CE - Sentencia 11001031500020250691700 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO

Bogotá D.C, cuatro (4) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2025-06917-00

Accionante: JAIME CHÁVEZ SUÁREZ

Accionado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN PRIMERA Y TRIBUNAL

ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, SECCIÓN

PRIMERA, SUBSECCIÓN B

Temas: Tutela contra providencia judicial . Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra acto administrativo que declaró la responsabilidad fiscal. Defectos sustantivo y fáctico. Requisito de la relevancia constitucional

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la acción de tutela promovida por el señor Jaime Chávez Suárez , quien actúa mediante apoderado judicial, contra la Sección Primera del Consejo de Estado y la Subsección B de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

I. ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 14 de noviembre de 2025, la parte actora pidió al juez constitucional la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa y de acceso a la

I. ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 14 de noviembre de 2025, la parte actora pidió al juez constitucional la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa y de acceso a la administración de justicia, así como los principios a la seguridad jurídica, confianza legítima y pro homine , supuestamente vulnerado s por la autoridad judicial accionada.

En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:

“Se deje sin efectos las siguientes providencias judiciales: Sentencia del 18 de octubre de 2018, proferida por la Sección Primera, Subsección B, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca; y b) Sentencia del 8 de mayo de 2025, proferida por la Sección Pri mera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado. Estas decisiones fueron expedidas dentro del Proceso judicial del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicación inicial 25000234100020140142800

En consecuencia, se acceda a las pretensiones de la demanda presentada por mi poderdante y que dio lugar al proceso judicial del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicación inicial 25000234100020140142800”.

2. Hechos

El accionante relató que fue representante legal de la EPS SaludCoop entre los años 1998 a 2010, tiempo en el que desarrolló actividades de aseguramiento,Radicado: 11001-03-15-000-2025-06917-00

Demandante: Jaime Chávez Suárez

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Demandante: Jaime Chávez Suárez

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2 atención y gestión del riesgo en salud conforme a lo establecido en la Ley 100 de 1993.

Afirmó que la Contraloría General de la República en auto n úm. 010 de 4 de abril de 2011, abrió indagación preliminar con ocasión de unas denuncias sobre presuntos desvíos de recursos parafiscales del Sistema General de Seguridad Social y sobrecostos de medicamentos. Posteriormente, en auto núm. 000277 de 7 de noviembre de 2012, la Contralora Delegada para Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva imputó responsabilidad fiscal, entre otros, al señor Jaime Chávez Suárez, en cuantía de $1.376.622.593.000.

Sostuvo que la Contraloría General de la República en decisión núm. 01890 de 13 de noviembre de 2013, declaró la responsabilidad fiscal del señor Chávez Suárez , decisión que fue objeto de recurso de reposición y en subsidio de apelación, los cuales fueron resueltos de manera desfavorable en auto núm. 405 de 3 de febrero de 2014 y en la decisión núm. 011 de 11 de febrero de 2014.

Indicó que en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho presentó demanda contra la Contraloría General de la República, con la pretensión de que se anularan los fallos de responsabilidad fiscal, así como los

Indicó que en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho presentó demanda contra la Contraloría General de la República, con la pretensión de que se anularan los fallos de responsabilidad fiscal, así como los autos que resolvieron los recursos , y a título de restablecimiento del derecho se dejara sin efecto la obligación de pago de la sanción impuesta.

Señaló que la Subsección B de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca en sentencia de 18 de octubre de 2018, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, en tanto declaró la nulidad parcial de la decisión de responsabilidad fiscal núm. 01890 de 13 de noviembre de 2013, del auto núm. 405 de 3 de febrero de 2014 y de la decisión núm. 011 de 11 de febrero de 2014 , y ordenó a la Contraloría General de la República que solo exigiera y cobrara, de manera solidaria, “únicamente los valores liquidados como daño patrimonial correspondientes a los años 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010, cuyos montos, de manera individual, se constatan en los folios 101 a 109 y 143 del Fallo de responsabilidad fiscal No. 01890 del 13 de noviembre de 2013, esto es, la suma de UN BILLON CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL SETENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL DIECINUEVE PESOS CON DIECISÉIS CENTAVOS ($1.164.075.857.019,16)”.

Finalmente, manifestó que contra la anterior decisión interpuso recurso de

OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL DIECINUEVE PESOS CON DIECISÉIS CENTAVOS ($1.164.075.857.019,16)”.

Finalmente, manifestó que contra la anterior decisión interpuso recurso de apelación. La Sección Primera del Consejo de Estado en sentencia de 8 de mayo de 2025, la confirmó íntegramente, por considerar que los argumentos planteados en el recurso de apelación no resultaban suficiente s para la configuración de las causales de nulidad alegadas en la demanda.

3. Fundamentos de la acción

La parte actora afirmó que la acción de tutela cumple con requisitos generales de procedencia, en tanto i) las sentencias objetadas vulneran su derecho fundamental al debido proceso por la deficiente valoración probatoria, lo que demuestra la relevancia constitucional, ii) no cuenta con otro mecanismo de defensa para reprochar las decisiones de las autoridades judiciales accionadas, iii) la solicitud de amparo se presentó dentro de los seis (6) meses siguientes a la última providencia que se profirió en el proceso, iv) se identificaron los hecho s que vulneraron susRadicado: 11001-03-15-000-2025-06917-00

Demandante: Jaime Chávez Suárez

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3 derechos fundamentales y v) no se ataca una providencia dictada en otra acción de tutela.

Afirmó que las autoridades judiciales accionadas incurrieron en defecto sustantivo, toda vez que quebrantaron el principio de legalidad, como componente del debido

derechos fundamentales y v) no se ataca una providencia dictada en otra acción de tutela.

Afirmó que las autoridades judiciales accionadas incurrieron en defecto sustantivo, toda vez que quebrantaron el principio de legalidad, como componente del debido proceso, ante la falta o indebida aplicación de las normas jurídicas y la jurisprudencia aplicable sobre los recursos de la salud, las normas contables aplicables y la normatividad de la responsabilidad fiscal.

Sostuvo que en las sentencias objeta das se indicó que las EPS no pueden usar recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud para prestar servicios directamente, postura que desconoce el artículo 177 de la Ley 100 de 1993, que establece que la función básica de las EPS es organizar y garantizar, directa o indirectamente, la prestación del POS. Ademá s, que el artículo 180 de la misma normativa autoriza a las EPS a crear IPS propias bajo ciertos requisitos.

Agregó que de las sentencias SU-480 de 1997, C-572 de 2003, C-1041 de 2007 y C-262 de 2013 de la Corte Constitucional , se observa que las EPS estaban abiertamente facultadas por la ley para prestar directamente los servicios de salud del POS y , además, se acepta que las entidades promotoras de salud pueden integrarse verticalmente con IPS para prestar directamente el mencionado servicio.

Indicó que las autoridades judiciales accionadas señalaron que la s UPC 1 son para financiar servicios del POS, mas no activos fijos, lo que omite que no existe norma expresa que prohibiera que las EPS utilicen los recursos de la UPC para inversiones en infraestructura durante los años 1998 a 2010.

1 son para financiar servicios del POS, mas no activos fijos, lo que omite que no existe norma expresa que prohibiera que las EPS utilicen los recursos de la UPC para inversiones en infraestructura durante los años 1998 a 2010.

Resaltó que en la sentencia C-262 de 2013 de la Corte Constitucional, se reconoció la ausencia de prohibición legal y la posibilidad de destinar recursos al fortalecimiento institucional si se orientaban a la garantía del POS. Además, que las limitaciones de la Ley 1438 de 2011 o la interpretación de la Contraloría General de la República sobre el uso de la UPC no pueden aplicarse a períodos anteriores en los que no existía norma expresa que restringiera esas inversiones.

Aseguró que en las providencias objetadas se consideró ilegal las inversiones de Saludcoop por estar destinadas a actividades de prestación directa, desconociendo que el aseguramiento incluye la organización y garantía del acceso, lo que permite integrar las IPS propias si esto optimiza la prestación del POS . Sin embargo, no existe norma ni jurisprudencia de la Corte Constitucional en la que se rest ringa a las EPS el uso de los recursos obtenidos por concepto de copagos y cuotas moderadoras para actividades legítimamente vinculadas con su objeto misional, como la adquisición de activos fijos, infraestructura para la prestación de servicios del POS o para la administración de la entidad promotora, o la constitución de sociedades que presten servicios complementarios al asegurado.

Afirmó que la tesis de la Sección Primera del Consejo de Estado, según la cual la sentencia C-262 de 2013 no podía aplicarse al caso por tratarse de una decisión posterior a los hechos fiscalizados (1998 a 2010), vulnera los derechos

Afirmó que la tesis de la Sección Primera del Consejo de Estado, según la cual la sentencia C-262 de 2013 no podía aplicarse al caso por tratarse de una decisión posterior a los hechos fiscalizados (1998 a 2010), vulnera los derechos fundamentales al debido proceso y a la defensa, pues la Corte Constitucional en la mencionada decisión no se limitó a pronunciarse sobre la constitucionalidad de una

1 Unidad de Pago por Capitación.Radicado: 11001-03-15-000-2025-06917-00

Demandante: Jaime Chávez Suárez

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4 norma nueva, sino que examinó directamente el contexto normativo y jurisprudencial previo al año 2011.

Agregó que no se trata de extender retroactivamente una norma nueva, sino de aplicar la interpretación conforme al artículo 241 de la Constitución Política, lo que corresponde de manera exclusiva a la Corte Constitucional. Por consiguiente, la sentencia C-262 de 2013 es aplicable para valorar la legalidad de las decisiones de la Contraloría General de la República en relación con hechos ocurridos entre los años 1998 a 2010, porque no introdujo una nueva regla, sino que reconoció la ausencia de prohibición expresa en dicho período y precisó cómo debía entenderse la destinación de la UPC y el carácter apropiable del excedente operacional.

Señaló que l as sentencias objetadas incurrieron en un error al sostener que los recobros por servicios no POS no constituían recursos propios de la EPS , porque

la destinación de la UPC y el carácter apropiable del excedente operacional.

Señaló que l as sentencias objetadas incurrieron en un error al sostener que los recobros por servicios no POS no constituían recursos propios de la EPS , porque no se demostró que estos hubieran sido pagados con recursos distintos a la UPC , sin embargo, ninguna norma vigente entre 1998 al 2010 obligaba a las EPS a sufragar los mencionados servicios con recursos propios o de crédito. Igualmente, la Corte Constitucional en la sentencia T -760 de 2008 reconoció el carácter obligatorio de los recobros y el derecho de las EPS a obtenerlos oportunamente.

Asimismo, mencionó que las Resoluciones núm. 1804 de 2004 y 724 de 2008 de la Superintendencia Nacional de Salud que establecieron el Plan Único de Cuentas de las EPS, en las que previeron expresamente el registro contable de los servicios no POS y de los recobros al extinto Fosyga, lo que demuestra que dicho recobro constituye un recurso propio de las entidades promotoras , pues ingresa como compensación de un costo ya registrado en el estado de resultados . Agregó que ordenar que los reembolsos deban volver al ciclo de la UPC generan un desequilibrio económico y un doble costo para la EPS.

Indicó que la EPS no está obligada a demostrar que los servicios no POS se pagaron con recursos propios o crédito, pues la carga la tiene la Contraloría General de la República de probar que se desviaron dineros parafiscales.

Sostuvo que la Contraloría General de la República no demostró que el actor obró con dolo o con culpa grave, p orque el ente de control simplemente asume que si

de la República de probar que se desviaron dineros parafiscales.

Sostuvo que la Contraloría General de la República no demostró que el actor obró con dolo o con culpa grave, p orque el ente de control simplemente asume que si conocía las normas y, en consecuencia, se configuró el dolo, pero sin demostrarlo.

Por otro lado, afirmó que las autoridades judiciales accionadas incurrieron en defecto fáctico, “porque a las pruebas obrantes dentro del expediente se les dio consecuencias irrazonables y desproporcionadas a su naturaleza”.

Aseguró que hubo una indebida valoración probatoria de los testimonios del señor Jaime Arias y Gustavo Morales Cobo, las actas del Consejo de Administración de Saludcoop y a los conceptos de entidades públicas, entre ellas, de la misma Contraloría General de la República. Igualmente, se desconoció el dictamen pericial elaborado por los contadores Luis Humberto Ramírez Barrio y Luis Abelardo Ramírez Malaver, pues se declaró probada las objeciones propuestas por la Contraloría General de la República.

Por último, manifestó que “el desconocimiento en este asunto del principio de pro homine implicó la consecuente y evidente violación de los derechos fundamentales de mi cliente, debido a que es evidente que existe otra interpretación al respecto deRadicado: 11001-03-15-000-2025-06917-00

Demandante: Jaime Chávez Suárez

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5 los hechos objeto del proceso judicial bajo estudio que, en resumen, es favorable

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5 los hechos objeto del proceso judicial bajo estudio que, en resumen, es favorable al ser humano y a su dignidad”.

4. Trámite procesal

Por auto de 6 de noviembre de 2025, el magistrado sustanciador admitió la demanda y ordenó notificar al accionante y a las autoridades judiciales accionadas. Asimismo, a la Contraloría General de la República, como terceros interesados en el resultado del proceso. De igual modo, se vinculó a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

La Secretaría General de esta Corporación libró los oficios Nos. 169285, 169277 a 169281 de 10 de noviembre de 2025, con el fin de dar cumplimiento a la referida decisión.

5. Oposición

5.1. Respuesta del Consejo de Estado, Sección Primera

El magistrado del despacho ponente de la decisión de segunda instancia solicitó que se declare la improcedencia de la acción de tutela por no cumplir con el requisito de la relevancia constitucional.

Afirmó que el propósito de la parte accionante es reabrir el debate surtido en el proceso ordinario y atacar las decisiones allí adoptadas, so pretexto de que se incurrió en un defecto sustantivo y fáctico, cuando en realidad está discutiendo las consideraciones plasmadas en la sentencia acusada.

Sostuvo que la parte actora omitió explicar e identificar en el escrito de tutela en qué aparte de la sentencia acusada interpretó el artículo 177 de la Ley 100 de 1993,

consideraciones plasmadas en la sentencia acusada.

Sostuvo que la parte actora omitió explicar e identificar en el escrito de tutela en qué aparte de la sentencia acusada interpretó el artículo 177 de la Ley 100 de 1993, pues fundamentó la configuración del defecto sustantivo en una supuesta indebida interpretación del mencionado artículo, pero tal interpretación no fue abordada en la providencia, de manera que el endilgado defecto parte de una premisa que no corresponde con el contenido de la providencia atacada. Agregó que el accionante no cumplió con la carga de identificar las normas infringidas o la interpretación irrazonable de la norma, en la providencia objetada.

5.2. Respuesta de la Contraloría General de la República

El apoderado de la entidad solicitó que se declare la improcedencia de la acción de tutela o, en su lugar, se niegue el amparo solicitado por la inexistencia de la vulneración de algún derecho fundamental.

Señaló que el accionante utiliza la solicitud de amparo como una tercera instancia, con el fin de proponer una nueva valoración de las pruebas, los elementos de la responsabilidad fiscal y de las actuaciones que adelantó la EPS.

Indicó que el demandante cuenta con el recurso extraordinario de revisión, lo que a su vez conlleva que se declare la improcedencia de la solicitud de amparo por no cumplir con el requisito de la subsidiariedad.Radicado: 11001-03-15-000-2025-06917-00

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6 Para terminar, manifestó que las decisiones judiciales censuradas son compatibles con el debido proceso, la presunción de legalidad de los actos administrativos expedidos por la Contraloría General de la República, la importancia constitucional de los recursos del Sistema de Seguridad Social en Salud y con el respeto de los parámetros aplicables al trámite de los procesos de responsabilidad fiscal establecidos en la Ley 610 de 2000.

5.3. La Subsección B de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, guardó silencio a pesar de que notificó en debida forma el auto admisorio.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29 del Decreto 2591 de 1991 y 13 del Reglamento Interno (Acuerdo 080 de 2019), la Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir el asunto objeto de estudio.

2. Planteamiento del problema jurídico

Le corresponde a la Sala establecer si es procedente la acción de tutela de conformidad con los requisitos generales de procedencia contra providencia judicial y, en caso afirmativo, si la Sección Primera del Consejo de Estado y la Subsección B de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca vulneraron los derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa y de acceso a la

y, en caso afirmativo, si la Sección Primera del Consejo de Estado y la Subsección B de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca vulneraron los derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa y de acceso a la administración de justicia, así como los principios a la seguridad jurídica, confianza legítima y pro homine del accionante.

3. El presupuesto de la relevancia constitucional

Esta condición de procedencia precisada en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, en el marco de las acciones de tutela contra providencias judiciales, tiene por finalidad “(i) proteger la autonomía e independencia judicial y (ii) evitar que el juez de tutela se inmiscuya en asuntos que le corresponde resolver a otras jurisdicciones2.

Al respecto, la Corte Constitucional ha establecido un conjunto de reglas dirigidas a definir cuándo un asunto presenta relevancia constitucional, partiendo del hecho que de la actuación objeto de reproche constitucional se advierta una posible vulneración a los derechos y deberes constitucionales. Así, por ejemplo, en la sentencia T-310 de 20053, la Corte indicó que cuando se acuda al mecanismo de amparo constitucional para cuestionar la legalidad de un acto administrativo, sin que se encuentre de por medio la violación de derechos fundamentales se estaría frente a un asunto que carece de relevan cia constitucional que conlleva la improcedencia de la tutela.

2 Sección Cuarta, sentencia del 8 de febrero de 2018. Expediente 2017-01745-01 M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez. 3

improcedencia de la tutela.

2 Sección Cuarta, sentencia del 8 de febrero de 2018. Expediente 2017-01745-01 M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez. 3 Corte Constitucional M.P. Jaime Córdoba Triviño. Reiterada en sentencia T-136 de 2015 M.P. María Victoria Calle Correa.Radicado: 11001-03-15-000-2025-06917-00

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7 En el mismo sentido, la Sala Plena del Consejo de Estado partiendo de los lineamientos fijados por la Corte Constitucional en la Sentencia C -590 de 2005 sobre la procedencia excepcional de la tutela contra decisiones judiciales, fijó las condiciones que corresponde verificar al juez de tutela para determinar si la acción de tutela cumple o no con el requisito de relevancia constitucional4.

Al respecto, estableció que este requisito tiene una doble connotación, como criterio de selección en sede de revisión de la Corte Constitucional y como requisito de procedencia de la acción de tutela que busca evitar que el trámite de la acción de amparo se convierta en una instancia adicional.

Esta Sala 5, de conformidad con lo anterior ha precisado que este requisito de procedencia exige la verificación de los siguientes elementos:

1. Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o vulneración de derechos fundamentales. En principio, la acción de tutela no puede utilizarse para plantear situaciones

procedencia exige la verificación de los siguientes elementos:

1. Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o vulneración de derechos fundamentales. En principio, la acción de tutela no puede utilizarse para plantear situaciones inexistentes o para discutir asuntos eminentemente económicos o de mera legalidad, pues ese tipo de discusiones se alejan del objeto de la acción de tutela.

1. Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la relevancia constitucional por vulneración de derechos fundamentales. Debe tenerse en cuenta, para el efecto, que «no basta, entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales». Es necesario que el interesado exponga de manera clara las razones por las que considera que la providencia judicial amenaza o vulnera los derechos fundamentales.

1. Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las razones de la decisión objeto de tutela . La discusión propuesta en la demanda de tutela debe referirse a las razones fundamentales de la decisión cuestionada, deben tener relación con la ratio decidendi. De modo que pueda abordarse el estudio con una expectativa de incidencia en el sentido de la propia decisión cuestionada.

1. Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en el proceso ordinario.

La acción de tutela contra providencias judiciales no está concebida como un mecanismo que permita a las partes adicionar, completar o modificar los argumentos que dejaron de plantearse o proponerse ante el juez natural.

1. Que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del proceso ordinario en el que fue proferida la providencia acusada. Por más informal que sea la tutela, y aunque sus

proponerse ante el juez natural.

1. Que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del proceso ordinario en el que fue proferida la providencia acusada. Por más informal que sea la tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de derechos fundamentales, el interesado está en la obligación de interponer la demanda con serios y fuertes argumentos para derribar las decisiones de los jueces, que se dicta n previo agotamiento de los procedimientos reglados y conforme con una sólida razonabilidad. Es decir, no se trata de controvertir las decisiones de los jueces como si fuera una instancia adicional del proceso ordinario. Justamente por eso no se debe insistir en los argumentos que se ofrecieron en el proceso ordinario, pues ya fueron decididos por los jueces competentes.

Los referidos parámetros, se constituyen en una guía orientadora para verificar si en cada caso concreto se cumple esta condición de aplicación, condiciones que, en últimas, buscan preservar el valor de la cosa juzgada, la seguridad jurídica y la autonomía judicial.

4. Estudio y solución del caso concreto

El señor Jaime Chávez Suárez , quien actúa por conducto de apoderado judicial, considera que la Sección Primera del Consejo de Estado y la Subsección B de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca vulneraron sus derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa y de acceso a la

4 Sala Plena del Consejo de Estado, sentencia del 5 de agosto de 2014. Expediente 2012-02201-01. 5 Expediente 2020-05131-00, M. P. Julio Roberto Piza Rodríguez.Radicado: 11001-03-15-000-2025-06917-00

5 Expediente 2020-05131-00, M. P. Julio Roberto Piza Rodríguez.Radicado: 11001-03-15-000-2025-06917-00

Demandante: Jaime Chávez Suárez

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8 administración de justicia, así como los principios a la seguridad jurídica, confianza legítima y pro homine, con las sentencias de 8 de mayo de 2025 y 18 de octubre de 2018, en su orden, en las que se anuló parcialmente los actos administrativos que lo declararon responsable fiscalmente.

Previo a cualquier pronunciamiento, la Sala procede a verificar el cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela, para lo cual se mencionarán las actuaciones y argumentos más relevantes del proceso ordinario 6 , así:

El señor Jaime Chávez Suárez presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Contraloría General de la República 7 , con el fin de que se anulara: i) la decisión con responsabilidad fiscal núm. 01890 de 13 de noviembre de 2013, ii) el auto núm. 0405 de 3 de febrero de 2014 y iii) el “fallo de apelación y consulta” núm. 011 de 11 de febrero de 2014. A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se dej ara sin efecto la obligación de pago de la suma de $1.421.174.298.105,40, el reconocimiento y pago de los perjuicios morales

que se dej ara sin efecto la obligación de pago de la suma de $1.421.174.298.105,40, el reconocimiento y pago de los perjuicios morales causados por las decisiones antes mencionadas equivalente a 500 smlmv y el pago de los perjuicios por el daño causado a la alteración grave a las condiciones de existencia por valor de 500 smlmv.

Por lo anterior, el demandante alegó, entre otros cargos, la falsa motivación por la indebida aplicación del artículo 177 y 182 de la Ley 100 de 1993 y sus normas reglamentarias, por la indebida aplicación de las normas sobre la identificación e inversión de los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, específicamente en lo relacionad o con los recurso s de la Unidad de Pago por Capitación -UPCy los recursos de las cuotas moderadoras y copagos, como lo relacionado con servicios no POS.

Asimismo, alegó que las afirmaciones que se plasmaron en las decisiones de responsabilidad fiscal no se ajustan a lo resuelto por la Corte Constitucional en la sentencia C-262 de 2013, en lo atinente en que la prestación del servicio de salud, directa o indirectamente por la EPS , es parte de las funciones a su cargo que son financiadas con la UPC y otros recursos del sistema.

Agregó que las normas que regulan el sistema de salud señalan que la UPC se destina para cubrir el POS y la financiación del sistema, por lo que se ha entendido que ello cubre la atención en salud y los gastos administrativos.

La Subsección B de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca en sentencia de 18 de octubre de 2018, declaró probadas las objeciones formuladas por la Contraloría General de la República contra el

La Subsección B de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca en sentencia de 18 de octubre de 2018, declaró probadas las objeciones formuladas por la Contraloría General de la República contra el dictamen pericial rendido dentro del proceso por dos contadores públicos 8 . Luego, desestimó la tacha de testigo formulada por la entidad demandada. Por otro lado, declaró la nulidad parcial del fallo de responsabilidad fiscal n úm. 01890 de 13 de noviembre de 2013, del auto n úm. 00504 de 3 de febrero de 2014 y del fallo de apelación y consulta núm. 011 de 11 de febrero de 2014, única y exclusivamente,

6 Se advierte que, si bien no se plasman la mayoría de cargos que se plantearon en el proceso ordinario y que fueron objeto de análisis por parte del juez natural del asunto, lo cierto es que estos fueron estudiados por la Sala, cuestión diferente e s