CE - Sentencia 11001031500020250691300 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá, D. C., dos (2) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Acción de tutela Radicado: 11001-03-15-000-2025-06913-00 (10985)

Accionante: Mirian Luz Ibargüen Ibargüen

Accionado: Tribunal Administrativo del Chocó, Sala Primera de Decisión

Tema: tutela contra providencia judicial. Subtema 1: medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho . Subtema 2: incrementos porcentuales diferenciados entre los niveles A y B del grado 2 del escalafón nacional docen te para el 2009 .

Subtema 3: defecto sustantivo. Subtema 4: defecto fáctico.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver la solicitud de amparo interpuesta por Mirian Luz Ibargüen Ibargüen contra el Tribunal Administrativo del Chocó, Sala Primera de Decisión.

1. SÍNTESIS DEL CASO

La señora Mirian Luz Ibargüen Ibargüen presentó acción de tutela con la pretensión de amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y de acceso a la administración de justicia , que consideró vulnerado s con ocasión de la sentencia del 30 de julio de 2025 , proferida por el Tribunal Administrativo del Chocó, Sala Primera de Decisión , dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento

acceso a la administración de justicia , que consideró vulnerado s con ocasión de la sentencia del 30 de julio de 2025 , proferida por el Tribunal Administrativo del Chocó, Sala Primera de Decisión , dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el radicado núm. 27001-33-33-006-2024-00123-01, en el que solicitó inaplicar por ilegal el Decreto 284 de 2024 y el pago de las diferencias salariales originadas en los incrementos porcentuales fijados para el 2009 entre los niveles A y B del grado 2 del Escalafón Nacional Docente.Radicado: 11001-03-15-000-2025-06913-00 (10985)

Accionante: Mirian Luz Ibargüen Ibargüen

Accionado: Tribunal Administrativo del Chocó, Sala Primera de Decisión

2

2. ANTECEDENTES

2.1. Hechos relevantes

1. A partir del escrito de tutela1 y de los demás elementos aportados por las partes al trámite constitucional2, la Sala encuentra probados los siguientes hechos:

2. La señora Mirian Luz Ibargüen Ibargüen presta sus servicios como docente oficial en la categoría 2B del escalafón docente vigente, regulado por el Decreto Ley 1278 de 2002, p ero el Gobierno nacional para el 2009 decretó aumentos porcentuales inequitativos en la asignación básica salarial del personal que tiene ese grado , toda vez que los maestros ubicados en categorías inferiores, como la 2A, fueron beneficiados con mayores incrementos salariales respecto de su categoría (2B), así:

inequitativos en la asignación básica salarial del personal que tiene ese grado , toda vez que los maestros ubicados en categorías inferiores, como la 2A, fueron beneficiados con mayores incrementos salariales respecto de su categoría (2B), así: para el año 2009 el incremento para 2A fue del 15,61 %, en tanto que para 2B alcanzó el 7,67 %.

3. Por lo anterior, presentó petición ante el Ministerio de Educación Nacional y la secretaría de educación del Chocó con el fin de que se le pagara n las diferencias salariales derivadas de los incrementos desiguales e injustificados decretados para el 2009, en los cuales se favoreció a los docentes de una categoría inferior (2A) en detrimento de quienes, como ella, se encontraban en una mejor posición en el escalafón (2B); la cual fue negada mediante los oficios CHO2024EE001589 del 23 de febrero del 2024 y 2024-EE-056678 del 27 de febrero del 2024, respectivamente.

4. Con ocasión de los citados actos administrativos, presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho , en el que solicitó la inaplicación por ilegalidad del Decreto 284 de 2024 , que fijó la escala salarial del personal docente; la nulidad de dichos actos, y el pago de las diferencias salariales causadas durante los últimos tres (3) años anteriores a la presentación de la reclamación administrativa.

5. El Juzgado Sexto Administrativo de Quibdó, mediante sentencia del 13 de diciembre de 2024, negó las pretensiones de la demanda, al estimar que la parte actora da una errada interpretación de la normativa invocada, al pretender equiparar las

diciembre de 2024, negó las pretensiones de la demanda, al estimar que la parte actora da una errada interpretación de la normativa invocada, al pretender equiparar las condiciones del grado 2 nivel B a las del grado 2 nivel A, pese a no ser las mismas, por lo que no es posible con fundamento en los artículos 13 y 53 de la Constitución Política, y los artículos 46 y 49 del Decreto Ley 1278 de 2002, declarar la nulidad de los actos acusados. Inconforme con esta decisión, la señora Mirian Luz Ibargüen Ibargüen presentó recurso de apelación.

6. El Tribunal Administrativo del Chocó, Sala Primera de Decisión , a través de la providencia del 30 de julio de 2025 , confirmó el fallo de primera instancia , porque consideró que no se evidencia ba que los incrementos porcentuales diferenciados

1 Samai, índice 2. 2 Samai, índice 11.Radicado: 11001-03-15-000-2025-06913-00 (10985)

Accionante: Mirian Luz Ibargüen Ibargüen

Accionado: Tribunal Administrativo del Chocó, Sala Primera de Decisión

3

aplicados por el Gobierno nacional durante el 2009 entre los niveles A y B del grado 2 docente atentaran contra los principios de igualdad y progresividad , previstos en los artículos 13 y 53 constitucionales, ni contrarían las disposiciones de la Ley 4ª de 1992, que fija las normas, objetivos y criterios que debe observar el Gobierno nacional para la determinación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, y del Decreto Ley 1278 de 2002.

que fija las normas, objetivos y criterios que debe observar el Gobierno nacional para la determinación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, y del Decreto Ley 1278 de 2002.

2.2. Pretensiones y argumentos de la tutela

7. La señora Mirian Luz Ibargüen Ibargüen solicitó, en el escrito de tutela , lo

siguiente:

1. Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CHOCÓ, en la sentencia proferida el día 30 DE JULIO DEL 2025, en el expediente radicado bajo número 27001333300620240012301, transgredió los derechos fundamentales al DEBIDO PROCESO, IGUALDAD, ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, TUTELA JUDICIAL EFECTIVA y PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD del (la) señor (a) MIRIAN LUZ IBARGÜEN IBARGÜEN , por considerar que las razones de la decisión no se ajustan a la jurisprudencia emitida por las Altas Cortes, el marco normativo aplicable al caso y, el material probatorio obrante en el proceso ordinario.

2. Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CHOCÓ dejar sin efectos la providencia referida en el numeral anterior y se profiera una nueva con una debida interpretación de la norma aplicable al debate jurídico y, analizando de manera concreta la situación particular del (la) docente

2BE a la luz de los ar gumentos planteados en la demanda ordinaria y, los hechos debidamente probados en el debate jurídico3.

8. Como fundamento de sus pretensiones, Mirian Luz Ibargüen Ibargüen aseveró

2BE a la luz de los ar gumentos planteados en la demanda ordinaria y, los hechos debidamente probados en el debate jurídico3.

8. Como fundamento de sus pretensiones, Mirian Luz Ibargüen Ibargüen aseveró que la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Chocó incurrió en defecto sustantivo porque no ofreció una justificación clara y suficiente acerca de la razón por la cual la demandante al estar en el grado 2, nivel B, del escalafón nacional docente, se le reconoció un aumento menor al otorgado a un docente ubicado en el grado 2, nivel A, que es inferior al de ella, lo que resulta contrario al literal j del artículo 2 de la Ley 4ª de 1992, que establece que la fijación de las escalas salariales de los empleados públicos debe tener en cuenta el nivel de los cargos, esto es, la naturaleza de las funciones, sus responsabilidades y las calidades exigidas para su desempeño , en armonía con los artículos 194, 20 y 21 de la Ley 1278 de 2002.

9. Agregó que admitir que los incrementos salariales no guardan una relación directa con el nivel de formación académica, la experiencia acumulada y el desempeño en el ejercicio de la función docente, desconoce los artículos 25 y 53 de la Constitución

3 Se transcribe incluso con errores. 4 «ARTICULO 19. Escalafón Docente. Se entiende por Escalafón Docente el sistema de clasificación de los docentes y directivos docentes estatales de acuerdo con su formación académica, experiencia, responsabilidad, desempeño y competencias, constituyendo los distintos grados y niveles que puede ir alcanzando durante su vida

docentes y directivos docentes estatales de acuerdo con su formación académica, experiencia, responsabilidad, desempeño y competencias, constituyendo los distintos grados y niveles que puede ir alcanzando durante su vida laboral y que garantizarán la permanencia en la carrera docente con base en la idoneidad demostrada en su labor y, permitiendo asignar el correspondiente salario profesional».Radicado: 11001-03-15-000-2025-06913-00 (10985)

Accionante: Mirian Luz Ibargüen Ibargüen

Accionado: Tribunal Administrativo del Chocó, Sala Primera de Decisión

4

Política, sobre la exigencia de una remuneración móvil y proporcional a la cantidad y calidad del trabajo , acorde con las condiciones reales del servicio prestado , y el principio de igualdad.

10. Por otra parte , invocó el defecto fáctico, por cuanto el tribunal incurrió en una indebida valoración probatoria respecto del debate jurídico planteado, puesto que no se acreditó por parte del extremo pasivo que el mayor incremento salarial otorgado a los docentes ubicados en un nivel inferior del escalafón, como es el caso del grado 2A, en comparación con el de Mirian Luz Ibargüen Ibargüen, quien se encontraba en la categoría 2B, respondiera a razones objetivas, verificables y debidamente fundamentadas. No se allegó prueba que demostrara la existencia de motivos válidos que justificaran dicha decisión administrativa, por lo que no se tuvo en cuenta el Decreto 1278 de 2002 , que reconoce la proporcionalidad salarial en función de la preparación, experiencia, calidad, idoneidad y capacidad demostrada por el educador.

que justificaran dicha decisión administrativa, por lo que no se tuvo en cuenta el Decreto 1278 de 2002 , que reconoce la proporcionalidad salarial en función de la preparación, experiencia, calidad, idoneidad y capacidad demostrada por el educador.

11. Concluyó que el análisis de los incrementos salariales de 2009 revela una incongruencia normativa flagrante , pues mientras el nivel 2B exige superar evaluaciones rigurosas y acreditar mayor experiencia, recibió aumentos porcentuales inferiores (7.67 %) frente al 2A (15.61 %). Esta distorsión no solo viola el principio de a trabajo igual, salario igual, sino que desconoce el mandato específico del literal j) del artículo 2 de la Ley 4ª de 1992, que vincula directamente la escala salarial a la complejidad funcional, responsabilidades y calificaciones exigidas. Para sustentar sus argumentos, advirtió que los Juzgados 23 y 28 Administrativos de Medellín accedieron a pretensiones idénticas a las planteadas en este caso5.

2.3. Trámite procesal

12. El despacho ponente, mediante auto del 6 de noviembre de 2025 6, admitió la demanda, ordenó la notificación a la autoridad accionada , es decir, al Tribunal Administrativo del Chocó, Sala Primera de Decisión, y puso en conocimiento el escrito de tutela al Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Quibdó, a la Nación, Ministerio de Educación Nacional, y al departamento del Chocó, secretaría de educación, en su condición de terceros con interés.

2.4. Intervenciones

13. El Tribunal Administrativo del Chocó, Sala Primera de Decisión 7 manifestó que

de Educación Nacional, y al departamento del Chocó, secretaría de educación, en su condición de terceros con interés.

2.4. Intervenciones

13. El Tribunal Administrativo del Chocó, Sala Primera de Decisión 7 manifestó que no se cumple el requisito de relevancia constitucional, porque es indudable que lo que se pretende no es la protección de un derecho fundamental autónomo, sino la revisión del criterio judicial que adoptó esa corporación en el ejercicio legítimo de su función

5 Juzgado Veintitrés Administrativo del Circuito Judicial de Medellín, sentencia del 25 marzo de 2025, actor: Álvaro Salazar Orejuela contra la Nación – Ministerio de Educación y Departamento de Antioquia, proceso con radicado 05001-33-33-023-2024-00171-00; y Juzgado Veintiocho Administrativo del Circuito Judicial de Medellín, sentencia del 8 agosto de 2025, actor: Luz Dary Zuluaga Calderón contra la Nación – Ministerio de Educación y Municipio de Bello, proceso con radicado 05001-33-33-028-2024-00163-00. 6 Samai, índice 5. 7 Samai, incide 10.Radicado: 11001-03-15-000-2025-06913-00 (10985)

Accionante: Mirian Luz Ibargüen Ibargüen

Accionado: Tribunal Administrativo del Chocó, Sala Primera de Decisión

5

jurisdiccional, en cuanto a la valoración probatoria, la interpretación del marco normativo aplicable y la ponderación de los principios de igualdad y progresividad salarial.

14. Afirmó que la jurisprudencia constitucional ha sido reiterativa en sostener que la

normativo aplicable y la ponderación de los principios de igualdad y progresividad salarial.

14. Afirmó que la jurisprudencia constitucional ha sido reiterativa en sostener que la acción de tutela no puede erigirse en una tercera instancia ni en un mecanismo alterno para reabrir el debate propio de los medios de control ordinarios.

15. Sin embargo, arguyó que efectuó un juicio de igualdad con intensidad leve, conforme a la metodología constitucional establecida por la Corte Constitucional en la sentencia C -371 de 2000, al considerar que la medida analizada provenía de una política pública general en materia salarial y no de una diferenciación sospechosa o basada en criterios prohibidos. En tal sentido, concluyó que el trato desigual resultaba razonable, proporcional y constitucionalmente legítimo, en tanto se sustentaba en los factores objetivos previstos en la Le y 4ª de 1992 — nivel del cargo, naturaleza de las funciones, responsabilidades y calidades exigidas — y en el Decreto Ley 1278 de

2002.

16. Adujo que, de igual modo, se analizaron las pruebas a partir de l as cuales se descartó la existencia de una desmejora real o regresiva en las condiciones salariales de la accionante ; es decir, que se valoró de manera conjunta y sistemática los documentos aportados, incluidas las certificaciones laborales, las resoluciones administrativas y los registros de nómina, para colegir que no se presentó una disminución en su ingreso mensual ni en sus derechos prestacionales.

17. El Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Quibdó 8 remitió, a esta corporación, el expediente del medio de control de nulidad y restablecimiento del

disminución en su ingreso mensual ni en sus derechos prestacionales.

17. El Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Quibdó 8 remitió, a esta corporación, el expediente del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, sin pronunciarse sobre los hechos y pretensiones del escrito de tutela ; y las demás entidades vinculadas guardaron silencio.

3. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

18. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, y el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, la Sala tiene competencia para conocer de la presente solicitud de amparo interpuesta por Mirian Luz Ibargüen Ibargüen en contra del

Tribunal Administrativo del Chocó, Sala Primera de Decisión.

3.2. Legitimación en la causa

19. La legitimación en la causa por activa de la señora Mirian Luz Ibargüen Ibargüen está acreditada porque fue la demandante en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho en el que fue expedida la providencia que, a su juicio, desconoci ó sus

8 Samai, índice 11.Radicado: 11001-03-15-000-2025-06913-00 (10985)

Accionante: Mirian Luz Ibargüen Ibargüen

Accionado: Tribunal Administrativo del Chocó, Sala Primera de Decisión

6

derechos fundamentales.

20. También está probada la legitimación en la causa por pasiva del Tribunal Administrativo del Chocó, Sala Primera de Decisión, debido a que fue la autoridad que profirió la sentencia de segunda instancia objeto de tutela.

derechos fundamentales.

20. También está probada la legitimación en la causa por pasiva del Tribunal Administrativo del Chocó, Sala Primera de Decisión, debido a que fue la autoridad que profirió la sentencia de segunda instancia objeto de tutela.

3.3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial

21. La reiterada jurisprudencia del Consejo de Estado 9 y de la Corte Constitucional ha destacado que la acción de tutela en contra de providencias judiciales procede de manera excepcional bajo el cumplimiento de requisitos generales y específicos, en procura de evitar que dentro de los procesos judiciales se haga un uso abusivo de este mecanismo constitucional10.

22. En relación con los requisitos generales de procedibilidad, la parte accionante

debe acreditar los siguientes:

1. Que el asunto a discutir sea de evidente relevancia constitucional; ii) que haya agotado todos los recursos ordinarios y extraordinarios de defensa judicial; iii) que haya interpuesto la acción en un tiempo razonable y proporcionado; iv) que, si se trata de una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa y determinante sobre el sentido de la decisión objeto de análisis y que afecte un derecho fundamental; v) que estén identificados los hechos generadores de la vulneración y los derechos afectados y, de ser posible, se aleguen las razones de tal vulneración; y vi) que no se trate de una tutela contra sentencia de tutela.

23. Por su parte, los requisitos o causales específicas de procedibilidad de la acción de tutela tratan comúnmente sobre aspectos que, por su gravedad, hacen incompatible una providencia judicial con los mandatos constitucionales 11 y, por tanto, constituyen

23. Por su parte, los requisitos o causales específicas de procedibilidad de la acción de tutela tratan comúnmente sobre aspectos que, por su gravedad, hacen incompatible una providencia judicial con los mandatos constitucionales 11 y, por tanto, constituyen fundamento para conceder o negar la solicitud de amparo. En otras palabras, estos requisitos hacen referencia a determinados escenarios que afectan la integridad de la decisión judicial y que justifican la intervención del juez c onstitucional para la salvaguarda de los derechos fundamentales.

24. De esta manera, para que prospere una tutela contra providencia judicial se requiere que se configure, al menos, uno de los siguientes defectos o causales: i) orgánico; ii) procedimental absoluto; iii) fáctico; iv) material o sustantivo; v) error inducido a la autoridad judicial; vi) decisión sin motivación; vii) desconocimiento del

9 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso -Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014, radicado núm.11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ) Demandante: Alpina Productos Alimenticios S.A. 10 Corte Constitucional, sentencia SU-813 de 2007. 11 Corte Constitucional, Sentencia SU-024 de 2018.Radicado: 11001-03-15-000-2025-06913-00 (10985)

Accionante: Mirian Luz Ibargüen Ibargüen

Accionado: Tribunal Administrativo del Chocó, Sala Primera de Decisión

7

precedente constitucional; o viii) violación directa de la Constitución12.

3.3.1. Análisis de los requisitos generales de procedibilidad

7

precedente constitucional; o viii) violación directa de la Constitución12.

3.3.1. Análisis de los requisitos generales de procedibilidad

25. Con respecto al requisito de relevancia constitucional , la jurisprudencia de la Corte Constitucional 13 ha destacado el deber que le asiste al juez de tutela de pronunciarse de forma expresa, y con claridad, en torno a las razones por las cuales el asunto que entra a resolver supera este presupuesto, de cara a los lineamientos que ha impartido el órgano de cierre sobre la materia.

26. Así pues, la Corte Constitucional 14 ha fijado unos criterios que deben ser acatados con el fin de tener por superado el requisito de relevancia constitucional en un caso en concreto, los cuales son los siguientes:

1. Que esté inmiscuido «el contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental y no referirse exclusivamente a un asunto meramente legal y/o económico»15 lo que implica revisar «que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental»16; ii) que el asunto no sea exclusivamente económico o que no tenga únicamente un carácter legal, lo que ocurre por ejemplo cuando se discute la forma de interpretar o aplicar una norma o en los eventos en que la controversia versa sobre un aspecto monetario que solo comporta incidencia para los particulares más no para el interés general; y iii) que la solicitud de amparo cumpla con una carga argumentativa mínima que permita exponer las razones por las cuales la providencia judicial incurrió en una afectación grave de derechos fundamentales.

particulares más no para el interés general; y iii) que la solicitud de amparo cumpla con una carga argumentativa mínima que permita exponer las razones por las cuales la providencia judicial incurrió en una afectación grave de derechos fundamentales.

27. En el caso particular, la cuestión que se discute reviste de relevancia constitucional, toda vez que la señora Mirian Luz Ibargüen Ibargüen , más allá de mencionar que existió una afectación de sus derechos fundamentales, indicó expresamente que en la decisión cuestionada se configuró un desconocimiento del ordenamiento jurídico que, a su juicio, impidió que se expidiera una providencia ajustada a derecho.

28. También, supera la presente acción el requisito de subsidiariedad porque la parte actora no cuenta con otros mecanismos ordinarios y/o extraordinarios para la protección de sus derechos fundamentales, pues agotó las instancias respectivas dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho en el que se profirió la decisión objeto de tutela.

12 Corte Constitucional, Sentencias T-310 de 2009, SU-072 de 2018, SU-215 de 2022. 13 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022. 14 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022. 15 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022. 16 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.Radicado: 11001-03-15-000-2025-06913-00 (10985)

Accionante: Mirian Luz Ibargüen Ibargüen

Accionado: Tribunal Administrativo del Chocó, Sala Primera de Decisión

8

Accionante: Mirian Luz Ibargüen Ibargüen

Accionado: Tribunal Administrativo del Chocó, Sala Primera de Decisión

8

29. Asimismo, el requisito de inmediatez se encuentra satisfecho, toda vez que la sentencia proferida el 30 de julio de 2025 por el Tribunal Administrativo del Chocó, Sala Primera de Decisión , fue notificada el 8 de agosto siguiente17, y la demanda de tutela se presentó el 4 de noviembre de 202518, esto es, dentro del plazo de seis meses previsto por la jurisprudencia constitucional 19 y del Consejo de Estado 20 como razonable.

30. En cuanto al requisito de identificación de los hechos y argumentos , este se encuentra cumplido en el presente asunto, en la medida en que la parte actora mencionó con claridad los hechos y los fundamentos de la afectación alegada, y no resultaba posible que hubiera alegado la vulneración reclamada en sede del proceso objeto de estudio, precisamente porque su cuestionamiento está dirigido en contra de la decisión que le puso fin a la actuación judicial.

31. Finalmente, la providencia reprochada no fue emitida dentro de un trámite de tutela, sino que se dictó al interior de un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.

32. De acuerdo con lo expuesto, la Sala encuentra superados los requisitos generales de procedibilidad en relación con al defecto fáctico y, en ese orden, continuará con el análisis de fondo en los términos que planteó la parte actora.

3.4. Problema jurídico

33. De acuerdo con los antecedentes expuestos, el problema jurídico a resolver es

el siguiente:

continuará con el análisis de fondo en los términos que planteó la parte actora.

3.4. Problema jurídico

33. De acuerdo con los antecedentes expuestos, el problema jurídico a resolver es

el siguiente:

34. ¿El Tribunal Administrativo del Chocó, Sala Primera de Decisión , incurrió en los defectos sustantivo y fáctico y, en consecuencia, vulneró los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y de acceso a la administración de justicia de la señora Mirian Luz Ibargüen Ibargüen, con la sentencia del 30 de julio de 2025, que confirmó el fallo del 13 de diciembre de 2024, proferido por el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Quibdó, en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho promovido por ella y orientado a obtener el pago de unas diferencias salariales por el incremento realizado para el año 2009 que estimó injustificado e inequitativo?.

35. Para el efecto, se estudiarán: i) las generalidades de los defectos invocados; y ii) el caso concreto.

17 Samai, exp. 27001-33-33-006-2024-00123-01, índice25. 18 Samai, índice 1. 19 Corte Constitucional, sentencia T-466 de 2022. 20 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014, expediente núm. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).Radicado: 11001-03-15-000-2025-06913-00 (10985)

Accionante: Mirian Luz Ibargüen Ibargüen

núm. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).Radicado: 11001-03-15-000-2025-06913-00 (10985)

Accionante: Mirian Luz Ibargüen Ibargüen

Accionado: Tribunal Administrativo del Chocó, Sala Primera de Decisión

9

3.5. Generalidades de los defectos invocados

3.5.1. El defecto sustantivo

36. La Corte Constitucional ha reiterado en su jurisprudencia que el defecto sustantivo se presenta cuando la decisión judicial es proferida con fundamento en una norma claramente inaplicable al caso concreto, ya sea porque perdió vigencia, porque su aplicación resulta del todo inconstitucional por haber sido declarada inexequible, fue derogada o subrogada o porque su contenido no guarda relación de conexidad material con los presupuestos de hecho a los cuales se ha aplicado21.

37. De este modo, para que se predique tal defecto, es preciso tener en cuenta que la acción de tutela no puede interponerse para controvertir la razonable interpretación de una norma legal o reglamentaria, debido a que los jueces son autónomos para escoger, entre diversas interpretaciones de una disposición legal, la que consideren más acorde con el ordenamiento jurídico en atención a lo dispuesto en el artículo 230 de la Constitución Política.

38. La Corte Constitucional, se pronunció sobre la limitación del principio de la autonomía de los jueces para aplicar e interpretar las normas, en los siguientes

términos:

[…] Puede, entonces, señalarse que la función otorgada a los funcionarios judiciales en su labor de administrar justicia y concretamente de aplicación e interpretación de las

términos:

[…] Puede, entonces, señalarse que la función otorgada a los funcionarios judiciales en su labor de administrar justicia y concretamente de aplicación e interpretación de las normas jurídicas que encuentra su soporte en el principio de autonomía e independencia judicial no es absoluta por cuanto se encuentra sujeta a los valores, principios y derechos previstos en la Constitución. Por ello, “pese a la autonomía de los jueces para elegir las normas jurídicas pertinentes al caso concreto, para determinar su forma de aplicación y para establecer la manera de interpretar e integrar el ordenamiento jurídico, en esta labor no le es dable apartarse de las disposiciones de la Constitución o la ley, ya que la justicia se administra con sujeción a los contenidos, postulados y principios constitucionales que son de forzosa aplicación […]22.

39. En este sentido, la Corte ha precisado que la independencia y la autonomía de los jueces para aplicar e interpretar una norma jurídica en la solución del caso sometido a su estudio no es absoluta, pues la actividad judicial debe desarrollarse dentro del parámetro de la efectividad de los principios, derechos y deberes establecidos en la Constitución, que pueden afectarse con la indebida interpretación de una norma, con su inaplicación y con la aplicación de un precepto inexistente.

40. Así pues, el ejercicio interpretativo de la actividad judicial debe limitarse al carácter normativo de la Constitución (artículo 4° de la CP), la obligación de dar eficacia a los derechos fundamentales (artículo 2° superior), la primacía de los derechos humanos (artículo 5° de la Constitución), el principio de legalidad contenido en el

21 Corte Constitucional, sentencia SU-649 de 2017.

a los derechos fundamentales (artículo 2° superior), la primacía de los derechos humanos (artículo 5° de la Constitución), el principio de legalidad contenido en el

21 Corte Constitucional, sentencia SU-649 de 2017. 22 Corte Constitucional, sentencia T-284 de 2006, criterio reiterado en la sentencia T-450 de 2018.Radicado: 11001-03-15-000-2025-06913-00 (10985)

Accionante: Mirian Luz Ibargüen Ibargüen

Accionado: Tribunal Administrativo del Chocó, Sala Primera de Decisión

10

derecho fundamental al debido proceso (artículo 29 de la CP) y la garantía al acceso a la administración de justicia (artículo 228 Superior).23

3.5.2. El defecto fáctico

41. De acuerdo con la Corte Constitucional, una decisión judicial incurre en defecto fáctico cuando «el juez carece del apoyo probatorio que permita la