CE - Sentencia 11001031500020250686900 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Consejero Ponente: NICOLÁS YEPES CORRALES

Bogotá D.C., doce (12) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

Radicación: 11001-03-15-000-2025-06869-00

Accionante: María Cristina Palacio Valencia

Accionados: Despacho del Magistrado Adonay Ferrari Padilla del Tribunal Administrativo del Magdalena Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

La Sala decide la acción de tutela presentada por María Cristina Palacio Valencia en contra del Despacho del Magistrado Adonay Ferrari Padilla , del Tribunal Administrativo del Magdalena.

I. ANTECEDENTES

1. La solicitud de tutela

María Cristina Palacio Valencia presentó acción de tutela 1 en contra del Despacho del Magistrado Adonay Ferrari Padilla del Tribunal Administrativo del Magdalena, en procura de la protección de su derecho fundamental de petición, debido a que, en el marco del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho 47-001-23-33-000-2020-00119-00, no se ha proferido sentencia de primera instancia y no se le ha dado una respuesta frente a la solicitud que radicó ante la autoridad judicial, con el fin de que se le diera impulso procesal al asunto, se le informara el turno para fallo y el término estimado para emitir una decisión.

2. Hechos.

2.1. El 10 de marzo de 2020 2 María Cristina Palacio Valencia interpuso demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la Universidad del Magdalena y la

una decisión.

2. Hechos.

2.1. El 10 de marzo de 2020 2 María Cristina Palacio Valencia interpuso demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la Universidad del Magdalena y la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones.

2.2. Mediante providencia del 25 de marzo de 20253, el despacho demandado, con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo CSJMAA24-56 del 8 de mayo de 2024, por el cual el Consejo Seccional de la Judicatura del Magdalena ordenó la redistribución de varios procesos, dispuso remitir el asunto al despacho de la magistrada Martha Lucía

1 Obra en el certificado 25B424E872842380 EB78CA46F9C3B028 65BF6C0AEE159F88 FF0244DBC01D8B04, índice 2. 2 Según el índice 1 del expediente 47001233300020200011900 del Tribunal Administrativo del Magdalena. 3 Obra en el certificado FAE1150887F4EB76 ECA0F92BBF3317D8 6EF15467E6FE7D95 C6068F639CE4371F, índice 77, ibid.2

Radicación: 11001-03-15-000-2025-06869-00

Accionante: María Cristina Palacio Valencia Accionado: Despacho del Magistrado Adonay Ferrari Padilla del Tribunal Administrativo del Magdalena Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia Mogollón Saker, quien, a su vez, decidió el 7 de abril de 2025 4 no avocar conocimiento, al considerar que no se cumplían los requisitos para la redistribución.

Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia Mogollón Saker, quien, a su vez, decidió el 7 de abril de 2025 4 no avocar conocimiento, al considerar que no se cumplían los requisitos para la redistribución.

2.3. Como consecuencia, el expediente volvió a pasar al Despacho inicial para fallo el 29 de abril de 20255.

2.4. Posteriormente, la actora interpuso una petición6 en la que solicitó que se le informara el turno para fallo asignado a su proceso, se adoptaran medidas de impulso procesal y se le indicara si existía alguna circunstancia que impidiera o retardara la decisión de primera instancia.

2.5. El 7 de noviembre de 2025 7 el Tribunal Administrativo del Magdalena vinculó como litisconsorte necesaria a Juana Campo Oñate y se le corrió traslado de la demanda.

2.6. En razón a la anterior actuación, la parte demandante 8 allegó un registro civil de defunción y solicitó que se dejara sin efectos la vinculación.

3. Fundamento de la solicitud de amparo

La interesada indicó que su derecho fundamental fue vulnerado por la falta de respuesta de fondo frente a la petición de impulso procesal que elevó el 19 de agosto de 2025.

4. Pretensiones

La parte accionante textualmente solicitó:

“1. AMPÁRESE el derecho fundamental de petición invocado.

2. ORDÉNESE al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL MAGDALENA – DESPACHO DEL MAGISTRADO ADONAY FERRARI PADILLA que, dentro de las 48 horas siguientes a la notificación del fallo, responda de manera clara, completa y

2. ORDÉNESE al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL MAGDALENA – DESPACHO DEL MAGISTRADO ADONAY FERRARI PADILLA que, dentro de las 48 horas siguientes a la notificación del fallo, responda de manera clara, completa y congruente la solicitud radicada el 19 de agosto de 2025 a través de SAMAI, informando: ➢ El turno actual del proceso No. 47-001-2333-000-2020-00119-00. ➢ Las acciones o gestiones de impulso procesal realizadas.

4 Obra en el certificado 21041583FE4D22A8 50F23F1FF205A499 53512D99B0F39E88 F5085468C724ACBA, índice 83, ibid. 5 Índice 92, ibid. 6 Obra en el certificado D08BB57C35F99077 5D2E22531FC3AD8F 934672FF1F5A40D4 3E7D956BD34B39C8, índice 94, ibid. 7 Obra en el certificado 0D70AAD78641F092 309801842EC33A38 01CBC384575A8146 30EBBDCDD0F9EDC5, índice 95, ibid. 8 Obra en el certificado CAA8FB8B755AFA1B 2EA390EE7C3ED6E1 38492A7E06318596 EB7C43B5310D36B1, índice 100, ibid.3

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Accionante: María Cristina Palacio Valencia Accionado: Despacho del Magistrado Adonay Ferrari Padilla del Tribunal Administrativo del Magdalena Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

Accionante: María Cristina Palacio Valencia Accionado: Despacho del Magistrado Adonay Ferrari Padilla del Tribunal Administrativo del Magdalena Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia ➢ Las razones de la demora y el plazo estimado para dictar sentencia.

3. ACLÁRESE que esta acción no pretende interferir en la autonomía judicial ni en el contenido del fallo de fondo, sino garantizar una respuesta efectiva a una solicitud legítima de información procesal”9.

5. Trámite de la acción de tutela y fundamento de la oposición

5.1. Mediante proveído del 6 de noviembre de 2025 10 el Despacho ponente admitió la acción de tutela y ordenó notificar, en calidad de demandado, al Despacho del Magistrado Adonay Ferrari Padilla del Tribunal Administrativo del Magdalena; y, en calidad de tercero con interés, al Despacho de la Magistrada Martha Lucía Mogollón Saker de la misma Corporación11.

5.2. El Despacho demandado contestó12 que el 11 de noviembre de 2025 13 ofreció a la ciudadana una contestación de fondo, íntegra, suficiente y congruente, por lo cual solicitó que se declare la carencia actual de objeto por hecho superado.

5.3. La tutelante, a su turno, allegó memorial 14 mediante el cual informó sobre la respuesta proporcionada por la autoridad judicial, pero consideró que no era suficiente, ya que la persona vinculada a su proceso como litisconsorte necesario falleció el 26 de mayo de 2023, por lo que no existe circunstancia que amerite la suspensión del trámite y su petición sigue sin ser atendida de fondo, pues no se le dio a conocer el turno real de su proceso ni se le explicó la fecha estimada para fallo.

mayo de 2023, por lo que no existe circunstancia que amerite la suspensión del trámite y su petición sigue sin ser atendida de fondo, pues no se le dio a conocer el turno real de su proceso ni se le explicó la fecha estimada para fallo.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer de la acción de tutela interpuesta por María Cristina Palacio Valencia en contra del Despacho del Magistrado Adonay Ferrari Padilla, del Tribunal Administrativo del Magdalena , de conformidad con lo establecido en los

9 Folio 3 del certificado 25B424E872842380 EB78CA46F9C3B028 65BF6C0AEE159F88 FF0244DBC01D8B04, índice 2. 10 Obra en el certificado B733FDD3961739AF EC93F8E1BB8A4A90 06D027C080AD8FC8 7AA8F1FD096BF357, índice 4. 11 Los soportes de notificación obran en el índice 7. 12 Obra en certificado D9B4ABC5B968E818 A32ACE9BFBC340C2 E8A6E76900310E1E 35FC39E91E8A2B53, índice 8. 13 Folios 5 – 10, ibid. 14 Obra en el certificado D64B66D554BB01E5 394D4514D3A1089C 813B17B86ECBAE19 931F43FABDC79D7A, índice 10.4

Radicación: 11001-03-15-000-2025-06869-00

Accionante: María Cristina Palacio Valencia Accionado: Despacho del Magistrado Adonay Ferrari Padilla del Tribunal Administrativo del Magdalena

índice 10.4

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Accionante: María Cristina Palacio Valencia Accionado: Despacho del Magistrado Adonay Ferrari Padilla del Tribunal Administrativo del Magdalena Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia artículos 86 de la Constitución, 37 del Decreto 2591 de 1991 y 13 del Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado.

2. Problema jurídico

Le corr esponde a la Sala determinar si la autoridad accionada vulneró el derecho fundamental de petición de la tutelante.

3. Del derecho de petición ante las autoridades judiciales15

3.1. De conformidad con lo dispuesto en la Ley 1755 de 2015, que regula el derecho fundamental de petición en desarrollo del artículo 23 de la Constitución, toda persona está facultada para presentar peticiones respetuosas y tiene derecho a recibir una respuesta de fondo, oportuna, clara, precisa y congruente, dentro de los términos establecidos en dicha ley.

3.2. En todo caso, la Sala reitera que la jurisprudencia ha establecido que las peticiones elevadas ante los funcionarios judiciales se dividen en dos clases: la primera corresponde a aquellas de índole jurisdiccional y, por lo tanto, se regulan por las normas propias de dicha naturaleza; y la segunda comprende las solicitudes que no tienen relación con el proceso y, en consecuencia, se rigen por las disposiciones generales del derecho de petición establecidas en la ley. Sobre el tema, la Corte Constitucion al ha señalado lo siguiente:

“Esta Corporación respecto a las peticiones presentadas frente actuaciones judiciales

petición establecidas en la ley. Sobre el tema, la Corte Constitucion al ha señalado lo siguiente:

“Esta Corporación respecto a las peticiones presentadas frente actuaciones judiciales ha sostenido que, en estos eventos, el alcance de este derecho encuentra limitaciones, por ello, se ha especificado que deben diferenciarse las peticiones que se formulen ante los jueces, las cuales serán de dos clases: (i) las referidas a actuaciones estrictamente judiciales, que por tales se encuentran reguladas en el procedimiento respectivo, debiéndose sujetar entonces la decisión a los términos y etapas procesales pre vistos para el efecto; y (ii) aquellas que por ser ajenas al contenido mismo de la litis e impulsos procesales, deben ser atendidas por la autoridad judicial en su condición, bajo las normas generales del derecho de petición que rigen la administración, esto es, el Código Contencioso Administrativo”16.

A partir de lo expuesto, cierto es que ante las autoridades judiciales se pueden elevar peticiones, sin embargo, las que tienen que ver con asuntos relativos a los procesos que conocen, se sujetan a la ley especial que define el juicio.

15 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 11 de septiembre de 2019, rad. 2019-03518-00 (AC). 16 Sentencia T-311 de 2013.5

Radicación: 11001-03-15-000-2025-06869-00

Accionante: María Cristina Palacio Valencia Accionado: Despacho del Magistrado Adonay Ferrari Padilla del Tribunal Administrativo del Magdalena Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

Accionante: María Cristina Palacio Valencia Accionado: Despacho del Magistrado Adonay Ferrari Padilla del Tribunal Administrativo del Magdalena Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

En este contexto, si un funcionario desatiende un pedimento de naturaleza judicial, puede poner en amenaza los derechos fundamentales de acceso a la administración de justicia y al debido proceso de los usuarios, en lugar del estipulado en el artículo 23 Superior.

Sobre el asunto, el Tribunal Constitucional ha dicho que

“la omisión del funcionario judicial en resolver las solicitudes formuladas por las partes o sus apoderados propias de la actividad jurisdiccional, no configura una violación del derecho fundamental de petición, sino al debido proceso y al acceso de la admi nistración de justicia, puesto que en la medida en que dicha conducta desconozca los términos de ley y carezca de motivo probado y razonable, implica una dilación injustificada al interior del proceso judicial la cual está proscrita por el ordenamiento constitucional”17.

4. De la carencia actual de objeto

El Alto Tribunal Constitucional, en reiterada jurisprudencia18, ha indicado que la carencia actual de objeto se configura cuando frente a las pretensiones esbozadas en la acción de tutela cualquier orden emitida por el juez sería inane. Específicamente, esta figura tiene lugar cuando se presenta un daño consumado 19, un hecho superado 20 o una situación sobreviniente21.

17 Sentencia T-192 de 2007. 18 Se toma de la sentencia T-038 de 2019. 19 Se da cuando se materializa la afectación que se pretendía evitar con la acción de tutela, de tal manera que el juez

17 Sentencia T-192 de 2007. 18 Se toma de la sentencia T-038 de 2019. 19 Se da cuando se materializa la afectación que se pretendía evitar con la acción de tutela, de tal manera que el juez no puede emitir una orden al respecto, con el fin de hacer que cese la vulneración o impedir que se consume el peligro. Sobre el asunto, consultar la sentencia SU-225 de 2013, dictada por la Corte Constitucional. 20 Tiene cabida entre el momento de interposición de la acción de tutela y el fallo. Se apercibe cuando, como consecuencia del obrar de la accionada, cesó la vulneración de derechos fundamentales alegada por el accionante. Se configura si se realizó la conducta pedida (acción u abstención) y, por tanto, terminó la afectación, por lo que resulta inocua cualquier intervención del juez constitucional en aras de proteger derecho fundamental alguno, pues ya la accionada los ha garantizado. Sobre los casos en que c esó la vulneración de derechos fundamentales ver las sentencias de la Corte Constitucional T -970 de 2014, T-597 de 2015, T-669 de 2016, T-021 de 2017, T-382 de 2018, entre otras. En lo relacionado con la terminación de la afectación, el artículo 26 del Dec reto 2591 de 1991 establece: “[s]i, estando en curso la tutela, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará fundada la solicitud únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”. 21 El hecho sobreviniente ha sido reconocido tanto por la Sala Plena como por las distintas Salas de Revisión. Es una

actuación impugnada, se declarará fundada la solicitud únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”. 21 El hecho sobreviniente ha sido reconocido tanto por la Sala Plena como por las distintas Salas de Revisión. Es una categoría que ha demostrado ser de gran utilidad para el concepto de carencia actual de objeto, pues por su amplitud cobija casos que no se enmarcan en los conceptos tradicionales de daño consumado y hecho superado. El hecho sobreviniente remite a cualquier “otra circunstancia que determine que, igualmente, la orden del juez de tutela relativa a lo solicitado en la demanda de amparo no surta ningún efecto y por lo tanto caiga en el vacío”. No se trata entonces de una categoría homogénea y completamente delimitada. A manera de ilustración, la jurisprudencia ha declarado un hecho sobreviniente cuando: (i) el actor mismo es quien asume la carga que no le correspondía para superar la situación vulneradora; (ii) un tercero ––distinto al accionante y a la entidad demandada–– ha logrado que la pretensión de la tutela se satisfaga en lo fundamental; (iii) es imposible proferir alguna orden por razones que no son atribuibles a la entidad demandada; o (iv) el actor simplemente pierde interés en el objeto original de la Litis. Al respecto consultar la SU-522 de 2019, así como las sentencias T-988 de 2007, T-585 de 2010, T-200 de 2013, T-481 de 2016, entre otras.6

Radicación: 11001-03-15-000-2025-06869-00

Accionante: María Cristina Palacio Valencia Accionado: Despacho del Magistrado Adonay Ferrari Padilla del Tribunal Administrativo del Magdalena

Radicación: 11001-03-15-000-2025-06869-00

Accionante: María Cristina Palacio Valencia Accionado: Despacho del Magistrado Adonay Ferrari Padilla del Tribunal Administrativo del Magdalena Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

5. El caso concreto

5.1. La parte accionante alega que se vulneró su derecho de petición, en la medida en que no obtuvo respuesta a la solicitud radicada el 19 de agosto de 2025, relacionada con conocer el turno para fallo de su litigio, dar impulso procesal al trámite y obtener información sobre posibles circunstancias que impidieran proferir una sentencia de primera instancia.

5.2. Analizados los expedientes tanto constitucional como ordinario, se observó que, como bien lo señaló la autoridad judicial demandada, el 11 de noviembre de 2025 22 se pronunció sobre cada uno de los interrogantes formulados por la actora e hizo especial énfasis en que, dada la vinculación como litisconsorte necesaria de Juana Campo Oñate, a través del auto del 7 de noviembre de 2025 23, aún no era posible proferir sentencia de primera instancia.

5.3. Así, sin perjuicio de las particularidades del ejercicio del derecho de petición ante autoridades judiciales anteriormente citadas, resulta evidente que la peticionaria ya obtuvo una respuesta de fondo, clara y pertinente frente a lo solicitado, por lo que es suficiente para considerar que se superó la situación que se estimaba como fuente de vulneración de su derecho fundamental y que se satisfizo lo pretendido en la demanda tuitiva.

5.4. Ahora, en lo relativo al desacuerdo manifestado por la actora frente a la contestación

vulneración de su derecho fundamental y que se satisfizo lo pretendido en la demanda tuitiva.

5.4. Ahora, en lo relativo al desacuerdo manifestado por la actora frente a la contestación obtenida y al hecho del fallecimiento de la litisconsorte necesaria, esta Sala no hará manifestación adicional al respecto, pues, dado que en el presente asunto la petic ión formulada se encontraba encaminada a imprimir celeridad a un proceso de naturaleza judicial, no puede considerarse que la respuesta por parte de la autoridad accionada constituya una violación del artículo 23 Superior, menos aún si se atiende al h echo de que la mencionada litis se encuentra en curso y, dentro del proceso ordinario, el juez natural no se ha pronunciado sobre la circunstancia que genera la inconformidad de la actora con la respuesta otorgada, ya que es evidente que el 14 de noviembre de 202524 allegó un memorial en el que solicitó a la autoridad judicial demandada dejar sin efectos la vinculación de la litisconsorte.

22 Folios 5 – 10 del certificado D9B4ABC5B968E818 A32ACE9BFBC340C2 E8A6E76900310E1E 35FC39E91E8A2B53, índice 8. 23 Obra en el certificado 0D70AAD78641F092 309801842EC33A38 01CBC384575A8146 30EBBDCDD0F9EDC5, índice 95 del expediente 47001233300020200011900 del Tribunal Administrativo del Magdalena. 24 Obra en el certificado CAA8FB8B755AFA1B 2EA390EE7C3ED6E1 38492A7E06318596 EB7C43B5310D36B1, índice 100, ibid.7

24 Obra en el certificado CAA8FB8B755AFA1B 2EA390EE7C3ED6E1 38492A7E06318596 EB7C43B5310D36B1, índice 100, ibid.7

Radicación: 11001-03-15-000-2025-06869-00

Accionante: María Cristina Palacio Valencia Accionado: Despacho del Magistrado Adonay Ferrari Padilla del Tribunal Administrativo del Magdalena Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

5.5. Por lo anterior, al haberse satisfecho lo pretendido por la parte demandante, esta Subsección procederá a declarar la improcedencia del amparo por carencia actual de objeto por hecho superado.

En mérito de lo expuesto, la Subsección C de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

III. RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados por el medio más expedito.

TERCERO: ENVIAR a la Corte Constitucional para su eventual revisión, en caso de no ser impugnada en el término.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

WILLIAM BARRERA MUÑOZ Presidente de la Sala Aclara voto

ADRIANA POLIDURA CASTILLO

Consejera de Estado

NICOLÁS YEPES CORRALES

Consejero de Estado