CE - Sentencia 11001031500020250684300 de 2025
Detalles
- Título
- CE - Sentencia 11001031500020250684300 de 2025
- Autor
- Consejo de Estado
- Categoría
- Jurisprudencia
- Área del derecho
- Administrativo
- Año
- 2025
1
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Bogotá D. C., nueva (9) de diciembre de dos mil veinticinco (2025).
Radicado: 11001-03-15-000-2025-06843-00
Accionado: HERNANDO TORRES GAITÁN
Accionado: SECCIÓN PRIMERA DEL CONSEJO DE ESTADO
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PR OVIDENCIA JUDICIAL – Derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia e igualdad / MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO – Rechazó el medio de control / DEFECTO FÁCTICO Y PROCEDIMENTAL ABSOLUTO – No s e encuentran acreditados.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Corresponde a la Sala pronunciarse en relación con la acción de tutela instaurada por el señor Hernando Torres Gaitán, de conformidad con lo consagrado en el artículo 86 de la Constitución Política, en los artículos 29 y 37 del Decreto 2591 de 19911.
I. A N T E C E D E N T E S
La demanda
1. El 30 de octubre de 2025, el señor Hernando Torres Gaitán , en nombre propio, interpuso acción de tutela contra la Sección Primera del Consejo de Estado, por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso, el acceso a la administración de justicia y la igualdad.
Hechos relevantes
interpuso acción de tutela contra la Sección Primera del Consejo de Estado, por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso, el acceso a la administración de justicia y la igualdad.
Hechos relevantes
2. A juicio de la parte accionante se presentaron los siguientes hechos:
3. El 2 de mayo de 2022, se profirió una decisión en el proceso relacionado con un tema de presunta violencia intrafamiliar, el cual se identifica con el radicado 0472022. S egún el actor, en dicho procedimiento no se surtieron l as notificaciones correspondientes.
4. En este contexto, el señor Hernando Torres Gaitán presentó múltiples derechos de petición, denuncias ante la Fiscalía, la Personería Municipal de Ibagué, la Procuraduría General de la Nación, el Consejo Superior de la Judicatura. De igual modo, presentó una acción de tutela devuelta por falta de insistencia y archivada
1 Que ingresó para fallo el 24 de noviembre de 2025.Radicación número: 11001-03-15-000-2025-06843-00
Accionante: Hernando Torres Gaitán Accionado: Sección Primera del Consejo de Estado Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
2 por la Corte Constitucional así como una emitida por el Juzgado Tercero Penal que emitió una sentencia “incompleta”2.
5. El 1.° de mayo de 2025, recibió unos documentos de denuncias falsas referentes al proceso 047 -2022. Motivo por el cual presentó una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho ante el Consejo de Estado. El proceso le fue asignado
5. El 1.° de mayo de 2025, recibió unos documentos de denuncias falsas referentes al proceso 047 -2022. Motivo por el cual presentó una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho ante el Consejo de Estado. El proceso le fue asignado el radicad o 11001-03-24-000-2025-00191-00. Allí, solicitaba la nulidad de unas decisiones expedidas por la “Comisaría permanente de Familia Turno 2 de Ibagué” dentro del expediente 047-2022.
6. El asunto en mención le correspondió a la Sección Primera 3, quien a trav és de auto del 13 de junio de 2025 rechazó la demanda presentada. Esto debido a que dicho asunto no era susceptible de ser demandado a través de los medios de control previstos en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (en adelante CPACA).
7. Inconforme con la decisión, el señor Hernando Torres Gaitán presentó recurso de apelación, sin embargo, al tratarse de un proceso de única instancia no procedía este. En aras de garantizar la primacía del derecho sustancial y de acuerdo con el artículo 318 del Código General del Proceso, se tramitó como recurso de súplica y se remitió al consejero en turno, para lo de su competencia según el auto del 18 de julio de 20254.
8. Mediante auto del 17 de octubre de 20255, se resolvió el recurso de súplica y se tomaron las siguientes determinaciones: (i) se confirmó el auto del 13 de junio por medio del cual se rechazó la demanda y (ii) en firme la providencia se ordenó que se devolviera al despacho de origen.
Pretensiones
tomaron las siguientes determinaciones: (i) se confirmó el auto del 13 de junio por medio del cual se rechazó la demanda y (ii) en firme la providencia se ordenó que se devolviera al despacho de origen.
Pretensiones
9. La parte accionante solicitó lo siguiente (se transcribe textualmente):
“1-----Amparar mis derechos al debido proceso, acceso a justicia, igualdad y supremacía constitucional.
2-----Declarar la existencia de vía de hecho en los autos del 13 de junio y 17 de octubre de 2025.
3-----Revocar dichos autos y ordenar la admisión de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho (rad. 11001-03-24-000-2025-00191-00) para analizar vicios administrativos.
4-----Subsidiariamente, ordenar remisión inmediata del expediente a juez de familia de Ibagué para apelación de medidas de protección.
5-----Reconocer indemnización por daños extrapatrimoniales (perjuicios morales por dilaciones).
2 Ver pág. 2 del escrito de tutela. 3 M.P. Nubia Margoth Peña Garzón. 4 M.P. Nubia Margoth Peña Garzón. 5 M.P. Germán Eduardo Osorio Cifuentes.Radicación número: 11001-03-15-000-2025-06843-00
Accionante: Hernando Torres Gaitán Accionado: Sección Primera del Consejo de Estado Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
3 6-----Ordenar medidas de no repetición: capacitación a funcionarios del Consejo de Estado en naturaleza mixta de Comisarías y vías de hecho.
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
3 6-----Ordenar medidas de no repetición: capacitación a funcionarios del Consejo de Estado en naturaleza mixta de Comisarías y vías de hecho.
7-----Solicitar revisión por la Corte Constitucional (art. 33 Decreto 2591/1991)”6.
Fundamentos de la demanda de tutela
10. La parte demandante indicó que la acción de tutela vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia, a la igualdad, a la supremacía constitucional e incluso tenían conexidad con el Pacto de San José. Mencionó la sentencia SU-047 de 1999 y T-029 del 2025.
11. Explicó que cumplía con los requisitos de subsidiariedad e inmediatez porque no contaba con otro recurso y había presentado la acción de tutela de manera oportuna. Además, indicó que contaba con legitimidad p orque era la persona afectada. En lo que se refiere al requisito de relevancia constitucional dijo que se había presentado una vulneración inminente e irreparable de sus derechos fundamentales.
12. En cuanto a los requisitos específicos adujo que la autoridad accionada incurrió en un defecto fáctico positivo y negativo por interpretar integralmente una orden, ignorando las demás evidencias, las cuales correspondían con el ocultamiento del expediente 047 -2022. Tampoco valoró el procedimiento administrativo pre vio.
También incurrió en un defecto procedimental absoluto por no analizar los vicios denunciados, omitir la remisión del expediente ordinario y no garantizar la contradicción plena. Lo anterior debido a la notificación inadecuada que se había realizado dentro de ese proceso.
denunciados, omitir la remisión del expediente ordinario y no garantizar la contradicción plena. Lo anterior debido a la notificación inadecuada que se había realizado dentro de ese proceso.
Trámite procesal
13. Mediante auto del 5 de noviembre de 2025, el despacho sustanciador admitió la acción de tutela de la referencia y ordenó notificar a la Sección Primera del Consejo de Estado como accionado y al Municipio de Ibagué, a la Secretaría de Gobierno y Seguridad Ciudadana de Ibagué, a la Comisaría de Familia Turno 2 y a los demás intervinientes del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el radicado 11001 -03-24-000-2025-00191-00, como terceros con interés, para que ejercieran su derecho d e defensa. De otra parte, ordenó a la Sección Primera que remitiera en calidad de préstamo el expediente anteriormente mencionado y negó la solicitud de pruebas relacionada con “Oficio a Comisaría de Familia Turno 2 y 3 de Ibagué para documento del Comisar io T3 (admisión de ausencia de defensa) y expediente VIRTUAL AUDIO VIDEO 047 -2022. 3Testimonio mío sobre dilaciones y daños”7.
6 Ver pág. 4 y 5 del escrito de tutela. 7 Ver pág. 5 del escrito de tutela.Radicación número: 11001-03-15-000-2025-06843-00
Accionante: Hernando Torres Gaitán Accionado: Sección Primera del Consejo de Estado Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
4 Intervenciones
Accionante: Hernando Torres Gaitán Accionado: Sección Primera del Consejo de Estado Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
4 Intervenciones
14. La Sección Primera a través del consejero Germán Eduardo Osorio Cifuentes solicitó que se denegara la acción de tutela. Lo anterior debido a que el juez ordinario analizó los reparos expuestos por el accionante, específicamente lo que se refiere con la nat uraleza jurisdiccional de las decisiones adoptadas por la Comisaría de Familia en el proceso 047-2022. A su vez concluyó que no era canal procesal idóneo para controvertirlas a través de ese medio de control. Por tanto lo que el accionante quiere es reabrir el debate ya decidido por el juez natural.
15. De igual modo, argumentó que el accionante adujo sobre la existencia de una vía de hecho en las providencias cuestionadas, porque adolecen los defectos señalados. Pero como se había indicado en la providencia del 17 de octubre de 2025, las decisiones profe ridas por una autoridad administrativa en ejercicio de funciones jurisdiccionales no eran susceptibles de control judicial, como ocurre con las contenidas en el acta de audiencia del 2 de mayo de 2022, proferida por la Comisaría de Familia de Ibagué – Turno 2, de acuerdo con lo previsto en la Ley 2126 de 2021. Además, señaló que las Comisarías de Familia ejercen funciones jurisdiccionales en el marco de los procesos de violencia intrafamiliar, es decir, que las decisiones adoptadas allí solo pueden ser cont rovertidas a través de mecanismos previstos por el legislador ante los jueces de familia y no ante la
jurisdiccionales en el marco de los procesos de violencia intrafamiliar, es decir, que las decisiones adoptadas allí solo pueden ser cont rovertidas a través de mecanismos previstos por el legislador ante los jueces de familia y no ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Por tanto, no se presenta ninguna. Vulneración a un derecho fundamental.
16. La Sección Primera a través de l a consejera Nubia Margoth Peña Garzón precisó que la acción de tutela no está llamada a prosperar, porque dicha Sección no incurrió en un error, vicio o defecto alguno constitutivo de la vulneración de un derecho fundamental. Lo anterior debido a que el as unto objeto de debate no era susceptible de control jurisdiccional, porque lo que se pretendía era controvertir unas decisiones proferidas por una Comisaría de Familia, es decir que no se trata de actos administrativos propiamente dichos sino de providenci as judiciales. Por ello, en la resolución del recurso de súplica se confirmó la anterior decisión.
17. De igual modo explicó que, la Sección rechazó un asunto que no era susceptible de ser enjuiciado ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, dec isión que fue proferida bajo el amparo de normas procedimentales que rigen la materia y la jurisprudencia reiterada por la Corporación.
18. El Municipio de Ibagué señaló que el accionante no demostró la existencia de un perjuicio irremediable ni agotó los mecanismos de defensa judicial, lo cual hace improcedente la acción de tutela. Lo anterior dado que es un mecanismo subsidiario y no es procedente si existen otros mecanismos, como lo son los recursos ordinarios en sede judicial o administrativa para controv ertir la decisión de la
improcedente la acción de tutela. Lo anterior dado que es un mecanismo subsidiario y no es procedente si existen otros mecanismos, como lo son los recursos ordinarios en sede judicial o administrativa para controv ertir la decisión de la Comisaría Permanente de Familia Turno 2. La cual fue debidamente notificada y surtió los trámites administrativos de acuerdo con la normatividad. Sin contar que la sentencia T-760 de 2008 aduce que la acción de tutela no constituye mecanismo judicial ordinario.Radicación número: 11001-03-15-000-2025-06843-00
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19. De otra parte, mencionó que no existe alguna prueba que la alcaldesa de Ibagué haya vulnerado sus derechos fundamentales. Igualmente, expuso que de acuerdo con la Sentencia T-1215 de 2003 se explica la acción de tutela temeraria.
Esto para decir que el accionante ha presentado diferentes acciones de tutela8 que contienen un hilo conductor sobre el expediente 047 -2022 de la Comisaría de Familia Turno 2 de Ibagué.
20. El Comisario Permanente de Familia Turno II de la Ciudad de Ibagué indicó que el accionante ha presentado diferentes acciones de tutela por la misma situación, pero estas han sido desfavorables. Por tanto, no entiende por qué el ciudadano busca anular una decisión debidamente ejecutoriada y que ya no puede ser objeto de recursos porque adquirió plena validez. Es decir que constituye en una mala fe al instaurar varias acciones de tutela por los mismos hechos.
ciudadano busca anular una decisión debidamente ejecutoriada y que ya no puede ser objeto de recursos porque adquirió plena validez. Es decir que constituye en una mala fe al instaurar varias acciones de tutela por los mismos hechos.
21. La Defensoría del Pueblo Regional del Tolima adujo que carecía de falta de legitimación en la causa por pasiva debido a que en el escrito de tutela no se hace ninguna mención de acción u omisión en la cual se hubiera incurrido en vulneración de derechos por parte de ella. De otra parte, indicó que no se evidenciaba un pronunciamiento contrario al ordenamiento jur ídico sustancial que permita establecer que el rechazo de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho hubiere incurrido en una interpretación arbitraria o errónea.
22. El señor Hernando Torres Gaitán “remitió la información solicitada”9 en la cual allegaba la dirección de la Comisaría Permanente de Familia Turno II de Ibagué.
Así mismo expuso la vinculación necesaria de (i) la Comisaría Permanente de Familia Turno 3 de Ibagué; (ii) la Alcaldía de Ibagué; (iii) la Secretaría de Gobierno; (iv) la Oficina Jurídica; (v) la Personería Municipal de Ibagué; (vi) la Defensoría del Pueblo – Seccional Ibagué y (vii) la Procuraduría General de la Nación.
23. La Secretaría de Gobierno y Seguridad Ciudadana de Ibagué10 no intervino.
II. C O N S I D E R A C I O N E S
Competencia
24. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado es competente para proferir sentencia de primera instancia dentro del proceso de tutela de la
II. C O N S I D E R A C I O N E S
Competencia
24. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado es competente para proferir sentencia de primera instancia dentro del proceso de tutela de la referencia, en virtud de lo indicado en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, en concordancia con lo estipulado en el Acuerdo 080 de 2019.
8 Identificadas con los radicados 11001 -02-03-000-2025-01767-00; 11001-02-30-000-2025-0038100 y 11001-22-10-000-2025-00947-00 9 En el auto admisorio no se le realizó ningún requerimiento al accionante. 10 Fue notificado al mismo correo electrónico del Municipio de Ibagué. Específicamente la dirección electrónica notificaciones_judiciales@ibague.gov.co. El 6 de noviembre de 2025 según el índice 13 de samai.Radicación número: 11001-03-15-000-2025-06843-00
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6 Problemas jurídicos y metodología de la decisión
25. En primer lugar, la Subsección deberá estudiar la objeción presentada por el Municipio de Ibagué y la Comisaría Permanente de Familia en su contestación, relacionada con la múltiple presentación de acciones de tutela sobre un mismo hecho. Esto debido a que hizo mención de una posible temeridad con respecto a los procesos de tutela identificados con el radicado 11001-02-03-000-2025-01767relacionada con la múltiple presentación de acciones de tutela sobre un mismo hecho. Esto debido a que hizo mención de una posible temeridad con respecto a los procesos de tutela identificados con el radicado 11001-02-03-000-2025-0176700, 11001-02-30-000-2025-00381-00 y 11001-22-10-000-2025-00947-00.
26. En segundo lugar, se estudiará si la acción de tutela de la referencia satisface los requisitos de procedibilidad formal. En caso de superar el anterior examen, esta Corporación resolverá ¿si la Sección Primera del Consejo de Estado, con la expedición de l as providencias del 13 de junio de 2025 y 17 de octubre de 2025, incurrió en un defecto fáctico y procedimental absoluto al rechazar y confirmar el rechazo de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho. Esto por tratarse de un asunto susceptible de ser demandado a través de los medios de control previstos en el CPACA?
27. Con el objetivo de resolver los problemas jurídicos planteados, la Subsección adoptará la siguiente ruta de análisis: (i) se reiterará el precedente judicial sobre la temeridad en el trámite de acciones de tutela por presentar dos veces una misma petición de amparo; (ii) se examinarán los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales y (ii) el caso concreto.
Temeridad - Reiteración de jurisprudencia11
28. El artículo 38 del decreto 2591 de 1991 señala que, cuando sin motivo justificado una persona presente dos veces o más, la misma acción de tutela contra diversas autoridades judiciales, la misma será resuelta desfavorablemente. En
28. El artículo 38 del decreto 2591 de 1991 señala que, cuando sin motivo justificado una persona presente dos veces o más, la misma acción de tutela contra diversas autoridades judiciales, la misma será resuelta desfavorablemente. En atención a ello, la jurisprudencia explica que, deberán despacharse negativamente las peticiones de amparo cuando guarden identidad de partes, causa y pretensiones, pero, además, deberá sancionarse por temeridad al tutelante que actúe de mala fe.
29. Por ello, en punto a los eventos en que se presentan dos acciones de tutela por los mismos hechos, pretensiones y partes, la jurisprudencia distingue entre los conceptos de cosa juzgada y temeridad. Respecto a la cosa juzgada constitucional en materia de tutela se ha indicado que, un juez tiene vedado fallar una petición de amparo que ya fue resuelta previamente por otra autoridad judicial. Para identificar si se presenta identidad entre una petición de protección y otra posterior, debe examinarse si “ entre ambos hay ide ntidad jurídica de partes, objeto y causa ”12.
Esta triple identidad se verifica cuando:
“1. Identidad de partes , esto es, que las acciones de tutela se hayan presentado por la misma persona natural o jurídica o a través de su apoderado o representantes y se dirija contra el mismo demandado.
11 Corte Constitucional, sentencias T-504 de 2024 y T-407 de 2022. 12 Corte Constitucional, Sentencia, SU-128 de 2024.Radicación número: 11001-03-15-000-2025-06843-00
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2. Identidad de causa petendi, es decir, que el ejercicio repetido de la acción de tutela se fundamente en los mismos hechos que le sirven de sustento.
3. Identidad de objeto , en otras palabras, que las demandas persigan la satisfacción de la misma pretensión o invoquen la protección de los mismos derechos fundamentales.”
30. Así, cuando se verifica la triple identidad entre una primera acción de tutela y una posterior, el segundo juez constitucional tiene vedado volverse a pronunciar respecto del mismo asunto. La jurisprudencia constitucional ha señalado que, en todo caso, si alguno de los elementos de esta triple identidad cambia, por ejemplo, un hecho nuevo, no se presenta el fenómeno de la cosa juzgada.
31. Un fenómeno procesal diferente pero cercano, es la temeridad, la cual, se presenta cuando, además de identidad en los tres elementos de la cosa juzgada, la actuación del tutelante se presenta por mala fe, esto es, con la intención de defraudar a la administración de justicia. Para declarar que una actuación es temeraria, la Corte Constitucional ha señalado que es necesar io demostrar que el actor “ha obrado con mala fe, deslealtad procesal, o si su actuación infringe el deber de moralidad procesal ”13. En este contexto, ha explicado que en consideración a que el artículo 83 de la Constitución advierte que la buena fe se pre sume, sólo existirá temeridad cuando sea posible derivar un actuar procesal desleal o esté
de moralidad procesal ”13. En este contexto, ha explicado que en consideración a que el artículo 83 de la Constitución advierte que la buena fe se pre sume, sólo existirá temeridad cuando sea posible derivar un actuar procesal desleal o esté demostrado que se trata de una actuación que se ha motivado en la mala fe.
32. Lo anterior, dicho en otros términos, significa que la actuación del demandante que ha interpuesto sucesivas acciones de tutela no es temeraria cuando “el ejercicio simultáneo de la acción de tutela se funda (i) en la ignorancia del accionante; (ii) en el asesoramiento errado de los profesionales del derecho; o (iii) por el sometimiento del actor a un estado de indefensión, propio de aquellas situaciones en que los individuos obran por miedo insuperable o por la necesidad extrema de defender un derecho”14. A su vez, también se ha descartado la temeridad, por vía de ejemplo, en aquellos eventos en donde por un error se radicó más de una acción de tutela o ella fue formulada sin el conocimiento del accionante por los apoderados.
Solución al primer problema jurídico
33. Respecto a este problema jurídico se verifica que, tal como lo indicó el Municipio de Ibagué y la Comisaría Permanente de Familia, se presentó una acción de tutela
13 Corte Constitucional. Sentencias SU-713 de 2006 y SU-377 de 2014. Ibidem. 14 Corte Constitucional. Sentencia T -184 de 2005 (M.P. Rodrigo Escobar Gil). Por su parte, la sentencia SU -027 de 2021 indicó que como excepciones a la temeridad esta ban los siguientes supuestos: “i) La condición de ignorancia o indefensión del actor, propia de aquellas situaciones en
sentencia SU -027 de 2021 indicó que como excepciones a la temeridad esta ban los siguientes supuestos: “i) La condición de ignorancia o indefensión del actor, propia de aquellas situaciones en que los individuos obran por miedo insuperable o por la necesidad extrema de defender un derecho y no por mala fe. (ii) El asesoramiento errado de los profesionales del derecho. (iii) La consideración de eventos nuevos que aparecieron con posterioridad a la interposición de la acción o que se omitieron en el trámite de la misma, o cualquier otra situación que no se haya tomado como base para decidir la(s) tutela(s) anterior(es) que implique la necesidad de proteger los derechos fundamentales del demandante. (iv) Se puede interponer un a nueva acción de amparo cuando la Corte Constitucional profiere una sentencia de unificación, cuyos efectos son extensivos a un grupo de personas que se consideran en igualdad de condiciones, incluso si con anterioridad a dicha sentencia presentaron acción de tutela por los mismos hechos y con la misma pretensión”.Radicación número: 11001-03-15-000-2025-06843-00
Accionante: Hernando Torres Gaitán Accionado: Sección Primera del Consejo de Estado Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
8 identificada con el radicado 11001 -02-03-000-2025-01767-00, 11001 -02-30-0002025-00381-00 y 11001-22-10-000-2025-00947-00. Sin embargo, al examinar los hechos de las sentencias y el presente escrito de tutela, se puede determinar que no guardan total identidad respecto de las partes, así como tampoco la causa y sus pretensiones. Sustento de lo anterior:
hechos de las sentencias y el presente escrito de tutela, se puede determinar que no guardan total identidad respecto de las partes, así como tampoco la causa y sus pretensiones. Sustento de lo anterior:
Tabla 1. comparación de las múltiples demandas presentadas por el actor Radicado 11001 -0315-000-2025-06843-00 Radicado 11001 -02-03000-2025-01767-00
Radicado 11001 -0230-000-2025-0038100
Radicado 11001-22-10-0002025-00947-01
Partes: a. Accionante:
Hernando Torres Gaitán
b. Accionado: Sección Primera del Consejo de Estado
Partes: a. Accionante:
Hernando Torres Gaitán
Accionado: la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, la
Sala Penal del Tribunal Superior, los Juzgados Octavo Penal del Circuito y Quinto Penal Municipal con funciones de Control de Garantías, la Comisaría Permanente de Familia Turno II y la Personería Municipal, todos del Distrito Judicial de Ibagué.
Partes: a. Accionante:
Hernando Torres Gaitán
Accionado: Comisión Nacional de
Disciplina Judicial, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Tolima, la Sala Penal y Civil -Familia del Tribunal Superior de Ibagué, los Jueces Segundo Civil Municipal, Cuarto y Octavo Penal del Circuito con Funciones de
de Disciplina Judicial de Tolima, la Sala Penal y Civil -Familia del Tribunal Superior de Ibagué, los Jueces Segundo Civil Municipal, Cuarto y Octavo Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento, Quinto Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías, Primero y Tercero Penal Municipal con Funciones de Conocimiento, Comisaría Permanente de Familia Turno Dos y Tres, Personería Municipal
Partes: a. Accionante:
Hernando Torres Gaitán
Accionado: Sala de Casación
Civil – Corte Suprema (Mag. Martha P. Guzmán Álvarez)
Pretensiones:
1-----Amparar mis derechos al debido proceso, acceso a justicia, igualdad y supremacía constitucional.
2-----Declarar la existencia de vía de hecho en los autos del 13 de junio y 17 de octubre de 2025.
3-----Revocar dichos autos y ordenar la admisión de la Pretensiones: i.- A la Sala Penal del Tribunal Superior de Ibagué «revocar la decisión del 14 de marzo de 2025 (Radicado 73001 -2204-000-2025-00219-00) que remitió el expediente a la Corte Suprema de Justicia, y resolver de fondo [su] impugnación en un plazo no mayor a 10 días, garantizan do mis derechos»;
Pretensiones:
que remitió el expediente a la Corte Suprema de Justicia, y resolver de fondo [su] impugnación en un plazo no mayor a 10 días, garantizan do mis derechos»;
Pretensiones:
se deje sin efecto (i) el auto que la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Tolima profirió el 14 de agosto de 2024; (ii) las sentencias de tutelas que las Salas de Casación Penal y Civil de la Corte Suprema de Justicia,
Pretensiones:
[…] 2 -Ordenar a la Magistrada Martha Patricia Guzmán Álvarez que, en un término no mayor a 48 horas, responda de fondo, de manera clara, precisa y completa, cada unade las seis preguntas formuladas en el derecho de peticiónRadicación número: 11001-03-15-000-2025-06843-00
Accionante: Hernando Torres Gaitán Accionado: Sección Primera del Consejo de Estado Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
9 demanda de nulidad y restablecimiento del derecho (rad. 1100103-24-000-202500191-00) para analizar vicios administrativos.
4----- Subsidiariamente, ordenar remisión inmediata del expediente al juez de familia de Ibagué para apelación de medidas de protección.
5-----Reconocer indemnización por daños extrapatrimoniales (perjuicios morales por dilaciones).
expediente al juez de familia de Ibagué para apelación de medidas de protección.
5-----Reconocer indemnización por daños extrapatrimoniales (perjuicios morales por dilaciones).
6-----Ordenar medidas de no repetición: capacitación a funcionarios del Consejo de Estado en naturaleza mixta de Comisarías y vías de hecho.
7-----Solicitar revisión por la Corte Constitucional (art. 33 Decreto 2591/1991) ii.- A la Comisaría Permanente de Familia Turno II de esa ciudad, «entregar copia del expediente virtual No. 047-2022 o certificar su inexistencia en 48 horas, para garantizar [su] derecho de defensa»; iii.- A la Personería Municipal de e sa urbe, «asignar[le] un abogado de oficio en 48 horas para que [le] represente en este proceso»; Y, iv.- SOLICITUD al juez de tutela dar máxima visibilidad mediática a este caso, remitiendo copias a medios de comunicación ya la Defensoría del Pueblo, para que mi situación sea conocida y se evite la revictimización por parte del sistema judicial.
las Salas Penal y Civil-Familia Laboral del Tribunal Superior de Ibagué, los Jueces Segundo Civil Municipal, Cuarto y Octavo Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento, Quinto Penal Municipal con Funciones de Control de
del Tribunal Superior de Ibagué, los Jueces Segundo Civil Municipal, Cuarto y Octavo Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento, Quinto Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías, Primero y Tercero Penal Municipal con Funciones de Conocimiento, todos de Ibagué, profirieron en las acciones constitucionales n.° 73001-31870012022-0012601, 73001-22-04-0002025-00219-00, 73001-22-13-000202500041-00, 73001 -4003-002-2025-0011200, 73001 40-88005-2024-00379-01, 73001-40-09-0012025-00018 00, 73001-40090012025-00026-00 y 73 -001-04-09-032022-0123-00; (iii) la decisión de archivo de la Fiscal Veintisiete Seccional de Ibagué y (iv) la decisión que el Comisario Permanente de Familia Turn
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