CE - Sentencia 11001031500020250687900 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Magistrado ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL

Bogotá D.C., once (11) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

Acción: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2025-06879-00

Accionante: JAVIER ERNESTO BETANCOURT VALLE

Accionados: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA Y OTROS

Temas: Derecho al habeas data y de petición.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Esta Sala es competente para conocer la acción de tutela presentada por la parte actora en contra del Consejo Superior de la Judicatura, de la Fiscalía General de la Nación – Dirección Especializada de Lavado de Activos, del Juzgado 42 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá y de la Superintendencia de Industria y Comercio – Delegatura para la Protección de Datos Personales. Lo anterior, de conformidad con lo establecido por el Decreto 2591 de 1991, en concordancia con el Decreto 1069 de 20 15, modificado por los decretos 333 de 2021 y 799 de 2025, así como el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado.

Por auto del 5 de noviembre de 2025 1, se admitió la solicitud de amparo de la referencia.

I. ANTECEDENTES

Consejo de Estado.

Por auto del 5 de noviembre de 2025 1, se admitió la solicitud de amparo de la referencia.

I. ANTECEDENTES

1.1. Tutela

1. El señor Javier Ernesto Betancourt Valle, en nombre propio, instauró acción de tutela en contra el Consejo Superior de la Judicatura, la Fiscalía General de la Nación – Dirección Especializada de Lavado de Activos, el Juzgado 42 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá y la Superintendencia de Industria y Comercio – Delegatura para la Protección de

1 Índice 4 de Samai. Mediante este auto se notificó como accionados al Consejo Superior de la Judicatura, la Fiscalía General de la Nación – Dirección Especializada de Lavado de Activos, el Juzgado 42 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá y la Superintendencia de Industria y Comercio – Delegatura para la Protección de Datos Personales. A su vez, se ordenó vincular como tercero con interés al Juzgado 42 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá, al Centro de Servicios Judiciales del Sistema Penal Acusatorio (SPA) y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, esta última en los términos del artículo 610 del Código General del Proceso. Posteriormente, en auto del 21 de noviembre de 2025, se vinculó al Juzgado 15 Penal Municipal Con Funciones de Control de Garantías de Bogotá y al Centro de Servicios Judiciales de Paloquemao de Bogotá.Accionante: Javier Ernesto Betancourt Valle Accionados: Consejo Superior de la Judicatura y otros Radicado: 11001-03-15-000-2025-06879-00

Servicios Judiciales de Paloquemao de Bogotá.Accionante: Javier Ernesto Betancourt Valle Accionados: Consejo Superior de la Judicatura y otros Radicado: 11001-03-15-000-2025-06879-00

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Datos Personales. Con la solicitud de amparo pretende que se le proteja sus derechos fundamentales de petición, al habeas data, al buen nombre, a la honra y al debido proceso.

2. Las anteriores garantías las estimó vulneradas con ocasión del registro de un proceso de lavado de activos en su contra 2, en la página web de consulta de procesos de la Rama Judicial, frente al cual asegura que nunca ha estado vinculado. A su vez, cuestiona que pese a los traslados realizados por las entidades accionadas a las peticiones que ha presentado, ninguna entidad ha efectuado la corrección de la información que requirió.

3. En particular, el actor solicitó lo siguiente:

1. Amparar mis derechos fundamentales al hábeas data, buen nombre, honra, petición y debido proceso.

2. Ordenar al CENDOJ y al Centro de Servicios Judiciales de Paloquemao eliminar o corregir de inmediato la información que me asocia con un proceso penal por lavado de activos.

3. Medida provisional: ocultar temporalmente la información o agregar nota aclaratoria.

4. Ordenar a la Fiscalía General de la Nación certificar la inexistencia de proceso penal vigente en mi contra.

5. Ordenar a la SIC ejercer vigilancia y control sobre la protección de mis datos personales.

aclaratoria.

4. Ordenar a la Fiscalía General de la Nación certificar la inexistencia de proceso penal vigente en mi contra.

5. Ordenar a la SIC ejercer vigilancia y control sobre la protección de mis datos personales.

6. Disponer medidas de no repetición y verificación del cumplimiento del fallo.

1.2. Hechos

4. En el Sistema de Consulta de Procesos Nacional Unificada de la Rama Judicial se encuentra publicada la información de un proceso penal 3 que se adelanta contra el señor Betancourt Valle por el delito de lavado de activos. La última actuación registrada en dicho trámite cuenta con fecha del 18 de julio de 2019 y corresponde a la siguiente: «Grupo de Registro de Actuaciones REMITE carpeta con 45 folios y 8 cd, al Archivo de Gestión en espera de impulso procesal».

5. El 17 de julio de 2023, el actor elevó un memorial ante el Consejo Superior de la Judicatura mediante el cual solicitó lo siguiente:

Que en cumplimiento de los principios de oportunidad, proporcionalidad y finalidad que amparan el ejercicio del derecho fundamental del Habeas Data:

Se sirvan eliminar la información provista por ustedes en https://consultaprocesos.ramajudicial.gov.co/Procesos/NombreRazonSocial, en la cual se me señala como “demandado” dentro de un proceso penal por lavado de activos, indicando con claridad, que no sol o que no tengo procesos penales por lavado de activos en Colombia y nunca los he tenido, sino que nunca he sido denunciado o “demandado” por esa razón.

6. Mediante Oficio del 21 de julio de 2023, la presidencia del Consejo

lavado de activos en Colombia y nunca los he tenido, sino que nunca he sido denunciado o “demandado” por esa razón.

6. Mediante Oficio del 21 de julio de 2023, la presidencia del Consejo

2 Proceso identificado con el radicado 11001-60-000-96-2018-00277-00. 3 Ibidem.Accionante: Javier Ernesto Betancourt Valle Accionados: Consejo Superior de la Judicatura y otros Radicado: 11001-03-15-000-2025-06879-00

3 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

Superior de la Judicatura remitió por competencia la petición al Juzgado 42 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá y al Grupo de Correspondencia del Centro de Servicios Judiciales de Paloquemao.

7. Por medio de mensaje de datos remitido el 24 de julio de 2023, aquella autoridad judicial remitió la solicitud por competencia al Juzgado 42 Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento y le comunicó al actor lo siguiente:

le informo que el Juzgado procedió a verificar los radicadores de audiencias del Despacho y el aplicativo Justicia Siglo XXI, estableciendo que NO HEMOS REALIZADO, audiencia alguna relacionada con el proceso 110016000096201800277; no obstante en la caratula de la consulta del proceso, figura anotación de que el proceso se encuentra a disposición del Despacho, al parecer consiste en un error de digitación del Centro de Servicios Judiciales, ya que la última actuación que se visualiza es la audiencia que resu elve una

figura anotación de que el proceso se encuentra a disposición del Despacho, al parecer consiste en un error de digitación del Centro de Servicios Judiciales, ya que la última actuación que se visualiza es la audiencia que resu elve una apelación, realizada por el JUZGADO 42 PENAL DEL CIRCUITO DE

CONOCIMIENTO

8. A su vez, el 2 de agosto de 2023, el Centro de Servicios Judiciales del Sistema Penal Acusatorio de Paloquemao remitió por competencia dicha petición a la Fiscalía General de la Nación4. A su vez, le informó al señor Betancourt Valle

lo siguiente:

El traslado obedece a que para este centro de Servicios Judiciales NO es posible despachar de manera favorable la solicitud elevada por el ciudadano como quiera la carpeta 110016000096201800277 NI. 344465, se encuentra en el Grupo de Archivo de Gestión en espera de Impulso Procesal.

9. Finalmente, el 18 de septiembre de 2023, el actor elevó una queja ante la Superintendencia de Industria y Comercio en la que puso de presente dicha situación y alegó que su solicitud no ha sido resuelta por ninguna de las autoridades a las que se ha corrido traslado por competencia.

10. El actor alega que a la fecha de radicación de esta acción de tutela no se ha dado tramite a su solicitud y la información sobre el proceso penal que se adelanta en su contra sigue siendo de consulta pública en el Sistema de Consulta

de Procesos Nacional Unificada de la Rama Judicial.

1.3. Sustento de la vulneración

11. El tutelante aseguró que el registro del proceso penal que se adelanta en su contra en el Sistema de Consulta de Procesos Nacional Unificada de la Rama

1.3. Sustento de la vulneración

11. El tutelante aseguró que el registro del proceso penal que se adelanta en su contra en el Sistema de Consulta de Procesos Nacional Unificada de la Rama Judicial corresponde a información falsa, puesto que en ningún momento ha sido investigado por la comisión de algún delito. Al respecto, señaló que «de acuerdo con la certificación expedida por la Fiscalía General de la Nación, no existe ni ha existido en Colombia un proceso en contra del suscrito por lavado de activos»5.

4 La solicitud fue remitida a la siguiente dirección de correo electrónico: Dirsec.bogota@fiscalia.gov.co 5 En relación con esta afirmación, se pone de presente que el señor Betancourt no allegó ningún certificado o documento expedido por la Fiscalía General de la Nación.Accionante: Javier Ernesto Betancourt Valle Accionados: Consejo Superior de la Judicatura y otros Radicado: 11001-03-15-000-2025-06879-00

4 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

12. Alegó que, a pesar de la petición que elevó y de los traslados y comunicación efectuados por las autoridades accionadas, su solicitud no se ha tramitado y no se ha llevado a cabo la corrección de la información que solicitó, por lo que el sistema web de consulta de la Rama Judicial «sigue mostrando una asociación falsa con lavado de activos».

13. Sostuvo que dicha situación vulnera su derecho al habeas data y afecta su buen nombre, reputación y vida profesional, al mantenerse información errónea y sin soporte judicial vigente.

1.4. Intervenciones

13. Sostuvo que dicha situación vulnera su derecho al habeas data y afecta su buen nombre, reputación y vida profesional, al mantenerse información errónea y sin soporte judicial vigente.

1.4. Intervenciones

14. El Centro de Servicios Judiciales del Sistema Penal Acusatorio solicitó que se declare su falta de legitimación en la causa por pasiva, puesto que, a su juicio, los derechos fundamentales invocados no han sido vulnerados por esta autoridad. A su vez, pidió que se niegue el amparo invocado, al no configurarse ninguna transgresión de las garantías constitucionales del actor.

15. Puso de presente que, de conformidad con la información que reposa en el Sistema de Consulta Unificada de la Rama Judicial, en contra del señor Javier Ernesto Betancourt Valle se adelantó un proceso penal en el que se efectuaron únicamente las audiencias p reliminares. Agregó que la última actuación que se registra es del 16 de julio de 2019 en la que el Juzgado 42 Penal del Circuito con Función de Conocimiento confirmó la decisión proferida por el Juzgado 15 Penal Municipal con Función de Garantías mediante la cual se negó la solicitud al defensor de declarar la ilegalidad de una audiencia de registro y allanamiento.

Agregó que, actualmente, las diligencias en el proceso se encuentran en espera de impulso procesal, en el archivo de gestión del dicho centro de servicios judiciales.

16. Argumentó que lo pretendido por el actor no tiene vocación de prosperidad, dado que la solicitud de eliminar o corregir la información del proceso únicamente puede ser ordenada por un juez de la República, lo que no ha sucedido.

16. Argumentó que lo pretendido por el actor no tiene vocación de prosperidad, dado que la solicitud de eliminar o corregir la información del proceso únicamente puede ser ordenada por un juez de la República, lo que no ha sucedido.

17. El Juzgado 42 Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Bogotá informó que el 16 de julio de 2019 confirmó la decisión proferida por el Juzgado 15 Penal Municipal Con Función de Garantías de Bogotá que negó una solicitud del defensor del señor Javier Ernesto Betancourt Valle, elevada en el proceso penal que se adelanta en su contra. Añadió que la solicitud no es de competencia del despacho, puesto que tal autoridad no se pronunció con respecto al fondo del asunto. Finalmente, solicitó que se le desvinculara del proceso en la medida en que no ha vulnerado ningún derecho fundamental.

18. El Juzgado 42 Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Bogotá solicitó que se le desvinculara del presente asunto dadoAccionante: Javier Ernesto Betancourt Valle Accionados: Consejo Superior de la Judicatura y otros Radicado: 11001-03-15-000-2025-06879-00

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que no ha adelantado ninguna actuación en el proceso penal objeto de esta acción constitucional. De tal forma, indicó que según las diligencias efectuadas en dicho trámite, quien conoció del asunto fue el Juzgado 42 Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Bogotá.

acción constitucional. De tal forma, indicó que según las diligencias efectuadas en dicho trámite, quien conoció del asunto fue el Juzgado 42 Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Bogotá.

19. La Superintendencia de Industria y Comercio solicitó su desvinculación por carecer de legitimación en la causa por pasiva , en la medida en que las pretensiones de la acción son ajenas a sus competencias.

20. El Juzgado 15 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá informó que el proceso penal con radicado 11001 -60-000-96-201800277-00 fue asignado por reparto a dicho despacho el 7 de junio de 2019 y que, en dicha fecha, se negó una solicitud elevada por el apoderado del señor Betancourt Valle en dicho proceso. Agregó que esta decisión fue apelada, motivo por el cual se llevaron a cabo las actuaciones correspondientes para que se tramitara el recurso de alzada. Finalmente, solicitó su desvinculación del proceso de tutela al no haber vulnerado ningún derecho fundamental del actor.

1.5. Manifestación de impedimento

21. El magistrado Omar Joaquín Barreto Suárez, mediante escrito del 9 de diciembre de 2025, manifest ó́ estar impedido para conocer de la acción constitucional del asunto. Consideró que estaba inmerso en la causal 1.º del artículo 56 del Código de Procedimiento Penal.

22. Al respecto, por auto de la misma fecha de la presente providencia, la Sala declaró infundada la causal, pues no se encontr ó́ acreditado el supuesto de hecho establecido en la norma.

II. CONSIDERACIONES

22. Al respecto, por auto de la misma fecha de la presente providencia, la Sala declaró infundada la causal, pues no se encontr ó́ acreditado el supuesto de hecho establecido en la norma.

II. CONSIDERACIONES

23. La sala negará el amparo del derecho fundamental al habeas data, en la medida en que no se acreditaron los elementos requeridos para la configuración de su vulneración. Sin embargo, amparará el derecho fundamental de petición, exclusivamente, en relación con la Fiscalía General de la Nación y la

Superintendencia de Industria y Comercio.

2.1. Caso concreto

2.1.1. La solicitud de amparo cumple con los requisitos de procedibilidad de la acción de tutela

24. La legitimación en la causa consiste, de una parte, en que quien promueve la acción sea el titular del derecho o del interés que se invoca como fundamento de las pretensiones que se aducen (activa), y, de otra, en que el accionado sea el sujeto frente a quien deben reclamarse y cont rovertirse estas

(pasiva).Accionante: Javier Ernesto Betancourt Valle Accionados: Consejo Superior de la Judicatura y otros Radicado: 11001-03-15-000-2025-06879-00

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25. La Sala advierte que el señor Betancourt Valle está legitimado en la causa por activa, puesto que es contra quien se adelanta el proceso penal de cuyo registro público se predica la vulneración de su derecho al habeas data. A su vez, es quien elevó la solicitud objeto de la presente acción constitucional. Por su

por activa, puesto que es contra quien se adelanta el proceso penal de cuyo registro público se predica la vulneración de su derecho al habeas data. A su vez, es quien elevó la solicitud objeto de la presente acción constitucional. Por su parte, el Consejo Superior de la Judicatura, la Fiscalía General de la Nación, el Juzgado 42 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá y la Superintendencia de Industria y Comercio están legitimadas en la causa por pasiva, pues son autoridades ante las cuales se elevó y remitió por competencia la petición del actor. En tal medida, se negará la solicitud de desvinculación elevada por estas autoridades en sus contestaciones.

26. Por su parte, los Juzgados 15 y 42 Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Bogotá solicitaron su desvinculación del presente proceso. En relación con el juzgado 15, se negará la solicitud, en la medida en que su vinculación tuvo como fundamento el haber conocido del proceso penal cuyo registro público es objeto de la presente controvers ia constitucional. De igual forma, la petición del juzgado 42 será negada, en la medida en que esta autoridad llevó a cabo actuaciones relacionadas con la solicitud objeto de esta acción constitucional, motivo por el cual fue vinculada en calidad de tercero con interés.

27. En relación con el requisito de subsidiariedad, el artículo 86 de la Constitución Política, reglamentado por el numeral 1 del artículo 6 del Decreto 2591 de 1991, establece que la acción de tutela procederá únicamente cuando el afectado no disponga de otro mecanismo judicial para la defensa de sus derechos, salvo que sea utilizado como un mecanismo transitorio para evitar un

2591 de 1991, establece que la acción de tutela procederá únicamente cuando el afectado no disponga de otro mecanismo judicial para la defensa de sus derechos, salvo que sea utilizado como un mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. Esto implica que cuando una persona acude a la administración de justicia, no puede desconocer los mecanismos judiciales ordinarios contemplados en el ordenamiento jurídico, ni pretender que el juez de tutela adopte decisiones paralelas a las del funcionario que conoce de un determinado asunto radicado bajo su competencia.

28. De conformidad con lo anterior, la sala considera que este requisito se encuentra acreditado, en la medida en que la parte actora no cuenta con otro mecanismo judicial idóneo para la protección de sus derechos fundamentales, atendiendo a las particularidad es del caso en concreto, motivo por el cual es necesario un pronunciamiento de fondo por parte del juez constitucional.

29. Por último, se cumple con el requisito de inmediatez puesto que la presunta vulneración de las garantías fundamentales del actor se ha prolongado en el tiempo debido a la falta de trámite de su solicitud y el registro público del proceso penal que se adelanta en su contra, según la información depositada en el Sistema de Consulta Unificada de la Rama Judicial.

2.1.2. No se acreditó la vulneración del derecho al habeas data del actorAccionante: Javier Ernesto Betancourt Valle Accionados: Consejo Superior de la Judicatura y otros Radicado: 11001-03-15-000-2025-06879-00

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-06879-00

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30. El artículo 15 superior elevó a rango constitucional el derecho al habeas

data en los siguientes términos:

Todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar y a su buen nombre, y el Estado debe respetarlos y hacerlos respetar. De igual modo, tienen derecho a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bancos de datos y en archivos de entidades públicas y privadas.

En la recolección, tratamiento y circulación de datos se respetarán la libertad y demás garantías consagradas en la Constitución.

31. De acuerdo con la Corte Constitucional6, este derecho tiene como finalidad la protección del dato personal, en tanto información que tiene la posibilidad de asociar determinado contenido a una persona natural en concreto.

32. Por su parte, el Alto Tribunal 7 ha destacado que entre el titular de la información y el dato personal existe un nexo inquebrantable y que, en tal sentido, el derecho fundamental al habeas data le otorga la prerrogativa de exigir al administrador de las bases de datos el acceso, inclusión, exclusión o supresión, corrección, actualización, adición y certificación de tal información, así como la limitación en las posibilidades de divulgación, publicación o cesión de tales datos, de conformidad con los principios que rigen el proceso de administración de bases de datos personales.

33. De igual forma, la Corte 8 ha establecido que el derecho a exigir que se

limitación en las posibilidades de divulgación, publicación o cesión de tales datos, de conformidad con los principios que rigen el proceso de administración de bases de datos personales.

33. De igual forma, la Corte 8 ha establecido que el derecho a exigir que se excluya o suprima una información que reposa en una base de datos, puede entrar en tensión con otros derechos, principios , bienes o intereses relevantes para el conjunto de la sociedad, como por ejemplo la publicidad de las actuaciones judiciales , la transparencia o la operatividad del sistema procesal penal acusatorio. Para resolver de manera adecuada dichas tensiones, la jurisprudencia constitucional ha considerado relevante para establecer la mayor o menor necesidad de protección, la siguiente clasificación9:

1. Información pública o de dominio público: se refiere a la información que puede ser obtenida sin reserva alguna, aun cuando se trate de información general, privada o personal. ii. Información semiprivada: corresponde a los datos que no tienen una naturaleza íntima, reservada ni pública y cuyo conocimiento o divulgación puede interesar no solo a su titular sino a determinado sector, grupo d personas o a la sociedad en general. iii. Información privada: aquellos datos que por su naturaleza íntima o reservada, solo es relevante a su titular. Su acceso únicamente puede ser mediante orden de autoridad judicial.

6 Sentencias SU-458de 2012, T-398 de 2023 y T125 de 2025. 7 Al respecto, ver: sentencias T-729 de 2002 y SU-139 de 2021. 8 Sentencia T-509 de 2020 y T 125 de 2025. 9 Sentencia T-203 de 2025.Accionante: Javier Ernesto Betancourt Valle Accionados: Consejo Superior de la Judicatura y otros

8 Sentencia T-509 de 2020 y T 125 de 2025. 9 Sentencia T-203 de 2025.Accionante: Javier Ernesto Betancourt Valle Accionados: Consejo Superior de la Judicatura y otros Radicado: 11001-03-15-000-2025-06879-00

8 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

34. A su vez, el Alto Tribunal10 ha previsto que, de conformidad con el artículo 74 constitucional, por regla general, el acceso a los documentos públicos es un derecho del que gozan todas las personas y cualquier restricción de acceso debe ser establecido por el legislador. En relación con las actuaciones judiciales, el fundamento de su publicidad está en el artículo 228 de la Constitución, que dispone que la administración de justicia es una función pública y sus actuaciones deben ser públicas y permanentes con las excepciones que establezca la ley.

Según dicha Corporación, tal publicidad es una garantía al debido proceso y permite la materialización del derecho de acceso a la información pública, por lo que se concreta con el deber de los jueces en los procesos de dar a conocer a las partes y otros sujetos procesales las actuaciones judiciales.

35. De igual forma, la Corte11 ha sostenido que, en virtud de los artículos 74 y 228 superiores, las actuaciones judiciales deben ser puestas en conocimiento de la comunidad en general, por lo que los ciudadanos tienen derecho a enterarse de las decisiones adoptadas por la justicia. El Alto Tribunal ha señalado que esto contribuye al principio de transparencia que debe regir el actuar judicial y establece las condiciones necesarias para el derecho a controlar el ejercicio del poder.

de las decisiones adoptadas por la justicia. El Alto Tribunal ha señalado que esto contribuye al principio de transparencia que debe regir el actuar judicial y establece las condiciones necesarias para el derecho a controlar el ejercicio del poder.

36. Ello también se predica de los procesos penales, puesto que el artículo 18 de la Ley 906 de 2004 prevé que la actuación procesal penal será pública y tendrán acceso a ella la comunidad en general, además de los intervinientes y los medios de comunicación. Por tanto, dicha Corporación12 ha reiterado la regla general es que las decisiones judiciales en estos procesos pueden ser objeto de consulta por cualquier persona, salvo que exista alguna reserva legal que lo impida.

37. Al respecto, la Corte Constitucional también ha precisado que la publicidad puede entrar en tensión con los derechos fundamentales del procesado a la honra, al buen nombre y al habeas data, debido a la estigmatización que conlleva la vinculación a los procesos penales13. En este tipo de casos, el alto tribunal ha sostenido que «Cuando las actuaciones deban tener una amplia circulación, como la orden de captura, se preferirá la garantía del derecho de publicidad. En cambio, cuando la exposición de la información ha dejado de ser relevante para las finalidades del proceso penal, la tensión debe resolverse a favor de los derechos fundamentales a la honra, el buen nombre y el habeas data»14.

38. Así mismo, es necesario advertir que una actuación judicial en un proceso penal no tiene la misma naturaleza de un antecedente penal, en la medida en que estos últimos, según el artículo 248 constitucional, hace n referencia

10 Ibidem. 11 Ibidem. 12 Ibidem. 13 Ibidem. 14 Ibidem.Accionante: Javier Ernesto Betancourt Valle

que estos últimos, según el artículo 248 constitucional, hace n referencia

10 Ibidem. 11 Ibidem. 12 Ibidem. 13 Ibidem. 14 Ibidem.Accionante: Javier Ernesto Betancourt Valle Accionados: Consejo Superior de la Judicatura y otros Radicado: 11001-03-15-000-2025-06879-00

9 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

únicamente a las condenas proferidas en sentencias judiciales en forma definitiva15.

39. Los antecedentes penales son datos personales de naturaleza negativa, dado que tienen la virtualidad de asociar una situación o circunstancia determinada con una persona en concreto y tienen la potencialidad de ser perjudiciales y desfavorables a nivel social. En tal sentido, ha sostenido la Corte16 que estos pueden ser clasificados como semiprivados, debido a que su acceso, incorporación a bases de datos y divulgación es limitado y un tercero puede tener conocimiento de la integralidad del dato mientras medie un interés constitucional y legalmente reconocido.

40. En virtud de lo expuesto, la Sala considera que en el presente asunto no se acreditó la vulneración del derecho al habeas data del señor Betancourt Valle en la medida en que el actor no probó que la información sobre las actuaciones surtidas en el proceso penal sea falsa, imprecisa o incorrecta , y, precisamente por esa razón, no se advierte por qué, en un ejercicio de ponderación, deba restringirse el principio de publicidad de la actuación penal en curso.

41. Si bien el actor aseguró que en su contra no se ha adelantado ningún

por esa razón, no se advierte por qué, en un ejercicio de ponderación, deba restringirse el principio de publicidad de la actuación penal en curso.

41. Si bien el actor aseguró que en su contra no se ha adelantado ningún proceso penal por la comisión de algún delito, lo cierto es que, en sus intervenciones, el Juzgado 15 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá y el Juzgado 42 Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Bogotá dieron cuenta de las actuaciones que adelantaron en el trámite surtido por la presunta comisión del tipo penal de lavado de activos por parte del señor Betancourt Valle , identificado con el radicado 11001 -60-000-962018-00277-00. En tal sentido, informaron que en dicho proceso se negó en primera y segunda instancia una solicitud elevada por el apoderado del denunciado.

42. Dicha información puede ser corroborada en el Sistema de Consulta Unificada de la Rama Judicial, en el que reposa la siguiente información de dicho

proceso y de los sujetos procesales:

15 Ibidem. 16 Sentencia SU-458 de 2012.Accionante: Javier Ernesto Betancourt Valle Accionados: Consejo Superior de la Judicatura y otros Radicado: 11001-03-15-000-2025-06879-00

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43. A su vez, en relación con las actuaciones adelantadas por las autoridades judiciales referenciadas con antelación, reposa la siguiente información:

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43. A su vez, en relación con las actuaciones adelantadas por las autoridades judiciales referenciadas con antelación, reposa la siguiente informaci