CE - Sentencia 11001031500020250684900 de 2025

Demandante: Roberto Carlos Barboza Masea Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B Radicado: 11001-03-15-000-2025-06849-00

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Magistrado ponente: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ

Bogotá, D.C., once (11) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2025-06849-00

Demandante: ROBERTO CARLOS BARBOZA MASEA

Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN SEGUNDA,

SUBSECCIÓN B

Temas: Tutela contra providencia judicial. Requisito de relevancia constitucional.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la Sala a d ecidir la solicitud presentada por la parte actora , en ejercicio del mecanismo constitucional previsto en el artículo 86 de la Constitución y de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 2591 de 1991.

I. ANTECEDENTES

1.1. La demanda

El señor Roberto C arlos Barboza Masea , actuando en nombre propio , presentó acción de tutela contra el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, al considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso, a la

El señor Roberto C arlos Barboza Masea , actuando en nombre propio , presentó acción de tutela contra el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, al considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, a la seguridad jurídica , al acceso a la administración de justicia, a la seguridad social y al mínimo vital.

Lo anterior, con ocasión al fallo del 29 de mayo de 2025 , que revocó la sentencia del 9 de febrero de 2023 , a través de la cual el Tribunal Administrati vo del Cesar había ac cedido a las pretensiones de la demanda y, en su lugar, las denegó , dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento identificado con el radicado 20001-23-33-000-2017-00481-01, promovido contra la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional.

1.2. Pretensiones

En consecuencia, el accionante elevó las siguientes súplicas:

Con fundamento en ellos hechos relacionados, con todo respeto solicito al Magistrado de Tutela, disponer y ordenar a la parte accionada lo siguiente:Demandante: Roberto Carlos Barboza Masea Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B Radicado: 11001-03-15-000-2025-06849-00

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2

1. Que se me ampare los derechos fundamentales al Debido Proceso, Igualdad y Seguridad Jurídica que invoco en la presente acción de tutela.

www.consejodeestado.gov.co 2

1. Que se me ampare los derechos fundamentales al Debido Proceso, Igualdad y Seguridad Jurídica que invoco en la presente acción de tutela.

2. Que se deje sin efectos la providencia dictada por el Honorable CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO A DMINISTRATIVO SEC CION SEGUNDA SUBSECCION B en su providencia de fecha 29 de mayo de 2025), dentro del expediente No: 20 001 23 33 003 2017 00481 01, ya que se me están violando los derechos constitucionales fundamentales al Debido Proceso, Igualdad y Seguridad Jurídica y demás derechos constitucionales conexos.

3. Que se ordene a la entidad tutelada, para que dentro de los 10 días siguientes emita una sentencia siguiendo los lineamientos jurisprudenciales dados por El Consejo de Estado, en lo referente al rec onocimiento y pag o de la Pensión de Invalidez, y que valore en debida forma las pruebas practicadas y aportadas al Proceso Expediente No. 20 001 23 33 003 2017 00481 011

1.3. Hechos

En el escrito de la tutela se hizo mención a los siguientes supuestos fácticos:

El señor Roberto Carl os Barboza Masea puso de presente que se vinculó al ejército Nacional Colombiano, como soldado profesional, en el año 1999, después de haber prestado su servicio militar obligatorio.

Relató que mientras cumplió sus deberes como soldado, sufrió varios eventos que ocasionaron lesiones en la columna, rodilla izquierda, oídos, y trastornos de estrés postraumático, los cuales quedaron documentados en los informes

Relató que mientras cumplió sus deberes como soldado, sufrió varios eventos que ocasionaron lesiones en la columna, rodilla izquierda, oídos, y trastornos de estrés postraumático, los cuales quedaron documentados en los informes administrativos por lesiones realizados por la Junta Médica del ejército.

Narró que mediante Junta Médica Laboral No. 11438 que se realizó el 14 de diciembre de 2005, se le calificó una pérdida de capacidad laboral (en adelante PCL) en un 35.7%. Decisión con la que no estuvo de acuerdo he interpuso recurso de apelación, solicitando la revisión por el Tribunal Médico Laboral, el cual mediante acta fechada 19 de mayo de 2006 ratificó el porcentaje de p érdida otorgado por la Junta Médica Laboral.

Indicó que a través de resolución No. 60516 del 12 de diciembre de 2006, se le reconoció la suma de diez millones quinientos cuarenta y cuatro mil cuatrocientos setenta y seis pesos con setenta centavos ($10’544.476,70).

Señaló que el 30 de abril de 2008 por disminución de la capacidad psicofísica el Ejército Nacional ordenó su retiro, sin realización del examen médico de retiro, sin embargo, medicina laboral del ejército solicitó concepto por potenciales evocados visuales, según concepto médico del 18 de febrero de 2010.

Por lo anterior, acudió a una acción de tutela solicitando la realización de un a nueva Junta Médica, ya que no le habían incl uido las dem ás pat ologías en el concepto del 18 de febrero de 2010. Acción en la que le fue amparado su derecho

nueva Junta Médica, ya que no le habían incl uido las dem ás pat ologías en el concepto del 18 de febrero de 2010. Acción en la que le fue amparado su derecho y se orde nó la realización de una segunda Junta de Revisión Médica para completar las patologías que no fueron tenidas en cuenta en le primera junta.

El 26 de julio de 2013 es emitida el acta de Junta Médica Laboral No. 61377, en la

1 Trascripción literal del original con posibles errores.Demandante: Roberto Carlos Barboza Masea Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B Radicado: 11001-03-15-000-2025-06849-00

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 3 cual se adiciona un porcentaje de perdida de capacidad laboral del 5,78%, arrojando un acumulado de 41,48% de PCL. Adicionalmente, evidenció que no se encontraban registradas 2 patologías , y el 20 de noviembre de 2013 solici tó la revisión de la junta médica.

Expuso que mediante acta del Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y de Policía No. 6720 MDNSG -TML-41.1, se mo dificó lo con cluido en la Junta Medico Militar No. 61377 de fecha 26 de julio de 2013 , disminuyéndole su PCL en 4,55% quedando en un total de 40,25%.

Indicó que en octubre del año 2015 acudió a la Junta de Calificación de Invalidez

quedando en un total de 40,25%.

Indicó que en octubre del año 2015 acudió a la Junta de Calificación de Invalidez del Cesar, solicitando una valoración particular de la PCL, la cual emitió Dictamen No. 5444 del 9 de noviembre de 2015 con una calificación de 85,79%.

Adujo que, mediante escrito del 11 de febrero de 2016 dirigido al Ejército Nacional, solicitó el reconocimiento y pago de una pensión de invalidez con mesadas ordinarias y extraordinarias debidamente indexadas, donde anexó el resultado del Dictamen No. 5444.

Señaló que el 23 de abril de 2016 recibió por correo certificado la notificación por aviso de la Resolución No. 1367 del 6 de abril de 2016, mediante la cual se negó el reconocimiento y pago de la pensión aludida por parte del Ejército Nacional de Colombia.

Mencionó que, por intermedio de apoderada judicial, en septiembre de 2017 interpuso el medio de control de nulidad y re stablecimiento del derecho contra la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional. D icho proceso f ue tramitado por el Tribunal Administrativo del Cesar, el cual, mediante sentencia del 9 de febrero de 2023, declaró la nulidad de la Resolución No. 1367 del 6 de abril de 2016, por medio de la cual se negó el reconocimiento y pago de la pens ión de invalidez. Como consecuencia, or denó su reconocimiento equivalente al 85% de las partidas computables.

La sala estableció la relación entre las lesione s padecidas e n el servicio y la disminución de su capacidad laboral, concluyendo que, conforme a la Ley 923 de

las partidas computables.

La sala estableció la relación entre las lesione s padecidas e n el servicio y la disminución de su capacidad laboral, concluyendo que, conforme a la Ley 923 de 2004, cumplía los requisitos para obtener la pensión de invalidez.

Asimismo, indicó que la decisión dispuso el pago de la prestación desde la fe cha de retiro , es decir, a partir del 30 de abril de 2008 , con observan cia de la prescripción aplicable, que operaba respecto de las mesadas anteriores al 15 de febrero de 2013. A demás, ordenó la actualización de las sumas adeudadas y condenó en costas y agencias en derecho a la entidad demandada.

Finalmente, señaló que el Ejército Nacional apeló la providencia, correspondiendo a la Sección Segunda, Subsección B, del Consejo de Esta do, su estudio. Mediante sentencia del 29 de mayo de 2025, dicha corporació n revocó la decisión proferida el 9 de febrero de 2023 por el Tribunal Administrativo del Cesar.

La sentencia fue revocada porque el dictamen de la Junta Regional no explicó de forma técnica ni suficiente el aumento del porce ntaje de pérdida de capacidadDemandante: Roberto Carlos Barboza Masea Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B Radicado: 11001-03-15-000-2025-06849-00

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 4 laboral, espe cialmente en lo relativo al trastorno de estrés postraumático, que

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 4 laboral, espe cialmente en lo relativo al trastorno de estrés postraumático, que representaba casi la mitad del puntaje. La sala encontró que dicho incremento no estaba justificado ni correspondía con las demás pruebas médicas, por lo que no se acreditó el 50% requerido para la pensión de invalidez.

1.4. Sustento de la vulneración

A juicio del accionante, la providencia controvertida adolece de «defecto sustantivo y desconocimiento del precedente », con ocasión a que no se aplicó en su caso la ponencia dictada el 23 de agosto de 2018 por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, rad. 13001 -23-31-000-2004-01246-01 (1717 -11), consejero ponente: Dr. César Palomino Cortés, donde se expuso que las autoridades judiciales han sido respetuosas e n sus proc esos, de los informes o peritazgos rendidos por las autoridades competentes , como lo son las Juntas Regionales y Nacional de Calificación de Invalidez, para determinar la pérdida de la capacidad laboral en búsqueda de resarcir derechos pensionales.

En ese sentido, el tutelante expresó que el ad quem, no fue del todo claro con la pronunciación de fondo que tuvo frente al dictamen de la Junta de Calificación de Invalidez de l Cesar, al no especificar por qué esta organización no justificó la modificación de las afectaciones que padecía el accionante.

pronunciación de fondo que tuvo frente al dictamen de la Junta de Calificación de Invalidez de l Cesar, al no especificar por qué esta organización no justificó la modificación de las afectaciones que padecía el accionante.

Indicó que el Consejo de Estado i ncurrió en un defecto f áctico al existir una ausencia de apoyo probatorio y valoración de l as pruebas existentes, al afirmar en su sentencia que el dictamen realizado por la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Cesar , no justificó debidamente la modificación de la calificación. Algo que a su parecer hubiera podido ser resuelto solicitando la comparecencia de un perito u oficiar la realización de otro examen.

Manifestó que el Ejército Nacional en su escrito de apelac ión realizó un resumen del régimen jurídico aplicable en materia de pensión de invalidez para miembros de la Fuerza Públi ca, oponié ndose al decreto de la Junta de Calificación de Invalidez del Cesar, manifesta ndo que los dictámenes realizados por esta enti dad son aplicables a quienes cobija el régimen legal común , y no al personal perteneciente a las fuerzas militares , con lo que no se en cuentra de acuerdo, ya que en jurisprudencia del mismo Consejo de Estado s e ha reconoci do pensiones de inv alidez a exsoldados evaluados por las distintas juntas m édicas de calificación del país.

1.5. Trámite, contestaciones e intervenciones

Mediante auto de 5 de noviembre de 2025, se admitió la solicitud de tutela y se ordenó notificar esta decisión al actor y como demandados a los magistrados que integran el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B.

Mediante auto de 5 de noviembre de 2025, se admitió la solicitud de tutela y se ordenó notificar esta decisión al actor y como demandados a los magistrados que integran el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B.

Así mismo, dentro de esta misma providencia s e ordenó c omunicar a los magistrados del Tribunal Administrativo del Cesar, al ministro de Defensa Nacional y al comandante del Ejército Nacional, en atención al posible interés que le asiste en las resultas del presente asunto.Demandante: Roberto Carlos Barboza Masea Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B Radicado: 11001-03-15-000-2025-06849-00

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 5 Remitidas las respectivas c omunicaciones2, se presentaron las siguientes intervenciones:

1.5.1. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B

El magistrado ponente rindió informe en el cual hizo un recuento de las actuaciones surtidas dentro del medio de control objeto de cont roversia, a partir del cual solicitó declarar improced ente la acción o s ubsidiariamente negar las súplicas elevadas por el actor con respaldo en que l as decisiones que profirió están debidamente motivadas. Así que, no se configuró alguna actuación arbitraria que configure alguno de los yerros invocados y permita que la tutela proceda como mecanismo de protección subsidiario.

1.5.2. Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional

que configure alguno de los yerros invocados y permita que la tutela proceda como mecanismo de protección subsidiario.

1.5.2. Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional

Esta entidad por correo electrónico allega contestación , sin embargo, cabe aclarar de antemano, que el profesional del derecho quien se presenta co mo apoderado de la institución, allega escrito3 rindiendo informe frente a la presente acción , y posteriormente allega el poder4 otorgado para ejercer dicha función.

En su escrito se observó que realiza una un recuento frente al incumplimiento de los requisitos de procedibilidad de la acción de tutela y la ausencia de vulneración de derechos fundamentales , indicando que no se cumple con los requisi tos para habilitar el estudio de la acción.

Y concluyó con la petici ón de declarar la improcedencia de la acc ión p or no cumplir con l os requisitos básicos para la presentación de la acción contra providencia judicial, y tampoco se puede observar en los hechos una vulneració n de lo derechos fundamentales expuestos, para la prosperidad de esta, por lo tanto, se nieguen las pretensiones del accionante.

1.5.3. El Tribunal Administrativo del Cesar, pese a que fue debidamente notificado de la existencia del presente trámite5, guardó silencio.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

La Sección Quinta del Consejo de Est ado es competente para conocer de la presente acción constitucional, según lo previsto en los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015, modificado por el artículo 1º del Decreto 3 33 de 2021, así como en el Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019.

1069 de 2015, modificado por el artículo 1º del Decreto 3 33 de 2021, así como en el Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019.

2.2. Problema jurídico

Corresponde a la Sala analizar si la solicitud de tutela cumple con los requisitos

2 Mediante oficios enviados el de noviembre de 2025, índice de Samai No. 008. 3 Según la información visible en el índice 011 de SAMAI, de fecha 12 de noviembre de 2025. 4 Según la información visible en el índice 017 de SAMAI, de fecha 24 de noviembre de 2025. 5 Según la información visible en el índice 008 de SAMAI.Demandante: Roberto Carlos Barboza Masea Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B Radicado: 11001-03-15-000-2025-06849-00

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 6 generales de procedibilidad y, de superarse lo an terior, deberá verificar si el Consejo de Estad o, Sección Segunda, Subsección B, vulneró los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, a la seguridad jurídica, al acceso a la administración de justicia, a la seguridad social y al mínimo vital, así como los principios de prevale ncia del d erecho sustanci al, de seguridad jurídica y de confianza legítima del se ñor Barbosa Masea, al presuntamente incurrir en los yerros planteados.

Para resolver este problema, se analizarán los siguientes aspectos: i) el criterio de

confianza legítima del se ñor Barbosa Masea, al presuntamente incurrir en los yerros planteados.

Para resolver este problema, se analizarán los siguientes aspectos: i) el criterio de la Sección respecto a la p rocedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales y los requisitos adjetivos de procedibilidad y, finalmente, de encontrarse superados se abordará, ii) el fondo del reclamo.

2.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012, unificó la diversidad de criterios que la corporación tenía respecto a la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales y concluyó:

(…) [S]i bien es cierto que el criterio mayoritario de la Sala Plena de lo Contencio so Administrativo ha si do el de considerar improcedente la acción de tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que las distintas Secciones que la componen, ant es y despué s del pronunciamiento de 29 de junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acci ón constitucional, de manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales, de ahí que se modifique tal cri terio radical y se admita, como se hace en esta providencia, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de tales derechos, observando al efecto los parámetros fi jados hast a el moment o Jurisprudencialmente. 6

Conforme al anterior precedente, la corporación modificó su criterio s obre la

en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de tales derechos, observando al efecto los parámetros fi jados hast a el moment o Jurisprudencialmente. 6

Conforme al anterior precedente, la corporación modificó su criterio s obre la procedencia de la acción de tutela y, en consecuencia, es necesario estudiar aquellas que se presenten contra providencia judicial y analizar si se vulnera algún derecho fundamental, observando al efecto los parámetros fijado s h asta el momento por la jurisprudencia, como expresamente lo indicó la decisión de unificación.

Así, para la sala es importante precisar bajo qué paráme tros se hará ese estudio, pues la sentencia de unificación se refirió a los «(…) fijados hasta el mom ento jurisprudencialmente (…)». En efecto, sabido es que la tutela es un mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos fundamentales como lo señala el ar tículo 86 constitucional y, por ende, la procedencia de esta acción no puede ser ajena a esas características.

La Corte Constitucional se ha referido en forma amplia a unos requisitos generales y otros específicos de procedencia de la acci ón de tutela, lo s cuales dan origen a que se conceda o niegue el derecho al amparo –procedencia sustantiva– o que impiden efectivamente adentrarnos en el fondo del asunto –procedencia adjetiva–.

6 M.P. María Elizabeth García González, rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01.Demandante: Roberto Carlos Barboza Masea Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B Radicado: 11001-03-15-000-2025-06849-00

Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B Radicado: 11001-03-15-000-2025-06849-00

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 7 En ese orden, primero se verifica que la solicitud de tutela cumpla unos presupuestos generales de procedibilidad. Estos requisitos son: i) que sea relevante con stitucionalmente, ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) inmediatez, y iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado.

Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la sección declarará improcedente el amparo solicitado y no entrará a analizar el fondo del asunto. Por el contrario, cumplidos esos parámetros corresponderá adentrarse en la materia objeto del amparo, a parti r de los argumentos expuestos en la solicitud y de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la prosperida d o negación del amparo se requerirá: i) que la causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir el debate de instancia.

Cabe reiterar que esta acción constitucional no puede ser considerada como una «tercera instancia » que se emplee, por ejemplo, para reviv ir términos, interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.

2.3.1. En lo referente al requisito de relevancia constitucional cabe precisar que

«tercera instancia » que se emplee, por ejemplo, para reviv ir términos, interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.

2.3.1. En lo referente al requisito de relevancia constitucional cabe precisar que la Corte Constitucional en la sentencia SU -215 de 2022 explicó que, dado que las sentencias hacen tránsito a cosa juzgada, cuando se presente un mecanismo de amparo constitucional contra una decisión judicial «(. ..) el juez de t utela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la providencia cuestionada se ñalados por el accionante, pues tiene vedado adelantar un control oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada».

Igualmente, enfatizó en que cuando se cuestiona un a pro videncia de una alta corte, el análisis de procedencia debe ser más restrictivo teniendo en cuenta que la decisión fue proferida por un órgano de cierre. En ese sentido, el alto tribunal constitucional consider ó que la tutela implica un juicio de validez y no una corrección del fallo objeto de reparo, por lo que no se puede utilizar este instrumento como una instancia adicional para discutir cuestiones probatorias o formas de interpretación de las normas que se zanjaron por el juez natural.

A su vez, la citada corporación precisó que el requisito de la relevancia constitucional «protege el carácter subsidiario de la acción de tutela, las competencias tanto del juez de tutela c omo del ordinario, y previene que la tutela se convierta en una instancia o recu rso adicional para reabrir debates meramente legales» y explicó en detalle los c riterios que se deben tener en cuenta para verificar si se supera esta exigencia, los cuales son:

se convierta en una instancia o recu rso adicional para reabrir debates meramente legales» y explicó en detalle los c riterios que se deben tener en cuenta para verificar si se supera esta exigencia, los cuales son:

(...) (i) [Q]ue el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desar rollar la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamenta l; (ii) que la controversia no se limite a una discusión meramente legal o de contenido estrictamente económico con connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una afectación desproporcionada a derechos fundamentales. F inalmente, cuando la acción de tutela se dirige contra una providencia judicial de una alta cort e, se exige advertir, además, una vulneración arbitraria o violatoria de derechos fundamentales.Demandante: Roberto Carlos Barboza Masea Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B Radicado: 11001-03-15-000-2025-06849-00

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 8 En el asunto sometido a consideración de la sala, el demandan te c uestionó la providencia del 29 de mayo de 2025, dictada por la Sección Segunda, Subsección B, del Consejo de Estado, mediante la cual se revocó la decisión adoptada el 9 de febrero de 2023 po r el Tribunal Administrativo del Cesar, que había concedido l as pretensiones del medio de control.

Es así, co mo el señor Barboza Masea consideró que la prov idencia cuestionada

febrero de 2023 po r el Tribunal Administrativo del Cesar, que había concedido l as pretensiones del medio de control.

Es así, co mo el señor Barboza Masea consideró que la prov idencia cuestionada adolece de «defecto sustantivo y desconocimiento del precedente» , tras no aplicarse a su caso la tesis del Consejo de Estad o manejada en la sentencia del proceso 13001 -23-31-000-2004-01246-01, frente a la aplicación de l os art ículos 226, 228 y 232 del Código General del Proceso , los cuales versan sobre la prueba pericial, la contradicción del dictamen y la apreciación del dictamen.

De entrada, la sala advierte que no se cumple el requisito de procedibilidad bajo análisis en lo concernie nte a tales cargos, pues con los argumentos expuestos en el escrito de la tutela no se observa a primera vista alguna actuación arbitraria de la sección enjuiciada que posiblemente atente contra las garantías iusfundamentales del actor, sino las inconformi dades que tiene respecto del estudio abordado en su caso.

Esto es así, por cuanto el debate propuesto en el defecto sustantivo versa sobre una cuestió n de int erpretación meramente legal y los reproches del accionante están dirigidos a que se modifique el raciocinio de la corporación enjuiciada tras no estar de acuerdo con lo decidido, más allá de sugerir alguna discusión que justifique razonablemente un a afecta ción desproporcionada de sus derechos invocados, entre estos, el del debido proceso7.

Cabe resa ltar que en las tutela s dirigidas contra providencias se exige la observancia de una carga ar gumentativa mayor, sin que ello implique una técnica

invocados, entre estos, el del debido proceso7.

Cabe resa ltar que en las tutela s dirigidas contra providencias se exige la observancia de una carga ar gumentativa mayor, sin que ello implique una técnica hermenéutica e specífica, con el propósito que se expliquen los motivos por los cuáles una sentencia vulnera los derechos fundamentales invocados.

La razón de ser de esta exigencia radica en que si prosper a el amparo deprecado se afectaría el principio de cosa juzgada de la providencia cuestionada en sede de tutela, estudio que solo tiene lugar cuando de la argumentación que la parte actora realice se deduzca con claridad que la decisión es irrazonable y qu e con e sta se quebrantan garantías constitucionales.

De otro lad o, y respecto al desconocimiento del precedente, se observa que el accionante únicamente mencionó la providencia que consideraba desconocida, pero no expli có de qué manera el criterio adoptado en el fallo citado d ifería de lo resuelto en la decisión objeto de debate, respecto de las cuales la colegiatura accionada se pronunció, aunque no en el sentido que él solicitaba.

7 Al respecto, en la sentencia SU-215 de junio de 2022 la Corte Constitucional señaló que el núcleo esencial de este derecho radica en «(...) hac er valer an te los jueces derechos e intereses de las personas, mediante la defensa contradictoria, y de obtener, en fin, una respuesta fundada en derecho”. Sin embargo, los derechos al debido proce so y al acceso a la justicia no se traducen en la obtención de una res puesta favorable. En efecto, la jurisprudencia co nstitucional ha explicado que esta garantía se traduce en “la posibilidad de emplear todos los medios

la obtención de una res puesta favorable. En efecto, la jurisprudencia co nstitucional ha explicado que esta garantía se traduce en “la posibilidad de emplear todos los medios legítimos y adecuados para ser oído y pretender una decisión favorable”.»Demandante: Roberto Carlos Barboza Masea Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B Radicado: 11001-03-15-000-2025-06849-00

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 9 Entonces, lo argumentado por el tutelante en esta oportunidad está dirigido a que se varíe la interpretac ión legal realizada por la Secció n Segunda, Subsección B del Consejo de Estado, en su condición de órgano de cierre de la jurisdicción de lo contencioso administrati vo, sin que lo pretendi do sea trascendente para la aplicación de la Constitución o la determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales invocados.

Adicionalmente, el actor indicó que la providencia en cuestión adolece de defecto fáctico al no solicitar un apo yo adicional como un perito o un nuevo diagnóstico de una Junta Médica nombrada por ellos mismos.

Para e sta corporación , la parte actora no cumplió con la carga iusfundamental requerida para superar el requisito en estudio, toda vez que sus reproches están dirigidos a que se modifique el raciocinio de la corporación enjuiciada , tr