CE - Sentencia 11001031500020250689300 de 2025

Radicado: 11001-03-15-000-2025-06893-00

Accionante: Luz Enith Bergaæo Mendoza

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

CONSEJERA PONENTE: ADRIANA POLIDURA CASTILLO

BogotÆ D.C., doce (12) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

Radicación: 11001-03-15-000-2025-06893-00

Accionante: Luz Enith Bergaæo Mendoza

Accionado: Tribunal Administrativo de Quindío Referencia: Acción de tutela

Tutela contra providencia judicial. Requisitos de procedencia. Relevancia constitucional . Improcedencia.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela promovida por Luz Enith Bergaæo Mendoza en contra del Tribunal Administrativo de Quindío.

I. ANTECEDENTES

1. Solicitud de tutela

Luz Enith Bergaæo Mendoza, a travØs de apoderada judicial 1, promovió acción de tutela en la que solicitó el amparo de sus derechos fundamentales al d ebido proceso, a la igualdad, de acceso a la administración de justicia, a la tutela judicial efectiva y al principio de favorabilidad, garantías que consideró trasgredidas por el Tribunal Administrativo de l Quindío con ocasión de la sentencia proferida el 24 de abril de 2025, e n el trÆmite del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el radicado nœmero 63001-33-33-003-2024-00164-00/01.

medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el radicado nœmero 63001-33-33-003-2024-00164-00/01.

2. Hechos

El escrito de tutela se sustenta en la siguiente relación fÆctica 2:

2.1. La seæora Luz Enith Bergaæo Mendoza manifestó que ostenta la calidad de do cente oficial en la categoría 2B del escalafón docente vigente, regulado por el Decreto 1278 de 2002.

1˝ndice 00002 aplicativo SAMAI , con certificado nœm. C2B7A57133FBD554 D9E00B262058445C 326D63B93CB1C8B5 D98E4FC600095B98. 2 Ibídem. / actuaciones del proceso ordinario incorporadas en SAMAI, en el siguiente enlace electrónico: https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=630013333003202400164016300123Radicado: 11001-03-15-000-2025-06893-00

Accionante: Luz Enith Bergaæ o Mendoza

2 2.2. Agregó que el Gobierno Nacional dispuso incrementos homogØneos para el personal docente vinculado al nuevo escalafón establecido en el Decreto Ley 1278 de 2 002 durante los aæos 2005, 2006 y 2007. No obstante, para los aæos 200 8 y 2009 decretó aumentos porcentuales desiguales en la asignación bÆsica salarial de dicho personal, aunque este proceder fue excepcional, ya que, en los aæos 2010, 2012 y subsiguientes

aumentos porcentuales desiguales en la asignación bÆsica salarial de dicho personal, aunque este proceder fue excepcional, ya que, en los aæos 2010, 2012 y subsiguientes se retornó a un esquema de incrementos homogØneos para todo el e scalafón docente, lo que, a su juicio, generó una afectación en la progresividad salarial y un trato discriminatorio en su contra.

2.3. Con fundamento en lo anterior, presentó reclamación administrativa ante el Ministerio de Educación Nacional y el Departamento del Quindío, en la que solicitó el p ago de las diferencias salariales generadas por los incrementos disímiles. Tanto la entidad territorial como la cartera ministerial negaron las pretensiones de la actora.

2.4. Ante tal situación, la solicitante presentó demanda en ejercicio del med io de control de nulidad y restablecimiento del derecho, para que: i) se “inaplique por ilegal” el Decreto Nacional 284 de 2024, y/o se declare la nulidad de los Decretos que lo modifiquen , adicionen, aclaren o revoquen, en relación con la asignación salarial que correspondió a la categoría 2B teniendo de presente que los salarios de tres (3) aæos con anterioridad a la fecha de realización de la reclamación, debieron ser superiores a lo ordenado por estas disposiciones del orden nacional; ii) se declarara la nulidad de los actos administrativos proferidos por el Ministerio de Educación Nacional y por la Secretaría de Ed ucación del Departamento del Quindío, al negar el derecho a la diferencia en el incre mento salarial que fue decretado de manera indiscriminada y desigual en el aæo 2008 para e l grado en

Departamento del Quindío, al negar el derecho a la diferencia en el incre mento salarial que fue decretado de manera indiscriminada y desigual en el aæo 2008 para e l grado en el escalafón 2B; iii) se condene a las entidades demandadas al reconocimiento y pago de los dineros a la docente perteneciente a la categoría 2B, de acuerdo con el artículo 21 del Decreto Ley 1278 de 2002, correspondiente a las diferencias salariales causadas en los œltimos tres aæos anteriores a la demanda por los incrementos salariales que fue ron decretados de manera indiscriminada e ilegal en los aæos 2008 y 2009 para el escalafón al que pertenece; iv) se condene a las entidades demandadas al reconocimiento y pago de la reliquidación de las prestaciones sobre las cuales tiene como base el reajuste salarial solicitado, que se paguen las diferencias salariales teniendo en cuent a la prescripción trienal.

2.5. El proceso correspondió por reparto al Juzgado Tercero Administrativo del Circuit o de Armenia, el cual, mediante sentencia del 5 de diciembre de 2024 negó las pretensiones.

2.6. Contra dicha decisión, la parte demandante interpuso recurso de apelación. Mediante providencia del 24 de abril de 2025, el Tribunal Administrativo del Quindío confirmó la decisión recurrida.

3. Pretensiones y argumentos de la tutela

3.1. La parte actora solicitó al juez constitucional amparar sus derechos fun damentales al debido proceso, a la igualdad, de acceso a la administración de justicia, a la tu telaRadicado: 11001-03-15-000-2025-06893-00

Accionante: Luz Enith Bergaæ o Mendoza

al debido proceso, a la igualdad, de acceso a la administración de justicia, a la tu telaRadicado: 11001-03-15-000-2025-06893-00

Accionante: Luz Enith Bergaæ o Mendoza

3 judicial efectiva y al principio de favorabilidad. Como consecuencia de ello, pidió i) dejar sin efecto la sentencia dictada por el Tribunal Administrativo del Quindío el 24 de abril de 2025, así como ii) ordenar a la autoridad proferir una nueva decisión en la que analice la situación concreta de la accionante, en la que tenga en cuenta el acervo p robatorio aportado.

3.2. Como fundamento de la acción de tutela manifestó, que la parte a ccionada incurrió en un defecto sustantivo bajo el entendido de que la autoridad judicial no tuvo en cuenta las normas que regulan la remuneración salarial, es decir la Ley 4 de 1992 y el Decr eto 1278 de 2002, lo que implicaba que las categorías superiores docente s [2B, 2C, 2D] debían tener mejor remuneración y aumentos proporcionales.

Por tanto, pese a que la accionante ostenta la categoría superior 2B, el Gobierno Nacional otorgó unos porcentajes de aumento inferiores a aquellos docentes que o stentan una categoría inferior, situación que el Tribunal avaló sin justificación tØcnica, jurídica y fÆctica .

3.3. Sostuvo que la providencia adolecía de un defecto fÆctico , en la medida en que no valoró el material probatorio que acreditaba la desigualdad salarial conte nida en los decretos de los aæos 2008 y 2009, lo cual se tradujo en que los nivele s superiores

valoró el material probatorio que acreditaba la desigualdad salarial conte nida en los decretos de los aæos 2008 y 2009, lo cual se tradujo en que los nivele s superiores recibieran incrementos menores, afectando así la progresividad salarial.

4. TrÆmite de tutela e intervenciones

4.1. Mediante auto del 6 de noviembre de 2025 3, se admitió la solicitud de tutela, se dispuso la vinculación como terceros con interØs al Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Armenia, al Ministerio de Educación Nacional y al Departamento del QuindíoSecretaría de Educación, se ofició al Tribunal Administrativo del Quindío y al Juzga do Tercero Administrativo del Circuito de Armenia para que remitieran al trÆmite constitucional el expediente identificado bajo el radicado nœmero 63001-33-33-003-202400164-00/01 y se reconoció personería a la abogada Andrea Ara ngo Valencia como apoderada de la parte accionante.

4.2. El Tribunal Administrativo del Quindío4 al oponerse al amparo adujo que la tutela es improcedente, pues el asunto no cumplió con el requisito de inmediatez, toda vez que la decisión atacada se profirió el 24 de abril del 2025 y su notificación se produjo al día siguiente, por lo que a la fecha de presentación de la solicitud ya habían transcurrido los seis (6) meses contemplados como regla general establecida por la jurisprudencia constitucional como lapso mÆximo para acudir a la acción de tutela.

No obstante, a partir de la lectura del escrito, concluyó que no se configuraron los

seis (6) meses contemplados como regla general establecida por la jurisprudencia constitucional como lapso mÆximo para acudir a la acción de tutela.

No obstante, a partir de la lectura del escrito, concluyó que no se configuraron los defectos mencionados, toda vez que, de la evaluación efectuada de las nor mas aplicables al caso, así como el contenido de los decretos expedidos en los aæo s 2008 y

3 ˝ndice 00005 del aplicativo SAMAI, con certificado nœm . 0497B724BAB34B7A 5ABFC9E501562AE9 AAB6B26BD3C1E3D4 5EC635AF15A4F936. 4 ˝ndices 00009, 00010, 00014 del aplicativo SAMAI con certificados nœm. 3CF93EA543A3BB3B 922C79A78FD5C6F2 63D89EBE3ED9059A 2DAA4C153F65EBC9, EA8B261051DB9515 3BA15A6E1A9181B8 ED565A BF3A617B3A DD7243A20B3EC1AE.Radicado: 11001-03-15-000-2025-06893-00

Accionante: Luz Enith Bergaæ o Mendoza

4 2009, era dable reiterar que se debían realizar distinciones entre personas que no cumplían los mismos horarios, ni idØnticas responsabilidades y ocupaban ca tegorías del escalafón diferentes; de igual modo, se siguió la metodología de la Corte Constitu cional sobre el test de igualdad para colegir que en los aumentos decretados para las vigencias discutidas, por lo que se respetó el mínimo que la jurisprudencia había estima do como

sobre el test de igualdad para colegir que en los aumentos decretados para las vigencias discutidas, por lo que se respetó el mínimo que la jurisprudencia había estima do como bÆsico para mantener el poder adquisitivo de los funcionarios y empleados pœblicos.

Adicionalmente, enfatizó que al momento de emitir la decisión fueron valoradas las pruebas aportadas al proceso, las cuales no tuvieron la virtualidad de mo dificar la interpretación que a la luz de la norma correspondía impartir en el trÆmite.

4.3. El Departamento del Quindío 5 manifestó que el asunto careció de relevancia constitucional, toda vez que lo discutido son derechos de carÆcter económico acce sorio y no se trata de mínimos laborales, pues lo reclamado son sanciones e indemnizaciones moratorias.

Agregó que la controversia es de orden jurídico legal y no constitucional, en la que se debate la aplicación de una normativa prevista para servidores pœblicos a nivel general y trabajadores de derecho privado, no siendo aplicable a los docentes toda vez que estos gozan de un rØgimen especial, respecto del cual no se avizoró vulneración al d erecho a la igualdad ni al principio de favorabilidad.

Por lo expuesto, consideró que la solicitud no cumplió con los requisitos generales para promover una tutela en contra de una decisión judicial, ni se puede emple ar como una tercera instancia, por lo que pidió declarar la improcedencia de la acción.

4.4. El Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Armenia6 manifestó que ni en el trÆmite del proceso ni en la providencia atacada se presentaron los de fectos endilgados, pues lo que realmente avizoró fue una inconformidad de la demandante con

el trÆmite del proceso ni en la providencia atacada se presentaron los de fectos endilgados, pues lo que realmente avizoró fue una inconformidad de la demandante con el criterio judicial adoptado tanto en primera como en segunda instancia, al no estar de acuerdo con la valoración jurídica que realizaron ambos jueces sobre la constitucionalidad y legalidad de los incrementos salariales diferenciados, situació n que no configuró una vulneración de derechos fundamentales que amerita ra la excepcional intervención del juez constitucional. Por lo expuesto, solicitó declarar la improced encia de la presente acción.

4.5. El Ministerio de Educación Nacional7 presentó un resumen de la sentencia C-590 de 2005, relativa a los requisitos de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, y concluyó que la solicitud elevada por la actora no cumplía con ninguno de dichos presupuestos. En consecuencia, solicitó negar el amparo.

5 ˝ndice 00011 del aplicativo SAMAI, con certificado nœm . 4AE492BCB13134FB 28CB96716C374DD4 8D18344735095272 1165B231F0527BA1. 6 ˝ndice 00012 del aplicativo SAMAI, con certificado nœm. 01D58DCCFA1D4045 C025C22AF5403EA7 F82DF1F3CB73C0BF 46BC051840EA367B. 7 ˝ndices 00013, 00015 del aplicativo SAMAI, con certific ado nœm. 6C54BAC0221DD2A0 A577A7A34F6DF5F9

CAB7E02BA64A52F2 AE0DF7D4A5DBDE2F.Radicado: 11001-03-15-000-2025-06893-00

Accionante: Luz Enith Bergaæ o Mendoza

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II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

La Sala es competente para decidir la presente acción de tutela, de con formidad con lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Política y el artículo 37 del De creto 2591 de 1991.

2. Legitimación en la causa

2.1. La Sala encuentra acreditada la legitimación en la causa por activa de Luz Enith Bergaæo Mendoza al ser la titular de los derechos que afirma fueron vu lnerados, dado que actuó como demandante en el trÆmite del medio de control de n ulidad y restablecimiento del derecho adelantado bajo el radicado nœm. 63001-33-3 3-003-202400164-00/01.

2.2. TambiØn estÆ probada la legitimación en la causa por pasiva del Tribunal Administrativo del Quindío por cuanto actuó como juez dentro del proce so mencionado, y fue su actuación a la que la parte accionante atribuyó la vulneración de sus garantías constitucionales.

3. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si en el caso sub judice se encuentran superados los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial. En caso afirmativo, se procederÆ a realizar el estudio de fondo frente a los argu mentos expuestos por la parte accionante.

4. Procedibilidad de la acción

En los casos en que la solicitud de amparo ataca una providencia judicial, la doctrina

En caso afirmativo, se procederÆ a realizar el estudio de fondo frente a los argu mentos expuestos por la parte accionante.

4. Procedibilidad de la acción

En los casos en que la solicitud de amparo ataca una providencia judicial, la doctrina constitucional ha indicado que el juez de tutela debe, en forma prelimina r, realizar un examen de procedibilidad general de la acción, pues solo una vez verificada la observancia de los requisitos que la determinan, procede el pronunciamiento de fondo sobre la problemÆtica jurídica que el extremo actor plantea, en función de los defectos que reprocha a la actuación acusada y conforme a las causales específica s de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.

Es así como, tratÆndose de acciones de tutela contra providencias judiciales, la Corte Constitucional a travØs de la sentencia C-590 de 2005 8 indicó que estas proceden si se cumplen ciertos y rigurosos requisitos de procedibilidad, unos de carÆcter general, que

8 Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviæo.Radicado: 11001-03-15-000-2025-06893-00

Accionante: Luz Enith Bergaæ o Mendoza

6 habilitan la interposición de la tutela 9 y otros de carÆcter específico, que tocan con la procedencia misma del amparo, una vez interpuesto10.

Bajo esta línea jurisprudencial, en este tipo de tutelas, “la función del juez de tutela no es la de fungir como una instancia adicional del procedimiento judicial que se cuestiona pues ello desconocería la competencia y finalidad de administración de justicia por parte de los

Bajo esta línea jurisprudencial, en este tipo de tutelas, “la función del juez de tutela no es la de fungir como una instancia adicional del procedimiento judicial que se cuestiona pues ello desconocería la competencia y finalidad de administración de justicia por parte de los jueces naturales, así como su autonomía funcional”11.

4.1. Relevancia constitucional

Dado que la acción de tutela no es una instancia adicional para controvertir las decisiones judiciales y, por el contrario, es un mecanismo excepcional cuyo objeto exclusivo es la protección efectiva de los derechos fundamentales, se requiere que el asunto que origina la solicitud de amparo contra una providencia judicial tenga una clara, marcada e indiscutible importancia constitucional, lo que impide que el juez constitucional inva da la órbita de competencia del juez natural de la causa, a la vez que garantiza la au tonomía e independencia judicial.

Así, la Corte Constitucional ha resaltado que la relevancia constitucional tiene por finalidad: “(i) preservar la competencia y la independencia de los jueces de las jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de t utela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad; (ii) restringir el eje rcicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los derechos fundamentales y, finalmente, (iii) impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces”12.

En línea con lo anterior, en la SU-215 de 2022 la Corte Constitucional fijó como criterios para definir el cumplimiento del requisito de relevancia constitucional: i) que el debate en

adicional para controvertir las decisiones de los jueces”12.

En línea con lo anterior, en la SU-215 de 2022 la Corte Constitucional fijó como criterios para definir el cumplimiento del requisito de relevancia constitucional: i) que el debate en

9 De acuerdo con la sentencia C-590 de 2005, la tutela en contra de providencia judicial estÆ sujeta al cumplimi ento de los siguientes requisitos generales de procedibilidad: q ue el asunto sometido a estudio del juez de tutela tenga relevancia constitucional; que el actor haya agotado los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios antes de acudir al juez de tutela; que la petición cumpla con el requisito de inmediatez; que en el evento de fundamentarse la solicitud en una irregularidad procesal, esta tenga incidencia di recta en la decisión de fondo que se estima violatoria de los derechos fundamentales; que se identifiquen en forma razo nable los hechos que generan la vulneración de los derechos y, de ser posible, hayan sido cuestionados al interior del proceso y; que el fallo censurado no sea de tutela 10 Las causales específicas de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial se concretan en lo s defectos o errores en que puede incurrir la decisión cuestionada, de modo que, si en una decisión judicial se presenta alguna de las causales específicas, podrÆ ser razón sufic iente para el amparo constitucional. A saber: a) Defecto orgÆnico, que se presenta cuando el juez carece de comp etencia; b) defecto procedimental, que ocurre cuando la autoridad judicial actuó al margen del procedimiento establecido; c) defecto fÆctico, esto es, cuando el juez no tuvo en

orgÆnico, que se presenta cuando el juez carece de comp etencia; b) defecto procedimental, que ocurre cuando la autoridad judicial actuó al margen del procedimiento establecido; c) defecto fÆctico, esto es, cuando el juez no tuvo en cuenta el material de prueba obrante en el expediente para proferir decisión; d) defecto material o sustantivo, el que se origina en el evento en que se decida con fundamento en normas inexistentes o inconstitucionales, en contravía d e ellas, o existe una evidente y grosera contradicción entr e los fundamentos y la decisión; e) error inducido, cuand o la autoridad judicial es víctima de engaæo por terceros y el mismo lo condujo a tomar una decisión que afecta derec hos fundamentales; f) decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar c uenta de los fundamentos fÆcticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional; g) desconocimiento del precedente constitucional, cuando la Corte Constituciona l establece el alcance de un derecho fundamental y el jue z ordinario aplica una ley limitando sustancialmente di cho alcance y h) violación directa de la Constitución Política, cuando los jueces desconocen la aplicación de la Le y Fundamental, conforme al mandato consagrado en el artícul o 4” de la Carta Política que antepone de manera preferente la aplicación de sus postulados. 11 Corte Constitucional, sentencia T-066 de 2019, que, a su vez reitera la T-336 de 2004. 12 Corte Constitucional, SU 573 de 2019.Radicado: 11001-03-15-000-2025-06893-00

11 Corte Constitucional, sentencia T-066 de 2019, que, a su vez reitera la T-336 de 2004. 12 Corte Constitucional, SU 573 de 2019.Radicado: 11001-03-15-000-2025-06893-00

Accionante: Luz Enith Bergaæ o Mendoza

7 tutela gire en torno al contenido, alcance y goce de un derecho fundam ental; ii) que la controversia no se limite a asuntos de mera legalidad o económicos; y, iii) que el reparo formule argumentos suficientes dirigidos a demostrar la configuración de un defecto.

AdemÆs, indicó que, si la providencia objeto de reparo fue emitida po r una alta corte, el estudio de procedibilidad debe ser mucho mÆs estricto, lo que implica verifica r la existencia de una actuación claramente arbitraria y violatoria de derechos fundamentales.

De modo que, en las acciones de tutela interpuestas contra las decisiones judiciales, el anÆlisis de la relevancia constitucional como requisito de procedibilidad implica la necesidad de establecer: i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fund amental; ii) que la controversia no se limite a una discusión meramente legal o de conten ido estrictamente económico con connotaciones particulares o privadas; iii) que se justifique razonablemente una afectación desproporcionada a derechos fundamentales; y iv) que se advierta una verdadera vulneración arbitraria o violatoria de derechos fundamentales. De manera que la intervención del juez constitucional se establezca, exclusivamente, ante graves defectos constitucionales.

se advierta una verdadera vulneración arbitraria o violatoria de derechos fundamentales. De manera que la intervención del juez constitucional se establezca, exclusivamente, ante graves defectos constitucionales.

Como corolario de lo expuesto, el cumplimiento del requisito de procedibilidad relacionado con la relevancia constitucional implica que el asunto en cuestión afecte de manera directa y significativa los derechos fundamentales consagrados en la Constitución. Esto permite determinar la procedencia y el alcance de la intervención del juez constitucional con base en tres aspectos: i) La afectación directa o repercusión en la vulneración de los derechos fundamentales; ii) el impacto en el interØs pœblico, ya que el asunto debe trascender el interØs particular de las partes y generar un efecto mÆs amplio en la sociedad o en el orden jurídico y, iii) la claridad y fundamentación de la petición de amparo, con el fin de justificar su importancia.

Respecto de esta œltima, debe destacarse que quien solicita el amparo debe cumplir con la carga de exponer las razones por las que el reproche a una providencia que ha hecho trÆnsito a cosa juzgada trasciende de la controversia litigiosa propia de la causa ordinaria, a una cuestión con relevancia constitucional, en tØrminos de los defectos definidos por la jurisprudencia como œnicas causales que habilitan el control constitucional concreto13.

5. Caso concreto

La Sala anuncia que la presente acción constitucional no cumple con el requisi to de relevancia constitucional, por las razones que se exponen a continuación:

5.1. Al revisar el escrito de tutela, se advierte que la parte actora sostuvo que la autoridad

relevancia constitucional, por las razones que se exponen a continuación:

5.1. Al revisar el escrito de tutela, se advierte que la parte actora sostuvo que la autoridad accionada incurrió en un defecto sustantivo, en la medida en que no analizó ni aplicó el contenido del Decreto 1278 de 2002 y de la Ley 4 de 1992 en lo referen te a la

13 Cfr. sentencia C-590 de 2005.Radicado: 11001-03-15-000-2025-06893-00

Accionante: Luz Enith Bergaæ o Mendoza

8 remuneración salarial, en armonía con las categorías docentes allí estable cidas, lo que dio lugar a un reconocimiento disímil y desproporcionado.

Asimismo, afirmó que la providencia adolecía de un defecto fÆctico, pues no va loró el material probatorio que demostraba la desigualdad salarial derivada de los decretos de los aæos 2008 y 2009. Ello se tradujo en que los niveles superiores recibieran incrementos menores, afectando la progresividad salarial.

5.2. Ahora bien, del anÆlisis de los aspectos abordados en la sentencia dictada por el Tribunal Administrativo del Quindío, la cual puso fin a la actuación ordinaria, así como de las pruebas incorporadas al proceso, se advierte que el ad quem arribó a las siguientes conclusiones:

“(…) Se precisa que este Tribunal comparte las consideraciones de la sentencia de instancia para concluir la inexistencia de vulneración del derecho a la igualdad, en tanto la Corte Constitucional ha expresado que el examen de validez constitucional de un trato diferenciado entre dos sujetos o situaciones (tertium

de instancia para concluir la inexistencia de vulneración del derecho a la igualdad, en tanto la Corte Constitucional ha expresado que el examen de validez constitucional de un trato diferenciado entre dos sujetos o situaciones (tertium comparationis) consiste en determinar si el criterio de diferenciación utilizado observó el principio de igualdad (artículo 13 C.P), por ende, “Esta concepción supone que el establecimiento de algunos tratos diversos es posible. El anÆlisis constitucional de la situación desigual reprochada exige la identificación de los siguientes presupuestos: i) los tØrminos de comparación, es decir, las personas, elementos, hechos o situaciones que efectivamente son comparables; y, ii) respecto a los cuales se establece un trato desigual”. (Negrillas fuera de texto original).

Así entonces, es claro que, como se sostuvo en el fallo recurrido, la situación reprochada como desigual, no cumple las primeras exigencias de comparación, si se verifica que, se identifica un trato disímil, pero a sujetos distintos y en condiciones diferentes, así sean ambos docentes profesionales, son servidores a los que se les exige distinta cualificación, evaluación y experiencia, lo que, desde ya, supone la validez de la existencia de tratos diversos a diferentes sujetos. AdemÆs, la demandante pretende equiparar el grado A con el grado B profesional docente, sin tener en cuenta que uno y otro reciben una remuneración de asiento o de base al momento de la reglamentación distinta; el educador profesional que apenas ingresa al escalafón docente grado A tenía una remuneración visiblemente menor al de mayor trayectoria y que ha venido ascendiendo en los niveles salariales, razón por la cual, no son dos situaciones comparables de uno y otro

apenas ingresa al escalafón docente grado A tenía una remuneración visiblemente menor al de mayor trayectoria y que ha venido ascendiendo en los niveles salariales, razón por la cual, no son dos situaciones comparables de uno y otro servidor.

Por tanto, la reglamentación objeto de reproche, permite identificar una base salarial acorde con la realidad de cada servidor docente, a fin de que los aumentos salariales que en lo sucesivo hiciese el Gobierno Nacional no permitan generar una brecha notable entre remuneraciones de docentes, sin que se desconozca que el docente con mayor grado y nivel seguirÆ percibiendo una mejor remuneración salarial.

Por lo descrito, el cargo no prospera.

Tampoco se encuentra razón al apelante en lo atinente a la incongruencia atribuida a la sentencia de primera instancia, consistente en no haberse abordado las razones de hecho y de derecho para el trato diferenciado en los incrementos porcentuales a la base salarial dispuesta para ciertos aæos, sin aplicarse idØnticaRadicado: 11001-03-15-000-2025-06893-00

Accionante: Luz Enith Bergaæ o Mendoza

9 medida para otros, ni en lo relacionado con la inexistencia de fundamento tØcnico para disponer incrementos salariales desiguales en ciertas anualidades.

Ello es así por cuanto revisada la decisión objeto del recurso, se advierte que en la misma, al respecto se sostuvo que no todas las diferencias salariales que se presentaron en los grados de escalafón fueron a mayor preparación – mayor incremento o diferencia salarial, pues precisamente dentro de la competencia privativa que tiene el Gobierno Nacional, “para realizar ajustes a los salarios,

presentaron en los grados de escalafón fueron a mayor preparación – mayor incremento o diferencia salarial, pues precisamente dentro de la competencia privativa que tiene el Gobierno Nacional, “para realizar ajustes a los salarios, estimó inconveniente realizar ajustes salariales en algunos cargos que sin tener un mayor grado de escalafón, requerían un mayor ajuste para cerrar la brecha salarial existente dentro de los grados de escalafón”, sin que ello signifique, deparar un trato desigual o discriminatorio, sino que se aviene a las competencias del Ejecutivo siguiendo los lineamientos legales, para efectuar los incrementos respecto al mínimo que debe darse cada aæo y, en ese orden, no se encontró un manejo injusto, ilegal, ni discriminatorio por parte del Ministerio de Educaci ón Nacional en el cumplimiento de los Decretos del Gobierno Nacional emitidos siguiendo lo