000-2025-06837-00

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4 Fundamentos de la demanda de tutela

Accionante: Defensoría del Pueblo Regional Santander Accionado: Tribunal Administrativo de Santander y Otro Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

4 Fundamentos de la demanda de tutela

12. El peticionario afirmó que las autoridades judiciales incurrieron en un defecto sustantivo y desconocimiento del precedente, pues la conformación del Comité de Verificación constituye una facultad del juez, conforme a la Ley 472 de 1998. No obstante, cuando el despacho decide conformarlo, no puede excluirse de su integración, pues la ley impone su participación como miembro y presidente del comité, en atención a su condición de autoridad que profirió la decisión.

13. La inclusión del Defensor del Pueblo o su delegado como miembro del Comité de Verificación carece de sustento legal y contraviene los ar tículos 6 y 29 de la Constitución Política, así como los principios de legalidad, congruencia y derecho de defensa. En el proceso de origen, la Defensoría del Pueblo no fue parte procesal ni representante del Ministerio Público, por lo que imponerle funcio nes, cargas u obligaciones derivadas de la integración del comité vulnera las formas propias del juicio. Además, dicha orden le atribuye competencias y deberes administrativos y económicos que exceden sus funciones constitucionales y legales.

14. El artículo 282 de la Constitución Política delimita las funciones del Defensor del Pueblo, entre ellas la promoción de los derechos humanos, la interposición de acciones populares en asuntos de su competencia y la dirección de la defensoría pública. Ninguna disposici ón lo autoriza a participar en comités de verificación de sentencias, salvo que haya actuado como actor popular, circunstancia que no se

acciones populares en asuntos de su competencia y la dirección de la defensoría pública. Ninguna disposici ón lo autoriza a participar en comités de verificación de sentencias, salvo que haya actuado como actor popular, circunstancia que no se presenta en el caso concreto. Por su parte, la Ley 472 de 1998 distingue las funciones de la Defensoría del Pueblo y la s del Ministerio Público, representado exclusivamente por la Procuraduría General de la Nación a través de sus Procuradores Judiciales. Los artículos 21, 27 y 34 de dicha ley asignan al Ministerio Público no a la Defensoría la intervención en el pacto de c umplimiento, la comunicación del auto admisorio de la demanda y la integración del Comité de Verificación.

15. La Resolución 638 de 2008 de la Defensoría del Pueblo, publicada en el Diario Oficial número 47.110 del 6 de junio de 2008, ratifica esa separación de competencias al señalar expresamente que la Defensoría no ostenta la calidad de agente del Ministerio Público, condición reservada a los Procuradores Judiciales en virtud del artículo 41 del Decreto 262 de 2000. Por tanto, la inclusión del Defensor del Pueblo o su delegado en el Comité de Verificación resulta antijurídica, contraria a los principios de legalidad, economía procesal y separación de poderes, y configura un defecto sustantivo y un defecto por violación directa de la Constitución, al invadir competencias del legislador y del Constituyente.

16. Ahora bien, la parte actora precisó que el Tribunal Administrativo de Santander desatendió su impugnación adhesiva, así como sus solicitudes de ejercer el control

al invadir competencias del legislador y del Constituyente.

16. Ahora bien, la parte actora precisó que el Tribunal Administrativo de Santander desatendió su impugnación adhesiva, así como sus solicitudes de ejercer el control de legalidad sobre el proceso y de declarar la nulidad de este desde el auto de admisión. A su juicio, al estimar que la sentencia de segunda instancia proferida en una acción popular vulneró sus derechos fundamentales al acceso a la justicia, a la tutela judicial efectiva y al debido proceso. Sostuvo que el Tribunal desconoció su legitimación para presentar apelación adhesiva y le impuso cargas procesales alRadicación: 11001-03-15-000-2025-06837-00

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5 integrarla al Comité de Verificación sin ser parte procesal ni actuar como Ministerio Público. Según el tutelante, la providencia incurrió en ausencia de motivación, vulneró el principio de congruencia, desconoció sus competenc ias constitucionales y legales, configuró un defecto sustantivo, se apartó del precedente y desconoció el principio de legalidad, en particular al conformar el Comité de Verificación en contravía del artículo 34 de la Ley 472 de 1998 y de la jurisprudencia del Consejo de Estado. Por estas razones, solicitó que se dejara sin efectos la sentencia cuestionada y se profiriera una nueva decisión acorde con la Constitución y el marco competencial de la Defensoría del Pueblo.

Trámite en primera instancia

17. Mediante Auto del 4 de noviembre de 2025 4, el despacho sustanciador admitió

competencial de la Defensoría del Pueblo.

Trámite en primera instancia

17. Mediante Auto del 4 de noviembre de 2025 4, el despacho sustanciador admitió la acción de amparo constitucional y ordenó notificar a la parte accionada y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. Igualmente, dispuso vincular al Juzgado Primero A dministrativo Oral del Circuito Judicial de Bucaramanga, al Municipio de el Playón, al Departamento de Santander – Oficina para la Gestión del Riesgo de Desastres, a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y al Ministerio Público, como terceros con interés en el proceso.

18. Asimismo, vinculó a los ciudadanos Fabián Díaz Plata, Luis Antonio Hernández Peña, Hugo Sandoval Rosso, Rodrigo González Márquez y a los demás intervinientes del medio de control de protección de derechos e intereses colectivos identificado con el radicado número 68001 -33-33-001-2023-00153-00/01/02, para que, si lo consideran necesario, intervengan en esta acción.

Intervenciones

19. El Juzgado Primero Administrativo Or al del Circuito Judicial de Bucaramanga5 manifestó que en las acciones populares reguladas por la Ley 472 de 1998, el juez puede conformar un Comité Técnico de Verificación para supervisar el cumplimiento de las órdenes impartidas en la sentencia. En el ca so analizado, el despacho tramitó y resolvió un incidente de desacato con sanción, ante el incumplimiento de la medida cautelar decretada, lo que justificó la creación del

despacho tramitó y resolvió un incidente de desacato con sanción, ante el incumplimiento de la medida cautelar decretada, lo que justificó la creación del comité integrado por las partes, las entidades responsables y los organismos de control, entre ellos la Defensoría del Pueblo, que actúa como garante de los derechos colectivos y representante de la comunidad.

20. A su juicio, la Defensoría del Pueblo desempeña en dicho comité una función esencial de vigilancia, mediación y control, orientada a garantizar la efectividad de las decisiones judiciales y a comunicar al juez los avances o incumplimientos observados.

4 Índice electrónico 04 de SAMAI. 5Autoqueadmite_120250683700ADMITEDE(.pdf) NroActua 4. 5 Índice electrónico 09 de SAMAI. 9_MemorialWeb_Alegatos-20256837Respuesta(.pdf) NroActua 9.Radicación: 11001-03-15-000-2025-06837-00

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21. En cuanto a lo alegado por el actor de tutela, quien afirma la vulneración de sus derechos al debido proceso y al acceso a l a justicia, se concluye que no existe tal vulneración, pues el trámite se adelantó con celeridad, suficiencia probatoria y estricto apego a la ley, lo que culminó con una decisión judicial confirmada en segunda instancia.

22. No puede admitirse que la entidad accionante pretenda sustraerse de sus deberes constitucionales con argumentos sin sustento legal, cuando el proceso

estricto apego a la ley, lo que culminó con una decisión judicial confirmada en segunda instancia.

22. No puede admitirse que la entidad accionante pretenda sustraerse de sus deberes constitucionales con argumentos sin sustento legal, cuando el proceso demostró la responsabilidad del municipio demandado y la necesidad de integrar el Comité Técnico de Verificación para garantizar el cumplim iento de la sentencia y la protección de los derechos colectivos.

23. La Agencia Nacional de Infraestructura6 solicitó ser desvinculada por falta de legitimación en la causa por activa, en la medida en que no tiene relación ni jurídica ni fáctica con los hechos de la presente acción de amparo constitucional.

24. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado 7 solicitó ser desvinculada por falta de legitimación en la causa por activa, toda vez que las pretensiones de la acción de amparo constitucional son ajenas a la entidad.

25. La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres8 solicitó declarar improcedente la presente acción de tutela, al considerar que las autoridades judiciales atacadas no incurrieron en ningún defecto, de ahí que no se vulneraron los derechos fundamentales de la parte actora.

CONSIDERACIONES

26. La Sección Tercera de la Sala Contencioso Administrativa del Consejo de Estado es competente para proferir sentencia de primera instancia dentro del proceso de tutela de la referencia, en virtud de lo indicado en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, en concordancia con lo estipulado en el Acuerdo 080 de 20199.

Problemas jurídicos y metodología de la decisión

tutela de la referencia, en virtud de lo indicado en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, en concordancia con lo estipulado en el Acuerdo 080 de 20199.

Problemas jurídicos y metodología de la decisión

27. La Defensoría del Pueblo –Regional Santander – interpuso acción de tutela contra el Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito de Bucaramanga y el Tribunal Administrativo de Santander, al considerar que dichas autoridades, dentro de una acción popular 10, vulneraron sus derechos fundamentales al acceso a la justicia, tutela judicial efectiva, debido proceso, así como a los principios de legalidad e igualdad ante la ley, al ordenar su inclusión en el Comité de Verificación con la

6 Índice electrónico 013 de SAMAI.29_MemorialWeb_ContestaciOnDemandaCONTESTACION202506(.pdf) NroActua 13. 7 Índice electrónico 014 de SAMAI. 31_MemorialWeb_Otro-202510011408(.pdf) NroActua 14. 8 Índice electrónico 016 de SAMAI. 34_MemorialWeb_Respuesta-T202506837tutela(.pdf) NroActua 16. 9 Reglamento interno de esta corporación, puntualmente el artículo 13- “Distribución de los procesos entre las secciones”. 10 Identificada bajo el radicado: 68001-33-33-001-2023-00153-00/01/02.Radicación: 11001-03-15-000-2025-06837-00

Accionante: Defensoría del Pueblo Regional Santander Accionado: Tribunal Administrativo de Santander y Otro Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

7 obligación de informar sobre el cumplimiento de la sentencia una vez vencido el

Accionante: Defensoría del Pueblo Regional Santander Accionado: Tribunal Administrativo de Santander y Otro Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

7 obligación de informar sobre el cumplimiento de la sentencia una vez vencido el término fijado para su ejecución, lo que, a su juicio, le impuso funciones ajenas a sus competencias constitucionales y legales.

28. En este contexto, la Sala debe determinar si la acción de tutela satisface los requisitos de procedibilidad . Este estudio implica revisar las causales genéricas frente a los cuestionamientos formulados respecto de cada autoridad judicial . De resultar afirmativo el anterior interrogante, se resolverá ¿si el Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bucaramanga y el Tribunal Administrativo de Santander, vulneraron los derechos fundamentales de acceso a la administración de justicia, tutela judicial efectiva, debido proceso, así como a los principios de legalidad e igualdad ante la ley?

29. Con el objetivo de resolver el problema jurídico, la Sala adoptará la siguiente ruta de análisis: (i) naturaleza y características de la acción popular; (ii) la facultad del juez de acción popular de constituir un comité de verificación para coordinar el cumplimiento de su decisión y; (iii) los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, análisis del caso concreto.

Las acciones populares

30. Según el artículo 2 de la Ley 472 de 1998, la acción popular busca evitar daños contingentes, cesar amenazas o vulneraciones a derechos colectivos y, cuando sea posible, restituir las cosas a su estado anterior.

31. El artículo 12 de la Ley 472 consagra una legitimación amplia que faculta a

contingentes, cesar amenazas o vulneraciones a derechos colectivos y, cuando sea posible, restituir las cosas a su estado anterior.

31. El artículo 12 de la Ley 472 consagra una legitimación amplia que faculta a cualquier persona, organización o autoridad para promover la acción popular. El Consejo de Estado ha explicado que la titularidad de estos derechos recae en el colectivo y, por ello, cualquier integrante del grupo puede ac tuar en representación de la comunidad afectada. Las acciones populares se caracterizan por su acceso abierto, pues pueden interponerse contra autoridades públicas por sus acciones u omisiones y, por las mismas causas, contra particulares. Cumplen un fin eminentemente público, tienen una naturaleza preventiva orientada a evitar daños o hacer cesar amenazas y, además, poseen un carácter restitutorio cuando buscan restablecer las condiciones vulneradas. Si bien pueden dar lugar a indemnizaciones cuando la res titución no es posible, no persiguen directamente un resarcimiento pecuniario. Finalmente, su estructura procesal especial las distingue de los procesos litigiosos tradicionales, dado su énfasis en la protección de derechos e intereses colectivos11.

32. La acción popular puede interponerse sin límite temporal mientras subsista la amenaza, el peligro o la vulneración de un derecho o interés colectivo. La excepción prevista en el artículo 11 de la Ley 472 que fija un término de 5 años cuando se busca volver las cosas a su estado anterior, ha sido considerada por la Corte como incompatible con el debido proceso y el acceso a la justicia.

11 Consejo de Estado, Sentencia del 2 de junio de 2021, identificada bajo el radicado: 19001-33-31incompatible con el debido proceso y el acceso a la justicia.

11 Consejo de Estado, Sentencia del 2 de junio de 2021, identificada bajo el radicado: 19001-33-31002-2011-00399-02.Radicación: 11001-03-15-000-2025-06837-00

Accionante: Defensoría del Pueblo Regional Santander Accionado: Tribunal Administrativo de Santander y Otro Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

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33. Según la Corte Constitucional, imponer caducidad en estos casos resulta injustificado porque impide que los miembros de la comunidad soliciten la protección de sus derechos colectivos aun cuando sea materialmente posible restablecer las condiciones afectadas. Por ello, esta restricción se considera una limitación desproporcionada que desconoce la naturaleza prevalente y reparadora de la acción popular12.

34. El artículo 22 de la Ley 472 de 1998 establece que el juez dispone de 30 días para dictar sentencia en las acciones populares. La Corte considera que este plazo garantiza el derecho a una justicia pronta y eficaz, pues el artíc ulo 88 de la Constitución faculta al legislador para definir los términos procesales y fijar los plazos que rigen tanto la actuación de las partes como la decisión judicial13.

35. A estas características generales se suman disposiciones especiales que evidencian que el juez popular dispone de amplios poderes para garantizar la protección efectiva de los derechos reclamados. Entre ellos se destacan: (i) la posibilidad de adoptar medidas para salvaguardar los derechos invocados; (ii) la facultad de promover escen arios deliberativos orientados a suscribir pactos de

protección efectiva de los derechos reclamados. Entre ellos se destacan: (i) la posibilidad de adoptar medidas para salvaguardar los derechos invocados; (ii) la facultad de promover escen arios deliberativos orientados a suscribir pactos de cumplimiento que permitan enfrentar las causas de la vulneración; y (iii) la capacidad de desarrollar actividades probatorias complejas. Además, dado el carácter prevalente de estas acciones, la ley prevé un trámite procesal relativamente ágil14.

36. La Sala concluye que la acción popular constituye un mecanismo esencial para proteger los derechos colectivos, gracias a su legitimación amplia, su carácter preventivo y su posibilidad de restituir las condicione s afectadas. Su estructura flexible y accesible permite que cualquier persona acuda a ella mientras persista la amenaza o la vulneración, sin límite temporal.

37. El legislador fijó un trámite ágil y un plazo razonable de 30 días para dictar sentencia, lo que garantiza una justicia oportuna. Además, el juez popular dispone de facultades amplias para adoptar medidas de protección, promover pactos de cumplimiento y practicar pruebas necesarias para esclarecer las causas de la afectación.

38. En conjunto, estas cara cterísticas muestran que la acción popular posee autonomía frente a otros mecanismos y cumple un papel central en la defensa del interés público y la protección efectiva de los derechos colectivos.

La facultad del juez de acción popular de constituir un c omité de verificación para coordinar el cumplimiento de su decisión

39. La Corte Constitucional precisó que la creación de un Comité de Verificación constituye un mecanismo de control judicial destinado a garantizar el cumplimiento

para coordinar el cumplimiento de su decisión

39. La Corte Constitucional precisó que la creación de un Comité de Verificación constituye un mecanismo de control judicial destinado a garantizar el cumplimiento efectivo de las sentencias dictadas en acciones populares. Señaló que, dada la naturaleza especial de los derechos colectivos, el legislador facultó al juez para

12 Sentencia C-215 de 1999. 13 Ibid. 14 Sentencia T-596 de 2017.Radicación: 11001-03-15-000-2025-06837-00

Accionante: Defensoría del Pueblo Regional Santander Accionado: Tribunal Administrativo de Santander y Otro Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

9 adoptar todas las medidas necesarias para asegurar la ejecución de sus órdenes, de manera directa o con el apoyo de dicho comité15.

40. De acuerdo con dicho pronunciamiento, la naturaleza especial de los derechos e intereses colectivos, reconocida por la Constitución, exige que su protección sea efectiva y oportuna. Por tal razón, el legislador facultó al juez para adoptar todas las medidas necesarias para asegurar la ejecución de la sentencia, ya