CE - Sentencia 11001031500020250690700 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Magistrado ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL

Bogotá D.C., once (11) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

Acción: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2025-06907-00

Accionante: AUDOMELIO FRAGOZO EPIAYU

Accionados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE LA GUAJIRA Y OTRO

Tema: Mora judicial – niega.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Esta Sala es competente para asumir el conocimiento de la acción de tutela presentada por la parte actora en contra del Tribunal Administrativo de La Guajira y el Juzgado Primero Civil del Circuito de San Juan del Cesar (La Guajira) . Lo anterior, de conformidad con lo establecido por el Decreto 2591 de 1991, en concordancia con el Decreto 1069 de 2015, modificado por los decretos 333 de 2021 y 799 de 2025, así como el Acuerdo 080 de 2019 1 de la Sala Plena del Consejo de Estado.

Por auto del 7 de agosto de 20252, se admitió la solicitud de amparo de la referencia.

I. ANTECEDENTES

1.1. Tutela

1. El señor Audomelio Fragozo Epiayu, actuando como miembro y autoridad

I. ANTECEDENTES

1.1. Tutela

1. El señor Audomelio Fragozo Epiayu, actuando como miembro y autoridad tradicional de la comunidad indígena Wayuu El Espinal, instauró acción de tutela en contra del Tribunal Administrativo de La Guajira y el Juzgado Primero Civil del 1 Modificado por el Acuerdo 434 de 2024. 2 Índice 4 de Samai. Al respecto, resulta oportuno precisar que se notificó como entidades accionadas al Tribunal Administrativo de La Guajira y al Juzgado Primero Civil del Circuito de San Juan del Cesar. A su vez, se vinculó en calidad de terceros con interés a a la Superintendencia de Notariado y Registro – Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Riohacha, Carbones del Cerrejón Limited., Cerrejón y Cerrejón Zona Norte S. A e International Colombia Resorces Corpooration LLC Intercor, así como a los herederos determinados e indeterminados de Francisca Epiayu y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado en los términos del artículo 610 del Código General del Proceso.

A efectos de lograr la notificacion de los herededtos determinados e indeterminados, se requirió al Juzgado Primero Civil del Circuito de San Juan del Cesar para que informara sus direcciones electrónicos y se le ordenó a la Secretaría General de la corpor acion la publicacion de dicha providencia. Finalmente, se negó el decreto de las medidas provisionales solicitadas por la parte actora.Accionante: Audomelio Fragozo Epiayu Accionados: Tribunal Administrativo de La Guajira y otro Radicado: 11001-03-15-000-2025-06907-00

actora.Accionante: Audomelio Fragozo Epiayu Accionados: Tribunal Administrativo de La Guajira y otro Radicado: 11001-03-15-000-2025-06907-00

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2 Circuito de San Juan del Cesar (La Guajira). Con la solicitud de amparo pretende que se le protejan sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia y a la autodeterminación.

2. Las anteriores trasgresiones constitucionales se las adjudica, de un lado, a la mora judicial en la que ha incurrido el Juzgado Primero Civil del Circuito San Juan del Cesar al resolver la solicitud elevada por la comunidad indígena el día 23 de octubre del presente año, al interior del proceso verbal de restitución de inmueble identificado con radicado 44650-31-89-000-2021-00015-00. De otro lado, a la ausencia de traslado del expediente de nulidad simple identificado con radicado: 44001-23-40000-2024-00131-00 a la jurisdicción especial indígena o a la Corte

Constitucional.

3. Con base en lo anterior, la parte actora solicitó lo siguiente:

1Tutelar los derechos fundame ntales al debido proceso, acceso a la administracion de justicia, autonomia, autogobierno, autodeterminacion y derecho a nuestro juez natural, vulnerados por el Tribunal contencioso administrativo de la Fuajira y Juez primero civil del circuito de San juan del Cesar La Guajira. 2Ordenar al tribunal contencioso administrativo de La Guajira y al juez primero

derecho a nuestro juez natural, vulnerados por el Tribunal contencioso administrativo de la Fuajira y Juez primero civil del circuito de San juan del Cesar La Guajira. 2Ordenar al tribunal contencioso administrativo de La Guajira y al juez primero civil del circuito de San juan del Cesar La Guajira, trasladar los expedientes del proceso de accion de nulidad y el proceso de restitucion de inmueble las delicias a la jurisdicion especial indigena o a la corte constitucional. [Sic a toda la cita]

1.2. Hechos

4. La Sala encontró demostrados los siguientes supuestos fácticos relevantes

para la decisión que se adoptará en la sentencia:

• Del proceso verbal de restitución de inmueble 44650-31-89-000-202100015-00 tramitado en el Juzgado Primero Civil del Circuito de San Juan del

Cesar (La Guajira)

5. La empresa Carbones del Cerrejón promovió un proceso verbal de restitución de inmueble en contra de los herede ros determinados e indeterminados de Francisca Epiayu. Con la demanda, solicitó que se declarara judicialmente incumplido y, por consiguiente, terminado el contrato de comodato precario del predio rural destinado a actividades agrícolas denominado «Las Delicias» celebrado con la señora Francisca Epiayu. En consecuencia, se ordenara la desocupación y restitución del inmueble.

6. El asunto correspondió al Juzgado Primero Civil del Circuito de San Juan del Cesar (La Guajira), autoridad judicial que mediante sentencia del 5 de junio de 2025 accedió a las pretensiones y, por ende, declaró la terminación del contrato y ordenó

6. El asunto correspondió al Juzgado Primero Civil del Circuito de San Juan del Cesar (La Guajira), autoridad judicial que mediante sentencia del 5 de junio de 2025 accedió a las pretensiones y, por ende, declaró la terminación del contrato y ordenó la entrega del inmueble a favor de la sociedad demandante.

7. El 23 de octubre de 2025, el señor Audomelio Fragozo le solicitó a laAccionante: Audomelio Fragozo Epiayu Accionados: Tribunal Administrativo de La Guajira y otro Radicado: 11001-03-15-000-2025-06907-00

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3 autoridad judicial respectiva el traslado del expediente del proceso a la jurisdicción especial indígena o, en su defecto, a la Corte Constitucional para que aquella dirimiera el conflicto de competencia entre la jurisdicción ordinaria y la especial indígena.

• Del proceso de nulidad simple 44001-23-40000-2024-00131-00 adelantado en el Tribunal Administrativo de La Guajira

8. El señor Audomelio Fragozo Epiayu ejerció el medio de control de nulidad simple en contra de «la anotación 004 del 24 de junio de 2002 expedido por el

Registrador de Instrumentos Públicos».

9. En providencia del 14 de enero de 2025, el Tribunal Administrativo de La Guajira admitió la demanda. Por lo tanto, dispuso la notificación como accionados de la Superintendencia de Notariado y Registrado – Oficina de Registro de

9. En providencia del 14 de enero de 2025, el Tribunal Administrativo de La Guajira admitió la demanda. Por lo tanto, dispuso la notificación como accionados de la Superintendencia de Notariado y Registrado – Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Riohacha y vinculó a Cerrejón Zona Norte S.A. e

International Colombia Resorces Corpooration LLC Intercor.

1.3. Sustento de la vulneración

10. La parte actora señaló que la comunidad indígena está ubicada desde épocas ancestrales en la zona rural del municipio de Hatonuevo (La Guajira), conformada por más de 90 familias que pertenecen al clan indígena Wayuu Epiayú.

11. Luego de hacer un recuento de las actuaciones procesales surtidas en los respectivos procesos indicó que aquellos tenían su vivienda ancestral, comunidad, su propio sistema normativo e instituciones para resolver los conflictos con los particulares. No obstante, a la fecha, las autoridades no ha bían remitido por competencia tales asuntos a su jurisdicción.

12. Enseguida, manifestó que la tutela es procedente porque acredita los requisitos de «relevancia constitucional, subsidiariedad e inmediatez».

1.4. Intervenciones

13. El Juzgado Primero Civil del Circuito San Juan del Cesar de La Guajira señaló que no ha vulnerado los derechos fundamentales invocados por la parte actora.

14. Además, puso de presente que la solicitud de amparo estaba fundamentada en manifestaciones de inconformidad del accionante, quien ha ejercido diferentes acciones dilatorias de la ejecución de la sentencia, pues no solo ha radicado

actora.

14. Además, puso de presente que la solicitud de amparo estaba fundamentada en manifestaciones de inconformidad del accionante, quien ha ejercido diferentes acciones dilatorias de la ejecución de la sentencia, pues no solo ha radicado múltiples acciones de tutela por diferentes hechos sino que también presentó recusación en su contra, la cual fue tramitada mediante providencia del 27 de octubre de 2025, y por consiguiente, se remitió el expediente al Tribunal Superior de Distrito Judicial de Riohacha, quien, a su turno, mediante auto del 30 de octubre negó la referida proposición.Accionante: Audomelio Fragozo Epiayu Accionados: Tribunal Administrativo de La Guajira y otro Radicado: 11001-03-15-000-2025-06907-00

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15. Finalmente, mencionó que como lo pretendido es en el fondo es dejar sin efectos la orden de restitución, la tutela era improcedente por no superar la exigencia de la subsidiariedad, en la medida que no se presentó recurso de apelación contra la sentencia del 5 de junio de 2025, que accedió a las pretensiones de restitución del inmueble.

16. La Superintendencia de Notariado y Registro alegó que en el presente asunto se pretende discutir un tema que se encuentra absolutamente regulado por la Ley, por lo que versa sobre una discusión legal que no tiene la trascendencia de afectar los derechos fundamentales de la parte actora.

17. Además, precisó que la competencia para la anulación de un acto

la Ley, por lo que versa sobre una discusión legal que no tiene la trascendencia de afectar los derechos fundamentales de la parte actora.

17. Además, precisó que la competencia para la anulación de un acto administrativo estaba reservada al juez contencioso-administrativo y, en todo caso, el demandante no había demostrado si quiera haber solicitado ante el juez de conocimiento la falta de jurisdicción para que se a tramitada conflicto de competencias. En esa medida, pidió que se declare la improcedencia de la tutela.

18. Por otra parte, el Tribunal Administrativo de La Guajira solicitó que se niegue el amparo de los derechos reclamados, teniendo en cuenta que aquella corporación no ha incurrido en ninguna acción u omisión que atente contra las garantías fundamentales de la parte actora. Además, expuso que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 152 numeral 25 del CPACA, aquella autoridad es la competente para conocer del litigio y por ello, la parte actora había presentado la demanda ante tal autoridad.

19. Los señores Dilvania Epiayu Epiayu, Virgilio Epiayu Epiayu y la Defensoría del Pueblo allegaron memoriales coadyuvando el escrito de tutela3. En su orden, solicitaron que los expedientes fueran trasladados a la jurisdicción especial indígena o, en su defecto, ante la Corte Constitucional para que se tramite conflicto de competencias y que se valoraran los argumentos y pruebas aportadas por el tutelante, para que se adoptara una decisión en derecho.

II. CONSIDERACIONES

La Sala negará la solicitud de amparo de la referencia. Para ello, se analizarán los

por el tutelante, para que se adoptara una decisión en derecho.

II. CONSIDERACIONES

La Sala negará la solicitud de amparo de la referencia. Para ello, se analizarán los siguientes aspectos: i) cuestión previa: solicitudes de coadyuvancia; ii) el cumplimiento de los requisitos generales de la acción de tutela y, iii) la presunta mora judicial injustificada.

2.1. Cuestión previa

20. Debe recordarse que los señores Dilvania Epiayu Epiayu y Virgilio Epiayu Epiayu indicaron que coadyuvaban el escrito de tutela. Al respecto, la Sala aceptará la mentada solicitud, toda vez que la misma acredita los requisitos dispuestos en el 3 Véase: índices 25 y 28 Samai.Accionante: Audomelio Fragozo Epiayu Accionados: Tribunal Administrativo de La Guajira y otro Radicado: 11001-03-15-000-2025-06907-00

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5 inciso 2 del artículo 13 del Decreto 2591 de 19914, en tanto se dirigen a reforzar las pretensiones elevadas en la solicitud de amparo.

2.2. Caso concreto

2.2.1. La solicitud de amparo cumple con los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela

21. El artículo 86 de la Constitución Política dispone que la acción de tutela es un mecanismo judicial subsidiario, residual, informal y autónomo que tiene por objeto garantizar la protección inmediata de los derechos fundamentales a través

procedencia de la acción de tutela

21. El artículo 86 de la Constitución Política dispone que la acción de tutela es un mecanismo judicial subsidiario, residual, informal y autónomo que tiene por objeto garantizar la protección inmediata de los derechos fundamentales a través de un proceso preferente y sumario. De acuerdo con lo previsto en el Decreto 2591 de 1991 y el desarrollo jurisprudencial de la Corte Constitucional, son requisitos generales de procedencia de la acción de tutela: i) la legitimación en la causa por activa y por pasiva de las partes, ii) la inmediatez y, iii) la subsidiariedad. El cumplimiento de estos requisitos de procedencia es una condición para que el juez de tutela pueda emitir una decisión de fondo5.

22. Esta Sección considera que la solicitud de amparo cumple con todos los requisitos generales de procedencia referidos, como pasa a exponerse:

23. Legitimación en la causa. Consiste, de una parte, en que quien promueve la acción sea el titular del derecho o del interés que se invoca como fundamento de las pretensiones que se aducen (activa), y, de otra, en que el accionado sea el sujeto frente a quien deben reclamarse y controvertirse estas (pasiva).

24. La Sala advierte que el señor Audomelio Fragozo Epiayu está legitimado en la causa por activa, ya que integra el extremo demandado dentro del proceso verbal de restitución de inmueble identificado con radicado 44-650-31-89-000-2021-0001500 y como demandante al interior del medio de control de nulidad simple con radicado 44001-23-40-000-2024-00131-00, cuya mora judicial se reprocha mediante esta vía.

00 y como demandante al interior del medio de control de nulidad simple con radicado 44001-23-40-000-2024-00131-00, cuya mora judicial se reprocha mediante esta vía.

25. Por otra parte, se evidencia que el Juzgado Primero Civil del Circuito de San Juan del Cesar de La Guajira y el Tribunal Administrativo de La Guajira están legitimados en la causa por pasiva, dado que son las autoridades judiciales a cargo de los procesos arriba referenciados, respectivamente, y respecto de los cuales se predica la mora judicial.

26. Inmediatez. La Corte Constitucional ha señalado reiteradamente que la acción de tutela debe interponerse en un tiempo oportuno y justo, a partir del 4 ARTICULO 13. PERSONAS CONTRA QUIEN SE DIRIGE LA ACCION E INTERVINIENTES. […] Quien tuviere un interés legítimo en el resultado del proceso podrá intervenir en él como coadyuvante del actor o de la persona o autoridad pública contra quien se hubiere hecho la solicitud. 5 Ver, entre otras, sentencias T-183 de 2024, T-309 de 2023 y T-099 de 2021Accionante: Audomelio Fragozo Epiayu Accionados: Tribunal Administrativo de La Guajira y otro Radicado: 11001-03-15-000-2025-06907-00

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6 momento en el que ocurre la situación que presuntamente vulnera o amenaza el derecho fundamental6.

27. Para la Sala, la solicitud de amparo cumple con este requisito, pues, a la

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6 momento en el que ocurre la situación que presuntamente vulnera o amenaza el derecho fundamental6.

27. Para la Sala, la solicitud de amparo cumple con este requisito, pues, a la fecha los hechos en relación con los cuales se predica la presunta vulneración de los derechos fundamentales alegados por el accionante siguen presentándose, en tanto no hay prueba de que las autoridades demandadas hayan remitido los procesos sub examine a la jurisdicción especial indígena o a la Corte Constitucional para que esta resuelva el conflicto de jurisdicciones que presuntamente propuso el actor.

28. Subsidiariedad. El artículo 86 de la Constitución Política consagró el carácter subsidiario de la acción de tutela frente a los medios ordinarios de defensa.

En virtud de dicho requisito, la Corte Constitucional ha determinado acción de tutela solo procede en dos casos excepcionales7: i) como mecanismo de protección definitivo, si el afecto no dispone de otro medio de defensa judicial idóneo8 y eficaz9 y, ii) como mecanismo de protección transitoria.

29. Esta Sección considera que se cumplió con dicho presupuesto, dado que no cuenta con otros mecanismos judiciales para reprochar la falta de trámite al conflicto de jurisdicción en los procesos judiciales en los que figura como sujeto procesal.

2.2.2. En el caso objeto de estudio los operadores judiciales accionados no incurrieron en mora judicial injustificada

30. La Corte Constitucional ha señalado que el fenómeno de la mora judicial puede llegar a vulnerar los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso

incurrieron en mora judicial injustificada

30. La Corte Constitucional ha señalado que el fenómeno de la mora judicial puede llegar a vulnerar los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, en los casos que: «(i) se presenta un incumplimiento de los términos señalados en la ley para adelantar alguna actuación judicial; (ii) no existe un motivo razonable que justifique dicha demora, como lo es la congestión judicial o el volumen de trabajo; y (iii) la tardanza es imputable a la omisión en el cumplimiento de las funciones por parte de una autoridad judicial»10.

31. Como se ha expuesto, el accionante adjudicó la vulneración de sus garantías constitucionales a la mora judicial del Juzgado Primero Civil del Circuito de San Juan del Cesar y el Tribunal Administrativo La Guajira de remitir los procesos judiciales que tramitan dichas autoridades a la jurisdicción especial indígena, o en su defecto, remitirlas a la Corte Constitucional para que se dirima el conflicto de competencias.

6 Ver, entre otras, sentencias T-834 de 2005, T-887 de 2009 y T-427 de 2019. 7 Sentencia T-183 de 2024. 8 De acuerdo con la jurisprudencia constitucional, es idóneo si es «materialmente apto para producir el efecto protector de derechos fundamentales». Al respecto, ver sentencia SU-379 de 2019. 9 Ib. La Corte Constitucional ha considerado que la eficacia se refiere a si el mecanismo judicial está diseñado para brindar una protección oportuna a los derechos fundamentales vulnerados. 10 Ver las siguientes sentencias de la Corte Constitucional: T-183 de 2024, T-420 de 2022 y SU-179

diseñado para brindar una protección oportuna a los derechos fundamentales vulnerados. 10 Ver las siguientes sentencias de la Corte Constitucional: T-183 de 2024, T-420 de 2022 y SU-179 de 2021.Accionante: Audomelio Fragozo Epiayu

Accionados: Tribunal Administrativo de La Guajira y otro

Radicado: 11001-03-15-000-2025-06907-00

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35. En efecto, de una revisión del escrito de contestación de la tutela, así como de las piezas procesales allegadas por el juzgado de conocimiento, no obra constancia de respuesta por parte de la autoridad judicial a la solicitud de que el expediente sea trasladado a la jurisdicción especial indígena o para que se remita el expediente a la Corte Constitucional, para que resuelva el conflicto de jurisdicciones.

36. Sin perjuicio de lo anterior, la Sala no advierte que tal omisión configure per se una mora judicial injustificada por dos razones fundamentales. La primera es que no ha transcurrido un término irracional desde que el accionante interpuso la aludida solicitud, a la fecha de la presente decisión. Como viene de verse, la solicitud se radicó el 23 de octubre de 2024 y la tutela fue interpuesta el 4 de noviembre de

2025. En segundo lugar, porque la autoridad judicial ha venido adelantando diferentes actuaciones al interior del expediente que permiten inferir que no existe una inactividad.

37. Al revisar las actuaciones surtidas en el proceso en comento, se destaca que el señor Audomelio Fragozo Epiayu recusó al juez a cargo, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 7 y 9 del artículo 141 del Código General del Proceso.

De manera que, mediante auto del 27 de octubre de 2025, el operador resolvió no aceptar la recusación formulada y remitir el expediente al Tribunal Superior de

dispuesto en los numerales 7 y 9 del artículo 141 del Código General del Proceso. De manera que, mediante auto del 27 de octubre de 2025, el operador resolvió no aceptar la recusación formulada y remitir el expediente al Tribunal Superior de Riohacha, de conformidad con lo señalado por el inciso 3 del artículo 143 ibidem.

38. En consecuencia, las diligencias se remitieron a la Sala de Decisión Civil – Familia y Laboral del Tribunal de Superior de Riohacha, que, mediante providencia del 30 de octubre de 2025, negó la recusación y ordenó que, ejecutoriada tal decisión, se devolviera el expediente al juzgado de origen.

39. Así mismo, obra constancia secretarial del 5 de noviembre de 2025 en el que consta el paso al despacho del proceso al Juzgado Primero Civil del Circuito de San Juan del Cesar, con escrito del 4 de noviembre de 2025 suscrito por el señor Fragozo Epiayu de suspensión de la orden de entrega del inmueble «Las Delicias».

40. En ese orden de ideas, es posible inferir que no ha mediado una dilación injustificada por parte de la autoridad judicial para resolver la solicitud elevada por el demandante el pasado 23 de octubre de 2025, en la medida que se ha estado gestionando el proceso y las diligencias pertinentes para resolver lo propuesto por los sujetos procesales. Por ende, lo correspondiente es negar las pretensiones.

41. Con todo, se instará a la autoridad judicial para que atienda la solicitud del 23 de octubre de 2025 radicada por el señor Audomelio Fragozo Epiayu al interior del expediente ordinario, en un término expedito. Ello, a efectos de garantizar que la

de octubre de 2025 radicada por el señor Audomelio Fragozo Epiayu al interior del expediente ordinario, en un término expedito. Ello, a efectos de garantizar que la misma no se le dilate en el tiempo.

• Expediente de nulidad simple identificado con radicado: 44001 -2340000-2024-00131-00 adelantado por el Tribunal Administrativo de La Guajira.Accionante: Audomelio Fragozo Epiayu Accionados: Tribunal Administrativo de La Guajira y otro Radicado: 11001-03-15-000-2025-06907-00

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42. Ahora bien, contrario a lo sucedido en las diligencias vistas con antelación y en las que obra de por medio una solicitud elevada por el actor en relación con el trámite de un conflicto de competencias, la Sala advierte que en el medio de control de nulidad que se tramita en el Tribunal Administrativo de La Guajira, no se tiene constancia de memoriales radicados por el interesado para esos efectos.

43. Lo anterior es suficiente para descartar una vulneración del derecho fundamental de acceso a la administración de justicia o debido proceso de la parte tutelante. Ciertamente, si no ha recibido ningún tipo de memoriales o solicitudes relacionadas con la solicitud de remisión del expediente a la jurisdicción especial indígena, no es posible advertir que exista una omisión o dilación de parte del Tribunal Administrativo de La Guajira al tramitarlo o a remitirle el proceso a la Corte Constitucional, si, a su juicio, es la autoridad judicial competente para resolver sobre

Tribunal Administrativo de La Guajira al tramitarlo o a remitirle el proceso a la Corte Constitucional, si, a su juicio, es la autoridad judicial competente para resolver sobre la nulidad de la anotación «la anotación 004 del 24 de junio de 2002».

2.3. Conclusión

44. De conformidad con las razones anteriormente estudiadas, para la Sala, las autoridades judiciales accionadas no han incurrido en una mora judicial injustificada, por lo que negará las pretensiones de la tutela. Sin embargo, en relación con el Juzgado Primero Civil del Circuito de San Juan del Cesar, se le instará a que resuelva en un término expedito la solicitud allegada por la parte actora el pasado el 23 de octubre de 2025.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

III. FALLA

PRIMERO: NEGAR la acción de tutela presentada por la parte actora en contra del Tribunal Administrativo de La Guajira y el Juzgado Primero Civil del Circuito de San

Juan del Cesar (La Guajira).

SEGUNDO: ACEPTAR como coadyuvantes a los señores Dilvania Epiayu Epiayu y Virgilio Epiayu Epiayu y a la Defensoría del Pueblo.

TERCERO: INSTAR al Juzgado Primero Civil del Circuito de San Juan del Cesar, para que resuelva en un término expedito la solicitud allegada por la parte actora el pasado el 23 de octubre de 2025 al interior del expediente 44650-31-89-000-2021000150.

para que resuelva en un término expedito la solicitud allegada por la parte actora el pasado el 23 de octubre de 2025 al interior del expediente 44650-31-89-000-2021000150.

CUARTO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.Accionante: Audomelio Fragozo Epiayu Accionados: Tribunal Administrativo de La Guajira y otro Radicado: 11001-03-15-000-2025-06907-00

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QUINTO: En caso de que no sea impugnada esta providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión al día siguiente de su ejecutoria.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA

Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ

Magistrado

PEDRO PABLO VANEGAS GIL

Magistrado

Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el número de radicación en https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx