CE - Sentencia 11001031500020250684000 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., veintisiete (27) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)

Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación núm.: 11001-03-15-000-2025-06840-00

Accionante: YESID ALEXANDER QUIÑONES ROJAS

Accionados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL PUTUMAYO Y OTRO Tema: TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL. Se ampara el derecho fundamental al debido proceso y al acceso a la administración de justicia – Defecto procedimental por exceso ritual manifiesto.

Sentencia de primera instancia

La Sala decide la acción de tutela presentada por el accionante contra el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Mocoa y el Tribunal Administrativo del Putumayo.

I. LA SOLICITUD DE TUTELA

1. El señor Yesid Alexander Quiñones Rojas solicitó la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia , cuya vulneración le atribuyó a las providencias de 6 de agosto de 2024 y 30 de abril de 2025 proferidas por el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Mocoa y el Tribunal Administrativo del Putumayo, respectivamente, dentro del medio de control

vulneración le atribuyó a las providencias de 6 de agosto de 2024 y 30 de abril de 2025 proferidas por el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Mocoa y el Tribunal Administrativo del Putumayo, respectivamente, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con número de radicación 86001-33-33001-2022-00150-00/01.

II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA

2. De conformidad con lo planteado en el escrito de amparo, los hechos y razones que motivan el ejercicio de la acción de tutela se contraen, en síntesis, a lo siguiente:

2.1. Refirió que junto a su núcleo familiar presentaron la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho núm. 86001-33-33-001-2022-00150-00/01 contra la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional, con el fin de que se declarara la nulidad de los actos administrativos mediante los cuales fue retirado del servicio activo de la Policía Nacional.2

Radicación: 11001-03-15-000-2025-06840-00

Accionante: Yesid Alexander Quiñones Rojas

2.2. Afirmó que el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Mocoa, mediante sentencia de 29 de septiembre de 2023, negó las pretensiones de la demanda. Decisión que fue notificada por correo electrónico de 2 de octubre de 2023.

2.3. Adujo que el 19 de octubre de 2023 interpuso recurso de apelación contra la anterior decisión, escrito que fue radicado al correo electrónico “[…]

2.3. Adujo que el 19 de octubre de 2023 interpuso recurso de apelación contra la anterior decisión, escrito que fue radicado al correo electrónico “[…] j01admmoc@cendoj.ramajudicial.gov.co […]” y, mediante memoriales de 21 y 25 de junio de 2024 solicitó al Juzgado brindara información respecto al trámite del recurso.

2.4. Expuso que, por lo anterior, el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Mocoa, solicitó a la Oficina de Soporte Correo Nivel Central del Consejo Superior de la Judicatura, realizara un seguimiento al mensaje de datos correspondiente al recurso de apelación, por cuanto este no aparecía en la bandeja de entrada del Despacho.

2.5. Indicó que la citada dependencia dio respuesta de 15 de julio de 2024, para lo cual informó que “[…] de acuerdo con la validación la cuenta de correo sardino2008@hotmail.com NO envió ningún mensaje en las fechas “10/17/2023 12:00:01 AM10/20/2023 11:59:59 PM” a la cuenta destino j01admmoc@cendoj.ramajudicial.gov.co […]”.

2.6. Señaló que por lo anterior el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Mocoa mediante auto de 6 de agosto de 2024, rechazó por extemporáneo el recurso de apelación.

2.7. Manifestó que, contra la anterior decisión, presentó el recurso de reposición en subsidio de apelación y que mediante providencia de 23 de septiembre de 2024 la autoridad judicial resolvió no reponer el auto de 6 de agosto de 2024 y concedió en efecto devolutivo el “[…] recurso de apelación […]”.

subsidio de apelación y que mediante providencia de 23 de septiembre de 2024 la autoridad judicial resolvió no reponer el auto de 6 de agosto de 2024 y concedió en efecto devolutivo el “[…] recurso de apelación […]”.

2.8. Indicó que el Tribunal Administrativo del Putumayo a través de auto de 30 de abril de 2025 resolvió tener por bien rechazado el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de 29 de septiembre de 2023.

2.9. Expuso que las providencias acusadas incurrieron en un defecto procedimental absoluto por exceso ritual manifiesto, toda vez que “[…] el exceso rigorismo con que el juzgado primero analizo el documento de presentación del recurso apelación porque fue denominado "requerimiento" desconoce el principio de prevalencia del derecho sustancial sobre el formal' ya que es claro que la parte actora presento (sic) el memorial de forma oportuna con el fin de subsanar los errores enunciados en el fallo de primera instancia de la demanda […]”.

2.10. Señaló que revisado el correo electrónico desde el que se envió el recurso “[…] se refleja que efectivamente si se presentó en pasado 19 de octubre de 2023 a las 10:32 am, el recurso apelación y que este fue recibido satisfactoriamente por las entidades; por el juzgado primero de Mocoa y policía nacional de putumayo, tal y como se refleja en la dirección electrónica […]”.3

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Accionante: Yesid Alexander Quiñones Rojas

III. PRETENSIONES

3. La parte accionante formuló las siguientes pretensiones:

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Accionante: Yesid Alexander Quiñones Rojas

III. PRETENSIONES

3. La parte accionante formuló las siguientes pretensiones:

“[…] Ruego a los señores magistrados TUTELAR los derechos fundamentales aludidos, 229 Constitución Política de 1.991, consecuencialmente, ordenar a JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO DE MOCOA PUTUMAYO Y TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE PUTUMAYO, que en tiempo perentorio se cumpla efectivamente la el suscrito a través de apoderado, si dio cumplimiento al CEPACA (sic), en lo relacionado en la presentación del recurso apelación al fallo judicial de primera instancia, dentro de los términos establecidos en el artículo 243 del CEPACA (sic), y se proceda acceder a la administración de justicia, pues como muestran los diferentes antecedentes, que si se presentó el recurso apelación dentro de termino (sic), se ajusten a derecho, resolviendo en fondo los tramites (sic) impetrados y permitiendo el acceso a la administración de justicia […]”. [Negrilla del texto].

IV. TRÁMITE DE LA TUTELA

4. Mediante auto de 4 de noviembre de 2025, el Despacho a cargo de la sustanciación del proceso admitió la presente acción de tutela. Asimismo, vinculó como terceros con interés directo en el resultado del proceso a la Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional y a los señores Naya Victoria Quiñones Rojas, Samuel Erminso Quiñones Rojas, María Victoria Rojas de Quiñones y Jenny

como terceros con interés directo en el resultado del proceso a la Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional y a los señores Naya Victoria Quiñones Rojas, Samuel Erminso Quiñones Rojas, María Victoria Rojas de Quiñones y Jenny Arenas Sandoval en nombre propio y en representación de sus hijos menores de edad M.J.Q.A. y M.A.Q.A.

V. INTERVENCIONES

5. Una vez efectuadas las notificaciones a la autoridad accionada y a las vinculadas,

se allegaron los siguientes informes:

5.1. El Tribunal Administrativo del Putumayo señaló que la presente acción de tutela resulta ser improcedente por incumplimiento del requisito general de relevancia constitucional, toda vez que el accionante pretende una tercera instancia, toda vez que está reiterando los argumentos expuestos en el recurso de queja.

5.2. El Juzgado Dieciocho Administrativo del Circuito de Medellín solicitó negar las pretensiones de la acción de tutela, en razón a que en las actuaciones adelantadas dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho 86001-33-33-001-2022-00150-00/01, se garantizaron los derechos fundamentales de la parte actora.

5.3. La Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional solicitó su desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva, en razón a que el cumplimiento de las pretensiones solicitadas son competencia exclusiva de las autoridades judiciales y no de ese ministerio.4

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Accionante: Yesid Alexander Quiñones Rojas

VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Radicación: 11001-03-15-000-2025-06840-00

Accionante: Yesid Alexander Quiñones Rojas

VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA

VI.1. Competencia

6. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente acción de tutela, de conformidad con lo establecido en el Decreto Ley núm. 2591 de 19 de noviembre de 19911, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto núm. 1069 de 26 de mayo de 20152, modificado por el artículo 1.º del Decreto núm. 333 de 6 de abril de 20213 y el Decreto 799 de 9 de julio de 2025 4, y el artículo 13 del Acuerdo núm. 080 de 12 de marzo de 20195, modificado por el Acuerdo núm. 434 de 10 de diciembre de 20246.

VI.2. Cuestión previa

7. La Sala advierte que, previamente a la definición del problema jurídico que se habrá de resolver, resulta necesario pronunciarse respecto de la solicitud de desvinculación procesal presentada por la Nación - Ministerio de Defensa Nacional

• Policía Nacional.

8. Respecto de la legitimación en la causa por pasiva en procesos de tutela, la Corte Constitucional en la sentencia T - 1001 de 20067, señaló lo siguiente:

“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta Corporación en la Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio Hernández, dijo lo siguiente:

“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia de fondo

“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta Corporación en la Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio Hernández, dijo lo siguiente:

“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia de fondo porque otorga a las partes el derecho a que el juez se pronuncie sobre el mérito de las pretensiones del actor y las razones de la oposición por el demandado, mediante sentencia favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la causa es una calidad subjetiva de las partes en relación con el interés sustancial que se discute en el proceso. […].

Si bien la tutela se establece por la Constitución como un proceso preferente y sumario, con ello no se quiso consagrar un instrumento judicial carente de garantías procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal sirvan de excusa para desconocer los derechos de las partes o de los terceros, de manera que en dicho proceso, como en cualquier otro, el juez debe lograr que la actuación se surta sin vulnerar los principios de legalidad y contradicción […]”. [Negrilla fuera del texto].

9. Teniendo en cuenta que la Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional fue parte dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho en el que se profirieron las providencias objeto del presente mecanismo

1 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”. 2 “Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho”.

1 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”. 2 “Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho”. 3 “Por la cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”. 4 “Por el cual se modifica el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho”. 5 Por el cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado. 6 Por medio del cual se modifican los artículos 13, 67, 80, 81 y 82 del Acuerdo 080 de 2019, y se le adicionan los artículos 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90. 7 Corte Constitucional, sentencia T-1412872 de 30 de noviembre de 2006, M.P. Jaime Araújo Rentería.5

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Accionante: Yesid Alexander Quiñones Rojas

de amparo, la Sala considera que a esta entidad sí le asiste el interés jurídico para ser vinculada a esta acción constitucional.

10. Por lo anterior, se denegará la solicitud de desvinculación elevada, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de la presente providencia.

VI.3. Problemas jurídicos

ser vinculada a esta acción constitucional.

10. Por lo anterior, se denegará la solicitud de desvinculación elevada, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de la presente providencia.

VI.3. Problemas jurídicos

11. El extremo accionante le atribuyó la vulneración de sus derechos fundamentales a las providencias de 6 de agosto de 2024 y 30 de abril de 2025, proferidas por el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Mocoa y el Tribunal Administrativo del Putumayo, respectivamente. Sin embargo, la Sala sólo analizará si la providencia de 30 de abril de 2025, proferida en segunda instancia por el Tribunal, vulneró los derechos fundamentales de la parte accionante porque esta decisión fue la que puso fin al proceso.

12. De acuerdo con la situación fáctica planteada, a la Sala le corresponde establecer: a) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Y, si ello es así, se

deberá determinar:

b) Si la providencia aquí enjuiciada vulneró los derechos fundamentales invocados por la parte accionante, por haber incurrido presuntamente en un defecto procedimental por exceso ritual manifiesto al no conceder el recurso de apelación formulado contra una sentencia dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, al considerar que su radicación se realizó de forma extemporánea.

13. Con el fin de resolver tales interrogantes, resulta pertinente pronunciarse de manera previa sobre: i) la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Requisitos generales y especiales de procedibilidad; para posteriormente

13. Con el fin de resolver tales interrogantes, resulta pertinente pronunciarse de manera previa sobre: i) la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Requisitos generales y especiales de procedibilidad; para posteriormente ii) resolver el caso concreto, adentrándose en el fondo del asunto, siempre y cuando se satisfagan a cabalidad las exigencias adjetivas.

VI.4. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Requisitos generales y especiales de procedibilidad

14. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia de 31 de julio de 20128, cambió su postura inicial y decidió asumir el estudio de fondo de las acciones de tutela dirigidas en contra de providencias judiciales violatorias de derechos fundamentales siguiendo los lineamientos dispuestos por la Corte Constitucional y su propia jurisprudencia.

8 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Radicación: 2009-01328-01(IJ), sentencia de 31 de julio de 2012. Consejera Ponente: Dra. María Elizabeth García González.6

Radicación: 11001-03-15-000-2025-06840-00

Accionante: Yesid Alexander Quiñones Rojas

15. Ahora bien, la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, estableció los siguientes presupuestos generales y especiales para que proceda la acción de tutela en contra de decisiones judiciales.

16. Como requisitos generales de procedibilidad fijó: i) la relevancia constitucional del asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa judicial, salvo la

que proceda la acción de tutela en contra de decisiones judiciales.

16. Como requisitos generales de procedibilidad fijó: i) la relevancia constitucional del asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa judicial, salvo la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad procesal, que ésta tenga efecto decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos causantes de vulneración y su alegación en el proceso; y vi) que la acción no se dirija contra un fallo de tutela, salvo las excepciones previstas en la sentencia SU-627 de 2015.

17. Como requisitos especiales de procedencia del amparo, y que permiten al juez constitucional dejar sin efectos una providencia judicial9, la sentencia C-590 de 2005 estableció la existencia de los siguientes defectos: orgánico, procedimental absoluto, fáctico, material o sustantivo, error inducido, decisión sin motivación, desconocimiento del precedente judicial y violación directa de la Constitución10.

18. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una providencia judicial, en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos generales y, en segundo lugar, le corresponde examinar si en el caso objeto de análisis se configura uno de los defectos especiales explicados, permitiéndole de esta manera “[…] dejar sin efecto o modular la decisión […]”11 que encaje en dichos parámetros.

análisis se configura uno de los defectos especiales explicados, permitiéndole de esta manera “[…] dejar sin efecto o modular la decisión […]”11 que encaje en dichos parámetros.

19. Se trata, entonces, de una rigurosa constatación de los presupuestos de procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso jurisdiccional.

9 Corte Constitucional, Sala Novena de Revisión, Sentencia T-619 de 3 de septiembre de 2009, Magistrado Jorge Iván Palacio Palacio. 10 Defecto orgánico, que tiene lugar cuando el funcionario judicial que emite la decisión carece, de manera absoluta, de jurisdicción o competencia para ello. Defecto procedimental absoluto, que tiene lugar cuando el juez actuó al margen del procedimiento establecido. Defecto fáctico, que surge cuando la providencia judicial carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión, valora erradamente los elementos de juicio; o da por demostrada una situación fáctica sin existir evidencia probatoria de la misma. Defecto material o sustantivo, existe cuando las decisiones se fundamentan en normas inexistentes o inconstitucionales, o que presentan una evidente contradicción entre los fundamentos y la decisión. Error inducido, que se presenta cuando la autoridad judicial ha sido engañada por las partes o intervinientes y ese engaño lo llevó a tomar una determinación que afecta derechos fundamentales. Decisión sin motivación, que tiene lugar cuando el funcionario judicial no expone los fundamentos fácticos y jurídicos de la

llevó a tomar una determinación que afecta derechos fundamentales. Decisión sin motivación, que tiene lugar cuando el funcionario judicial no expone los fundamentos fácticos y jurídicos de la decisión adoptada en la parte resolutiva de la providencia judicial. Desconocimiento del precedente, que se origina cuando el juez ordinario desconoce o limita el alcance dado por esta Corte Constitucional a una disposición constitucional o derecho fundamental, apartándose del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado. Violación directa de la Constitución, que se presenta cuando la actuación de la autoridad se opone de manera directa a las normas establecidas en la Constitución Política. 11 Corte Constitucional, Sala Segunda de Revisión, Sentencia T225 del 23 de marzo de 2010, Magistrado Ponente: Dr. Mauricio González Cuervo.7

Radicación: 11001-03-15-000-2025-06840-00

Accionante: Yesid Alexander Quiñones Rojas

20. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, radicado: 1100103-15-000-2012-02201-01.

VI.5. El caso concreto

21. El señor Yesid Alexander Quiñones Rojas solicitó la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia, cuya vulneración le atribuyó a las providencias de 6 de agosto de 2024 y 30 de abril de 2025 proferidas por el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Mocoa y el Tribunal Administrativo del Putumayo, respectivamente, dentro del medio de control

vulneración le atribuyó a las providencias de 6 de agosto de 2024 y 30 de abril de 2025 proferidas por el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Mocoa y el Tribunal Administrativo del Putumayo, respectivamente, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con número de radicación 86001-33-33001-2022-00150-00/01. VI.5.1. Del cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela

22. La Sala encuentra que se cumplen los requisitos generales de procedibilidad, en razón a que: i) la situación planteada reviste relevancia constitucional; ii) se cumple el requisito de subsidiariedad porque el accionante no cuenta con otro medio de defensa; iii) la acción de tutela se presentó dentro de un término razonable; iv) la situación a la cual se atribuye la vulneración de los derechos fundamentales fue debidamente puntualizada en el escrito de tutela; y v) la acción constitucional no se dirige contra una sentencia dictada en un proceso de tutela.

VI.5.2. Análisis de los requisitos específicos en la presente acción de tutela

23. La Sala abordará el estudio de los requisitos especiales frente a la presunta vulneración de los derechos constitucionales fundamentales invocados por la parte accionante con ocasión de la configuración del presunto defecto procedimental absoluto por exceso ritual manifiesto invocado por el accionante.

VI.5.2.1 Análisis del defecto procedimental

24. Este defecto alude a todos aquellos eventos en los que la autoridad judicial accionada al momento de proferir su decisión, o durante sus actos o diligencias previas a ello, desatiende o deja de aplicar las reglas procesales que según el caso

24. Este defecto alude a todos aquellos eventos en los que la autoridad judicial accionada al momento de proferir su decisión, o durante sus actos o diligencias previas a ello, desatiende o deja de aplicar las reglas procesales que según el caso resultan pertinentes, en desatención de la confianza legítima de las partes involucradas, quienes esperan que el trámite se conduzca dentro del marco de las normas procesales aplicables12.

25. Es decir, que se presenta cuando: (i) se sigue un trámite totalmente ajeno al asunto sometido a su competencia; (ii) se pretermite etapas sustanciales del procedimiento establecido, vulnerando con ello el derecho de contradicción y defensa de las partes; o (iii) se pasa por alto realizar el debate probatorio, natural en todo proceso al no permitirle a las partes sustentar o comprobar los hechos de

12 Sentencias T-015 de 2018 y T-474 de 2017 de la Corte Constitucional.8

Radicación: 11001-03-15-000-2025-06840-00

Accionante: Yesid Alexander Quiñones Rojas

la demanda o su contestación, con la consecuente negación de sus pretensiones, lo que acarrea la violación de los derechos fundamentales de la parte afectada.

26. En este sentido la jurisprudencia constitucional13 ha reconocido dos modalidades de defecto procedimental, a saber: i) exceso ritual manifiesto, esto es, cuando arguye razones formales a manera de impedimento, que implica una denegación de justicia; y ii) absoluto, cuando el juez sigue un trámite totalmente ajeno al asunto sometido a su competencia, pretermite etapas sustanciales del procedimiento, pasa por alto el

razones formales a manera de impedimento, que implica una denegación de justicia; y ii) absoluto, cuando el juez sigue un trámite totalmente ajeno al asunto sometido a su competencia, pretermite etapas sustanciales del procedimiento, pasa por alto el debate probatorio o dilata injustificadamente tanto la adopción de decisiones como su cumplimiento.

27. En el caso objeto de estudio la parte accionante expuso que la providencia de 30 de abril de 2025 proferida por el Tribunal Administrativo del Putumayo mediante la cual se confirmó el auto de 6 de agosto de 2024 proferido por el Juzgado Primero Administrativo de Mocoa, que rechazó por extemporáneo el recurso de apelación presentado por el accionante contra la sentencia 29 de septiembre de 2023, incurrió en un defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, toda vez que se utilizó un procedimiento como obstáculo para la eficacia del derecho sustancial.

28. Sobre el defecto procedimental alegado, se dijo que el Tribunal incurrió en un exceso ritual manifiesto por cuanto impuso el cumplimiento del artículo 109 de la Ley 1564 de 12 de julio de 201214 al recurso presentado y, dado que el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Mocoa afirmó no haber recibido el recurso en cita al correo electrónico, concluyó que por “[…] un problema técnico en la remisión del recurso de apelación […]” su radicación había sido realizada de forma extemporánea.

29. Para resolver tal motivo de inconformidad, la Sala estima necesario poner de

relieve lo siguiente:

29.1. Mediante sentencia de 29 de septiembre de 2023, el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Mocoa, negó las pretensiones del medio de control de

relieve lo siguiente:

29.1. Mediante sentencia de 29 de septiembre de 2023, el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Mocoa, negó las pretensiones del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho núm. 86001-33-33-001-2022-00150-00.

29.2. La anterior decisión fue notificada el 2 de octubre de 202315, mediante mensaje de datos enviado a la dirección electrónica del apoderado judicial del accionante. tal como se muestra a continuación:

13 T-781 de 2011. 14 “Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones”. 15 Índice 48 Expediente Electrónico OneDrive.9

Radicación: 11001-03-15-000-2025-06840-00

Accionante: Yesid Alexander Quiñones Rojas

29.3. El 19 de octubre de 2023 el accionante interpuso recurso de apelación contra la anterior decisión, para lo cual allegó:

29.4. Los días 21 y 25 de junio de 2024 el accionante solicitó información al Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Putumayo, respecto al trámite efectuado a su recurso de apelación. Para lo cual el Juzgado solicitó a la Oficina de Soporte Correo Nivel Central del Consejo Superior de la Judicatura, hacer un seguimiento al mensaje de datos del recurso de apelación, por cuanto este no aparecía en la bandeja de entrada del Despacho, frente a lo que dicha dependencia contestó:10

Radicación: 11001-03-15-000-2025-06840-00

de datos del recurso de apelación, por cuanto este no aparecía en la bandeja de entrada del Despacho, frente a lo que dicha dependencia contestó:10

Radicación: 11001-03-15-000-2025-06840-00

Accionante: Yesid Alexander Quiñones Rojas

29.5. Por lo anterior el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Mocoa mediante auto de 6 de agosto de 2024, rechazó por extemporáneo el recurso de apelación.

29.6. El accionante presentó el recurso de reposición en subsidio de apelación contra la anterior decisión y, mediante providencia de 23 de septiembre de 2024 la autoridad judicial resolvió no reponer el auto de 6 de agosto de 2024 y concedió en efecto devolutivo el “[…] recurso de apelación […]”.

29.7. El Tribunal Administrativo del Putumayo a través de auto de 30 de abril de 2025, aquí enjuiciado, resolvió tener por bien rechazado el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de 29 de septiembre de 2023, con fundamento en las siguientes

consideraciones:

“[…] 4. Análisis del caso concreto

Revisadas las actuaciones procesales surtidas en primera instancia, advierte el Despacho que la sentencia de primera instancia fue notificada personalmente el 2 de octubre de 2023. Por lo tanto, el término de 10 días para presentar el recurso de apelación venció el 19 de octubre de 2023, sin que la parte actora hubiera presentado recurso de apelación contra esa decisión, oportunamente (artículo 205, numeral 2 y artículo 247, numeral 1 de la Ley 1437 de 2011).

apelación venció el 19 de octubre de 2023, sin que la parte actora hubiera presentado recurso de apelación contra esa decisión, oportunamente (artículo 205, numeral 2 y artículo 247, numeral 1 de la Ley 1437 de 2011).

El Despacho no desconoce que el 19 de octubre de 2023 a las 10:32 am, la parte actora envió el recurso de apelación contra la sentencia del 29 de septiembre de 2023, al correo electrónico del juzgado, por lo que, en principio, estaría acreditado que fue allegado dentro del término legal.

Sin embargo, la sola remisión del escrito de alzada per se no implica la presentación de ese documento, en los términos del artículo 109 de la Ley 1564 de 2012. En efecto, el juzgado es contundente al afirmar que no recibió el11

Radicación: 11001-03-15-000-2025-06840-00

Accionante: Yesid Alexander Quiñones Rojas

recurso de apelación y esa manifestación fue corroborada por el técnico de la mesa especializada de ayuda del correo electrónico del Consejo Superior de la Judicatura – CENDOJ, así como por la entidad demandada: Policía Nacional, quien tampoco recibió el recurso (Samai, índice 3, OneDrive archivo 55).

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