CE - Sentencia 11001031500020250684200 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO

Bogotá D.C., veintisiete (27) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2025-06842-00

Accionantes: EBER ANTONIO MURILLO , DIANA MARCELA MURILLO

MURILLO Y ANA MARTA MURILLO CHALA

Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA, SALA SEXTA

DE DECISIÓN

Temas: Tutela contra providencia judicial. Medio de control de reparación directa por leishmaniasis contraída por soldado conscripto durante el servicio militar obligatorio . Defectos fáctico y desconocimiento del precedente judicial

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la acción de tutela promovida por los señores Eber Antonio Murillo Murillo, Diana Marcela Murillo Murillo y Ana Marta Murillo Chala, quienes actúan en nombre propio, contra la Sala Sexta de Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia.

I. ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 31 de octubre de 2025, la parte actora interpuso acción de tutela en la que solicitó

Sexta de Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia.

I. ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 31 de octubre de 2025, la parte actora interpuso acción de tutela en la que solicitó al juez constitucional la protección de sus derechos fundamentales de acceso a la administración de justicia, a la igualdad y al debido proceso, supuestamente vulnerados por la autoridad judicial accionada.

En el escrito de tutela se formulan las siguientes:

[sic a toda la cita] “2.1. Que se protejan nuestros derechos fundamentales aludidos.

2.2. Que como consecuencia de la anterior declaración, se ordene a la Sala Sexta del Honorable Tribunal Administrativo de Antioquia a proferir nuevamente la sentencia de segunda instancia proferida dentro del proceso radicado bajo el No. 05001333300620210017100 me diante la cual se REVOCÓ la sentencia de primera instancia.

2.3. Que se ordene al accionado que en el fallo que reemplace la sentencia cuya anulación se solicita, proferida una sentencia con sujeción a las pruebas aportadas al plenario y a la legislación colombiana y que profiera una sentencia con fundamento en el precedente judicial que sobre daño a conscriptos existe y por la cual ya le han sido revocadas sentencias en sede de tutela en casos idénticos.Radicación: 11001-03-15-000-2025-06842-00

Accionantes: Eber Antonio Murillo Murillo

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2 2.4. Que se ordene a la Sala Sexta de Oralidad, dar aplicación a la jurisprudencia pacífica y reiterada que sobre elementos de responsabilidad existe en casos de CONSCRIPTOS y observando el derecho a la igualdad pues absolutamente TODAS las Salas del Tribunal de Antioquia y Cundinamarca (y resto del país) declararan responsabilidad en caso de leishmaniasis conscriptos y en especial (entre otros) a fallos de tutela de 11 de abril de la SECCIÓN TERCERA DEL CONSEJO DE ESTADO Y DE CINCO (5) de junio de dos mil veinticinco (2025), dictado por la Sección Quinta del Consejo de Estado en casos idénticos”.

2. Hechos

Los accionantes mencionaron que son madre 1 , hermana 2 y víctima directa 3 -Eber Antonio Murillo Murillo -, quien prestó servicio militar obligatorio en el Ejército Nacional, en el municipio de Anorí (Antioquia) durante el año 2020.

Indicaron que e l 10 de noviembre de ese año, durante un patrullaje en dicho municipio, el conscripto presentó una afectación cutánea en la región pectoral, por lo que fue remitido al dispensario médico, donde se le diagnosticó leishmaniasis, enfermedad para la cual recibió trat amiento. Como consecuencia, adquirió una disminución de la capacidad laboral equivalente al 10,5 %.

Sostuvieron que, con fundamento en lo anterior, interpusieron demanda en ejercicio

enfermedad para la cual recibió trat amiento. Como consecuencia, adquirió una disminución de la capacidad laboral equivalente al 10,5 %.

Sostuvieron que, con fundamento en lo anterior, interpusieron demanda en ejercicio del medio de control de reparación directa contra la Nación –Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional –,que correspondió por reparto al Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Medellín (radicado n.° 05001-33-33-006-2021-0017100), el cual mediante sentencia de 9 de abril de 2024 declaró administrativa y extracontractualmente responsable a la entidad demandada por la enfermedad adquirida durante la prestación del servicio militar obligatorio.

Expusieron que la parte demandada interpuso recurso de apelación, en el que alegó que el dictamen pericial no demostraba cómo una cicatriz impactaba en la pérdida de capacidad laboral del personal de las Fuerzas Militares. Reiteró la existencia de una fuerza mayor por la picadura de un insecto y, de manera subsidiaria, solicitó que se reconociera el hecho exclusivo de la víctima (compensación de culpas), bajo el argumento de que según la ficha epidemiológica, el actor no utilizó de manera constante el repelente y el toldillo.

Finalmente, señalaron que la Sala Sexta de Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia mediante sentencia de 24 de octubre de 2025, revocó la decisión favorable de primera instancia y, en su lugar, negó las pretensiones de la demanda. Concluyó que no se acreditó la relación entre la enfermedad -leishmaniasis– y la prestación del servicio militar obligatorio , al no existir pruebas que acredit ara con

favorable de primera instancia y, en su lugar, negó las pretensiones de la demanda. Concluyó que no se acreditó la relación entre la enfermedad -leishmaniasis– y la prestación del servicio militar obligatorio , al no existir pruebas que acredit ara con certeza que la picadura ocurrió con ocasión del servicio y ante la posibilidad de que el contagio se hub iera producido por una causa extraña -durante el tiempo de permiso-, atendiendo al tiempo de incubación de la enfermedad.

1 Ana Marta Murillo Chala. 2 Diana Marcela Murillo Murillo. 3 Eber Antonio Murillo Murillo.Radicación: 11001-03-15-000-2025-06842-00

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3. Fundamentos de la acción

La parte accionante sostuvo que la autoridad judicial accionada incurrió en defecto fáctico, al concluir que para imputar responsabilidad a la entidad demandada era necesario demostrar que durante la ventana de incubación, el soldado permaneció bajo custodia y exposición exclusiva del Ejército Nacional en zonas de riesgo. Por lo que sostuvo que, a pesar de que en la valoración probatoria se hizo mención al dictamen pericial que indicaba que la enfermedad tenía origen laboral, la misma no fue debidamente analizada.

Argumentó que en el expediente obraba la historia clínica, de la cual se desprendía que desde el 10 de noviembre de 2020, mientras el conscripto patrullaba en Anorí,

fue debidamente analizada.

Argumentó que en el expediente obraba la historia clínica, de la cual se desprendía que desde el 10 de noviembre de 2020, mientras el conscripto patrullaba en Anorí, presentó síntomas de leishmaniasis, y que dicha zona es endémica para esa enfermedad, conforme a la información suministrada por herramientas digitales, sin que ello hubiese sido objeto de valoración.

Indicó que en casos con contornos fácticos similares, la Sección Tercera del Consejo de Estado 4 ha revocado el “modelo de sentencia de la Sala Sexta”, pues la autoridad judicial accionada afirmó que la enfermedad fue contraída durante un permiso, sin que tal aseveración estuviera demostrada en el proceso ni respaldada por otros elementos probatorios.

Señaló que, en este caso, correspondía al Ejército Nacional acreditar el eximente de responsabilidad, sin que dicha carga recayera sobre la parte demandante, como se estableció en la sentencia cuestionada.

Por último , advirtió que se desconoció el precedente judicial relativo a la responsabilidad estatal por lesiones ocasionadas por leishmaniasis a conscriptos durante la prestación del servicio militar obligatorio 5 , lo que vulnera su derecho fundamental a la igualdad.

4. Trámite procesal

Por auto de 6 de noviembre de 202 5, el despacho del magistrado sustanciador admitió la solicitud de tutela. En la misma decisión se ordenó notificar a la parte accionante y a la autoridad judicial accionada -Sala Sexta de Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia -. De igual modo, al Ministerio de Defensa Nacional,

admitió la solicitud de tutela. En la misma decisión se ordenó notificar a la parte accionante y a la autoridad judicial accionada -Sala Sexta de Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia -. De igual modo, al Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional y al Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Medellín, como terceros interesados en el resultado del proceso. Finalmente, a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, en virtud de lo dispuesto en el artículo 610 del Código General del Proceso.

4 Sentencia proferida por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, en el expediente con radicado n.º 11001-03-15-000-2025-01601-00 el 11 de abril de 2025. 5 Consejo de Estado, sentencias con el radicado. 11001 -03-15-000-2024-05723-01, 11001-03-15-000-202307515-01 y 11001-03-15-000-2025-01951-01, así como del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, sentencias con los radicados 11001 -33-43059-2021-00212-01 y 11001 -33-36-0322021-00343-01; y de la Subsección C, sentencia con el radicado 11001-33-36-033-2022-00144-01, del Tribunal Administrativo de Antioquia, sentencias con los radicados 05001-33-33-002-2020-00147-01, 05001-33-33-0092021-00350-01, 05001-33-33-034-2020-00217-01 y del Tribunal Administrativo de Risaralda, sentencias con los radicados 66001-33-33-001-2017-00348-01 y 66001-33-33-0062017-0324-01.Radicación: 11001-03-15-000-2025-06842-00

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4 La Secretaría General de esta Corporación libró las notificaciones electrónicas n.º 169040 a 169047 y 169697 de 10 de noviembre de 202 5, con el fin de dar cumplimiento a la referida decisión. Asimismo, se surtió el correspondiente aviso en la página web del Consejo de Estado con el fin de comunicar la actuación a los terceros interesados.

5. Oposición

5.1. Respuesta de la Sala Sexta del Tribunal Administrativo de Antioquia

El ponente de la decisión objetada rindió informe en el que manifestó que se atiene a los argumentos expuestos en la providencia cuestionada y señaló que está dispuesto a acatar lo que se disponga. Asimismo, remitió el enlace del expediente digital.

5.2. Respuesta del Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Medellín

El titular del despacho judicial presentó informe en el que mencionó que el proceso ordinario se adelantó con pleno respeto de las garantías procesales, por lo que consideró que no ha vulnerado los derechos fundamentales alegados por la parte

El titular del despacho judicial presentó informe en el que mencionó que el proceso ordinario se adelantó con pleno respeto de las garantías procesales, por lo que consideró que no ha vulnerado los derechos fundamentales alegados por la parte accionante, ya que la decisión estuvo debidamente motivada y, en esa med ida, solicitó negar el amparo reclamado.

5.3. Respuesta del Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional

El apoderado judicial de la entidad se pronunció sobre los hechos expuestos en la demanda de tutela y solicitó declarar improcedente la solicitud de tutela , por considerar que en el escrito de tutela no se indicaron los requisitos generales ni específicos de procedencia, así como no se argumentó ni justificó la vulneración alegada.

6. Pronunciamiento de la parte accionante

La parte actora allegó copia de la sentencia de tutela proferida el 31 de octubre de 2025 por la Sección Cuarta de esta Corporación, dentro de la acción de tutela radicada bajo el n.º 11001 -03-15-000-2025-04554-01, en la cual se revocó la decisión de primera instancia que declaró improcedente la acción de tutela y, en consecuencia, amparó los derechos fundamentales invocados en un caso con situación fáctica idéntica. Solicitó que se tenga en cuenta el análisis allí realizado al momento de resolver su caso, debido a que se trata de la misma autoridad judicial accionada.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29 del

momento de resolver su caso, debido a que se trata de la misma autoridad judicial accionada.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29 del Decreto 2591 de 1991 y el 13 del reglamento interno (Acuerdo No. 080 de 2019), la Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir el asunto objeto de estudio.Radicación: 11001-03-15-000-2025-06842-00

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2. Planteamiento del problema jurídico

Le corresponde a esta Sala determinar si la acción de tutela presentada por los señores Eber Antonio Murillo Murillo, Diana Marcela Murillo Murillo y Ana Marta Murillo Chala, quienes actúan en nombre propio, resulta procedente conforme a los requisitos generales establecidos para cuestionar providencias judiciales. En caso afirmativo, deberá establecer si la Sala Sexta de Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia incurrió en los defectos fáctico y por desconocimiento del precedente judicial, con oca sión de la sentencia dictada el 24 de octubre de 2025.

3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales

El artículo 86 de la Constitución Política señala que toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, “cuando quiera que estos resulten vulnerados por

judiciales

El artículo 86 de la Constitución Política señala que toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, “cuando quiera que estos resulten vulnerados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública” , mandato que materializa las obligaciones internacionales contenidas en los artículos 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos6 y 2.3 literal a) del Pacto de Derechos Civiles y Políticos 7, instrumentos que hacen parte de la legislación interna en virtud del bloque de constitucionalidad (art. 93 de la Carta).

Esta Corporación judicial en la sentencia de unificación emanada de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo el 31 de julio de 2012 8, acogió la tesis de admitir la procedencia excepcional de la solicitud de tutela contra providencias judiciales, cuando se advierta una manifiesta vulneración iusfundamental.

Más adelante, la misma Sala en sentencia de unificación del 5 de agosto de 20149, precisó el ámbito de aplicación de la acción de tutela contra providencias judiciales, lo que llevó a concluir que su procedencia se debe predicar, también, respecto “de sus máximos tribunales” , en tanto se trata de autoridades públicas que “pueden eventualmente vulnerar los derechos fundamentales de personas” . En la misma decisión, el Consejo de Estado acogió las condiciones de aplicación que sistematizó la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 200510.

Los requisitos generales de procedencia que deben ser verificados, son: (i) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) Que se

la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 200510.

Los requisitos generales de procedencia que deben ser verificados, son: (i) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinariosde defensa judicial al alcance de la persona afectada; (iii) Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración (…); (iv) Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora (…); (v) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos

6 Aprobada por el Congreso de la República medio de la Ley 16 de 1972. 7 Aprobado por el Congreso de la República medio de la Ley 74 de 1968. 8 Expediente Nº 2009-01328-01, C. P. María Elizabeth García González. 9 Expediente Nº 2012-02201-01, C. P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez. 10

M. P. Jaime Córdoba Triviño.Radicación: 11001-03-15-000-2025-06842-00

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6 vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que

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6 vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible (…) y (vi) Que no se trate de sentencias de tutela.

Ahora bien, los requisitos específicos de procedencia que ha precisado la jurisprudencia constitucional en la misma sentencia C -590 de 2005, son los siguientes: (i) Defecto orgánico11; (ii) Defecto procedimental absoluto12; (iii) Defecto fáctico13; (iv) Defecto material o sustantivo 14; (v) Error inducido15; (vi) Decisión sin motivación16; (vii) Desconocimiento del precedente17 y (viii) Violación directa de la Constitución 18 .

Al juez de tutela le corresponde verificar el cumplimiento estricto de todos los requisitos generales de procedencia, de tal modo que una vez superado ese examen formal pueda constatar si se configura, por lo menos, uno de los defectos arriba mencionados, siempre y cuando, en principio, hayan sido alegados por el interesado. Estos presupuestos han sido acogidos en reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo19 y de la Corte Constitucional20.

En definitiva, la acción de tutela contra providencias judiciales, como mecanismo excepcional, se justifica en el carácter prevalente que se debe dar a la cosa juzgada y a los principios constitucionales de autonomía e independencia del juez natural, atributos que debe tener en consideración el juez constitucional al momento de

excepcional, se justifica en el carácter prevalente que se debe dar a la cosa juzgada y a los principios constitucionales de autonomía e independencia del juez natural, atributos que debe tener en consideración el juez constitucional al momento de estudiar la constitucionalidad de cualquier fallo.

4. Estudio y solución del caso concreto

4.1. Verificación de los requisitos generales de procedencia

La Sala encuentra que, en el presente caso, i) la acción de tutela es de evidente relevancia constitucional, porque debe definirse si con la sentencia de 24 de octubre de 2025 proferida por la Sala Sexta de Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia, que revocó el fallo favorable de primera instancia y, en su lugar, negó las pretensiones de la demanda, se limitó el contenido, alcance y goce de los derechos

11 Se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada carece, absolutamente, de competencia para ello. 12 Que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido. 13 Que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión. 14 Como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión. 15 Que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales. 16 Que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y

condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales. 16 Que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional. 17 Se presenta cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado. 18 Esas consideraciones se han reiterado por la Corte Constitucional en las sentencias SU -114 de 2023 y SU061 de 2023, M. P. Diana Fajardo Rivera y SU-241 de 2024, M.P. Cristina Pardo Schlesinger. 19 Cfr., Sentencia del 7 de diciembre de 2016, C. P. Stella Jeannette Carvajal Basto (exp. 2016 00134 -01), Sentencia del 7 de diciembre de 2016, C. P. Carlos Enrique Moreno Rubio (exp. Nº 2016-02213-01), Sentencia del 24 de noviembre de 2016, C. P. Lucy Jean nette Bermúdez Bermúdez (exp. Nº 2016 -02568-01, Sentencia del 27 de noviembre de 2016, C. P. Roberto Augusto Serrato Valdés, entre otras. 20 Cfr., Sentencias SU-556 de 2016, M. P. María Victoria Calle Correa, SU-542 de 2016, M. P. Gloria Stella Ortiz

Delgado, SU-490 de 2016, M. P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, SU-659 de 2015, M. P. Alberto Rojas Ríos y SU-874 de 2014, M. P. Martha Victoria Sáchica Méndez, entre otras.Radicación: 11001-03-15-000-2025-06842-00

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7 fundamentales de acceso a la administración de justicia y al debido proceso de la parte accionante.

En el presente caso, se observa que en el escrito de tutela la parte actora indicó que la decisión objetada incurrió en los defectos fáctico y desconocimiento del precedente judicial, y sustentó los motivos por los cuales, a su juicio, se configuran los mismos, por lo que se encuentra que la solicitud cumple con una carga argumentativa mínima y explicativa que permite su estudio de fondo. Además, los reparos planteados no constituyen una discusión de índole legal ni reabren el debate litigioso. Esto se debe a que, en una primera oportunidad el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Medellín accedió a las pretensiones de la demanda, y se cuestiona la decisión de segunda instancia por medio de la cual se revocó dicha decisión y, en consecuencia, se negaron las pretensiones.

A su vez, se tiene que (ii) la parte accionante no cuenta con otro medio de defensa judicial, pues en el caso se agotó el recurso de apelación contra la sentencia de 9 de abril de 2024, proferida por el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de

judicial, pues en el caso se agotó el recurso de apelación contra la sentencia de 9 de abril de 2024, proferida por el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Medellín, y se observa que no se configura ninguna de las causales de procedencia del recurso extraordinario de revisión y de unificación de jurisprudencia , iii) la solicitud de amparo se presentó dentro de los seis (6) meses 21 establecidos como plazo razonable precisado por esta Corporación y la Corte Constitucional 22; (iv) los hechos y las pretensiones fueron desarrollados de manera clara y (v) la acción no es contra un fallo de la misma naturaleza.

4.2. La autoridad judicial accionada incurrió en los defectos fáctico y por desconocimiento del precedente judicial

Los señores Eber Antonio Murillo Murillo, Diana Marcela Murillo Murillo y Ana Marta Murillo Chala, quienes actúan en nombre propio , pidieron al juez constitucional la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia y a la igualdad, por considerarlos vulnerados con ocasión de la sentencia de 2 4 de octubre de 2025, por medio de la cual la Sala Sexta de Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia revocó el fallo favorable de primera instancia y, en su lugar, negó las pretensiones de la demanda.

Al respecto, la parte accionante sostuvo que la autoridad judicial accionada incurrió en un defecto fáctico y en desconocimiento del precedente judicial. Ello al considerar que, de las pruebas obrantes en el expediente ordinario, tales como el dictamen pericial y la historia clínica se podía establecer que la enfermedad de leishmaniasis se adquirió durante la prestación del servicio militar obligatorio.

considerar que, de las pruebas obrantes en el expediente ordinario, tales como el dictamen pericial y la historia clínica se podía establecer que la enfermedad de leishmaniasis se adquirió durante la prestación del servicio militar obligatorio. Asimismo, mencionó que se pasó por alto diversos pronunciamientos emitidos por el Consejo de Estado en casos análogos, así como por los tribunales administrativos de Cundinamarca , Antioquia y Risaralda, relacionados con la responsabilidad estatal por lesiones ocasionadas por leishmaniasis a conscriptos.

Conforme a los antecedentes del caso y con el fin de desatar la cuestión ius fundamental puesta a consideración de la Sala, se tiene que sobre el defecto

21 La providencia objetada se notificó el 28 de octubre de 2025 y la acción de tutela se instauró el 31 de octubre de 2025, es decir, dentro del plazo razonable de los seis (6) meses. 22

Expediente: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Demandante: Alpina Productos Alimenticios S.A. Demandado: Consejo de Estado, Sección Primera. C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez y sentencia T -619 de 2019, Corte Constitucional, M.P.:

Antonio José Lizarazo Ocampo.Radicación: 11001-03-15-000-2025-06842-00

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

8 fáctico, la Corte Constitucional ha considerado que se configura cuando “(…) se

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8 fáctico, la Corte Constitucional ha considerado que se configura cuando “(…) se hayan dejado de valorar pruebas legalmente aducidas al proceso, o que en la valoración de las pruebas legalmente practicadas se haya desconocido manifiestamente su sentido y alcance y, en cualquiera de estos casos, que la prueba sobre la que se cont rae la vía de hecho tenga tal trascendencia que sea capaz de determinar el sentido de un fallo. Sólo bajo esos supuestos es posible la tutela de los derechos fundamentales al debido proceso, de defensa y de acceso a la administración de justicia, de manera que cuando los mismos no satisfagan estas exigencias, no procede el amparo constitucional pues se trata de situaciones que se sustraen al ámbito funcional de esta jurisdicción”.

Así mismo, ha identificado dos dimensiones en las que puede presentarse un defecto fáctico: 1) Una dimensión negativa que ocurre cuando el juez niega o valora la prueba de manera arbitraria, irracional y caprichosa, u omite su valoración y sin razón valedera da por no probado el hecho o la circunstancia que de la misma emerge clara y objetivamente. Esta dimensión, compre nde las omisiones en la valoración de pruebas determinantes para identificar la veracidad de los hechos analizados por el juez; 2) Una dimensión positiva, que se presenta generalmente cuando el juzgador aprecia pruebas esenciales y determinantes de lo resu elto en la providencia cuestionada que no ha debido admitir ni valorar porque, por ejemplo, fueron indebidamente recaudadas y al hacerlo el fallador desconoce la Constitución23, o cuando da por establecidas circunstancias sin que exista material

la providencia cuestionada que no ha debido admitir ni valorar porque, por ejemplo, fueron indebidamente recaudadas y al hacerlo el fallador desconoce la Constitución23, o cuando da por establecidas circunstancias sin que exista material probatorio que respalde su decisión 24 .

Es decir, que, dado el carácter restringido y excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales, no corresponde al juez constitucional reabrir el debate probatorio o de la interpretación de las normas legales utilizadas para resolver el cas o. Por lo tanto, su labor se limita a evidenciar aquellos errores manifiestos del fallo, que lo hacen incompatible con los derechos fundamentales.

Sobre la aplicación del precedente judicial la Corte Constitucional ha dicho que implica que25: “un caso pendiente de decisión debe ser fallado de conformidad con el(los) caso(s) del pasado, sólo (i) si los hechos relevantes que definen el caso pendiente de fallo son semejantes a los supuestos de hecho que enmarcan el caso del pasado, (ii) si la consecuencia jurídica aplicada a los supuestos del caso pasado, constituye la p retensión del caso presente y (iii) si la regla judicial no ha sido cambiada o ha evolucionado en una distinta o más específica que modifique algún supuesto de hecho para su aplicación”.

El precedente judicial es de dos tipos: (i) el horizontal, que incluye las decisiones que dictó el mismo juez u otro de igual jerarquía, y (ii) el vertical, que está conformado por las decisiones de los jueces de superior jerarquía, en especial, las decisiones de los órganos de cierre de cada jurisdicción.

En cuanto al precedente vertical, la Corte Constitucional ha dicho