CE - Sentencia 11001031500020250688300 de 2025

Demandante: Carlos Andrés Angulo Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca Radicado: 11001-03-15-000-2025-06883-00

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ

Bogotá D.C., once (11) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2025-06883-00

Demandante: CARLOS ANDRÉS ANGULO

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA

Temas: Tutela contra providencia judicial. Requisito de relevancia constitucional.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la Sala a decidir la solicitud presentada por el señor Carlos Andrés Angulo, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución y de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 2591 de 1991.

I. ANTECEDENTES

1.1. La petición de amparo

El señor Carlos Andrés Angulo, obrando en nombre propio, presentó acción de tutela en contra del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, con el fin de obtener la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y de acceso a la justicia.

tutela en contra del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, con el fin de obtener la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y de acceso a la justicia.

Según el accionante, la autoridad judicial mencionada vulneró dichas garantías mediante la providencia emitida el 8 de agosto de 2025, que revocó la sentencia del 31 de julio de 2024, por medio de la cual el Juzgado Diecisiete Administrativo del Circuito Judicial de Cali había negado las pretensiones de la demanda, y, en su lugar, accedió parcialmente a ellas, en el medio de control de reparación directa con radicado 76001-33-33-017-2017-00298-00/01, promovido por María del Socorro Angulo y otros contra el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario [en adelante Inpec].

En concreto, solicitó a esta Corporación:

1. Tutelar mis derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y acceso a la justicia.

2. Déjese sin efectos el numeral del fallo # 184 del 8 de agosto de 2025 del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca que negó la indemnización por concepto de perjuicio moral.Demandante: Carlos Andrés Angulo Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca Radicado: 11001-03-15-000-2025-06883-00

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3. Ordénese al Tribunal emitir nueva sentencia reconociendo el perjuicio moral conforme al precedente unificado del Consejo de Esatdo1.

1.2. Hechos

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3. Ordénese al Tribunal emitir nueva sentencia reconociendo el perjuicio moral conforme al precedente unificado del Consejo de Esatdo1.

1.2. Hechos

La parte actora narró los siguientes supuestos fácticos que, a juicio de la Sala, resultan relevantes para la decisión que se va a adoptar en el presente asunto:

El señor Carlos Andrés Angulo manifestó que el 22 de septiembre de 2015 su hermano, Luis Carlos Perlaza Ocoró, perdió la vida tras ser asesinado por otro interno dentro del complejo penitenciario y carcelario de Jamundí (ERON).

Como consecuencia de lo ocurrido, el grupo familiar2 interpuso medio de control de reparación directa contra el Inpec, alegando la responsabilidad estatal por la omisión en la custodia y vigilancia del recluso Perlaza Ocoró.

Indicó que el Juzgado 17 Administrativo Oral de Cali, en sentencia del 31 de julio de 2024, negó las pretensiones de la familia al acoger la tesis de la «culpa exclusiva de la víctima». En segunda instancia, el Tribunal reconoció la responsabilidad del INPEC, pero negó la indemnización al hermano del afectado, al estimar que la ausencia de visitas carcelarias desvirtuaba la presunción de dolor moral, concediendo solo la indemnización a María del Socorro Angulo.

1.3. Sustento de la vulneración

A juicio de la parte actora, con la providencia cuestionada se desconocieron sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y de acceso a la justicia.

En su concepto, la providencia objetada incurrió en un defecto sustantivo que se

A juicio de la parte actora, con la providencia cuestionada se desconocieron sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y de acceso a la justicia.

En su concepto, la providencia objetada incurrió en un defecto sustantivo que se configuró porque el tribunal aplicó de manera errónea las reglas sobre el reconocimiento del perjuicio moral derivado de la muerte de un familiar. Al fundamentar la negativa de la indemnización con relación a los demandantes en la ausencia de visitas, impuso una carga probatoria desproporcionada y contraria al precedente legal, lo que se alegó como vulneración de los artículos 13, 29 y 90 de la Constitución Política.

Además, sostuvo que la providencia desconoció el principio de reparación integral y el régimen de responsabilidad estatal, pues el artículo 90 constitucional imponía la obligación de reparar los daños antijurídicos sin exigir prueba adicional del vínculo afectivo.

Aseguró que la autoridad judicial accionada incurrió en desconocimiento del precedente judicial porque exigió pruebas de visitas como fundamento para negar la indemnización por perjuicio moral derivado de la muerte de un familiar,

1 Trascripción literal del original con posibles errores. 2 María Del Socorro Angulo, Carlos Andres Angulo, María Juana Quiñonez Perlaza, Bernardita Quiñones Angulo, María Mireya Quiñones Angulo, John Jairo Quiñones Angulo, Juan Carlos Quiñones Angulo y Ana Milena Quiñones Angulo . [Demandantes dentro del proceso d e reparación directa con radicado.76001 -33-33-017-2017–00298-00 Obrando mediante apoderado Inpec.]Demandante: Carlos Andrés Angulo

Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca

reparación directa con radicado.76001 -33-33-017-2017–00298-00 Obrando mediante apoderado Inpec.]Demandante: Carlos Andrés Angulo Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca Radicado: 11001-03-15-000-2025-06883-00

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 3 pese a que el Consejo de Estado había establecido en «precedentes unificados [2014 y 2025, Exp. 70.355]» que dicho perjuicio se presumía por el vínculo de consanguinidad y solo se desvirtuaba con pruebas objetivas de ruptura total del vínculo afectivo. La autoridad judicial se apartó de ese precedente sin la argumentación exigida ni referencia a las decisiones que abandonaba.

1.4. Trámite, contestaciones e intervenciones

Mediante auto del 7 de noviembre de 2025 se admitió la solicitud de tutela, y se ordenó notificar a los magistrados que integran Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, en calidad de demandado.

Así mismo, se vinculó al Juzgado Diecisiete Administrativo del Circuito Judicial de Cali, autoridad judicial de primera instancia en el trámite ordinario , así como al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – Inpec y a los señores María del Socorro Angulo, María Juana Quiñones Perlaza, Bernardita Quiñones Angulo, María Mireya Quiñones Angulo, John Jairo Quiñones Angulo, Ana Milena Quiñones Angulo y Juan Carlos Quiñones Angulo como terceros con interés en las resultas del proceso.

María Mireya Quiñones Angulo, John Jairo Quiñones Angulo, Ana Milena Quiñones Angulo y Juan Carlos Quiñones Angulo como terceros con interés en las resultas del proceso.

Lo anterior, debido a que conformaban la parte demandada y demandante en el proceso de reparación directa con radicado 76001 -33-33-017-2017-0029800/01, en el que se profirió la sentencia cuestionada en este trámite constitucional.

Remitidas las respectivas comunicacione s, se presentaron las siguientes intervenciones:

1.4.1. Tribunal Administrativo del Valle del Cauca

El magistrado ponente Víctor Adolfo Hernández Díaz rindió informe con fecha del 10 de noviembre del presente año en los siguientes términos:

Indicó que no existió vulneración de derechos, apoyándose firmemente en un precedente de la Sección Tercera del Consejo de Estado que delimitó los supuestos en los que no opera la presunción de aflicción, incluso entre parientes consanguíneos. La entidad demandada resaltó que Luis Carlos Perlaza Ocoro no fue visitado por la totalidad de los demandantes mientras permaneció recluido.

La autoridad judicial de segunda instancia concluyó, con base en prueba testimonial, que únicamente la madre visitó al occiso. En aplicación del precedente jurisprudencial, la falta de justificación por parte del hermano mayor y de los tíos respecto de la imposibilidad de realizar visitas constituyó prueba suficiente para desvirtuar la presunción de aflicción, pues el Tribunal consideró que visitar a la víctima era un acto mínimo de afecto necesario para el reconocimiento de perjuicios morales.Demandante: Carlos Andrés Angulo

suficiente para desvirtuar la presunción de aflicción, pues el Tribunal consideró que visitar a la víctima era un acto mínimo de afecto necesario para el reconocimiento de perjuicios morales.Demandante: Carlos Andrés Angulo Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca Radicado: 11001-03-15-000-2025-06883-00

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 4 Señaló que la sentencia de segunda instancia se profirió con estricto apego a criterios jurisprudenciales, incluyendo un precedente de la Sección Tercera 3 en un caso similar, y concluyó que el accionante pretendía reabrir un debate procesal ya resuelto en ambas instancias mediante un mecan ismo destinado a la protección de derechos fundamentales y no a controversias procesales.

Finalmente, solicitó rechazar la acción de tutela, al no advertir vulneración de derechos fundamentales alegada por la parte accionante.

1.4.2. Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - Inpec

Mediante escrito fechado el 10 de noviembre de 2025, la coordinadora de tutelas de la Dirección General del Inpec, alegó su falta de competencia para pronunciarse sobre las pretensiones del accionante, señalando que su función principal consistía en la vigilancia y custodia de la población privada de la libertad, sin facultades para dejar sin efectos providencias judiciales emitidas por jueces o magistrados.

Solicitó que se declarara la falta de legitimación en la causa por pasiva, al

libertad, sin facultades para dejar sin efectos providencias judiciales emitidas por jueces o magistrados.

Solicitó que se declarara la falta de legitimación en la causa por pasiva, al considerar que esta se rompe cuando el demandado no es responsable de la conducta cuya omisión genera la violación o cuando su actuación no ocasiona el daño.

Sostuvo que la Dire cción General del I inpec no había vulnerado los derechos fundamentales de Carlos Andrés Angulo, y señaló que la entidad llamada a resolver lo planteado era el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.

1.4.3. Juzgado Diecisiete Administrativo Oral del Circuito Judicial de Cali Valle del Cauca

La autoridad judicial se limitó a remitir el expediente digital4.

1.4.4. La parte actora alleg ó escrito5 aportando las direcciones de los terceros vinculados dentro de este trámite.

1.5. Manifestación de impedimento

Mediante escrito presentado el 2 de diciembre de 2025 , la magistrada Gloria María Gómez Montoya manifestó impedimento para conocer y decidir el presente mecanismo constitucional.

Indicó que se encuentra incursa en la causal de impedimento prevista en el numeral 5 del artículo 56 del Código de Procedimiento Penal 6 . Al respecto, expuso que sostiene una amistad íntima y entrañable con la magistrada Zoranny Castillo Otálora, quien hace parte del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, Sala Mixta de Decisión y suscribió

3 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B. Sentencia del 4 de marzo de 2019.

parte del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, Sala Mixta de Decisión y suscribió

3 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B. Sentencia del 4 de marzo de 2019. Radicado 68001-23-31-000-2010-00597-01(48110) M.P María Adriana Marín (E). 4 Índice 14 Samai. 5 Índice 12 Samai. 6 ARTÍCULO 56. CAUSALES DE IMPEDIMENTO. Son causales de impedimento: […] 5. Que exista amistad íntima o enemistad grave entre alguna de las partes, denunciante, víctima o perjudicado y el funcionario judicial.Demandante: Carlos Andrés Angulo Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca Radicado: 11001-03-15-000-2025-06883-00

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 5 la providencia del 8 de agosto de 2025 en el medio de control de reparación directa7, enjuiciada al interior de la presente acción de tutela.

La Sala por auto de la misma fecha de la presente provide ncia, declaró infundado el impedimento manifestado por la doctora Gómez Montoya, pues no se encontraron los supuestos de hecho establecidos en la norma para la configuración de la causal invocada.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

La Sección Quinta del Consejo de Estado es competente para conocer de la presente acción de tutela, según lo previsto en los Decretos 2591 de 1991 y 1069

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

La Sección Quinta del Consejo de Estado es competente para conocer de la presente acción de tutela, según lo previsto en los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015, modificado por el artículo 1º del Decreto 333 de 2021, así como en el Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019.

2.2. Cuestión previa

El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – Inpec, solicitó su desvinculación y que se declarara la falta de legitimación en la causa por pasiva por no ser el responsable de la vulneración invocada por la parte actora.

Al respecto, se precisa que su vinculación se dio en calidad de tercero debido a que conformaba la parte demandada en el proceso ordinario objeto de controversia y, en tal sentido, podría verse a fectado por la decisión que se adoptara por parte del juez de tutela.

Por lo tanto, al asistirle un interés en las resultas del proceso constitucional de la referencia, la Sala negará la solicitud de desvinculación.

2.3. Problema jurídico

Corresponde en este caso determinar si, tal y como lo argumenta la parte actora, la autoridad judicial demandada desconoc ió sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y de acceso a la justicia.

Lo anterior, con ocasión de la sentencia del 8 de agosto de 2025, que revocó la sentencia del 31 de julio de 2024, por medio de la cual el Juzgado Diecisiete Administrativo del Circuito Judicial d e Cali había negado las pretensiones de la demanda, y, en su lugar, accedió parcialmente a ellas, en el medio de control de

sentencia del 31 de julio de 2024, por medio de la cual el Juzgado Diecisiete Administrativo del Circuito Judicial d e Cali había negado las pretensiones de la demanda, y, en su lugar, accedió parcialmente a ellas, en el medio de control de reparación directa con radicado 76001-33-33-017-2017-00298-00/01, promovido por María del Socorro Angulo y otros contra el Inpec.

Para resolver este problema, se analizarán los siguientes aspectos: i) el criterio de la Sección sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales; ii) el estudio sobre los requisitos adjetivos de procedibilidad; y finalmente, de encontrarse superados se estudiará, iii) el caso concreto.

7 Proceso con radicado 76001-33-33-017-2017-00298-01.Demandante: Carlos Andrés Angulo Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca Radicado: 11001-03-15-000-2025-06883-00

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 6 2.4. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 20128, unificó la diversidad de criterios que la corporación tenía respecto a la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales y concluyó:

(…) [S]i bien es cierto que el criterio mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha sido el de considerar improcedente la acción de tutela contra

procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales y concluyó:

(…) [S]i bien es cierto que el criterio mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha sido el de considerar improcedente la acción de tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que las distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de junio de 2004 (Expediente AC -10203), han abier to paso a dicha acción constitucional, de manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se admita, como se hace en esta providencia, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de tales derechos, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento Jurisprudencialmente.

Conforme al anterior precedente, la Corporación modi ficó su criterio sobre la procedencia de la acción de tutela y, en consecuencia, es necesario estudiar aquellas que se presenten contra providencia judicial y analizar si se vulnera algún derecho fundamental, observando al efecto los parámetros fijados has ta el momento por la jurisprudencia, como expresamente lo indicó la decisión de unificación.

Así, para la Sala ahora es importante precisar bajo qué parámetros se hará ese estudio, pues la sentencia de unificación se refirió a los «(…) fijados hasta el momento jurisprudencialmente (…)». En efecto, sabido es que la tutela es un mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos fundamentales como lo señala el artículo 86 constitucional y, por ende, la

momento jurisprudencialmente (…)». En efecto, sabido es que la tutela es un mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos fundamentales como lo señala el artículo 86 constitucional y, por ende, la procedencia de esta acción no puede ser ajena a esas características.

La Corte Constitucional se ha referido en forma amplia a unos requisitos generales y otros específicos de procedencia de la acción de tutela, los cuales dan origen a que se conceda o niegue el derecho al amparo –procedencia sustantiva– o que impiden efectivamente adentrarnos en el fondo del asunto – procedencia adjetiva–.

En ese orden, primero se verifica que la solicitud de tutela cumpla unos presupuestos generales de procedibilidad. Estos requisitos son: i) que sea relevante c onstitucionalmente, ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) inmediatez, y iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado.

Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la Sección decl arará improcedente el amparo solicitado y no entrará a analizar el fondo del asunto.

Por el contrario, cumplidos esos parámetros corresponderá adentrarse en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y de los derech os fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la

8 M.P. María Elizabeth García González, rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01.Demandante: Carlos Andrés Angulo Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca Radicado: 11001-03-15-000-2025-06883-00

Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca Radicado: 11001-03-15-000-2025-06883-00

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 7 prosperidad o negación del amparo se requerirá: i) que la causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir el debate de instancia.

Cabe reiterar que esta acción constitucional no puede ser considerada como una «tercera instancia » que se emplee, por ejemplo, para revivir términos, interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.

2.5. Examen de los requisitos de procedencia adjetiva – Relevancia constitucional

En lo referente al requisito de relevancia constitucional cabe precisar que la Corte Constitucional, en la sentencia SU-215 de 2022, explicó que, dado que las sentencias hacen tránsito a cosa juzgada, cuando se presente un mecanismo de amparo constitucional contra una decisión judicial «(...) el juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la providencia cuestionada señalados por el accionante, pues tiene vedado adelantar un control oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada».

En ese sentido, el alto tribunal constitucional consider ó que la tutela implica un juicio de validez y no una corrección del fallo objeto de rep aro, por lo que no se puede utilizar este instrumento como una instancia adicional para discutir

En ese sentido, el alto tribunal constitucional consider ó que la tutela implica un juicio de validez y no una corrección del fallo objeto de rep aro, por lo que no se puede utilizar este instrumento como una instancia adicional para discutir cuestiones probatorias o formas de interpretación de las normas que se zanjaron por el juez natural.

A su vez, la citada corporación precisó que el requisito de la relevancia constitucional «protege el carácter subsidiario de la acción de tutela, las competencias tanto del juez de tutela como del ordinario, y previene que la tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para reabrir debates meramente legales » y explicó en detalle los criterios que se deben tener en cuenta para verificar si se supera esta exigencia, los cuales son:

(...) (i) [Q]ue el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una discusión meramente legal o de contenido estrictamente económico con connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una afectación desproporcionada a derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de tutela se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se exige advertir, además, una vulneración arbitraria o violatoria de derechos fundamentales.

En el asunto que ocupa a la Sala , el actor controvierte la sentencia del 8 de agosto de 2025, a través de la cual el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca revocó la sentencia del 31 de julio de 2024, por medio de la cual el Juzgado Diecisiete Administrativo del Circuito Judicial de Cali negó las pretensiones de la

agosto de 2025, a través de la cual el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca revocó la sentencia del 31 de julio de 2024, por medio de la cual el Juzgado Diecisiete Administrativo del Circuito Judicial de Cali negó las pretensiones de la demanda, y, en su lugar, accedió parcialmente a ellas.

En síntesis, el actor sostuvo que la vulneración de sus derechos fundamentales se derivó de que la autoridad accionada no podía emplear la ausencia de visitas como prueba para desvirtuar el dolor presumido legalmente, apartándose de la jurisprudencia del Consejo de Estado sin justificación suficiente. Alegó, además,Demandante: Carlos Andrés Angulo Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca Radicado: 11001-03-15-000-2025-06883-00

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 8 que se configuró un defecto sustantivo al aplicar de manera errónea las normas sobre el reconocimiento del perjuicio moral por la muerte de un familiar, pues la indemnización fue negada con fund amento en la falta de visitas carcelarias. Señaló que dicha decisión imponía una carga probatoria desproporcionada y contraria al precedente, vulnerando así los artículos 13, 29 y 90 de la Constitución Política.

Del escrito de tutela se desprende que el señor Angulo manifiesta su desacuerdo con la decisión del juzgador, sin presentar un análisis que permit a concluir que la controversia se relacionaba con el alcance o goce de un derecho fundamental,

Del escrito de tutela se desprende que el señor Angulo manifiesta su desacuerdo con la decisión del juzgador, sin presentar un análisis que permit a concluir que la controversia se relacionaba con el alcance o goce de un derecho fundamental, motivo por el cual el cargo carece de relevancia constitucional.

Sobre el cargo alegado por desconocimiento del precedente fijado por la Corte Constitucional, se debe indicar que, en cuanto este presupuesto, esta sala ha considerado lo siguiente:

«…es la decisión, o el conjunto de decisiones, que sirven de referente al juez que debe pronunciarse respecto de un asunto determinado, por guardar una similitud en sus presupuestos fácticos y jurídicos, y respecto de los cuales la ratio decidendi constituye la regla… que obliga al operador jurídico a fallar en determinado sentido’, y que el desconocimiento de éste se materializa ‘…cuando el fallador -Alta Corporación-, sin motivación - omite referirse a un caso anterioro sin una motivación suficiente y razonable, decide separarse o modifi car la subregla de derecho expuesta por él en un caso anterior, o cuando el juez de inferior jerarquía no lo aplica pese a estar obligado a ello9»

Así, para que prospere el defecto por desconocimiento del precedente judicial, debe acreditarse que el juez omitió aplicar una regla inmersa en una o unas decisiones previas relevantes.

Si bien el actor citó como precedente la sentencia de unificación de la Sección Tercera del Consejo de Estado [11001 ‑03‑26‑000‑2023‑00151‑00 (70.355)], relativa al reconocimie nto de perjuicios morales, no acredit ó la vulneración de

Tercera del Consejo de Estado [11001 ‑03‑26‑000‑2023‑00151‑00 (70.355)], relativa al reconocimie nto de perjuicios morales, no acredit ó la vulneración de sus derechos ni el desconocimiento del precedente por parte de la accionada. La sola enunciación de la sentencia y su tesis no constituye argumento suficiente para adoptar una decisión distinta, de lo cual se desprende una insuficiencia en la carga argumentativa que inhabilita a esta Sala para pronunciarse de fondo.

Por lo que, se debe precisar que el juez de tutela únicamente tiene competencia para proteger garantías constitucionales, sin extenderse a cuestiones legales, económicas o inconformidades frente a decisiones judiciales. En este escenario, la Sala advierte que el accionante busca reabrir un debate ya resuelto en la jurisdicción ordinaria, lo que configura una tercera instancia improcedente.

Se recuerda que el tribunal fundamentó su decisión así:

«[…] si bien en la documental allegada al proceso no obra prueba de las visitas que recibió el occiso en el centro de reclusión, lo cierto es que los testimonios rendidos en audiencia de pruebas por personas que afirmaron tener cercanía

9 Sentencia del 19 de febrero de 2015, Consejo de Estado, Sección Quinta, M.P. Alberto Yepes Barreiro, Radicado No. 2013-02690-01.Demandante: Carlos Andrés Angulo Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca Radicado: 11001-03-15-000-2025-06883-00

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 9 con los demandantes permite n concluir que solamente la señora María del Socorro Angulo, madre del occiso, lo visitó. […] la prueba testimonial en palabras del Consejo de Estado constituye prueba en contrario de la presunción de aflicción del hermano, que contaba con la mayoría de edad para la época de los hechos […] toda vez que quedó demostrado que no lo visitaron durante su estancia en el centro de reclusión, lo que evidenció despreocupación por su estado durante ese lapso. […] los demandantes omitieron acreditar una razón por la cual no fue posible visitar a la víctima en el centro de reclusión, al menos en una ocasión, lo que permitiría evidenciar a la Sala de decisión que por motivos ajenos a su voluntad no acudieron a la cárcel, pero que la cercanía y los lazos de afecto se mantenían intactos, lo que no ocurrió. […]»10

En este sentido, y en atención a lo expuesto, la Sala concluye que el asunto carece de relevancia constitucional, toda vez que la parte actora fundamenta su planteamiento únicamente en el descontento por la negativa de un monto indemnizatorio, el cual no le es reconocido al no acreditar un perjuicio moral derivado de un vínculo afectivo con su hermano.

Por ello, la Sala advierte que lo pretendido por el señor Carlos Andrés Angulo es utilizar la acción de tutela como una instancia adicional al proceso de reparación directa, con el propósito de reabrir el debate previamente decidido por el juez natural en relación con el monto y la negativa de la indemnización.

utilizar la acción de tutela como una instancia adicional al proceso de reparación directa, con el propósito de reabrir el debate previamente decidido por el juez natural en relación con el monto y la negativa de la indemnización.

En este caso, la autoridad judicial concluye que el accionante pretende obtener un beneficio sin demostrar un vínculo afectivo auténtico con el difunto, razón por la cual no puede ampararse en su propio desapego.

Por lo tanto, no es admisible que el accionante pretenda volver sobre la misma discusión ante el juez de tutela, con la intención de lograr una decisión distinta que sí sea favorable a sus intereses, a partir de argumentos que no denotan un debate que trascienda el ámbito legal y económico que conlleve a un estudio de índole constitucional.

Así pues, en criterio de la Sala, el actor no cumplió con la carga requerida para superar el requisito de relevancia constitucional , toda vez que sus reproches están dirigidos a q